De dictadores y argumentos

 

España se ha convertido en un patio de colegio. El Tribunal Supremo en un auto —es decir, en una resolución «menor»— menciona de pasada —es decir, menciona no como argumento que sirva para tomar una decisión— que Franco fue jefe del Estado desde una fecha y un montón de gente se pone a gritar. Que si el Tribunal Supremo ha legitimado el golpe de Estado franquista, que si ha destituido a Azaña, que si esa mención demuestra que el Tribunal Supremo está lleno de franquistas y no se puede esperar nada en el juicio a los secesionistas (estas son algunas perlas).

Es todo tan imbécil que produce asombro. Aunque el Tribunal Supremo se equivocase en el dato, algo discutible, da igual. Franco fue un dictador asqueroso desde el primer día. También cuando su gobierno fue reconocido por Reino Unido y Francia. También después de dimitir Azaña. Lo fue desde antes de que, con el voto de sus cómplices criminales, se hiciera con el poder absoluto y lo siguió siendo desde ese momento. También cuando España entró en la ONU y nos visitó un presidente norteamericano. Sí, fue un dictador asqueroso, pero fue jefe de Estado. Como lo fueron Stalin o Hitler o Pinochet o como todos estos. ¿Importa mucho si fue jefe del Estado desde 1936 o desde 1939? ¿En serio? ¿Se va a negar que controlaba gran parte de España desde 1936?

Esa mención —de pasada, intrascendente a los efectos de lo que se decidía—  no puede legitimar nada porque, de asumir ese argumento, esto supondría que Franco habría sido un jefe de Estado legítimo si se hubiera optado por otra fecha posterior.

La estupidez nos asuela.

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Tras los informes de las tres acusaciones en el juicio a los líderes del golpe secesionista, he mirado resúmenes en periódicos y he escuchado opiniones de opinadores. En su mayor parte, insufriblemente superficiales. Se han centrado en lo que los periodistas llaman titulares. En las frases sonoras, los espejitos que tantas veces se usan para engañar a los nativos, como esas máximas o refranes que vemos pulular por las redes sociales, a menudo con la foto de algún prócer para darle el aura de verdad revelada. Esas píldoras que sustituyen un razonamiento complejo y matizado que analiza todos los aspectos de una cuestión, pero que tanto satisfacen nuestra pereza y la incapacidad para reconocer nuestras limitaciones.

Todo está claro. Los fiscales han dado un zasca (y eso que las defensas no han podido aún replicar) y la abogada del Estado es una traidora que, con sus balbuceos, demostraba la falta de convencimiento. Como si la potencia o adecuación del argumento dependiera del timbre de la voz o de los ehhh intercalados.

Un día, si tengo tiempo y ganas, escribiré un ladrillo en el que expondré con detalle mi punto de vista sobre lo que se ha probado o no en el juicio, y, en concreto, sobre si los hechos probados completan los hechos típicos del delito de rebelión o no. Será tan coñazo que no lo leerá casi nadie, y después de escribirlo tendré la sensación de que soy gilipollas por perder mi tiempo en una tarea que nadie me paga —ya me estoy arrepintiendo, así que es probable que no lo escriba—.

En ese ladrillo debería analizar si, con independencia de cuál sea el bien jurídico protegido en el delito de rebelión, los acusados llegaron a desplegar una conducta material que lo pusiese en riesgo conforme a la descripción contenida en la norma penal. Porque, al margen de la discusión sobre qué se protege en el Título XXI del Código Penal (delitos contra la Constitución), cuestión de importancia, ya que no es igual que se incluya solo aquello relacionado con los derechos y libertades que el que se amplíe al propio sistema jurídico en su conjunto en cuanto garante de la paz social, lo cierto es que la finalidad del autor no es suficiente. No basta con que los hoy juzgados quisieran acabar con el sistema constitucional, sino que es preciso que su conducta se ajustase materialmente a la conducta prohibida en la norma penal. Porque —y esto es consecuencia de que no se recogiese como forma de rebelión, con ese u otro nombre, el autogolpe— el alzamiento violento, como conducta prohibida, exige que la violencia pública tenga unas características que por sí solas sean adecuadas para poner en auténtico riesgo la integridad de la nación o la aplicación de la Constitución en la parte del territorio nacional en el que se produce el levantamiento.

