La enmienda de la repatada en la puerta

 

Leo esta noticia.

Rivera ha insistido en que es la Policía quien puede tomar la decisión de entrar en la vivienda o local sin esperar al pronunciamiento de un juez, descartando que eso suponga vulnerar el artículo 18 de la Constitución (“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”). “Hay una cosa fundamental, y es que se dice ‘con indicios claros de delitos’. Si hay alguien que piensa que su vivienda está siendo un narcopiso, es que se está utilizando para vender drogas o su vivienda está siendo utilizada por mafias que chantajean a sus propietarios“.

Para Ciudadanos, la Policía tomaría la iniciativa cuando haya “un indicio de delito”. Y lo hace, según la posición de esta formación, porque ya no se trataría de la vivienda de la persona en cuestión, toda vez que el “problema es que hay gente ocupando de manera ilegal, cogiendo pisos y chantajeando a los propietarios. Eso no es tu domicilio, estás cogiendo el domicilio de otro. Estamos hablando de tramas delictivas, no estamos hablando de que alguien no pueda vivir en una casa porque no puede pagar la factura. Eso es otra cosa”.

Rivera, en una entrevista en la Ser, se ha esforzado por diferenciar estos supuestos, donde hay “indicios delictivos”, de los casos en que familias que no pueden pagar su casa ocupan otra. “Eso está recogido en la Ley Hipotecaria y nosotros apostamos por la dación en pago en estos casos”.

El artículo 21.2 de la vieja Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (la ley Corcuera) decía:

Artículo 21.

(…)

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 341/1993 de 18 noviembre sobre la llamada Ley Corcuera dijo lo siguiente:

8. (…)

A) Consideraremos, en primer lugar, si puede el legislador -como, sin duda, ha hecho en el art. 21.2- llevar a cabo una delimitación de la noción de «flagrante delito» a efectos de la entrada forzosa en domicilio.

Según el art. 18.2 de la Constitución, «el domicilio es inviolable» , de tal modo que «ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Es éste, pues, un derecho fundamental «relativo y limitado» (STC 199/1987, fundamento jurídico 9.º), en el sentido de que la protección que la Constitución dispensa a este espacio vital puede ceder en determinados supuestos (consentimiento del titular, resolución judicial y flagrante delito), previsión constitucional que tiene un carácter rigurosamente «taxativo» (…)  Función delimitadora que, asimismo, corresponde, por tanto, al concepto de «flagrante delito», noción que la Constitución ha utilizado en algún otro precepto (art. 71.2), pero que , como es patente, no ha definido de modo directo o expreso.

Esta circunstancia no supone, sin embargo, que el concepto que examinamos deba considerarse vacío de todo contenido (…) 

Sin embargo, ello no supone que le esté vedado a la Ley desarrollar ese contenido y regular qué deba entenderse por delito flagrante a los efectos de la entrada en domicilio sin autorización judicial. (…)

B) Lo que antecede es sólo, sin embargo, la respuesta genérica a la cuestión (…) El art. 18.2 de la Constitución no ha deferido a la Ley la previsión de aquellas excepciones y tampoco ha utilizado cláusulas de habilitación genéricas para justificar la entrada policial en domicilio, sino que ha establecido un solo supuesto -fuera del consentimiento del titular y de la autorización judicial en el que será posible aquella entrada: «caso de flagrante delito».

(…) resulta inexcusable -y suficiente, a nuestro propósito es reconocer la arraigada imagen de la flagrancia como situación fáctica en la que el delincuente es «sorprendido» -visto directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito. (…), precisamente porque la comisión del delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable una inmediata intervención . Mediante la noción de «flagrante delito» la Constitución no ha apoderado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que sustituyan con la suya propia la valoración judicial a fin de acordar la entrada en domicilio, sino que ha considerado una hipótesis excepcional en la que, por las circunstancias en las que se muestra el delito, se justifica la inmediata intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El art. 21.2 de la LOPSC incorpora alguno de los elementos o rasgos que la jurisprudencia y la doctrina han venido utilizando para identificar el delito flagrante, y así ocurre en el pasaje final del precepto, que requiere «que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparación de los efectos o instrumentos del delito». Urgencia , sin embargo, no es, por sí sola, flagrancia , como llevamos dicho, y a partir de esta advertencia es inevitable constatar que las demás condiciones prescritas por la norma impugnada muestran una amplitud e indeterminación en su enunciado incompatible con el rigor que presenta y requiere,en este punto, el art. 18.2 de la Constitución. Se refiere la Ley, en efecto, al «conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer» alguno de los delitos que menciona, pero estas expresiones legales -«conocimiento fundado» y «constancia» en cuanto no integran necesariamente un conocimiento o percepción evidente van notoriamente más allá de aquello que es esencial o nuclear a la situación de flagrancia. Al utilizar tales términos el precepto permite entradas y registros domiciliarios basados en conjeturas o en sospechas que nunca, por sí mismas. bastarían para configurar una situación de flagrancia. Las expresiones ambiguas e indeterminadas que contiene el art. 21.2 confieren al precepto un alcance que la Constitución no admite. (…)

La delimitación legal del delito flagrante que expresa el impugnado art. 21.2 no es, por cuanto queda dicho, conforme a lo dispuesto en el art. 18.2 de la Constitución, lo que impone declarar la inconstitucionalidad del precepto.

