Preguntas y respuestas

 

¿Votan los catalanes?

Claro. Constantemente. Desde la muerte de Franco han votado en decenas de elecciones democráticas: europeas, generales, autonómicas y municipales.

¿Deciden los catalanes?

Claro. Constantemente. Más aún cuando el poder territorial está tan enormemente descentralizado como en España. Y ni siquiera es cierto que pueda decirse que las decisiones “más” importantes correspondan al parlamento español o a su Gobierno. Muchas decisiones esenciales se adoptan ya en la Unión Europea. Muchas decisiones esenciales (y gestión de recursos) corresponden a las Comunidades Autónomas. El poder está muy repartido.

¿Deciden los catalanes sobre Cataluña?

Más que sobre ningún otro lugar. El parlamento catalán y el Gobierno catalán se eligen exclusivamente en Cataluña.

¿Deciden los catalanes exclusivamente sobre Cataluña?

No, Cataluña forma parte de España y de Europa. Los restantes europeos y los restantes españoles también decidimos sobre Cataluña al escoger representantes en España y en Europa. Los catalanes también deciden sobre el resto de España y sobre el resto de Europa, por la misma razón.

¿Es eso lo que quieren los secesionistas, que los catalanes decidan exclusivamente sobre Cataluña?

No, qué va. Constantemente (salvo una minoría) afirman que quieren “seguir” en la Unión Europea. De hecho, sostienen (contra toda evidencia) que Cataluña seguiría en la Unión Europea pese a una secesión (incluso unilateral). Es decir, que admiten que los catalanes no decidan sobre un montón de cuestiones (muchas más de las que el ciudadano medio imaginaría).

Entonces, si los catalanes ya votan, ya deciden e, incluso tras una secesión conforme al escenario secesionista, no podrán decidir sobre todo, ¿qué quieren los secesionistas?

Los secesionistas no quieren nada de España o del Gobierno de España. Lo que buscan es privarnos a los españoles de un pedazo de nuestro patrimonio común. A todos los españoles. También quieren privar a los catalanes (secesionistas o no) de su patrimonio como españoles. Este es un patrimonio material e inmaterial y no se refiere solo a los recursos. El patrimonio inmaterial comprende también la existencia de un Estado democrático construido sobre la ley (de no existir esta, no sería democrático) y sobre la idea de ciudadanía igual en derechos y obligaciones. Como patrimonio que es, está repleto de activos y pasivos, de éxitos y fracasos, de contradicciones, incluso de señas de identidad contradictorias. Tras una secesión, los españoles (catalanes o no) ya no somos españoles, pues a todos nos faltaría una parte esencial de lo que que nos define como tales. Seríamos otra cosa.

Pero ¿no has dicho siempre que querrías ver cómo España desaparece para convertirse en una parte de un Estado europeo?

Sí, claro. Pero hay también aquí una flecha, una dirección de la historia correcta. En esa dirección no se desune lo unido para que después las partes desaparezcan en algo más grande y mejor. En esa dirección, lo unido se une en algo más grande y mejor, y desaparece para siempre. La operación secesionista es un sinsentido solo explicable como expresión de esa forma de sentimentalismo perverso llamado nacionalismo, que aplicado a la política ha sido la fuente de tanta muerte y destrucción. El ciudadano concreto no gana nada con una operación así: su poder está tan diluido como lo está ahora mismo.

Eso lo dices porque tu nacionalismo ya tiene su Estado: España.

No en mi caso, pero incluso aunque sí lo fuera en el caso de muchos españoles, una vez España es un Estado democrático, regido por una Constitución democrática, los accidentes de la historia que desembocan en esta realidad son los que son y es estúpido generar otros artificialmente para satisfacer las ansias infantiles por las utopías. Al contrario, lo inteligente es ser capaz de superar cualquier forma perversa de nacionalismo, construyendo un lugar en el que pudiera vivir todo el que admita determinadas reglas de convivencia basadas en la ley, la libertad y los derechos humanos, hable en el idioma que hable, rece o no, dance como dance. Por suerte, vivimos en el lugar que ha generado la tradición intelectual más cercana a ese modelo hacia el que se dirige inexorablemente la historia (por muchos imbéciles y fanáticos que no se quieran enterar) y aquí podríamos dar ese paso histórico, modelo futuro para los demás. Estas ansias no las satisfacen las “naciones culturales”, ese residuo folclórico.

Pero ¿tan grave es dejar que en este caso los catalanes decidan en exclusiva romper con España?

Sí, lo es. Y la propia pregunta lo demuestra. Los catalanes no romperían con España: romperían España. Una parte se arrogaría la capacidad de decisión que corresponde a todos. Una decisión así sería estúpida incluso adoptada por todos, tras una reforma de las leyes que nos dimos en 1978; una decisión así, adoptada solo por las catalanes, sería una arbitrariedad, un privilegio, que haría al español de vecindad administrativa catalana mejor que a los españoles de otros lugares. Sería ilegal y antidemocrática. Sería el equivalente al voto censitario, al voto solo masculino, al voto solo de los blancos. Sin embargo, se está vendiendo precisamente como la expresión de un ejercicio democrático. Esta es su perversión. Y, además, ¿para qué?

¿Como que para qué? Para tener su destino en sus manos.

No existe ese sujeto llamado los catalanes. No existe ese sujeto llamado los españoles. Cuando se usan se parte de una ficción radical que sirve para legitimar la acción de gobierno. El demos es una construcción. Esta es otra de las mentiras: cada ciudadano catalán concreto (con sus preferencias y su manera de ver el mundo), como individuo, puede tener más afinidad por otros ciudadanos europeos de fuera de Cataluña que por algunos de sus vecinos de comarca. Más aún cuando las diferencias son mínimas (aunque tendamos a no darnos cuenta) en Europa. Los nacionalistas, naturalmente, las exacerban. Ese es su juicio, racista en el fondo, ya que cree en la existencia de rasgos que se mantienen en el tiempo y que son resultado de un algo inefable, nacido de la raza, la historia y las piedras. Su fuerza es resultado de la naturaleza tribal del ser humano, que ve en el color de la piel, por ejemplo, una diferencia básica, porque se muestra, aunque el análisis genético nos demuestre lo contrario. Un catalán en una Cataluña secesionada no tendrá en sus manos su destino más de lo que lo tiene ahora. Y no tendrá más derechos, como individuo, de los que tiene ahora.

Entonces explícame por qué tantos millones de personas, muchas de ellas instruidas y expertas en muchas materias, se apuntan a una idea que para ti es idiota y antidemocrática. ¿No admites que puedes estar afectado por tus propios sesgos?

Naturalmente, siempre hay que admitir esa posibilidad, pero permite que analice tu argumento: muchas personas, algunas de ellas expertas, apoyan una idea y por eso la idea puede ser admisible, lógica, racional y benéfica. Por desgracia, la historia de la humanidad nos demuestra que personas con ese mismo perfil, en ocasiones, han apoyado activamente, por los motivos más variados, a regímenes, a gobiernos, a movimientos políticos que, con el tiempo, se han mostrado como dañinos, incluso como gravemente criminales. De hecho los historiadores se dedican habitualmente a mostrarnos las claves de ese comportamiento tan perturbador. Simplemente por esta razón, el argumento pierde su fuerza. Ya ha pasado antes que profesionales y expertos ayuden a las naciones a precipitarse en la ignominia y el mal. Si sucede en esos casos extremos, ¿por qué no va a suceder en otros de menor gravedad? Por cierto, los casos extremos siempre se producen tras una ruptura violenta con la legalidad. Es fácil comprender por qué: cuando se rompe la ley y se apela a una voluntad en bruto (sin reglas previas válidas para su formalización) se abre la puerta a toda arbitrariedad. Hace poco se ha sabido que una serie de personas proponen la secesión de Barcelona y Tarragona dentro de Cataluña. Rota la ley, ¿por qué no? Alguien dirá: porque toda Cataluña es una nación. Pero, ¿esto dónde lo pone? ¿en otra ley, en un estatuto de origen “españolista” -pues lo parió la Constitución española-, en una constitución catalana que no recoja las “legítimas aspiraciones de los ciudadanos de Barcelona y Tarragona”? Frente a esto, ellos dirán, es fácil saberlo: votemos, decidamos, que hable la democracia. Eso sí, que voten solo los de Barcelona y Tarragona, añadirán. La voluntad bruta por encima de la ley, admitida una vez, no puede ser repudiada por los que la utilizaron.

