Un juez no es un profeta

 

Como ya he leído a muchas personas criticar las palabras de María Dolores de Cospedal hoy por algo muy concreto que ha afirmado, creo que es interesante hacer algún comentario sobre lo que dice. Es esto:

Voy a utilizar, a modo de ejemplo, este comentario de Teodoro León Gross, precisamente por que se trata de una persona que me parece solvente e intelectualmente honesta. Utilizando a los mejores es más fácil extender lo que voy a decir a muchos más. Vean el tuit:

Por partes:

a) La pregunta a Cospedal es la siguiente: «¿Qué sabía usted de la existencia de una Caja B en el Partido Popular?»

Ella contesta no admitiendo que exista, pese a la sentencia. Sobre esto hay tres cosas que se pueden decir:

Una primera, que la señora Cospedal falta a la verdad cuando afirma que no hay una relación directa entre la sentencia y la existencia de una Caja B. La sentencia afirma que existió desde al menos 1989, aunque hay que precisar que no indica una fecha final, pero nosotros sabemos que no puede extenderse esa declaración a más allá de 2005 (por los hechos que son enjuiciados). Y condena a una persona por apropiación indebida de fondos de esa Caja B (a Bárcenas).

Una segunda, que cuando la señora Cospedal afirma que ella accede a la Secretaría General del PP en julio de 2008 y que desde ese momento no hay una Caja B y que a ella no le consta que haya una Caja B antes, esto es perfectamente compatible con lo que sentencia declara, como es obvio.

Una tercera, que cualquier ciudadano (y también cualquier político) puede estar totalmente en contra del criterio de un juez sobre lo que es verdad o mentira y someter al escrutinio de los ciudadanos sus argumentos. Por tanto, cuando la señora Cospedal afirma que ella no está de acuerdo con que los papeles de Bárcenas sean una prueba de una contabilidad paralela o B hace algo absolutamente legítimo. Y con esto voy a la segunda parte.

b) Nos dice Teodoro: «Ahora vete y discútele su argumentario extrajudicial a los indepes.». Y yo pregunto: ¿es que la señora Cospedal ha dicho que no va a admitir las consecuencias obligatorias de las sentencias?

Es un error pensar que el Estado de Derecho consiste en asumir lo que se afirma probado en las resoluciones judiciales firmes. En absoluto. El sistema judicial no establece la verdad. Existe porque existen conflictos. También porque existen conflictos existe la ley. Ni la ley, ni las decisiones judiciales son la verdad. Es cierto que las resoluciones judiciales deben buscar una cierta verdad …

Antes de seguir voy a explicar esto. La ley no se refiere a toda la realidad. Menos aún los procesos judiciales. De hecho, las reglas del proceso asumen como necesario que solo una parte de la realidad (y además de forma mediata) acceda al proceso. Además, el acceso al proceso se hace conforme a reglas preestablecidas, siguiendo plazos y fijando hitos que hacen muy difícil la vuelta atrás. Esta es la única manera de conciliar la búsqueda de la verdad con la seguridad jurídica (que exige tomar decisiones) y con el respeto a los derechos y libertades. Incluso en el ejemplo más potente de búsqueda de la verdad material (el proceso penal) se aplican estas reglas que tanto desesperan a los que querrían admitir un proceso infinito, sin orden, sin plazos, sin expertos y sin intermediarios, por creer adánicamente que ese sistema sería mejor. Los tribunales, en suma, buscan una verdad ahormada por sus reglas de funcionamiento y por sus límites. Por definición fracasan a la hora de conseguir alcanzar toda la verdad.

… pero lo que importa no es que logren alcanzarla (algo además casi siempre imposible de decidir), sino que resuelvan. Para que el Estado de Derecho funcione, lo importante no es que los ciudadanos y las instituciones asuman el relato de las resoluciones judiciales, sino que se sometan a sus consecuencias. No importa quién jugó mejor, algo sobre lo que es imposible ponerse de acuerdo tantas veces, sino asumir que ganó el Real Madrid.

El problema de los secesionistas no es que estén en desacuerdo con la unidad de España o con que el sujeto de la soberanía sea el pueblo español. De hecho, la ley permite cambiar esto. El problema de los secesionistas (en cuanto a lo que dice el tuit, que tienen otros problemas más) es que no asumen las consecuencias de la ley y de quienes tienen la función de interpretarla y aplicarla. Y con esto voy al tercer apartado.

c) ¿Cuál es la consecuencia de la sentencia para el Partido Popular según la propia sentencia? Que tiene que devolver un dinero que se dice recibió —usado en actos electorales— y que no le corresponde (por cierto, efectivamente, no sabemos bien a quién le va a entregar ese dinero el tribunal, lo que no deja de tener su gracia).