C) La inconstitucionalidad, así constatada, del art. 21.1 de la LOPSC no hace ociosas, con todo, unas consideraciones últimas (…) Ahora bien, aunque la Constitución no ha singularizado supuesto delictivo alguno para aplicarle, o permitir que le sea aplicado, un concepto ad hoc de flagrancia, no es menos cierto que la noción general de delito flagrante requiere una aplicación jurisdiccional siempre atenta a las singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva, y que bien puede el legislador anticipar en sus normas esa precisión o concreción, para ilícitos determinados, del concepto constitucional que nos ocupa. Tal delimitación selectiva del concepto constitucional sólo podrá reputarse de ilegítima si con ella se pretendiera relativizar o disminuir la garantía dispuesta en el art. 18.2 de la Constitución (…)

Dice el Tribunal Supremo, en sentencia núm. 1089/1995 de 6 noviembre:

Consecuencia de dicha doctrina y en una interpretación ajustada al espíritu de nuestra Constitución, la Sala entiende como «domicilio» «cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar» (Cfr. SS., entre otras, de 14 enero, 3 julio y 5 y 24 octubre 1992 [ RJ 1992\154RJ 1992\6017RJ 1992\7737 y RJ 1992\8515], 14 noviembre 1993 [ RJ 1993\8575] y 18 febrero, 23 mayo y 15 octubre 1994 [ RJ 1994\935RJ 1994\6701 y RJ 1994\7918]), o lo que es lo mismo, que «sirva de habitación o morada a quien en él vive», estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotes , etc., comprendidas las habitaciones de un hotel u hospedería en la que se viva (Cfr. SS. de 26 junio y 17 septiembre 1993 [ RJ 1993\5253 y RJ 1993\6705] y las precedentemente citadas de 18 febrero, 23 mayo y 15 octubre 1994 [ RJ 1994\935RJ 1994\6701 y RJ 1994\7918]).

También dice el Tribunal Supremo, en sentencia núm. 32/1995 de 19 enero:

(…) el derecho a inviolabilidad del domicilio «constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública. Como se ha dicho acertadamente -continúa la Sentencia del Tribunal Constitucional-, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello -concluye-, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella».

La legislación ordinaria no ha concretado de una manera expresa el concepto constitucional de domicilio, como ámbito de intimidad protegible. Sin embargo, el artículo 87.2 LOPJ demuestra que el ámbito de intimidad que corresponde al derecho fundamental es más amplio que el de habitación o morada. Esta disposición reconoce la existencia de «domicilios» y de otros «edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento del titular», es decir que no constituyen morada en sentido estricto. Es claro, por lo tanto, que el establecimiento de un ámbito de intimidad constitucionalmente protegible no está vinculado a la habitación en sí misma, sino al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, no necesita estar físicamente vinculado al ámbito espacial en el que el ciudadano habita con cierta permanencia.

(…) el derecho fundamental no se limita a la protección de la habitación o morada, sino a la protección de la intimidad y ésta no se reduce al lugar en el que se encuentran el dormitorio, el salón, el despacho, la cocina, etc. como lo ha señalado la STEDH en el caso Niemitz c/Alemania, de 16 diciembre 1992, sino a que se extiende a la protección de la vida privada de los ciudadanos en el sentido antes expuesto. Prueba clara de ello son, por otra parte, los artículos 546 y 547.3.º de la LECrim, en los que se establece que los lugares cerrados que no constituyen domicilio, en el sentido de habitación, sólo pueden ser registrados previa autorización judicial.

¿Va la policía a decidir, sin intervención judicial, cuándo una casa ocupada es domicilio o no de los ocupantes? Domicilio no es propiedad.

Solo conozco la noticia. No conozco la enmienda. Pero, en fin, si lo que pretende Ciudadanos es lo que dice Rivera según lo que acabo de transcribir, en mi opinión eso es aún más inconstitucional que lo que decía la Ley Corcuera. Al menos aquella no basaba la entrada en “indicios”, sino en una definición de flagrancia. Inconstitucional, eso sí.

 

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