Casado y el Tribunal Supremo

 

La exposición razonada de la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid solicitaba al Tribunal Supremo que se hiciera cargo de una de las piezas separadas de las diligencias previas abiertas en dicho juzgado —como consecuencia del caso del máster de Cristina Cifuentes y el descubrimiento del «chiringuito» del catedrático Enrique Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos—.

La magistrada sostenía que su instrucción ya no podía continuar al afectar a una persona aforada, el diputado del PP, Pablo Casado, y, al ser los hechos inescindibles, el Supremo se tendría que hacer cargo de la instrucción relativa a dicho diputado y a los demás investigados.

Esto suponía practicar una serie de diligencias —declaración de Casado, requerimiento para la entrega de un ordenador portátil que decía conservar en el que aún permanecerían los archivos de los trabajos del máster y, en general, de cualquier documento que acreditase que efectivamente realizó algún tipo de trabajo académico—, de forma que, una vez realizadas, se decidiese si procedía la transformación en procedimiento abreviado contra todos o algunos de los investigados o el sobreseimiento.

Para ello, naturalmente, resultaba imprescindible que Casado fuese investigado.

El Tribunal Supremo ha dicho que no. Veamos los argumentos y, de paso, les voy dando mi opinión.

1.- A Casado se le abriría investigación como se ha hecho con otras cuatro personas del grupo de los «privilegiados».

Para entender esto hay que tener en cuenta que el Master Oficial en Derecho Autonómico y Local que se impartía en el Instituto dirigido por Álvarez Conde, en principio constaba de 60 créditos de un total de 22 asignaturas. El máster era presencial en su planteamiento original, pero además lo fue efectivamente para los alumnos «normales», que estuvieron seis meses asistiendo cuatro horas diarias de lunes a jueves (y esa asistencia se tenía en cuenta a la hora de evaluar las asignaturas). Para evaluar se establecía también una puntuación basada en exámenes escritos y resolución de casos prácticos. Los alumnos «normales» han presentado una documentación abrumadora —según palabras de la magistrada— que incluye diferentes versiones de los trabajos que se iban realizando con las correcciones y observaciones de los profesores (todo por correo electrónico).

A lo anterior hay que añadir que los alumnos «normales» tuvieron que asistir a todas las asignaturas. Es decir, que no se beneficiaron de ninguna convalidación, cuando, de hecho, podrían haber convalidado, en la mayoría de los casos, 40 créditos, ya que eran licenciados. Esto les supuso, como es lógico, pagar el máster íntegramente.

Los alumnos «privilegiados» se caracterizan por:

a) Haber convalidado (en un proceso legal y, en el caso de Casado, por ejemplo, más justificado, ya que era licenciado en derecho, 40 créditos, es decir 2/3 del máster). Esto les suponía solo cursar 4 de las 22 asignaturas (una de ellas tiene 12 créditos). Para que la convalidación tuviese lugar era preciso que se solicitase y se aportase una serie de documentos.

b) No haber asistido a clase.

c) No haber aportado ningún trabajo de ningún tipo. De hecho no han sido capaces de aportar ni un mísero correo electrónico. En uno de los casos, incluso se reconoce abiertamente que desde el primer día se le dijo por Álvarez Conde que no tenía que hacer nada de nada para aprobar esas cuatro asignaturas. Los otros dos investigados que han declarado no conservan nada y entregaban los trabajos en mano, pese a vivir, una de ellas, en Valencia.

d) Haber tenido supuestamente conocimiento oficial de la convalidación de esos 40 créditos solo 15 días antes de que fueran calificados en las restantes asignaturas —salvo una—, lo que solo les dejaba un margen muy pequeño para realizar trabajo académico alguno.

e) Coincidir precisamente (tras la convalidación) en asignaturas impartidas por los profesores investigados (en un patrón que, además, se repite en cursos posteriores).

f) Haber obtenido sobresaliente en las cuatro asignaturas.

