La peligrosa derechista Cayetana Álvarez de Toledo

 

El País a lo suyo:

Yo tengo una opinión provisional sobre Cayetana Álvarez de Toledo. No interpreten esto mal, tengo una opinión provisional sobre todo el mundo. Si se trata de alguien vivo. O, para que me entiendan, creo que Tsevan Rabtan es un tipo majo y racional. De momento lo creo.

El caso es que he leído algunos artículos de Álvarez de Toledo y la he escuchado en algunas ocasiones, y me ha parecido alguien que piensa, alguien que sabe de algunas cosas y alguien que da explicaciones de sus opiniones. Esto facilita las cosas. Como escribe y habla de manera articulada, puedes coger sus opiniones y analizarlas. Analizar exige, por supuesto, hacer lo mismo: es decir, explicar por qué discrepas de tal o cual opinión, pero no con generalidades.

En todo caso, su discurso es marcadamente liberal. Un discurso que reclama expresamente los valores de la ilustración y la democracia.

Sin embargo, qué concluye El País:

«Quienes, dentro del PP, critican su nombramiento, dirigentes de distintos territorios y épocas, lo hacen no solo por el hecho de que Casado haya decidido presentar en Cataluña, la plaza más difícil para el partido, a una candidata de fuera, sino también porque la ubican en el ala más dura de la derecha. Álvarez de Toledo, patrona de la fundación de José María Aznar, FAES, fue diputada del PP entre 2008 y 2015, pero aireó sus discrepancias con Mariano Rajoy, al que consideraba blando con Cataluña y a quien acusaba de “déficit de política”. Desde su nombramiento ha continuado criticándole, aludiendo al “desistimiento” que, en su opinión, permitió que los independentistas ganaran terreno. Esas críticas a Rajoy tampoco han sentado nada bien en las filas del PP, partido que hasta hace nueve meses presidía el ahora criticado.»

Esto es muy divertido: «(…) la ubican en el ala más dura de la derecha». Y esto es fantástico: «Álvarez de Toledo, patrona de la fundación de José María Aznar, FAES (…)». Y la fuente, por supuesto, es la fuente de siempre: «los que, dentro del PP». Es decir, nadie. Nadie con nombre y apellidos que pueda ser interpelado, el viejo truco del periodismo patrio.

Esa conclusión sobre su naturaleza duramente derechista, sin embargo, es resultado de algunas afirmaciones. Veámoslas:

La primera: que el golpe secesionista catalán es más grave que el 23-F. Yo no estoy de acuerdo. Me parece más grave que unos espadones con mando en divisiones acorazadas invadan el Congreso, saquen pistolas y metralletas, y se dediquen a disparar mientras esperan a la autoridad militar, por supuesto. Pero Álvarez de Toledo no dice que el golpe secesionista sea grave y el 23-F no lo sea. Simplemente plantea la cuestión del apoyo popular, del golpe desde la autoridad política, del blanqueamiento de los líderes, de la naturaleza supremacista y alienadora del golpe, y del hecho precisamente de que se le haya quitado importancia. Yo, que no estoy de acuerdo con ella, sí creo que sus palabras tienen mérito: porque sirven para señalar a todos los que llevan años empeñados en que lo del año 2017 fue una fiesta de estudiantes borrachos y no una serie encadenada de episodios gravísimos.

La segunda, lo de la jactancia de no hablar catalán. Aquí tengo que poner el párrafo literal, para que vean un ejemplo más de la sutil manipulación habitual en El País:

“Han dicho que me jacto de no hablar catalán, qué estupidez. Yo no me jacto de hablar inglés, español o francés pero ellos [en alusión a los independentistas] sí se jactan de hablar catalán y dicen que el español es la lengua de las bestias salvajes y que tenemos una tara en nuestro ADN por hablarlo”.

¿Ven el párrafo entrecomillado? Sí, tiene comillas al principio y al final. Por tanto, la frase se supone que es literal. Ah, ingenuos. Es El País. Y en El País, a veces palabras interesantes desaparecen misteriosamente y lo que queda se convierte en otro animal.

Leído el párrafo entrecomillado, parece que Álvarez de Toledo responde que es estúpido que se diga que ella se jacta de no hablar catalán porque no presume tampoco de hablar inglés, español o francés.

Vean las palabras literales de Álvarez de Toledo. Vean a partir del 4’10”:

Y ahora voy a poner lo que sí dice literalmente, usando el párrafo entrecomillado de El País y completando lo que falta en mayúsculas:

“Han dicho que me jacto de no hablar catalán, qué estupidez ES ESA. NADIE PUEDE JACTARSE DE NO SABER ALGO. NI SIQUIERA DE SABER ALGO. Yo no me jacto de hablar ni español, ni inglés o francés MIS LENGUAS DE INFANCIA O PATERNA pero ellos [en alusión a los independentistas] sí se jactan de hablar catalán y HASTA TAL PUNTO SE JACTAN que dicen que el español es la lengua de las bestias salvajes. QUE PERSONAS COMO YO Y TANTOS DE VOSOTROS tenemos una tara en nuestro ADN por hablar ESPAÑOL. Y SON ELLOS LOS QUE Y QUIERO DECIRLO CON MUCHA SOLEMNIDAD LOS QUE PERVIERTEN Y EMPEQUEÑECEN EL CATALÁN CUANDO LO UTILIZAN Y LO CONVIERTEN EN INSTRUMENTO DE EXCLUSIÓN”.

Examinen las palabras suprimidas en esa cita «literal». Son palabras que curiosamente cambian el mensaje. Ya no es la pija que presume de hablar tres idiomas y afirma que por eso es estúpido jactarse de no hablar un cuarto. Es la persona que explica que jactarse de no saber algo es de estúpidos. Y lo es. Y que añade un «ni siquiera» para los que presumen de hablar su lengua materna o de infancia.

Vayamos a la tercera afirmación: que Pedro Sánchez tiene un proyecto franquista. ¿Por qué? «porque consiste, básicamente, en sacar a Franco del Valle de los Caídos». En fin, viendo la explicación que da, caben dos posibilidades: o Álvarez de Toledo es imbécil, o está haciendo una coña con la manía que le ha dado a Sánchez y a los suyos por los huesos del dictador muerto (adoración por las reliquias como fórmula para convertir a todos los que no son ellos en enemigos mediante magia simpática). Sospecho que la segunda posibilidad es la correcta y que cualquiera lo entendería, a poco que le dé dos vueltas.

Vayamos con la última. Que Pedro Sánchez es «peor que Vox». Hablan de una entrevista es esRadio. Pese a la erisipela que me produce Losantos, he escuchado la entrevista, que dura más de media hora. Es curioso que tanto tiempo se resuma en tres palabras. Poca chicha deben haber encontrado. En todo caso, yo no he escuchado la expresión tal cual, aunque admito que quizás se me haya pasado (y no voy a volver a escucharla entera). No importa, porque sí he escuchado a Álvarez de Toledo afirmar que Sánchez es más peligroso que Vox. Por ejemplo aquí. Escuchen, que no está mal:

De nuevo discrepo.

Para mí Vox es más peligroso que Sánchez. Sánchez es un irresponsable y un cínico. Un hombre alérgico a la verdad, que es capaz de cambiar de opinión las veces que haga falta, con un punto de resentimiento y aficionado a juegos peligrosos con gente peligrosa sobre asuntos de enorme trascendencia. Pero si miro lo que defiende el PSOE y lo que defiende Vox (en sus programas), me quedo con el PSOE sin dudarlo. Sin dudarlo ni un instante. Pienso que mucha gente que está harta del revanchismo, de las trolas y de los juegos peligrosos del PSOE es capaz de admitir a un partido populista de derechas con un tono similar al de partidos populistas de derechas que nos dan miedo y asco (Le Pen, Orban o Salvini) rebajando los síntomas que nos alarman y engrandeciendo aquellos que parecen hacerlos algo respetables. ¿Por qué? Por eso, por hartura. Que, en suma, están haciendo lo que tantos votantes del PSOE hicieron con Podemos cuando surgieron y defendían chaladuras populistas con tufo totalitario (como las de Vox). Gente que dice: no será para tanto; no podrán hacer nada; no tendrán mayoría; son los únicos que hablan de A o B.

Enorme error.

Pero, dicho esto, veamos qué ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo de Vox y de Abascal:

«El martes pasado, el líder de Vox, Santiago Abascal, fue interrogado por un estúpido comentario del secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. Abascal podría haber triturado el tuit de Echenique, denunciado su sectarismo y hasta su vileza. Pero no. Decidió coger un atajo. Sórdido:

(…).

