El engendro

 

He leído hace un rato el escrito de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, sobre las consecuencias para Oriol Junqueras de la sentencia del Tribunal de Justicia en materia de inmunidad de europarlamentarios. Ayer solo vi alguna noticia y escuché y leí algunas declaraciones en las que se hablaba de engendro, de informe pastelero, de bajada de pantalones. Incluso leí que una asociación de abogados iba a presentar una querella contra la autora del escrito.

Como es lógico, puesto que el escrito (que, por cierto, no es más que una alegación de parte) se había convertido en una pieza clave para la venta a los ciudadanos del pacto entre el PSOE y ERC, todo se ha contaminado. Ya no importan los argumentos; importa el trance. La degradación en el uso mediático de las instituciones —más que en la sustancia de lo que esas instituciones hacen— ha llegado al punto de que ni siquiera se utilicen interpretaciones o lecturas interesadas. Eso sería demasiado esfuerzo. Nos basta ya con tuits interesados. Toda la discusión pública convertida en titular o en meme. En una píldora arrojadiza.

Por eso creo que esto que voy a escribir seguramente sea más inútil que de costumbre. Pero, como la cabra tira al monte, veamos qué dice el escrito. Aunque había leído que es ambiguo, confuso y que pretende contentar a todo el mundo —incluso, asómbrense, que deja al Tribunal Supremo al pie de los caballos, ya que remite al tribunal la decisión—, lo cierto es que se agradece ante todo su orden y la claridad en la argumentación.

Así:

1.- Recuerda que la cuestión prejudicial, aunque planteada para resolver algo concreto (si había que permitir la salida de Junqueras para que jurase la CE), podía tener consecuencias reflejas en el asunto principal que se juzgaba. Lo recuerda porque esto ya lo había dicho el propio Tribunal Supremo.

2.- Más adelante resume la doctrina de la sentencia del Tribunal de Justicia especificando que:

a) La interpretación sobre el momento en que comienza la inmunidad es nueva y se aparta de la jurisprudencia previa del propio tribunal, por lo que lo hecho por el Tribunal Supremo era conforme con esa posición previa y esa nueva jurisprudencia plantea cuestiones prácticas complejas para la que no hay una respuesta asentada legal y jurisprudencialmente.

b) La inmunidad nace con la proclamación de electos y esa inmunidad garantiza al electo que pueda cumplir con los trámites que le permitan tomar posesión de su mandato, lo que supone remover el obstáculo de una prisión provisional, aunque —lo copio literalmente, ya que volveré a ello— «Si el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad».

c) Es el Tribunal Supremo quien ha de decidir en que se traduce esta inmunidad, aplicando el principio de «cooperación leal», que se aplica a los tribunales y al propio Parlamento Europeo y que, en consecuencia, es. digámoslo así, biyectivo.

3.- Sentado lo anterior, explica la incidencia de esta sentencia del TJUE en la propia sentencia del Tribunal Supremo de 14/10/2019, por la que se condenaba a Junqueras, entre otros, a penas de prisión e inhabilitación absoluta de 13 años y, en concreto, sostiene que:

a) La sentencia condenatoria es válida y no se ve afectada por la cuestión prejudicial, ya que:

a.1. El juicio quedó visto para sentencia el 12/06/2019 y la proclamación de electos es de fecha 13/06/2019. La inmunidad no incluye que no se dicte una sentencia con la vista ya terminada en ningún caso.

a.2. Más aún, ni siquiera era preciso suplicatorio, ya que el Tribunal Supremo por auto de 14/05/2019 ha declarado, conforme a su jurisprudencia previa, que no procede (tampoco para un diputado o senador) cuando la elección es posterior a la apertura del juicio. Esto es importante: la inmunidad del europarlamentario español es la del diputado o senador español. No otra. Como no hacía falta suplicatorio, no hay óbice procesal para que el juicio fuese perfectamente válido.

b) Puesto que la condena es válida y se ha concretado en una causa de inelegibilidad (la inhabilitación absoluta) que es, a su vez, causa sobrevenida de incompatibilidad, esto podría traducirse en la inexistencia de inmunidad por anulación del mandato y el Tribunal Supremo podría limitarse a comunicar al Parlamento Europeo que Junqueras ya no es eurodiputado, sin perjuicio de la respuesta que se diera al hecho de que sí lo fue (al menos en cuanto a su inmunidad) entre el 13/06/2019 y el 14/10/2019. Sin embargo, la abogada del Estado discrepa de esta respuesta porque:

b.1. Tal y como señaló el Tribunal Supremo en su auto de 6/4/2017 (por cierto, la cita en el informe de la abogacía del Estado es errónea: el recurso es el 20249/2016) la Junta Electoral Central es la competente para todas las cuestiones relacionadas con la proclamación de candidatos a las elecciones europeas. Aquí el informe da un salto, ya que ese auto se refiere a la proclamación de candidatos y no a la «anulación» del mandato (término que usa el Acta electoral de 1976 de la UE) o al «fin» del mandato (término que utiliza el Reglamento del Parlamento Europeo) por incompatibilidad o anulación. No obstante, es defendible que el Tribunal Supremo inicie la ejecución de la sentencia de inhabilitación, lo comunique a la Junta Electoral Central y esta, a su vez, lo comunique al Parlamento Europeo. Y esto aún no ha sucedido.

b.2. Lo anterior no ha sucedido porque, aunque la sentencia condenatoria es firme, el propio Tribunal Supremo dejó en «suspenso» la pena de inhabilitación a resultas del recurso que dio lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial.

b.3. Además, el propio Tribunal Supremo mantuvo la vigencia de la cuestión prejudicial, pese a la situación de preso preventivo o penado frente al Tribunal de Justicia. Es decir, que el propio Tribunal Supremo, consideraba que el asunto de la inmunidad pudiera tener algún efecto reflejo en la ejecución de la sentencia condenatoria, lo que se comparte en la propia sentencia del TJUE.

b.4. Finalmente se recuerda que la incompatibilidad implica que el mandato decaiga y otro representante ocupe el lugar de Junqueras, lo que garantiza que la composición de la Eurocámara refleje el voto popular. Mi primer pero llega aquí: esto mismo se consigue si el Tribunal Supremo considera que Junqueras no es eurodiputado y lo comunica al Parlamento Europeo y a la JEC. Porque, en tal caso, se procede a nombrar al siguiente de la lista.

