¡Urgente! Se descubre que España tiene un código penal

 

Estoy leyendo algunas opiniones sorprendentes sobre el caso del hombre que ayudó a su mujer a suicidarse.

Su conducta está tipificada en el Código penal:

Artículo 143.

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

No solo lo está, sino que expresamente, tal y como pueden ver,  se aprobó un subtipo atenuado en aquellos supuestos en los que exista enfermedad grave que va a conducir a la víctima a la muerte o una enfermedad que produce padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Vean que, además, se incluye tanto la cooperación al suicidio como lo que debería calificarse como auténtico homicidio («el que causare»).

Es decir, el caso que aparentemente nos ocupa está regulado así desde hace veinticuatro años.

De hecho, el texto finalmente aprobado es casi exactamente el propuesto originalmente en el proyecto de ley (solo se cambió la expresión «hubiera conducido» por «conduciría»). Ninguna enmienda fue admitida. Las había, digamos, de dos tipos:

a) Las de IU y ERC, que o despenalizaban el supuesto (incluyendo, en el primer caso, un 143 bis que expresamente declaraba la exención de pena —es decir una cusa de justificación—, mientras que el segundo grupo, en enmienda de Rahola, técnicamente más razonable, remitía a una ley especial qué supuestos de suicidio asistido serían admisibles y con qué requisitos).

b) Las de PP y Coalición canaria, que intentaban limitar el subtipo aplicándolo el primero como sujeto activo solo a médicos y estableciendo como requisitos tanto la naturaleza terminal de la enfermedad como los padecimientos que deberían ser «insoportables» y, además, admitiendo solo la rebaja en un grado de la pena, mientras que en el caso de Cc también se pretendía aplicarlo solo a médicos, exigiendo presencia de un testigo y, además, que los requisitos fueran cumulativos (enfermedad mortal más padecimiento).

Es, por tanto, incomprensible la sorpresa de muchas personas por el hecho de que se abra un procedimiento penal. De hecho, salvo que se acredite alguna circunstancia eximente, lo más probable es que este hombre, que además ha actuado abiertamente y ha dado publicidad a su conducta, sea condenado a una pena de entre un año y medio y tres años de prisión.

Sobre la posibilidad de un indulto, resultaría paradójico que el mismo se base en que este hombre ayudó a su mujer a suicidarse tras una enfermedad incurable, de muchos años, que le causaba padecimientos. Y que haya hecho esto por razones humanitarias. Digo que sería paradójico porque esa precisamente es la razón por la que su conducta encaja en subtipo atenuado (es decir, esa es la razón por la que se castigan con penas menos severas).

O la conducta tiene que seguir siendo delictiva (y, en tal caso, es difícil comprender por qué se ha de indultar a este ciudadano) o se ha de despenalizar. En este último caso, y por razón de la más elemental seguridad jurídica, la despenalización debería efectuarse mediante la aprobación simultánea de una ley que estableciese el procedimiento de auxilio al suicidio de determinadas personas. Más que nada, para controlar este tipo de situaciones y evitar que se produjesen casos límite dudosos en ámbitos privados.

La otra cuestión que leo y que me sorprende es la relativa a la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Como si esto fuese raro o siniestro.

Veamos, una vez aceptada la cuestión de la existencia de este tipo de juzgados (algo discutible en términos generales) es perfectamente lógico que una conducta que se incluye dentro del título relativo al homicidio y sus formas (y el legislador decidió incluir aquí el suicidio, en sus formas de inducción y cooperación, algo razonable, ya que el que induce y/o coopera al suicidio lo hace con la vida de otro) si víctima y autor son cónyuges (o han mantenido una relación de afectividad, etc.) sea instruida por el Juzgado de Violencia.

El Juzgado de Violencia no juzga. Es un juzgado de instrucción especializado. De hecho, el juez puede sobreseer y archivar. Por cierto, una de las funciones del juzgado es investigar si se trata de una cooperación al suicidio, porque podría resultar que no. Que sea un asesinato.

Más aún, en este caso concreto, ni siquiera existe la asimetría penal que sí se da en otros supuestos de violencia doméstica (algo, ya lo saben, que me parece inadmisible). Así que, ¿qué más da que el juzgado competente para instruir sea este? ¿O es que el nombre del juzgado, su etiqueta, ya implica algún tipo de tacha?

Es agotador que estemos indignados todo el día por todo tipo de cuestiones, la mayoría de ellas absolutamente intrascendentes.

 

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