A los que dicen que Vox y el Partido Popular son prácticamente intercambiables, matrioshkas hispánicas: ¿se imaginan una respuesta así del Aznar más alfa? Ya. ¿Y qué diferencia real hay entre el comentario de Abascal y los exabruptos xenófobos de Nuria Gispert contra Inés Arrimadas, a la que ha señalado ya tres veces el caminito a Jerez? Ah, que Arrimadas defiende la unidad de España y Echenique la ataca. ¿Pero desde cuándo las ideas determinan la ciudadanía? Y si lo hicieran, ¿adónde deportamos al vasco Otegi, al catalán Torra y al madrileño Iglesias? ¿O es que el DNI español de Echenique tiene una tara -bestial- de origen? Entonces el mío también. Y yo que me creía española. Incluso españolaza. Orgullosa de que en mi país la sucia clasificación de los ciudadanos por sexo, raza, religión, ideología o lugar de nacimiento fuera patrimonio exclusivo del nacionalismo separatista y la ultraizquierda identitaria. Se ve que ya no. A la sombra del proceso y de la cobardía real y presunta de los buenos, ha brotado un colectivismo dispuesto a segregar a los ciudadanos en el nombre de España. Todavía no se ha desmelenado: unos días se jacta de sus reuniones con Wilders y Le Pen; otros las oculta, balbuceante. Y en el manejo de la paranoia sigue siendo bisoño. Este maravilloso cruce de Abascal con Leyre Iglesias, ayer, en Crónica:

(…)

Los datos, en cuarentena; las sensaciones, desabrochadas; la conspiración, en marcha; las noticias, uf. Es una política basada en convicciones, ciertamente. (…) Desde el apaciguamiento del señor Cameron hasta las embestidas de la señora Clinton -y qué decir de Italia, Polonia, Austria, México y Brasil-, todas las estrategias de contención del populismo han fracasado, salvo la de Macron y ya veremos. (…) Estamos en pleno bandazo. Décadas de despótica ultracorrección política han estallado en una bacanal de incorrección ultra. Años de corrosivo identitarismo centrífugo han cebado un histérico identitarismo centrípeto. A las rancias mentiras del posmodernismo se contraponen ahora las mentiras recalentadas del neonacionalismo. Vuelvo a Vox. Sus 100 propuestas son un pastiche populista, votos para hoy y frustración para mañana. No hace falta que las lean. Basta esta promesa, tan bonita y barata, vistosa e inviable, como un unicornio de papel: «Transformar el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario, con un solo Gobierno y un solo Parlamento». O esta otra, puramente trumpiana en su enfática forma y quimérico fondo: «Levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla».

Infranqueable: es un buen adjetivo, sí. Describe con precisión el carácter del muro que debería separar al PP de Vox y de todos los partidos que tratan a los ciudadanos «como si fueran insectos que se pueden clasificar» (G. Orwell, Anotaciones sobre el nacionalismo) o como párvulos a perpetuidad, seres no sujetos a las reglas de la realidad y la razón. ¡Oh, un muro! ¡Una línea roja! Nítida, como la que el PSOE debió trazar ante Podemos, por el bien de España y de sí mismo. Y a la vez seca, porque las formas también distinguen y porque para aspavientos ya están las ministras socialistas y La Sexta. Bastaría con que Casado afirmase una sola vez y con la solemnidad de un compromiso presidencial: yo soy un patriota, no un nacionalista; yo rechazo todas las formas de colectivismo porque atacan la libertad de los ciudadanos y su igualdad ante la ley; y yo sí digo a los españoles la verdad.

«¡Pero es que los españoles no quieren oír la verdad!». Vamos allá. Uno de los motivos del triunfo del populismo es el consenso en torno a la infalibilidad supra-papal de «la gente». Para todos los partidos, sin excepción, el votante es como el cliente: siempre tiene la razón. Todos sus sentimientos son legítimos. Todas sus decisiones están justificadas. Sus vísceras son sesos. Y así, de halago en halago, hasta el disparate final: el inmenso poder institucional de Podemos, el referéndum unilateral de independencia y la irrupción mediática de Vox.

Los españoles que el domingo pasado llenaron Vistalegre son gente normal -faltaba más-, pero no tienen razón en jalear lo que jalearon. El PP de Pablo Casado no es el de Mariano Rajoy. La solución al golpismo no es sumarse a la liquidación de la mejor Constitución de la Historia de España. El modelo autonómico no es incompatible con la bajada de impuestos o el aumento de las pensiones. La inmigración ilegal es para España un grave desafío técnico, no una amenaza existencial. Rechazar las cuotas sexuales para el Congreso y luego promover las cuotas étnicas o lingüísticas para la inmigración es peor que una incoherencia: puro pujolismo. La Europa del cuarteto de Visegrado no es un avance político, sino una «contrarrevolución cultural», como reconoce el propio Kaczynski. Y desde luego no es lo mismo decir «viva España» que «la España viva».

Puedo imaginar la réplica: «Ya, ya, pero los simpatizantes de Vox son patriotas cabreados». Muchos sí. Y Casado debería interpelarlos directamente, como un buen líder y no como una mala madre. Animar a cada uno de ellos a preguntarse como un adulto ante el espejo: ¿cuáles son los motivos concretos de mi cabreo? ¿Son todos igualmente justos? ¿Y tienen solución? ¿Cuál, exactamente? Los que no son nacionalistas ni ignorantes ni racistas contestarían con sentido. Y asumirían su responsabilidad, que es máxima. Superior al de las flácidas élites que encarna el empresario Rosell. Los votantes son dueños de la soberanía nacional y, por tanto, de la libertad, paz y prosperidad de la nación. Deberían aprender de Torcuato Fernández-Miranda, que explicó así el éxito de la Reforma Política: «De la olla hirviente del corazón vivo pueden surgir nieblas que turben a la cabeza. Por eso hay que tener embridado el corazón, sujeto y en su sitio». No podemos imitar la frivolidad de los que patean el tablero con un gesto Pantene/Podemos, la misma coleta: porque yo lo valgo, porque tengo derecho, porque los de enfrente son peores, porque sí. ¿Significa esto resignarse a la «derechita cobarde» o a la «veleta naranja»? Al contrario. Supone mantener intacto el nivel de exigencia. Con todos. No perdonar a un Casado lo que censuramos a una Soraya. No aceptar de un Rivera lo que nos irrita de un Sánchez. Pero tampoco aplaudir de un Abascal lo que deploramos de un Torra.

La identidad es una palabra peligrosa, escribió Tony Judt en sus memorias. Hoy vuelve a ser una realidad letal ante la que hay que aguantar la posición. Sólo los que, frente al sokatira identitario, defienden la supremacía del individuo merecen respeto y apoyo. Quizá pierdan algún voto a corto plazo. Pero habrán conservado algo mucho más decisivo en la permanente batalla de la civilización contra los reaccionarios de todo signo: lo que los argentinos, incluso los nacionalizados españoles, llamamos la rasón

Sí, he copiado muchos trozos del artículo. Las negritas son mías. Para que vean las hostias que daba Dª Cayetana a Vox hace nada.

¿En el ala más dura de la derecha?

Eso querríais, amigos de El País. Para no tener que hacer una caricatura tan grotesca de ella.

 

 

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¿Tenemos derecho a la legítima defensa?

 

A raíz de mi anterior entrada y de comentarios de gente que decía que no existe en España un derecho a la legítima defensa, sino que esta es una circunstancia que exime o atenúa la responsabilidad criminal, escribí unos tuits hoy en los que explicaba que esto no es correcto y que por supuesto que existe un derecho a la legítima defensa.

Y nada, de nuevo varias personas han insistido en que no, se han puesto a explicarme las circunstancias eximentes (asombroso) e incluso, uno de ellos, me ha dicho que no entiende por qué afirmo esto y ¡que yo sé que no tengo razón! (más sorprendente). Otro me ha dicho que no es un derecho, porque hace falta que lo aprecie una sentencia, y al final, otro me ha dicho que tenía razón, pero como en el caso de la enajenación mental ha de declararse tras un proceso y en la sentencia que lo resuelve.

Y yo digo: ay.

Voy a intentar explicar esto de otra forma, a ver si así.

1.- Los ordenamientos suelen partir de que el Estado y sus agentes tienen el monopolio de la violencia (que han de ejercitar con motivo y según ciertos principios). Por tanto, yo como ciudadano normal y corriente, no puedo decir a alguien «disuélvase» y, si no me hace caso, meterle un empujón o darle con una porra.

2.- Los ordenamientos, sin embargo (que no son tontos), admiten que TENEMOS DERECHO a defendernos (a nosotros y a las personas que tenemos cerca), cuando hay una agresión ilegítima (o una amenaza inminente y seria de sufrirla)  y la necesidad de defendernos. Esto de necesidad de defendernos se refiere a los medios que se emplean y a la racionalidad de esos medios (no les aburriré con casuismos). Si se dan ambos aunque la conducta APARENTEMENTE sea la descrita en el Código Penal (por ejemplo, matas o lesionas al que te agrede) la ley la considera justificada.

3.- Sucede también que la ley exime de responsabilidad penal, en ocasiones, por razones que afectan a la culpabilidad. Por ejemplo, estás como un cencerro. No encerramos al chiflado que mata a su padre porque cree que es un vampiro PERO NO TIENE DERECHO A MATAR A SU PADRE. Los locos no tienen derecho a cometer delitos. De hecho, si lo hacen, es probable que los encerremos, aunque no los castiguemos. Pero la conducta del loco asesino ES CONTRARIA A LA LEY; ES DECIR, ES ANTIJURÍDICA.