4.- Partiendo de todo lo anterior, la abogada del Estado considera que:

a) Hace falta que expresamente se declare por la JEC la incompatibilidad sobrevenida. Mientras tanto, el señor Junqueras goza de las inmunidades propia de un eurodiputado. Esto es sencillo: basta con que el Tribunal Supremo inicie la ejecución de la sentencia y se lo comunique a la JEC para que esta, a su vez, se lo comunique al Parlamento Europeo.

b) Mientras tanto —un «mientras tanto» muy breve—, el Tribunal Supremo debe pedir la suspensión de la inmunidad. De hecho, lo normal es que el punto a) llegue antes de que finalice el b).

5.- Recuerda a continuación la abogada del Estado la primacía del derecho europeo en caso de conflicto. Obvio.

6.- Luego, plantea en qué medida esto afecta a la pieza de situación personal de Junqueras (y al recurso de súplica sobre el permiso extraordinario para jurar la CE que motivó la cuestión prejudicial). Veámoslo:

a) La abogada del Estado recuerda que la novedosa sentencia del TJUE establece que la inmunidad de Junqueras implica que no se puede impedir al electo cumplir los trámites para adquirir la condición plena de eurodiputado. Y, por tanto, esto es incompatible con la, entonces, prisión provisional. También recuerda que la sentencia afirma que si «el tribunal nacional competente estima, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, ha de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que suspenda dicha inmunidad».

b) Por tanto, el recurso debería estimarse para que Junqueras pueda acudir a jurar ante la Junta Electoral Central, con las «medidas de custodia que sean oportunas para que el Sr. Junqueras pueda sin impedimentos cumplir el trámite citado».

7.- ¿Y en qué medida afecta esto a la causa principal?:

a) En la que indique el Tribunal Supremo, que es el competente, que ha de ajustarse a los elementos de interpretación del Tribunal de Justicia.

b) La abogada del Estado, partiendo de la primacía del derecho de la UE y del principio de cooperación leal (que impone respeto y asistencia mutua entre autoridades y que reviste especial importancia cuando se trata de la aplicación del derecho comunitario) plantea que tanto el Tribunal Supremo como el Parlamento Europeo se consulten y faciliten la ejecución de dicho derecho comunitario.

c) Recuerda, además, que las inmunidades de las que deben gozar los europarlamentarios (conforme a las normas europeas) son las necesarias para el cumplimiento de su misión, y que sus objetivos —las de las inmunidades— son garantizar la independencia y funcionamiento de las instituciones de la UE frente a impedimentos o menoscabos, y que el Parlamento refleje fiel y completamente las libres preferencias de los votantes. Incide mucho en esto, y no tanto, aunque lo cita, en que las inmunidades son las propias del derecho nacional.

d) Recuerda que hay una inmunidad específica: la de dirigirse al Parlamento para su primera reunión y así cumplir los trámites para un mandato pleno. Esto supone que Junqueras debe poder dirigirse sin impedimentos al Parlamento Europeo, pero, puesto que está condenado a pena de prisión:

d.1. Hay que habilitar una forma para que pueda acudir al Parlamento Europeo para cumplir con esas formalidades (ya que esa concreta inmunidad lo es para ese fin específico y no otro).

d.2. Puesto que la inmunidad también lo es para que, como europarlamentario, pueda «dar cumplimiento a su misión» (como ha indicado antes), el Tribunal Supremo debe valorar la forma en que pueda Junqueras desempeñar su función representativa mientras mantenga su condición de parlamentario europeo, sin óbice para la otra finalidad legítima (la ejecución de la medida de prisión y la minimización del riesgo de fuga). Puesto que estas medidas requerirían alguna suerte de protocolo o procedimiento específico, el Tribunal Supremo debería consultar al Parlamento Europeo para fijar las que hicieran compatibles ambos fines.

d.3. Todo lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva la inhabilitación por la JEC y se pida la suspensión de la inmunidad, mientras tanto.

d.4. Y mantener la suspensión de la ejecución de la pena de inhabilitación por las «razones expuestas».

El anterior creo que es un resumen fiel del escrito. Como decía al principio, es claro, ordenado y razonado. No veo ninguna bajada de pantalones. No es un engendro en absoluto. No me parece un informe ad hoc. Hace una interpretación posible, sin contradicciones y garantista del derecho aplicable y simplemente plantea, ante la ausencia de una solución previa para un caso similar, que se articule, por las instituciones implicadas, un procedimiento para hacer efectivas ambas sentencias.

Mis discrepancias son pocas: para empezar, no veo razón para mantener la «suspensión» de la ejecución de la pena de inhabilitación (el Tribunal Supremo lo que dice es que pospone su ejecución a la resolución del recurso). Puede estimarse el recurso, y habilitarse la salida de prisión de Junqueras para que acuda a la JEC y, a la vez, iniciar la ejecución de una condena firme de inhabilitación, bien directamente por el Tribunal Supremo, con comunicación al Parlamento Europeo y a la JEC simultáneamente, bien remitiendo su efectividad a la JEC para que sea esta la que comunique al Parlamento Europeo que Junqueras no es diputado. Por otra parte, se sigue obviando que la sentencia del TJUE afirma que el tribunal sentenciador puede mantener la medida de prisión mientras se tramita el procedimiento de suspensión de las inmunidades. Recuérdese y no me canso de insistir en esto, que la inmunidad del europarlamentario es la del diputado o senador, porque, el derecho de la UE goza de primacía, pero el derecho de la UE nos indica cuándo comienza la inmunidad no cuál es su contenido, ya que se remite expresamente al derecho de cada país.

De hecho, con este dictamen y con la sentencia dictada, el Tribunal Supremo puede:

1.- Ejecutar la sentencia firme de inhabilitación, lo que supone que, desde el momento en que se comunique al Parlamento Europeo dicha ejecución, Junqueras deje de ser parlamentario. Y deje de gozar de cualquier inmunidad.

2.- Conceder simultáneamente un permiso para que Junqueras vaya, custodiado, a la JEC a jurar la Constitución y adquirir su mandato.

3.- Mantener la ejecución de la sentencia de prisión siempre que pida, a la mayor brevedad, la suspensión de la inmunidad. Naturalmente, si el punto 1.- tiene lugar antes, esta solicitud perdería su objeto.

4.- Mientras tanto, plantear al Parlamento Europeo cómo puede, en condiciones que eviten la fuga, garantizarse que Junqueras acuda al Parlamento Europeo a los solos efectos de cumplir con las restantes formalidades, de forma que vuelva a España para seguir cumpliendo con la pena de prisión en condiciones ordinarias. Lógicamente, si el punto 1.- tiene lugar antes, esta solicitud perdería su objeto.

5.- Acordar, una vez haya cumplido con las formalidades, previa solicitud al Parlamento Europeo del establecimiento de un protocolo al efecto, las medidas ponderadas que permitan compatibilizar la actividad de Junqueras como europarlamentario con la pena de prisión. De nuevo, lógicamente, si el punto 1.- tiene lugar antes, esta solicitud perdería su objeto.

