Una comparación chunga

 

Hoy, mi querido Manuel Jabois, ha escrito esto

Hay comparaciones chungas y esta es una de ellas. Los proetarras no condenaban todas las violencias, sino que se negaban a condenar los crímenes de ETA porque estaban de acuerdo con ellos. Si Vox dice que un asesinato de un marido a manos de su esposa es igual al asesinato de una esposa a manos de su marido lo que afirma es tan robusto que Manuel va a tener difícil rebatirlo.

Para que se me entienda mejor, dos consideraciones:

La primera, a mí los asesinatos de ETA me parecían muy mal, como es natural. Los asesinatos por el terrorismo de Estado (sí, para mí lo fue), me parecían peor. ETA era una basura, pero me da mucho más miedo un Estado que mata que esos hijosdeputa, por organizados que estuvieran. Creo que ninguna persona de bien habría tenido problemas en condenar el asesinato de un guardia civil a manos de los etarras y condenar después el de Lasa y Zabala, a manos de un guardia civil. Vean que a los asesinados por un guardia civil les pongo apellidos de memoria. Es fácil, ETA mató a centenares de guardias civiles y muy pocos se acuerdan de sus nombres.

La segunda consideración: para comprobar si afinas moralmente con una comparación, nada mejor que intentar averiguar si se sostiene.

No hay crimen de ETA condenado por los proetarras mientras ETA actuaba. Condenados sin peros. Condenados diciendo ETA asesina. Vean que el cocinilla Otegi no se atrevió a condenar el terrorismo ni siquiera en esos últimos juicios en los que se le acusaba de cosas feas, a pesar de que, según nos cuentan, ya estaba «promoviendo» la paz. Para los etarras y sus amiguitos, los crímenes de ETA eran consecuencia del conflicto, un resultado no deseado de una violencia política nacida de la ausencia de democracia y de libertad. Sí, amigos, hemos estado comiendo esa asquerosa basura durante décadas. Y hasta había quien les compraba parte del discurso fuera de la secta.

Ahora vean esto: es lo que decía VOX en julio de 2016 sobre las decisiones que se estaban adoptando en el Congreso de los Diputados en materia de violencia doméstica. Díganme dónde dice Vox que los asesinatos de mujeres sean consecuencia de los asesinatos de hombres u otras víctimas vulnerables. Exacto, en ninguna parte. De hecho, dicen:

«Desde VOX estamos radicalmente en contra de este Pacto de Estado que no va a
erradicar la violencia que pretende combatir»

«1º El hecho de ampliar los supuestos de una violencia específica a todo caso de
violencia de los hombres contra las mujeres, aumenta la desigualdad jurídica entre
ciudadanos (…)»

«2º Las medidas extraordinarias de tratamiento de posibles víctimas de este tipo de
violencia, (…)»

«Los recursos asignados a erradicar esta violencia se malgastan en casos
instrumentales dejando desprotegidas a las mujeres en verdadera situación de
maltrato.»

«4º La ingente inversión en la última década de fondos públicos contra este tipo de
violencia no ha mejorado la situación, por lo que es evidente que se aplican medidas
ineficaces. La violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja se ha incrementado o
disminuido aleatoriamente cada año al margen de la inversión pública destinada a
combatirla. El abordaje del problema ha de hacerse analizando, sin prejuicios
ideológicos, las causa.»

«5º La intromisión en los centros educativos de una ideología que criminaliza al
varón acusándolo de maltratador por su sexo y que olvida otras violencias, lejos de
facilitar el respeto entre los sexos, dificulta las relaciones de los menores, invisibiliza
otras víctimas de violencia y crea nuevas situaciones de injusticia.»

Como es evidente, te podrá gustar o no lo que proponen en esta materia y sus análisis, pero ¿dónde dice Vox que no hay asesinatos de mujeres y que no deban castigarse? ¿Dónde justifica Vox esos asesinatos hablando de legítima defensa —eso es «las violencias»—?

¿Dónde ha pedido Vox la amnistía para los asesinos de mujeres? ¿Dónde ha homenajeado Vox a un asesino de mujeres que sale de prisión con algún bailecito de mierda y aplausos de sus vecinos?

Exacto, en ninguna parte.

De hecho, es facilísimo para Manuel Jabois, que es periodista, demostrar su tesis: que le pregunte a cualquier dirigente de Vox si condena el último asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja y si apoya que el tipo se pudra en la cárcel.

