Dos cosas sobre Vox

 

Hace unos días leí una noticia de El País sobre un candidato de Vox (número uno de la lista por Albacete) en la que se le atribuían una serie de declaraciones y se llegaba a una conclusión (por ejemplo, que es homófobo y negacionista del genocidio judío).

Conocida la capacidad de El País para la manipulación en materia de declaraciones, y puesto que las supuestas afirmaciones negacionistas se habían producido en una conferencia disponible en youtube —sobre el juicio principal de Núremberg—, decidí verla.

Y, curiosamente, enseguida descubrí que el periódico sí había manipulado las declaraciones, al atribuir al conferenciante la manifestación de que el juicio fue una farsa. La manipulación se produce por el habitual procedimiento de utilizar una palabra que pronuncia el conferenciante sacándola de contexto: lo que este afirma es que se percibió el juicio como una farsa hasta un determinado momento y que, desde ese momento (concretamente tras la aparición delas imágenes de campos de concentración) todo cambió. Y, de hecho, y al margen de críticas concretas (algunas, por cierto, indiscutibles, como el repugnante papel de juristas soviéticos que habían tomado parte en ignominiosos procesos en su país) una de las cosas que repite el conferenciante es que los jueces hicieron un trabajo profesional y equitativo.

Esto me preparó para lo peor. Pensé que las acusaciones de negacionismo serían falsas o estarían también manipuladas. El caso es que aunque formalmente el conferenciante no se presentó como tal (incluso en sus respuestas a algunos asistentes, estos sí abiertamente negacionistas), sus enunciados generales, su insistencia en un determinado contexto (en el que la persecución a los judíos es resultado de una identificación con el comunismo y que se deja en manos sobre todo de poblaciones locales) y su inclusión del plan genocida en la brutalidad general, como si fuera un caso más (como si, por ejemplo, no se hubiera trasladado a cientos de miles de judíos de toda Europa central y occidental a los campos de la muerte y se los hubiera exterminado masiva y planificadamente en los años en los que Alemania ya ha perdido la guerra), incluso la discusión sobre los números, todo ello no es sino un ejemplo claro de ambigüedad típica. La de quien no utiliza los argumentos chorras que solo compran los imbéciles, pero relativiza el genocidio para introducir, por ejemplo, alguna forma de equivalencia entre la maquinaria nazi de sufrimiento, aniquilación, humillación, deshumanización y muerte de los judíos y el bombardeo de una ciudad.

Una basura. En suma.

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La entrevista a Santiago Abascal en esa web sobre armas de la que habrán oído hablar es lamentable.

En España hay algunos consensos. Buenos consensos.  Uno es el relativo a las armas de fuego. No hay movimientos organizados importantes que pidan que los ciudadanos en general puedan tener armas de fuego en sus domicilios. No voy a hablar del caso estadounidense, sobre el que ya he escrito antes, y que tiene una vertiente constitucional que suele olvidarse. En cuanto a la legítima defensa, lo cierto es que soy partidario de interpretarla de una manera especialmente intensa en el caso de asaltos a viviendas particulares (en las que prevalece el concepto de intimidad y seguridad: todos queremos sentirnos seguros en nuestras casa más que en ningún sitio). Pero esta posición, que sostengo, es la que suele prevalecer en los pocos casos (sí, son muy pocos estadísticamente hablando) en los que se produce un uso de armas en viviendas por los moradores. Porque esa postura se basa en una cuestión de sentido común sobre lo que es legítima defensa, una institución que no incluye lesionar o matar a los que huyen o ajusticiar a un asaltante. Insisto, partiendo de que hay que ser siempre generoso con el miedo y la angustia del que se ve asaltado en un lugar cerrado e íntimo y de su reacción defensiva (que suele partir de una especie de juego de suma cero, en la que, si pierde la oportunidad de abatir al que asalta, quizás no tenga luego otra).

Sí, en ocasiones aparecen noticias que alarman, pero es que ¡esto pasa con todo tipo de noticias luctuosas o llamativas! Pasa también con otros crímenes que interesan a la gente y que pueden llevar a una percepción sobre riesgos, miedos y supuestas ineficiencias del sistema que, simplemente, no existen. O no de manera relevante. Y es gracioso que Vox diga defender que ciertas políticas son consecuencias de análisis histéricos interesados que permite la existencia de algunas industrias (los famosos chiringuitos) a la vez que se comporta de una manera tan groseramente populista. Es gracioso y lógico, claro.