Desde un punto de vista práctico, como pueden comprobar, los puntos 3.- 4.- y 5.- no tienen por qué producirse, ya que la sentencia es firme y ejecutable y la pérdida por Junqueras de su condición de eurodiputado, como consecuencia de su inhabilitación, solo exige una comunicación.

Sin embargo, pensemos en el caso de Puigdemont, en el que no hay sentencia firme. Yo creo que, en gran medida, la situación es similar.

1.- Puede defenderse que no es preciso suplicatorio para juzgarlo, puesto que se encuentra procesado desde el 21/03/2018. El Tribunal Supremo en su auto de 14/05/2019 afirmó:

2.- No obstante, si se considera que es preciso que se levante la inmunidad por el Parlamento Europeo y que el suplicatorio solo deja de ser preciso una vez abierta la fase de juicio oral, puede pedirse ya.

3.- Consta, contra él, desde antes de que fuera elegido para cargo alguno auto de prisión, que no se ha ejecutado por su fuga. Por tanto, si regresa a España, ese auto ha de hacerse efectivo y, una vez en prisión, el juez competente deberá decidir todo lo relativo a su situación personal. Incluso mantener la medida mientras se concede o no la suspensión de la inmunidad por el Parlamento Europeo. En todo caso, y salvo en lo relativo a la ejecución de una condena firme, todo lo demás que he expuesto antes sería aplicable.

En resumen, el engendro no es tal. Y lo de la querella es un disparate.

Aprovecho para desearles a todos Feliz Año Nuevo.

 

Traduzco al niño: si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate la puta boca

 

Yo me preguntó qué hay que tener en la mollera para preguntar a unos niños por qué quieren dar gracias este año y echar en cara a uno de ellos que se alegre porque, por fin, va a ser adoptado.

Porque, al margen de las opiniones que tenga esa maestra sustituta, hay que ser muy cabestra para negar a un niño de once años su derecho a alegrarse y agradecer que las personas que lo están cuidando se conviertan en sus padres. Y, además, provocar en el pobre crío el miedo a confesar la diatriba a sus futuros padres por si, quizás, esto los lleva a echarse atrás en su decisión de adoptarlo.

Pero no les traigo esta noticia por esto, sino por otra razón. A esa maestra la expulsaron del colegio porque tres niñas, supongo que también de once años, le pidieron que parase y, ante su negativa, se marcharon de clase y fueron a quejarse al director.

Tres niñas de once años protegiendo a su compañero.

Molan.

 

Reforma de la LOREG

 

Hay una cuestión que no he incluido, por falta de espacio, en la tribuna de hoy en El Mundo. Veo que hay quienes quieren reformar la LOREG para que investigados o procesados por cierto tipo de delitos no puedan presentarse a las elecciones.

Me parece un error. La presunción de inocencia sí es un efecto «fuerte» de derechos fundamentales (no lo es la inmunidad parlamentaria). Una cosa es que se pueda acordar una medida privativa de libertad si hay indicios de delito y se persigue con ello fines constitucionales legítimos, como evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva, y otra es presumir la culpabilidad privando a un ciudadano de la posibilidad de presentarse a unas elecciones y ser votado, sin sentencia condenatoria cuando menos —aunque no sea firme—. Naturalmente, el derecho a presentarte no incluye el derecho a dar mítines o salir de prisión para participar en debates, por lo que estas posibilidades deben valorarse y ponderarse, en caso de prisión preventiva, por el juez que está conociendo para conceder o no permisos.

Cuestión diferente es que se impida a una persona que desatiende el llamamiento de un juez hasta el punto de que se dicte una requisitoria contra ella presentarse a unas elecciones sin acompañar la justificación documental de que ha atendido dicho requerimiento. Esto sí me parece perfectamente razonable. Todos estamos obligados a atender a los llamamientos de los tribunales.

Por lo demás, todo es más sencillo. Bastaría con que los partidos que representan a la inmensa mayoría de los españoles y están supuestamente situados en las zonas moderadas del espectro político y supuestamente defienden cumplir con la ley y acatar las resoluciones de los tribunales actuasen a una en determinados asuntos.

Aprovecho para publicar una captura de pantalla de mi artículo en El Mundo:

 

 

If (consideren puesto el emoticono irónico en el título)

 

Una vez más, en una universidad, unos tipos han impedido a un señor explicar cosas libremente porque el señor no les gustaba. Resulta que, además, el señor no solo estaba invitado, sino que es un académico que ha escrito sobre el asunto que se discutía. Vamos, que no es un pirado que apareció con una caja de frutas sobre la que alzarse y soltar un discurso anunciando el fin de los tiempos.

No es que esto sea nuevo. Siempre ha habido censores que prefieren que la gente que piensa diferente no diga ni mu, no sea que tengan que rebatir sus argumentos, con lo cansado que es esto. Censores a izquierda y derecha, ¿eh? Ya sabe uno que mucha gente está convencida de que lo que pasa hoy nunca ha pasado, pero qué va. Más viejo que el hilo negro. Todo lo más, con la invención del victimismo llorón, se ha perdido cierto espíritu deportivo. La peña no solo no te deja hablar, sino que después se pone a soltar hipidos y mocos por el daño que le hace tu simple presencia. Y esto sí que es francamente insoportable.

Por eso creo que hay hacer un trabajo de memoria y compasión. No vas a convencer, a los que no te dejan hablar, de que su religión no es la única verdadera. Es inútil dialogar con ellos, no porque dialogar esté mal, sino por un problema ontológico: ¿cómo cojones se dialoga con quien no te deja hablar? Puesto que la única estrategia viable con esta peña, como con cualquier tramposo, es la identificación y el aislamiento, es imprescindible empezar a señalarlos con nombre y apellidos. Por eso no comprendo que ese profesor mencione que una compañera suya alentó las protestas sin añadir que esa compañera es Doña Zutana de Tal, que enseña en tal sitio, y que tiene planeado ir a un par de conferencias de la susodicha con un megáfono para exponer moderadamente sus propios puntos de vista sobre la libertad de expresión. Sobre todo por si alguien se apunta a ese ejercicio pedagógico.

Antes he añadido compasión a la memoria. Me quiero explicar. Los censores llorones actuales tienen derecho a ser como los censores que los precedieron. Tienen derecho a la brea y a las plumas. A Newton. A que nos descojonemos en su jeta. A nuestro desprecio. Tienen derecho a las consecuencias de su violencia. Otra cosa sí que sería injusta. Vale que sean unos oligofrénicos totalitarios incapaces de entender la libre concurrencia de opiniones, pero que, con renuncia a nuestras responsabilidades, los dejemos en sus zonas seguras y libres de contactos impuros, y los obliguemos a tener que escuchar solo los regüeldos y ventosidades de sus hermanos y hermanas, esto sería una crueldad intolerable. Nada hay más digno en el hombre que su afán civilizatorio. Abandonar las zonas seguras de la moderación y los modales y adentrarnos en su fétida selva con una ropera toledana, dicho así en plan épico y para que no me entiendan. Ellos. Claro.

