In dubio ya veremos

 

La presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo no son lo mismo, aunque se originen en un mismo principio. Presumimos que la simple acusación no es prueba y, además, si tras la práctica de las pruebas dudamos entre dar por probado el delito o no, consideramos que la única solución admisible es la no culpabilidad.

Cuando la única prueba del delito es la declaración de la víctima nos encontramos muy cerca de la expresión misma de la presunción de inocencia. Voy a repetirlo: que alguien nos acuse de haber hecho algo no debería, por sí solo, admitirse como prueba de ese hecho.

Sin embargo, la práctica judicial encontró un asidero al que agarramos para evitar la impunidad en aquellos casos de delitos cometidos en circunstancias en las que es especialmente difícil que existan pruebas objetivas. Antes de entrar en esto, recuerden que la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo tienen efectos colaterales: algunos o muchos hijos de puta van a librarse de ser castigados. Pese a esto, tras siglos de discusiones y, sobre todo, tras las devastadoras consecuencias de la arbitrariedad de los poderes estatales con esos ejemplos históricos de persecución por razones políticas, sociales, raciales, sexuales, con el uso instrumental de los tribunales de justicia e incluso las fuerzas del orden —piensen en la tortura, por ejemplo, o en cualquier otro castigo degradante—, las sociedades fueron desembocando en un acuerdo doloroso: hay que extremar las precauciones, aunque esto suponga la impunidad en ocasiones. Porque lo contrario es peor.

Vuelvo al asidero. Los tribunales nos dijeron que el simple testimonio valdría como prueba de cargo, pese a parecerse tanto a una derogación de la presunción de inocencia, cuando ese testimonio reuniese unas condiciones extremadamente potentes. Llámenme pesado, pero vuelvo a esto: la debilidad de la declaración de la víctima como única prueba de cargo se compensa por la fortaleza intrínseca que ha de reunir ese testimonio.

Así, se exigía que la declaración careciera de «incredibilidad subjetiva». Lo traduzco: que por cómo es la víctima y por sus relaciones con el acusado podamos pensar que no hay razones para que mienta. Imaginemos que alguien es un mentiroso patológico, está como un cencerro o que odia al acusado o tiene algo que ganar acusando en falso, como casos típicos.

Se exigía, además, verosimilitud. Esto es fácil: que el hecho pueda haber sucedido como se describe. Que no sea absurdo, ilógico o poco creíble. A menudo se adorna con la exigencia de alguna corroboración periférica de esa posibilidad, pero esto no es absolutamente imprescindible.

Finalmente, considerando que la única prueba es precisamente el testimonio, se pide que sea persistente. Que se mantenga esencialmente, que la víctima no se contradiga, y que no haya «agujeros» por los que se cuele algún tipo de ambigüedad o manifestación dubitativa sobre el núcleo de la conducta delictiva.

Cuando uno cualquiera de estos requisitos no concurre deja de haber prueba de cargo suficiente y hay que aplicar, al menos, el principio in dubio pro reo y absolver. No se trata de que los jueces crean o no a la víctima. Los jueces, en España, tienen que motivar su decisión. Tienen que explicar por qué condenan, y hacerlo sometiéndose a esos principios y límites. Puede que un juez, en su fuero interno, esté convencido de que alguien ha cometido un delito y que la víctima dice la verdad, pero si la única prueba que concurre es esa declaración de la víctima y esa prueba no pasa ese triple filtro, no debe condenar.

Por eso la sentencia dictada en el caso de los jugadores del Arandina produce tanto desasosiego tras su difícil lectura (su redacción es desastrosa). Si la sentencia hubiese condenado por abuso sexual (considerando la edad de la víctima en la fecha en que ocurrieron los hechos y declarando probado que los acusados lo sabían) no habría objeción alguna (en un caso, la respuesta debería ser absolutoria, dado que la propia sentencia se refiere a la madurez de uno de los autores). De hecho, las condenas habrían sido muy graves en todo caso. El consentimiento de la víctima habría dado igual, precisamente por su edad. El problema de la sentencia es que va más allá y considera probada la existencia de intimidación ambiental, sobre la base de una declaración que se dice persistente, cuando de la simple lectura de la sentencia se deriva que esa persistencia es inexistente. Esa intimidación convierte el delito en agresión sexual. Para defender que existe, el tribunal distingue una especie de persistencia privada o íntima. Para ser más exacto, en realidad esa persistencia tampoco es estrictamente íntima, sino producida en un entorno concreto, del que se excluyen todos esos supuestos en los que la víctima manifiesta que las relaciones han sido consentidas o incluso que va a «inventarse» algo respecto de los acusados y lo sucedido si hace falta. Es decir, la persistencia no es tal, por más que el tribunal, formalmente, le dé ese nombre. El tribunal escoge qué declaraciones creer de la testigo y cuáles desechar —algunas incluso son autodeclaraciones, como cuando archiva las agresiones sexuales en una carpeta a la que llama sus «líos»—. Y lo hace sobre la base de un informe pericial. Por tanto, ya no hace falta persistencia, sino que es suficiente con que, en caso de que una víctima testigo dé versiones contradictorias, un psicólogo nos diga cuando miente y cuando no, y que el tribunal esté de acuerdo. Y que digamos que hay persistencia porque era persistente cuando no mentía y no cuando sí mentía.

Si la condena basada en la simple declaración de la víctima está tan en el filo, imaginen qué pienso de esto. No entro en otras cuestiones, como las relativas a la concurrencia en este caso de intimidación ambiental o al hecho de que una penetración tras varias agresiones sexuales no sea —según la sentencia— una agresión sexual, algo en mi opinión incomprensible. Esto me importa menos. Esa discusión se puede aplicar a miles de casos y, además, no tenemos más que la sentencia y no hemos presenciado la práctica de las pruebas.

En fin, espero que los tribunales superiores arreglen esta desafortunada decisión.