Utopía de un hombre que está cansado

 

He estado en el Valle de los Caídos dos o tres veces. El lugar es impresionante. El lugar, que no el monumento, desangelado y en descomposición. Así, con esa decrepitud contumaz, lo conocí ya la primera vez que lo vi, de niño. Aunque es cierto que la última su caducidad abundaba a simple vista y no era resultado de algún proceso parasimpático o de una resonancia sórdida. La cruz, al menos, puede presumir de cierta potencia. La basílica es fea con avaricia; una mixtura elefantiásica de nuevo ministerio y parroquia de barrio pijo madrileño. De hecho, es dudoso que se pudiese diseñar un lugar mejor para que se pudran los restos de un dictador asesino.

No le arriendo la ganancia a quienes tengan que blanquear este sepulcro de decenas de miles. Van a tener que atender a demasiadas expectativas. Lo de sacar los huesos del autócrata es lo de menos. Si no fuese por mi manía de que se cumpla el reglamento, los trocearía y vendería al peso en un puesto a la entrada del engendro, para así satisfacer la insania de los necrófilos que quieren tirarlos en una zanja o pisarlos y producir metáforas para sus microrrelatos. Llevan tanto esperando a Franco, que el anticlímax sería patético, como una manifa de tipos indigestos con caperuzas amarillas. Lo gordo es lo que viene después. No hay en los que mandan en España ni una centésima parte de la buena fe que sería precisa para hacer del valle de la muerte algo digno. Así que producirán un espantajo con olor a orines.

Mejor sería dejarlo tal cual. Poner una valla alrededor con señales de peligro. Que el tiempo haga su trabajo, un día se derrumbe y el que dé la noticia deba buscar en la wikipedia —o como decimos los abogados al hablar del INE, en el «organismo que lo sustituya»— para poder hacerlo con sentido.

«A los quince minutos de caminar, doblamos por la izquierda. En el fondo divisé una suerte de torre, coronada por una cúpula.

— Es el crematorio —dijo alguien—. Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler.

El cuidador, cuya estatura no me asombró, nos abrió la verja.

Mi huésped susurró unas palabras. Antes de entrar en el recinto se despidió con un ademán.

—La nieve seguirá —anunció la mujer.»

 

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Hombres respetables

 

En muchas de las historias que aparecen en Atlas del bien y del mal —disponible en las mejores librerías— está presente el racismo. Es lógico, ha sido uno de los motores y señas de identidad más notables de las sociedades humanas, y se encuentra en el cerebro reptiliano de la ideología nacionalista. Pero escojo una de ellas. Creo que es especialmente adecuada, ya que, no solo se ocupa directa y esencialmente de esta cuestión, sino que se refiere a sucesos que terminaron llevando a calificar a los españoles como poco más que retrasados mentales portadores de enfermedades y costumbres salvajes.

La fantástica ilustración es de Alejandra Acosta.

Santa Claus cuántico

 

Cuenta Marcus du Sautoy en Lo que no podemos saber que la primera vez que supo de la mecánica cuántica fue merced a El breviario del señor Tompkins, una obra del eminente George Gamow. El señor Tompkins intenta aprender física, pero siempre se duerme a mitad de lección.

El libro fue un regalo de Navidad. Dejo la palabra a Marcus:

En el mundo de los sueños, el mundo cuántico microscópico de los electrones es aumentado de tamaño hasta formar un mundo macroscópico, y la selva cuántica en la que se encuentra el señor Tompkins está llena de tigres y de monos que se hallan en muchos sitios a la vez. Cuando una partida de tigres de aspecto borroso ataca al señor Tompkins, el profesor que lo acompaña en sueños dispara una ráfaga de balas. Finalmente hay una que alcanza su objetivo y la partida de tigres se convierte súbitamente en un solo tigre «observado».

Recuerdo que quedé fascinado con este mundo fantástico y mucho más entusiasmado al pensar en la posibilidad de que no era tan fantástico como parecía. Estaba empezando a albergar dudas sobre la existencia de Santa Claus, dado que tenía que visitar miles de millones de casas en una misma noche, pero el libro renovó mi fe en la idea. Por supuesto, Santa Claus se estaba aprovechando de la física cuántica. Siempre que nadie lo observara, podía perfectamente estar en muchas chimeneas a la vez.