Espastaluego

 

A raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea* ha aparecido una cosa llamada Spainexit o Spexit. Es bastante deprimente que no se haya optado por Españalida o Espadiós o Espachau, pero así es el mundo de hoy, dominado por el imperialismo yanqui. No sé dónde vamos a terminar.

En fin, al margen de la gilipolluá esa, que no requiere mucho más comentario, sí que me ha llamado la atención comprobar que mucha peña está respondiendo, con gracejo e inteligencia, que suponen que los promotores de la salida estarán de acuerdo en que si los españoles quisiéramos irnos de la UE, tendrían que votar todos los europeos y no solo los españoles. Venga, sí, lo de gracejo e inteligencia es ironía.

Este es el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea:

«1. Todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

2. El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo al apartado 3 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Consejo lo celebrará en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

3. Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

4. A efectos de los apartados 2 y 3, el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten.

La mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5. Si el Estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo la adhesión, su solicitud se someterá al procedimiento establecido en el artículo 49.»

Dos cosas:

1.- ¿Dónde pone, en la Constitución Española, que para salir de la Unión Europea tengan que votar los demás ciudadanos de la unión, además de los españoles?

2.- ¿Dónde pone, en la Constitución Española, que una Comunidad Autónoma pueda «retirarse» de España de conformidad con lo que aparece en su Estatuto de Autonomía?

Por desgracia, España, como Reino Unido, podría salirse de la Unión Europea sin necesidad de cambiar su Constitución. Otra cosa que habrá que arreglar en el futuro, claro.

También es comprensible que los del gracejo y la inteligencia sigan sin querer enterarse, y mira que hemos leído sobre el brexit. Imaginad tener que cambiar, después de tantos años, la costumbre de taparse  los oídos con las manos mientras cantan himnos o emiten ruidos tribales, por la de leer y entender lo que leen.

 

*  Sobre la decisión del Tribunal no digo nada porque lo que tenía que decir lo he dicho en un artículo que creo que mañana se publicará en El Mundo.

¡¿Ximo Puig, ordenó usted el código rojo?!

 

Hoy, en el ABC, se ha publicado que Ximo Puig mintió al afirmar que la Generalidad valenciana no pagó por una entrevista en The Guardian.

El presidente lo ha desmentido en una entrevista en Onda cero. Sus explicaciones son maaaaravillosas (vayan al minuto 9’50”).

Nos dice que lo que pagaron no fue una entrevista, sino un libro y un encarte publicitario. Y que la entrevista no estaba incluida en los servicios contratados. La empresa contratada se llama The Report Company y el periódico deja constancia de que The Guardian incluyó esa «entrevista» porque le pagaron por ese espacio y que esa es la razón por la que ya no se puede consultar (ha expirado el plazo contratado). Y que esa entrevista no la ha hecho ningún periodista de The Guardian.

Es decir, The Report Company contrata un espacio en The Guardian y lo paga; allí se publica una entrevista que envía The Report Company hecha por alguien ajeno al periódico. Sin embargo, Puig afirma que no pagó por esto.

Más aún, cuando se le pregunta en la entrevista en Onda cero específicamente si le entrevistó un periodista de The Guardian, tras afirmar que sí, que el periodista les dijo que era de The Guardian, luego aparece la amnesia, y se convierte en «nos la hacía el Guardian» y se pone a hablar de su agenda.

Es decir, a una empresa la contrata y la paga la Generalidad para hacer solo A y no B, hasta el punto de negar que B se haya pagado, pero resulta que B, que tiene un coste para esa empresa, se hace, pese a no haberse contratado. Por tanto, o la empresa no es una empresa, sino Papá Noel, o en el contrato solo se especificaron parte de las prestaciones, pero lo contratado y pagado incluía más: por ejemplo, algo que pudiera pasar por una entrevista en un periódico conocido. Algo que cuesta pasta. Yo no creo que Papá Noel exista.

Lo divertido es que ese libro, ese encarte y esa «entrevista» podrían estar justificados o no. Digamos que la cuestión se habría limitado a discutir si era un gasto beneficioso para la Comunidad Valenciana o si, en realidad, se trata de patético autobombo. Sin embargo, al negarse la realidad evidente y al basarse en documentos en los que, parece —ya que no se han entregado al medio— no se incluye todo lo contratado y pagado, estaríamos en presencia de ocultación y mentira. Algo en lo que Puig sigue insistiendo.

En un país normal, si se va a limitar a dar esas explicaciones de chiste debería dimitir.

Como estamos en España solo añado este vídeo, en el que se explica que, como en el libro no viene que se pagase por una entrevista, ni la entrevista ni el código rojo ni el comedor de la base de los marines en Guantánamo existen.

 

Capt. Ross: Corporal Barnes, I hold here the Marine Outline for Recruit Training. You’re familiar with this book?

Cpl. Barnes: Yes, sir.

Capt. Ross: Have you read it?

Cpl. Barnes: Yes, sir.

Capt. Ross: Good. Would you turn to the chapter that deals with code reds, please?

Cpl. Barnes: Sir?

Capt. Ross: Just flip to the page of the book that discusses code reds.

Cpl. Barnes: Well, well, you see, sir code red is a term that we use. I mean, just down at Gitmo. I don’t know if it’s actually…

Capt. Ross: Ah, we’re in luck then. Standard Operating Procedures, Rifle Security Company, Guantanamo Bay, Cuba. Now, I assume we’ll find the term code red and its definition in that book. Am I correct?

Cpl. Barnes: No, sir.

Capt. Ross: No? Corporal Barnes, I’m a Marine. Is there no book, no manual or pamphlet, no set of orders or regulations that lets me know that, as a Marine, one of my duties is to perform code reds?

Cpl. Barnes: No, sir. No book, sir.

Capt. Ross: No further questions.

Kaffee: Corporal, would you turn to the page in this book that says where the mess hall is, please?

Cpl. Barnes: Well, Lt. Kaffee, that’s not in the book, sir.

Kaffee: You mean to say in all your time at Gitmo, you’ve never had a meal?

Cpl. Barnes: No, sir. Three squares a day, sir.

Kaffee: I don’t understand. How did you know where the mess hall was if it’s not in this book?

Cpl. Barnes: Well, I guess I just followed the crowd at chow time, sir.

Kaffee: No more questions.