g) Pese a existir un plazo de mes y medio para solicitar la convalidación de las asignaturas, tres de las cuatro solicitudes se efectúan el mismo día (de hecho se redactan por una misma persona, una de las investigadas); la de Pablo Casado se presenta cinco días después (la magistrada, en la pág. 23 de la Exposición razonada dice que son simultáneas, cuando no lo son); la última se presenta después de la propuesta de reconocimiento, lo que es obviamente imposible y da a entender la existencia de algún tipo de manipulación.

h) No haber sido convocados a la defensa de un trabajo de fin de máster al que sí son convocados los demás alumnos, aunque al final materialmente no tuviera lugar.

i) Todos ellos presentan características especiales: son alumnos importantes (por el trabajo que realizan para Álvarez Conde) o personas de peso en algún partido político o administración.

Como puede observarse, la calificación de este grupo como alumnos «privilegiados» está más que justificada.

2.- Los delitos que se imputan son cohecho pasivo impropio y prevaricación administrativa.

A) El cohecho consiste en la aceptación por una autoridad o funcionario de un regalo que se efectúa en consideración precisamente al hecho de que esa autoridad o funcionario lo sea (es decir, no es necesario que el regalo se efectúe para obtener «algo en concreto»).

La magistrada dice que el máster es un regalo que se efectúa a Casado porque es diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP (partido gobernante de la CAM en aquel momento).

Este delito está prescrito desde hace ya muchos años, sin duda, por lo que carecería de sentido abrir causa por él, salvo que exista concurso con otro delito que tenga un plazo de prescripción mayor (por tanto, sin prevaricación no hay causa). El Tribunal Supremo ha añadido, en su resolución, que la exposición no razona la relación entre las funciones de un diputado autonómico y el regalo. Coincido. El cargo de Casado en el PP no lo convierte en autoridad o funcionario (he leído algunas derivaciones sobre relaciones de Casado con la Consejería de Justicia, pero están tan llenas de saltos que son indefendibles: de hecho, es posible que el favor se hiciera en consideración a la condición de funcionario o autoridad de un tercero, lo que plantea problemas indudables a la hora de defender la comisión del delito).

También, como es obvio, que el delito esté prescrito implica que no se puede perseguir, no que los hechos sean falsos.

B) La prevaricación resulta de la resolución administrativa que otorga un título oficial a quien no ha cumplido los requisitos para obtenerla.

La prevaricación la comete el funcionario, pero aquel que no reúne la condición de funcionario (extraneus) debe responder también cuando sea inductor o cooperador necesario.

No hay en la causa ni sospechas ni indicios de que los investigados sean inductores (de hecho, lo sensato es entender que la «idea» nace en el ámbito universitario, lugar en el que se crea el chiringuito que se investiga).

Sin embargo, la magistrada sí cree que los investigados (entre ellos, Casado) son cooperadores necesarios y expone sus razones.

Para que se entienda, la cooperación necesaria exige —de manera simplificada a los efectos de lo que aquí se discute— que el cooperador realice actos sin los que el delito no podría haberse ejecutado, pero que, además, esos actos no sean neutros, cotidianos, normales o propios de otro en su misma situación, sino que revelen una finalidad delictiva o un encaje con el plan delictivo del autor aumentando el riesgo de que el bien jurídico protegido se vea dañado. Lógicamente, la cooperación exige además que haya un concierto de voluntades criminales entre el autor y el cooperador y que en el cooperador concurra un doble dolo: tiene que conocer el plan criminal y tiene que saber que con los actos que aporta favorece ese plan criminal.

El Tribunal Supremo discrepa de la magistrada por las siguientes razones:

1.- Matricularse, pagar las tasas, aportar la documentación para la convalidación y solicitarla son actos neutros. De hecho, algunos de ellos los hacen otros alumnos del máster. Y, en el caso de la convalidación, la propia magistrada concluye que el proceso fue legal (aunque resulte sorprendente la manga ancha de la universidad).

Y, se nos dice, además de neutros no demuestran el acuerdo de voluntades.

