Contraindicaciones

 

Ayer —alabado sea el Señor— no leí prensa ni anduve por los mundos de internet, salvo para colgar un par de fotografías de un fantástico lugar que estuve visitando en muy buena compañía. Otro día, si eso, contaré algo más.

El caso es que un amigo me indicó que echase un vistazo al editorial de El País. Ya sabemos que se está ejecutando una estrategia de blanqueamiento del golpe de Estado secesionista. Es obvio en el PSOE y en el Gobierno. No lo es en Podemos, porque los de Podemos nunca han estado en el lado de la ley en este asunto. Podemos no engaña a nadie. Este editorial es, evidentemente, un engranaje más en la máquina de fijar un relato que tiene una doble finalidad: presionar a los fiscales y a los jueces, y, en su caso, legitimar un indulto.

Por eso es tan indecente todo.

«La prisión preventiva constituía un expediente judicial muy frecuente durante el franquismo.»

El comienzo es magistral. Franco aparece en la primera frase. Franco, voy a recordarlo, murió hace 43 años. La Constitución ha cumplido 40 años. ¿Tiene de verdad algún sentido mencionar el franquismo al hablar de prisión preventiva hoy y, en particular, cuando el asunto del editorial no es la prisión preventiva, sino la prisión preventiva de unos pocos? ¿Cuántos editoriales de El País en los últimos, no sé, veinticinco años, han tratado el asunto de la prisión preventiva en general en España?

He preguntado si tiene algún sentido mencionar a Franco. Naturalmente que lo tiene: desde la primera línea se crea la relación entre la prisión de Junqueras y cía y el franquismo. Ya saben, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Para que el lector vayas situándose en el lugar correcto.

«Su empleo ha descendido progresivamente desde la Transición y hoy apenas un 14% de la población reclusa española permanece entre rejas antes de que se dicte sentencia, aunque en los dos últimos años se ha producido un pequeño repunte. La tasa está por debajo de la media europea, en torno al 25%, lo que muestra el progreso liberal de nuestra judicatura.»

El País, en este párrafo, nos ofrece su tradicional cara moderada. Reparte primero caramelos, que ya llegará el barro.

«La mayor parte de los presos preventivos se circunscribe a protagonistas de presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, miembros de organizaciones criminales y autores de robos con violencia.»

Qué cosas. La mayoría de los presos preventivos lo están por su presunta intervención en los delitos más graves habituales. Claro, no suelen ser presuntos asesinos o presuntos agresores sexuales, porque, por suerte, estos delitos son bastante raros en España. Imaginen el porcentaje de presos por delitos de rebelión o de genocidio. Sí, pocos. El dato, ya ven, o es superfluamente idiota o tiene otra finalidad. Sí, exacto, tiene otra finalidad. Ya vamos viendo que lo de la prisión preventiva es franquista y propio de narcos. Aunque, no sé si el autor del editorial habrá caído en que los presos golpistas formaban (forman, en realidad) parte de una gran organización criminal.

«Una singular anomalía suele acontecer con los enjuiciados en asuntos de especial trascendencia mediática: los jueces tienden a dictar para ellos mayor número de autos de prisión provisional, quizá por un exceso de prudencia, por el prurito de no ser criticados por exceso de benignidad o por la permanencia psicológica del antiguo requisito de la alarma social —que ya no está vigente— para imponer este tipo de medida.»

Este párrafo, que es bueno para el convento, me llama la atención. Yo tendería a pensar que puede ser así. Pero lo reconozco como un prejuicio. ¿Tiene El País datos para afirmarlo? ¿Hay algún estudio, por primario que sea, que demuestre que los investigados en asuntos de esos que salen en la prensa van más a prisión por esas posibles razones que enumeran? Porque se da el caso de que los asuntos más mediáticos —cuando no afectan a famosos— suelen ser criminalmente más graves. Personalmente, solo he visto supuestos claros de dureza judicial en la concesión de beneficios tras la condena (normalmente la suspensión).

«La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar que los encausados estarán en todo momento a disposición judicial, especialmente en el momento de la vista oral.»

No. Ese es uno de sus fines. Hay más.