Venga, buscad otro ejemplo

 

A raíz de la sentencia del caso Arandina, ha empezado a circular un supuesto contraejemplo. Lo verdaderamente sorprendente es que se esté enlazando una noticia aparecida este año, cuando el caso es muy antiguo.

Se trata de un ciudadano ecuatoriano, de 24 años, absuelto, pese a constar que mantuvo relaciones sexuales con penetración con una niña de 12 años.

A raíz de esto, se ha empezado a afirmar que se persigue a los «blancos», que qué ha pasado con eso de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento y que si los jueces están intoxicados. Entre otras lindezas. Los peritos en derecho de las redes también se han puesto a afirmar lo que dice el derecho ecuatoriano, ya que la noticia menciona que la cultura ecuatoriana «permite y consiente relaciones y matrimonios con personas de 12 y 13 años» y, una rápida búsqueda en google nos permite descubrir que ni de coña. Y el corolario: la pregunta de si aplicamos en España las leyes españolas o las de otros lugares (esto es un resumen, añadan ustedes los condimentos racistas).

Pues bien, el caso se remonta a septiembre de 2003. En aquella época, la presunción iuris et de iure de falta de consentimiento sexual en menores se aplicaba a quienes tenían menos de trece años no a quienes tienen menos de dieciséis años, como ahora. La víctima tenía doce años camino de trece, aunque, como verán, ningún documento literosuficiente (como lo sería un certificado de nacimiento) había en la causa que lo acreditase y la prueba sobre la edad se produjo por otras fuentes.

Ahora les copiaré partes de la sentencia, pero antes iré al asunto de la ignorancia de la ley de los cojones con la que tantas veces me he topado. Los códigos penales se basan en la necesidad de castigar conductas que sabemos que están prohibidas. Así que la ignorancia de la ley penal sí puede ser, en determinado supuestos, una excusa. De hecho está en el código penal. 

Artículo 14.

(…)

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

Si, por la razón que sea, no sabes que algo es delito, no eres responsable. Y es fácil entender por qué: para empezar porque no se puede afirmar que voluntariamente hayas querido hacer algo ilegal. Para eso, el error ha de ser invencible (viene a equivaler a que materialmente no hayas tenido oportunidad real de salir de tu error). Porque si es vencible, se considera que atenúa la responsabilidad criminal (ya que es tu dejadez la que te impidió «ponerte al día»).

Es fácil entender por qué los tribunales pocas veces aplican esta norma. Tiene que tratarse de un caso muy claro que, además, ha de probarse por quien lo alega. Por cierto, que yo sepa, los jugadores del Arandina condenados no alegaron este error, entre otras razones porque niegan que los hechos tuvieran lugar. Lo que sí alegaron es otro tipo de error, que se prevé en el mismo artículo, referido a un hecho que es determinante de la existencia de la infracción (aseguraron no saber que la menor tenía 15 años) y que también podría haber excluido su responsabilidad penal.

En todo caso, veamos algunas partes de la sentencia de marras del Tribunal Supremo (es de 2006):

Primero, los hechos probados de la sentencia que se recurría (las negritas son mías):

«I.– El acusado, Carlos Antonio, de 24 años de edad, natural de Ecuador, sin antecedentes penales, durante el mes de septiembre de 2003, entabló una relación de amistad con la menor E., de doce años de edad. El día cinco de octubre del mismo año, fueron juntos al domicilio del acusado, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas, con penetración vaginal. El procesado era conocedor de la edad que tenía E., aunque desconocía que este acto pudiera ser delictivo.

II.–En el momento de los hechos la menor de edad presentaba una madurez mental superior a su edad cronológica.

Por su parte, el acusado, que no sufre alteración de sus facultades mentales y tiene un coeficiente intelectual normal, presentaba un bajo nivel cultural y un grado de madurez, sensiblemente inferior a su edad cronológica

En el recurso se planteó, en primer lugar qué edad tenía realmente, la víctima:

«(…) , resulta imprescindible acreditar fehacientemente el hecho base de que la víctima sea menor de trece años en el momento de ocurrir los hechos, y no existe en la causa un solo documento literosuficiente –libro de familia o certificación de nacimiento del Registro Civil– que acredite fehacientemente que en el mes de octubre de 2003, la menor Evelyn contaba con menos de trece años de edad, dato por cuya acreditación no basta con la testifical de la menor o de su madre.

Sin embargo, el tribunal desestimó el motivo, porque esa edad, 12 años, aparecía en los informes médicos y el abogado defensor había mostrado su conformidad en su escrito de defensa. Por tanto, el delito existía.

Más adelante, la defensa plantea (en dos motivos) que, en realidad, la edad mental de la víctima era muy superior a su edad cronológica (y lo contrario en el caso del acusado) y que la que era ella quien dirigía la relación y la propició, hasta el punto de ser ella la ejecutora:

«dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de la Rioja y que versan sobre el estado mental y estudio psicológico del acusado y de la víctima (…) atribuyen, de una parte, a la menor una madurez mental superior a la edad cronológica, presentando una personalidad y mentalidad muy madura, de aproximadamente unos 17 años, y de otra parte, al acusado una madurez mental sensiblemente inferior a su edad cronológica, presentando un grado de inteligencia y madurez inferior a su edad, aclarando que no tiene una personalidad manipuladora, por lo que consideran que no obligó a Evelyn a mantener relaciones, antes bien consideran que en esa relación la menor presentaba una personalidad más fuerte y llevaba las riendas de la relación

El tribunal desestima los motivos y afirma que:

«(…) el valor excusante del consentimiento que implica el ejercicio de la libertad sexual del sujeto pasivo no ofrece, en principio, dudas. Aunque las condiciones del consentimiento eficaz no están establecidas en la Ley, la doctrina y la jurisprudencia las han derivado de la noción de libertad del sujeto pasivo. A partir de qué momento el consentimiento adquiere eficacia, por provenir de una decisión libre, es una cuestión normativa que debe ser establecida según los criterios sociales que rijan al respecto. Al tratarse de los menores de 13 años, no obstante, opiniones doctrinales que consideran que debiera establecerse una presunción que admitiera prueba en contrario a través del análisis a posteriori de la capacidad del menor para expresarse en el ámbito sexual, lo cierto es que el Código, art. 181.2 CP. establece una presunción «iuris et de iure» sobre la ausencia de consentimiento por resultar los supuestos contemplados incompatibles con la consciencia y la libre voluntad de acción exigibles y lo que implica que dicho menor es incapaz para autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertad sexual, negándole toda la posibilidad de decidir acerca de su incipiente dimensión sexual y recobrando toda su fuerza el argumento de la intangibilidad o indemnidad como bien jurídico protegido. Este limite de edad ha de referirse a la edad física resultando censurable la equiparación de tal edad de la edad mental, lo que quebraría el principio de seguridad jurídica.

