Vuelve la primavera, vuelven los manifiestos

 

Ya sabemos que el error esencial con los partidos secesionistas y nacionalistas ha sido obviar su naturaleza y pensar que, cediendo, ellos iban a renunciar a ser lo que son. Que se podía pagar un precio para que parasen, cuando resultaba que el precio era precisamente el aviso de que podían pedir más. Esta manera insólita de pensar y actuar, tras varias décadas, es la que nos ha llevado desde el apoyo masivo a la Constitución en el referéndum de 1978 en Cataluña a la situación actual, con golpe de Estado incluido.

Por más que se pretenda, no existe un punto intermedio —en el que se resuelven los problemas— entre la legalidad constitucional y el golpe de Estado. Plantear la cuestión en estos términos es legitimar la vía de hecho y la ilegalidad. Tal cual. Como es obvio, cualquiera puede plantear una reforma constitucional. Incluso una reforma que introduzca una cláusula que permita la secesión de parte del territorio; pero lo que es inadmisible es que se insista, una y otra vez, en que solo reformando la Constitución en un determinado sentido y solo atendiendo a las expectativas de determinados sectores, se llegará a una solución. Y no exclusivamente porque personalmente crea que es hecho probado que no se pararán ahí, sino que, pasado un tiempo, volverán a pedir más, sino porque es la manera de deslegitimar al que sostenga lo contrario: al que crea, por ejemplo, que hay que centralizar más España, y esté dispuesto a perder, a asumir que no tiene los números para lograrlo. Porque el problema esencial no es qué postura mantenga uno, sino si está dispuesto a saltarse la ley o no para ganar o, al menos, para intentar el chantaje.

Naturalmente, para esto, también hay que construir un relato falso. Veamos el manifiesto

 

RENOVAR EL PACTO CONSTITUCIONAL

Hasta hoy el independentismo ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta.

Primera línea y primera falsedad: la primera respuesta contra el secesionismo catalán ha sido la mitad de los catalanes, que se oponen a él.

Pero los errores de los dirigentes catalanes no pueden seguir sirviendo de excusa al inmovilismo.

El inmovilismo es no saltarse la ley, por lo visto.

Más pronto que tarde será necesario empezar a hacer autocrítica.

Siempre hay que hacer autocrítica. Como este manifiesto se parece un huevo a otros anteriores (y a ciertos editoriales) y sus argumentos sirvieron a la construcción falsa de un incumplimiento que justificase el victimismo que dio gasolina a los secesionistas, podían los firmantes hacer autocrítica sobre la inexistente referencia a la ausencia de lealtad constitucional y a la necesidad de cumplir la ley.

Con ocasión del referéndum escocés, desde Inglaterra se emitieron estos mensajes: “We love you Scotland”, “We’re better together in UK”. No son palabras de amor ni de reconocimiento lo que se han escuchado entre nosotros. En lugar de tender puentes, hemos ido ahondando en el desencuentro.

Esto es pura pornografía sentimental. En todo caso, volvemos al principio: los firmantes del manifiesto acusan a la mitad de los catalanes de no querer a Cataluña. Es obsceno.

Las reivindicaciones nacionales catalanas, vascas,gallegas o de otros territorios con demandas de carácter identitario (Comunitat Valenciana, Illes Balears…) no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática …

Esto es descacharrante. ¿Cómo no van a ser eso que llama reivindicaciones nacionales una amenaza a la unidad de España si su fin natural es el reconocimiento de soberanías parciales y, por tanto, la posibilidad de la secesión? En cuanto a si son o no una amenaza a la democracia, depende, claro, de si respetan o no la ley. De momento, el secesionismo catalán ha dado un golpe de Estado, y ciertos secesionistas vascos se dedicaron durante décadas a asesinar gente.

… que, como tales, han de ser atendidas por todos y entre todos, procurando acomodos que no violenten la convivencia en común.