Vamos, que al final pasará lo de siempre. Terminaréis usando la fuerza.

No sé lo que pasará. Puede que se use. La fuerza es un recurso legítimo monopolizado por el Estado. Espero que no se llegue ahí. No obstante, si se usa, no la usaremos “nosotros” contra los catalanes: la usarán los catalanes (entre otros) contra los que quieren torcer el imperio de la ley democrática. La usarán los ciudadanos contra los golpistas.

 

Et in arcadia ego: el mundo prístino en el que los hombres eran libres y podían inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad sin pagar impuestos

 

Al azar he leído un texto de este club liberal. Me ha impresionado, por qué no decirlo. Así que lo traigo a mi blog, tal cual. Sin aditivos, sin comentarios, sin expurgar una sola de esas ideas que como puños seculares nos golpean sin compasión. Así es la verdad, inmarcesible, brutal, cristalina. Disfruten del texto:

Desde que el hombre se comprendió así mismo como un ser político y gregario, se puede palpar incluso en la historia más antigua, como se han librado luchas tanto intelectuales como sangrientas, las cuales han intentado detener el abuso del poder para salvaguardar al individuo de la tiranía.

Hoy en día esta lucha por preservar a la minoría más real y cierta –como lo son cada individuo– ha mutado, los que antes tomaron las armas para imponer sus ideas hoy se disfrazan de mansas palomas, prometiendo un mejor futuro e igualdad material para la humanidad.

Esta utopía es presentada en la actualidad como el Estado social, el cual tiene por fin último gestionar la “procura existencial”; esto no es más que un eufemismo, ya que en base a esa obligación que asume el Estado de proporcionar un estándar mínimo de vida a sus habitantes, puede excusarse para desconocer los derechos fundamentales de las personas como lo son la vida, la libertad y la propiedad; en consecuencia ese supuesto Estado de bienestar no es más que un arma a disposición de la política, que en cualquier momento puede accionarse contra las libertades individuales y desaparecerlas por completo.

Bajo ese “orden jurídico” que se impone con el welfare state, se pretende dar apariencia de legalidad a la destrucción de los derechos individuales, ya que de éste se desprende que la prioridad es el bien común o general de la sociedad, en consecuencia queda muy disminuido o en el peor de los casos desprovisto el individuo de medios para hacer valer en cada ámbito en que se desarrolle su interés particular frente a ese coloso que es el Estado benefactor.

Véase entonces, como esa organización política sirve para disolver al individuo en una abstracción como lo es el bien común; al asumir el Estado un rol activo tanto en economía, servicios etc, puede quien dirige todo aquel aparataje estatal destruir o manipular la democracia, bien sea activamente a través de amenazas de suspensión de beneficios –que en los regímenes más radicales se les otorga la calificación de derechos– o pasivamente a través de la exacerbada repartición de bienes o beneficios, con los únicos fines de permanecer en el poder.

.Otra grave consecuencia es la pérdida de la libertad de expresión –aunque no lo parezca–, pues cuando se intenta hacer ver las perversiones que conlleva el Estado social, más allá de las falacias ad homine típicas de los que defienden esas ideas, siempre se tropieza con la censura moral de que no se desea el bien para los demás y que en consecuencia se está defendiendo intereses “imperialistas” o “multinacionales”, así como otros argumentos falaces que no merecen la pena ni mencionar.

En esa misma minusvalía encontramos al derecho de propiedad, el Estado social es la excusa perfecta para desconocer absolutamente este derecho, con ella se pueden “legitimar” todo tipo de expoliación por parte del aparato del Estado, desde empresas hasta viviendas, todo ello basado en que es necesario asegurar tan cacareado bien común.

Un claro y actual ejemplo de cómo el Estado de bienestar no es más que un instrumento perverso con el cual las tiranías se disfraza, es el régimen venezolano, el cual se ha valido de él y de otras miles de falacias más para desconocer cualquier tipo de orden jurídico que proteja al individuo, para entregar “ayudas sociales” que van desde entrega de viviendas, electrodomésticos, divisas para viajes, hasta una perversión más grave como la de entregar comida a través de un sistema de identificación (carnet), para el cual es necesario entregar información sumamente personal y quien se atreva a contradecir el ideal “revolucionario queda execrado de todos estos “beneficios”.

Vemos pues, que esas pseudopolítcas, no son más que medios coercitivos para que las personas no puedan tener conciencia crítica, poder de decisión sobre su dinero y mucho menos sobre sus propiedades inmuebles, todo ello con la excusa de que es necesario controlar absolutamente todo para cumplir con los “derechos del pueblo”, ya que así lo ordena la Constitución, instrumento en el cual se dan los lineamientos del Estado social.

En conclusión, ya por sí mismo el poder y el estado son instrumentos que pueden acabar con la libertad, por lo tanto otorgarle más poder y más protagonismo en la vida de las personas, es entregar una poderosa arma para exterminar de forma definitiva la libertad, como ocurre en regímenes totalitarios como el de Venezuela, Cuba, Corea del Norte entre otros, donde reina la mentira y la tiranía en nombre del pueblo.

Nosotros, los elegidos

 

Como no me fío ni de mi fallecido progenitor, al leer que la autodenominada Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, “rechaza” la donación efectuada por la Fundación Amancio Ortega para la adquisición de aparatos para el diagnóstico y prevención del cáncer, he pensado que a lo mejor se había malinterpretado y que simplemente querían hacer hincapié en la necesidad de una financiación pública mejor de la sanidad. Pero no, este es el comunicado. Extracto algunas frases (si tienen valor, léanlo entero):

(…) Nuestra Comunidad no tiene que recurrir, aceptar, ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. (…)

Hay que ser muy imbécil para decir algo así. Imbécil sin remisión. No voy a comentarlo. Hay que ser también muy imbécil para no darse cuenta de que esa frase solo la puede decir un imbécil.

Menos aún de quien siendo el mayor accionista de una de las mayores empresas y fortunas personales del Estado tendría que demostrar no su filantropía sino su obligación de contribuir al erario público de forma proporcional a sus beneficios y en la misma proporción que el resto de los contribuyentes.

El imbécil apuesta aún más alto, como ven. “Menos aún”, dice. ¿”Menos aún” que todos los demás, ya que no aceptan la generosidad o el altruismo de nadie? Todo para no decir la verdad, que les jode que el altruismo provenga de un señor que es muy rico. Esa es la estructura profunda de la frase, aunque no muy profunda, como ven —¿qué será eso de demostrar la obligación?—. Además, vienen a decir que ese señor no tiene que ser generoso, sino que tiene que pagar sus impuestos “en la misma proporción que el resto de los contribuyentes”. ¿En la misma proporción? ¿no más? ¡Joder, estos imbéciles quieren que pague aún menos dinero! Lo curioso es que —vean hasta qué punto son imbéciles— como no pueden decir que pague menos de lo que tiene que pagar según la puta ley democrática que resulta del voto del “resto de los contribuyentes” y de algunos que no contribuyen con nada, la consecuencia es que, aunque pague todo lo que tenga que pagar, no le admiten su “filantropía”. Es decir, que asumen que este señor, como es rico, no puede regalar nada y todo lo que quiera regalar es una obligación y hay que rechazarlo para que quede claro que es una obligación.