Porque resulta que, aunque la señora Cospedal afirmase no asumir lo que dice el juez, algo que es legítimo, podríamos decir que es igual, que las consecuencias de la sentencia, sus consecuencias obligatorias, obligan al PP a hacer a) o b). Imaginemos que Rajoy hubiera sido condenado y saliera diciendo: ¡soy inocente! ¿Podría hacerlo? Sin duda, y tendría derecho a ello, pero a la vez la consecuencia del sistema, el puto peso de la ley, lo enviaría directamente a la calle, por más que gritase. Es lo que ha pasado, por ejemplo con Junqueras. Él dice que no ha hecho nada malo. Que de hecho es un demócrata y que esto es una persecución. Pero está en prisión preventiva, porque esa es la consecuencia del sistema. El problema de Junqueras, lo que hace su discurso inadmisible, no es que no esté de acuerdo con la decisión es que no asume el sistema mismo. Por eso necesitan los secesionistas repetir que España no es una democracia y un Estado de Derecho.

Ahora apliquemos esto al PP y Cospedal: ¿dónde está la grave consecuencia del sistema para el PP o para la propia Cospedal? Ella dice que no está de acuerdo con lo que un juez afirma en una sentencia, no dice que no tenga derecho el juez a afirmarlo y no dice que no asuma las consecuencias de las afirmaciones de los jueces en aquello que es propio de su función: decidir algo que tiene consecuencias legales.

Y ahí nos encontramos con el meollo, con lo jodido de esta sentencia: los magistrados de la Audiencia Nacional han decidido en aquello que pueden decidir que el PP tiene que devolver un dinero porque no es suyo, aunque sin que haya constancia de que supieran que no era suyo y que tuviera un origen ilícito. Esa es la consecuencia jurídica. Como he dicho hoy mismo, el problema de ciertos párrafos de la sentencia no es que sean ciertos o falsos, es que son, como los mismos magistrados dicen, contexto sobre algo que escapa a su conocimiento.

Termino: como he escrito esto y esto a ello me remito. Quizás un día una sentencia (firme, por cierto) que tenga que conocer específicamente sobre los papeles de Bárcenas (algo posible ya que hay una causa que se está instruyendo) diga que hubo una contabilidad B del PP y nos diga en qué época. Y quizás nos diga algo más: que la contabilidad B que se declara probada sea precisamente la que aparece en esos papeles, afirmando que todo lo que allí consta es cierto y qué consecuencias jurídicas tiene. Puede que, en ese momento, tras la prueba y la contradicción, quede claro que los papeles no son, como dicen algunos peperos, un pastiche en el que se incluyeron partes que aparecen en la contabilidad oficial y otros apuntes inventados para dar cobertura a las chorizadas o para chantajear a alguien. Porque esos papeles —más desde el punto de vista de la presunción de inocencia— se tambalearán si se demuestra que son falsos en alguna parte, como es lógico. Y la sentencia tendrá que entrar a fondo sobre ellos, explicando y motivando la decisión.

Mientras eso sucede o no, no me parece razonable comparar a Cospedal con un secesionista. Y lo triste es que, en gran medida, todo esto es producto de los excesos de dos magistrados. Porque, de no haberlos cometido, en vez de esas preguntas, podríamos haber presenciado otras más interesantes. Voy a improvisar una: ¿qué sistemas de control mantenían ustedes sobre el partido y sobre las administraciones que han gobernado que permitían el amaño masivo de contratos públicos y la obtención de dinero sucio por los que ocupaban despachos situados al lado del suyo? ¿Cómo se consigue que cientos, quizás miles de afiliados y funcionarios miren para otro lado y no hagan preguntas?

 

Apostillas al Gran Hedor

 

En 1902, durante uno de los últimos brotes de peste bubónica, cuando ya era conocida la relación entre la transmisión de la enfermedad y las pulgas, la administración colonial en Hanói decidió pagar por rata muerta. La socialdemócrata medida, sin embargo, tuvo una consecuencia indeseada: muchos ciudadanos descubrieron el negocio y empezaron a criar ratas en sus casas para luego matarlas y cobrar por sus despojos.

Para lograr el bien, incentivaron el mal. Y, en este caso, ni siquiera se puede afirmar que estuvieran haciendo algo incorrecto. Simplemente obviaron el factor humano.