Aquí está el meollo del asunto: eso de que una reivindicación, si es legítima, ha de ser atendida. Pues no. Lo que hace legítima una reivindicación es que sea democrática, legal y pacífica. Pero luego se atiende o no. A esto se le llama democracia. Yo puedo empeñarme en que los comercios cierren los domingos o en que se establezca una renta universal. Y eso sería legítimo como reivindicación. Pero no por eso tienes derecho a que se atienda tu reivindicación. Y el problema es que hay muchos millones de españoles que no están conformes con que esas aspiraciones legítimas de sus compatriotas vayan más lejos de lo que fueron cuando se aprobó la Constitución y se votó en referéndum. Y también aspiran legítimamente a que no se atiendan las aspiraciones de otros. Menos aún a que se impongan gracias al chantaje.

Si ha sido posible modificar la Constitución para reconocer el derecho de sufragio pasivo de quienes ostentan la ciudadanía europea o para establecer una nueva regla del déficit, con mayor razón deberíamos poder reformar la Constitución de 1978 en un sentido federal, …

O en el contrario. Si el argumento es que se ha hecho, no sé por qué no se va a poder defender que se haga para que el Estado central recupere competencias. Naturalmente, el problema es que el argumento es una gilipollez.

… para, profundizando en su espíritu de integración, acomodar mejor esas reivindicaciones de naturaleza identitaria que, bien entendidas y gestionadas, han de conducir a una España más cohesionada, más estable.

Los que han dejado de profundizar en el espíritu de integración constitucional son los que han sido desleales con el sistema constitucional. Lo demás es puro blablabla.

Nada hay de antidemocrático en todo ello.

Ni en lo contrario.

Los procedimientos de reforma (art. 167 CE) y de revisión (art. 168 CE) no figuran en la Constitución para que ésta pueda ser reformada, sino para que sea reformada.

Falso. Que algo pueda reformarse no implica que deba ser reformado.

El origen más inmediato del actual conflicto con Cataluña tiene uno de sus referentes en la sentencia constitucional 31/2010. Esta sentencia desconoció un pacto que se sitúa en el corazón de la Constitución de 1978, a saber: las comunidades históricas aceptan que carecen de poder constituyente (nunca tendrían una constitución propia como en los estados federales) y, a cambio, los Estatutos de Autonomía aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes Generales no podrían aplicarse si no eran previamente refrendados por el pueblo de la comunidad autónoma destinataria de cada uno de ellos. Era un acuerdo de equilibrio, un pacto entre personas que, teniendo sentimientos identitarios distintos, buscaban una fórmula de compromiso para seguir viviendo juntos y ganarse un futuro en democracia.

El recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP, al recurrir un estatuto aprobado por la mayoría absoluta del parlamento que representa al pueblo español y votado favorablemente por la ciudadanía de Cataluña, dinamitó ese acuerdo esencial. El TC desconoció ese pacto y como consecuencia de ello entró en el fondo del recurso mediante una sentencia interpretativa de amplio alcance que no contentó a nadie y, como consecuencia de todo ello, la ciudadanía catalana se sintió con razón engañada, pues el Estatuto que “España” le había dado y que ella había aceptado, resultaba ser mucho más reducido de lo que se había dialogado y acordado, sin dar opción a que el legislador catalán pudiese interpretar su Estatuto en el sentido constitucionalmente más adecuado. El TC impuso una visión unilateral del pacto constitucional, que dejó a Cataluña sin un texto aprobado por las Cortes Generales y por su propio cuerpo electoral.