Efectivamente, esto es así. Incluso en el caso más llamativo: la solicitud de convalidación. Por eso, el Tribunal Supremo, en una expresión que comprendo que sorprenda, afirma que puede haber trato de favor sin que haya delito. Imaginemos que solo a los «privilegiados» se les sopla que pueden fumarse 2/3 del máster y pagar menos. Es el caso del que conoce una regulación muy específica o los entresijos de una administración. No puede ser delito solicitar algo legal. Incluso hacerlo el mismo día o usando el mismo formulario. Incluso hacerlo a instancias de quién ha de hacer la propuesta.

Dicho esto, luego añadiré por qué sí pueden ser hechos relevantes.

2.- Solicitar el título, recogerlo y usarlo, no puede ser un acto de cooperación porque son actos posteriores al delito. Es una obviedad y, por eso, extraña que la magistrada incluyera esta referencia.

3.- No asistir a clase, nos dice el Tribunal Supremo, ni acreditar que se hayan hechos los restantes trabajos que permiten la calificación es algo imputable al que valora la asignatura, aunque el alumno se beneficie, por lo que no demuestra el acuerdo de voluntades.

En principio, podría ser así. Imaginemos que los alumnos se matriculan en un máster, que piden una convalidación (porque les soplan que existe) y que luego deciden no asistir, ni entregar un solo trabajo. Y que más tarde reciben un título porque el profesor, que ya les ha favorecido con ese soplo inicial que facilitaba enormemente la obtención del título, aunque ve que ni asisten, decide añadir a los favores previos la concesión del máster.

4.- El TS no valora la declaración inculpatoria de una investigada, que «canta». No me parece mal. Esa investigada es especial por partida doble, ya que trabajaba codo con codo con el principal investigado, y fue despedida por pedir una baja maternal. Sorprendentemente, la magistrada excluye un móvil espurio simplemente por el hecho de que no afirme nada sobre el resto de investigados.

Ahora es cuando llegamos, en mi opinión, al aspecto más discutible del auto del Tribunal Supremo.

A ver si logro explicarme. La exposición de la magistrada no pretende una condena de Casado. Pretende que se investigue al actual presidente del PP. Es cierto que no es admisible una investigación prospectiva basada en sospechas, sino que es precisa la existencia de indicios. Uno de los problemas cotidianos en todos los juzgados de instrucción es precisamente deslindar la sospecha del indicio, y hay casos límite en los que esto resulta muy difícil.

Es una estrategia habitual de los abogados defensores lo que hace el Tribunal Supremo: analizamos los supuestos indicios de uno en uno, como si se produjeran aisladamente, para minimizarlos y buscar una interpretación exculpatoria. Cogemos a), b), c) y d) y le damos una interpretación correlativa a’), b’), c’) y d’) que sea admisible y decimos: si hay una interpretación posible de los hechos que excluya el delito tiene usted que sobreseer, señor juez.  La trampa es esa: discutir el análisis uno a uno y no atender al conjunto. Veamos el conjunto.

Para que los hechos que conocemos nos impidan hablar de, al menos, indicios para abrir causa contra Pablo Casado por prevaricación, es preciso que se dé la circunstancia de que, a la vez:

1.- Varias personas «especiales», tras apuntarse a un máster presencial con 60 créditos y pagarlo, pidan el mismo día (o en el lapso de una semana) una convalidación ventajosa de 2/3 de un máster, lo que facilita mucho la obtención del título, mientras que otras muchas no se enteren, a pesar de reunir las mismas condiciones que aquellas.

2.- Todas esas convalidaciones dependan  del director del máster.

3.- Todas esas personas, tras las convalidaciones «caigan» precisamente en asignaturas impartidas por el director del máster (o por una discípula).

4.- Todos esas personas decidan simultáneamente no hacer trabajos ni asistir a las cuatro clases, a diferencia del resto de alumnos. Lo de que han realizado trabajos que se entregaban en mano es simplemente increíble. Y se desmonta precisamente por el hecho de que el resto de alumnos sí presentan trabajos, correos, comunicaciones, etc.

