¿En serio, señor diputado?

 

Leo este tuit:

Y este tuit:

Francisco de la Torre, además de diputado de Cs es inspector de Hacienda, así que presumimos que sabe de esto. Lo digo porque yo, desde luego, no sé gran cosa sobre control presupuestario.

Yo no soy experto en control presupuestario, pero tengo oídos y he escuchado la declaración del testigo a que se refiere el señor diputado.

El señor testigo ha dicho literalmente lo que entrecomillo: «se había tramitado un expediente de gasto con una partida presupuestaria del programa 132 que provenía de una sección de un capítulo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2017 que estaba vinculado con la sentencia del Tribunal Constitucional que esta partida era inconstitucional y nula en tanto en cuanto estuviese dedicada a financiación del proceso refrendario».

Las negritas son mías. Las pongo porque el programa 132 se refería a esto: «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales». Por tanto, sería nulo e ilegal un gasto sobre organización, gestión y seguimiento de programas electorales siempre que ese gasto se refiriese al referéndum trucho del 1 de octubre. 

En todo caso, dejemos las interpretaciones. El propio testigo ha avisado de que ese gasto había dado lugar al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017 y que, además, constaba en la justificación escrita del incremento de controles.

Así que, volvamos a la pregunta que nos hace el señor diputado: ¿mintió Montoro en sede parlamentaria el 31/08/2017 en su comparecencia por no dejar constancia de un gasto de alrededor de 20.000 € (menciona el testigo esa cifra en el interrogatorio que le hace el letrado de Vox) detectado en julio?

Pues bien, la respuesta es sencillísima. Vean la Orden PRA/686/2017, de 21 de julio publicada en el BOE, por supuesto (en el de 22/07/2018, es decir, más de un mes antes de su comparecencia), orden que imagino habría leído el señor de la Torre el 31/08/2017 cuando estuvo haciendo preguntas al entonces ministro, más aún considerando su importancia:

«A este respecto, en la última certificación remitida el pasado jueves 13 de julio de 2017 por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se certifica que a finales del mes de junio de 2017 se han reconocido obligaciones en el programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» por importe de 19,37 miles de euros, y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25,52 miles de euros (6,15 miles de euros adicionales sobre los datos del mes precedente).

En este sentido, el apartado IV.6 del programa del Fondo de Liquidez Autonómico aplicable para el ejercicio 2017, relativo al control reforzado, prevé la remisión adicional de determinada información, entre la que se encuentra el «Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecución del gasto público de la comunidad y sus entes dependientes, así como de determinadas líneas de gasto que, por razón de cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad, el MINHAFP determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una Comunidad concreta.»

A la vista de las nuevas circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las líneas de gasto aludidas, el pasado 18 de julio de 207 se ha requerido a la Comunidad Autónoma de Cataluña la remisión de un informe específico de la Intervención General de la Comunidad pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por dicha Intervención general o sus órganos dependientes en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017, así como sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas así como los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017

Y ahora pregunto yo: ¿lo que afirma el señor De la Torre es que Montoro mintió al no explicar en una comparecencia en agosto de 2017 que se había detectado en julio de 2017 un gasto que pudiera tener relación con procesos electorales, cuando ese dato salió PUBLICADO EN EL PUTO BOE más de un mes antes y no en una esquinita, sino en la justificación de una orden importantísima que conocimos todos y que imaginó leyó el señor De la Torre antes de ir a esa comparecencia del señor ministro?

¿En serio pregunta el señor diputado si mintió el señor Montoro?

 

 

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