4.- ¿Sucede esto con la legítima defensa? NO. En este caso, sostenemos que la conducta NO ES ANTIJURÍDICA. Nadie nos encierra por matar a alguien que viene a matarnos, PORQUE ESA CONDUCTA ES CONFORME A LA LEY. De hecho A TODOS NOS PARECE MUY BIEN, MIENTRAS DEPLORAMOS LA CONDUCTA DEL LOCO QUE MATA A SU PADRE VAMPIRO.

5.- Y esa conducta es conforme a la ley EN SÍ MISMA. Por eso puedo afirmar que tengo derecho a matar a todo el que venga a matarme si tengo necesidad de matarlo para no sufrir daño o si esta conducta es racional. De hecho, PUEDO DEFENDERME MATANDO O NO. ¿Ven? Ni siquiera es obligatorio.

6.- ¿Qué sucede? Que lo de matar gente, a bote pronto, es sospechoso. Y, para evitar, automatismos (a los que se acercan más algunas legislaciones, sobre todo en el caso de domicilios) y dado que es una conducta que encaja formalmente con un delito, ES POSIBLE QUE HAYA QUE CELEBRAR UN JUICIO Y ESPERAR A UNA SENTENCIA para ver si concurría ESE DERECHO A MATAR (o a lesionar, por ejemplo) o si no concurría con todos sus requisitos, pero podía atenuar la responsabilidad. Algo que, por cierto, PASA CON OTROS DERECHOS. También es posible que tenga que ir a un juez para que me diga si poseo Villa Ludmila como arrendatario o si soy un jeta que la ocupa sin título.

7.- Pero es que lo anterior, ni siquiera ES NECESARIAMENTE ASÍ.  Y ya siento tener que explicárselo a alguno que se me presenta como jurista, PERO ES QUE EL TRIBUNAL SUPREMO TIENE DICHO QUE CABE EL SOBRESEIMIENTO LIBRE POR LA VÍA DEL 637.2 CUANDO LOS HECHOS CARECEN DE ATIPICIDAD Y/O ANTIJURIDICIDAD POR LA EXISTENCIA DE CAUSA DE JUSTIFICACIÓN SIEMPRE QUE SEA MANIFIESTA E INEQUÍVOCA. Y por eso, si un vecino de Algete MATA A UN TERRORISTA QUE VIENE CON UN PUÑAO DE BARRENOS PEGADOS NO HACE FALTA ABRIR EL PUTO JUICIO PARA QUE SE CONSIDERE QUE TENÍA DERECHO A MATAR AL ILUMINADO.

 

En fin, que no voy a ponerme a hablar de conceptos como relación jurídica, derecho subjetivo, facultad, derecho-deber, etc. y las masturbaciones mentales que tanto nos han ocupado (seguro que justificadísimas). Creo que, a veces, los que estudian derecho se centran tanto en aprenderse la terminología que se olvidan de entender en qué consisten las instituciones jurídicas.

Además, esto no le importa a nadie que no sea del gremio. La propiedad es un derecho subjetivo. Un derecho real. El más intenso de los derechos reales. Sin embargo, el propietario de una casa NO TIENE DERECHO A PEGARLE FUEGO. ¿Lo ven? Todos los derechos están limitados. Pero siguen siendo derechos.

En fin, que como yo intento explicarme y no confundir a nadie, sigo sosteniendo que cuando el ordenamiento jurídico considera que puedo hacer algo porque mi conducta ES JURÍDICA y no solamente porque no me se me pueda responsabilizar de ella por falta de capacidad de entender o querer o por algún tipo de error, esto implica que tengo derecho a ello. Esa es la diferencia entre el derecho a matar al que quiere matarme si es la única forma racional de evitarlo, y el no derecho a matar a mi vecino porque soy el único que sabe que, en realidad, es Belcebú.

Y ya no me explico más.

Dos cosas sobre Vox

 

Hace unos días leí una noticia de El País sobre un candidato de Vox (número uno de la lista por Albacete) en la que se le atribuían una serie de declaraciones y se llegaba a una conclusión (por ejemplo, que es homófobo y negacionista del genocidio judío).

Conocida la capacidad de El País para la manipulación en materia de declaraciones, y puesto que las supuestas afirmaciones negacionistas se habían producido en una conferencia disponible en youtube —sobre el juicio principal de Núremberg—, decidí verla.

Y, curiosamente, enseguida descubrí que el periódico sí había manipulado las declaraciones, al atribuir al conferenciante la manifestación de que el juicio fue una farsa. La manipulación se produce por el habitual procedimiento de utilizar una palabra que pronuncia el conferenciante sacándola de contexto: lo que este afirma es que se percibió el juicio como una farsa hasta un determinado momento y que, desde ese momento (concretamente tras la aparición delas imágenes de campos de concentración) todo cambió. Y, de hecho, y al margen de críticas concretas (algunas, por cierto, indiscutibles, como el repugnante papel de juristas soviéticos que habían tomado parte en ignominiosos procesos en su país) una de las cosas que repite el conferenciante es que los jueces hicieron un trabajo profesional y equitativo.

Esto me preparó para lo peor. Pensé que las acusaciones de negacionismo serían falsas o estarían también manipuladas. El caso es que aunque formalmente el conferenciante no se presentó como tal (incluso en sus respuestas a algunos asistentes, estos sí abiertamente negacionistas), sus enunciados generales, su insistencia en un determinado contexto (en el que la persecución a los judíos es resultado de una identificación con el comunismo y que se deja en manos sobre todo de poblaciones locales) y su inclusión del plan genocida en la brutalidad general, como si fuera un caso más (como si, por ejemplo, no se hubiera trasladado a cientos de miles de judíos de toda Europa central y occidental a los campos de la muerte y se los hubiera exterminado masiva y planificadamente en los años en los que Alemania ya ha perdido la guerra), incluso la discusión sobre los números, todo ello no es sino un ejemplo claro de ambigüedad típica. La de quien no utiliza los argumentos chorras que solo compran los imbéciles, pero relativiza el genocidio para introducir, por ejemplo, alguna forma de equivalencia entre la maquinaria nazi de sufrimiento, aniquilación, humillación, deshumanización y muerte de los judíos y el bombardeo de una ciudad.

Una basura. En suma.

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La entrevista a Santiago Abascal en esa web sobre armas de la que habrán oído hablar es lamentable.

En España hay algunos consensos. Buenos consensos.  Uno es el relativo a las armas de fuego. No hay movimientos organizados importantes que pidan que los ciudadanos en general puedan tener armas de fuego en sus domicilios. No voy a hablar del caso estadounidense, sobre el que ya he escrito antes, y que tiene una vertiente constitucional que suele olvidarse. En cuanto a la legítima defensa, lo cierto es que soy partidario de interpretarla de una manera especialmente intensa en el caso de asaltos a viviendas particulares (en las que prevalece el concepto de intimidad y seguridad: todos queremos sentirnos seguros en nuestras casa más que en ningún sitio). Pero esta posición, que sostengo, es la que suele prevalecer en los pocos casos (sí, son muy pocos estadísticamente hablando) en los que se produce un uso de armas en viviendas por los moradores. Porque esa postura se basa en una cuestión de sentido común sobre lo que es legítima defensa, una institución que no incluye lesionar o matar a los que huyen o ajusticiar a un asaltante. Insisto, partiendo de que hay que ser siempre generoso con el miedo y la angustia del que se ve asaltado en un lugar cerrado e íntimo y de su reacción defensiva (que suele partir de una especie de juego de suma cero, en la que, si pierde la oportunidad de abatir al que asalta, quizás no tenga luego otra).

Sí, en ocasiones aparecen noticias que alarman, pero es que ¡esto pasa con todo tipo de noticias luctuosas o llamativas! Pasa también con otros crímenes que interesan a la gente y que pueden llevar a una percepción sobre riesgos, miedos y supuestas ineficiencias del sistema que, simplemente, no existen. O no de manera relevante. Y es gracioso que Vox diga defender que ciertas políticas son consecuencias de análisis histéricos interesados que permite la existencia de algunas industrias (los famosos chiringuitos) a la vez que se comporta de una manera tan groseramente populista. Es gracioso y lógico, claro.

Por eso es tan lamentable la entrevista: Abascal, para plantear algo tan drástico como autorizar a todos a tener armas de fuego en las casas (como si esas armas no pudiesen utilizarse para otras cosas que no sean defenderse —y digo de fuego porque, aunque no use esa expresión no cabe otra interpretación razonable—), menciona dos casos que luego son analizados en el propio medio (al final). Uno de ellos, el de un antiguo policía, resulta que aún no ha sido juzgado. La fiscalía, en su calificación provisional, pide 20 años de prisión, pero en todo caso, no deja de ser la petición de una acusación. Y, lo más importante, lo único que he visto en los medios son declaraciones del propio acusado. Los acusados suelen hacer declaraciones parciales que buscan evitar sus condenas y, en muchos casos, trasladar a la opinión pública argumentos no legales, sino sentimentales, para obtener algún tipo de apoyo. Lo hemos visto en el caso de Juana Rivas, por ejemplo. Cualquier persona sensata asumiría que, si el fiscal hace una petición así, será por alguna razón y que, en todo caso, en su momento tendremos una sentencia que sí podremos analizar.