Y esta es la explicación de por qué Santa Claus y los Reyes Magos solo necesitan comprar un regalo. Un libro de física, por supuesto.

 

 

Quiero que el voto de los españoles valga lo mismo, salvo el tuyo secesionista de mierda

 

Ciudadanos vuelve a sacar a relucir la cosa esa del sistema electoral. ¿Para qué? Para hacer populismo. Yo no sé nada de estrategia electoral, así que no me voy a poner a elucubrar si todos sus vaivenes les van a servir o no. Me parece obvio que llevan un año intentando hacerse con el voto del PP y, a la vez, intentando mantener cierto voto urbano, de centro, moderado, que se le suponía. Esto les está llevando a convertirse en una especie de monstruo de Frankenstein, nada nuevo por otro lado. El PP y el PSOE lo fueron. En el PP te podías encontrar a franquistas recalcitrantes y a liberales engominaos, a contrarios a la legalización del aborto y a partidarios del matrimonio homosexual, e incluso podías encontrarte con algún tuno; en el PSOE, especularmente, la cosa era por el estilo, solo que el tuno cantaba l’estaca. Lo interesante es que los partidos dinosaurio/contenedor terminaron acogiendo a mucha gente por una cuestión termodinámica. No creo que existiese una estrategia en plan jugada maestra a largo plazo. Los nuevos partidos —Podemos y Cs, en concreto— ya contaban con los análisis y los estudios sesudos, y decidieron jugar a todas las bandas. La mejor manera de ganar es infiltrar a tus jugadores en todos los equipos. Lo de Podemos fue clarísimo desde el mismo día de su nacimiento. De hecho, todos sus dirigentes lo venían explicando, con pizarra incluida, desde años atrás, y solo han perdido fuelle por el peso de la realidad en forma de sueldos, chaletes y papadas. Lo de Ciudadanos parecía más complicado, puesto que vendían una imagen tecnocrática, europeísta y dinámica, pero se han puesto a ello con el entusiasmo del converso, en cuanto han podido.

Una característica típica de este comportamiento es la diarrea programática flexible, que permite el anuncio constante de medidas sueltas que «molan». A ver si la lluvia fina y esas cosas. Se caracteriza por no exponer lo que podríamos llamar planes completos, sino solo las partes que pueden regalar un titular. Se vio con el tema de la prisión permanente revisable y con el asunto de los aforamientos. A veces ni eso hace falta, basta solo con el envoltorio, siempre que tenga vivos colores: por ejemplo, los colores de la bandera española y la sonrisa de la cantante famosa que llora porque suspiros de España. Se está viendo de nuevo con la última chorrada que se acaban de sacar de la manga: el mínimo nacional del 3% para tener representación en un futuro Congreso de los Diputados.

Todo está mal en cómo se hace la propuesta. No se puede hablar en serio de un sistema electoral así. Mencionando uno de sus elementos y, ni siquiera, el más importante. Porque para valorarlo necesitamos el resto. Un sistema electoral solo es analizable en conjunto por comparación a otro completo. Por otra parte, ya sabemos que un sistema así incentivaría coaliciones electorales para superar los mínimos. Además, ¿cómo se puede defender a la vez que se pretende que el voto de los españoles valga lo mismo, algo a lo que solo puede tenderse como desiderátum con un sistema proporcional sin umbrales y, sin embargo, plantear umbrales de representación? Los de Ciudadanos —antes los de UPyD— llevan años dando una paliza infame con el hecho de que sus votos «se perdiesen» y ahora quieren que »se pierdan» los votos de los demás. Porque todo el mundo sabe que los partidos locales (nacionalistas o no) no están sobrerrepresentados en el Congreso. Todos sabemos que la proporcionalidad se despeña en las provincias con poca población que escogen pocos escaños. Es decir, esos lugares en los que el PP y el PSOE obtenían más votos. Lo curioso es que estos últimos meses, cuando las encuestas empezaban a considerar a Ciudadanos como partido más votado, no escuchábamos la matraca que ha vuelto ahora que hay que cambiar el pie al idilio con el PSOE —de algunos—. Pero no ha vuelto de cualquier manera —ya no es el PPSOE el que roba los votos—, ha vuelto con la intención manifiesta de joder a los partidos nacionalistas, malos de película. Vaya, por lo visto los votos de los españoles tienen que valer lo mismo, salvo que seas votante del PNV o de ERC. Es la rehostia; parecen empeñados en convencerlos más todavía de que no son españoles. Como si no fuesen las mierdecillas de los partidos mayoritarios —en esto el PSOE es campeón del mundo— las culpables de la influencia de los partidos nacionalistas durante años y no que el PNV tenga cinco diputados entre trescientos cincuenta.