Sobre algunas “Fundaciones filantrópicas” como la Fundación Amancio Ortega

Si tan preocupada está por la salud, teniendo en cuenta que su ropa se elabora en gran parte deslocalizada en países como Marruecos o Bangladesh, que mejore las condiciones de trabajo de las personas que directamente o mediante subcontratas trabajan en condiciones de explotación y grave riesgo para su salud y su vida, y que trabaje para corregir las violaciones de los derechos humanos que se producen en la cadena de producción textil. Todavía está muy fresco el recuerdo de la tragedia del Rana Plaza, cerca de Bangladesh, con 1.134 muertos y más de 2.500 heridos

Defendemos el derecho a la salud de todos y todas las personas. Y la salud depende de sus determinantes sociales, como la alimentación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, etc.  Le sugerimos, que el lobby textil se una a la iniciativa legislativa recientemente aprobada en el Parlamento Europeo para obligar a los proveedores de esta industria  que abastecen a la Unión Europea, a respetar los derechos humanos de sus trabajadores en todo el mundo. Si quiere pasar por empresa ética es en ese nivel donde tiene que demostrarlo y no ofreciendo regalos a quienes no le aprietan las clavijas fiscales.

Estos dos párrafos son muy significativos. Imaginemos que asumiéramos lo que dicen, aunque son dos párrafos llenos de trampas: ¿qué tiene que ver esto con la donación de millones de euros para la sanidad española? Salvo que se quiera decir que puede donarlos gracias a que joden a los ciudadanos de otros países y que la sanidad española debería, a su vez, donar estos millones de euros a Marruecos o Bangladesh. ¿Es eso lo que quieren decir? Porque si no es eso, hay un mensaje alternativo perfectamente compatible, pero no imbécil: “agradecemos a la Fundación Amancio Ortega esta donación, a la vez que denunciamos que puede mejorar las condiciones de trabajo de las fábricas en países del Tercer Mundo de las empresas y sociedades de las que se nutre”. No se dice, porque su discurso es ideológico. Tanto lo es que hacen una exhibición:

Sobre la penetración de la ideología neoliberal en la utilización de la tecnología médica

En un contexto de presiones (publicación de estudios en los que se señala la gran obsolescencia de los equipos de diagnóstico, monitorización y terapia en la sanidad pública) por parte de la patronal de empresas de tecnología sanitaria, Fenin, surge el “Plan Renove” de Tecnología Sanitaria anunciado por la ministra de Sanidad (ya se está gestando en colaboración con el Ministerio de Hacienda).

En estas circunstancias, hay que valorar la oportunidad y necesidad de este Plan multimillonario y del “regalo tecnológico” del Sr. Ortega al SALUD aragonés. Si lo que interesa es la mejora de la salud, hay que tener en cuenta el impacto de los aceleradores lineales, mamógrafos y otro aparataje sobre la salud de las personas.  Hay despilfarro, mala utilización de la tecnología, bajo rendimiento y efectos adversos por exceso relativo.  Por eso, es necesario calibrar  su adecuada utilización y sobre todo, insistir en otras políticas de carácter social de las que depende en gran medida la salud, especialmente como consecuencia de la crisis económica, las políticas neoliberales y los factores demográficos.

Las máquinas, la tecnología, son malas. Por eso los ricos (los de todo el mundo), cuando tienen cáncer las usan. Porque son también imbéciles. Nada de tecnología: contra la enfermedad lo mejor es una buena dieta y lecturas adecuadas. Una buena lectura es el propio documento:

Sobre los Determinantes Sociales de la salud

En esta fase de desarrollo de nuestro Sistema Sanitario, éste solo contribuye en un 11% a la salud. El resto depende de la biología humana, el ambiente o el estilo de vida, la alimentación, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, etc. condiciones cada vez más deterioradas con las políticas de recortes y con la creciente desigualdad producida por las políticas neoliberales.

No es de recibo que se siga incrementando la carrera de la tecnología, que se dediquen costosos recursos que casi solo favorecen a la industria, mientras que muchas familias carecen de lo más elemental para poder conservar su salud. Las inversiones más rentables son preventivas. Las autoridades sanitarias suelen cargar con los programas de cribado y la promoción de hábitos saludables, pero olvidan lo más importante, mejorar las condiciones de vida de las personas. En este sentido, son muchas las organizaciones que insisten en advertir de la influencia en la salud de la extensión y persistencia de la pobreza en nuestro país, la precariedad, la exclusión y el incremento de las desigualdades. El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%. Casi 700.000 hogares (1,3 millones de personas) no tienen ningún ingreso. El desempleo en 2016 era del 19,6%, el doble de la media de la CE y el mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores ha bajado un 10%, el valor de las acciones empresariales se ha multiplicado por 5 en los últimos 25 años.

¿Ven? Esta gente no habla de la sanidad pública. Porque todos sabemos lo que es la sanidad pública. Algo bien concreto. No, los iluminados estos hablan del paraíso. Empiezan criticando que se donen aparatos de esos a los que se refiere la SEOR, —que describen un déficit de la sanidad española en una serie de aparatos específicos— para luego hablar del neoliberalismo, la malvada industria, la carrera tecnológica y la segunda venida de Cristo.

Sobre los recortes

Lo primero que debe hacer el Gobierno de Aragón es instaurar medidas para recuperar el derecho universal a la salud perdido desde el RDL 16/2012 y el RD 1192/2012 e instar para ello al Gobierno Central (que retiró 873.000 tarjetas sanitarias además de otros recortes y copagos/repagos).  Esta reforma afectó y afecta en especial, a los grupos más vulnerables: inmigrantes en situación irregular, personas de escasos recursos con enfermedades crónicas, a desempleados y en paro de larga duración que permanezcan fuera del Estado español por más de 90 días.

¿Lo primero que debe hacer el Gobierno de Aragón? No, hombre, eso es lo segundo. Lo primero que debe hacer es rechazar la pasta de la Fundación Amancio Ortega. De hecho, ya está tardando. Da igual que ese dinero a lo mejor libere recursos para después mejorar otras áreas de la sanidad aragonesa.

También nuestro Gobierno de Aragón debe solucionar de forma urgente las carencias que desbordan centros y profesionales, falta de material, bajas que no se reponen, no se cubren descansos, cierres de camas… y el fraude que supone que haya listas de espera de varios meses incluso de años, para determinadas pruebas o para determinadas consultas

Naturalmente, si la Fundación Amancio Ortega dona dinero para, no sé, comprar camas, o para contratar más enfermeras, tampoco le aceptaríamos esa pasta. Ya lo dicen al principio del comunicado.

Sobre la pretendida colaboración “público-privada”

Estamos hartos y hartas de escuchar el mantra de la “colaboración público-privada” como solución a los problemas sanitarios, cuando en realidad supone un encarecimiento de la sanidad por estos procesos privatizadores. Una muestra de esto la tenemos en el CASAR aragonés (fórmula público-privada) con la MAZ, que ha dejado una factura a pagar por las arcas públicas de unos 18 millones de euros, además de múltiples irregularidades en la gestión

¿Ven? De nuevo el problema ideológico. ¿Cómo se encarece la sanidad pública aceptando 320 millones de euros donados? ¿Por qué mezclan la velocidad con el tocino? Es simple, porque la sanidad pública les importa una mierda; ellos solo trabajan para que llegue el paraíso a la tierra, un paraíso sin carrera tecnológica, en el que se atarán perros con longanizas y la gente vivirá 150 años gracias a métodos de vida saludables y a un uso inteligente de las estadísticas (esas sociedades incipientes son fácilmente localizables: son esas en las que los problemas desaparecen porque siempre hemos estado en guerra con Eurasia). Esas en las que no hacen falta medicamentos.

Ya no sigo. No les voy a la dar la murga con las farmacéuticas o la reforma laboral (sí también hablan de eso).