Aquí he contado algunas cosas. Y me quejo por un exceso que no puedo compartir, incluso presuponiendo que no haya en los magistrados ningún interés espurio. No eran ellos los que tenían que ponerse a pagar dinero por las ratas y, sin embargo, al ofrecer un botín en forma de discurso utilizable, puede que terminen consiguiendo algo peligroso: que los jueces se animen y empiecen a hacer literatura política en sus sentencias, incluyendo consideraciones y declarando probados hechos que no tienen consecuencias jurídicas y esparciendo miguitas que los ciudadanos, aplicados y confiados ante la autoridad (eso es un magistratus, alguien mejor, alguien que sabe más), seguirán con diligencia. Las nefastas consecuencias de esto son obvias y, de extenderse, provocarán, tras la alegría inicial de aquellos a los que favorezca el caso concreto, el descrédito del poder judicial. Solo piensen en los miles de jueces con miles de biografías y miles de posiciones políticas y vitales no solo explicando lo que creen sobre la vida y el arte, sino instruyéndonos sobre las soluciones que ellos, tan preparados, encontrarán para cada problema. Sí, esta plaga ya infectó a los militares en el pasado y sabemos perfectamente qué pasó.

Entonces, ¿por qué esto?:

Se me ocurren tres explicaciones. Escojan la que prefieran;

1.- La primera es que el autor es un poco pastelero y ha decidido nadar y guardar la ropa, dando un poco de qué disfrutar a las diferentes aficiones. Es una hipótesis solvente, porque el hecho de que termine por no agradar a nadie no sería sino muestra de torpeza y no excluiría la equidistante intención inicial, que además le sirve de impulso en el proceloso intento de mantenerse en el mundo del opinador profesional.

2.- La segunda es que lo primero que se le ocurrió al autor fue relacionar el asunto con una anécdota histórica tan excelente (dando muestra además de una vasta cultura —esto es emic—), para lo que era impresindible introducir lo del Gran Hedor como fuera y, como ya no encajaba bien con la historia tras leer la sentencia, se agarró al calzador de la adversativa y a otra cosa.

3.- La tercera nos lleva al texto:

«Quien carece de argumentos morales para discrepar, sin embargo, es el PP. En el verano de 1858 (…)

Aun sin esos pasajes tan desafortunados, la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada. Eso, en la mejor de las hipótesis. Cómo creer las protestas y la indignación de los que hablaban de casos aislados cuando los hemos pillado cubriendo las alcantarillas con alfombras perfumadas.

El gran hedor es la herencia de una generación de políticos del PP y cada vez es más inverosímil que corra el agua, limpie los establos y quede alguien para contarlo.»

Si lo criticable en la sentencia es precisamente lo que casi sin excepción han utilizado los políticos y periodistas de este país para declarar la emergencia nacional —innúmeras veces he escuchado y leído que la sentencia declara que el PP como tal es corrupto y que los jueces no creen a Rajoy y esto es gravísimo— una solución que habría evitado el Gran Salto sería expurgar esos párrafos del artículo y decir que los políticos y periodistas, sin ellos, se habrían quedado sin las divisiones soviéticas y Rajoy podría continuar fumándose un puro y saludando a los barcos al pasar. El artículo, además, serviría para denunciar el mal uso de las instituciones por unos —presumámoslo así— bienintencionados magistrados. ¡Olé!

Esa solución presenta un problema: habría incongruencia omisiva. Para empezar, el autor no es juez: no está obligado a limitarse a analizar lo que dice y lo que no debe decir la sentencia, puede ir más allá. En segundo lugar, y por eso reproduzco los párrafos del artículo, el autor está explicando qué conclusiones se extraen de la sentencia después de borrar lo que no está justificado. Esto es lo más divertido: los jueces han decidido facilitar la labor a los que necesitan titulares, pero para la “verdad” no era necesario. Los miles de folios apestan. Al menos, apestan a ignorancia deliberada, a mirar para otro lado, a un no hay nadie que me libre de ese molesto sacerdote. Apestan a necesitamos pasta y no vamos a preguntar de dónde sale. Apestan a colaboracionistas sin cara. Muchos. Cientos de facilitadores que, en el mejor de los casos, no hacían preguntas cuando les pedían ayuda nuestros hijoputas.

Y esto, además, envuelto ya en un mar de cieno. El legajo flota entre la mierda. En esta tercera hipótesis, el autor del artículo simplemente habría hecho su trabajo.

Escojan ustedes la hipótesis que más les guste.

Por cierto, sí, la anécdota que abre estas apostillas está metida con fórceps, pero es que es tan cojonuda que no me he resistido a incluirla.