Gritan por una mayor igualdad a la vez que se empeñan en introducir umbrales porque no quieren que todos los votos valgan igual. Quieren que los votos de los nacionalistas valgan menos.

Quien me haya leído sabe que mi sistema preferido es el mayoritario con distritos uninominales. Con él no hacen falta umbrales: el que gana se lo lleva todo. Y se podrían diseñar cuatrocientos distritos en España con población similar. Porque, por cierto, eso de que el Congreso no es una cámara de representación territorial es una gilipollez como un piano. Parece como si en el Congreso solo se discutieran las formas ideales platónicas, las declaraciones de guerra o la política internacional. Bueno, ni siquiera estos ejemplos locos valen, porque toda la política de un Estado tiene una relación con los ciudadanos de ese Estado. No hay una política española en abstracto; las políticas deberían buscar equilibrios porque un sistema sano está lleno de intereses materiales en conflicto y de formas diferentes de enfrentarse a los mismos problemas. Incluso declarar la guerra puede afectar más a los ciudadanos que viven en una parte de su territorio (de hecho, así era tradicionalmente). Es perfectamente racional que un diputado de Guadalajara vele por los intereses de sus votantes. Incluso que lo haga defendiendo políticas de inversión en otro lugar si sus votantes lo creen bueno para España —sí, el votante también puede tener una visión no local en ciertos asuntos—. Y es normal que un diputado de izquierdas de Cádiz pueda tener una visión diferente sobre una reforma laboral de aquel de su misma orientación ideológica de Madrid. Porque la estructura económica y social en uno y otro sitio es diferente. Véase que hablo de algo que podría considerarse «general», imaginen si se trata de decidir si hay que hacer un AVE o una autopista. Creo que esta es una posición legítima. Naturalmente con esta posición, el PNV o ERC seguirían teniendo un porrón de escaños; quizás más.

Alguien puede oponer a ese sistema que prefiero uno proporcional con circunscripción nacional porque todos somos iguales y solo veo españoles por la calle. Pero, en tal caso, ¿por qué umbrales? Desde luego no para que los votos valgan lo mismo. En realidad, los umbrales solo se justifican como una forma de garantizar la estabilidad. Es decir, para expulsar a los partidos pequeños del sistema, de forma que no molesten y no haya cámaras gallinero. No es que me parezca mal —en un sistema mayoritario lo habitual es que un porcentaje muy grande de electores se quede sin representación—, lo que me parece mal es que se haga no en términos abstractos, sino como respuesta a un problema político concreto: la existencia de fuertes corrientes secesionistas en algunas zonas de España. Es decir, que se diseñe como sistema electoral ad hoc para castigar a ciertas siglas. Sabiendo, además, que no conseguirá probablemente su objetivo —no solo por la existencia de incentivos, como en las europeas, sino porque exacerbaría el sistema autonómico como reducto de la “nacionalidad” frente a un “golpe” centralizador— , que será contraproducente a largo plazo y que solo tiene utilidad —en su caso— como reclamo electoral para el partido que lo propone. Es justo el camino contrario al que utilizaría un partido moderno, liberal y basado en soluciones racionales.

En fin, que no hay manera.