Al principio de esta entrada hay una pequeña trampa. He dicho que el documento está escrito por imbéciles. Es una forma de manipularles a ustedes, lectores. En realidad hay una explicación alternativa. Los que escriben el documento no son imbéciles; solo piensan que los imbéciles son ustedes y que no se darán cuenta de lo que pretenden decir en realidad: que no hay que aceptar ese dinero de Amancio Ortega porque lo que hay que hacer es quitárselo. Pero no una parte: todo. Y que hay que acabar con la puta propiedad privada, que es el origen de nuestros males, salvo cuando se trata de su peine o de una colección (modesta, eso sí) de discos de música popular albanesa. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo tal cual, así que mienten, a ver si el mensaje cuela por la vía del resentimiento.

Naturalmente, el mensaje evangelizador y apocalíptico no se refiere a la sanidad. Como si a esta peña le importase que usted en concreto, o su madre, su padre, o alguno de sus hijos, o ese amigo del alma, padezcan cáncer y puedan curarse. Esa peña es mejor. Ellos no velan por un tipo concreto. No velan por la sanidad o el trabajo o la cultura o los niños. Ellos velan por la Humanidad. Así, en mayúsculas. Así, en abstracto. Y no dejan que un accidente los aparte de su objetivo.

¿Crees eso? ¿En serio?

 

Nos cuesta darnos cuenta de que alguien que nos cae bien ha perdido el rumbo. Puede caernos alguien bien aunque no compartamos sus opiniones, eh. Siempre he pensado que en esto de los afectos lo insalvable es más la manera de articular esas opiniones que su contenido. ¿Usted también conoce a un gilipollas que piensa casi exactamente igual que usted, verdad? A eso me refiero.

El caso es que un día descubres que esa persona que te cae simpática empieza a dejar caer cosas raras. Las justificas porque son pocas o porque siempre ha sido un poco trol, pero luego se hacen más frecuentes. Las madres siempre nos indican el camino, así que empiezas a sospechar de las malas compañías. Y lo ves con gente que no conoces o de la que te burlabas. Ves que enlaza a ese trolero, a aquel extremista, a ese otro chiflado. Ciertos asuntos empiezan a convertirse en recurrentes y, dentro de esos asuntos, consignas y tics que demuestran que empieza a asumir un discurso que aborreces. A veces, si preguntas (con cuidado, que es colega), te tranquilizas porque te contesta que sí, que sabe que ese tipo es un extremista, que aquel está como un cencerro y que eso que ha enlazado o retuiteado es una exageración o una trola. Pero luego insiste, y empiezas a sospechar que sus excusas son falsas. Que no le parece tan extremista, quizás solo políticamente incorrecto; ni tan chiflado, quizás solo apasionado; ni tan embustero: “todos manipulan, pero este al menos no miente en lo esencial”.

Un día descubres que tu colega no se dedica a epatar al personal, sino que realmente piensa así y se alimenta de basura, que engulle con satisfacción. Ya no reconoces en él a ese tipo que te caía bien, aunque dijese a veces alguna burrada.

Si el día que haces ese descubrimiento te preguntas si tu colega piensa de ti exactamente lo mismo que puede usted leer en los párrafos anteriores, estimado lector, cambiando algún matiz sin importancia, estarás a salvo. Él quizás ya no. Cuando hagas este descubrimiento es probable que lleve tiempo viéndote como una rémora, si no como un enemigo.

El mal prospera así. Llenándonos de certezas.

 

La libertad es la primera de mis pasiones

 

Las palabras reptilianas de Tocqueville que luego transcribo despiden un aroma de sinceridad. Por su incorrección insalvable, y por esa tensión entre la biografía y la inteligencia. Si hubiese hablado de otra aristocracia, serían excelentes. Pero no, Tocqueville, preso, como todos, de sus contradicciones, atribuye la razón y la individualidad a una clase social, y olvida las raíces materiales del odio y de la injusticia. Mi padre era camionero. Mi madre, ama de casa. Mis abuelos, pobres como ratas.

En todo caso, siempre nos dicen que el primer paso para curarse es diagnosticar la enfermedad.

(La traducción es mía; perdonen si hay alguna incorrección).

J’ai pour les institutions démocratiques un goût de tête, mais je suis aristocratique par l’instinct, c’est-à-dire que je méprise et crains la foule. J’aime avec passion la liberté, la légalité, le respect des droits, mais non la démocratie. Voilà le fond de mon âme. Je hais la démagogie, l’action désordonnée des masses, leur intervention violente et mal éclairée dans les affaires, les passions envieuses des basses classes, les tendances irréligieuses. Voilà le fond de l’âme. 

Je ne suis ni du parti révolutionnaire, ni du parti conservateur. Mais, cependant et après tout, je tiens plus au second qu’au premier. Car je diffère du second plutôt par les moyens que par la fin, tandis que je diffère, du premier tout à la fois par les moyens et la fin.

La liberté est la première de mes passions. Voilà ce qui est vrai.

“Mon instinct, mes opinions” (OC, t. III, 2, p. 87)

Por la razón aprecio las instituciones democráticas, pero soy aristocrático por instinto; es decir, menosprecio y temo a la turba. Amo con pasión la libertad, la legalidad, el respeto a los derechos, pero no la democracia. Ese es el fondo de mi alma. Odio la demagogia, la acción desordenada de las masas, cómo prorrumpen sombríamente en los asuntos, las envidiosas pasiones de las clases bajas, sus tendencias irreligiosas. Ese es el fondo de mi alma.

No soy de los revolucionarios o de los conservadores. Pero, sin embargo y finalmente, me inclino más hacia los segundos que hacia los primeros, pues difiero de los medios de los segundos, pero lo hago de los medios y los fines de los primeros.

La libertad es la primera de mis pasiones. Esto sí que es cierto.

Lo llaman transparencia

 

No conozco con detalle las otras polémicas sobre el fiscal Moix. En lo leído no he encontrado nada más que ruido, versiones contradictorias y mucha mala hostia en varias direcciones. Mi impresión es que estamos presenciando una guerra sucia. Pero es solo eso, una impresión. No sé si algún día conoceremos la verdad.

Tampoco sé si las explicaciones que da Moix sobre su participación en una sociedad panameña son ciertas o falsas. Por otra parte, lo mollar de sus explicaciones se demuestra falso o auténtico rápidamente: basta con ver cuándo murieron su padre y su madre y los certificados, el o las particiones (puede haber una o dos), la o las liquidaciones del Impuesto de Sucesiones y el 720 (declaración a efectos impositivos de bienes en el extranjero). No es muy difícil, como ven.

No tenemos por qué aceptar sus explicaciones, pero sí podemos suspender el juicio hasta que las complete. ¿Por qué tanta prisa?

Sin embargo, ¿han hecho esto los medios, los políticos e incluso sus propios compañeros de profesión? No, y esto es lo asqueroso de este asunto.

Vayamos por partes. El medio que destapó el asunto, para sacar partido y visitas, y notoriedad, claro, en vez de solo contar lo que sabía, desde el primer momento y como respuesta a la negativa de Moix de contestar a sus preguntas, entró en una carrera absurda por demostrar que “algo malo” había en el asunto. Algo a lo que se han apuntado otros rápidamente.

Ayer, por ejemplo (no voy a enlazarlo), ese medio se puso a contar paridas, como la edad que tenía la testaferro panameña y el número de sociedades que representa. Algo utilizado por políticos (por ejemplo, la número dos de Podemos) para esputar el típico tuit populista.

Ese mismo medio, ayer decía esto:

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Es tremendo. Solo en impuestos (AJD, plusvalía municipal, ganancia patrimonial), notaría y registros, la cifra, con seguridad (considerando una declaración de 900.000 € en el Impuesto de Sucesiones, según he leído) será de varias decenas de miles de euros. No sé cuánto. Ni tengo los datos para calcularlo, ni me ha pagado nadie por hacerlo. Pero esto que dice el periódico es una basura. Eso de que en cinco años y medio no han podido prestar 100 euros al hermano.

Por otra parte, si la sociedad está inactiva y solo tiene ese patrimonio, es perfectamente razonable que vendan el inmueble y usen parte del dinero para disolver la sociedad. Insisto, ignoro si esto es verdad o no. Solo hablo de la respuesta.