El otro caso sí ha sido juzgado (el acusado de 83 años fue condenado a dos años y medio de prisión por un jurado), pero no se explica correctamente en la web, en la que se dice que está pendiente de recurso ante el TSJ de Canarias. Lo cierto es que el Tribunal Superior de Justicia anuló la condena y ordenó repetir el juicio por falta de motivación (uno de los supuestos previstos en la ley) y esa sentencia se ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que debe estar (si no lo ha hecho ya) a punto de decidir si admite a trámite recurso de casación. Si no lo admite, el juicio se repetirá (y vista la sentencia del TSJ, es más que probable que con una decisión absolutoria). Si se admite, será el Tribunal Supremo el que decida si la sentencia del TSJ (que es la que actualmente está «vigente», por lo que ya no puede hablarse de condena) es correcta o si ha de mantenerse la previa que condenaba.

En todo caso, se trata de dos asuntos en los últimos cuatro años. Dos. Y ambos pueden terminar en absolución.

Como en otros casos de populismo punitivo, se remarcan casos extraordinarios, extremos, inhabituales en un país de delincuencia baja, para provocar el miedo. El miedo al asesino en serie, al depredador, a las agresiones sexuales. Todo ese miedo solo busca imponer una agenda estúpida e innecesaria, ya sea una prisión permanente mal diseñada, ya sea que la gente pueda tener armas (hay, por cierto, una industria que sería feliz con esto), ya sea modificar la ley para introducir alguna especie de inversión de carga de la prueba en los delitos contra la libertad sexual que haga innecesaria la prueba de cargo.

Porque, en esto, ¿cuál es la propuesta? ¿Que nunca sea delito que alguien mate a una persona que entra en su casa? ¿En ningún caso? ¿Que la ley aplique la legítima defensa desconectándola de su lógica, de manera objetiva? ¿Que lo haga utilizando categorías como «españoles de bien» o «ciudadanos honrados» vs «criminales», partiendo de descripción automática?

Esa exacerbación de la legítima defensa y ese planteamiento de autorización generalizada de tenencia de armas se rodea, además, de una retórica repugnante. Vean:

«VOX es el partido del sentido común, y por supuesto que apoyamos el derecho a la autodefensa de los españoles de bien, faltaría más. Por desgracia, tenemos unas leyes que tratan a los delincuentes como víctimas y a los ciudadanos honrados como delincuentes. El español honrado siempre está bajo sospecha. Para el consenso progre, todos los españoles somos asesinos en potencia, violadores en potencia, agresores en potencia que debemos ser reeducados y casi encerrados de por vida, pero cuando aparece un asesino o un violador de verdad, entonces todo es buenismo y derechos humanos y reinserción. Nuestra concepción de la delincuencia es totalmente opuesta: los españoles honrados tienen todo el derecho a defenderse y los criminales y delincuentes tienen derecho a recibir visitas en la cárcel. (…)»

Las negritas son mías. Sí, lo sé: casi sobran, de tanto que ocupan.

 

¿En serio, señor diputado?

 

Leo este tuit:

Y este tuit:

Francisco de la Torre, además de diputado de Cs es inspector de Hacienda, así que presumimos que sabe de esto. Lo digo porque yo, desde luego, no sé gran cosa sobre control presupuestario.

Yo no soy experto en control presupuestario, pero tengo oídos y he escuchado la declaración del testigo a que se refiere el señor diputado.

El señor testigo ha dicho literalmente lo que entrecomillo: «se había tramitado un expediente de gasto con una partida presupuestaria del programa 132 que provenía de una sección de un capítulo del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2017 que estaba vinculado con la sentencia del Tribunal Constitucional que esta partida era inconstitucional y nula en tanto en cuanto estuviese dedicada a financiación del proceso refrendario».

Las negritas son mías. Las pongo porque el programa 132 se refería a esto: «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales». Por tanto, sería nulo e ilegal un gasto sobre organización, gestión y seguimiento de programas electorales siempre que ese gasto se refiriese al referéndum trucho del 1 de octubre. 

En todo caso, dejemos las interpretaciones. El propio testigo ha avisado de que ese gasto había dado lugar al acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de julio de 2017 y que, además, constaba en la justificación escrita del incremento de controles.

Así que, volvamos a la pregunta que nos hace el señor diputado: ¿mintió Montoro en sede parlamentaria el 31/08/2017 en su comparecencia por no dejar constancia de un gasto de alrededor de 20.000 € (menciona el testigo esa cifra en el interrogatorio que le hace el letrado de Vox) detectado en julio?

Pues bien, la respuesta es sencillísima. Vean la Orden PRA/686/2017, de 21 de julio publicada en el BOE, por supuesto (en el de 22/07/2018, es decir, más de un mes antes de su comparecencia), orden que imagino habría leído el señor de la Torre el 31/08/2017 cuando estuvo haciendo preguntas al entonces ministro, más aún considerando su importancia:

«A este respecto, en la última certificación remitida el pasado jueves 13 de julio de 2017 por el Interventor General de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se certifica que a finales del mes de junio de 2017 se han reconocido obligaciones en el programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» por importe de 19,37 miles de euros, y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25,52 miles de euros (6,15 miles de euros adicionales sobre los datos del mes precedente).

En este sentido, el apartado IV.6 del programa del Fondo de Liquidez Autonómico aplicable para el ejercicio 2017, relativo al control reforzado, prevé la remisión adicional de determinada información, entre la que se encuentra el «Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecución del gasto público de la comunidad y sus entes dependientes, así como de determinadas líneas de gasto que, por razón de cuantía, evolución, naturaleza económica o finalidad, el MINHAFP determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el ámbito de una Comunidad concreta.»

A la vista de las nuevas circunstancias señaladas, y atendiendo a la finalidad de las líneas de gasto aludidas, el pasado 18 de julio de 207 se ha requerido a la Comunidad Autónoma de Cataluña la remisión de un informe específico de la Intervención General de la Comunidad pronunciándose sobre las actuaciones acometidas por dicha Intervención general o sus órganos dependientes en relación a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017, así como sobre el eventual incumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas así como los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al programa «132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales» de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017

Y ahora pregunto yo: ¿lo que afirma el señor De la Torre es que Montoro mintió al no explicar en una comparecencia en agosto de 2017 que se había detectado en julio de 2017 un gasto que pudiera tener relación con procesos electorales, cuando ese dato salió PUBLICADO EN EL PUTO BOE más de un mes antes y no en una esquinita, sino en la justificación de una orden importantísima que conocimos todos y que imaginó leyó el señor De la Torre antes de ir a esa comparecencia del señor ministro?

¿En serio pregunta el señor diputado si mintió el señor Montoro?

 

 

La indigna cesión del Gobierno Sánchez y los excesos de Rivera

 

Dice Albert Rivera:

Pero no. No es eso lo que ha dicho el señor Bal. Lo pueden escuchar aquí. El señor Bal no ha hablado de retirada de pruebas: se ha referido a hechos. Más concretamente a la narración de hechos indiciarios del auto de procesamiento del magistrado Llarena y que fundamentaron su criterio jurídico acerca de la posible comisión de un delito de rebelión (y sobre los que él dice que los «da por ciertos» precisamente porque están en el auto de procesamiento).

No ha hablado de pruebas.

El señor Bal ha afirmado que lo que se le ordenó (por su jefe) fue omitir hechos en el relato acusatorio de su escrito de calificación. Concretamente, lo que se hace es omitir el detalle (sobre todo de hechos sucedidos el día 1/10), porque «no son relevantes». Algo que, por otra parte, ya sabíamos: bastaba con comparar los escritos de acusación del fiscal y de la abogacía del Estado.

Por ejemplo, sobre hechos violentos el 1/10 lo único que dice el escrito de la abogacía del Estado (que, insisto, conocemos desde hace meses) es esto:

Disturbios y enfrentamientos. Nada más.

Sin embargo, el escrito del fiscal pormenoriza las situaciones de violencia y las lesiones que se supone padecieron los agentes de las fuerzas de orden público. También es cierto que, en gran medida, cae en predeterminación, al contener descripciones que no son tales, sino conclusiones generales sobre violencia organizada.

Sobre el 20/9, los hechos narrados en ambos escritos son similares y más extensos.

¿Por qué estas diferencias? Aventuro lo siguiente:

a) Porque la acusación por sedición no exige entrar en el detalle de la violencia; no  hay acuerdo sobre que sea precisa su presencia (hay autores que la exigen por considerarla implícita al alzamiento; hay quienes la excluyen por contraste precisamente con la rebelión, que lo exige expresamente) y bastaría con la oposición tumultuaria al cumplimiento de las órdenes judiciales. Yo soy partidario de esta segunda posición.

b) Porque al Gobierno le interesaba quitar hierro al relato acusatorio en el momento en que necesitaba a los partidos secesionistas para pactar unos presupuestos.