La lista de falsedades interesadas de estos párrafos es impresionante. Para empezar, no hay un conflicto con Cataluña. Hay un conflicto de los secesionistas con los catalanes que no lo son y con la mayoría del resto de los españoles. Y hay una voluntad rebelde y criminal de incumplir la ley. En segundo lugar, ese supuesto pacto con las comunidades históricas es un dislate, una invención. Las «comunidades históricas» no discutieron con España un acuerdo (por cierto, esto diferencia el caso escocés del catalán). Cuando se discutió la Constitución, había muchos diputados catalanes en el Congreso que formaban parte de UCD y del PSOE. De hecho, UCD ganó en Tarragona y el PSOE en Barcelona. El PDC solo ganó en Gerona y Lérida. Y los españoles que votaron en Cataluña de forma absolutamente mayoritaria por la Constitución lo hicieron por toda ella, por todos sus artículos, no solo por una parte. También por la parte que creaba un Tribunal Constitucional o la que afirmaba que España es indivisible. Y los españoles que votaron en Madrid o en Albacete también votaron una Constitución que introducía un sistema autonómico. No hubo ningún pacto entre comunidades, históricas o no. Esta es la vieja trola decimonónica. Hubo un montón de ciudadanos españoles diciendo que sí a un sistema en su conjunto que partía de que la soberanía nacional le corresponde a todos los españoles.

Por esta razón, las referencias a que un Estatuto pudiera estar al margen de la Constitución (para eso está el Tribunal Constitucional) es inadmisible. ¿Cómo se iba a dinamitar nada por el hecho de que una institución constitucional hiciera su trabajo? Todo esto es una pura invención para justificar a los que sí han intentado dinamitar nuestro sistema, legitimando un incumplimiento más falso que la donación de Constantino. Por cierto, la «ciudadanía catalana» no se sintió engañada. De nuevo se empeñan en convertir a los secesionistas (que por cierto pasaron como de las heces de votar el amado Estatuto, hoy convertido en texto fundacional) en los catalanes.

Ah, lo del legislador catalán como intérprete de la Constitución es simple delirio.

A partir de aquel día el Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte. La ulterior jurisprudencia constitucional solo ha venido a reafirmar aquella desafortunada decisión y sus efectos más involucionistas. La pésima gestión de la crisis catalana y de la crisis económica han conducido a una imparable e intensa recentralización. El Estado de las Autonomías se ha convertido en una apariencia, en envoltorio vacío de contenidos inciertos. Salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, las CCAA carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias: el estado se ha apoderado de las competencias compartidas, los títulos horizontales se han multiplicado exponencialmente, las bases ya no son un mínimo común denominador, sino regulaciones uniformes que se imponen en todo el territorio… Todo camina hacia atrás, como si el diseño territorial de 1978 hubiese sido un error que debe ser corregido devolviendo poderes al centro.

Más trolas, hijas de la trola original. Tienen que inventarse un proceso que solo existe en su imaginación (el problema fundamental de las políticas públicas estos últimos años fue producto de que nos habíamos gastado la pasta que no teníamos) y que supuestamente se originaba en una sentencia que tocó muy pocos artículos (la mayoría relativos, por cierto, al poder judicial). Como si existiese una conspiración anticatalana. Todo para vender la moto de que los males de la gente no son producto de la gestión, sino de Madrid. El viejo truco que atribuye los problemas a los otros y que está tan presente en todas las versiones del supremacismo catalán. Por cierto, esta trola también sirve para ocultar a los que en esas mismas comunidades protestaban por políticas que les parecían injustas (como la inmersión, por ejemplo).

Frente a esa tendencia que desconoce que una España en libertad es una España en la que deben convivir los diferentes, somos muchos los que creemos que es posible renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos.

Más porquería. En España ya podían convivir los diferentes. De hecho, ¡no solo conviven los diferentes, sino que obtienen gobiernos! En cuanto a lo de los vencedores y los vencidos, dos cosas. Lo primero, que ese lenguaje bélico es otra forma de vender la burra de Cataluña frente a España. Como si el problema no fuera entre los catalanes que quieren dar una conferencia sobre Cervantes y los que la revientan a hostias. Lo segundo, que si se trata de una metáfora inocua, no sé por qué no va a haber vencedores y vencidos. De hecho, que le pregunten a los votantes del PP qué piensan del Gobierno del PSOE. Y viceversa. Lo que olvidan los firmantes del manifiesto, es que lo que es inadmisible es vencer fuera de la ley. Cuando alguien quiere «vencer» saltándose la ley sí tiene que haber vencidos. Lo extraordinario es tener que recordar esto.