Lo más gracioso es que los de ese medio (y otros) mencionan esto como si hubieran pillado a Moix y no hayan caído en algunas de las posibles inconsecuencias de sus explicaciones:

1.- La primera la comentaba Ignacio Gomá. Moix es fiscal, jurista, y ¿su padre no le dijo nada y no se enteró de la sociedad panameña hasta su muerte? Lo cierto es que el padre también era jurista (inspector de trabajo y profesor de universidad), perfectamente capaz de entender lo que hacía y organizarlo, y que se me ocurren mil razones por las que puede esto ser cierto que tienen que ver con esas cosas complicadas llamadas relaciones entre padres e hijos.

2.- La segunda, que la madre falleció antes. ¿No se hizo la partición en ese momento? ¿Se declararon impuestos? A menudo cuando hay dos cónyuges y fallece uno primero, los hijos esperan al fallecimiento del segundo para hacer el papeleo. Pero los impuestos hay que declararlos. Si las acciones de la sociedad eran de ambos progenitores (algo que ignoro; podrían ser privativas del padre) y se presentó una declaración de impuestos, en ella Moix ya debió incluir unas acciones, muchos años antes de la fecha que da como fecha en la que tiene constancia de la existencia de la sociedad. Si no presentó la declaración, habría incumplido sus obligaciones tributarias. Puede, naturalmente, que se presentara la declaración, pero no se incluyeran las acciones por desconocimiento hasta la muerte del padre.

3.- La tercera, que Moix afirma que se planteó “renunciar” a la casa, pero que esto también llevaría consigo una serie de impuestos y gastos para sus hermanos. Esto es cierto si se hace después de aceptada la herencia. Si el padre falleció sin testamento (como he leído) y se declaró a los cuatro hijos herederos, y si Moix hubiera renunciado sin más, pura y simplemente, es decir antes de aceptar, no habría gastos, ya que su parte acrecería a los hermanos. Como es obvio, esto solo ocurriría si la casa fuese el único bien hereditario. Si había otros, esto implicaría que Moix tuviese que renunciar a todo, no solo a la casa.

Parto de las explicaciones de Moix. Moix también podría haber dicho: es mi herencia, no sé por qué cojones tengo que renunciar a ella si todo es perfectamente legal. Pero no lo ha dicho. También podría haber dicho: sí, sabía lo de mi padre, pero yo no soy mi padre. Pero no lo ha dicho. Sus explicaciones son la vara de medir que se ha impuesto a sí mismo.

En todo caso, esto es lo que yo preguntaría. Por otra parte, una vez aceptada la herencia ES COMPLETAMENTE RACIONAL QUE LOS HEREDEROS TOMEN DECISIONES PARA MINIMIZAR EL COSTE DE REPARTÍRSELA. Se hace constantemente. ¡Coño, uno vive de esto! Y es perfectamente lógico y ético (siempre que sea legal). Más aún cuando Moix afirma que la hacienda española conoce la existencia de la sociedad y de la titularidad real del inmueble de marras. Otra cosa sería que, una vez heredada la sociedad, la utilizasen para cualquier otra cosa que no fuese terminar liquidándola y distribuyéndose el resultado. Esto ya no sería admisible éticamente en un fiscal anticorrupción, y podría ser incluso ilegal. Pero ¿alguien tiene pruebas de esto?

En cuanto a los políticos, lo sucedido ayer es infame. Una nueva cacería, con todos corriendo como pollos sin cabeza a demostrar que son más puros y honestos que nadie. Sin esperar ni un mísero día a ver qué explicaciones se daban, aduciendo que Moix tiene “intereses” en “paraísos fiscales”. Así, en plural, eludiendo los mil matices que ofrece la maldita realidad.

Y lo peor, en mi opinión, es lo de algunos fiscales. Tipos que, en el mejor de los casos, se han vendido a la necesidad aparentemente imperiosa de que los ciudadanos, imbéciles y menores de edad ellos, no sucumban a la teoría de la conspiración, para lo cual se aferran a las paredes y los techos de cristal, y a la mujer del César, y se apuntan a la furia, cogiendo las antorchas e indignándose ante la posibilidad de que un fiscal haya tenido padre y heredado. Tipos que renuncian a cualquier intento de explicar a la turba que el mundo es más complejo y gris que lo que resulta de las engoladas y mendaces expresiones de los frailes milenaristas que tanto hueco han encontrado en estos días de exceso y aburrimiento infantil.

Así nos va. Los que deberían ser mejores, asustados ante la posibilidad de que la “gente” los señale con el dedo, vendiendo, no a uno de los suyos, sino a una cierta idea sobre lo que ha de ser la civilización, y renunciando a dar explicaciones y ofrecer ejemplos de moderación.

Lo llaman transparencia, pero no lo es. Es combustible para la misma pira de siglos.

Sí, el ocupa tiene derechos

 

Accedí a esta noticia por este tuit de Cristian Campos:

Voy a comentarla porque mucha gente la está retuiteando y observo el estupor en muchos comentarios escritos en respuesta al tuit original. Además, en una de esas respuestas me he encontrado con esto.

En realidad, la noticia contiene todos los datos que explican por qué es perfectamente correcta la actuación de la policía catalana.

Voy a explicarlo:

1.- Ocupar una propiedad ajena es delito en España. Hablo de ocupar o usurpar, no de entrar. Entrar también es delito cuando esa propiedad es la vivienda de alguien o el domicilio de una persona jurídica (o establecimiento mercantil o despacho u oficina, o local abierto al público, incluso fuera de sus horas de apertura). Me centraré en la usurpación porque es el tipo delictivo que se “ajustaría” más a lo que nos okupa (perdonen la coña, no he podido evitarlo). Lo regula el Código penal en su artículo 245:

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Como pueden observar, hay dos modalidades. En la primera se utiliza violencia o intimidación, mientras que en la segunda no concurren ni la una ni la otra.

Ahora bien, la ocupación, para ser delictiva tiene que reunir una serie de requisitos, que han sido establecidos por los tribunales analizando el precepto. Así, partiendo de que el bien jurídico protegido es la protección de los derechos reales sobre inmuebles (propiedad, usufructo, uso, habitación), han especificado que es preciso:

a) Que se ocupe un inmueble sin violencia o intimidación, y que el inmueble no sea morada de nadie.

b) Que lleve consigo un riesgo relevante para el titular de los derechos, por lo que se viene exigiendo tradicionalmente que la ocupación no sea ocasional (es decir, sin vocación de permanencia).

c) Que la persone que ocupe no tenga un título jurídico. Ojo, el título jurídico no ha de ser de la misma naturaleza que el del perjudicado. Por ejemplo, un arrendatario no comete este delito, aunque no pague. Tampoco aquel que ocupó el inmueble por mera tolerancia del dueño (lo que tradicionalmente se conoce como precarista). Ya que, en tal caso, lo que ha de hacer el titular es acudir a la vía civil.

d) Que el titular del derecho real exteriorice su voluntad contraria a la ocupación puesto que la norma expresamente la exige.

e) Que, como siempre sucede, concurra dolo en el autor: es decir, conciencia de la ajenidad, de la ausencia de autorización y de la voluntad contraria del dueño al acto de desposesión inicial.

2.- Si se fijan en la noticia, se da la circunstancia de que los ocupantes llevan tres años en la vivienda. No me extrañaría (aunque el dato no consta) que estén empadronados en ella y que paguen los suministros. Aunque les parezca extraño, yo tengo clientes en esa situación. Más aún, la vivienda era propiedad de un banco y la venta se hizo (así se deduce de la noticia) especificando el banco que la vivienda estaba ocupada por una familia. No consta ninguna denuncia (en vía penal) efectuada por el banco (cuando tuviese conocimiento de la ocupación). O, si la hubo, fue sobreseída (y no puedo valorar por qué, ya que ignoro los detalles). Esa es la situación que se debe analizar, la previa a la compra, porque lo que está claro es que, tras tres años de posesión de una vivienda, frente al ocupante, la persona que compra (y que además conoce la existencia de la ocupación) no puede sostener que el acto de ocupación se efectuó contra su voluntad (ya que entonces no era dueño). Y el ocupante puede defender (con más o menos éxito) que es un precarista y que ocupó la vivienda por la tolerancia o la dejadez del propietario (el banco) o, al menos, sin que le constase su expresa voluntad de oposición a la ocupación.