Me quedo con la segunda hipótesis y voy a explicarme. El señor Bal ha venido a decir que él conocía la instrucción y había intervenido en ella, y que quería incluir esa narración con detalle (equivalente a la del auto de procesamiento) porque precisamente estábamos en un momento procesal en el que lo habitual es que la acusación no renuncie a excluir del relato el detalle de ningún hecho que pudiera haber ocurrido y que pudiera ser relevante, sin perjuicio de lo que pasase después con el derecho, es decir con la aplicación de los tipos penales. Es decir, sin perjuicio de que finalmente y tras el juicio se terminase acusando por sedición.

A lo anterior, hay que añadir que la inclusión del detalle de los supuestos de violencia concretos (y de las lesiones) lejos de debilitar una acusación por sedición, la refuerzan, ya que los actos de violencia y de resistencia activa en muchos lugares —en aquellos en los que se intentó cumplir con el mandato judicial— hacen más difícil rebajar la descripción de los hechos típicos a otras modalidades delictivas.

Yo creo que cualquier acusación no influida espuriamente, aun cuando no estuviese de acuerdo con la calificación por rebelión, habría incluido el detalle de todos esos hechos. Más aún, la inclusión permite con más claridad la posibilidad —y no veo por qué se ha de renunciar a ella— de que la propia abogacía del Estado, al final del juicio, haga lo contrario de lo que comentaba antes y cambie su calificación provisional, acusando por rebelión (algo técnicamente más peliagudo cuanto más raquítico sea la narración de hechos delictivos). Lo normal, en suma, es que la acusación, en este momento se deje abierta con naturalidad todas las puertas.

Esto, por sí solo, es muy criticable. Este uso partidista de la abogacía del Estado, sobre todo en un asunto así, es inaceptable. Sobre todo porque el Gobierno socialista nos dijo que no había existido esa intromisión y que el escrito era así precisamente porque la abogacía del Estado hasta ese momento no había calificado los hechos, cuando resulta que el señor Bal, según ha declarado hoy, había preparado ya varios borradores.

Tampoco es una sorpresa. Los socialistas no solo aceptaron los votos secesionistas para la investidura, sino que pagaron (con cesiones concretas y esta seguramente fue una de ellas) y estuvieron dispuestos a pagar por mantener ese apoyo (no cualquier precio, pero sí algún precio). Y, personalmente, creo que volverán a hacerlo, sobre todo si obtienen un buen resultado tras las elecciones.

El PSOE de Sánchez es así. A su semejanza: un partido sin escrúpulos.

Pero, por favor, lo que tampoco es de recibo es que el señor Rivera convierta esto en una «retirada de pruebas incriminatorias». Más aún cuando la fiscalía está acusando y es la principal legitimada para acusar por rebelión.

Y me pregunto, ya ven, si pasa que Rivera quiere exagerar algo que es muy grave sin necesidad de añadir nada, haciendo que parezca peor, o si ha escuchado a su nuevo fichaje y no ha comprendido lo que decía.

Y, la verdad, casi prefiero no saberlo.

 

Emociones simples

 

Año 2019. Un periodista escribe esto:

Curioso. Es emocionante que, en un país con educación obligatoria hasta los dieciséis años y con una población universitaria enorme, la número uno en selectividad sea alguien con un perfil que podría salir al azar de un bombo con todos los que se examinaban con alta probabilidad.

Lo inusual sería que la número uno fuese hija de uno de los cien más ricos de España (y no solo por improbabilidad estadística, sino porque es muy posible que no se presente a selectividad) o de un futbolista de primera división o de un presentador famoso de la tele.

Pero ¿la hija de un camionero? ¿En 2019? Yo tengo 53 años. Conozco a gente de más edad, de paupérrimo origen, que ya en los setenta estudió, sacó calificaciones brillantísimas y luego estudio en la universidad. En los ochenta, esto ya ni llamaba la atención. Muchos de mis compañeros de curso (yo terminé en el 82), cursaron estudios universitarios. Y nuestro colegio estaba en Usera, en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Dos de  las personas de mi edad más notables que he conocido fueron, una la hija de un guardabosques, que sacó notarías en dos años en 1990, otra, la hija de una mujer que limpiaba escaleras, que terminó derecho en la Complutense con veintitrés matrículas de honor y que hoy gana mucho dinero en una multinacional.

Lo más gracioso es que, en realidad, en los 80 y 90, esto era más habitual. En aquella época prácticamente todos éramos hijos de personas sin estudios universitarios. Mi padre también empezó como camionero y terminó teniendo una pequeña empresa de transportes. Mi padre estudió hasta los catorce años, aunque presumía de las conjugaciones de latín que aún recordaba, y mi madre apenas sabía leer y escribir.

Sin embargo, en las clases de mis hijas en institutos públicos, abundaban los padres con carrera universitaria. No todos, claro, pero sí bastantes. Normal, nosotros somos sus padres.

En fin, quizás a Évole le emocionen las cosas normales, como un huevo frito, un atardecer, que un número de cinco dígitos sea premio gordo o que la hija de alguien en España sea inteligente y trabajadora.

 

Si los partidos políticos españoles son excelentes en algo, habrá que reconocérselo

 

Uno de mis mejores amigos no ha votado jamás. Salvo en alguna junta de vecinos, claro. No va presumiendo de ello. Tampoco explica gran cosa acerca del porqué. En un sentido práctico, su posición es irrefutable. Su voto no habría cambiado nada en estos treinta y tantos años. Con absoluta seguridad.

Yo he votado siempre, aunque sé que mi voto no ha servido para nada tampoco. No se escandalicen: sin mi voto nada habría cambiado. Lo sé con absoluta seguridad. No he votado porque sea hombre de orden —que lo soy—, ya que votar no es obligatorio. Tampoco por homenaje a nadie. Hay quien dice que debemos votar por respeto a los que lucharon por conseguir que hubiera elecciones. Es una falacia. Los que lucharon por el voto lucharon para que la gente pudiera votar o no. Eso es el derecho al voto: derecho a decidir si votamos o no y a quién. Si he votado siempre, ha sido porque me parece de buena educación. Como dar los buenos días, dejar propina, sujetar la puerta al desconocido que viene por detrás o ir a un tanatorio casi siempre a decir bobadas. Votar equivale a decir a los demás: venga, os acompaño, aunque no me apetezca o aunque no os apetezca. Digo esto porque, por desgracia, nunca me ha apetecido realmente ir a votar. Nunca he pensado, vale, compro el 51% de lo que me vende tal partido. Pero siempre he sido capaz de hacer un cálculo —no digo que haya sido acertado— y decidir que había algo menos malo.

Insisto, lo he hecho a sabiendas de la irrelevancia de mi voto o de mis opiniones. Incluso con un cierto conocimiento de mis sesgos.

Esta vez, sin embargo, no estoy siendo capaz. Tengo la sensación de que alguna vaina como las de La invasión de los ladrones de cuerpos ha crecido al lado de mi cama y ocupado mi lugar. Es como si la habitual calculadora de pocos pros y muchas contras —pero optimista, al fin y al cabo— hubiera dejado paso a un absolutista o a un tonto del 15-M, de esos que que levantan adoquines. Pero no, no es que me haya vuelto una sueca de quince años. No hablo de líneas rojas, sino de algo más trivial, algo así como un dolor de estómago. Una sensación de malestar que aparece en cuanto me imagino concretamente votando a este, a aquel o al de más allá. Una sensación que solo desaparece cuando me imagino el puto día de las elecciones en casa, leyendo un buen libro, zampándome un cocido y luego comentando los resultados, que es lo divertido.

Así ando, puteado por el recuerdo o las tradiciones. Si hubiera sido como mi amigo, me daría igual. El problema es que, si esto ya es así, cómo voy a esperar que una campaña pueda suprimir esa sensación de asco. Cómo va a suprimir esas sensación de asco una campaña que va a ser, con seguridad, la campaña más asquerosa de las últimas décadas.

Solo me consuela pensar que un voto como el mío es tan irrelevante que ningún partido hará el pequeñísimo esfuerzo de no enfangarse por completo para conseguirlo, habiendo tanta recompensa precisamente en hacer la campaña más asquerosa de la historia. Entiéndanme, no me consuela porque me parezca esto bien —que no me lo parece—, sino por la inevitabilidad. Como dice el protagonista de El último boy scout, el agua moja y las mujeres tienen secretos. Podemos añadir que los partidos quieren ganar elecciones y, por lo visto, solo hay una forma de ganarlas ya que todos hacen lo mismo.