5.- Ninguna de esas personas sea citada a la defensa del trabajo de fin de máster, se efectuase o no.

Si sumamos todo lo anterior es indiscutible que existen muy sólidos indicios de que el director del máster (que controlaba las convalidaciones e impartía algunas de las asignaturas) ofreció a alumnos «especiales» obtener un título que se facilitaba por una convalidación masiva y el hecho de que él mismo (o su discípula) terminarían poniendo la nota de las cuatro únicas asignaturas que se supone tenían que cursar. Otra explicación es inverosímil.

La matriculación, entrega de expediente y convalidación masiva y facilitada (está acreditado en tres casos que se presenta el mismo día y que se rellena el formulario por la misma persona) son indicios de relación cercana con el director de la tesis. La inasistencia a clase y ausencia de trabajos académicos de los que se benefician los alumnos abundan en la misma dirección. De hecho, el resto de los alumnos sí asisten a clase y sí entregan sus trabajos.

Es decir, hay indicios de que Casado y los restantes investigados se concertaron con el director del máster para matricularse y pagar y, sin asistir a clase, recibir su título.

Quizás piensen ustedes que esto implica que el Tribunal Supremo se haya equivocado. Hay una manera de defender que no. Veamos:

1.- No se puede deducir la existencia de cohecho, como he dicho, porque no se explica de manera mínima la relación del regalo con la condición de diputado autonómico.

2.- A diferencia de lo que afirma el Tribunal Supremo, existen indicios de concierto entre Casado y los demás alumnos «especiales» y el director del máster. Sin embargo, se puede sostener que para que haya cooperación necesaria es preciso que, además del concierto, los actos que se aportan no sean neutros y, precisamente, todos los actos sin los que el título no podía regalarse que aportan Casado y los restantes investigados lo son. Las que no son neutras en absoluto son precisamente las omisiones. Las omisiones (la inasistencia a clase, la inexistencia de trabajo académico) son indicios de concierto, pero no aportan nada a la prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa existe porque los alumnos no van a clase ni entregan trabajo alguno (es obvio que, de haberlo hecho, no habría existido), pero eso tiene que ver con el hecho de que la conducta completa sea penalmente relevante, no con la aportación de algo sin lo que no existiría el delito. Dicho de otra forma: solo la matriculación, el pago de las tasas, la aportación de documentos y la solicitud de convalidación son actos sin los que es imposible obtener el máster, pero en sí no pueden ser actos de cooperación, porque esos mismos actos, de haber asistido luego a clase y entregado los trabajos, nunca serían delictivos.

Yo, sin embargo, sostengo que actos neutrales que se realizan para facilitar un plan criminal con conocimiento de ese plan criminal y conocimiento de que esos actos son precisos para que el plan criminal tenga éxito, pasan a ser penalmente relevantes en la medida en que aumentan el riesgo de que el bien jurídicamente protegido se vea afectado. Las omisiones, efectivamente, no añaden nada a la prevaricación —no asistir a clase ni entregar trabajos no son requisitos para el acto administrativo—, pero los actos neutrales dejan de serlo cuando se hacen con conocimiento de que esas omisiones van a tener lugar y, pese a ellos, se dictará la resolución administrativa groseramente ilegal. En cierto sentido, se puede decir que matricularse «para no ir»,  pagar «para no ir»,  pedir convalidaciones «para no ir», ya no son actos neutrales, si sabes que sin ir vas a obtener el título que exige que vayas.

En resumen: discrepo del auto. Casado debió ser, al menos, investigado. Hay indicios suficientes para ello.

 

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Advertencia: esto es banal, mejor no lo lean

 

Esto de la comprensión de lo que uno escribe y de lo que uno lee es también responsabilidad de uno, claro.