3.- Lo que es indiscutible es que la vivienda es morada de los ocupantes. Y, por serlo, no se les puede desposeeer más que en ejecución de una resolución dictada por un juez competente. La policía no puede desalojar a personas que poseen un inmueble. Todo lo más, si se produce una situación de flagrante delito puede detener a esas personas, entregar la posesión a los que aparentemente sean sus legítimos poseedores y, más tarde, el juez de instrucción avalará o no esas medidas primeras. Pero sucede, en este caso, que la apariencia es favorable a los ocupantes, porque llevan allí tres años.

4.- El titular del derecho real (el nuevo propietario) no solo no puede ocupar la casa contra el derecho a la posesión de los ocupantes actuales (pues comete un delito), sino que tampoco puede utilizar contra ellos ninguna medida coactiva, pues la coacción y la realización arbitraria del propio derecho también son delitos. El nuevo propietario tiene, naturalmente, abierta la vía legal: acudir al procedimiento civil. Y si el ocupante carece de título del tipo que sea para ocupar la vivienda más allá de un cierto momento, la resolución judicial ordenará su desalojo, que será efectuado por la fuerza si el ocupante se opone a ello (pudiendo cometer un delito). Esa vía civil se abre desde el momento en que el propietario decide que no quiere que el mero ocupante siga ocupando lo que es suyo. También se abre cuando un arrendamiento se extingue o cuando el arrendatario no paga la renta, por ejemplo. Como es obvio, a falta de acuerdo, es un juez el que decide que cualquiera de esos supuestos concurre. 

Sí, leyendo la noticia descubrimos que el dueño ha de ser desalojado (aunque puede que no haya cometido el delito, ya que su ocupación fue esporádica) y que su poseedor actual tiene derecho a recuperarla, hasta que un juez (en vía civil) no diga algo diferente. Y, en todo caso, aunque el actual dueño escoja la vía penal (que parece desaconsejable) tampoco puede entrar en la casa y cambiar la cerradura, porque es el juez competente el que ha de decidir esto, si considera que se ha producido un delito (algo en este caso muy dudoso, como ya he explicado).

Y sí, no tengo nada en contra de que la policía vigile que no se utilicen procedimientos extrajudiciales de naturaleza coactiva para la expulsión de los ocupas. Cómo no van a hacerlo, si les corresponde impedir la comisión de delitos.

Como es obvio, en gran medida la protección práctica (no teórica) de los derechos de titulares de inmuebles en España es deficiente. Pero esto no es consecuencia de nada de lo que cuenta esta noticia. Aunque fuese extraordinariamente eficiente, la respuesta legal habría sido (y debe ser) la misma. La cuestión es previa. Tiene que ver con la tolerancia (desde hace años) a la ocupación de viviendas propiedad de bancos (y de grandes empresas inmobiliarias), con la propia inactividad de los bancos (abrazados a papá Estado —socializando, por tanto, sus pérdidas—, a la vez que intentaban ocultar sus miserias), y con la enorme y desesperante lentitud de la justicia. Lo repito, con la tolerancia a la ocupación, porque el caso del deudor hipotecado que no puede pagar y que ve ejecutada su hipoteca es un caso diferente (de hecho la ley está permitiendo el mantenimiento en la posesión tras la subasta). Y tiene que ver con la tolerancia hacia ciertos movimientos sociales organizados, afines a determinadas organizaciones políticas. La solución no es nunca la tolerancia con la ocupación, por muchas razones, entre ellas por lo que supone precisamente de estímulo a la ilegalidad y, por tanto, a la aparición de mafias. El Estado debería facilitar la respuesta rápida a este tipo de situaciones. Lleva demasiado tiempo sin hacerlo.

Pero a la ilegalidad no se la combate con la ilegalidad.

Y por eso esta noticia no debería escandalizarnos. Insisto, esta noticia.

Un engrudo deletéreo

 

No conocía a Itziar Ituño hasta hoy. Es actriz, vasca, y por lo visto tiene un amigo en prisión.

Este vídeo (de hace cinco años) y otro en el que pide el acercamiento de etarras a prisiones del País Vasco, y su apoyo a un homenaje a Otegi, se están aireando para pedir el boicot a una serie de televisión en la que participa. Hay quien protesta y habla de calumnia.

La actriz, en el pregón, mencionó las semillas de “Txus”, que han florecido.

He buscado información sobre su amigo. Y con esa información (básicamente correcta, aunque contiene algún pequeño error) he encontrado las sentencias que nos explican algo sobre los motivos por los que se encuentra en prisión.

Martín Hernando fue condenado a 3 y 7 años de prisión en Francia por asociación de malhechores con fines terroristas. En España, que yo sepa, no ha sido condenado por pertenencia a banda armada; estuvo huido en Francia (según él) desde 1994. Cuando fue entregado a España, tras cumplir esas penas, se enfrentó a tres causas:

1.- De una de ellas, salió absuelto (se le acusaba un delito de estragos terroristas) por prescripción. La declaración de hechos probados de la sentencia, sin embargo, afirma que puso, en unión de otra persona, una bomba el 6 de septiembre de 1993, en las cercanías de un bar. La bomba no explotó porque fue desactivada por la ertzaintza. La sentencia se basó en la declaración de un coimputado (Koldo Martín Carmona), prestada espontánea y voluntariamente, ante la policía, ante el juez, y en el juicio previo, que se complementa por una serie de datos objetivos (precisos para desvirtuar la presunción de inocencia en aquellos casos en los que la condena se basa precisamente en eso): esencialmente que ambos arrendaron un piso (utilizado para dar apoyo al comando Vizcaya, que fue resgistrado poco después y donde se encontraron pertenencias del acusado), el uso del vehículo de Martín Hernando, al que se refiere por su apodo, para desplazarse al lugar del crimen y la llamada efectuada por este avisando de la existencia del artefacto.

2.- En una segunda, la causa por la que sigue en prisión, se le condenó inicialmente a una pena de 36 años de prisión por su intervención (como coperador necesario, no como autor material) en el asesinato del ertzaintza Joseba Goikoetxea Asla, tiroteado en presencia de su hijo de 16 años, al que el fallecido llevaba a la parada de un autobús. Esa pena fue luego rebajada a 18 años por el Tribunal Supremo, por considerar que la cooperación necesaria que se había establecido en la primera sentencia no concurría (salvo en el robo de un vehículo luego usado en el crimen), y que la actuación de Martín Hernando (uno o varios seguimientos esporádicos y ese robo) lo era solo en condición de cómplice. Nuevamente la prueba esencial fue la declaración de varios coimputados (ante la policía y el juez de instrucción), que también afirmaron no haber sido presionados y que la ratificaron en el juicio inicial sobre los hechos (en el que no participó Martín Hernando, entonces huido), aunque catorce años después (cuando se juzgó a este último), esos terroristas condenados dijeron no acordarse de nada de lo que entonces habían declarado. Y de nuevo nos encontramos con una corroboración de su participación por datos periféricos, similares a los que antes he descrito.