Ah, si alguno de ustedes me dice que eso es lo que quieren, que piense que mi voto es irrelevante y que me quede en casa, tengan en cuenta que siempre he creído, en cuanto a lo primero, que tienen razón, y que si quieren que me quede en casa (no porque mi voto sea irrelevante sino porque piensan en grandes números de irrelevantes votos no sumados) ¿cómo puedo llevarles la contraria cuando eso mismo es lo que quieren todos, aunque digan lo contrario y solo podría hacerlo votando a uno de ellos? Hay que ser humilde y realista en estas cosas. Los partidos y sus dirigentes, esta vez, lo han hecho tan de puta madre que me han dejado sin coartada.

Me quito el sombrero ante ellos.

Tres errores y un acierto

 

No voy a analizar la interesantísima semana del juicio a los lideres secesionistas. Lo haré en otro lugar, pero se produjo ayer, en la declaración del mayor de los mossos, señor Trapero, un hecho curioso que puede definirse como error en cadena.

Trapero había sido propuesto como testigo por una sola de las acusaciones (la de Vox). Primer error, un testigo tan importante (por más que fuera posible que no declarase al estar imputado) debería haber sido propuesto también por el fiscal y la abogacía del Estado (ignoro las razones para no proponerlo). La prueba de esto es que, de hecho, se convirtió en un testigo muy importante: el interrogatorio del fiscal fue mucho más largo, más intenso y más detallado que el interrogatorio del proponente del testigo, el letrado de Vox.

El segundo error se produce con el propio interrogatorio del letrado de Vox. Lo cierto es que fue superficial. Basta con compararlo con el interrogatorio del fiscal: por ejemplo, preguntó por hechos que están juzgándose en otros lugares (la famosa destrucción de documentos, que, además y por lo que parece, ha dado lugar a un sobreseimiento) y, sin embargo, no preguntó sobre las dos importantes reuniones de mandos de los mossos con los máximos líderes del Gobierno catalán, reuniones que son un elemento esencial sobre un posible dolo eventual de un delito de rebelión y/o sedición. Al actuar así, al margen de lo ya dicho, lo que hizo fue constreñir la intervención de las dos acusaciones a aquello que había sido preguntado (entendido aquello en un sentido amplio, pero sin que pudieran desbordarse los hechos que habían sido objeto de interrogatorio).

Esto es así por la interpretación (correcta, en mi opinión) efectuada por la sala del Tribunal Supremo, de esta norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y que ya había dado lugar a cierto debate en el juicio):

Artículo 708.

El Presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones.

El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

Este juicio, entre otras cosas, está sirviendo para comprobar cómo siete magistrados del Tribunal Supremo interpretan ciertas normas que, usualmente, en muchos juicios, se aplican de forma más laxa (sobre no exhibición de documentos a testigos en casos en los que no se duda de la autenticidad, sobre preguntas relativas a datos que obran en atestados o instrucción sumarial, o sobre esta cuestión que aquí me ocupa, por ejemplo).

Como es obvio, esto se convirtió en un regalo para las defensas. El testigo que aparentemente quería hablar con claridad sobre ciertas cuestiones (ojo, no estoy afirmando que dijera la verdad; también está investigado) que ya habían aparecido a través de las declaraciones de otros testigos —y que volverán a aparecer—, no podía ser preguntado como consecuencia de esos dos errores previos.

Sin embargo, el letrado Melero (de Forn) cometió un tercer error. Sabía que las acusaciones no podían ya preguntar sobre las reuniones, pero él también tenía (y tiene) una línea de defensa sobre esto y cayó en la tentación de entrar en ellas y hacer las preguntas al testigo de forma que apuntalasen esa línea de defensa, excluyendo el resto. Al escoger dos preguntas concretas consiguió que el testigo dijera que los «políticos» no le habían dado instrucciones ni les habían reprochado su posición. Y lo hizo porque podía, porque el testigo también era testigo de la defensa de Forn.

Para obtener una ventaja, abrió el melón, y de ese melón pueden comer, no solo las partes, sino la propia sala. Recuerden, el art. 708 de la ley dice también:

«El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren

Una lectura superficial de este artículo parece no introducir límite alguno a la intervención del tribunal. Sin embargo, ha sido interpretado de forma cada vez más estricta, para evitar que se quiebre el principio de imparcialidad (para quien quiera profundizar en esto, que vea lo que se cita aquí *).

Utilizando ese precepto, Marchena hizo una pregunta muy habilidosa (por breve, y porque no preguntaba sobre el contenido de las reuniones, sino sobre la razón que le llevó al testigo a pedir las reuniones). Digo habilidosa porque, de tan neutral y poco invasiva, es prácticamente imposible considerar que realizó una actividad inquisitiva prohibida. Y esa pregunta dio lugar a una de las repuestas más importantes, hasta este momento del juicio.

¿Habría podido el magistrado Marchena preguntar eso mismo sin la pregunta del abogado Melero? En una interpretación literal de la ley, sí. En una interpretación conforme a la jurisprudencia del TS, en mi opinión, no. Porque no se podía depurar un pedazo de realidad sobre el que no se le había preguntado y sobre el que se había prohibido, ni más ni menos que a la acusación preguntar. Obsérvese que este no es el caso de un fiscal olvidadizo que no pregunta y un magistrado que suple al fiscal. El fiscal había preguntado y el presidente había prohibido la pregunta.

En todo caso, de no haber existido las previas preguntas de Melero, su actuación habría resultado atacable (incluso ante el TC y el TEDH). Son esas preguntas las que habilitan al tribunal. Y, además, es lógico. Porque la introducción de los hechos en la prueba testifical por las defensas era, en cierto sentido, ventajista, ya que se hizo parcialmente. Por eso, el tribunal pudo intervenir y depurar la declaración del testigo.

Más aún, ni siquiera el riesgo de que esto se produjera y de que luego Melero no pudiera preguntar justificaba las preguntas, porque el propio tribunal dio de nuevo oportunidad a las defensas para repreguntar al testigo. Y esto, previsiblemente, habría ocurrido en todo caso.

A Melero le pudo la gula.

En resumen, tres errores. Y un acierto.

Errare humanum est.

 

(*) Vean lo que dice el propio TS sobre este precepto:

«(…) la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad (…); de modo que no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limite a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación.

No faltan otros precedentes que han puesto el acento en el significado procesal de esa iniciativa, perfectamente compatible con el exigido estatuto de imparcialidad del órgano decisorio. Así, la  STS 1084/2006, 24 de octubre  (RJ 2006, 7847) , tuvo oportunidad de precisar que la doctrina reconoce que una cierta iniciativa probatoria del Juez penal no es incompatible con el principio acusatorio y con el derecho al Juez imparcial; y, a este respecto, se pone de manifiesto que, en el ámbito de nuestro entorno europeo, los ordenamientos jurídicos de los Estados que han suscrito los mismos tratados internacionales que España (Alemania, Italia, Francia, Portugal) admiten con distintos matices y amplitud la iniciativa del Juez penal en materia probatoria (244, II del  CP  (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777)  Alemán, art. 507 del Código Procesal italiano, art. 340.1º del Código Procesal portugués, art. 310 del Código Procesal francés).

(…) Durante el juicio el Juez o Presidente del Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, como un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas (…). Pero neutralidad no equivale a pasividad, (…) dilucidar sobre una pérdida de imparcialidad objetiva en virtud de las preguntas efectuadas desde la Presidencia no es un tema puramente cuantitativo o aritmético como si hubiese un cupo de preguntas que no se pudiese rebasar. Esa valoración ha de efectuarse ponderando la totalidad de las sesiones del juicio oral y no examinando aisladamente un pasaje u otro. Dos preguntas pueden ser demasiadas cuando eran innecesarias y revelaban un evidente prejuicio. Veinte pueden ser pocas en un interrogatorio en que las partes han superado en mucho el centenar. Se tratará de comprobar si son preguntas que eran pertinentes y se revelaban como necesarias y útiles para esclarecer los hechos y no revelaban prejuicios infundados, sino afán de enjuiciar con fundamento sin dejar flecos sueltos.

(…) dado que en el proceso acusatorio y contradictorio las aportaciones probatorias (como la misma iniciativa de la persecución) son siempre, por definición, actividad de parte, la injerencia del juzgador en ese campo, salvo que lo buscado fuera, claramente, despejar una duda en beneficio del acusado, será siempre problemática, como posible expresión o riesgo, al menos, de cierta pérdida de la necesaria imparcialidad. En efecto, porque dado el juego de las posiciones parciales en el espacio escénico del proceso, cuando la pregunta de la presidencia no sea de aquella inspiración, difícilmente podría ser neutral y dejar de constituir un modo de subrogación (más o menos intenso) en el papel de la acusación. Lo que el Tribunal Constitucional llama una actividad inquisitiva encubierta (SSTC 229/2003 y  334/2005  (RTC 2005, 334)). Por eso, el recurso a la medida de que se trata debe ser rigurosamente excepcional, muy medido en su práctica, y nunca orientado a suplir eventuales deficiencias de una acusación poco activa o diligente. Único modo de evitar la pérdida de la imprescindible equidistancia.

