Ah, el asesinado es un hombre. Excelente noticia.

 

Esto es extraordinario. Es difícil encontrar una manifestación más cristalina de doble moral. Escúchenlo:

La misma persona dice que Madrid es una ciudad segura porque solo hubo 16 asesinatos en un año. Sin solución de continuidad, manifiesta lo preocupante que es que 5 fuesen mujeres.

Que haya 11 hombres es una señal de extraordinaria seguridad. Que haya 5 mujeres es motivo de alarma.

Naturalmente, todos los asesinatos nos parecen malos, pero hay razones para argumentar que, en una ciudad de casi cuatro millones de habitantes, la cifra de 16 asesinatos es muy pequeña. Que es, en ese sentido, una cifra excelente.

Pero, como no puede admitir que esto desemboque en la inevitable conclusión de que 5 mujeres asesinadas, en una población de casi dos millones, sea una estadística también —más aún— extraordinariamente baja, ya que esto podría poner en duda que los «feminicidios» sean una plaga, un problema de gravedad extrema y que nos esté «matando a todas» una subespecie del terrorismo, se produce la disrupción, el salto en el vacío y el abandono de la razón, y del uso de la estadística se pasa al inmediato «ni una más». A la tolerancia cero.

Los hombres pueden morir violenta e injustamente y que mueran pocos ser una buena noticia porque sigue siendo inevitable un cierto número de crímenes en poblaciones tan grandes; las mujeres, no.

Un todo es bueno. Una parte de ese todo es malo. El todo está definido por una característica: está formado por seres humanos. Las partes por otra: el sexo de esos seres humanos. Podría haber sido la raza o la clase social. Si la parte es mala, la única explicación es que las mujeres valen más que los hombres, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre.

Con personas así no cabe la discusión civilizada. Están poseídas por una irracionalidad maligna.

 

In claris no existe, como sabemos todos

 

Escuchaba esta mañana a Carlos Alsina sobre el asunto de la suspensión de los diputados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y la solicitud hoy inadmitida de un informe por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. También comentaba la parida de Pablo Iglesias: que a los diputados los ha elegido la gente para que sean diputados. Sobre esto último, nada que decir: lo de Iglesias es infumable, aunque coherente en un populista de izquierdas. Ya sabemos que, para ellos, la ley nos obliga mientras no se oponga a lo que dice la gente, es decir, a lo que dice el líder.

Sin embargo, me ha llamado la atención la insistencia de Alsina en que el asunto de la suspensión, por aplicación del Reglamento del Congreso, es clarísimo.

Voy a explicar cómo lo veo para que se entienda por qué no estoy de acuerdo.

En primer lugar, los diputados y el senador procesados por rebelión una vez adquiridos la condición de tales por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, están suspendidos automáticamente por ministerio de la ley. Hablo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:

Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Que la suspensión es automática resulta del dictado de la ley y coincide con la interpretación efectuada por el magistrado Llarena tras el procesamiento y en relación con los cargos que entonces ostentaban los procesados.

Eso sí, que la suspensión sea automática no excluye que un juez competente, siquiera por razones de seguridad jurídica, declare que estamos en el supuesto de la norma. Es lo que hizo Llarena y es lo que, en mi opinión, debería hacer la sala que está enjuciando. En consecuencia, creo que lo correcto es lo que han hecho los fiscales del Tribunal Supremo, que han pedido esta suspensión por aplicación de esa norma procesal.

Dicho esto, ¿procede además la suspensión por aplicación de los Reglamentos de las Cámaras?

Aunque es discutible, en mi opinión, no, salvo votación de la propia cámara con mayorías idénticas a las que permiten la concesión del suplicatorio. ¿Por qué digo esto?:

Vean lo que dice el Reglamento del Congreso:

Artículo 21

1. El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios:

1. En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento.

2. Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

2. El Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Como vemos, esta norma no coincide con el artículo 384 bis, ya que esta se refiere a delitos concretos, mientras que el Reglamento se refiere a todo tipo de delitos. Además, la suspensión exige un presupuesto habilitante: que se haya concedido la autorización para proceder contra el diputado por medio de suplicatorio.