Si yo escribo algo —por ejemplo, esto— mi parte del contrato me obliga a intentar explicar qué quiero decir, evitando ambigüedades (salvo que pretenda algún efecto literario, Dios me guarde). Puede que lo que quiera decir no merezca la pena, por supuesto, pero esto no importa a estos efectos. Puede también que crea que lo que pienso está bien definido y no lo esté. Puede que sea torpe y sea incapaz de exponer con claridad eso que en mi mente es cristalino. Finalmente, puede que no me atreva a escribir lo que pienso realmente y decida dejar abiertas puertas que pueda cerrar indignado si alguien se molesta.

Si yo leo algo  —por ejemplo, esto— mi parte del contrato me obliga a leer lo que el autor escribe. A veces leemos mal por simple ineptitud. A veces decidimos leer más de lo que el autor dice, porque creemos tener la habilidad de deducir de lo escrito más de lo que se pone, aunque en realidad estamos volcando nuestros prejuicios. A veces, simplemente, decidimos leer mal, obviando lo que nos estropea esa mala lectura y añadiendo lo que la favorece.

Con los deshonestos hay que desechar la discusión honesta. Como mucho, si uno tiene ganas y capacidad, puedes intentar embrearlo y llenarlo de plumas.

En el resto de los casos, uno hace lo que puede.

Así —por ejemplo, aquí— el autor quizás dio por sentado que las coñas en su cabeza serían obvias —por ejemplo, esta entre unas cuantas: «Bien, espero que con mi redacción alternativa ya se entienda mejor»— cuando, q.e.d., no lo son.

En cuanto a las malas interpretaciones de los lectores, qué puedo decir: yo, que soy un tipo inteligentísimo y habilidosísimo lector, aunque a veces algo descuidado, he llegado a criticar a alguien por una afirmación inexistente y luego recular avergonzado, después de que me hayan sujetado la cabeza como a un escolar embrutecido, y me hayan obligado a leer de nuevo, una y otra vez.

Así me gustaría hacer a veces con mis inteligentísimos lectores, pero sería incivil.

 

Soez y grosero

 

Hagamos una prueba. Veamos una posible redacción del párrafo de esta entrada de Arcadi Espada en su blog, para intentar reflexionar sobre la reacción que ha provocado en la propia redacción de El Mundo (y, en más sitios, por lo visto). Imaginemos que hubiera escrito esto (mis cambios van en cursiva):

En estas circunstancias parlamentarias Iglesias se beneficia de actuar después de que lo haga el diputado Rufián, un hombre habituado a cometer, de forma infantil, actos inciviles en sus intervenciones en el Congreso. Las mentiras son las mismas, pero a Iglesias no le cuesta demasiado aparecer en escena como el ponderado jefe de la banda. Aznar se equivocó con Rufián. Considerando su comportamiento Rufián no debería extrañarse de que alguien le contestase en un tono desabrido y con palabras similares a las que él utiliza, no descriptivas de hechos o atributos reales, sino meros improperios soeces, quizás incluso sobre sus inclinaciones sexuales o sobre actividades poco dignas, tal y como habitúan utilizar las personas en ambientes tabernarios para referirse incluso a aquellos a los que no conocen de nada. Y hacerlo incluso delicadamente sonriéndose en su cara, imitando su forma de comportarse. Pero si se opta por la no significación entonces hay que negarse a responder a un hombre habituado a cometer, de forma infantil, actos inciviles en sus intervenciones en el Congreso hasta que aprenda a rectificar tan inadmisible comportamiento en público. Porque de no optar por una de las dos soluciones, la prensa socialdemócrata titulará como si fuera verdad y en delirante equiparación de sujetos: «Tensión entre Rufián y Aznar».

Doy por supuesto que este texto alternativo no habría recibido censura alguna en los términos que constan en esa ya famosa carta.

Lo que me parece importante destacar es que, entre el texto de Espada y el mío, no hay ninguna diferencia en cuanto a su contenido. Usamos palabras diferentes, pero decimos lo mismo.

Las únicas diferencias son estilísticas. Él es más directo, utiliza palabras que a muchas personas les parecen malsonantes y explica en qué podría consistir ese exabrupto. Ahora bien, ese exabrupto es un justo ejemplo de lo que describo. Insisto: el mensaje es el mismo. Si el mío vale —como opinión, no me refiero a la crítica en sí—, el suyo también.