(…) exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta “teniendo en cuenta que la justicia constituye un valor superior del ordenamiento jurídico (…) para cuya protección el Juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica sobre la que ha de aplicar el Derecho, no parece jurídicamente admisible privar al órgano jurisdiccional de esta cuestionada iniciativa probatoria (que, en nuestro Derecho, cuenta con suficiente base legal), siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la propia causa, y que se respeten convenientemente los derechos de contradicción y de defensa de todas las partes implicadas en el proceso”.

Por último, el TEDH admite, según recuerda la  sentencia 315/2016  (RJ 2016, 1931)  de esta Sala, que una limitada iniciativa probatoria por parte del Tribunal no conlleva necesariamente un quebranto del derecho a un proceso equitativo (…)

Parecer para terminar siendo

 

En un par de días comienza un juicio en el Tribunal Supremo que va a ocupar mucho tiempo en las noticias y en las discusiones, y que, probablemente, termine hastiando a mucha gente. Una buena manera de evitar tan desagradable consecuencia es tener claro qué es y qué no es un juicio, incluso este.

Para empezar, en un juicio se dirige la acción penal contra alguien. Las categorías y definiciones políticas, sociológicas y éticas sobran. No importa si lo que pasó en 2017 fue un golpe de Estado o no, porque no se acusa de eso. No importa si hay algún argumento que no sea jurídico para justificar la aprobación de las «leyes» de desconexión y la celebración de un «referéndum». Tampoco importa lo que sientan o deseen millones de catalanes y de españoles sobre su pertenencia a Cataluña y/o a España, y a lo que se deba decidir en el futuro y quién lo deba decidir.

El juicio tampoco es una ocasión para castigar al «movimiento» secesionista. No se juzga a millones. Tampoco sirve para salvar a España, salvo en un sentido abstracto y periférico: en el de que solo sobreviven los Estados en los que se cumple la ley y funcionan las instituciones. Pero esto último, además, incluye necesariamente la posibilidad de una absolución. Las leyes democráticas están tan relacionadas con el mantenimiento y ejercicio de los derechos individuales que exigir la condena para la supervivencia de la república —y no porque sea lo que proceda conforme a Derecho— es una forma de degradarla.

La defensa del Estado constitucional pasa por el cumplimiento de todas las leyes. No solo de las penales. Siete jueces en un juicio público, con garantías, con contradicción y audiencia, con ejercicio del derecho de defensa, basado en condenas por hechos probados típicos conforme a una descripción legal taxativa, eso nos defiende a todos de la arbitrariedad del poder. Nada menos debemos exigir.

La monedad tiene otra cara. En este juicio no se juzga a España, ni a nuestras leyes, ni a nuestras instituciones, salvo, de nuevo, de una forma abstracta y periférica: en el sentido de que nuestras instituciones son dignas solo si sirven al fin para el que las creamos. El Tribunal Supremo no fue creado para defender a España o a su unidad como fines sin contenido. Esos fines, constitucionalmente sancionados, solo se comprenden rectamente si hacemos referencia a eso que proclama el preámbulo de la Constitución: la justicia, la libertad y la seguridad; la promoción del bien de cuantos la integran; la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; el Estado de Derecho como garantía del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; la protección de todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos; la protección de nuestra cultura y de su progreso, de nuestras tradiciones, lenguas e instituciones; la promoción del bienestar para asegurar la dignidad de las personas y la democracia; la búsqueda de la paz y de la cooperación con los demás pueblos de la Tierra.

España es una democracia razonable y un lugar en el que los derechos fundamentales no están en cuestión, por más que todo sea mejorable. Pretender juzgar a España en este juicio —de ahí la farsa de los observadores— es simplemente una forma torpe —aunque es quizás el único camino que les queda a algunos— de desviar la atención. Al igual que un juicio legítimo no sirve para la venganza, tampoco debe admitirse su utilización para engordar el argumentario político de los que llevan muchos años intentando vender una imagen falsa de lo que somos y así provocar las condiciones que puedan servir a sus estúpidos fines. Prefieren la degradación de todos hoy para la consecución futura de su fin milenario y religioso, para la venida de su dios. Por eso —y porque hacer otra cosa nos convertiría en lo mismo que son ellos— no debemos caer en la trampa.

Frente a todo lo que no es, recordemos lo que sí es un juicio. Un juicio solo merece ese nombre si se trata a los juzgados con dignidad y respeto. Un juicio es parcial. No trata sobre todo, sino sobre una parcela muy concreta de la realidad y conforme a unas definiciones técnicas. Si se amplía su objeto más allá de sus limites lo contaminamos. En un juicio, son las acusaciones las que tienen que probar que los acusados realizaron algo que es definido como delito en las leyes vigentes y que lo hicieron a sabiendas —o al menos asumiendo que el resultado definido en la ley y ocasionado por su conducta era probable—. En un juicio, la acusación tiene que probar más allá de una cierta frontera, porque si duda, solo cabe la absolución. Las únicas consecuencias posibles de un juicio son las previstas en la ley: otra cosa es tiranía.

En un juicio, los acusados tienen derecho a probar aquello que excluye el delito, o su participación, o que les exonera de responsabilidad o la atenúa. En un juicio no se presume el delito, sino que los hechos objeto de acusación han de quedar acreditados hasta el punto de que esa acreditación permita construir una narración de la realidad suficientemente completa como para atribuir consecuencias personales muy gravosas. No se puede enviar a la cárcel a alguien simplemente porque no nos guste, porque nos parezca dañino, porque defienda algo que nos repugna o porque haya sido un irresponsable.

Un  juicio debe ser, en suma, algo muy serio. No es un plató de televisión. Ni siquiera un parlamento. No es un lugar para ejercer la libertad de expresión, entendida en un sentido amplio. Es uno de esos pocos lugares lleno de reglas en los que la forma es inescindible de su fin natural.

La única manera sensata de enfrentarse a un juicio como el que viene, en mi opinión, es asumir de verdad, internamente, todo lo anterior y creer que todos los acusados son inocentes, que el Estado considera que han podido cometer un crimen, que el Estado puede y debe exponer por qué, intentando probarlo a la vista de todos, conforme a las reglas de la razón y con pleno respeto a los ciudadanos juzgados, y que los acusados tienen derecho a negarlo, a no colaborar con el Estado sin sufrir consecuencia alguna, a probar todo lo que venga al caso y les sirva de descargo, y a exigir de los jueces que sean imparciales y solo les castiguen si, sin duda de ningún tipo, son autores de una conducta tan reprochable y tan dañina como para que nuestros representantes las hayan convertido en delito. Asumir todo esto y desechar el resto como ruido.

Alguien me dirá: «qué exageración; a algo así, y como desiderátum, solo están obligados los jueces».

Ah, pero qué lugar más excelente y civilizado sería aquel en el que la mayoría de los ciudadanos se enfrentase a un proceso penal con la actitud exigible a los jueces. Qué lugar más habitable.

Así, aunque fuera por unos pocos días, podríamos disimular y hacer como que somos. Para ver si de tanto disimular, empezamos a serlo de verdad.

 

Sobre indicios de cosas que estropean el discurso oficial

 

Este artículo escrito por bou@mastodon.elsacodelcoco.net ha dado lugar a muchos comentarios tras su anuncio en tuiter.

Sobre su autor, he de decir que, al margen de que pueda estar o no de acuerdo con algunas de sus tesis o afirmaciones, hasta el momento no he descubierto manipulación por su parte. Si quien lee sus artículos se toma la molestia de seguir los enlaces, verá que cita sus fuentes, que nos muestra de dónde extrae los datos y que lo que afirma (por lo menos hasta donde he llegado) se compadece con una interpretación de esas fuentes.

A lo anterior hay que añadir que el trabajo que ha realizado, sobre el que hablaré a continuación, es lo suficientemente extenso y riguroso como para que, cuanto menos, quien quiera rebatirlo se tome el trabajo de tomarlo en serio y hacerlo usando las fuentes que cita u otras igual de rigurosas. Lo que no es serio, como he visto, es que alguien diga que no te puedes tomar en serio a quien tiene en su avatar una fotografía de El Fary o que los números no importan —que lo que importa es la experiencia personal—, como le he leído a un fiscal al que aprecio, cuando resulta que los números oficiales sobre denuncias falsas son los que se han venido utilizando como martillo pilón para negar que pueda existir un problema sobre un uso espurio de los delitos de violencia doméstica. O valen los números o no (yo creo que no, porque no contamos con ellos, que nadie se ha tomado esto en serio y que el problema existe y es mucho mayor de lo que las instituciones insinúan; en todo caso, yo, como muchos, solo quiero que se investigue de verdad).

Los datos que utiliza se derivan del informe del CGPJ que cita (y de otros informes): en los casos que menciona —los más graves, ya que se juzgan en primera instancia en las audiencias provinciales—, una cuarta parte son absoluciones. De esas absoluciones —47—, él sostiene que cerca del 75% presentan indicios de derivar de una denuncia falsa. En realidad, los números son algo más elevados, pero ha redondeado a la baja. Si aplicamos su tesis al total de sentencias, un 18% de todos los casos juzgados en primera instancia en las audiencias presentarían esos indicios de falsedad.

