Hoy El Mundo no está acertado en su editorial. Comparar a Sánchez con Orbán o Maduro y acusarlo de rebajar la calidad democrática «hasta niveles desconocidos» no se compadece con los hechos, por más que este Gobierno publirreportaje tenga un problema muy serio de forma y sustancia: quiere ser, pero no es, y por eso no puede echar a andar.
Lo primero que se puede reprochar a Sánchez es su hipocresía. Venía a salvarnos de la corrupción y convocar elecciones, a regenerar España y sus instituciones y, en el segundo uno, se ha puesto a repartir cargos a toda hostia a amiguetes —como los «corruptos»—, se ha puesto a dictar decretosleyes como si no hubiera un mañana —sí, los «corruptos» también lo hacían—, ha hecho muchas fotos de inmigrantes provocando lágrimas de amor para poco después echarlos en veinticuatro horas —esto los «corruptos» lo hacían al revés: primero echaban a los inmigrantes y ahora se hacen fotos con ellos— y, en suma , parecen dispuestos a comerse los batracios que sean necesarios —en el asunto catalán, los sapos parecen elefantes— para aguantar un poco más en el poder, hasta que no quede más remedio que convocar elecciones porque sea lo mejor para España (sí, esto es irónico).
NOTA: los de antes (y el propio PSOE con mayoría parlamentaria es «uno de antes») usaban el decretoley mal por simple soberbia: los técnicos del ministerio de turno no iban a esperar a los lerdos del parlamento (ese sitio al que no iban necesariamente los más capaces) para aprobar esa medida tan molowny. Así que se inventaban una urgencia o una necesidad inexistente en términos constitucionales para hacer lo que les daba la gana, a veces incluso dejando para el reglamento de turno lo mollar (sí, con un par), que ya vendrían después los lacayos del parlamento a decir sí bwana. Los de hoy no usan el decretoley por soberbia, sino por necesidad urgente: eso sí, la necesidad urgente no es de los ciudadanos, sino de ellos, que necesitan urgentemente seguir gobernando. Por eso estos han llegado a modificar ni más ni menos que el Código Civil de esta forma, y parece que van a ponerse amarillos y colorados al mismo tiempo aprobando un decretoley groseramente inconstitucional en el tema óseo. Pero, seamos sinceros, unos y otros se mean y han meado en el régimen constitucional.
Todo lo anterior es así. Pero el control independiente por el Congreso y el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública —que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera— no se encuentra en la Constitución. Fue en última instancia el Congreso de los Diputados el que le dio carta blanca, ya que se fijó por ley orgánica. Para que quede claro, si el Senado se hubiera opuesto entonces a asumir esa competencia votando que no a esa ley, el Congreso podría haberlo aprobado de todas formas. Y podía haber aprobado otro sistema: por ejemplo, el más habitual, en el que el Congreso suele tener una última palabra en caso de discrepancia entre las cámaras. Naturalmente, lo de Adriana Lastra es de traca (minuto 4’10» en adelante): la soberanía nacional no reside en el Congreso, sino en el pueblo español, y el Congreso y el Senado representan al pueblo español.
NOTA 2: no sé si Lastra es una ignorante o una trilera. Pero, por favor, la urgencia de la que habla la Constitución no es la urgencia del diccionario. Ya está bien de soltar trolas y engañar a la gente. Lleva el Tribunal Constitucional décadas explicando qué es extraordinaria y urgente necesidad a efectos constitucionales, y esos requisitos no se cumplen ni de broma en el caso del Valle.
El Gobierno de Sánchez es un desastre, pero es constitucional. Sánchez no es un ocupa ni un presidente ilegítimo. Y la reforma de una ley orgánica por el trámite previsto en la Constitución para suprimir ese «veto» del Senado ni es inconstitucional ni supone una deriva autoritaria ni implica limitar los contrapoderes democráticos. Véase que el Congreso tiene la última palabra, por ejemplo, a la hora de reformar el Código penal, algo mucho más grave y con consecuencias mucho más peligrosas e intensas en la libertad ciudadana que el techo de gasto. ¿O es que España no es una democracia?
ACTUALIZACIÓN / NOTA 3: Leo el proyecto. Lo único que no me gusta de la exposición de motivos es el apartado I, que viene a decir que lo que hay incumple con los objetivos de la ley y del mandato constitucional. No, no es verdad. Lo que hay atribuye al Senado una capacidad legítima, creando no tanto un problema de bloqueo, como se afirma, sino una situación de mayor control por el legislativo en conjunto (algo que sucede, por ejemplo, con la reforma constitucional). Era, en suma, una opción. Ahora se pretende aprobar otra opción, igualmente legítima y quizás más natural en nuestro sistema constitucional. Pero, dicho esto, el resto es perfectamente razonable. No hay, en ese proyecto, nada inconstitucional ni con olor a deriva autoritaria. Así que me reafirmo en todo lo anterior.
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Otra pequeña cosa. Valoro mucho la honestidad intelectual. Llevo unos días leyendo ciertos «argumentos» a algunas personas comprometidas con o simpatizantes del Gobierno Sánchez que dan auténtica lástima. Como valoro su inteligencia y preparación, solo me queda pensar que esos vómitos indignos solo pueden obedecer a la defensa de la causa. El reflejo de la honestidad intelectual —el respeto por tu razón— se pierde con enorme facilidad y luego es muy difícil recuperarlo. Cuando ya no se presume —por alguien leal, no por los sectarios, que siempre te van a tratar a hostias— has perdido algo muy valioso, la condición de interlocutor. Yo lo digo, por si a alguien le resulta de utilidad.
Las cuatro esquinas del mundo 