Dicho esto: ¿por qué la queja? Se me ocurren varias razones: una, que se entienda mal el texto. Bien, espero que con mi redacción alternativa ya se entienda mejor. Otra, que moleste lo que Espada piensa y opina, hasta el punto de tergiversar sus palabras; sospecho que esto puede ocurrir con colegas de profesión. Espada es especialmente señero en mostrar la parte de atrás del periodismo, sus mendacidades sensibleras, sus usos tramposos y la lista de la compra: esos artilugios que utilizan a diario para vender relatos que no tienen que ver con hechos, sino con ficciones. Esto me interesa especialmente: con la colaboración de Espada —me refiero a su oscuridad, ambigüedad y también a la poca grasa, muy habituales en él— muchos hacen con los textos de Espada eso que Espada tanto critica. Manipulan sus palabras, le hacen decir lo que no dice, escriben un titular y lo echan a los perros. Pasó con aquello de la eugenesia, pasó con lo de la víctima de la manada y pasa ahora de nuevo. Cuando lees con cuidado lo que dice Espada, resulta que suele decir una cosa diferente del resumen que circula a toda hostia por la red.

Así que, tenemos a Espada, un tipo arrogante de cojones, alguien que tiene una opinión sobre sí mismo la hostia de elevada, que ha decidido no dar facilidades. A la vez, escribe en periódicos y sale en la tele. Los que quieran manipular lo que escribe y dice lo tienen facilísimo. Incluso al dar explicaciones lo hará de tal forma que se cagará en los muertos de los tipos que él percibe como santurrones hipócritas. Lo hace hoy mismo, con esa coña sobre el tuteo falangista (brillante, por cierto). ¿Es inteligente su actitud? Pues ni puta idea. Depende de lo que pretenda hacer con su vida. Si quiere ser entendido e influir en más gente, imagino que no. Aunque, por otra parte, hemos llegado a un punto en el que para no ser tildado de fascista tienes que callarte tres cuartas partes de lo que piensas y tragar con tanta cantidad de mierda, que no sé si merece la pena ponerse ni un poco didáctico.

Antes de terminar, un par de cosas. He dicho que Espada es oscuro y ambiguo. Y he dicho que es uno de los columnistas más interesantes de las últimas décadas. En concreto, hay una materia en la que es Dios: el periodismo y sus costuras. Pero como también es oscuro y ambiguo cuando escribe de ciertas asuntos en los que es un aficionado, y en los que dice bastantes paridas, con esa oscuridad encubre sus carencias. No voy a juzgar la causa y el efecto (puesto que es oscuro casi siempre, la presunción de inocencia la tiene de su parte). Y total, qué más da, hacemos un saldo, y sale a pagar. Mucho. A pagarle a él. Y lo gracioso es que le pidan cuentas algunos del gremio. Con lo importante que es el periodismo, hay que ver la de muertos que tienen en los armarios. Y hay que ver qué afición a ponerse dignos justo con la gilipollez más manifiesta y dejar pasar la oportunidad minuto a minuto  de opinar sobre esos cadáveres tan olorosos.

La segunda cosa: sí hay algo que hace Espada que me desagrada —porque no me parece admisible— y que parece tener que ver con este caso. Pero digo parece para que quede claro que no: insisto en que el párrafo de Espada es como el mío, solo que el suyo es mucho más vívido y divertido. La cuestión es que a veces se empeña en demostrar sus tesis a hostias. Pero, para hacerlo, cae en la ficción y se convierte en lo que denuncia. Y eso no sale gratis. Ya pasó con aquel desagradable asunto de Cercas y la noticia falsa de su detención en un puticlub. Escribí sobre ello aquí y aquí y aquí.

Por cierto, no sé cómo calificar que en la carta de la asociación de ciudadanos por la moral y las buenas costumbres comparen la deyección escrita por Sánchez-Dragó con lo de Espada.

Ni una dan.

 

¡Aglutinar suena bien!

