Parecer para terminar siendo

 

En un par de días comienza un juicio en el Tribunal Supremo que va a ocupar mucho tiempo en las noticias y en las discusiones, y que, probablemente, termine hastiando a mucha gente. Una buena manera de evitar tan desagradable consecuencia es tener claro qué es y qué no es un juicio, incluso este.

Para empezar, en un juicio se dirige la acción penal contra alguien. Las categorías y definiciones políticas, sociológicas y éticas sobran. No importa si lo que pasó en 2017 fue un golpe de Estado o no, porque no se acusa de eso. No importa si hay algún argumento que no sea jurídico para justificar la aprobación de las «leyes» de desconexión y la celebración de un «referéndum». Tampoco importa lo que sientan o deseen millones de catalanes y de españoles sobre su pertenencia a Cataluña y/o a España, y a lo que se deba decidir en el futuro y quién lo deba decidir.

El juicio tampoco es una ocasión para castigar al «movimiento» secesionista. No se juzga a millones. Tampoco sirve para salvar a España, salvo en un sentido abstracto y periférico: en el de que solo sobreviven los Estados en los que se cumple la ley y funcionan las instituciones. Pero esto último, además, incluye necesariamente la posibilidad de una absolución. Las leyes democráticas están tan relacionadas con el mantenimiento y ejercicio de los derechos individuales que exigir la condena para la supervivencia de la república —y no porque sea lo que proceda conforme a Derecho— es una forma de degradarla.

La defensa del Estado constitucional pasa por el cumplimiento de todas las leyes. No solo de las penales. Siete jueces en un juicio público, con garantías, con contradicción y audiencia, con ejercicio del derecho de defensa, basado en condenas por hechos probados típicos conforme a una descripción legal taxativa, eso nos defiende a todos de la arbitrariedad del poder. Nada menos debemos exigir.

La monedad tiene otra cara. En este juicio no se juzga a España, ni a nuestras leyes, ni a nuestras instituciones, salvo, de nuevo, de una forma abstracta y periférica: en el sentido de que nuestras instituciones son dignas solo si sirven al fin para el que las creamos. El Tribunal Supremo no fue creado para defender a España o a su unidad como fines sin contenido. Esos fines, constitucionalmente sancionados, solo se comprenden rectamente si hacemos referencia a eso que proclama el preámbulo de la Constitución: la justicia, la libertad y la seguridad; la promoción del bien de cuantos la integran; la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; el Estado de Derecho como garantía del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; la protección de todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos; la protección de nuestra cultura y de su progreso, de nuestras tradiciones, lenguas e instituciones; la promoción del bienestar para asegurar la dignidad de las personas y la democracia; la búsqueda de la paz y de la cooperación con los demás pueblos de la Tierra.

España es una democracia razonable y un lugar en el que los derechos fundamentales no están en cuestión, por más que todo sea mejorable. Pretender juzgar a España en este juicio —de ahí la farsa de los observadores— es simplemente una forma torpe —aunque es quizás el único camino que les queda a algunos— de desviar la atención. Al igual que un juicio legítimo no sirve para la venganza, tampoco debe admitirse su utilización para engordar el argumentario político de los que llevan muchos años intentando vender una imagen falsa de lo que somos y así provocar las condiciones que puedan servir a sus estúpidos fines. Prefieren la degradación de todos hoy para la consecución futura de su fin milenario y religioso, para la venida de su dios. Por eso —y porque hacer otra cosa nos convertiría en lo mismo que son ellos— no debemos caer en la trampa.

Frente a todo lo que no es, recordemos lo que sí es un juicio. Un juicio solo merece ese nombre si se trata a los juzgados con dignidad y respeto. Un juicio es parcial. No trata sobre todo, sino sobre una parcela muy concreta de la realidad y conforme a unas definiciones técnicas. Si se amplía su objeto más allá de sus limites lo contaminamos. En un juicio, son las acusaciones las que tienen que probar que los acusados realizaron algo que es definido como delito en las leyes vigentes y que lo hicieron a sabiendas —o al menos asumiendo que el resultado definido en la ley y ocasionado por su conducta era probable—. En un juicio, la acusación tiene que probar más allá de una cierta frontera, porque si duda, solo cabe la absolución. Las únicas consecuencias posibles de un juicio son las previstas en la ley: otra cosa es tiranía.

En un juicio, los acusados tienen derecho a probar aquello que excluye el delito, o su participación, o que les exonera de responsabilidad o la atenúa. En un juicio no se presume el delito, sino que los hechos objeto de acusación han de quedar acreditados hasta el punto de que esa acreditación permita construir una narración de la realidad suficientemente completa como para atribuir consecuencias personales muy gravosas. No se puede enviar a la cárcel a alguien simplemente porque no nos guste, porque nos parezca dañino, porque defienda algo que nos repugna o porque haya sido un irresponsable.

Un  juicio debe ser, en suma, algo muy serio. No es un plató de televisión. Ni siquiera un parlamento. No es un lugar para ejercer la libertad de expresión, entendida en un sentido amplio. Es uno de esos pocos lugares lleno de reglas en los que la forma es inescindible de su fin natural.

La única manera sensata de enfrentarse a un juicio como el que viene, en mi opinión, es asumir de verdad, internamente, todo lo anterior y creer que todos los acusados son inocentes, que el Estado considera que han podido cometer un crimen, que el Estado puede y debe exponer por qué, intentando probarlo a la vista de todos, conforme a las reglas de la razón y con pleno respeto a los ciudadanos juzgados, y que los acusados tienen derecho a negarlo, a no colaborar con el Estado sin sufrir consecuencia alguna, a probar todo lo que venga al caso y les sirva de descargo, y a exigir de los jueces que sean imparciales y solo les castiguen si, sin duda de ningún tipo, son autores de una conducta tan reprochable y tan dañina como para que nuestros representantes las hayan convertido en delito. Asumir todo esto y desechar el resto como ruido.

Alguien me dirá: «qué exageración; a algo así, y como desiderátum, solo están obligados los jueces».

Ah, pero qué lugar más excelente y civilizado sería aquel en el que la mayoría de los ciudadanos se enfrentase a un proceso penal con la actitud exigible a los jueces. Qué lugar más habitable.

Así, aunque fuera por unos pocos días, podríamos disimular y hacer como que somos. Para ver si de tanto disimular, empezamos a serlo de verdad.

 

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