El precio

 

Los escritos de acusación de los fiscales y de los abogados del Estado me interesan, pero no tanto por la calificación jurídica como por la fijación de los hechos en que fundamentan sus acusaciones.

Se suele olvidar que se acusa por la participación en hechos indiciariamente delictivos y que la calificación de esos hechos, no solo durante la fase de instrucción, sino también en los escritos de acusación es provisional, instrumental.

Si fuéramos racionales, aplicaríamos el manual. Lo importante en el escrito de acusación es fijar las fronteras fácticas: los hechos no incluidos en él solo en casos muy concretos pueden añadirse tras el juicio en la acusación definitiva e influir en la condena contenida en la sentencia (*).

La cuestión es que la decisión, incluso la provisional, incumbe a un jurista. A alguien con formación que se supone hace su trabajo basándose solamente en su propio análisis jurídico de los hechos. La guitarra es suya y puede que no te guste cómo la toca, pero él es el artista invitado.

Lo inadmisible es la intrusión. El Gobierno del PSOE lo es porque contó con el apoyo de los batasunos y de los secesionistas. Es decir, con el apoyo de los que quieren acabar con España. Nadie en sus cabales, que no sea un embustero, negará esto.

La pregunta que nos hicimos todos el día en que el PSOE echó a Rajoy fue: ¿a qué precio? Ellos negaban haber pagado ninguno. Hoy sabemos —como sospechábamos entonces— que es mentira. Que estamos en manos de personas sin escrúpulos que han puesto a la venta el Estado para seguir ocupándolo.

Habrá un juicio: podremos presenciar las pruebas, escuchar a acusados, testigos y peritos. También a abogados y fiscales. Y podremos analizar la sentencia que se dicte. La que sea. También la absolutoria. Pero ya nadie puede negar que el precio se está pagando, torpemente, a trompicones.

Quizás en un momento dejen de pagar y vuelva Sánchez a envolverse en la bandera. Por cálculo. No porque la ley y las instituciones le importen. Así es esta desgracia que nos ha caído encima.

 

 

NOTA:

Dice el Tribunal Supremo:

«De acuerdo a reiterada jurisprudencia en esta Sala, el principio acusatorio aparece íntimamente unido al derecho de defensa, de manera que la acusación debe ser comunicada a la defensa con antelación suficiente para que ésta pueda preparar su participación en el proceso en defensa del imputado. Esto excluye acusaciones sorpresivas que lesionen o impidan el derecho de defensa. Por otra parte, el objeto del proceso -decíamos en nuestras  SSTS 1143/2011, 28 de octubre  (RJ 2012, 1280)  ;  651/2009, 9 de junio  (RJ 2009, 4901)  y  777/2009, 24 de junio  (RJ 2009, 4713)  – es de cristalización progresiva. Las conclusiones provisionales (art. 650 LECrim (LEG 1882, 16)) permiten definir los términos de los debates del juicio oral. Pero son las conclusiones definitivas las que delimitan el objeto del proceso, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. Y son precisamente tales conclusiones definitivas, formuladas una vez practicada las pruebas en el juicio oral, las que han de ser tomadas como referencia para determinar la ineludible correlación entre la acusación y el fallo, presupuesto inderogable del principio acusatorio.

(…) La posibilidad de modificación de conclusiones al formularse la calificación definitiva a la vista del resultado probatorio viene ofrecida por el  artículo 732   de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LEG 1882, 16), siendo en esta definitiva calificación donde queda fijado el objeto del proceso y se establece la exigencia de correlato entre acusación y fallo. Es por ello que la ley habilite la posibilidad de suspender el enjuiciamiento para tomar conocimiento de una modificación de las conclusiones definitivas que suponga una alteración del objeto del proceso, quedando vedado a la acusación una modificación que supongan alteración sustancial del objeto dentro del proceso como precisamente por la adhesión al derecho de defensa. (…)

La correspondencia con ese hecho es el tipo penal objeto la acusación por lo que la inclusión en la acusación sin una modificación fáctica, sino jurídica, de algo que ya ha sido objeto de prueba en el desarrollo del juicio oral no supone una alteración sustancial del escrito de calificación causante de indefensión. En todo caso, la cuestión que ahora se plantea pudo, y debió, ser objeto de análisis en el momento procesal oportuno conforme dispone el artículo 732 y el 788.4 de la Ley procesal penal , que posibilita la concesión del aplazamiento de la sesión para preparar adecuadamente las alegaciones y, en su caso, aportar elementos probatorios de descargo que estimen conveniente y eso fue lo que ocurrió. (…)

En la  STS 58/2018, de 1 de febrero  (RJ 2018, 300), recordamos que nada impide introducir un nuevo titulo de condena y no se produce un apartamiento del objeto procesal por introducir en el debate esa novedosa perspectiva jurídica.