 

NOTA: Me escribe Manuel y responde lo que viene a continuación:

Querido Tse, no sé si no encuentro la manera de dejar comentarios en tu blog o es que los has quitado, no me aclaro.

Como sabes, no suelo contestar desde hace años a las entradas de tu blog Las cuatroesquinas de Jabois. Primero porque me resulta difícil seguir el ritmo y, segundo,  porque he comprendido, después de leernos tanto, que hay ironías, figuras literarias o esquemas extremadamente sencillos que o bien no detectas o, simplemente, acaban convirtiéndose en algo más complejo de lo que son, otorgándome un talento oculto que no tengo: contestas la sandez del sabio que no soy en lugar de la ironía del chistoso por el que sí paso.

Otras veces me has dado en los morros y aprendo, que es como mejor se aprende, a golpes; te lo agradezco. Esas veces son por datos que yo desconocía; las otras, en las que te me pierdes, es por el sentido que tú le das a mis frases y el sentido que le doy yo. Ninguno es el caso de hoy, creo, así que van unas líneas.

Como sabes, el 95% de los condenados por violencia en la pareja son hombres. Además, prácticamente el 100% de los agresores sexuales son hombres. Observo una constante; llámalo algo estructural, llámalo tendencia. Cuando Vox dice que hay que suprimir las leyes de violencia de género y sustituirlas por una ley de violencia intrafamiliar que considere igual de víctimas a mujeres y hombres, sin distinción de género, yo digo en la radio que eso es apartar el foco de un problema y disolverlo al modo en que los proetarras, efectivamente, no querían condenar a ETA sino “a todas las violencias” para no tener que señalar la gravedad de una violencia concreta. Puedes estar de acuerdo o no, y podemos discrepar en que cada crimen pese más o menos, que discrepamos.

¿Pero es tan difícil de entender la comparación? Pues mira tu respuesta:

Como es evidente, te podrá gustar o no lo que proponen en esta materia y sus análisis, pero ¿dónde dice Vox que no hay asesinatos de mujeres y que no deban castigarse? ¿Dónde justifica Vox esos asesinatos hablando de legítima defensa —eso es «las violencias»—?

¿Dónde ha pedido Vox la amnistía para los asesinos de mujeres? ¿Dónde ha homenajeado Vox a un asesino de mujeres que sale de prisión con algún bailecito de mierda y aplausos de sus vecinos?

Exacto, en ninguna parte.

De hecho, es facilísimo para Manuel Jabois, que es periodista, demostrar su tesis: que le pregunte a cualquier dirigente de Vox si condena el último asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja y si apoya que el tipo se pudra en la cárcel.

Me preguntas dónde dice y pide Vox todo eso y respondes que en ninguna parte. Ahora te pregunto dónde digo yo todo eso que atribuyo a Vox: exacto, en ninguna parte.

Para mí, como periodista, hubiera sido facilísimo demostrar una tesis que no expongo. Para ti, como abogado, hubiera sido mucho más fácil no construir un hombre de paja que no cabe por la puerta de un juzgado.

El abrazo y la admiración de siempre, y felices fiestas, si sigues en ellas.

M.

 

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Un error histórico

 

El 22 de diciembre de 2004 se produjo la última votación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En esa ocasión se hallaban presentes 325 de 350 diputados. El resultado de la votación fue unánime. Todos los diputados presentes, todos los grupos, todos los partidos de la cámara dijeron que sí, que esa ley era correcta y necesaria. Todos se auparon en una sincera ola de indignación moral por la estadística anual de asesinatos de mujeres a manos de hombres. No de cualesquier hombres, sino de los que habían sido o eran sus maridos o sus parejas.

Sin embargo, con parte de esa ley se cometió un error histórico que hay que corregir.