Consecuentemente, encontrándonos ante un supuesto de incapacidad del sujeto pasivo para prestar un consentimiento válido (art. 181.2), resulta irrelevante no solo tal consentimiento de la menor en mantener relaciones sexuales sino incluso que fuese ella quien llevase la iniciativa como se sostiene en el recurso.»

¿Está claro, verdad?

Y, por último, el tribunal entra en la cuestión del error de prohibición. Para empezar, y respecto de esto, hay que recordar que el Tribunal Supremo se basa en los hechos probados que aparecen en la sentencia.

¿Qué dice el recurrente?

«Carlos Antonio tenia en convencimiento sincero de que las relaciones sexuales mantenidas con la menor de tres años no constituían un ilícito penal, dado que en su país, Ecuador, hay personas que contraen matrimonio a esa edad, convencimiento que la Sala extrae del examen psicológico efectuar al proceso por los médicos forenses que valoran su sinceridad en este punto.»

El tribunal, a continuación, repasa los requisitos jurisprudenciales sobre el error: se recuerda que el error de subsunción (sobre la calificación concreta) es irrelevante, bastando con que se sepa —y no es precisa seguridad absoluta— que lo que se hace está prohibido para que no pueda haber error de prohibición; luego se refiere a las diferencias entre el error directo e indirecto (este se produce cuando se cree que hay causa de justificación de algún tipo); se centra en sus dificultades de apreciación, pues se parte de que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento cuando se trata de supuestos que a todos nos constan prohibidos, por lo que es difícil sostener que concurra en infracciones elementales y evidentes, en conductas que lesionan normas éticas con sede en la conciencia de todo sujeto, mientras que su posibilidad es más defendible cuando se trata de acciones prohibidas por criterios de oportunidad. Curiosamente, y en cuanto a esto se dice en la sentencia, recordando la jurisprudencia previa, que:

«Desde esta perspectiva es claro que la ilicitud del trato sexual entre adultos plenamente capaces y niñas de edad tan escasa como la de doce años cuya capacidad de discernimiento todavía no se encuentra mínimamente formada es hoy notoriamente evidente y de conocimiento general.»

En todo caso, el tribunal recuerda que el análisis ha de hacerse sobre el caso concreto, partiendo de un estándar: el ciudadano medio y la naturaleza del delito.

Sin embargo, el tribunal que sentenció inicialmente (la Audiencia de Logroño) declaró que había error vencible («el procesado con todas sus limitaciones, tenia la posibilidad de haber despejado cualquier duda sobre el particular dado que conocía la edad exacta de la menor y había entablado una previa relación de amistad, durante varias semanas, antes de mantener relaciones sexuales con ella») por lo que el Supremo tuvo que centrarse en sí realmente el error era vencible o no.

Y explica que no es preciso que imaginemos una situación absolutamente insuperable como parece sugerir literalmente el término; hay que valorar si con una diligencia objetiva y subjetivamente exigible se podría haber evitado el error. Y, para ello, hemos de considerar criterios como la apariencia de legalidad de la conducta y los conocimientos personales y nivel de desarrollo del sujeto concreto (algo en lo que incide su entorno cultural). Y además hasta qué punto la situación concreta dificultaba la posibilidad de informarse y la accesibilidad a esos medios de información.

Considerando todo esto, el tribunal concluye:

«Pues bien, en el caso que analizamos nos encontramos, con dos personas de nacionalidad ecuatoriana, una menor entre 12 y 13 años con una madurez mental superior a esa edad los médicos forenses en el acto del juicio señalaron que presenta una personalidad y mentalidad muy madura, aproximadamente representaría 17 años y conocía lo que eran las relaciones sexuales y sus consecuencias, y el acusado de 24 años con un bajo nivel cultural y un grado de madurez sensiblemente inferior a su edad cronológica, hasta el punto de que la propia sentencia, fundamento derecho primero, admite que incluso los factores psicológicos, puntualmente observados, apuntan a un mayor grado de madurez en la víctima que en el acusado, y una única relación sexual entre ambos, que se consideraban mutuamente novios, no solo consentida por la menor, sino que incluso los informes antes indicados consideran que era ella quien en esa relación presentaba una personalidad más fuerte y llevaba las riendas de la relación, siendo especialmente significativas sus manifestaciones (…)

Y, puesto que la naturaleza vencible del error se deduce del conocimiento por el acusado de la edad exacta de la menor y de la previa relación de «amistad», el Tribunal Supremo, discrepando de la resolución que se recurría, afirma que:

«La edad de la menor «de camino a 13 años», según expresión del procesado, está justo en el limite de la presunción del art. 181.2 CP. e incluso hubiera determinado antes de la reforma de la LO 11/99 de 30.4, que elevó el limite de 12 a 13 años, la no tipicidad, al menos por dicho precepto, de la conducta imputada al recurrente.

La previa relación de amistad con la menor antes de mantener la relación sexual no tiene especial incidencia sobre la vencibilidad del error, no solo porque, según el relato fáctico, aquella relación de amistad se entabló «durante el mes de septiembre» y los hechos sucedieron el día cinco de octubre del mismo año, sino porque dadas las circunstancias del hecho y las condiciones psicológicas y de cultura del infractor y la realidad social de acusado y víctima, los dos ecuatorianos y pertenecientes a una cultura en la que las relaciones de este tipo son permitidas y toleradas, tal como la sentencia refiere en el Fundamento Jurídico tercero, en base a las declaraciones tanto del acusado como de la propia menor y su madre, aquella relación previa, en la que la menor llevaba la iniciativa, no podría haber subsanado el error del acusado en orden a la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal.»

Esto es lo que dice esta sentencia. Es discutible, por supuesto. Y, desde luego, inaplicable totalmente al caso del Arandina, como es obvio.

En todo caso, y al margen de la antigüedad de la sentencia y al hecho de que se diera por probado que eso de las relaciones en Ecuador entre un varón de 24 años y una niña de 12 es habitual (probado porque lo dijeron, el acusado, la víctima y la madre de la víctima; los psicólogos lo dieron por bueno y afirmaron que el acusado creía sinceramente en ello y, lo más importante, el tribunal sentenciador, no el Supremo, lo declaró hecho probado), se olvida que esta sentencia es una entre muchas.

Yo he encontrado otra del mismo tribunal. A ver qué les parece. Esta es de 2009, sobre hechos de 2004 y de nuevo se refieren a un varón ecuatoriano de 24 años y a una niña de doce años.