«No es en modo alguno una pena anticipada. No lo es incluso aunque deba relacionarse como medida de proporción con la pena asociada al tipo delictivo del que está acusado el delincuente: a mayores penas previsibles, más lógica tiene dicha cautelar, pero siempre y cuando se cumpla alguno de los requisitos previstos en la ley.»

Efectivamente. Lo curioso es que El País no explique aquí la situación práctica, ya que comienza su editorial hablando de la prisión preventiva en España. Por ejemplo, ¿conoce El País alguien investigado por delitos que pueden llevar aparejadas penas de hasta 25 años de prisión que esté en la calle esperando el juicio? Porque la realidad es que los investigados por delitos que lleven aparejadas penas de ese calibre nunca esperan el juicio en la calle: su influencia sobre el riesgo de fuga es tan intensa que los jueces siempre la acuerdan. Eso sin contar el riesgo que supone que personas que han cometido gravísimos delitos reiteren su conducta, bien sobre la víctima, bien sobre otros.

Esta sucinta doctrina general es también aplicable al caso más estentóreo de presos preventivos de hoy, el de los independentistas catalanes que permanecen encarcelados, en algunos casos desde hace ya más de un año. Resulta falaz la acusación de parcialidad que algunos de sus seguidores lanzan sobre el juez instructor y el Tribunal Supremo, por más que sus resoluciones sean susceptibles de examen crítico. Ni es extemporánea una prisión preventiva argumentada jurídicamente ni la judicatura española persigue al movimiento independentista in toto ni los dirigentes de ese sector son los únicos sometidos a medidas similares (el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados estuvo dos años y medio en idéntica situación).

De nuevo, el viejo mecanismo que tan bien conocemos. Primero la palmada en la espalda y el caponcito para los otros —que tampoco son los míos—, para que se perciba que El País habla desde la razón y la moderación. La pregunta, sin embargo, es: ¿a qué cojones viene pedir que se libere a alguien —que esa lo que viene tanta palabrería, ya que lo único que importa es la última frase del texto— si los jueces españoles no persiguen a nadie ni son parciales? Sobre todo, ¿frente a los escritos y recursos de las partes, y a las resoluciones judiciales, qué entidad, que sustancia, tiene un editorial como este, como para que podamos pensar que es un simple ejercicio de examen crítico? Las resoluciones ya explican utilizando muchas más palabras que El País por qué sí consideran que hay riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Naturalmente, el párrafo es un beso de Judas. Porque lo que importa es lo que viene después.

«Todo ello no significa que las medidas cautelares, por esencia efímeras, no puedan o deban ser reexaminadas atendiendo a razones jurídico-judiciales en virtud de las distintas situaciones individuales.»

Bueno, el adjetivo «efímero» para una situación que puede durar hasta cuatro años parece un tanto cachonda. En todo caso, ya que El País dedica medio editorial a explicar una institución jurídica, debería no ponerse estupendo afirmando lo que no solo saben los jueces, sino que han razonado que hacen. Los jueces siempre nos dicen que examinan y reexaminan las situaciones personales. ¿Afirma El País que en este caso no es así? No, claro. Hace lo de siempre: no lo dice, solo lo insinúa.

«De los tres requisitos necesarios para legitimar una prisión preventiva, hay dos que parece que ya no concurren: el riesgo de destrucción de pruebas (obsoleto con el paso del tiempo) y el de reincidencia en el delito (al no ocupar los justiciables sus anteriores responsabilidades).»

Esto es gracioso. En mi opinión —que se va reafirmando cada día que pasa— el riesgo, no de reincidencia (ya que no hay condena), sino de reiteración, no solo concurre, sino que lo hace de una manera intensísima. Se juzga a determinadas personas porque fueron los líderes del golpe de Estado, pero contaban y cuentan con el soporte y apoyo de cientos de miles de personas (y los resortes, de nuevo, de una administración del Estado). Entre esas personas se encuentran los que hoy gobiernan en Cataluña. Esos que han llevado al presidente Sánchez a la Moncloa, y esos que necesita para seguir gobernando. Esas personas no han renunciado a obtener sus objetivos políticos por medios ilegales: consideran legítimo y democrático el golpe de Estado y lo valoran como un momento fundacional de la república catalana. Esto es notorio. De hecho, consideran a uno de los procesados presidente de esa república. Si esta es su conducta con parte de los investigados en prisión y con otra parte fugada de España, de tal forma que no pueden regresar sin ingresar inmediatamente en prisión ¿qué pasaría si se les pusiese en libertad?