Un 18% no es ese 0,01% del que tanto se habla.

Antes de entrar en el análisis de las sentencias, me gustaría hacer algunas observaciones:

a) Extrapolar lo que sucede en las audiencias a las condenas, absoluciones y archivos en los juzgados de instrucción y juzgados de lo penal es muy arriesgado por muchas razones. Los casos que se juzgan en las audiencias son más graves y el proceso penal es más reposado y se suelen practicar (o intentar practicar) más pruebas en el proceso. Además, aunque no debiera ser así, es posible que los juicios y las inferencias de los jueces sean más rigurosas en ese tipo de juicios. En primer lugar, porque la pena es más alta y es natural que te lo pienses más a la hora de condenar. En segundo lugar, porque al juicio asisten tres jueces, que ven y piensan más que uno. De ahí se deduce que es posible que haya más absoluciones en este tipo de juicio. Pero, por otro lado, aunque el tipo de asuntos del que hablamos son propicios a la existencia de prueba de cargo directa única —la declaración de la víctima—, al ser los hechos más graves es más racional contar con pruebas periféricas (como lesiones objetivadas durante los hechos), y que se valore su ausencia, algo que es racionalmente menos exigible en delitos de menor entidad (amenazas, coacciones, malos tratos continuados, lesiones del 153 CP) que pueden darse sin esos elementos objetivos, lo que abona que sea más probable la denuncia falsa. Desde el otro lado del espejo, es más fácil que se cometan delitos —que lo son— más leves que aquellos otros más graves (o, por decirlo de otra forma, es mucho más probable que quien nunca lesionaría gravemente, o cometería una agresión sexual, sin embargo, realice una de esas conductas delictivas, sobre todo esporádicamente, que se producen de manera natural en situaciones de conflicto de pareja). Más aún, muchos casos que se deciden en «juicios rápidos» (es decir, por conformidad) se caracterizan por ser resultado de pruebas directas evidentes o importantes (muchos, no todos; a veces, se conforma por el beneficio de la reducción del tercio y un mal consejo de un abogado con prisas). Con todo lo anterior, simplemente quiero decir que veo muy aventurado extrapolar este análisis de sentencias de las audiencias a los casos que se deciden en conformidad en juzgados de violencia o ante el juzgado de lo penal. Algunos factores podrían indicar que en estos casos el número de denuncias falsas pudiera ser superior, otros que pudiera ser inferior. Y ni siquiera tengo claro que el análisis de las sentencias fuese, en estos casos, de mucha ayuda, puesto que suelen ser mucho más escuetas (y, en el caso de la conformidad, esto resultaría directamente inútil, ya que se basa en el reconocimiento de los hechos).

b) Llevo muchos años preocupado por la deriva de nuestra jurisprudencia sobre la prueba de cargo basada única o principalmente en la declaración de la víctima. Creo que es un abismo peligroso y que cada vez nos hemos ido asomando más a él, influenciados por la intención loable de perseguir el delito. De hecho, la prueba testifical es una prueba enormemente problemática en todos los casos, como demuestra la literatura sobre la materia, y el apoyo en pruebas periciales, normalmente psicológicas, se ha convertido en una sustitución de la auténtica actividad probatoria, basada en el privilegio y la veneración por la «ciencia», cuando en la práctica constantemente comprobamos cómo especialistas en la misma disciplina difieren de manera incomprensible si de verdad sus disciplinas tuvieran la «dureza» suficiente (algo siempre querido por quien se dedica a algo). Dicho esto, lo cierto es que la labor de los jueces es dificilísima, ya que de llevar los postulados de un derecho penal civilizado a sus formulaciones más puras, la consecuencia real sería la de muchas más absoluciones y la impunidad de muchos delincuentes. Pero que persigamos un equilibrio seguramente imposible no nos debería llevar a olvidarnos de que el mal en ocasiones adopta la forma de la persecución injusta del inocente y a hacer afirmaciones banales sobre su sufrimiento.

Entrando ya en la cuestión de las 37 sentencias que Bou analiza, me ha parecido que lo más justo era examinarlas en su totalidad y no fiarme de sus opiniones ni de las partes que extractaba.

En la tabla que aparece a continuación incluyo el número (están ordenadas al revés del orden que utiliza Bou en su entrada), luego doy mi opinión sobre si hay indicios de denuncia falsa y más tarde explico si un procedimiento penal contra la denunciante sería viable.

Como habría sido desmesurado explicar en cada caso por qué opino esto o aquello (y requeriría 37 entradas como esta), tendrán ustedes que conformarse con mi opinión (aunque, naturalmente, pueden leer la sentencia en cada caso). Pero sí puedo explicar, de una manera más general, qué criterios utilizo.

En todos los casos son absoluciones, por lo que es obvio que el tribunal no ha considerado que exista prueba de cargo suficiente. Como la motivación es también necesaria en la absolución, es probable que el tribunal se extienda más en aquello que le permite absolver, que en lo que le podría haber sustentado una condena. En todo caso, lo importante es si observo —desde los hechos y razonamientos— que lo razonable es pensar que la denuncia es falsa y que lo es a sabiendas (único supuesto que permitiría una condena). Si aprecio un relato confuso en el que es posible la autenticidad de la denuncia —al menos tanto como su falsedad—, excluyo la denuncia falsa como probable; es importante tener en cuenta que esto no implica que no lo sea realmente (si digo que no hay indicios, solo digo que no los hay en esos términos). Si aprecio que la denuncia es falsa, pero creo que puede explicarse por inmadurez, incapacidad, autoengaño u otro mecanismo similar que excluiría el dolo, también excluyo la denuncia falsa.

En cuanto a la viabilidad de su persecución, esto supone un paso más allá. Solo en aquellos casos en los que puede preverse como razonable que pudiera probarse en un juicio con todas las garantías admito que exista. Como verán en la tabla, en muy pocos casos creo que esto se desprenda con claridad de los hechos probados. En algunos sería imposible legalmente (por ejemplo, por falta de edad penal de la acusada).

Explicado lo anterior, aquí tienen la tabla:

Conclusión

Proced. por denuncia falsa

DF

Viable

596/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
229/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
233/12 Indicios claros de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
528/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
68/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
390/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
493/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
294/12 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
397/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
276/13 Caso dudoso / Sentencia confusa, difícil de valorar Inviable
496/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
215/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
52/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
216/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
348/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
353/14 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
333/12 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
220/14 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
363/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
47/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
587/14 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
447/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
75/13 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
72/12 Indicios claros de denuncia falsa Inviable 1
360/14 Caso muy dudoso / Denunciante de 13 años Inviable (no tiene edad penal)
  1/14 Indicios de denuncia falsa/Denunciante con 60 de CI Inviable 1
176/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
306/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
213/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
77/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
232/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
536/14 Indicios de denuncia falsa / la denunciante es menor Inviable 1
285/13 Indicios claros de denuncia falsa (pero para sustentar legítima defensa) Inviable 1
25/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
155/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
316/12 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
7/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
20 7

Como pueden observar, las 37 sentencias en las que Bou veía indicios de falsedad (como para proceder contra la denunciante), yo las reduzco a 20. De estas, solo en siete casos creo que sería viable un procedimiento penal contra la denunciante y solo en 3 de esos casos creo que lo probable es que pudiese llegar a juicio y condena.

Conforme a lo anterior, un 42% de las sentencias absolutorias me parece que contienen indicios suficientes de falsedad en la denuncia por lo que, sobre el total de sentencias, un 10% podrían ser consideradas presuntamente denuncias falsas. Considerando la viabilidad de un proceso en esos casos, en un 3% el proceso sería viable, y en un 1% la condena sería probable.

Estas son mis conclusiones con estas premisas —las que he explicado—. Como es obvio, otro jurista puede leer la misma sentencia y concluir algo completamente diferente.

Recuerden, eso sí, que:

a) También algunas sentencias condenatorias (que no han sido analizadas) pueden haberse basado en denuncias falsas: a veces los malos ganan.

b) No es igual un sobreseimiento o un archivo que una absolución. Para bien y para mal. Pudiera pensarse que un asunto que llega a juicio se presume como más probablemente cierto, pero afirmar esto sería un error. En muchas ocasiones, los delitos se cometen y las partes se conjuran para que, pasado el primer momento, no terminen en condena (y esto ocurre no solo en casos en los que la víctima no declara), bien por miedo, bien por interés. Sí, a veces las víctimas, libre y conscientemente ayudan a los autores a librarse porque les interesa a ellas (y no porque sufran trauma o tengan perfil de ningún tipo). La realidad, a menudo, es bastante puta y compleja.

Nada más. Solo espero que algún día alguien con recursos diseñe un estudio serio que nos permita acercarnos a la verdad. Y que nadie vuelva a utilizar esa ridícula cifra de denuncias con condena como si implicase algo, como si fuese algo más que una estúpida manera de creer que este año llegaremos a los diez millones de toneladas de azúcar porque así lo afirma la autoridad.