Tres errores y un acierto

 

No voy a analizar la interesantísima semana del juicio a los lideres secesionistas. Lo haré en otro lugar, pero se produjo ayer, en la declaración del mayor de los mossos, señor Trapero, un hecho curioso que puede definirse como error en cadena.

Trapero había sido propuesto como testigo por una sola de las acusaciones (la de Vox). Primer error, un testigo tan importante (por más que fuera posible que no declarase al estar imputado) debería haber sido propuesto también por el fiscal y la abogacía del Estado (ignoro las razones para no proponerlo). La prueba de esto es que, de hecho, se convirtió en un testigo muy importante: el interrogatorio del fiscal fue mucho más largo, más intenso y más detallado que el interrogatorio del proponente del testigo, el letrado de Vox.

El segundo error se produce con el propio interrogatorio del letrado de Vox. Lo cierto es que fue superficial. Basta con compararlo con el interrogatorio del fiscal: por ejemplo, preguntó por hechos que están juzgándose en otros lugares (la famosa destrucción de documentos, que, además y por lo que parece, ha dado lugar a un sobreseimiento) y, sin embargo, no preguntó sobre las dos importantes reuniones de mandos de los mossos con los máximos líderes del Gobierno catalán, reuniones que son un elemento esencial sobre un posible dolo eventual de un delito de rebelión y/o sedición. Al actuar así, al margen de lo ya dicho, lo que hizo fue constreñir la intervención de las dos acusaciones a aquello que había sido preguntado (entendido aquello en un sentido amplio, pero sin que pudieran desbordarse los hechos que habían sido objeto de interrogatorio).

Esto es así por la interpretación (correcta, en mi opinión) efectuada por la sala del Tribunal Supremo, de esta norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y que ya había dado lugar a cierto debate en el juicio):

Artículo 708.

El Presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones.

El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

Este juicio, entre otras cosas, está sirviendo para comprobar cómo siete magistrados del Tribunal Supremo interpretan ciertas normas que, usualmente, en muchos juicios, se aplican de forma más laxa (sobre no exhibición de documentos a testigos en casos en los que no se duda de la autenticidad, sobre preguntas relativas a datos que obran en atestados o instrucción sumarial, o sobre esta cuestión que aquí me ocupa, por ejemplo).

Como es obvio, esto se convirtió en un regalo para las defensas. El testigo que aparentemente quería hablar con claridad sobre ciertas cuestiones (ojo, no estoy afirmando que dijera la verdad; también está investigado) que ya habían aparecido a través de las declaraciones de otros testigos —y que volverán a aparecer—, no podía ser preguntado como consecuencia de esos dos errores previos.

Sin embargo, el letrado Melero (de Forn) cometió un tercer error. Sabía que las acusaciones no podían ya preguntar sobre las reuniones, pero él también tenía (y tiene) una línea de defensa sobre esto y cayó en la tentación de entrar en ellas y hacer las preguntas al testigo de forma que apuntalasen esa línea de defensa, excluyendo el resto. Al escoger dos preguntas concretas consiguió que el testigo dijera que los «políticos» no le habían dado instrucciones ni les habían reprochado su posición. Y lo hizo porque podía, porque el testigo también era testigo de la defensa de Forn.

Para obtener una ventaja, abrió el melón, y de ese melón pueden comer, no solo las partes, sino la propia sala. Recuerden, el art. 708 de la ley dice también:

«El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren

Una lectura superficial de este artículo parece no introducir límite alguno a la intervención del tribunal. Sin embargo, ha sido interpretado de forma cada vez más estricta, para evitar que se quiebre el principio de imparcialidad (para quien quiera profundizar en esto, que vea lo que se cita aquí *).

Utilizando ese precepto, Marchena hizo una pregunta muy habilidosa (por breve, y porque no preguntaba sobre el contenido de las reuniones, sino sobre la razón que le llevó al testigo a pedir las reuniones). Digo habilidosa porque, de tan neutral y poco invasiva, es prácticamente imposible considerar que realizó una actividad inquisitiva prohibida. Y esa pregunta dio lugar a una de las repuestas más importantes, hasta este momento del juicio.

¿Habría podido el magistrado Marchena preguntar eso mismo sin la pregunta del abogado Melero? En una interpretación literal de la ley, sí. En una interpretación conforme a la jurisprudencia del TS, en mi opinión, no. Porque no se podía depurar un pedazo de realidad sobre el que no se le había preguntado y sobre el que se había prohibido, ni más ni menos que a la acusación preguntar. Obsérvese que este no es el caso de un fiscal olvidadizo que no pregunta y un magistrado que suple al fiscal. El fiscal había preguntado y el presidente había prohibido la pregunta.