3.- En una tercera causa, se le acusaba de ser el autor material de un asesinato de un guardia civil, José Manuel García Fernández, el 3 de mayo de 1996, en un bar de Ciérvana. En ese atentado intervinieron tres personas: una estaba en un coche, otra en la puerta del bar, y una tercera se introdujo en él y disparó en la nuca del agente, que estaba acompañado de su esposa. Conocemos la identidad de dos de ellos (ambos murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1997). Ignoramos la del tercero. La razón fundamental para considerar que Martín Hernando era ese tercero fue el reconocimiento de un testigo, que tras el atentado siguió al autor fuera del bar (era ya de noche) hasta que este se dio la vuelta y lo amedrentó, para después introducirse en un coche. Esa prueba se veía supuestamente confirmada por ser el acusado natural de Santurce y existir una declaración de otro terrorista que mencionaba que los autores habían sido tres y que uno de ellos era un “chico de Santurce”, así como por la aparición, en 1997, en una vivienda de Basauri, entre otro material, de un papel con matrículas de agentes anotadas a mano. Se introdujo en el juicio una prueba caligráfica de que la letra era de Martín Hernando, y por una de las matrículas en cuestión se sabía que la anotación era coetánea al crimen (lo que supuestamente desmontaba la presencia en Francia del acusado). El tribunal, sin embargo, absolvió en este caso y, más aún, consideró autor material a uno de los etarras muertos en 1997. Les recomiendo que lean la sentencia, porque es un buen ejemplo de una manera “jurídica” de razonar. Lo cierto es que la acusación era tremendamente dudosa, que no había pruebas consistentes de la participación de Martín Hernando en los hechos y que, en realidad, concurren pruebas de descargo de cierta entidad (sobre todo la talla del autor material).

Esto es lo que podemos saber sobre Txus Martín Hernando consultando las sentencias. La prensa también nos indica que en 2010, cuando se encontraba en Francia, intentó suicidarse, tras pasar muchos años en aislamiento. Al parecer, sufre un grave trastorno psiquiátrico.

Ignoro si Itziar Ituño, cuando habla de la semilla y los frutos de su amigo, se refiere a otra cosa, a algo diferente. Quizás el condenado es poeta o tiene hijos o alguien ha plantado en su nombre un rosal. No seguiré haciendo hipótesis. No hace falta; porque es evidente que, incluso en tal caso, la mezcla de lo que falta en el discurso de la pregonera con su énfasis y su emoción se convierte en un engrudo deletéreo. En los datos biográficos a los que puedo acceder solo hay dolor, embrutecimiento, inutilidad. Una biografía de mierda.

No me gustan los boicots organizados y dirigidos contra personas concretas. Desprenden la fetidez de la turba. Solo quería saber algo más, pero no ha servido de mucho.

Sé una cama dura para tu amigo, decía Nietzsche por boca de Zaratustra. No se lo digo a la actriz.

 

Sin mancharme las manos

 

Leo este artículo de Manuel Jabois que no deja a nadie huérfano y recuerdo esto que escribí. Y esto.

Como es obvio, yo no reprocho a Podemos que no facilitase un gobierno alternativo al del PP. Sus decisiones serán tácticamente erróneas o acertadas, pero pedirles responsabilidad institucional sería esquizoide. ¿Cómo van a favorecer la estabilidad del sistema parlamentario si quieren acabar con él? Por tanto, nada añadiré sobre su comportamiento, bien coherente con sus fines.

Lo interesante es lo que falta en el artículo de Jabois. En realidad, lo que falta en todos los análisis sobre los apoyos políticos al Gobierno o a los diferentes ejecutivos de las comunidades autónomas. Me refiero a la alternativa que enunciaba en las entradas enlazadas al principio. ¿Por qué nadie se pregunta en qué medida la situación ahora podría ser diferente de haberse constituido una gran coalición?

En la primera de esas entradas yo decía:

En primer lugar, sería preciso que se preparase y asumiese un programa de gobierno para una legislatura, en el que se detallasen no solo las medidas que se van a adoptar sino los objetivos básicos. Y sería de extrema utilidad que se publicasen los documentos de partida, de forma que quedase claro cuál es el programa de cada partido y a qué han renunciado para facilitar el acuerdo.

(…)

En segundo lugar, sería preciso que los partidos adoptasen, en ese acuerdo inicial, un sistema de comisiones de expertos en relación a reformas estructurales básicas: administraciones públicas, estado autonómico, sanidad, laboral, justicia, educación, fiscal, constitucional, etc. (…)

En tercer lugar, sería imprescindible que hubiese de entrada un acuerdo sobre transparencia, corrupción, contratación pública e independencia de la justicia. El fiscal general debería ser designado ya en ese acuerdo inicial y debería incluirse una dotación económica suficiente para la investigación y persecución de la corrupción política.

En cuarto lugar, el acuerdo debería distribuir entre los partidos firmantes las carteras del Gobierno, en proporción aproximada al número de diputados de cada partido. En ese gobierno deberían estar presentes los líderes de los partidos. La legislatura que empieza exige política, no tecnócratas.

Ahora imaginemos dos posibles escenarios:

1.- En el primero, el PSOE y Ciudadanos anuncian que están dispuestos a formar parte de un Gobierno encabezado por Rajoy, basado en esos puntos, y en el que líderes de Ciudadanos y el PSOE asumen determinados ministerios. Pongamos, por ejemplo, justicia e interior, ya que un reproche básico al PP (recuerden los debates) era precisamente el relativo a la corrupción. El PP se niega o se hace el remolón. Habría quedado retratado respecto de sus propios votantes.

2.- En el segundo, dado un escenario similar, el PP, acuciado por la necesidad de continuar en el poder y el miedo a unas segundas elecciones, acepta. Desde ese momento, Ciudadanos y el PSOE asumen el control de parcelas enormes de poder, participan de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros, y se impulsan esas medidas (por ejemplo, la designación de un Fiscal general independiente). En este caso, todo lo que está apareciendo —lo del PP— seguiría siendo porquería del PP, pero los ciudadanos españoles podrían aceptar que desde el poder no se favorece la impunidad (o que esto, al menos, es mucho más difícil).

Naturalmente, ese escenario también habría tenido costes para Ciudadanos y el PSOE. Tendrían que haber admitido una parte del programa del PP, pero esa parte podría centrarse en cuestiones “neutrales” (fuera de la regeneración política). Tendrían que haber gobernado y asumido el desgaste correspondiente, pero ¿no se supone que es eso lo que quieren hacer, gobernar para ir aplicando las medidas que defienden? Y no podrían haber atacado al “Gobierno” en el momento en que apareciesen esos casos, por su actuación en ese momento (siempre que se cumpliesen los acuerdos), aunque podrían seguir haciéndolo por sus actos pasados, por sus responsabilidades pasadas.

Y esto es lo que no querían: no querían correr riesgos. No querían pagar costes. Por eso optaron por lo más absurdo: permitir un gobierno sin entrar en él, pensando (o, mejor, vendiendo) que podían controlarlo desde el parlamento (cuando todos sabemos que esto es bastante complicado), en vez de, simplemente, controlarlo desde dentro.

Gobernar pactando y, a la vez, explicar a los ciudadanos el contenido del pacto y la acción concreta de Gobierno (con sus errores inevitables) les pareció demasiado riesgo. Es una trola que les importe España por encima de todo. Por encima de todo les importan ellos mismos (a todos). Porque todos son unos enanos y porque creen que los españoles son tan imbéciles que era imposible que un número suficiente de ellos comprendiera y agradeciera el esfuerzo.

Esto que defiendo, lo sé, no lo piensa mucha gente. Así que, a lo mejor, hasta tenían razón.

 

Voceros del pueblo

 

No he leído el auto que ha dictado el magistrado Eloy Velasco para justificar la prisión y demás medidas cautelares adoptadas contra diversas personas la semana pasada, porque no lo he encontrado. Ustedes perdonarán mi torpeza. No obstante, esto puede ser una ventaja: avanzará la instrucción y veremos en qué queda todo esto. De momento he leído este artículo de Cayetana Álvarez de Toledo, que me ha gustado por lo sensato y porque, como de costumbre, está muy bien escrito. No puedo, como he dicho, dar una opinión sobre su análisis del auto porque no lo he leído, pero en el artículo se menciona algo que ya había leído en tuiter y que me parece muy llamativo. Se trata de algo que dijo el magistrado Velasco aquí:

P: ¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…

R: Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.

