La génesis del actual delito de rebelión

 

Estos días se ha hablado mucho sobre el delito rebelión y la violencia, y sobre qué es violencia o no. En varios artículos he sostenido que (por lo que sabemos hasta ahora) esa violencia (para mí un plus, ya que de no entenderse así su inclusión específica carecería de sentido) no concurre (en un sentido penalmente relevante). A menudo se ve a personas muy preparadas y muy inteligentes discutiendo conceptos jurídicos como si la subsunción de la realidad en una norma solo hubiera de satisfacer criterios gramaticales. Algunos, los más violentos (permítanme la broma), te lanzan definiciones del diccionario como si uno fuera idiota y no se le hubiera ocurrido comprobar qué significa cierta palabra. Pero lo gramatical, que es importante, no es lo único importante cuando hablamos de derecho. Y a veces un término jurídico no equivale a ese mismo término en su acepción más extendida, y las diferencias son importantes. De hecho, ¡los juristas vivimos de buscar diferencias!

El caso es que, entre los criterios que se pueden utilizar a la hora de interpretar una norma, uno que aprecio especialmente es el de la búsqueda no de lo que dijeron, sino de lo que querían decir los señores que parieron esa norma. No voy a entrar en detalles técnicos, ya que este criterio también tiene límites de aplicación y la norma en gran medida, una vez parida, es como un ser vivo, que adquiere independencia, sobre todo cada vez que es manoseada por los que se dedican a aplicarla e interpretarla. Pero, en este caso, y considerando lo poco que se ha discutido qué es o no rebelión, tras la promulgación del Código Penal “de la democracia”, en 1995 (por suerte), creo que es interesante remontarnos a las discusiones sobre esta figura durante su proceso de aprobación.

Lo primero que hay que decir es que este artículo, en su redacción actual, no es igual al artículo que aparecía en el proyecto original: en el proyecto original la rebelión solo exigía que existiese un alzamiento público. Este era el texto original:

Las enmiendas presentadas son interesantes. Al PNV le preocupaba la posibilidad de que se admitiese la apología o conspiración del 451 5º simplemente por pretenderse la “independencia” de una parte del territorio nacional.  La diputada Rahola, en nombre de ERC, pretendía que en ese mismo párrafo 5º se incluyese, tras “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, el inciso “salvo el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos conforme al Derecho Internacional“, aduciendo que ese derecho formaba parte del ordenamiento interno (disparate notorio, por otro lado, ya que España carece de colonias). CiU pretendió incluir a “alzaren públicamente” el término “en armas” y que también fuera rebelión alzarse para derogar un Estatuto de Autonomía.

El texto, en el Congreso, no sufrió modificación alguna. Es interesante, sin embargo, comprobar, qué se entendía por los diputados que defendían ese texto original por “alzarse públicamente” y por qué no comprendían los recelos, en particular, de los representantes del PNV. Lean algunas intervenciones que entresaco (es largo, pero muy jugoso):

Es bastante obvio, que los diputados incluían en el concepto de alzamiento público, el alzamiento violento, en armas. Y que, por eso, veían innecesarias las enmiendas.

Sin embargo, el texto, en el Senado, sufrió un cambio. Se presentaron enmiendas por los grupos de IU y de CiU que fueron admitidas por la ponencia, con el voto en contra del PP. Las enmiendas planteaban la inclusión de la violencia en el tipo delictivo para precisar que solo sería rebelión si los hechos delictivos (es decir, el alzamiento) es violento.

Pues bien, también en este punto hay intervenciones posteriores en comisión que son muy ilustrativas. Esto dijo el senador González Pons:

El asunto es interesante porque creo que sitúa en su lugar el debate actual sobre qué es o no violencia a efectos de la rebelión. El caso catalán presenta alguna particularidad. En mi opinión, es un autogolpe por dejación del Estado.

Me explicaré: el Gobierno podría, una vez constatado el fin secesionista y el proceso ilegal iniciado, haber utilizado el art. 155 de la Constitución. Desde ese momento, el gobierno catalán ya no sería tal gobierno. Habría perdido su “imperium” sobre las instituciones catalanas. Esto habría impedido el autogolpe. Sin embargo, pese a su traicionero y torticero uso de esas instituciones, se permitió que continuase siendo tal gobierno hasta después del pseudoreferéndum. Incluso hasta después de ese esperpento de votación de una DUI en el parlamento catalán. Es cierto que el gobierno catalán y su parlamento se estaban excediendo desde hacía mucho tiempo y que las pseudoleyes aprobadas en septiembre eran en sí una declaración de independencia, pero también lo es que todo autogolpe (en la medida en que desborda el derecho) es un ejemplo de uso ilegal e ilegítimo de las instituciones. El elemento clave no es que el uso sea ilegítimo e ilegal, sino que se efectúe por quien lo ostenta hasta ese momento de forma legal y legítima.

Al no haberse expulsado antes (por el procedimiento constitucional) a los secesionistas de sus cargos, el Estado permitió que el golpe de Estado fuese un autogolpe. Y el autogolpe no violento (es decir, el realizado maliciosamente o mediante una imposición ilegítima), al introducirse la expresión la palabra violencia podía quedar impune, como bien defendía el senador González Pons. Más aún cuando la norma penal es de interpretación estricta, y se había añadido expresamente ese término frente a la dicción previa de la norma.

Esto es lo que explica algo que parece absurdo: que un golpe de Estado pueda no ser delito de rebelión.

La consecuencia es, para mí, la siguiente: solo si se demuestra que ha existido violencia en el hecho secesionista (y el hecho lo es la secesión y no cualquier hito previo -al margen del problema de abusar de la falacia del historiador-) y de esa violencia son responsables los querellados (en alguna de sus formas, o incluso como provocación o conspiración, para lo cual ha de acreditarse que esos hechos violentos estaban claramente incardinados en un proceso diseñado por los querellados, como elementos esenciales del mismo), estaríamos ante un delito de rebelión. En el caso de autogolpe no violento, malicioso y fuera de las vías legales, es decir, con imposición ilegítima, no existiría tal delito. Sin perjuicio de que concurra sedición, desobediencia, prevaricación, malversación o usurpación.

El gobierno catalán se había situado fuera de la ley, pero seguía siéndolo hasta que el Senado autorizó y el Gobierno aplicó el art. 155. Pudo hacerlo antes, pero al parecer hay que cargarse de razones para aplicar la ley. Estoy siendo melancólicamente irónico en este momento.

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