En todo caso, de no haber existido las previas preguntas de Melero, su actuación habría resultado atacable (incluso ante el TC y el TEDH). Son esas preguntas las que habilitan al tribunal. Y, además, es lógico. Porque la introducción de los hechos en la prueba testifical por las defensas era, en cierto sentido, ventajista, ya que se hizo parcialmente. Por eso, el tribunal pudo intervenir y depurar la declaración del testigo.

Más aún, ni siquiera el riesgo de que esto se produjera y de que luego Melero no pudiera preguntar justificaba las preguntas, porque el propio tribunal dio de nuevo oportunidad a las defensas para repreguntar al testigo. Y esto, previsiblemente, habría ocurrido en todo caso.

A Melero le pudo la gula.

En resumen, tres errores. Y un acierto.

Errare humanum est.

 

(*) Vean lo que dice el propio TS sobre este precepto:

«(…) la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad (…); de modo que no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limite a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación.

No faltan otros precedentes que han puesto el acento en el significado procesal de esa iniciativa, perfectamente compatible con el exigido estatuto de imparcialidad del órgano decisorio. Así, la  STS 1084/2006, 24 de octubre  (RJ 2006, 7847) , tuvo oportunidad de precisar que la doctrina reconoce que una cierta iniciativa probatoria del Juez penal no es incompatible con el principio acusatorio y con el derecho al Juez imparcial; y, a este respecto, se pone de manifiesto que, en el ámbito de nuestro entorno europeo, los ordenamientos jurídicos de los Estados que han suscrito los mismos tratados internacionales que España (Alemania, Italia, Francia, Portugal) admiten con distintos matices y amplitud la iniciativa del Juez penal en materia probatoria (244, II del  CP  (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777)  Alemán, art. 507 del Código Procesal italiano, art. 340.1º del Código Procesal portugués, art. 310 del Código Procesal francés).

(…) Durante el juicio el Juez o Presidente del Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, como un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas (…). Pero neutralidad no equivale a pasividad, (…) dilucidar sobre una pérdida de imparcialidad objetiva en virtud de las preguntas efectuadas desde la Presidencia no es un tema puramente cuantitativo o aritmético como si hubiese un cupo de preguntas que no se pudiese rebasar. Esa valoración ha de efectuarse ponderando la totalidad de las sesiones del juicio oral y no examinando aisladamente un pasaje u otro. Dos preguntas pueden ser demasiadas cuando eran innecesarias y revelaban un evidente prejuicio. Veinte pueden ser pocas en un interrogatorio en que las partes han superado en mucho el centenar. Se tratará de comprobar si son preguntas que eran pertinentes y se revelaban como necesarias y útiles para esclarecer los hechos y no revelaban prejuicios infundados, sino afán de enjuiciar con fundamento sin dejar flecos sueltos.

(…) dado que en el proceso acusatorio y contradictorio las aportaciones probatorias (como la misma iniciativa de la persecución) son siempre, por definición, actividad de parte, la injerencia del juzgador en ese campo, salvo que lo buscado fuera, claramente, despejar una duda en beneficio del acusado, será siempre problemática, como posible expresión o riesgo, al menos, de cierta pérdida de la necesaria imparcialidad. En efecto, porque dado el juego de las posiciones parciales en el espacio escénico del proceso, cuando la pregunta de la presidencia no sea de aquella inspiración, difícilmente podría ser neutral y dejar de constituir un modo de subrogación (más o menos intenso) en el papel de la acusación. Lo que el Tribunal Constitucional llama una actividad inquisitiva encubierta (SSTC 229/2003 y  334/2005  (RTC 2005, 334)). Por eso, el recurso a la medida de que se trata debe ser rigurosamente excepcional, muy medido en su práctica, y nunca orientado a suplir eventuales deficiencias de una acusación poco activa o diligente. Único modo de evitar la pérdida de la imprescindible equidistancia.

(…) exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta “teniendo en cuenta que la justicia constituye un valor superior del ordenamiento jurídico (…) para cuya protección el Juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica sobre la que ha de aplicar el Derecho, no parece jurídicamente admisible privar al órgano jurisdiccional de esta cuestionada iniciativa probatoria (que, en nuestro Derecho, cuenta con suficiente base legal), siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la propia causa, y que se respeten convenientemente los derechos de contradicción y de defensa de todas las partes implicadas en el proceso”.

Por último, el TEDH admite, según recuerda la  sentencia 315/2016  (RJ 2016, 1931)  de esta Sala, que una limitada iniciativa probatoria por parte del Tribunal no conlleva necesariamente un quebranto del derecho a un proceso equitativo (…)

Anuncios