Todo imagen. Todo simplificación interesada. Por eso no es raro que haya más periodistas en Valencia que inmigrantes en el Aquarius o que vuelvan a ser titular los huesos de Franco. Porque estamos en campaña permanente. En una campaña tosca, vocinglera y sentimental.

El único consuelo es que al menos no hemos escuchado a un dirigente español decir esto:

Y eso que yo creo que el tipo lo dice en broma. En broma, pero en serio.

 

El generador de gilipolleces secesionistas

 

De aquí, leo esto:

«Los hechos que se relacionarán en el cuerpo del presente escrito constituyen, además, una forma de proceder que no ha pasado inadvertida a una parte significativa de la ciudadanía, generando un estado de opinión consolidado favorable a la constatación de una sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad que les es debida a los magistrados denunciados, llamados a instruir, y en su caso a enjuiciar, un procedimiento judicial con evidente repercusión y raigambre política.»

Léanlo y analicen la frase: unos hechos son una forma de proceder que no pasa inadvertida a unos a los que les genera un estado de opinión consolidado favorable a la constatación de una sistemática y reiterada infracción de la objetividad y la imparcialidad.

Me he empezado a descojonar y no he podido seguir leyendo. Me comprometo a volver a intentarlo en unos días.

 

Retahíla leguleya y gris

 

El magistrado Llarena ha decidido denegar la petición de libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva. En ese mismo auto ha decidido dejar sin efecto las medidas acordadas a determinadas personas inicialmente investigadas por rebelión, y hoy solo procesadas por desobediencia: son Anna Simó, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet.

Y en ese mismo auto ha dejado claro que no es él quien tiene que decidir en qué centro penitenciario han de estar los procesados en prisión preventiva. Y tiene razón. Lo extraordinario es que el ministro del Interior, juez de profesión, había dicho hoy mismo justo lo contrario (minutos 12′ en adelante). Y ha sido magistrado de la Audiencia Nacional. Ojo, no hablo de que la administración tenga en cuenta el criterio del juez y cuestiones prácticas: lo que dice el ministro es que es el juez el que tiene la competencia.

Por último, también hoy, Llarena ha inadmitido a limine la recusación trucha. La resolución es irreprochable.

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Se veía venir. A esta mujer la han usado y la han tirado. Ella es responsable, por supuesto. Es adulta. Pero es terrible cómo va a pagar por ser la bandera de un montón de indocumentados irresponsables.

Lo del letrado, un esperpento.

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Esto es maravilloso.

El periódico que ha recuperado el norte ético para tantos en manos de una directora intachable, titulando en forma de trabalenguas.

Titulando para no titular como habría titulado cualquiera: «el ministro de Agricultura está imputado».

Titulando con el que tendría que haber sido el titular de la segunda noticia: las explicaciones del ministro.

La elipsis es la prueba del nueve. El País sigue igual. Por supuesto. Solo ha cambiado lo accesorio, aunque lo accesorio guste a tantos a los que no les importa la verdad y solo suspiren porque la propaganda vaya en la dirección adecuada.

 

Así somos los creadores, libres e ingenuos

 

Este artículo es indecente.

Quien lo afirma fue ministra de un Gobierno que gobernó hasta finales de 2011. Las normas que se han aplicado a los que han utilizado este tipo de sociedades (gente de la cultura o de la incultura) estaban ya aprobadas. De hecho se aprobaron durante los gobiernos de Zapatero.

Esos mismos gobiernos podrían haber aprobado reglas especiales para los que tienen problemas de «estabilidad» en sus ingresos más allá de las que existen sobre rendimientos irregulares, pero no se hizo porque ese es un problema muy jodido y afecta mucho a otra «estabilidad», la de las cuentas públicas. La cuestión es que la señora González-Sinde sufre por la inestabilidad de los ingresos de actores, artistas y escritores, pero parece no tener ni puta idea de los problemas de estabilidad en los ingresos de otros millones de autonómos. Yo también, como muchos abogados, puedo tener un año cojonudo y otro de mierda; de hecho, mejor no preguntemos qué ha sucedido en nuestro sector durante la crisis. Y no le quiero decir de otro tipo de profesionales: que pregunte a los arquitectos o a los periodistas.