Aunque los que estudian esta materia llevan décadas discutiendo sin ponerse de acuerdo, cada vez parece más difícil sostener, con datos, que exista una causa concreta, identificable, de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. De hecho, esta forma concreta de violencia —y otras, de mujeres contra hombres o contra otras mujeres, de hombres entre sí, de personas unidas por vínculos familiares, pero no sentimentales o sexuales, etc.—  son fenómenos complejos, en los que confluyen, se compensan y se acumulan muchos factores, y una aproximación inteligente nos exige una descripción detallada de sus elementos, de sus detonantes y un diagnóstico sobre sus causas últimas, antes de siquiera plantearnos si existe una solución y, de existir, de empezar a calcular sus costes. La expresión «tolerancia cero» es admisible como desiderátum, pero para saber si su corolario, «ni una más», es posible como objetivo, en un sentido práctico, debemos conocer cuánto nos va a costar, en términos económicos y humanos, qué debemos pagar a cambio. Esto solo parece frío si tenemos una visión inocente de la existencia. Es lo mismo que consideramos cuando nos preguntamos por medidas para alejar la muerte natural o accidental, para eliminar el crimen en general, acabar con la enfermedad, la ignorancia, la deficiente alimentación, la desigualdad, o para limar las aristas que surgen con la vejez, por enumerar  algunos males a los que querríamos poner remedio.

En todo caso, el error histórico que da título a este artículo no es el de definir este mal concreto que nos ocupa como una consecuencia de estructuras heteropatriarcales de origen social, cultural, que podrían removerse con una decidida acción del Estado. Yo creo que esta explicación es simplista, seguramente equivocada —en lo que se refiere a su exclusivo o predominante origen cultural, y en lo relativo a su acierto como descripción actual en los países más avanzados socialmente—, pero esto tampoco importaría tanto si no se hubiese convertido en un dogma y si las posiciones no hubiesen alcanzado el grado actual de crispación y animosidad. Es decir, si se admitiese la discusión leal y racional de sus postulados y de las consecuencias de las políticas implantadas. Sin embargo, esa explicación se ha vuelto dogmática precisamente porque elude la puesta en cuestión de sus paradigmas, que se han vuelto intocables, sin importar hechos, métodos o mediciones. Solo hay una explicación válida y el que la matiza o la discute, siquiera parcialmente, es un neomachista. Es decir, el discurso ha desembocado en magia o religión: no solo contiene una explicación de por qué existe la violencia contra las mujeres —o las diferencias salariales o las disparidades sociales—, sino que incluye un sistema de seguridad, que desactiva cualquier discusión crítica por el simple procedimiento de etiquetar al discrepante como un ejemplo más del mal que hay que eliminar.

La historia, sin embargo, demuestra que las deficientes descripciones de la realidad no suelen durar, y que cuanto más rígidos son sus postulados y más se utiliza la coacción para sostenerlas, más fácil es que se produzca finalmente un rechazo total, incluso en aquello que pudieran tener de valiosas o acertadas. Lo exacerbado y dogmático es veleidoso, y la memoria de sus defensores frágil. Lo que en un momento fue mayoritario por moda, puede dejar de serlo por la misma razón. En mi opinión, este fenómeno pendular se empieza a manifestar con fuerza. Sin embargo, aún estamos a tiempo de aminorar las consecuencias de un cambio poco meditado. Para lograrlo debemos dar una serie de pasos.

En primer lugar, hay que modificar las normas penales que han desigualado a hombres y mujeres, castigando conductas iguales con penas diferentes. Las desafortunadas y erróneas decisiones —a mi juicio— que adoptó el Tribunal Constitucional sobre estos preceptos se refieren a su constitucionalidad, no a su oportunidad. Yo sostengo que no son constitucionales y que el tribunal se equivocó, sobre todo porque la justificación de la desigualdad es —pese al encubrimiento que se contiene en la jurisprudencia constitucional— un ejemplo manifiesto del derecho penal de autor, al atribuir a un grupo de personas, los hombres, un reproche añadido cuando perpetran delitos exteriormente idénticos a los de otros ciudadanos, que son castigados más levemente por ser mujeres. Estoy simplificando, ya sé que hay diversas posibilidades en cuanto a actores y víctimas y no quiero detenerme demasiado en esto, que daría para un artículo aún más largo que este. No quiero detenerme porque, en todo caso, y al margen de su constitucionalidad, la solución adoptada fue un disparate. El derecho penal es una forma de agresión autorizada contra los derechos y libertades. Se admite porque nos protege a todos de las conductas que más nos repugnan y dañan, pero, por esa misma razón, es un instrumento inadecuado para las políticas activas. La propia política criminal debe caracterizarse siempre por la prudencia y la humildad. Las prisiones, las multas, las prohibiciones graves son respuestas defensivas, que deben promover el bien de forma refleja, porque suponen siempre la existencia de alguien que sufre consecuencias personales y reputacionales. Toleramos esta agresión autorizada si no la percibimos como algo arbitrario: la pena ha de ser como la muerte, alcanzar al rico o al pobre, al rey y al plebeyo. No hay nada más disolvente para su eficacia que la sensación de arbitrariedad, de que la misma conducta no recibe la misma respuesta.