 

A menudo, cuando me preguntan por el monotema secesionista y «mi solución» alternativa a ese referéndum solo en Cataluña sobre la secesión, suelo negarme a entrar en ese terreno por una razón fácil de entender: entrar en la discusión equivale a admitir que existe un paralelismo entre estar fuera y dentro de la ley. Siempre contesto: cuando plantees un proceso de reforma constitucional que sea, valga la repetición, constitucional, con un texto concreto que pueda discutirse, explicaré por qué me parece un disparate admitir una reforma así (una reforma que abriera el paso a situaciones de soberanía troceada en la que una parte pudiera decidir sobre el futuro del todo). Salvo que sufra una iluminación repentina, un satori. Mientras tanto me mantengo en lo mío: la ley está para cumplirla.

Pero, que el señor Sevilla haya escrito este tuit …

… en el que plantea la cuestión de un nuevo Estatuto catalán que aglutine a «una gran mayoría de catalanes» como medio para resolver el problema frente a un 155 eterno, me permite explicar algunas cosas:

1.- El señor Sevilla, supongo que pensando que su tuit es un enorme éxito de sintetización del meollo, plantea una supuesta alternativa, pero no tengo yo muy claro que se haya dado cuenta de sus términos reales.

Si la alternativa es un proyecto que no existe o que se cumpla le ley, señor Sevilla, ¿qué hay de malo en que haya gente que quiera que se cumpla la ley? Por si no se ha dado cuenta, el artículo 155 es un artículo de una ley en vigor. Como están en vigor la propia Constitución y el propio Estatuto de Autonomía. ¿Tiene el señor Sevilla alguna objeción en que se cumpla el ordenamiento jurídico como opción sensata?

2.- Además, la alternativa es una cáscara vacía. Solo sabemos el nombre de la cáscara: «nuevo» Estatuto. No conocemos el texto que se propone. Y, además, la maravillosa idea se parece un huevo a otra que vimos hace doce años: ¡la solución era aprobar un Estatuto que llegaría al Congreso y en el que no se tocaría una coma! Luego se tocaron comas, se votó, con éxito desigual de crítica y público —yo diría que ni se cubrieron gastos— y se volvió a tocar por el Tribunal Constitucional que, pásmense, hizo el trabajo que le correspondía. En su momento estudié el Estatuto y me pareció un truño, pero como soy tipo de orden lo incluí entre las normas en vigor porque ¡lo estaba! Es lo que tienen la democracia y el proceso legislativo.

Así que sabemos qué dice la Constitución, qué dice el Estatuto, qué dice la Ley de Montes, y el Reglamento de Espectáculos Públicos, pero no sabemos qué dice el «nuevo» Estatuto, pero, como es nuevo ¡es la solución! Me recuerda a esto:

¿Qué nos tiene que atraer de ese «nuevo Estatuto aglutinante»? Pues que tiene un nombre cojonudo. ¡Suena muy bien! No entremos en detalles, es demasiado aburrido. Ya sabemos que no hay nada que pague la sabiduría madura del señor Sevilla.

3.- Por otra parte, el «nuevo Estatuto aglutinante» tiene que aglutinar solo a los catalanes, nos dice el señor Sevilla. Por lo visto, a pesar de que todo el coñazoproceso se refiere a la cuestión de la soberanía, para el señor Sevilla sobre la alternativa ilusionante da igual lo que piensen el resto de los españoles.

Veamos esto: hay catalanes que quieren la secesión. Hay otros que no, que quieren que todo siga igual. Pero también hay catalanes que quieren cambiar lo que hay e incluso devolver competencias al Estado para asegurar que no se adoctrine, se incumpla la ley, etc. No es que yo afirme nada de esto: lo afirman esos catalanes.

Pero estas mismas posiciones existen entre los españoles no catalanes. La cuestión es que el asunto que se plantea nos afecta a todos, con un matiz, al que luego me referiré. Para que la secesión sea posible, hace falta que los españoles estemos de acuerdo. Para que se modifique el diseño del Estado para hacerlo más descentralizado o más federal —lo digo con una mueca, por eso de ser abierto: sigo sin saber qué se propone—, o para hacerlo más centralizado, también hace falta que los españoles estemos de acuerdo (entiéndase: que se obtengan las mayorías constitucionales).