Somos muchas personas los que apostamos por una salida civilizada del contencioso en el que se encuentra España, …

Nada más civilizado que respetar la ley democrática.

… en la que se reconozca su diversidad identitaria. Somos muchos los que creemos que es posible, como en otras muchas democracias de nuestros días, avanzar hacia una “unión” en la que estén todos, mediante un proyecto político federal, en el que el respeto a la diferencia sea una fortaleza que a todos nos iguale.

Y también somos muchos los que creemos que tan democrático como eso que plantean es no avanzar hacia eso que llaman proyecto federal (como si, por cierto, España no fuera ya en realidad un Estado federal) y que, en realidad, es lo de siempre: un intento inútil de cuadrar el círculo, entregando más a los que solo estarán contentos cuando España desaparezca, para ver si así renuncian a su naturaleza. Y encima dando a entender que los que pensamos así no respetamos «la diferencia». Como si la única manera de respetar a los que piensan diferente es concederles todo lo que pidan.

En su sentencia de 1998 sobre el conflicto del Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá emitió una sentencia modélica por la forma en que reconcilió constitucionalismo y democracia, satisfaciendo a todas las partes. El principio democrático queda definido de esta manera en el punto 64 de la sentencia: La democracia no se agota en la forma en la que se ejerce el gobierno. Al contrario, la democracia mantiene una conexión fundamental con objetivos sustantivos, el más importante de los cuales es el autogobierno. La democracia da cobijo a las identidades culturales y grupales. Dicho de otra manera, el pueblo soberano ejerce su derecho al auto-gobierno a través de la democracia.

Es curioso cómo todos los que citan la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá se olvidan de las adversativas. Poco después de esa misma cita, el tribunal dice:

«Sin embargo, la democracia en el verdadero sentido de su término no puede existir sin el principio de primacía del derecho. Es la ley la que crea el entorno en el que la “voluntad soberana” se determina y se activa. Para ser legítimas, las instituciones democráticas deben fundamentarse, en definitiva, en fundamentos jurídicos. Esto significa que deben permitir la participación del pueblo y la responsabilidad ante el pueblo a través de las instituciones públicas creadas en virtud de la Constitución.»

Este párrafo es una refutación de todo lo que sobre el Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional dice el manifiesto.

De hecho, esa sentencia, tan admirable en muchos sentidos, solo recuerda que las instituciones deben permitir que se expresen las aspiraciones de los ciudadanos, sin que se ahoguen por la tiranía mayoritaria, pero siempre dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Pero el error es confundir la expresión de las aspiraciones con la imposición de un determinado modelo contra la mayoría. La tiranía mayoritaria no es legítima, pero menos aún lo es la minoritaria.

Sobre la base de ese principio la CE podría ofrecer una propuesta constitucional inclusiva que asegurase la concordia y ofreciese estabilidad y seguridad para una generación. Azotados por las noticias que a diario se suceden, vivimos ahora en un tiempo en que no se ve la luz. La confrontación, el desencuentro, la herida, se amplían ante nuestros ojos. Sin embargo, antes o después, esa sucesión de infortunios tiene que dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos

Este párrafo es extraordinario. La CE ya contiene un marco que permite la concordia, la estabilidad y la seguridad. Y que permite el autogobierno en términos muy profundos. La cuestión es que hay quiénes quieren destrozarla para imponerse sobre sus vecinos de edificio. Por eso es tan repugnante este final que habla de «infortunios», como si estuviésemos en presencia de una inundación o un terremoto, y no ante comportamientos irresponsables y criminales.

De nuevo, como en tantas otras ocasiones, presenciamos el lenguaje equidistante que se sitúa en punto intermedio entre los golpistas y los que queremos cumplir con la ley.