Además, al introducir la desigualdad en el ámbito penal disfrazada de artificio sobre el desvalor de esquemas colectivos milenarios que se decía reproducían los autores de los delitos, se abrió una brecha muy peligrosa. Si los crímenes siguen produciéndose, pero no se puede discutir la explicación última ni el remedio, la única solución para la disminución de las cifras es la huida hacia delante. Hemos visto como se han efectuado propuestas aberrantes que pretenden relajar la presunción de inocencia, incluso invirtiendo la carga de la prueba. De ahí la insistencia en convertir a todas las denunciantes en miembros de un colectivo uniforme. Todas dicen la verdad, todas somos hermanas, no hay intereses personales, sino una especie de nación de víctimas. Cada vez que se agrede a una se agrede a todas. Esta negación de la realidad —tan obvia y adulta como que cada mujer es un ciudadano único con sus propios intereses— basada en una descripción grupal que encierra una desigualdad asimétrica (las mujeres son víctimas en potencia y los hombres criminales en potencia, por lo que a ellas les une un factor valioso moralmente y a nosotros nos une un factor moralmente despreciable) también tiene los pies de barro. Tras las movilizaciones, los linchamientos y los cambios legislativos, muchas mujeres terminarán votando a partidos que quieren derogar «todo esto», porque, sorpréndanse, tienen padres, hermanos, maridos, parejas varones, hijos y, además, saben por su experiencia cotidiana que hay mujeres que hacen daño, que denuncian en falso, y que intentan beneficiarse cuando se las coloca en una situación de poder. Sí, eso que se supone sabemos todos, pero que negamos cuando el discurso identitario nos carcome el cerebro o nos convierte en activistas. Exactamente el mismo discurso del que cree que todo español blanco es su aliado frente al africano negro o magrebí, a pesar de que la experiencia le debiera haber enseñado que esa generalización es, no solo ofensiva, sino estúpida. Esto explica además esa insistencia en el argumento de la cifra oficial de denuncias falsas en materia de violencia doméstica, que nadie con dos dedos de frente cree que refleje la realidad.

Esta misma dinámica es la que explica la creencia en que los jueces son un obstáculo por su falta de fe. La perspectiva de género como materia obligatoria para los jueces atenta también contra otra institución civilizada. Escogemos a expertos en derecho, a los que dotamos de dignidad e independencia, para que apliquen la ley, con la asistencia de otros operadores jurídicos y de expertos en otras materias. No tengo mayor problema en que alguien intente introducir en el debate concreto en un juzgado la perspectiva de género como explicación de lo sucedido, por medio de un experto en esa materia. Pero, en tal caso, yo, como abogado, también podré proponer a un perito que discuta sus postulados y que intente, en resumidas cuentas, convencer al juez de que son débiles o contrarios a la experiencia y los datos, en particular, en el caso concreto. Esto sucede constantemente. Sin embargo, esto, que es razonable, se ha sustituido por la imposición de un discurso único que ha de aplicar el juez directa y necesariamente y que además es tendencial: al igual que este artículo es machista desde esa misma perspectiva, se nos dice que decisiones polémicas —para los que promueven esta «solución»— dejarán de producirse si los jueces piensan correctamente.

Sabemos que los jueces pueden equivocarse, ser unos inútiles, ser vagos o descuidados, ser unos corruptos. Por eso el sistema introduce controles, que también generan error. De nuevo, eliminar esas disfunciones por completo es enormemente difícil considerando los recursos disponibles, e intentamos adoptar soluciones inteligentes y moderadas para minimizarlos. Algunas medidas introducidas (tratamiento especializado, protocolos concretos) pretenden automatizar la respuesta del Estado, limitando la discrecionalidad de policía, fiscales y jueces, y esto puede ser bueno y adecuado, siempre que quepa la discusión sobre su eficacia y su coste (no solo el económico). Lo que, en mi opinión, es inadmisible es que se afecte al núcleo de lo que entendemos por sociedad civilizada: igualdad ante la ley y presunción de inocencia.