El Fiscal en el trámite de conclusiones definitivas sin apartarse del objeto de la causa (los hechos punibles que resulten del sumario) puede extender, con ciertos límites, la acusación a hechos distintos pero conectados, así como ampliarla subjetivamente frente a quienes ya están imputados y acusados. Y también -y esto es lo que sucede aquí- puede introducir nuevas alternativas de subsunción jurídica siempre que no comporte alteraciones competenciales o procedimentales (en cuyo caso habrían de hacerse algunas matizaciones) o no haya sido ya definitivamente excluida (v.gr. por haberse estimado un recurso contra el procesamiento). No sería posible más que con condiciones muy estrictas la introducción de unos hechos nuevos ajenos a la fase de investigación. Pero si se trata de conductas investigadas, objeto del proceso y no excluidas del mismo, no hay obstáculo para modificar el título de imputación o efectuar otras alteraciones de esa índole.

(…)  STS 1185/2004 de 22 de octubre  (RJ 2004, 6850), con cita de abundantes precedentes, enseña que… “si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia… no existe indefensión”, ya que ningún elemento nuevo sirve de base a la nueva calificación. (…)

Abunda en esas ideas la  STS de 5 de diciembre de 2005  (RJ 2005, 10184)  en la que leemos: «…carece de todo fundamento legal y doctrinal la alegación de que la modificación de las conclusiones acusatorias efectuadas en el acto del Juicio Oral, signifique una reducción de los derechos de defensa del acusado. Dicho trámite, como es notorio, está previsto tanto en el art. 732 como en el 793.6  LECrim  (LEG 1882, 16), y, en términos generales, su inexistencia convertiría poco menos que en inútil toda la actividad procesal que se desarrolla en el acto trascendental del Juicio Oral y que constituye la fase esencial de todo el proceso (…). De ahí que en dichas resoluciones se haya mantenido que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. (…)  El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. (…)

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también encontramos afirmaciones generales sobre la posibilidad de modificación de las conclusiones provisionales. Por todas, la  STC 40/2004, de 22 de marzo  (RTC 2004, 40)  enseña lo siguiente: “…Por ello, hemos sostenido que una modificación de los hechos y de la calificación jurídica del escrito de calificaciones provisionales, al fijar las definitivas, puede ocasionar la lesión del derecho de defensa contradictoria, “pues si, como acabamos de recordar, no puede contradecirse lo que se desconoce y la defensa se ejerce primeramente en el juicio oral, el acusado no habrá podido ejercer de forma plena su defensa, respecto de las modificaciones fácticas y jurídicas introducidas en las calificaciones definitivas, al final del juicio oral” (  STC 33/2003, de 13 de febrero  (RTC 2003, 33) , FJ 4).

Ahora bien, como también afirmábamos en esta Sentencia, ha de recordarse que dicha vulneración no se produce con carácter automático por la mera introducción de cualquier modificación en el escrito de calificación definitiva, sino que se requiere que dichas modificaciones sean esenciales respecto de la concreta figura delictiva por la que finalmente se condena, porque las diferentes garantías conectadas con el principio acusatorio se asientan en la inalterabilidad de los elementos esenciales del hecho constitutivo de infracción penal a partir de la fijación formal de la acusación en las calificaciones provisionales (…). En consecuencia, la existencia de diferencias sobre elementos no esenciales del hecho constitutivo de delito entre las calificaciones provisionales y las definitivas no suponen la vulneración del derecho de defensa (STC 33/2003, de 13 de febrero  (RTC 2003, 33) , FJ 4).

E incluso en el supuesto de que se introduzcan modificaciones que incidan sobre elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o que impliquen una nueva calificación jurídica, para declarar vulnerado el derecho de defensa hemos exigido que el acusado ejerza las facultades que le otorga la Ley de enjuiciamiento criminal (…), solicitando la suspensión del juicio, para poder articular debidamente su defensa (…), exigencia que responde a la aplicación de la doctrina general de que la indefensión constitucionalmente proscrita es la que deriva de la actuación del órgano judicial y no la que ocasiona la falta de diligencia procesal de la parte en la defensa de sus intereses (…)

 

Pobre tonto con bandera

 

Un cómico se limpia los mocos con la bandera de España después de leer el prospecto de un medicamento a modo de consti trucha.

Es un patriota. Si de verdad se la sudasen tanto las banderas, no perdería el tiempo intentando ofender a los que creen que esa bandera (y la Constitución) merecen algún respeto reverencial.

Es un patriota, pero el muy gilipollas se cree un librepensador. Lleva años pudiéndose sonar los mocos con otras banderas con las que sí nos han estado dando por culo. Ya sabemos por qué no lo ha hecho: porque la patria y sus símbolos son muy importantes para los patriotas.

Las patrias son una entelequia que cuanto más llenamos de contenido, más peligrosas se vuelven. Por eso no soy un patriota, ni en la más civilizada de las versiones. Y temo a los patriotas aunque traigan regalos.

Pero, en fin, prefiero a uno que al menos sepa que lo es. De él puedo reírme fácilmente. Siempre me ha dado pudor reírme de alguien que no sabe lo que hace.