Las dos versiones

No he leído la entrevista de Espada al antiguo alcalde de Ponferrada, así que no puedo comentarla. El documental de NETFLIX me pareció muy malo (visual y argumentalmente), repetitivo y parcial. Todos los testimonios, que repiten lo mismo hasta el agotamiento, van en una dirección. Además, el documental casi no roza algunas cuestiones que nadie con afán real de ser objetivo habría eludido, como las relativas a las circunstancias que llevaron a Nevenka Fernández a presentarse en las listas del que luego sería su acosador. De hecho, convertir un documental en una hagiografía suele terminar en fracaso. No solo porque el espectador seguramente se dé cuenta (y tema que le estén vendiendo gato por liebre), sino porque mostrar la realidad en toda su complejidad deja sin excusas al que tuvo un comportamiento inmoral e incluso delictivo (como sucede en este caso). Cuando se comete un delito, la víctima no ha de tener un comportamiento irreprochable en todos los aspectos de su vida para que aquello se declare y para que se condene al culpable. Más aún, mostrar la realidad sirve para cambiar esquemas mentales que justifican conductas inadmisibles y que funcionan como rémoras para el avance social y civilizatorio. La verdad y el afán por enseñar todo lo relevante es el mejor antídoto.

El documental es muy malo, pero podemos ir a un documento mucho más autorizado: la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió los recursos de casación (del alcalde condenado y de la víctima).

La sentencia de instancia no da por probados algunos episodios que aparecen en el documental (relatados por Nevenka Fernández). Pero, pese a omitir los aparentemente más escabrosos, queda establecido que:

«(…) la Sala sentenciadora narra cómo a partir de la negativa de Elsa a continuar las relaciones sexuales con Luis Antonio, éste cambia de actitud y se producen algunas situaciones significativas. Así, en el pleno municipal celebrado el día 22 de mayo de 2002, con ocasión de tratar sobre un asunto relacionado con las tasas de las terrazas de verano, le recrimina públicamente a Elsa “no llevar bien preparada la sesión”, llegando al finalizar la sesión a tirar los papeles al suelo, diciendo: “esto es una mierda”, lo que motivó que la querellante abandonara la reunión llorando; el día 23 de mayo de 2000, el acusado deja sin efecto un anterior decreto por el que le delegaba determinadas atribuciones, sin que exista causa alguna que lo justificara; el 26 de junio de 2000, la desplaza del despacho que tenía asignado en el edificio consistorial a otro edificio colindante; el día 22 de septiembre de 2000, desconvoca -para desacreditarla- una junta del I.M.F.E. (cuya presidencia había asumido Elsa, y a la que había asignado el nuevo despacho), so pretexto de un inadecuado orden del día, y finalmente, tras la baja originada por estos hechos, se produce una reducción de sus emolumentos, “lo que en situaciones análogas no se habría hecho con otro Concejal del mismo grupo”. Estos acontecimientos, ciertamente de naturaleza objetiva, han provocado en la víctima una situación gravemente humillante. El acusado, tras el cambio de actitud que se produce como consecuencia de la negativa a continuar las relaciones sexuales, siempre siguiendo el “factum”, intangible en esta vía casacional, no solamente humilla públicamente a la querellante en el curso de una sesión plenaria municipal, al punto de tirar los papeles al suelo y dirigirse a Elsa en términos de público reproche, sino que, sin justificación aparente, le retira la delegación de atribuciones, sin causa que ampare ese comportamiento, la traslada de despacho a otro edificio, por más que éste sea colindante con el ayuntamiento, y concluye su acción disminuyéndola el sueldo a partir del día 22 de septiembre de 2000, a causa de la baja laboral que sufre, cuando esto no se hubiera hecho con otro concejal de su grupo, si nos atenemos a los hechos declarados probados por la sentencia recurrida. El acusado con su actuación, provoca una situación de humillación y grave perjuicio, hasta allá donde sus prerrogativas se lo permiten, sin más justificación aparente que el rechazo a su solicitud de continuar las relaciones sexuales, igualmente para ser fieles con el relato factual.


Este resultado se encuentra, pues, en conexión causal con la aludida solicitud o pretensión, resultando dicha conexión del mismo relato probatorio, habiendo actuado el acusado con dolo, entendiendo por tal elemento subjetivo el simple conocimiento del riesgo potencial de poner en peligro el bien jurídico protegido por la norma, o si se prefiere, desde otra vertiente más clásica, la voluntad de infringir la norma jurídica con conocimiento de sus contornos fácticos, que el agente despliega de forma consciente. El dolo es palpablemente concurrente, y ni siquiera ha sido frontalmente puesto en entredicho por el recurrente.»

Al leer la sentencia se observa que las inconsistencias que denuncia el acusado en la declaración de la denunciante (que los peritos explican por el tipo de patología padecida por Nevenka Fernández) se centran en cuestiones accesorias, intrascendentes o situadas fuera del núcleo de aquello por lo que se condenaba.

Hay algo más. Los dos votos particulares son muy interesantes. En uno de ellos se considera (como ya se afirmaba en un voto particular de la sentencia de instancia), que no podía existir delito al no existir una situación de jerarquía o de relación laboral o de servicios, puesto que esta relación no se da entre un concejal y un alcalde. Pero lo más interesante, en lo que ambos votos particulares coinciden, es en que el acusado debió ser condenado también por un delito de lesiones. Así, un voto particular afirma:

« Concurren para ello todos los elementos establecidos en la norma, a saber:


a) El empleo de medios o procedimientos por parte del acusado, hábiles para la causación de la lesión (…) b) La indudable intención lesiva de esa conducta, motivada por la frustración causada por el rechazo manifestado por la víctima a proseguir la relación sentimental interrumpida y apoyándose además en el conocimiento, por su autor, de la fragilidad psíquica de la mujer, anteriormente puesta de manifiesto ante él. c) El resultado consistente en menoscabo de la integridad mental de la querellante, debidamente constatado por los informes médicos obrantes en las actuaciones. d) La necesidad objetiva de tratamiento médico-psiquiátrico dispensado a la lesionada (…) e) La relación de causalidad, también pericialmente afirmada, entre la conducta del querellado y ese resultado lesivo padecido por la querellante.


Elementos todos ellos que (…) aparecen (…) con la lectura de la literalidad de la intangible narración de los Hechos Probados contenida en la Resolución de instancia, en especial cuando en ella se dice que:

“En la actualidad Elsa , recuperada de la depresión sufrida como consecuencia de los hechos expuestos, se encuentra trabajando en Inglaterra con total normalidad, ha remitido por completo el cuadro clínico diagnosticado y no persisten secuelas. El facultativo que ha informado expresamente sobre su sanidad manifiesta además, para el caso de que se consideren probados los hechos, un tiempo de tratamiento de 187 días, mismo tiempo que habría estado impedida para sus ocupaciones habituales. Dicha lesión habría requerido para su curación, primera asistencia facultativa seguida de tratamiento médico posterior (folio 1.403). Sin embargo, la duración del tratamiento y el tiempo real que estuvo impedida para sus ocupaciones, no aparece exactamente acreditado y existen discrepancias, no esenciales, en el diagnóstico de la enfermedad que padeció Elsa .”

(…) No puedo compartir semejante pronunciamiento al entender que los términos de la Sentencia de los Jueces “a quibus”, literalmente transcritos, son expresivos, con claridad, de la concurrencia de los elementos integrantes del delito, incluída la necesidad de tratamiento médico, aún cuando exprese dudas acerca de la duración del mismo, lo que tan sólo podrá tener repercusión en el aspecto indemnizatorio de los resultados de la infracción, que evidentemente también habrían de cuantificarse. Es evidente que un trastorno diagnosticado, sin duda, como “depresión”, que cursa durante meses, ostenta la suficiente entidad para requerir verdadero tratamiento psiquiátrico.»

El otro voto particular añade:

«Pues bien, en el caso examinado, no sólo es que, como se ha dicho, ese tratamiento médico se ha realizado realmente, sino que, aunque ello no hubiera sido así, es claro y meridiano que la lesión psíquica sufrida por la víctima según “los documentados informes periciales cuya credibilidad está fuera de discusión” (F.J. Tercero de la sentencia), diagnosticada por dos especialistas en psiquiatría y un psicólogo (el “factum” señala que además de la asistencia a urgencias donde fue atendida y diagnosticada por la Dra. Psiquiatra Mariana, fue atendida en 27 de septiembre; 5 y 8 de octubre y 24 de noviembre de 2.000 por el también psiquiatra Dr. Carlos María, y “en múltiples ocasiones posteriores desde el 12 de febrero de 2.001 por el psicólogo Don Eugenio ), esa lesión, repito, considerada en su propia objetividad, es de las que, según la experiencia científica acuñada en similares diagnósticos, requiere necesariamente una atención médica de naturaleza psiquiátrica y psicológica más o menos prolongada en el tiempo para la curación del paciente.»

La verdad es que los argumentos de los votos particulares son bastante consistentes. Podría decirse, en consecuencia, que el acusado salió bien parado, a la vista de lo que les enlazo. Salió como delincuente, pero bien parado.

Vi el documental por culpa de un tuit. Alguien decía que era imprescindible y una noche que andaba insomne, me lo tragué de tirón. No les recomiendo que lo hagan. Es un producto indigerible. Con tesis, pero tan torpemente expuesta que solo convencerá al convencido.

Tampoco es que les recomiende que lean la sentencia. Esos documentos suelen ser farragosos, así que ustedes sabrán. Su ventaja sobre el documental, en todo caso, es que la sentencia sí recoge la versión de las dos partes. No vean si la recoge.