Reformar la ley penal para reintroducir la igualdad enviaría un mensaje de moderación y racionalidad. Como suprimir la agravante de género y mantener la referida al sexo u orientación sexual —aunque no soy partidario de este tipo de agravantes, comprendo las razones de los que las defienden y no me parecen aberrantes—. Porque actuar por razones de sexo, orientación sexual o raza permite en abstracto incluir a aquel que agrede a un hombre o a un blanco o a un heterosexual por serlo. La ventaja de la norma abstracta igualitaria es que admite el caso inusual. La inmensa mayoría de condenas por delitos en el ámbito familiar o doméstico se continuarán produciendo en supuestos en los que el hombre agrede a una mujer. La inmensa mayoría de condenados serán hombres. Y si se alega y se demuestra que la agresión se produjo en consideración específica al sexo de la víctima —por ejemplo, por considerar que le pertenece por ser mujer— es admisible que la pena se agrave, pero sin partir de un desvalor abstracto y general que ha de afectarnos a todos los hombres —y solo a nosotros— como herederos de una especie de pecado original que se transmite de padres a hijos.

Hablaba de lo que creo que hay que hacer. Hay algo más. El discurso dogmático y casi unánime que llevó a la aprobación de esa ley en 2004 recuerda en gran medida al discurso puritano que llevó a la prohibición de las drogas —de algunas, claro—. En ellos late la idea de la pendiente resbaladiza. El consumo de marihuana lleva a una espiral de drogadicción que se inicia con el joven fumando un canuto y termina con él, pocos años más tarde, caído en las redes de la cocaína o la heroína, y el crimen. La tolerancia cero se relaciona también con esto. Si no se produce ni una mala voz, ni un insulto, ni una amenaza leve, ni una agresión, por pequeña que sea, evitaremos los asesinatos. El asesinato es, se razona, el producto inevitable alimentado por el humus del machismo cotidiano. Como leíamos hace poco, extrapolando esta manera de razonar, el violador y asesino no lo es, se le ha educado así. A él y a todos. Estamos en presencia del viejo discurso ultramoralista que cree que la juventud se corrompe si escucha cierta música, si se deja llevar por conductas promiscuas, si lee cierta literatura, si ve cine violento o si juega a matar con un ordenador. Sin embargo, esto es y ha sido siempre falso, y estos discursos moralistas contienen una pulsión liberticida y homogeneizadora: como me molesta el melenudo, el gordo, el grosero, el diferente, lo convierto en vector del mal, para asustarnos con el depredador que viene.

Este discurso moralizante también es estúpido aplicado a la violencia familiar. La familia —incluyo aquí la familia potencial— genera una malla de relaciones personales y patrimoniales complicadísima, repleta de beneficios, pero también de intereses contrapuestos y cargas. Esa malla de intereses, en los supuestos de crisis, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las conductas inmorales y antisociales. De hecho, en mi opinión, y al margen de que la gente, en esos casos, carezca de imaginación a la hora de hacer lo que no debe —también a la hora de agredirse y de hacerse la vida imposible—, reproduciendo una y otra vez la misma porquería, resulta inteligente deshacer esa malla con gran velocidad, reduciéndola al mínimo inevitable.

Es decir, el Estado debería invertir recursos en acelerar y facilitar respuestas en casos de crisis familiar para eliminar ese fango tan peligroso, en vez de aplicar una ley seca. Para empezar, deberíamos incentivar el uso de remedios, incluso preventivos, como la terapia familiar, que eviten que esas crisis vayan a más, cuando sea posible. Deberíamos favorecer la separación de bienes, estableciéndola con carácter supletorio, como ya sucede en algunas zonas de España. En todo proceso de ruptura familiar, se debería facilitar el reparto de los patrimonios existentes (incluida la vivienda familiar), evitando las limitaciones que impiden que puedan hacerse efectivos y fácilmente disponibles (como los derechos de uso o la eliminación de garantías reales). Se debería, en todo proceso en el que, por haber hijos, se establezcan regímenes sobre custodia, visitas y pago de alimentos, nombrar a un mediador profesional —pagado por los afectados, si lo utilizan, o por el Estado en caso de justicia gratuita— al que puedan acudir los padres para plantear conflictos cotidianos. Una persona con autoridad para sugerir soluciones, que no pudieran eludirse sin un coste procesal, evitando la intervención judicial salvo en casos extremos (y siempre con el informe del mediador). Se debería castigar intensamente la utilización espuria de los hijos en los procesos de ruptura familiar, igual que se ha vuelto imprescindible la valoración, a la hora de atribuir la custodia, de conductas que se producen en presencia de los hijos y que con seguridad les afectan negativamente, como agresiones, amenazas y vejaciones. También debería tener consecuencias, no solo penales, la instrumentalización de los procesos penales y de los protocolos en esta materia para obtener beneficios en procesos matrimoniales. Aunque solo sea para evitar la sensación de impunidad.