Si hubiera planteado la cuestión en términos más generales y objetivos, a lo mejor merecería que la escuchásemos, pero es que escribe esto:

(…) le ha ocurrido a cientos, miles de personas en estos últimos años, especialmente gente de la cultura.

¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que ha sido especialmente a ellos?

(…) y no había ministro de Cultura para defenderlos.

¿Que da a entender, que cuando ella era ministra de cultura dio órdenes para que los inspectores dejasen en paz a sus amiguitos y se centrasen en los demás?

La gente callaba por miedo, sí, sencillamente por temor a que las garras de Hacienda se hincaran todavía más en su carne. Yo misma tengo miedo mientras escribo estas líneas. ¿Y si por hablar mañana me toca a mí?

Estas líneas son asombrosas: parecen provenir de un ancap con cuenta en bitcoins. «Las garras de Hacienda» como imagen literaria no es muy buena, lo del miedo es simplemente repugnante. ¿Miedo de qué? ¿Qué anda haciendo usted si puede saberse?

Constituir una sociedad con la que facturar por los trabajos fue la alternativa de muchos para tener un tratamiento fiscal más favorable y poder ahorrar en los tiempos de vacas gordas, para vivir en los de vacas flacas. Eso no es defraudar ni engañar. Es tributar en un régimen o en otro, pero tributar.

Por lo visto, solo los socios del Club de la Cultura tienen derecho a decidir qué es defraudar o engañar, qué es cumplir la ley, porque se trata de ahorrar. De ahorrar para hacer el futuro, no como esos capitalistas de mierda que solo quieren amasar dinero para comer niños del tercer mundo entre risotadas. Es tributar, dice. Como si Urdangarín o Messi no hubieran tributado.

Ya sé que hoy los matices no importan, que lo que cuentan son los titulares,

Habla de matices la que suelta este grumo apestoso y clasista, a ver si cuela.

Es terriblemente duro, es tristísimo comprobar una vez más que en España pertenecer al sector cultural se paga muy caro.

Sí, claro. A los del sector de la minería les va de puta madre.

Deprime también pensar que ha triunfado lo que el Partido Popular se propuso desde el “No a la guerra”: propagar la idea entre la ciudadanía de que los artistas somos unos delincuentes que vivimos del cuento.

¡QUE FUISTE MINISTRA! ¡TÁPATE UN POCO!

La persecución fiscal, junto con acciones como penalizarles por cobrar sus pensiones de jubilación, ha desactivado a la gente de la cultura evitando que se organizasen y alzasen la voz contra el Gobierno como habían hecho en el pasado.

Léase: se ha jodido el lobby porque teníamos el armario lleno de cadáveres.

Debilitados moral y económicamente, afectados por la precariedad laboral de la crisis y el posterior estrangulamiento por parte de Hacienda del Ministerio de Cultura que administra sus intereses, ha sido la mejor receta para doblegarlos.

Doblegarlos es que ya no gritan una vez al año en una puta gala. Los de la Comuna de París, al lado de estos revolucionarios eran unos capaos.

Montoro ha vuelto a ganar la batalla contra la cultura sin necesidad de ocupar su despacho del Ministerio. Pero no somos delincuentes, somos trabajadores como cualquiera.

Como ya sabíamos, el PP tiene la culpa incluso cuando no gobierna.

Vaya montón de estiércol.

Otra mala noticia

 

El ministro Huerta ha dimitido.

Lo ha hecho mal, por dos razones.

La primera, porque no ha debido dimitir. No porque no haya cometido ilegalidades como ha mal dicho —que las ha cometido, ya que ilegal es lo que dicen los jueces que lo es (una vez decidió discutir la decisión de los funcionarios de Hacienda)—, sino porque se trata de una ilegalidad concreta que no lo incapacitaba ni legal ni éticamente para ser ministro. Y es muy mala noticia que dé la razón a los que piensan otra cosa. Le ha faltado el valor —o quizás el convencimiento personal— de decir que ser ministro no le obliga a ser buena o mala persona, o a haber sido en el pasado buen o mal ciudadano, a convertirse en un dibujo grotesco.