Antes de explicar qué pienso de la respuesta del señor Velasco, creo que es interesante mencionar una institución jurídica, la llamada interpretación sociológica. Es la que resulta del artículo 3.1 del Código civil, que dice:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

El Título preliminar del Código civil (lugar en el que se encuadra esa norma) ha sido tradicionalmente considerado (a pesar de que su lugar en la jerarquía normativa no sea formalmente superior) aplicable al conjunto del ordenamiento jurídico, ya que en él se tratan cuestiones generales, como el de las fuentes del derecho y las reglas para su interpretación, o se incluyen principios (buena fe, proscripción del abuso de derecho) que son exigibles en todo el edificio legal. Por tanto, esa norma es también aplicable, en principio, al derecho penal.

Ahora bien, hay que ser muy prudente a la hora de aplicar esos principios interpretativos:

1.- En primer lugar, porque son eso, reglas de interpretación. No pueden ser nunca un cauce para la invención. Y, en el caso de la interpretación sociológica, no debe ser una forma de introducir supuestos cambios cuando la realidad ya existía en el momento de dictarse la norma y era suficientemente mayoritaria.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su sentencia 752/2011, de 20 octubre, dice:

Por otro lado, no cabe invocar, como hace el Abogado del Estado recurrente, la conveniencia de una interpretación sociológica que iría más allá del texto del artículo 1002 del Código Civil (…). La situación creada no es ajena ni extraña al tiempo de promulgación del Código Civil y, sin embargo, el legislador no la tuvo en cuenta a la hora de redactar el precepto.

Esto, por otra parte, es lógico, pues el propio Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente que:

“… esta regla contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquéllas, en relación con los demás elementos hermenéuticos. La misma sentencia advierte que no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente, al caso concreto. Es, pues, la realidad social un elemento de la interpretación de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad. Como tal elemento de interpretación, no puede tergiversar la ley, cambiarle su sentido o darle una aplicación arbitraria”

2.- En segundo lugar, en el ámbito penal, esta regla interpretativa ha de ser utilizado con muchísimo cuidado, y no solo por la aplicación de principios como el de la presunción de inocencia, la regla in dubio pro reo o la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley desfavorable, sino por la existencia de otra regla interpretativa en el propio Título Preliminar del Código civil; esta:

Artículo 4 (…) 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

Por esta razón, la interpretación sociológica solo se ha aplicado tradicionalmente en el ámbito penal cuando se efectuaba a favor del reo (no es extraño que se haya utilizado habitualmente en delitos relacionados con la pornografía, por ejemplo), ya que, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia 654/2009 de 8 junio:

En definitiva, pues, la interpretación de la ley penal debe ser estricta, sin que pueda ser aplicada, en ningún caso, con criterios de analogía “in malam partem”, lo cual no es óbice, sin embargo, según reiterada jurisprudencia, para que, en el ámbito penal, quepa la analogía “in bonam partem” y sea posible la aplicación del principio “favor rei”.

Ahora, con estos mimbres podemos analizar las palabras del magistrado Velasco, a mi juicio muy desafortunadas:

1.- El juez debe aplicar la ley. Para cambiarla están los parlamentos. Y al juez no le deben influir, en la aplicación de la ley, en particular para ser más riguroso, si el “sueldito” de los “pobres” se ha usado para rescatar empresas. Por mucho que privadamente le preocupe.

2.- Los jueces no han de “interpretar conforme al pueblo”. Y menos aún porque el juez se considere parte del pueblo y el pueblo no perdone A) o B). Eso es un auténtico disparate. Los jueces son un poder del Estado y han de utilizar las reglas hermenéuticas previstas en la ley, como hemos visto. Y una de ellas es la relativa a la evolución de la realidad social, en la medida en que haya cambiado respecto de la existente cuando se aprobaron las normas que se aplican. Esa modificación no se refiere a cambios de humor de la opinión pública, producto de ciclos de crisis o políticos, sino a algo más estable y profundo (por eso suele utilizarse con normas que no se han modificado en décadas). Más aún: ¿pretende el magistrado afirmar que las conductas descritas en los tipos penales (todos ellos vigentes antes de la crisis) se consideraron delictivas pese a que a la mayoría de los españoles no les pareciera una chorizada eso por lo que se está condenando y enviando a gente a prisión hoy? Esa es una de las preguntas claves: ¿ha cambiado la sociedad española y ahora cree que debe ser delito algo que antes no lo era, o simplemente como resultado de la crisis ahora exige caras concretas en prisión a los que echar la culpa de su situación?

3.-  El juez dice literalmente algo muy perturbador: “Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual“. Ahí falta lo más importante: el legislador. Si hay nuevas “necesidades penales”, es decir, si el “pueblo” quiere ser más exigente en el ámbito penal, no hay más que un camino: se reforma la ley y desde ese momento esas conductas estarán castigadas o se castigarán de forma más grave. Y ahí el juez no tiene que interpretar ninguna realidad social, le basta aplicar esa ley nueva. Si los jueces interpretan la ley penal existente para castigar más duramente porque la gente ahora quiere más sangre (que hace cinco años), o se exceden o esto supone un reconocimiento de que antes no la aplicaban correctamente. Porque la única manera de interpretar, conforme a derecho, esas palabras, sería la siguiente: aunque el legislador aprobó en 1995 (y en las sucesivas reformas del Código Penal) unas leyes que castigaban ciertas conductas (delitos económicos esencialmente) de una determinada manera, como la “realidad social” era mucho más laxa con estas conductas que ahora, los jueces las aplicaban con benevolencia. Esto es inadmisible, a mi juicio, por dos razones: porque yo no creo que esa realidad (insisto la realidad sociológica, no las encuestas, la opinión de los tertulianos o tuiter) de la sociedad española en 2017 sea tan diferente de la de 1995, 2000, 2005 o 2010, como para justificar esta vuelta de tuerca; y porque la realidad es la referida al castigo en abstracto de ciertas conductas no a la política criminal sobre su persecución (la ley penal castiga conductas, no ordena que la policía, los fiscales o los jueces inviertan más o menos tiempo o esfuerzos en perseguir ciertas conductas). En realidad, esta terrible interpretación de sus palabras casi se deduce del texto: ya no se perdonan cosas que antes se perdonaban. Yo pregunto: ¿quién las perdonaba?, ¿ellos, los jueces? ¿Antes perdonaban “desfalcos”? ¿Desfalcos?

En resumen: es muy preocupante que a un magistrado le preocupe que la gente lo esté pasando mal, que él lo este pasando mal (pues él es pueblo, es gente, y tiene un sueldito) y que, por esta razón, se convierta en un intérprete de una supuesta voluntad inexistente (no hay un “pueblo” al que preguntar, el “pueblo” no quiere X o Y: hay parlamentos elegidos por los ciudadanos que aprueban las leyes), con la finalidad, además, de castigar más duramente a los que no son “pueblo”, es decir, a los mismos tipos a los que precisamente él puede enviar a prisión y a los que antes se les “perdonaban” cosas. La realidad social NO es la supuesta voluntad de la nación (entre otras cosas, como he dicho, porque tal voluntad no existe).

No soy un ingenuo. No deduzcan eso de lo que acaban de leer. Sé bien que es posible que antes se persiguiera menos la corrupción y que esto fuera corrupción. Pero, ojo, la arbitrariedad del Estado es muy peligrosa cualquiera que sea su sentido. Los jueces no son “gente” con sueldecillos, son personas con un gigantesco poder. Y yo siempre espero que lo usen con responsabilidad y moderación, y no abusen de él porque los españoles necesiten que se represente un psicodrama. Hace unos días escribí que era una excelente noticia que un expresidente de la Comunidad de Madrid ingrese en prisión, porque presumo que el fiscal que pidió la medida y el juez que la adoptó tenían serias y solventes razones para tomar esa decisión, y es bueno que a los poderosos se les aplique la ley como a todo hijo de vecino. Lo mantengo. Pero con entrevistas así, el señor Velasco me lo pone más difícil.