Y, por supuesto, deberíamos facilitar la recolección de datos, su sistematización y su estudio a largo plazo. Todo diagnóstico y toda respuesta debería considerarse provisional, a resultas del análisis de sus consecuencias. Sin estigmatizar al discrepante. Al fin y al cabo, se supone que, pese a todo el ruido, todos estamos de acuerdo en que la violencia familiar es una lacra y en que debemos hacer lo razonable para que cada vez resulte menos frecuente.

Verán que no he hablado de la eliminación de toda la legislación en la materia. Ni de la supresión de ayudas o recursos. Tampoco creo que sea preciso renunciar a los protocolos actuales, aunque deberían ser sometidos a escrutinio y afinados. No comulgo con que exista una dictadura de género o que aquellos que reivindiquen este discurso sean nazis encubiertos, aunque muchos me incluirán en la bolsa de los que sí lo creen solo por escribir esto. Creo que se han cometido excesos, que, de buena fe, hemos abierto puertas que hemos de cerrar y que hay que parar, echar marcha atrás en algunos aspectos, pensar un poco más en qué debemos hacer y rebajar el tono de la discusión. Es seguramente la mejor manera de evitar que se imponga un discurso dogmático especular que termine blanqueando a los culpables y victimizando a las víctimas. Hemos mejorado. Muchas conductas socialmente toleradas antes, hoy son repudiadas. Construyamos sobre aquello en lo que estamos de acuerdo.

Una trola

 

Leo esto:

El 3/12/2018 se publicó en Libre Mercado un resumen del «programa» de Vox para Andalucía (al parecer es un extracto de un documento de cinco folios que no he logrado encontrar tal cual). Dentro del programa se incluye esto:

«- Derogar leyes con un marcado carácter ideológico o que atenten contra la libertad de pensamiento y la igualdad. Estas leyes son:

  • Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Esta ley parte de una interpretación ideologizada de la violencia intrafamiliar, basada en premisas de “guerra de sexos” y de criminalización del varón. También vulnera el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo. Se propone sustituirla por una ley de Violencia Doméstica que no discrimine al varón y atienda por igual a todas las formas de violencia intrafamiliar.
  • Ley de Derechos LGTB“andaluza (Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía). Suprimir las subvenciones a asociaciones claramente ideologizadas (feministas radicales, LGTBI).
  • Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía” (Ley 2/2017 de 28 de marzo). Esta ley impone, de forma totalitaria, una “versión oficial” muy sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-75, interfiriendo en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de cátedra»

Como puede observarse, todas esas leyes son leyes andaluzas. En ninguna de ellas, por supuesto, se contiene ninguna definición sobre delitos y penas, ya que esa materia está reservada al Estado y debe regularse por ley orgánica. Si no me creen, pueden echar un vistazo a la ley y ver de qué trata.

Así que, también por definición, lo que pide Vox para Andalucía no puede ser lo que pedía Cs para toda España, ya que Cs se refería a algo que solo puede aprobarse en las Cortes. Por cierto, he buscado esa propuesta en el enlace de El Diario en 2015 al programa de Ciudadanos y no la encuentro. Sospecho que se debió modificar (o el periódico mentía entonces). Si se modificó, es lamentable. Los partidos deberían conservar sus programas electorales íntegros, aunque luego cambien de opinión.

Cuestión distinta es lo que plantea Vox para toda España:

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo
de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por
igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas
radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del
menor en los procesos de divorcio.

Esto, que podría hacer si tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (o la logra con los votos de otros partidos) tampoco es lo que aparece en esa noticia de El Diario, ya que Cs solo hablaba de la asimetría penal.

En todo caso, el tuit, tal cual, es una trola.

Sin novedad, por otra parte.