Chantaje es cualquier cosa que me permita seguir en el cargo

 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido hoy a dos preguntas de diputados del Congreso: una sobre la razón por la que la ministra está en posición de ser chantajeada, la segunda sobre la obligación de los ciudadanos de denunciar los delitos.

Las intervenciones de la ministra, fiscal de carrera, son deleznables.

En cuanto a la primera pregunta, su respuesta —tras indicar inicialmente que ella no se siente chantajeada por nadie— es ilógica, arbitraria, mendaz y victimista.

El chantaje consiste en una presión ilícita sobre alguien que se basa en la amenaza (normalmente la amenaza de una revelación que pueda ser perjudicial de alguna forma) y que se dirige a obtener algo del amenazado.

La víctima del chantaje es el amenazado, en primer lugar. Puede serlo también aquella persona que se vea afectada personalmente en caso de que la amenaza se cumpla: por ejemplo, al que amenazan con publicar algo que afecte a un miembro de su familia lo consideramos víctima —si no lo fuera, la amenaza sería vana—; tan víctima como dicha persona afectada por eso que se pretende publicar.

Apliquemos esto al discurso de la ministra. La ministra afirma:

«Lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado»

Si el comisario Villarejo pretende obtener beneficios ilícitos en sus procedimientos penales amenazando a personas relevantes que ocupan o han ocupado cargos de importancia, no está chantajeando al Estado. Está chantajeando a esas personas. De hecho, la publicación y revelación de informaciones ciertas y relevantes sobre esas personas susceptibles de ser chantajeadas no solo no es perniciosa para el Estado, sino que es beneficiosa.

La ministra confunde el Estado con personas que puedan estar administrando la cosa pública y aplica una lógica falsa e interesada. Por eso, el salto siguiente es inadmisible:

«[un chantaje] del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima»

Efectivamente, ella es víctima de una amenaza ejecutada, pero no se le piden responsabilidades por esa condición. Villarejo está enseñando munición para provocar el miedo en otros, en los que no aparecen. Las víctimas de esos otros chantajes nos son aún desconocidas, pero no son el Estado. De hecho, y en un sentido muy concreto —Napoleón decía que la amenaza es mucho más fuerte que su ejecución—, las revelaciones sobre la ministra ya no son un chantaje, puesto que la amenaza se ha llevado a efecto (salvo, claro está, que haya más munición contra la propia ministra).

El problema para la ministra, por tanto, ya no es Villarejo y su chantaje (más o menos estructurado) a terceros: el problema es que no puede ser ministra de Justicia del Gobierno de España una fiscal que ha mentido tantas veces como ha rectificado (salvo una, de momento) y que, en una reunión con un comisario charla amigablemente dando a entender que jueces del Tribunal Supremo, en un viaje al extranjero, usan menores como prostitutas y que se ríe de la confesión de una red de extorsión a terceros por «vía vaginal».

Por tanto, cuando la ministra dice …

«Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es admitir ese chantaje».

… dice bien, pero olvida que su dimisión no supone admitir chantaje alguno, sino aplicar un estándar ético mucho más bajo del que el propio presidente del Gobierno del que forma parte dice exigir (aunque ya sabemos que no se lo aplica a sí mismo).

La mendacidad de su discurso alcanza cotas heroicas cuando afirma:

«Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje».

Según esa lógica, si un chantajista amenaza a un asesino con descubrirlo, la única manera de evitar que el asesino se «revictimice» es que el Estado ignore el asesinato si este sale a la luz finalmente.

La lógica de la ministra se resume en: yo no respondo de mis actos cuando se utilizan ilícita e interesadamente por otros. Esa lógica simplemente blindaría al embustero, al corrupto y al criminal. Los convertiría en una especie de «delincuentes» protegidos como esos que pactan inmunidad a cambio de su testimonio.

No. No queremos ministros que crean que existe un pacto de inmunidad por el hecho de que haya gentuza que quiera usar contra ellos su pasado. La sociedad tiene derecho a analizar ese pasado y juzgar; y esto es independiente del juicio que merezca el chantajista.

También es posible que lo que suceda es que la ministra no entienda el significado de la palabra chantaje, ya que afirma:

«Chantajear es difamar»

«Chantajear es vertir [sic] mentiras»

«Es expandir grabaciones ilegales»

«Es expandir conversaciones manipuladas»

«Es hacer que la coherencia y los principios de una determinada persona pueda verse mancillada»

Es verdaderamente notable que la ministra ponga tantos ejemplos de lo que es supuestamente chantajear y ni uno solo de ellos, por sí solo, lo sea realmente. El clímax de esa serie mendaz, sin embargo, es este:

«Pero sabe también qué es chantajear: hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere, entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio, pero saben por qué tienen que entrar en ese lodazal político: porque no tienen oposición, porque no hicieron gobierno en su momento, porque no trabajaron por España, porque estaban preocupados por una corrupción sistémica, porque estaban en descomposición. Y ahora ustedes se encuentran enfrente un Gobierno socialista que está dando respuestas en cuatro meses solo de Gobierno a los españoles en todos los ámbitos de este Gobierno. Por tanto, señor Maroto lecciones las justas.»

Es muy divertido lo de la «lógica política» del chantajista. Por lo visto, todos los que creemos que la ministra debe responder de sus actos somos también chantajistas. Por entrar en un «lodazal político», esa metáfora liberadora que encubre la huida hacia delante de una funcionaria pública que tenía y tiene como fundamental misión el cumplimiento de la ley y la persecución de los delitos, y a la que descubrimos haciendo chanzas con un tipo que debía dedicarse a lo mismo, pero que reconoce montar prostíbulos para obtener información «sensible» con la que chantajear a terceros.

Y es muy divertido que su parapeto ya no sea el Estado, sino la plebeya por lastimosa invocación de España y de los intereses de los españoles, por fin en la manos correctas, las del Gobierno socialista. En suma, la patética excusa de todos los tiranos que en el mundo han sido.

Este lamentable comportamiento se ha agudizado después. Cuando se ha preguntado a la ministra si considera que todo ciudadano tiene el deber de denunciar un delito del que tenga conocimiento ha comenzado afirmando que podía dar una clase sobre el particular. Ya lo suponemos: es fiscal; pero más tarde, tras la intervención del diputado Bermúdez de Castro, ha respondido con la peor respuesta posible desde el punto de vista de un ciudadano: que los que ahora se lo reprochan no lo hicieron antes.

Más aún, esto es especialmente inadmisible en el caso de quien era fiscal cuando se graban esas conversaciones, de quien entonces no era ministro y de quien estaba especialmente obligado a no comportarse como lo hizo. Es de tal entidad ese deber, que el artículo 1 —sí, el primero— del Estatuto del Ministerio Fiscal afirma:

«El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.»

Recordemos.

Dimita ya, señora ministra. Tranquila: no queremos que el chantajista obtenga ningún beneficio de su chantaje, sino que pague —también— por él. Y por eso también, nadie que haya compadreado con el chantajista debe seguir en un puesto de tan enorme responsabilidad. Porque, aunque no lo parezca, es usted ministra de Justicia.