Por esta razón, los argumentos de la abogada del Estado, ridiculizados por algunas personas que no tienen ni puta idea de lo que hablan, son —al margen de la posición que uno tenga— perfectamente pertinentes. La violencia periférica, puntual, no toral en la conducta desplegada para el fin descrito*, no es la violencia que describe la norma penal. Una conducta puede aparente o formalmente coincidir con la conducta prohibida y, sin embargo, ser penalmente irrelevante por ausencia de lesividad conforme a lo que se describe en el tipo que se pretende aplicar y al fin de la norma. El fiscal Cadena, en su análisis del tipo, sostuvo ayer que solo exige la violencia necesaria para la obtención del fin perseguido. Aunque no sea especialmente intensa. Que, de entenderse de otra forma, incluso el golpe del 23 de febrero debería quedar impune. Pero, en mi opinión, esa tesis amplía el tipo de manera inasumible. La violencia puede consistir, como bien dijo la abogada del Estado, en una amenaza creíble sobre su uso: por ejemplo, la presencia de un pelotón de guardias civiles con sus armas en el Congreso y tanques por las calles de una ciudad. Esa intimidación cumple el tipo porque anticipa un posible uso de medios que tienen la finalidad concreta de cambiar el Gobierno del Estado. La cuestión es que la violencia que se observa el 20/9 y el 1/10 en Cataluña, incluso en su faceta de intimidación, no va dirigida a la consecución de la secesión por sí sola, sino a la realización de un referéndum que pretende utilizarse como argumento legitimador. Por mucho que los secesionistas le quisieran dar importancia a ese hecho —hasta el punto de introducir automatismos en sus leyes esperpento al efecto—, el referéndum en sí no es la secesión, salvo que asumamos el tramposo relato secesionista. Tan obvio es esto, que los hoy acusados estuvieron un mes circulando libremente sin que nadie los detuviera cuando supuestamente habían ya cometido uno de los más graves delitos de nuestro Código penal el 1/10. ¿Alguien se imagina a Tejero paseando un mes libre por España y dando entrevistas después del 23-F?

Y sí, yo creo que hubo sedición. Porque, al margen de que los acusados sí quisieran atentar contra la Constitución en sentido material, lo cierto es que, aunque no desplegasen la conducta que completa el tipo del delito de rebelión, para cumplir sus objetivos asumieron y quisieron que se viera afectado gravemente el orden público, que es otro bien jurídico. Precisamente porque controlaban un enorme poder en el territorio, no precisaban, para la consecución de sus fines formales, con la realización de determinados actos habituales en un golpe de Estado: concretamente los referidos a la toma de centros de poder. De hecho, incluso controlaban la fuerza pública más numerosa en el propio territorio. Y, de hecho, podrían haber declarado la república catalana sin referéndum y esto no habría sido delito ni de rebelión ni de sedición. Sin embargo, optaron por añadir ese golem legitimador prohibido por los tribunales. Para llevarlo a la práctica, una vez que un magistrado ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado que materialmente actuase para impedirlo, necesitaban de una actuación masiva de oposición. Esa oposición no tenía que ser violenta para ser sediciosa, ya que el tipo no lo exige, pero sí tenía que ser pública, tumultuaria y eficaz para el logro de su propósito. Todos esos requisitos se dieron. Se creó una apariencia de legalidad, se convenció a millones de personas de que ese acto obstativo equivalía a un acto de desobediencia civil (cuando lo cierto es que no se impedía al ciudadano concreto votar, sino que se le exigía que se apartase para que la fuerza policial hiciese su trabajo), se facilitaron los medios para la votación y para la ocupación masiva por los ciudadanos de los centros, y se alentó a esos centenares de miles de personas, no a votar, sino a defender las urnas y los centros. Se asumió una posición de garante del acto prohibido y se alentó a un comportamiento que impidiese a la fuerza legítima cumplir con sus órdenes. Y, además, se hizo de forma masiva, organizada y consciente. De hecho, dudo que haya acto sedicioso —y hablo en singular— más obvio que este. Y, además, se hizo desde el control, casi total, de las instituciones. He dicho «se» repetidamente, pero no es correcto: todo esto lo hicieron los acusados en compañía de otros.

Termino: no estaría de más, a la vista de lo sucedido, que se reforme el Código penal para específicamente castigar el golpe incruento realizado desde el poder y sin alzamiento violento. El nombre que reciba el delito me trae sin cuidado.

Creo que los fiscales estuvieron muy bien ayer, en defensa de sus posiciones. Pero su claridad y orden en la exposición de los argumentos no son los argumentos. Y creo que la abogada del Estado no es precisamente una oradora nata, que su discurso, sobre todo al principio, fue aburrido, confuso e innecesariamente prolijo en su hincapié en detalles relevantes, pero que nadie puede discutir. Sin embargo, creo que tiene razón. Y como lo que importa en un juicio es la razón y no la brillantez, espero que sus argumentos, a pesar de esa cierta torpeza expositiva, prevalezcan.

Y, puesto que sigo abierto a la razón, escucharé con atención los argumentos de las defensas. Ya ven, cabe la posibilidad de que me convenzan de que estoy equivocado. Aunque a alguno se le escape desenvolupar.

 

NOTA:

* PARA EL FIN DESCRITO.

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