La segunda, porque ha culpado a la jauría que está contra el PSOE, y se ha puesto a hablar de retroactividades y cazas de brujas contra los que opinaban mal de los otros, de los de enfrente, de los de la derecha, vamos. Y eso es una trola: no existió ninguna retroactividad; no puede ser caza de brujas empezar a aplicar la ley correctamente y acabar con la tolerancia anterior; y la jauría se basa en los estándares a los que han contribuido muchos —más que nadie los de los nuevos partidos, con el ventajismo que da la juventud y que no hayan pisado moquetas hasta hace nada—, entre ellos el tipo que lo nombró. Sí, si quiere ver quién dio abono a la jauría, puede mirar a Sánchez que hace dos días decía que echaría a alguien como Huerta, como si fuese un apestado. Hay que tener cuidado y no caer en el discurso ventajista, aunque, en fin, supongo que es también consecuencia de la situación en la que se ve, injusta y asquerosa, y del trago que está pasando.

Hay demasiada complacencia y cachondeo con estas cosas. Con ver a tanta gente humillada en estos tiempos de puritanismo enloquecido. No sé qué tipo de ministro habría sido; me habría gustado poder verlo.

No le saludo, porque ha hecho mal. Tendría que haber aguantado. Pero sí lo miro con simpatía. Como a todo el que sufre una injusticia. Hoy, aunque no lo sepa, se ha hecho más viejo y más sabio.

 

Que dimita ese impresentable defraudador del PP

La noticia de El Confidencial sobre el actual ministro de Cultura y Deportes se va a convertir en un escándalo. Con seguridad se hará referencia a, por ejemplo, Urdangarín, condenado por dos delitos fiscales, o a algunos jugadores de fútbol; se dirá que la única diferencia se encuentra en el hecho de que Huerta no haya llegado a los límites cuantitativos que permiten aplicar los tipos del delito fiscal.

La realidad es que las sentencias no permiten afirmar eso: son sentencias dictadas en el ámbito contencioso-administrativo (judicial) contra resoluciones administrativas (lo son las que dictan los llamados tribunales económico-administrativos) que confirmaban liquidaciones y sanciones de Hacienda.

Además, las sanciones se imponen por infracciones leves. Es decir, por una conducta negligente. Para que fuese doloso sería precisa ocultación o utilización de medios fraudulentos. Y no hay delito fiscal sin dolo, aunque la cuota impagada sea superior a la que permite acusar por delito fiscal.

Huerta hizo lo que miles hicieron en esos años: constituir sociedades para pagar menos impuestos, siguiendo las recomendaciones de algún asesor. Existía tolerancia en aquellos años, hasta que desapareció. Digo tolerancia porque, y esta es la cara B, todo el mundo tenía claro que la interpretación correcta de la ley, también entonces, implicaba que estas soluciones fuesen, en la mayoría de los casos, una forma de eludir impuestos. Porque esas sociedades no aportaban nada diferente de lo que aportaba la persona física y, además del ahorro por el tipo más bajo del Impuesto de Sociedades, se deducían gastos (por ejemplo, IBI, gastos de comunidad, gastos de adquisición de inmuebles, etc.).

La sociedad de Huerta cobraba mucho más de lo que luego pagaba a Huerta, cuando Huerta era la única razón por la que la sociedad cobraba ese dinero. Y se dedujo gastos que no podía deducirse.

Yo creo no tendría por qué dimitir en un país normal. Pero tengo la seguridad de que si Huerta hubiera sido del PP ya estaría crucificado.

Por cierto, este no es el caso de Monedero. Hemos visto a Huerta trabajar. Y hemos comprendido por qué le pagaban lo que le pagaban.