Sin embargo, lo paradójico es que para que siga igual, no hace falta nada. Las normas en vigor siguen en vigor mientras no haya mayorías para cambiarlas. Ese es el matiz. La posición intermedia, la que al señor Sevilla le parece tan mal, es la única que no precisa de mayoría alguna. Yo no voy a un juzgado con un millón de firmas para que se cumpla el Código Penal. Voy con el puto Código Penal. ¿Por qué lo que vale para el Código Penal no vale para la Constitución? 

Vean la falacia del señor Sevilla: para él, las alternativas son cambiar hacia A o permanecer igual. Sin embargo, las alternativas son muchas más: cambiar hacia A, cambiar hacia B o hacia C —sigan— y justo la que no exige requisito alguno, permanecer igual. Además, la solución que estigmatiza: permanecer igual, ya aglutina a un montón de españoles, puesto que reproduce el ordenamiento en vigor. Sí, a lo mejor es como la vieja hipoteca, tan poco atractiva frente al «nuevo Estatuto aglutinante», ese vehículo de inversión estructurada de alta gama, y por eso engaña a algún incauto, pero la vieja hipoteca sigue en vigor mientras no se cambie. Sin embargo, están por ver las ventas del «nuevo Estatuto aglutinante». De momento, parece que fracasa en taquilla.

4.- El tuit del señor Sevilla, además, afirma algo muy peligroso: por lo visto, la alternativa de que se cumpla la ley en vigor —el 155 eterno— es intrínsecamente mala. Cada vez que un grupo numeroso y organizado, pero minoritario, desea obtener algo, los demás hemos de, al menos, movernos en esa dirección. No ya que no podamos endurecer nuestra postura. Por lo visto, ni siquiera es legítimo decir no.

Me gustaría conocer la opinión del señor Sevilla si dos millones de españoles se organizasen para reestablecer la pena de muerte, hicieran manifestaciones, amenazaran con imponerla unilateralmente y colgasen del cuello un poquito a algún asesino múltiple. Y qué pensaría si algunos dijésemos que a esa panda de energúmenos, por muchos millones que fuesen, se les aplicase el Código penal. Y alguien dijera que no, que es un lío, que a ver cómo reaccionan, que son legión, que provocamos incidentes, y que en Huelva incluso son mayoría. Y que alguien afirmase que pena de muerte no, pero que la solución es un «nuevo Código penal aglutinante» que no incluya la pena de muerte, pero sí el encierro de por vida de los criminales en un agujero sin ventilación.

Naturalmente, la gasolina más valiosa que reciben movimientos así la obtienen de los que empiezan a contemplar sus métodos como legítimos y empiezan a admitir el chantaje como forma de negociación política. Digo chantaje, porque eso es lo que se hace cuando uno negocia coaccionando y amenazando al resto con saltarse la ley unilateralmente.

Es el viejo asunto del negocio de la protección.

5.- Termino: el señor Sevilla pregunta. Imagino que le da igual lo que yo, humilde ciudadano piense, pero le contesto: sí, frente al chantaje y al incumplimiento de la ley, lo que yo defiendo es justo eso, su cumplimiento eterno. También defiendo el cumplimiento eterno de la ley frente a los asesinos, los violadores, los ladrones y los corruptos.

Paradójicamente —y esta es su última falacia— las dos alternativas del tuit tampoco existen: si se aprueba un «nuevo Estatuto aglutinante» el 155 seguirá existiendo y quizás tenga que aplicarse. Su «solución» no es una solución, solo es un falso dilema expuesto para hacer creer que hay dos posiciones enfrentadas y un grupo de personas moderadas en el centro. Él entre ellas, por supuesto.

Ya ven, un «vehículo de alta gama» para el engaño masivo. Una vez más.