Traduzco al niño: si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate la puta boca

 

Yo me preguntó qué hay que tener en la mollera para preguntar a unos niños por qué quieren dar gracias este año y echar en cara a uno de ellos que se alegre porque, por fin, va a ser adoptado.

Porque, al margen de las opiniones que tenga esa maestra sustituta, hay que ser muy cabestra para negar a un niño de once años su derecho a alegrarse y agradecer que las personas que lo están cuidando se conviertan en sus padres. Y, además, provocar en el pobre crío el miedo a confesar la diatriba a sus futuros padres por si, quizás, esto los lleva a echarse atrás en su decisión de adoptarlo.

Pero no les traigo esta noticia por esto, sino por otra razón. A esa maestra la expulsaron del colegio porque tres niñas, supongo que también de once años, le pidieron que parase y, ante su negativa, se marcharon de clase y fueron a quejarse al director.

Tres niñas de once años protegiendo a su compañero.

Molan.

 

Reforma de la LOREG

 

Hay una cuestión que no he incluido, por falta de espacio, en la tribuna de hoy en El Mundo. Veo que hay quienes quieren reformar la LOREG para que investigados o procesados por cierto tipo de delitos no puedan presentarse a las elecciones.

Me parece un error. La presunción de inocencia sí es un efecto «fuerte» de derechos fundamentales (no lo es la inmunidad parlamentaria). Una cosa es que se pueda acordar una medida privativa de libertad si hay indicios de delito y se persigue con ello fines constitucionales legítimos, como evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva, y otra es presumir la culpabilidad privando a un ciudadano de la posibilidad de presentarse a unas elecciones y ser votado, sin sentencia condenatoria cuando menos —aunque no sea firme—. Naturalmente, el derecho a presentarte no incluye el derecho a dar mítines o salir de prisión para participar en debates, por lo que estas posibilidades deben valorarse y ponderarse, en caso de prisión preventiva, por el juez que está conociendo para conceder o no permisos.

Cuestión diferente es que se impida a una persona que desatiende el llamamiento de un juez hasta el punto de que se dicte una requisitoria contra ella presentarse a unas elecciones sin acompañar la justificación documental de que ha atendido dicho requerimiento. Esto sí me parece perfectamente razonable. Todos estamos obligados a atender a los llamamientos de los tribunales.

Por lo demás, todo es más sencillo. Bastaría con que los partidos que representan a la inmensa mayoría de los españoles y están supuestamente situados en las zonas moderadas del espectro político y supuestamente defienden cumplir con la ley y acatar las resoluciones de los tribunales actuasen a una en determinados asuntos.

Aprovecho para publicar una captura de pantalla de mi artículo en El Mundo: