Menuda perspectiva

Hace tres años escribí esta entrada. Les invito a que la lean.

En ella analizaba la noticia que anticipaba los problemas e injusticias de una posible aprobación de una reforma del Código civil que estableciese la prohibición de estancias o comunicaciones de hijos menores con padres acusados de cualquier delito relacionado con violencia doméstica.

Y contaba una historia. Un caso que llevaba entre manos. Lo retomo:

Un hombre —mi cliente—  y una mujer tienen una hija, menor de edad. Surgen problemas entre ellos, que no voy a contar, porque no viene al caso y por no crear prejuicios al que lea esto. El caso es que terminan yendo a abogados que presentan demandas. Ella además presenta una denuncia: amenazas, agresiones e incluso agresión sexual. Lo detiene la policía y pasa dos días en un calabozo. Él es muy cuidadoso. Lo anota todo. Lo guarda todo. Lo graba todo. Por suerte, las enormes inconsistencias de ella —y las mentiras— dan lugar a un sobreseimiento inmediato, pese a la gravedad de las acusaciones. Recurre en apelación. La audiencia confirma el archivo. Viven en la misma casa, en habitaciones separadas; pero ella se mete en la cama de él, lo empuja, lo provoca. Él conserva la calma, mientras lo graba todo. Poco tiempo después, unos amigos de ella, a la que creen una víctima, pegan a mi cliente. Mi cliente denuncia y obtiene una sentencia condenatoria contra los agresores. Sigue: la mujer termina marchándose de la vivienda familiar, pero llevándose a la niña con ella e impide al padre que la vea. Presentamos una denuncia por secuestro, a sabiendas de que no prosperará, ya que el conflicto está judicializado. Se archiva la denuncia, pero el padre durante dos meses no ve a su hija. Las pocas veces que logra hablar con ella, la niña carga al padre de reproches: que ya no la quiere, que la ha abandonado. El padre es incapaz de explicar a su hija que tiene que esperar a un juicio que tarda en celebrarse diez meses. Mientras tanto, ella le comunica al padre que puede recoger a la niña: es una trampa. Pretende aprovechar ese momento y provocar un nuevo conflicto. Él lo graba todo y va acompañado de testigos. Ella denuncia, pero el procedimiento se abre y se cierra cuando la fiscal comprueba, por las declaraciones de los testigos y las grabaciones, que la denuncia es una burda mentira, tras «aconsejar» a la madre que retire la denuncia antes de que el asunto pueda perjudicarla. Él se niega a denunciarla por denuncia falsa, a pesar de que en las resoluciones constan los elementos de su falsedad, porque no quiere estropear la mínima posibilidad de establecimiento de un régimen civilizado. Dos denuncias, ambas objetivamente falsas, de esas que no aparecen en las estadísticas de denuncias falsas. Se celebra el juicio por la custodia. Mi cliente ha pedido la custodia para él y, en su defecto, la custodia compartida. Juez y fiscal, ambas mujeres, «abroncan» a la madre, que miente manifiestamente en el juicio, reconociendo los esfuerzos del padre por mantener el contacto con su hija y ocuparse de ella, pese a las maniobras de la madre. A pesar de dos denuncias previas por maltrato, se acuerda un régimen de custodia compartida.

Hoy, más de un año después, y tras aguantar —por mi consejo— incumplimientos constantes del régimen por la madre, además de tras una serie de episodios que no voy a contar, mi cliente va a pedir la custodia para él. Él es un padre responsable y cariñoso. Su hija tiene un hogar estable cuando está con él. Ella es irresponsable y está perjudicando gravemente a su hija, que quiere vivir solo con su padre.

Anticipaba en la entrada los problemas que habría tenido en el caso de que esa reforma hubiese entrado en vigor. Desde el 03/09/2021 ya está en vigor algo no tan radical, ya que siempre cabe que el juez se aparte de la respuesta prevista por defecto, pero que obliga al juez a un esfuerzo de motivación que supone, en mi opinión, un ataque directo a la presunción de inocencia. No voy a extenderme más sobre los efectos perniciosos y liberticidas de esta deriva. Me remito a mi entrada anterior. Pero sí quería explicarles qué pasó con mi cliente, con su hija y con mi nueva demanda.

Como explicaba, en el procedimiento inicial se estableció un sistema de custodia compartida (al que se oponía la madre). Hoy, una medida así habría requerido una justificación extraordinaria.

Mi cliente solicitó la modificación de medidas al año y medio. Y se dictó sentencia que atribuía la custodia al padre y un régimen de visitas a la madre.

Durante dos años, el padre hizo todo lo posible para que el régimen de visitas funcionase, pero ha sido imposible por los incumplimientos y la irresponsable conducta de la madre. Finalmente, hace unos meses tuvimos que presentar una nueva modificación de medidas para solicitar que no hubiese ningún régimen de visitas y que la hija, que ya es adolescente, decidiera si, cuándo y cómo quiere relacionarse con su madre.

Ahora, con la reforma ya en vigor, se ha acordado lo que pedíamos. El padre es el único custodio y la hija puede, si lo desea, no relacionarse más con su madre.

Por un lado piensas que las instituciones han funcionado. La jueza y los fiscales que han intervenido lo vieron.

Por otro lado, asusta saber qué lo que ha conseguido este hombre, tras cinco años de pelea, es cada vez más difícil. Y asusta preguntarse qué habría sido, de haber obtenido la madre lo que quería, de esa niña (que hoy es feliz con su padre y obtiene unos rendimientos escolares estupendos). La perspectiva es atroz.