Por eso es tan lamentable la entrevista: Abascal, para plantear algo tan drástico como autorizar a todos a tener armas de fuego en las casas (como si esas armas no pudiesen utilizarse para otras cosas que no sean defenderse —y digo de fuego porque, aunque no use esa expresión no cabe otra interpretación razonable—), menciona dos casos que luego son analizados en el propio medio (al final). Uno de ellos, el de un antiguo policía, resulta que aún no ha sido juzgado. La fiscalía, en su calificación provisional, pide 20 años de prisión, pero en todo caso, no deja de ser la petición de una acusación. Y, lo más importante, lo único que he visto en los medios son declaraciones del propio acusado. Los acusados suelen hacer declaraciones parciales que buscan evitar sus condenas y, en muchos casos, trasladar a la opinión pública argumentos no legales, sino sentimentales, para obtener algún tipo de apoyo. Lo hemos visto en el caso de Juana Rivas, por ejemplo. Cualquier persona sensata asumiría que, si el fiscal hace una petición así, será por alguna razón y que, en todo caso, en su momento tendremos una sentencia que sí podremos analizar.

El otro caso sí ha sido juzgado (el acusado de 83 años fue condenado a dos años y medio de prisión por un jurado), pero no se explica correctamente en la web, en la que se dice que está pendiente de recurso ante el TSJ de Canarias. Lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia anuló la condena y ordenó repetir el juicio por falta de motivación (uno de los supuestos previstos en la ley) y esa sentencia se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que debe estar (si no lo ha hecho ya) a punto de decidir si admite a trámite recurso de casación. Si no lo admite, el juicio se repetirá (y vista la sentencia del TSJ, es más que probable que con una decisión absolutoria). Si se admite, será el Tribunal Supremo el que decida si la sentencia del TSJ (que es la que actualmente está «vigente», por lo que ya no puede hablarse de condena) es correcta o si ha de mantenerse la previa que condenaba.

En todo caso, se trata de dos asuntos en los últimos cuatro años. Dos. Y ambos pueden terminar en absolución.

Como en otros casos de populismo punitivo, se remarcan casos extraordinarios, extremos, inhabituales en un país de delincuencia baja, para provocar el miedo. El miedo al asesino en serie, al depredador, a las agresiones sexuales. Todo ese miedo solo busca imponer una agenda estúpida e innecesaria, ya sea una prisión permanente mal diseñada, ya sea que la gente pueda tener armas (hay, por cierto, una industria que sería feliz con esto), ya sea modificar la ley para introducir alguna especie de inversión de carga de la prueba en los delitos contra la libertad sexual que haga innecesaria la prueba de cargo.

Porque, en esto, ¿cuál es la propuesta? ¿Que nunca sea delito que alguien mate a una persona que entra en su casa? ¿En ningún caso? ¿Que la ley aplique la legítima defensa desconectándola de su lógica, de manera objetiva? ¿Que lo haga utilizando categorías como «españoles de bien» o «ciudadanos honrados» vs «criminales», partiendo de descripción automática?

Esa exacerbación de la legítima defensa y ese planteamiento de autorización generalizada de tenencia de armas se rodea, además, de una retórica repugnante. Vean:

«VOX es el partido del sentido común, y por supuesto que apoyamos el derecho a la autodefensa de los españoles de bien, faltaría más. Por desgracia, tenemos unas leyes que tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes. El español honrado siempre está bajo sospecha. Para el consenso progre, todos los españoles somos asesinos en potencia, violadores en potencia, agresores en potencia que debemos ser reeducados y casi encerrados de por vida, pero cuando aparece un asesino o un violador de verdad, entonces todo es buenismo y derechos humanos y reinserción. Nuestra concepción de la delincuencia es totalmente opuesta: los españoles honrados tienen todo el derecho a defenderse y los criminales y delincuentes tienen derecho a recibir visitas en la cárcel. (…)»

Las negritas son mías. Sí, lo sé: casi sobran, de tanto que ocupan.

 

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