El suplicatorio es un acto político derivado de un privilegio: la cámara lo concede o no. Es decir, la cámara se pronuncia políticamente.

En el presente caso, esto no ha sucedido. Se puede argüir que no es necesario, como se ha cuidado el Tribunal Supremo de declarar en su auto de 14/05/2019, resolución totalmente ajustada a derecho en mi opinión, pero esto no implica que su innecesariedad para la continuación del juicio lo haga innecesario para provocar la suspensión. La razón es la ya enunciada: el suplicatorio encierra una manifestación de voluntad política de la cámara.

Esto, además, se refuerza considerando el caso del Senado. El artículo 22 del Reglamento del Senado se parece al del Reglamento del Congreso, pero con dos diferencias:

a) La primera es que hace falta mayoría absoluta para acordar la suspensión en una votación diferente de la del suplicatorio.

b) La segunda es que se hace referencia a que esta medida se acordará dependiendo de la «naturaleza de los hechos imputados».

La segunda diferencia es irrelevante, ya que el Senado es soberano. Ahora, la primera supone que, para la suspensión, el Senado deba realizar dos manifestaciones políticas adoptadas por mayoría (además, absoluta, en el segundo caso).

Las consecuencias que extraigo son: la suspensión de la condición de diputado o senador afecta a derechos fundamentales de indudable trascendencia. Al igual que la inmunidad, como privilegio, ha de interpretarse taxativa e incluso restrictivamente, la suspensión de un derecho fundamental ha de producirse solo cuando la ley lo prevea y concurran todos los presupuestos habilitantes.

En consecuencia, para que las cámaras puedan suspender por aplicación del Reglamento respectivo es preciso que, en el caso del Congreso, haya suplicatorio (o votación con cumplimiento de requisitos formales similares) y, en el caso del Senado, votación por mayoría absoluta (podría ser solo una, puesto que con ello las exigencias materiales se cubren).

De esta forma, concurriría, en ambos caso, la voluntad política que exigen ambos reglamentos (recuérdese que las cámaras son soberanas a la hora de articular sus normas de funcionamiento).

Solo queda una cosa por plantear: ¿podrían las cámaras olvidarse de sus reglamentos y simplemente suspender por la concurrencia de lo que establece el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?: en principio, podrían. Ahora bien, esa norma procesal, conforme a su aplicación natural, aunque es imperativa, tiene como principal destinatario a los jueces y tribunales. Por tanto, no sería ilógico que las cámaras simplemente declinasen en el tribunal la dación de cuenta de que la suspensión automática se ha producido porque en ese tribunal concreto se sigue una causa por los delitos que implican dicha suspensión automática.

Por tanto, no tiene razón Batet en pedir informe de ningún tipo. Esto es un disparate. Pero no resultaría absurdo que las cámaras esperen a una resolución expresa del tribunal que deje constancia de la aplicabilidad de esa norma.

Dos últimos incisos para que quede claro hasta qué punto el asunto es discutible:  en cierto sentido ya hay una resolución que dice que los diputados y el senador tienen sus cargos suspendidos. La que dictó Llarena. El segundo inciso: se ha dicho que el auto de 14/05/2019 (antes enlazado) ya contiene la postura del tribunal. Pues yo no sé dónde. Lo que dice el auto es:

Basta su lectura para darnos cuenta de que la mención del reglamento es obiter dicta como argumento añadido a otros que se refieren a la condición posible de preso preventivo y diputado o senador conforme a derecho.

Y el auto no dice que la situación de preso preventivo, por sí sola, implique que el diputado sea suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios.

Espero, en consecuencia, que el Tribunal Supremo dicte una resolución que simplemente declare que los presos diputados y senador están suspendidos por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que así se lo comuniquen a las cámaras para su cumplimiento. O que, si las cámaras hacen esto, lo hagan por aplicación exclusivamente de esta norma.

Y que, si se pretende que la suspensión tenga lugar por aplicación de los Reglamentos, haya una votación al efecto en el pleno del Congreso y otra en el del Senado.