Pretender una reforma constitucional —¿por cierto, en vez de manifiestos, por qué no escriben un texto que podamos analizar?— es legítimo. Pero está feo fundamentarla en tanta mentira.

 

Este producto puede tener trazas de autoestima

 

La autoestima tiene muy buena prensa. Hoy mismo, Juan Claudio de Ramón utiliza el término como título para un artículo en el que plantea la necesidad de estimular las buenas sensaciones frente a las malas. La «ilusión» por el Gobierno de Sánchez sería un ejemplo precisamente del deseo de tantos españoles de sentirse mejor en esa condición, algo que también percibe en la reacción sentimental de muchos de ellos como consecuencia de lo que llama «envite independentista».

Curiosamente, el envite parece resultado de una creación previa de «identidades fuertes, basadas en la emoción, la historia y el lazo etnolingüístico».

Mi problema con las identidades basadas en la emoción, la historia y el lazo etnolingüístico es que esos tres elementos son ejemplos claros de destilados de instintos tribales. Esas identidades puede que sean fuertes como identidades, pero no son racionales. No lo es, desde luego, emocionarse por los símbolos o los accidentes geográficos o el lugar de nacimiento. Tampoco por los logros contemporáneos de nuestros compatriotas —por el hecho de que lo sean— ni por lo que hicieron nuestros antepasados cercanos, por sangre o por naturalización o imposición (eso es la historia de un país). Menos aún por el hecho circunstancial de compartir un idioma, unas expresiones y la cultura asociada a ese idioma. De la etnia ni hablo, siendo como es no solo el más irracional de los aspectos citados, sino el más falso. Todo lo anterior existe como motor y habrá quien lo utilice. Pero existe a nuestro pesar y avanzar en la buena dirección implica convencernos de que se trata —una vez alcanzado este estadio civilizatorio— de algo que hemos de moderar y controlar, como nuestro instinto de apropiarnos violentamente de los demás y de lo ajeno. El problema de empeñarnos en, supuestamente, utilizarlo para el bien —los «simples» no son capaces de conocer la potencia y los engaños de los instintos de la tribu y los «ilustrados» han de dirigirlos para que no abusen de ellos los populistas— es que esto, usarlo para el bien, es imposible, porque es casi una forma de despotismo ilustrado y el adjetivo no es capaz de ocultar el sustantivo. Véase que desde el momento en que somos conscientes de su naturaleza deletérea, asumimos que lo bueno es no someternos a ella, y si transitamos por el mal camino lo hacemos prometiendo empezar una dieta en año nuevo.

Por eso, una identidad blanda y expresada en términos negativos —no me refiero a que ser español se defina como algo malo, sino a que ser español no tenga un contenido determinado, que se trate de una definición administrativo, por exclusión de los que no lo son— es mucho mejor. Puede que sea aparentemente más débil, pero esto también es ilusorio. Voy a intentar explicarme.

Puede que los machos alfa tengan más autoestima por ser machos alfa, pero esa condición no es subjetiva. Tiene que ver con hechos. Con la realidad. El gorila dorsicano antes de formar su harén tiene que ser capaz de repartir buenas hostias. En el caso de las sociedades humanas, la cohesión tribal fue un elemento esencial para imponerse a los otros grupos, pero, llegados a un determinado punto, las hostias empezaron a depender más de estructuras estables capaces de procurar una determinada logística. Si examinamos la evolución a largo plazo de las sociedades humanas, aquellas que más han recorrido el camino triple de la complejidad institucional real, el reparto democrático de poder y el respeto a la libertad individual —todos están interrelacionados— han terminado imponiéndose militar, económica y culturalmente. Sobre todo, me interesa el último aspecto. El nacionalismo es una forma aún infantil de cultura. Es cierto que esta etapa ha sido hegemónica hasta hace un cuarto de hora —el mundo ha estado parcelado; incluso los imperios o eran familiares y tendían disolverse porque eran una etapa más tosca que la nacionalista, o eran nacionalistas y tendían a disolverse también porque eran inspiración de una respuesta nacionalista en las zonas dominadas o colonizadas—. Pero también es cierto que el éxito derivado de la complejidad llevaba en su interior la semilla del antinacionalismo: las sociedades más poderosas no solo obtenían los excedentes para el desarrollo cultural, sino que su poder, derivado de ese incremento de la complejidad institucional y la libertad, avalaba y fomentaba la aparición de los discursos que terminarían disolviendo los propios mitos nacionales. Mitos que se han intentado defender hablando de traición o de quintacolumnismo. Paradójicamente, los síntomas de debilidad pueden ser, en realidad, una prueba de fortaleza.