«Pese a que el procesado residía en Getafe, solían verse al menos una o dos veces al mes manteniendo con regularidad relaciones sexuales consentidas, con penetración vaginal. El procesado era conocedor de la edad que tenía Natividad , aunque desconocía que este acto pudiera ser delictivo.

Natividad aparenta una edad superior a la biológica y posee una marcada personalidad.

Por su parte, el acusado, que no sufre alteración de sus facultades mentales y tiene un coeficiente intelectual normal, presenta una formación cultural propia de su origen de la selva ecuatoriana.»

Sí, lo repito. Es otra sentencia. Otros hechos. Pese a las enormes coincidencias.

El tribunal (la Audiencia de Valencia) también condenó, apreciando error vencible.

Les transcribo algunas partes:

«(…) El Ministerio fiscal arguye que (…) el acusado se ha formado personal y culturalmente en España, que los padres de la menor sólo tuvieron conocimiento de la relación cuando ésta se escapó de la casa para venir a Madrid con el acusado, con lo que este mostró su conocimiento sobre la ilicitud de los hechos y expone la legislación civil y penal de su país de origen, Ecuador, con una normativa sobre la celebración de matrimonios y sobre la ilicitud de relaciones sexuales respecto a menores, similar a la española. Concretamente, refiere, con trascripción del Código penal ecuatoriano, que dicho Código punitivo castiga con pena privativa de libertad los actos de “atentado al pudor sin llegar a la cópula carnal”, cuando la víctima es inferior a doce años, y como violación, el acceso carnal, cuando la víctima fuere menor de catorce años. “Por lo tanto -concluye el Ministerio fiscal- su conducta no es “normal” ya que el hecho de comenzar una relación sentimental con una niña de 11 años y ocho meses y mantener relaciones sexuales con ella, sin tener ésta aún formada las bases de su personalidad, con la madurez mental propia de su edad, es delito tanto en su país como en el nuestro“.»

(…)

«La defensa del acusado arguye que (…) las condiciones culturales y psicológicas del acusado, “su origen es la selva, lo que denota unas enseñanzas, costumbres ideas y forma de ver y atender la vida y las relaciones de pareja total y diametralmente distintas a como se ven y viven en el mundo occidental. Por ello, a mi representado, desde el punto de vista de sus conocimientos, de su limitada cultura y escaso raciocinio, a pesar de no sufrir alteraciones mentales, no se le puede medir con los mismos parámetros que se mediría a una persona occidental de su edad no se le puede equiparar a un hombre medio o estándares del mundo occidental…”.

¿Qué dijo el tribunal?

«(…)  el presupuesto del error de prohibición debe ser alegado y racionalmente expuesto, pues dadas las funciones que en un estado democrático realiza la norma penal, valoradora, sancionadora y determinante de conductas, es razonable afirmar el conocimiento por los ciudadanos de la antijuricidad de la norma sancionadora, pues forma parte de la cultura de España, país en el que vive y trabaja desde hace años, o de Ecuador, país de origen que mantiene una legislación similar a la norma española vulnerada y cuyo conocimiento es cuestionado. Corresponde a quien lo alega, y su defensa, exponer las condiciones que hacen que en el sujeto concreto concurre el supuesto de exclusión de la responsabilidad penal, o su atenuación, por la concurrencia del error, y su razonabilidad deberá ser extraída de condicionamientos particulares que concurran en el sujeto (…)  resulta inverosímil, y por lo tanto inadmisible la invocación del error de prohibición (…) Bien es cierto que de esta conclusión se aparta la Sentencia de esta Sala, que el recurrente destaca, (…)  en la que se realizan determinadas afirmaciones que son contradichas por la legislación ecuatoriana en los términos que se recogen en la impugnación del Ministerio fiscal y cuya precisión hemos constatado.

Desde la perspectiva expuesta, y supuesto que la invencibilidad del error radica en la imposibilidad de haber podido evitar el desconocimiento de la ilicitud del hecho, no procede atender la pretensión revisora planteada por la defensa del acusado, pues, además, de que la norma se corresponde con planteamientos naturales o elementales, también es coincidente con el ordenamiento del país originario, incluso con una previsión de edad superior a la prevista en el ordenamiento español para la disponibilidad de las relaciones sexuales. En el caso de autos, constatamos además, que el recurrente lleva varios años en España, por lo tanto con posibilidad de asumir planteamientos culturales que, por otra parte, no le son ajenos. El examen de la causa pone de manifiesto otros datos que redundan en lo anterior y que no permiten afirmar el desconocimiento de la ilicitud. Así resulta de la propia clandestinidad de las relaciones mantenidas, (…) En todo caso, el acusado pudo deshacer el desconocimiento que alega acudiendo a fuentes de información fácilmente accesibles, lo que ni siquiera intentó, y en autos no hay constancia alguna de una situación de marginación social, o de socialización del acusado, que le haga no entender el alcance y significación antijurídica de la norma.

Lean: el tribunal, además de destacar las diferencias con el caso anterior (relaciones habituales, clandestinidad, educación en España), viene a reconocer que se la habían colado en el otro caso.

El fiscal también recurrió. Pretendía que no hubiese error de ningún tipo. El recurso no prosperó, pero una cuestión procesal: el tribunal decidió que tenía que alterar los hechos probados, algo inadmisible en casación.

Espero que haya quedado claro.

No se dejen timar.

No molestes, yonqui.

 

Este retorno al pasado que consiste en que leer prensa cueste dinero es perfectamente razonable. No entiendo a la gente que se queja. Bueno, por no ser tan tajante, puedo llegar a comprender que alguien que se ponía hasta el culo de noticias, artículos, reportajes, entrevistas y columnas de opinión, ahora berree gritando que no es justo querer cobrarle por su dosis. Sí, puede que estemos en presencia de un problema de salud pública, pero, ¡joder! que no se trata de sustancias ilegales que hay que traer en submarinos —con el consiguiente aumento de costes— sino del equivalente a la bollería industrial. ¿Quiere usted intoxicarse? ¡Es baratísimo!

De hecho, esta medida puede favorecer el consumo responsable. Cuando había que pagar para leer un periódico no solo los leíamos menos, sino que nos limitábamos a los que eran de nuestra cuerda. Salvo un amigo chiflado de mi padre, que compraba seis periódicos al día, solo los profesionales de las revistas de prensa hacían eso que se ha vuelto tan habitual en los últimos veinte años: atiborrarse. Más aún, al leer menos columnas que repiten lo mismo hasta la náusea y que alabamos o criticamos sin piedad, dedicaremos más tiempo a otras actividades abandonadas. Leeremos novelas, escucharemos sinfonías o no sacaremos los mocos más habitualmente, con una evidente mejora de nuestro estado de salud y de nuestros temas de conversación. Nos volverán a sorprender los amigos, contándonos que han leído algo que desconocemos y quizás, aunque sigamos sabiendo al instante qué gilipollez ha dicho alguien intrascendente, nos evitemos las sesudas reflexiones sobre esa misma gilipollez de todos los que tenían que rellenar espacios envueltos con falsos y sonoros titulares para lograr que pinchásemos y viésemos publicidad a la que no hacíamos ni puto caso.

