No es una consulta: es un referéndum ilegal

 

Leo este artículo de Víctor Lapuente en El País. Es un artículo que imagino gustará a muchas personas que buscan una especie de vía intermedia, equidistante o ecuánime (incluyo lo tres epítetos para que no se piense que prejuzgo) entre la postura secesionista y lo que perciben como inmovilismo del Estado. Por esa misma razón, imagino que es un artículo que desagradará a los secesionistas y a (usemos ese lenguaje) los inmovilistas.

Mi postura es muy clara; no es un secreto. No soy partidario de ningún referéndum de ningún tipo y en ningún ámbito territorial sobre la cuestión pretendida por los secesionistas. No lo soy por razones legales y por razones políticas. No obstante, de superarse las razones legales (constitucionales), solo me quedarían las razones políticas y ahí admito que mi posición puede ser perdedora: cabe que los españoles mayoritariamente admitan alguna fórmula que permita legalmente a los secesionistas plantear la secesión, bien a todos los españoles, bien exclusivamente a los habitantes de algún lugar de España. Me opongo, en consecuencia, a un cambio legal que permita esto, aunque admito naturalmente que existe esa posibilidad y acepto el resultado, siempre que sea constitucional.

Lo que no admito, en ningún caso, por ilegal, inconstitucional y antidemocrático, es un cambio que se base en procedimientos que se vistan como democráticos, pero que no lo sean en la medida en que eluden su regla clave: el respeto a la ley (no estamos en una situación de crisis democrática o en un momento de transición de un régimen no democrático a uno que lo pretenda ser, supuestos en los que podría ser necesario acudir a “estándares” o reglas genéricas). Y ese es el problema de muchas posiciones “intermedias”, que pretenden rebajar las exigencias para encontrar una fórmula que termina siendo una ruptura con el ordenamiento constitucional y, por tanto, con la democracia, y que implica, en la práctica, la concesión a los secesionistas, por vías inadmisibles, de lo que pretenden sustancialmente: la modificación del sujeto constituyente. Estas posturas cortan el nudo gordiano saltándose de forma encubierta la ley. No son peligrosas solo por esa razón; lo son en la medida en que admiten ese procedimiento como forma para la resolución de tensiones. Abierta la veda, ¿por qué no aplicarlo a todo?

Veamos el artículo en la parte que se refiere a esta cuestión.

Para ello, las Cortes Generales deberían permitir, primero, una consulta no vinculante en Cataluña sobre si sus ciudadanos desean un cambio en el modelo territorial o no. En el caso de existir una amplia respuesta afirmativa, se abriría un proceso participativo en el que se verían obligados a posicionarse hasta los más escépticos, como Ciudadanos y el PP.

La propuesta de Víctor Lapuente pasa por ese primer referéndum. Qué problemas veo:

1.- La consulta es un referéndum. No está de más que llamemos a las cosas por su nombre. El hecho de que se plantee como no vinculante no afecta a su naturaleza, ya que la mayoría de los referéndum previstos en la ley (con excepción de los de reforma constitucional y los de aprobación estatutaria) son precisamente no vinculantes.

2.- Un referéndum no vinculante en Cataluña para plantear si sus ciudadanos desean un cambio en el modelo territorial o no es, en mi opinión, ilegal por inconstitucional. En mi opinión y en la opinión del Tribunal Constitucional.

3.- Un referéndum de esa naturaleza reconocería de hecho la existencia de un sujeto soberano formado por los ciudadanos de Cataluña, ya que ellos, con independencia del resto de los españoles, decidirían sobre la apertura de la cuestión territorial. 

4.- Si se me dice que ese referéndum es no vinculante y que por eso no es cierto lo que indico en el punto anterior, simplemente dejo constancia de que “se abriría un proceso participativo en el que se verían obligados a posicionarse hasta los más escépticos, como Ciudadanos y el PP“. El propio articulista admite que ese supuesto carácter no vinculante es una ficción, como ven. De hecho, uno de los argumentos más utilizados para atacar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es que ya había sido votado por los catalanes y que es distorsionador que se llame al pueblo a referéndum y luego unas élites (llámese a esas élites partidos o tribunales) decidan no someterse a la voluntad popular.

5.- Ese referéndum no solo es de hecho vinculante, sino que plantea un problema de legitimidad. ¿Qué sucede si el resto de los españoles desean no abrir la cuestión territorial y los catalanes sí? No sucede nada si lo evitamos, claro (soy irónico). Véase que el articulista comienza su proceso por un referéndum solo en Cataluña. ¿Por qué no plantea un referéndum en toda España, ya que se puede saber el resultado por comunidades? Yo creo que se referéndum también sería inconstitucional, pero al menos se estaría llamando a todo el pueblo soberano. No voy a juzgar intenciones, pero de hecho, la solución propuesta implica que existe un sujeto soberano independiente en Cataluña, ya que por la simple decisión de los catalanes hay que abrir paso a una reforma constitucional. El conjunto de los españoles no se podría oponer a lo que decide una parte.

6.- Por cierto, si el referéndum lo es sobre sobre si los catalanes “desean un cambio en el modelo territorial o no”, como propone el articulista, ¿cómo interpretamos una respuesta afirmativa? A lo mejor desean un Estado sin autonomías, totalmente centralizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el problema no es de deseos abstractos sino de modelos territoriales. Es una frivolidad preguntar a los ciudadanos sin exponerles con total claridad sobre el modelo que se les pregunta. En ese sentido, un referéndum que plantee si desean un Estado independiente o no, al menos es claro. La pregunta que propone el articulista no es clara, solo es una puerta trasera ilegal para dar por sentado que hay que poner sobre la mesa dos propuestas bien concretas: una que suponga una supuesta “tercera vía” (esa propuesta de relación territorial con Cataluña, que podría incluir un pacto fiscal y algunas delegaciones de competencias) y la simple independencia.

