¿Puede ser detenido Puigdemont?

 

Esta pregunta viene a cuento de algo que anduvo planteándose hace unos días: la condición de diputado de Puigdemont implicaría que goce de lo que se denomina inmunidad parcial o limitada y que se regula en el estatuto de autonomía:

Artículo 57. Estatuto de los Diputados

1. Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.

2. En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

(…)

He leído argumentos en contra. Por ejemplo, que la detención a la que se refiere la norma es la policial y no la judicial, que Puigdemont al no comparecer está cometiendo un delito flagrante de obstrucción a la justicia, que aún no ha adquirido la condición de diputado …

Desde luego el supuesto delito de obstrucción a la justicia no se da, porque no encaja con ninguno de los tipos previstos en el Código Penal. Sobre la adquisición de la condición de diputado, es un argumento más sutil, pero me parece dudoso. Exigirlo, una vez celebradas las elecciones, implicaría abrir una ventana de oportunidad al fraude de ley. Imaginad al diputado al que, una vez elegido, detiene la policía, antes de presentar la documentación y jurar el acatamiento a la Constitución por imperativo legal, al Estatuto por imperativo moral y a las normas del imperio galáctico por imperativo sentimental. Tiene mal aspecto, ¿verdad?

El argumento que queda (al margen del que a mí me convence más y que no sé si se ha planteado por alguien o no, y que luego explicaré) es el relativo a la distinción entre la detención policial y judicial.

No creo que sea válido si se refiere a una detención por algunas de las razones que establece los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los que intentan cometer un delito, al que se fuga de un establecimiento penitenciario, al condenado o procesado en rebeldía, al imputado por delito castigado con pena superior a tres años o, de ser inferior, si sus antecedentes o las circunstancias hacen presumir que no comparecerá cuando se le vaya a llamar por el juez).

El estatuto de autonomía no distingue entre detención policial y judicial, por lo que no veo razón para que nosotros distingamos.

Si el magistrado Llarena ordena, ahora, la detención de un diputado (salvo en caso de flagrante delito) por alguna de las razones antedichas, yo creo que esa detención sería ilegal.

Sin embargo, se olvida que el auto del magistrado no es una orden de detención por uno de esos supuestos, sino que es una requisitoria que ordena el ingreso directo en prisión. Es decir, se trata de lo que se conoce como busca y captura. Las requisitorias se regulan en los artículos 512 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se basan en ninguna de las causas previstas para la detención por un particular o una autoridad, sino en el hecho, ya constatado, de que no se halle al presunto reo en su domicilio. Es decir, que se trata de alguien a quien no se puede llevar ante un juez. Y lo que se acuerda es el ingreso en prisión hasta que un juez (el que lleva el caso u otro) resuelva sobre su situación personal.

El diputado puede tener el privilegio de no ser detenido. Lo que no es admisible es que se pretenda que tiene el privilegio de no acudir a un llamamiento realizado por un juez. Salvo, claro está, que gozase de una inmunidad más intensa y su enjuiciamiento solo fuera posible previa autorización de las cámaras (como sucede con los diputados y senadores). En ese caso, cualquier medida cautelar exigiría la concesión previa del suplicatorio (también salvo flagrante delito).

Más aún (y ya paso con mi segundo argumento), se da la circunstancia de que la resolución que acuerda la busca y el ingreso en prisión es previa a las elecciones.

Un diputado no puede ser detenido cuando ya lo es por hechos posteriores o anteriores a adquirir la condición de diputado, siempre que la detención se acuerde cuando ya es diputado. Pero pretender que esto es aplicable a las situaciones producidas antes, nos lleva ante un auténtico fraude de ley que es contrario a la ratio legis del privilegio (que además, por serlo, ha de interpretarse restrictivamente). Veamos en qué consiste en palabras del Tribunal Constitucional (las negritas son mías):

“la inmunidad… se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias respecto de las que tiene, como finalidad primordial, su protección…, de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la Cámara respectiva adopta». Y «esta protección a que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales dirigidas contra los Diputados y Senadores», sino frente a la amenaza de tipo político consistente en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada, injustificada o torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”

(…)

«es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento»

(…)

Así pues, la Sala Segunda del Tribunal Supremo entiende posible, en supuestos como el examinado, una previa investigación judicial en orden a la determinación de la relevancia penal de los hechos y a la participación en los mismos de las personas aforadas contra las que se dirige la querella, dándoles traslado de la denuncia o querella de acuerdo con el art. 118 LECrim al objeto de que puedan ejercer desde el primer momento, como ha sucedido en este caso, el derecho de defensa, y considera que la condición de inculpado, a los efectos del art. 71.2 CE, no se adquiere con la mera admisión de la querella, sino que requiere un juicio judicial de inculpación por la existencia de indicios racionales o sospechas fundadas de su participación en los hechos, de modo que antes de la formalización de ese juicio de inculpación es cuando ha de solicitarse el suplicatorio a la Cámara respectiva .

(…)

Y ello toda vez que el alcance conferido por dicha interpretación al término inculpado a los efectos del art. 71.2 CE, que excluye, obviamente, la posibilidad de adoptar medida cautelar alguna contra la persona del Diputado o Senador hasta que se obtenga, en su caso, la autorización de la Cámara respectiva para su inculpación o procesamiento

Esta sentencia se refiere a un senador (es decir, a alguien que goza de un grado de inmunidad más amplio, pues es preciso suplicatorio para proseguir un procedimiento penal contra él).

Si se observa, la sentencia deja claro que, sin perjuicio de la investigación previa a la solicitud del suplicatorio y de la participación voluntaria del investigado, no caben medidas cautelares (como la prisión provisional) contra un diputado o senador sin la concesión del suplicatorio.

Ahora imaginemos que Puigdemont y Junqueras fuesen diputados del Congreso. Si el auto dictado antes  de adquirir esa condición no justifica la detención de Puigdemont porque la detención en sí se va a producir después, el auto de prisión provisional de Junqueras tampoco justificaría su mantenimiento en prisión una vez elegido diputado. Y el magistrado tendría que dejarlo en libertad hasta que se concediese el suplicatorio.

¿A que es absolutamente absurdo? ¿A que es contrario a la finalidad pretendida con el privilegio de inmunidad, ya que no se puede pretender alterar la voluntad popular, puesto que esta no se había expresado cuando las resoluciones se adoptaron? 

Efectivamente, esa interpretación aberrante es un fraude de ley.

 

En consecuencia, si Puigdemont entra en España y se le localiza, lo único procedente es que los funcionarios de policía, allí donde se encuentre, lo conduzcan por la fuerza hasta la prisión que corresponda, para que luego un juez decida.

Lo normal, en suma.