Solo le veo ventajas a estas medidas. No creo que mejore la calidad. Bueno, de nuevo por no ser tan tajante, a lo mejor la acumulación de noticias basurientas y refritos es menos agobiante y empezamos a respirar algo mejor. Pero los columnistas y los periodistas que nos gustan serán igual de listos y afilados al decir justo eso que pensamos; y los que nos repugnan igual de imbéciles y vagos. Los periódicos seguirán intentando colocarnos sus cosas y, si bien nadie pagará a un grupo de periodistas por una investigación que dure más de un par de horas —no pidamos la Luna—, al menos los filtradores tendrán más claro el target. Decía que —con esos matices cuantitativos sobre el volumen de mierda—, aunque no mejorará la calidad y leeremos menos prensa, los periodistas vivirán de las personas que quieren pagar por su trabajo en concreto. Serán como los fontaneros o los escayolistas. Vivirán de sus clientes; como siempre. Y de las subvenciones; como siempre. No como ahora, que malviven gracias a las rabiosas miradas furtivas de un montón de peña que odia lo que hacen, pero que exigen seguir comprando esa mierda que tanto les pone.

Ojalá la transición de la prensa al siglo XX se acelere y solo puedan leerla esos pocos cientos de miles que siempre estuvieron dispuestos a pagar por ella. Y que los tacaños tengan que hacerlo a hurtadillas, en la sala de espera de alguna peluquería virtual o con capturas de pantalla de contrabando. En cuanto a la mayoría, como somos vaguísimos y solo leíamos periódicos por moda, bastará con que nos pidan mover un dedo y registrarnos o pagar el equivalente al primer fascículo de la colección de trenes de todas las épocas, para que simplemente volvamos a nuestro estado natural. Desinformados, felices y ocupados en chorradas. Como ahora, pero sin necesidad de disimular.

Hay, además, beneficios colaterales. Los blogueros tendrán menos sobre qué escribir. Yo, por ejemplo, he escrito centenares de entradas indistinguibles metiéndome con las opiniones de este o aquel, enlazando noticias (incluso de varios medios) y criticando como si no hubiera un mañana a los malvados periodistas. A falta de suministro, muchos blogs desparecerán o regresarán a su infancia: diarios inanes de peña insulsa o la repetición ad nauseam de lo que otros han contado mejor. ¡No hay tonto sin blog, como dijo alguien en un blog! No digan que no les aviso.

Solo ruego que los dueños de los diarios perseveren. Que no rectifiquen por miedo al vacío. Las personas de orden estamos con vosotros.

¿Hacer lo razonable? ¡¿Ha perdido usted la cabeza?!

 

Una vez más la solución más sencilla, más sensata, más equilibrada y más estable no se va a aplicar por prejuicios y por la inercia reptiliana que, aunque deglute la mentira estructural y la ausencia de principios, no consiente que se pongan en cuestión ciertas etiquetas. Puesto que las agencias de colocación conocidas como partidos temen que los votantes castiguen la racionalidad si contradice el credo, van a seguir adelante, cueste lo que cueste.

Y el coro al fondo. Gente que —para defender su rinconcito— banaliza lo que hasta hace cinco minutos era intocable para ellos y que enloquece llevada por el énfasis solo porque alguien ose efectuar determinados análisis. Ay, las biografías. ¿Cómo vas a criticar con éxito —o, al menos, con algo de coherencia— los excesos de los populistas si minimizas los disparates de los que se supone los combaten? Es tan obvio que parece que vamos a tener que tirarnos cuarenta años de travesía por el desierto a pesar de que hay un AVE que te lleva a destino en un par de horas. No es que seamos imbéciles —que en el fondo también— sino que el interés y el orgullo nos hacen comportarnos como tales; pero que Dios me ponga donde haiga.

No sé si la política ha sido alguna vez el arte de lo posible. Hoy, en España, se ha convertido en una novela escrita por un youtuber de dieciséis años o en un hilo de tuiter con decenas de miles de retuits, que viene a ser lo mismo. Porque ¿qué hay de imposible en un Gobierno que contase con el apoyo de los tres partidos centrales del cuerpo político nacional que suponen el 55% del voto y que cuentan con una mayoría absoluta tan enorme que podrían asumir cualquier programa político con absoluta garantía? Nada. De hecho, el programa social y económico de ese Gobierno sería muy parecido al de los gobiernos de las últimas décadas. Más aún, ¿qué hay de imposible en una solución así, cuando la alternativa incluye abrir las agendas de partidos que quieren destruir España tal y como la conocemos hoy? ¿Qué hay de imposible cuando cualquier línea de avance en ese camino intransitable implica reformas constitucionales para las que, por absoluta necesidad, debería contarse con esos millones de españoles que votan a PSOE, PP y Cs?

Sin embargo prevalecerá el cuento infantil. De unos y otros. Ya conocemos los vicios de los dirigentes actuales, tan acusados. En particular los vicios del candidato a la presidencia del Gobierno. Insistir en ellos es caer en la melancolía. Pero, como cuando tratas con un alcohólico, los que lo rodean podrían intentar vaciar las botellas de ginebra por el desagüe y dar la matraca al adicto para que empiece con esa acción curativa que consiste en decir «buenos días, me llamo Pedro Sánchez y soy un embustero; llevo una semana sin mentir» en vez de poner a su alcance el bar en el que ellos mismos se emborrachan. Para esto, claro está, tendrían que empezar todos a curarse. Al menos, si no conseguimos el milagro y el enfermo sigue dándole a la botella costará más que los espectadores se crean la patraña de que la culpa de su enfermedad es del sistema.

Mientras tanto mucha gente, unos hastiados por este espectáculo asqueroso, otros encantados de poder dar salida a sus ventosidades más preciadas, seguirá echándose en los brazos de los que venden el tónico que cura la calvicie. Y no quedará nadie que no esté pringado para echárselo en cara. Nos estafarán, seguiremos calvos y volveremos a la recurrente cordura. Eso sí, ningún calvo reconocerá que fue engañado. Ya saben que el timo de la estampita funciona porque no se suele denunciar.

Una vez más preferiremos el esperpento a la solución más sencilla, más sensata, más equilibrada y más estable. Una vez más, nadie será responsable. Unos acumularán trienios y el resto les pagaremos sus servicios, que consistirán en que nos dijeron lo que quisimos escuchar.