Expertos en periodismo

 

He leído el auto que confirman la conclusión del sumario contra los dirigentes secesionistas que encabezaron el golpe de Estado del año pasado en Cataluña (también se ha dictado auto de apertura del juicio oral).

Son resoluciones sin especial importancia, que solo revelan los intentos desesperados de los abogados por retrasar el juicio. El auto reproduce las ingentes diligencias que se piden. No puedo juzgar la relevancia de todas ellas ya que no conozco la causa, pero de muchas se puede decir que obviamente solo buscan inundar el procedimiento para más tarde alegar infracciones de derechos fundamentales, en particular dada la naturaleza de la fase en la que nos encontramos, en la que no es precisa la existencia de una prueba plena y en la que la sala únicamente ha de considerar si la narración del magistrado instructor en el auto de procesamiento es típica (es una especie de juicio formal de encaje en los diferentes tipos de delito por los que se abre el juicio), algo similar a lo que se pedía a los famosos jueces de Schleswig Holstein (con la diferencia de que el juicio de tipicidad de estos se refiere al derecho alemán, no al español).

Si escribo esto es solo porque, aunque hay muchas diligencias solicitadas que son pintorescas, hay dos solicitadas por el abogado de Jordi Cuixart tan lisérgicas que no quería que muriesen ahí, entre las toneladas de palabras del legajo, sin que los amables lectores de este blog tuviesen la oportunidad de conocer de su existencia. Son estas:

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Hoy también hemos sabido que el Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa contra la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro. Dice la nota de prensa:

Tras practicar todas las diligencias posibles, analizar la documentación que obra en la causa, así como las testificales celebradas, la magistrada concluye que la instrucción está terminada y que no se ha consolidado un principio de prueba que de vigor a “las sospechas de corrupción contra la investigada”.

En un auto, la instructora afirma que la “precariedad de los indicios” acumulados contra la investigada sobre el concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria que pudiera encajar en el delito de fraude (artículo 436 del Código Penal) imputado como primera infracción, arrastra al resto de delitos.

De acuerdo con el criterio del fiscal, la magistrada explica que acuerda esta decisión debido a que “el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio” carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción. Añade que sin perjuicio de que las actuaciones puedan ser reabiertas en un futuro contra la investigada, si se añadieran nuevos elementos de incriminación y sin que esta decisión trascienda respecto a las demás investigaciones realizadas en la causa que se sigue en el juzgado central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Ya ven: “precariedad de los indicios” y “débil, equívoco, y ambivalente material probatorio”.

Naturalmente, esto ya no importa nada.

 

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