Abogados de maltratadores, qué asco

 

Hace unos días me choteaba melancólicamente de una de las consecuencias de la llamada perspectiva de género: su función «profiláctica». Decía:

«Todo agente institucional que intervenga en cualquier procedimiento reglado ocasionado por una denuncia efectuado por una mujer, ha de creer a la mujer. Ya no basta con actuar como si la creyera. No basta con presumirla víctima; es preciso que sepa que lo es. (…) Esa decimonónica y formal idea, tan «liberal», de que los agentes del orden y la justicia actúen como máquinas lógicas, sin alma, considerando que el crimen puede existir, pero atentos a la posibilidad de que todo sea un montaje, para supuestamente desde una posición casi científica proteger los derechos de los ciudadanos, ha de superarse. Y no basta con incluir protocolos y personal profesionalmente adiestrado para facilitar el tránsito a quien denuncia. (…) Es preciso (…) [que] el espontáneo sí te creo, pase de máxima de experiencia a regla procedimental obligatoria y se enseñe y aplique sistemáticamente, con toda la fuerza y legitimidad del Estado.»

Es el problema de ciertos programas y construcciones ideológicos. Siempren van más allá. Fuerzan a la acción y exigen que todo el mundo se convierta. No basta con ser profesional; tienes que ser un activista convencido. Y si no lo eres, te conviertes en un enemigo y en una manifestación más del mal que hay desterrar.

Veamos un ejemplo de esto. Gabriela Bravo, fiscal de profesión, es consejera de Justicia y cosas de la Comunidad Valenciana. Y se le ha ocurrido esto:

«En este sentido también ha revindicado un Turno de oficio especializado en Violencia de Género que tenga carácter exclusivo, “es decir, –ha dicho– que el mismo letrado que asiste a una víctima, no pueda defender a un presunto maltratador”.»

Ya no basta con que los abogados de oficio deban cumplir determinados requisitos, como la antigüedad (tres años, cinco o incluso diez en el caso de algunos turnos especiales), que tengan despacho abierto, no superen cierta edad, disponibilidad de tiempo y, lo más importante, hayan realizado cursos generales (de práctica jurídica, de asistencia al detenido, etc.) y específicos (casación, Audiencia Nacional, menores, extranjería y protección internacional, jurado, mercantil, hipotecario, violencia de género, protección a víctimas de trata de seres humanos, vigilancia penitenciaria, y de amparo) [estoy utilizando las normas del Colegio de Abogados de Madrid]. En concreto, para poder estar integrado en el turno especial de violencia de género, hace falta no solo superar el curso específico, sino que se exige formar parte del turno general civil, de familia, y penal general, y se te obliga a prestar un asesoramiento jurídico integral a la presunta víctima e iniciar inmediatamente procedimientos civiles, penales, contencioso administrativos y sociales que «tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida».

No, ya no basta con eso. Ahora se añade que no sean asquerosa sangre sucia. La causa exige abogados no contaminados por su contacto con presuntos maltratadores.

Véase que la exclusividad no se exige respecto de otras materias. De hecho, se presupone que el letrado que forma parte de los diferentes turnos de oficio debe cuidar de ser capaz de asumir correctamente esta tarea con todos sus derivados (no solo los procesos judiciales a veces duran años, sino que se incluyen las ejecuciones de las resoluciones). Es decir, no debes asumir tareas (ni estar integrado en turnos) que superen tu capacidad.

La «exclusividad», por tanto, no es tal. No se trata de que el Estado, por ejemplo, contrate abogados que solo se ocupen de defender a víctimas de violencia, con su contrato de trabajo, su sueldo y su horario. No, esta exclusividad es otra cosa. Se exige una profesión de pureza y de militancia. No hay otra manera de entender esta barrabasada.

Uno hace mucho tiempo que sabe que la buena gente no entiende al abogado defensor. De hecho, el abogado defensor en la cultura popular suele ser visto como ese tipo sudoroso y con la corbata medio desanudada si es una pobre rata de alcantarilla, o con trajes caros, la nariz manchada de cocaína y maletines con billetes verdes, si defiende a un hijoputa con dinero. No hay abogado que no haya sido preguntado en algún momento de su vida si no le da apuro defender a un criminal facilitando que pueda salir bien parado. Qué se le va a hacer, es lo que hay.

Pero que una fiscal proponga esto no puede explicarse por ignorancia. Una fiscal debe conocer cuáles son los elementos básicos de un Estado de Derecho y cuál es el papel en él del derecho a la defensa en su sentido material. Una fiscal no debería ni atreverse a dar a entender que un abogado solo puede ejercer bien su trabajo si no defiende a ciudadanos acusados de ciertos delitos.

Como tengo absoluta certeza de que la señora Bravo conoce perfectamente todo lo que expongo en el párrafo anterior es por lo que tengo que asumir la única interpretación razonable que se me ocurre. La señora Bravo no quiere abogados mejores: quiere abogados peores. Peores, pero comprometidos.

O, al menos, quiere vender la burra de que con medidas de este tipo se está haciendo frente a la violencia, como si uno de los problemas fuese el exceso de empatía de los abogados con los maltratadores y la duda razonable sobre el programa que llevará enseguida a alcanzar los diez millones de toneladas de azúcar.

Lo siguiente será que solo las mujeres puedan ser abogadas de ese turno de oficio. Y más tarde que solo lo puedan ser abogadas que militen en ciertos partidos o asociaciones, que no tengan parientes hombres acusados de maltrato y que piensen lo correcto. O, joder, ya puestos, que no mantengan ningún contacto con ningún hombre que no cuente con alguna certificación de calidad expedida por el organismo competente.

Pero todavía hay gente que se cree que esta deriva liberticida es cosa de dos pirados de tuiter.