Razones jurídicas

 

La única —y poderosa— razón que dio el magistrado Llarena para retirar la euroorden contra el señor Puigdemont fue esta, contenida en el auto dictado el 05/12/2017:

De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco), deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho» que quienes se encuentran fugados.

Bueno, para ser más precisos, antes del párrafo que acabo de copiar había dicho esto:

De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes europeas de detención, los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente.

Ha pasado más de un mes desde el auto y Puigdemont no ha vuelto a España, a pesar de la celebración de las elecciones. Ha demostrado que su intención no es volver.

Por tanto, si la única razón fue la posible denegación parcial de la ejecución (por las particularidades del derecho penal belga y de sus reglas en esta materia) y el riesgo de que Puigdemont se colocase en “mejor” posición que el resto de investigados, una negativa hoy del magistrado a la solicitud de la fiscalía solo podría razonablemente basarse en la misma razón jurídica. Tendría que explicar por qué también cabe que la ejecución de la euroorden se deniegue parcialmente en Dinamarca.

Cualquier razón “política” sobra. Incluso, como se está diciendo, aunque la detención supusiese la posibilidad de que se considere que concurre causa legítima para admitir la delegación del voto. Y aunque esto abriese la posibilidad de que Puigdemont sea nombrado presidente y el Rey tenga que aprobar su nombramiento.

En tal caso, con un presidente en prisión elegido por la mayoría secesionista del parlamento, pese a ser conocida dicha circunstancia, simplemente habría que continuar con la aplicación del artículo 155. Sí, es tan sencillo como esto: no hay elección autonómica que derogue la Constitución. Si los ciudadanos de una autonomía se empeñan en votar a quienes se saltan la ley —entre ellos a un prófugo—, no hay otra alternativa que seguir aplicándola. Hasta el final.

Pero eso no le corresponde al juez. El juez solo tiene que preocuparse por el buen fin del proceso, y si ha adoptado medidas cautelares extremas con otros investigados es porque las consideraba justificadas.

Me consta que hay medios que afirman que no, que Llarena no va a dar curso a esa solicitud.

Espero que, en breve, el propio magistrado desmienta esas noticias.

 

ACTUALIZACIÓN: El magistrado Llarena ha decidido.

El auto es decepcionante. Está repleto de razones políticas, vestidas de razones jurídicas.

No es a un juez instructor,  por mucho que sea magistrado del Tribunal Supremo, al que le corresponde prevenir actuaciones supuestamente “ilegales” e “inconstitucionales” como las que se enumeran en el auto. Menos aún, cuando es el propio magistrado el que admitió que el encarcelamiento equivalía a la incapacidad al efecto de admitir la delegación del voto. Da igual que sea lo que busque Puigdemont. Da igual que exista un plan para secesionar Cataluña y llevar a la práctica la República fantasma de la casa de los secesionistas y que quieran aprovecharse de la ley. Para evitar eso existen otros instrumentos legales. Para eso existe el artículo 155 de la Constitución. Sobre todo porque aún no se ha juzgado a nadie y todos los investigados gozan de sus derechos civiles y políticos. Más aún, para evitar eso, lo único que puede hacer el magistrado es lo que ha decidido no hacer: llevar al investigado a prisión.

Un juez instructor, para evitar  la reiteración delictiva, ha de asegurarse de que el prófugo sea detenido y encarcelarlo (como sucedió con los demás investigados). Y algo hemos hecho mal, muy mal, si no se puede detener a una persona acusada de gravísimos delitos porque aún no se ha constituido un gobierno autonómico y no conviene.

Por último, la referencia a que la rebelión y la sedición no se encuentran en la lista de delitos enumerados en la lista consensuada y a que el Ministerio Fiscal no ha hecho el trabajo de probar el derecho extranjero es tremenda por dos razones: la primera, porque uno se pregunta cuánto tiempo necesita todo un Estado sobre un tema capital para probarle a un magistrado el derecho de un país de la Unión Europea; la segunda, porque da la sensación de que el magistrado, que habría dicho que no en todo caso, por las razones que enumera previamente, aprovecha para darle una hostia a la fiscalía por ponerle en la tesitura de decidir algo que no le apetece. El espectáculo, en todo caso, es muy poco edificante.

En el mejor de los casos, esta decisión demuestra una preocupante falta de armas de nuestro Estado de derecho. En el peor, demuestra una preocupante utilización táctica de la ley, que solo puede deberse al miedo. Al mismo miedo que impidió que en 2015 se aplicase el artículo 155. Al miedo que nos ha traído hasta aquí.