Sí, el ocupa tiene derechos

 

Accedí a esta noticia por este tuit de Cristian Campos:

Voy a comentarla porque mucha gente la está retuiteando y observo el estupor en muchos comentarios escritos en respuesta al tuit original. Además, en una de esas respuestas me he encontrado con esto.

En realidad, la noticia contiene todos los datos que explican por qué es perfectamente correcta la actuación de la policía catalana.

Voy a explicarlo:

1.- Ocupar una propiedad ajena es delito en España. Hablo de ocupar o usurpar, no de entrar. Entrar también es delito cuando esa propiedad es la vivienda de alguien o el domicilio de una persona jurídica (o establecimiento mercantil o despacho u oficina, o local abierto al público, incluso fuera de sus horas de apertura). Me centraré en la usurpación porque es el tipo delictivo que se “ajustaría” más a lo que nos okupa (perdonen la coña, no he podido evitarlo). Lo regula el Código penal en su artículo 245:

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Como pueden observar, hay dos modalidades. En la primera se utiliza violencia o intimidación, mientras que en la segunda no concurren ni la una ni la otra.

Ahora bien, la ocupación, para ser delictiva tiene que reunir una serie de requisitos, que han sido establecidos por los tribunales analizando el precepto. Así, partiendo de que el bien jurídico protegido es la protección de los derechos reales sobre inmuebles (propiedad, usufructo, uso, habitación), han especificado que es preciso:

a) Que se ocupe un inmueble sin violencia o intimidación, y que el inmueble no sea morada de nadie.

b) Que lleve consigo un riesgo relevante para el titular de los derechos, por lo que se viene exigiendo tradicionalmente que la ocupación no sea ocasional (es decir, sin vocación de permanencia).

c) Que la persone que ocupe no tenga un título jurídico. Ojo, el título jurídico no ha de ser de la misma naturaleza que el del perjudicado. Por ejemplo, un arrendatario no comete este delito, aunque no pague. Tampoco aquel que ocupó el inmueble por mera tolerancia del dueño (lo que tradicionalmente se conoce como precarista). Ya que, en tal caso, lo que ha de hacer el titular es acudir a la vía civil.

d) Que el titular del derecho real exteriorice su voluntad contraria a la ocupación puesto que la norma expresamente la exige.

e) Que, como siempre sucede, concurra dolo en el autor: es decir, conciencia de la ajenidad, de la ausencia de autorización y de la voluntad contraria del dueño al acto de desposesión inicial.

2.- Si se fijan en la noticia, se da la circunstancia de que los ocupantes llevan tres años en la vivienda. No me extrañaría (aunque el dato no consta) que estén empadronados en ella y que paguen los suministros. Aunque les parezca extraño, yo tengo clientes en esa situación. Más aún, la vivienda era propiedad de un banco y la venta se hizo (así se deduce de la noticia) especificando el banco que la vivienda estaba ocupada por una familia. No consta ninguna denuncia (en vía penal) efectuada por el banco (cuando tuviese conocimiento de la ocupación). O, si la hubo, fue sobreseída (y no puedo valorar por qué, ya que ignoro los detalles). Esa es la situación que se debe analizar, la previa a la compra, porque lo que está claro es que, tras tres años de posesión de una vivienda, frente al ocupante, la persona que compra (y que además conoce la existencia de la ocupación) no puede sostener que el acto de ocupación se efectuó contra su voluntad (ya que entonces no era dueño). Y el ocupante puede defender (con más o menos éxito) que es un precarista y que ocupó la vivienda por la tolerancia o la dejadez del propietario (el banco) o, al menos, sin que le constase su expresa voluntad de oposición a la ocupación.

3.- Lo que es indiscutible es que la vivienda es morada de los ocupantes. Y, por serlo, no se les puede desposeeer más que en ejecución de una resolución dictada por un juez competente. La policía no puede desalojar a personas que poseen un inmueble. Todo lo más, si se produce una situación de flagrante delito puede detener a esas personas, entregar la posesión a los que aparentemente sean sus legítimos poseedores y, más tarde, el juez de instrucción avalará o no esas medidas primeras. Pero sucede, en este caso, que la apariencia es favorable a los ocupantes, porque llevan allí tres años.

4.- El titular del derecho real (el nuevo propietario) no solo no puede ocupar la casa contra el derecho a la posesión de los ocupantes actuales (pues comete un delito), sino que tampoco puede utilizar contra ellos ninguna medida coactiva, pues la coacción y la realización arbitraria del propio derecho también son delitos. El nuevo propietario tiene, naturalmente, abierta la vía legal: acudir al procedimiento civil. Y si el ocupante carece de título del tipo que sea para ocupar la vivienda más allá de un cierto momento, la resolución judicial ordenará su desalojo, que será efectuado por la fuerza si el ocupante se opone a ello (pudiendo cometer un delito). Esa vía civil se abre desde el momento en que el propietario decide que no quiere que el mero ocupante siga ocupando lo que es suyo. También se abre cuando un arrendamiento se extingue o cuando el arrendatario no paga la renta, por ejemplo. Como es obvio, a falta de acuerdo, es un juez el que decide que cualquiera de esos supuestos concurre. 

Sí, leyendo la noticia descubrimos que el dueño ha de ser desalojado (aunque puede que no haya cometido el delito, ya que su ocupación fue esporádica) y que su poseedor actual tiene derecho a recuperarla, hasta que un juez (en vía civil) no diga algo diferente. Y, en todo caso, aunque el actual dueño escoja la vía penal (que parece desaconsejable) tampoco puede entrar en la casa y cambiar la cerradura, porque es el juez competente el que ha de decidir esto, si considera que se ha producido un delito (algo en este caso muy dudoso, como ya he explicado).

Y sí, no tengo nada en contra de que la policía vigile que no se utilicen procedimientos extrajudiciales de naturaleza coactiva para la expulsión de los ocupas. Cómo no van a hacerlo, si les corresponde impedir la comisión de delitos.

Como es obvio, en gran medida la protección práctica (no teórica) de los derechos de titulares de inmuebles en España es deficiente. Pero esto no es consecuencia de nada de lo que cuenta esta noticia. Aunque fuese extraordinariamente eficiente, la respuesta legal habría sido (y debe ser) la misma. La cuestión es previa. Tiene que ver con la tolerancia (desde hace años) a la ocupación de viviendas propiedad de bancos (y de grandes empresas inmobiliarias), con la propia inactividad de los bancos (abrazados a papá Estado —socializando, por tanto, sus pérdidas—, a la vez que intentaban ocultar sus miserias), y con la enorme y desesperante lentitud de la justicia. Lo repito, con la tolerancia a la ocupación, porque el caso del deudor hipotecado que no puede pagar y que ve ejecutada su hipoteca es un caso diferente (de hecho la ley está permitiendo el mantenimiento en la posesión tras la subasta). Y tiene que ver con la tolerancia hacia ciertos movimientos sociales organizados, afines a determinadas organizaciones políticas. La solución no es nunca la tolerancia con la ocupación, por muchas razones, entre ellas por lo que supone precisamente de estímulo a la ilegalidad y, por tanto, a la aparición de mafias. El Estado debería facilitar la respuesta rápida a este tipo de situaciones. Lleva demasiado tiempo sin hacerlo.

Pero a la ilegalidad no se la combate con la ilegalidad.

Y por eso esta noticia no debería escandalizarnos. Insisto, esta noticia.

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