7.- Como vemos, la llamada consulta no vinculante sería un camino para que obligatoriamente las Cortes tuvieran que proponer un cambio de lo que hay. Cambiarlo mediante una reforma constitucional, no nos engañemos. Y que tuvieran que hacerlo porque una parte de los españoles lo deciden, sin que se consulte al resto. Porque de las Cortes no podría salir una “propuesta de relación territorial con Cataluña” que supusiese, por ejemplo, la desaparición de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿a que no? No, tiene que salir algo en la línea que está ya proponiendo, por mencionar a alguien, el PSOE. Si alguien me dice que suprimir la Comunidad Autonóma de Cataluña es inconstitucional, yo recuerdo que cambiar la Constitución de hecho por una puerta trasera también lo es. ¿O solo podemos jugar a la “ley blanda” en cierta dirección?

8.- Más aún, el referéndum dual (la consulta ya se ha convertido en referéndum) también es inconstitucional. Es curioso que el autor no nos explique si ese referéndum sería vinculante o no. Hay constitucionalistas que admiten que ese referéndum sería válido como referéndum no vinculante. Yo discrepo. En las entradas que antes enlacé explico por qué. Pero lo que es obvio es que como referéndum vinculante sería ilegal. Previamente haría falta una reforma constitucional del 168 CE. ¡Y lo que plantea el articulista es que esta pueda ser una de las preguntas, si abrir o no esa vía! Por tanto, aunque no dicho expresamente, doy por sentado que su postura es la de plantear un referéndum no vinculante. Bien, en tal caso, sería preciso que, tras el referéndum, las Cortes abrieran el proceso de reforma, que se obtuviesen las mayorías exigidas por la Constitución, que se disolviesen las Cortes, que las nuevas aprobasen la reforma y que se sometiese esta a un referéndum, esta vez SÍ vinculante. Imaginemos que el proceso encalla en alguno de esos puntos. Recuérdese que el proceso de reforma constitucional no tiene que referirse exclusivamente a la cuestión territorial. Puede que contemple otras partes de la Constitución; y se vota completa: con un sí o un no. Y recuérdese que hay unas elecciones generales obligatorias. ¿Qué hacemos si por la razón que sea el proceso no llega a su fin? Quien crea que eso supondría una “desactivación” de la opción rupturista es un ingenuo: los catalanes ya habrían votado en referéndum y su opinión se convertiría en vinculante. De hecho los secesionistas buscan esencialmente esto. Una vez admitido que los catalanes pueden abrir el melón territorial, aunque el resto de los españoles no quiera, la posición expresada por el conjunto de los españoles en las urnas de que todo siga igual deviene inadmisible. ¿Quiénes somos para oponernos a lo que ya han expresado en las urnas? De hecho, ya, simplemente por encuestas, manifestaciones, una “consulta” ilegal y sin garantías, y una mayoría absoluta en un parlamento autonómico (sin siquiera mayoría de voto, no ya del censo) los secesionistas hablan en nombre de la “nación catalana”. Y, de hecho, el propio articulista plantea su artículo en clave política: los “inmovilistas” tendrían que hacer concesiones para evitar ese escenario (un escenario que se da precisamente porque el primer paso es consultar a los catalanes).

9.- Ni siquiera los españoles en su conjunto (a través de sus representantes en el Congreso y el Senado, o directamente en referéndum) pueden modificar la Constitución sin cumplir con sus reglas. Un enemigo de la pena de muerte puede legítimamente oponerse a que el Congreso y el Senado o el 51% de los españoles en referéndum puedan aprobar una ley que admita la pena de muerte en tiempo de paz. No solo no hay ninguna razón para que no se pueda cambiar la prohibición de la pena de muerte y sí los artículos de la Constitución sobre su propia reforma, sino que esto sería incluso aún más grave, ya que supone un cambio en el propio sujeto de soberanía.

No aspiro a convencer a nadie. Creo que muchas personas están empeñadas en facilitar un proceso porque creen sinceramente que hay que encontrar un punto intermedio entre los secesionistas y los inmovilistas (sigo admitiendo ese lenguaje; total, también soy inmovilista en la prohibición de la pena de muerte). Como si esos puntos de vista fuesen iguales, cuando uno es ilegal (no hablo de la aspiración, sino del proceso sin reforma constitucional), mientras que el otro se basa en la ley. Yo digo abiertamente que soy contrario a ese proceso y que prefiero hacer todo lo posible para entorpecerlo. Dicho esto —y asumo que no se me crea—, aunque fuese partidario —y vive dios que he sentido la tentación, de lo cansino que es esto— nunca admitiría hacerlo saltándonos la ley, torciendo la ley, cometiendo un fraude de ley.

Y esta es la clave. Solo hay un camino. La reforma constitucional. Que los partidos favorables la incluyan en sus propuestas políticas. Que se abra una comisión constitucional si hay mayorías. Que se vote un texto concreto. Que se alcancen las mayorías constitucionales en votación. Que se disuelvan las Cortes. Que se vote la reforma. Y si sale que sí y es constitucional, que se vote la secesión.

Ese orden no es baladí. Ese orden es el que decidieron los españoles al aprobar la Constitución.

Ese orden es el que yo reclamo. Yo, individualmente, como ciudadano. Es mi derecho. Y aunque estén en contra todos los demás españoles. A ver si así se entiende.