Sin embargo, para El País no hay riesgo porque no ocupan ningún cargo (a pesar, por cierto, de que sean diputados y puedan ocuparlos en cuanto salgan de prisión). Como si, además, no fuese lo propio de las organizaciones criminales en las que hay reparto de papeles el que exista una estrategia secreta y una organización paralela y también a menudo desconocida o difícil de probar.

Y, de hecho, El País olvida que para los secesionistas el referéndum ya es y la república ya tuvo lugar. Si se dieran las circunstancias, ¿la ausencia de un nombramiento formal conforme a la «legalidad española» impediría que Puigdemont y Junqueras salieran a un balcón y volviesen a proclamar la república ante miles de personas firmando cualquier papel de esos que acostumbran a perpetrar y que los secesionistas dijesen que todo esto es válido? ¿Tan difícil es entender esto?

Tan solo podría contemplarse el peligro de fuga en caso de que los procesados fuesen liberados. No es un riesgo teóricamente menor para asegurar el buen fin del proceso. Pero es mayor en función de la apariencia: en cuanto que la huida de algunos dirigentes afianza la percepción de que el resto podría seguir su camino.

Aquí El País menciona la apariencia, pero olvida intencionadamente un dato: esa estancia de los procesados que se encuentran en el extranjero no se ha organizado individualmente y utilizando medios particulares de los fugados. Se produjo gracias al apoyo precisamente del aparato secesionista. Es la existencia de ese aparato secesionista el que hace absolutamente probable una fuga al extranjero.

«Pero apariencia y realidad no siempre caminan juntas.»

LOL

«Varios de los hoy encarcelados fueron en su momento puestos en libertad. Descartaron drásticamente utilizar esa ventaja para convertirse en prófugos. Y acudieron a declarar cuantas veces fueron llamados a ello, aun a sabiendas de la probabilidad de ser sometidos a procesamiento por delitos muy graves, y gravemente penados.»

Vean el argumento: no se puede decir que todos huirían porque hayan huido otros, pero cuando hay que valorar si los que están en prisión huirían hay que considerar que otros no han huido. El argumento vale cuando apoya mi tesis; cuando no la apoya, no vale.

Lo gracioso es que se olvide precisamente que las resoluciones analizan —acertada o equivocadamente— la situación personal de cada investigado y su papel en la trama criminal, y que los investigados, como todo hijo de vecino, hacen juicios de probabilidad.

Es un insulto a la inteligencia sostener que no existe riesgo de fuga de los investigados en prisión, más aún ahora que se acerca el juicio. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de algunos de sus compañeros, que viven confortablemente en países europeos y que, además, saben que la justicia española no les alcanzará salvo que vuelvan a España. Y que el único argumento sea que el tribunal haya acordado la libertad para algunos de los encausados —los que ocuparon puestos de menor relevancia en la trama criminal tal y como se describe provisionalmente en el auto de procesamiento— y estos no se hayan fugado.

«Por ello, teniendo en cuenta que cada una de las conductas y situaciones individuales no son idénticas, que ha transcurrido ya largo tiempo de prisión preventiva y que falta poco tiempo para la apertura del juicio oral, no resultaría contraindicado que el alto tribunal reexaminase la oportunidad de revisar las resoluciones de prisión preventiva.»

Este final es fantástico. Ese «por ello» que, como vemos, no nos remite más que a la nada argumental. ¿En qué consiste el «ello»? ¿Es un «ello» de Junqueras, de Forn, de Sánchez? ¿La cercanía del juicio es un argumento a favor? ¿Lo es la duración cuando llevan un año, una prisión en absoluto de duración inusual en casos de delitos con penas similares? Y también es maravillosa la elección de las palabras: por ejemplo, contraindicado. Parece como si estuviesen recetando un medicamento a los jueces. La prisión preventiva sí es un medicamento; la libertad, no. La libertad es el estado natural y legal. Que los jueces agredan a un bien tan precioso solo debe ocurrir precisamente cuando está indicado para evitar males mayores.

Lo que pasa es que el «ello» sí es de Sánchez, pero de Pedro Sánchez. Y la prisión está contraindicada para que siga en el cargo.