Naturalmente, ese discurso racional, nacido y hecho adulto en las sociedades más poderosas, no es incompatible con la asunción  de los logros de la sociedad concreta en que surge. Un español puede manifestar que nuestro sistema de trasplantes es excelente porque ahí están los datos. Son los datos y no la «españolidad» lo que los hace mejores por comparación. Lo que importa no es la etnia —esa cosa que no existe— o el idioma o la historia o los lazos de parentesco. Importan los datos y la estructura que los hace posibles. La ventaja de una sociedad compleja y adulta es que puede apropiarse de todos los productos culturales de la humanidad, examinarlos y etiquetarlos. Y puede adoptar soluciones basadas en hechos y resultados, con independencia de a quién se le hayan ocurrido y sin pagar derechos de autor. La propia crítica a la apropiación cultural —una de las más enormes gilipolleces de los tiempos que corren— es una creación cultural de la que se están apropiando muchos para justificarse, lograr minutos de gloria y tribalizarse. Como es una mala idea, pasará de moda y terminará en el baúl de los objetos exóticos para deleite de los expertos del futuro (que de algo hay que vivir).

De hecho, los secesionistas se han esforzado por desarrollar una identidad fuerte —con la ayuda, por cierto, de cierta intelectualidad miope que tanto relacionaba España con el nacionalismo español que terminaron creyendo que los otros nacionalistas eran, por oposición, nacionalistas admisibles—, pero al final, como tantos otros, la inercia histórica y el peso de la realidad los ha llevado al estúpido juego de azar. Una vez que se acabaron los discursos y había que pasar a la acción tenían menos divisiones que el Papa. Y la débil identidad española se ha impuesto, no por el peso de nuestra historia o por la aparición de una soterrada identidad nacional que impulsa a muchos a rebelarse, en particular, en la propia Cataluña. Tampoco por imposición del nacionalismo español. Se ha impuesto por el peso de la complejidad institucional que a su vez es parte de otra mucho mayor, fundada en principios solidísimos que se relacionan con el poder y su reparto estable, y la ley como brida de los incendiarios. Hoy algunos se escandalizan por el reconocimiento de Ponsati: jugábamos al póquer de farol, ha dicho. Como si no lo supiéramos. Como si no fuera evidente que la tarea de romper el entramado de relaciones institucionales era directamente imposible para ese grupo de, en su imaginario, irreductibles galos, y, en la realidad, críos rollizos engañados precisamente por el discurso (falso, como todos) de la emoción, la historia y los lazos etnolingüísticos. Conocimiento este, por cierto, que justificaba el uso de la ley mucho antes.

Los accidentes históricos existen, sí. Pero solo producen efectos duraderos los que se dan en la dirección de la historia. Solo aquellos que hacen más fuertes las buenas instituciones perduran. Los otros, como mucho, hacen daño.

Debemos esforzarnos en minimizar los efectos de esos episodios dañinos. Y derrotar a los que se empeñan en producirlos. No lo lograremos yendo hacia atrás. Tampoco yendo contra la realidad. El camino inteligente es más aburrido, más lento y más frustrante para muchos, ya lo sé, pero la ilusión es mejor dejarla para los partidos del siglo que se producen cada seis meses. 

Al menos hasta que las máquinas tomen el control.