 

 

 

 

 

 

Vuelve la primavera, vuelven los manifiestos

 

Ya sabemos que el error esencial con los partidos secesionistas y nacionalistas ha sido obviar su naturaleza y pensar que, cediendo, ellos iban a renunciar a ser lo que son. Que se podía pagar un precio para que parasen, cuando resultaba que el precio era precisamente el aviso de que podían pedir más. Esta manera insólita de pensar y actuar, tras varias décadas, es la que nos ha llevado desde el apoyo masivo a la Constitución en el referéndum de 1978 en Cataluña a la situación actual, con golpe de Estado incluido.

Por más que se pretenda, no existe un punto intermedio —en el que se resuelven los problemas— entre la legalidad constitucional y el golpe de Estado. Plantear la cuestión en estos términos es legitimar la vía de hecho y la ilegalidad. Tal cual. Como es obvio, cualquiera puede plantear una reforma constitucional. Incluso una reforma que introduzca una cláusula que permita la secesión de parte del territorio; pero lo que es inadmisible es que se insista, una y otra vez, en que solo reformando la Constitución en un determinado sentido y solo atendiendo a las expectativas de determinados sectores, se llegará a una solución. Y no exclusivamente porque personalmente crea que es hecho probado que no se pararán ahí, sino que, pasado un tiempo, volverán a pedir más, sino porque es la manera de deslegitimar al que sostenga lo contrario: al que crea, por ejemplo, que hay que centralizar más España, y esté dispuesto a perder, a asumir que no tiene los números para lograrlo. Porque el problema esencial no es qué postura mantenga uno, sino si está dispuesto a saltarse la ley o no para ganar o, al menos, para intentar el chantaje.

Naturalmente, para esto, también hay que construir un relato falso. Veamos el manifiesto

 

RENOVAR EL PACTO CONSTITUCIONAL

Hasta hoy el independentismo ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta.

Primera línea y primera falsedad: la primera respuesta contra el secesionismo catalán ha sido la mitad de los catalanes, que se oponen a él.

Pero los errores de los dirigentes catalanes no pueden seguir sirviendo de excusa al inmovilismo.

El inmovilismo es no saltarse la ley, por lo visto.

Más pronto que tarde será necesario empezar a hacer autocrítica.

Siempre hay que hacer autocrítica. Como este manifiesto se parece un huevo a otros anteriores (y a ciertos editoriales) y sus argumentos sirvieron a la construcción falsa de un incumplimiento que justificase el victimismo que dio gasolina a los secesionistas, podían los firmantes hacer autocrítica sobre la inexistente referencia a la ausencia de lealtad constitucional y a la necesidad de cumplir la ley.

Con ocasión del referéndum escocés, desde Inglaterra se emitieron estos mensajes: “We love you Scotland”, “We’re better together in UK”. No son palabras de amor ni de reconocimiento lo que se han escuchado entre nosotros. En lugar de tender puentes, hemos ido ahondando en el desencuentro.

Esto es pura pornografía sentimental. En todo caso, volvemos al principio: los firmantes del manifiesto acusan a la mitad de los catalanes de no querer a Cataluña. Es obsceno.

Las reivindicaciones nacionales catalanas, vascas,gallegas o de otros territorios con demandas de carácter identitario (Comunitat Valenciana, Illes Balears…) no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática …

Esto es descacharrante. ¿Cómo no van a ser eso que llama reivindicaciones nacionales una amenaza a la unidad de España si su fin natural es el reconocimiento de soberanías parciales y, por tanto, la posibilidad de la secesión? En cuanto a si son o no una amenaza a la democracia, depende, claro, de si respetan o no la ley. De momento, el secesionismo catalán ha dado un golpe de Estado, y ciertos secesionistas vascos se dedicaron durante décadas a asesinar gente.

… que, como tales, han de ser atendidas por todos y entre todos, procurando acomodos que no violenten la convivencia en común.

Aquí está el meollo del asunto: eso de que una reivindicación, si es legítima, ha de ser atendida. Pues no. Lo que hace legítima una reivindicación es que sea democrática, legal y pacífica. Pero luego se atiende o no. A esto se le llama democracia. Yo puedo empeñarme en que los comercios cierren los domingos o en que se establezca una renta universal. Y eso sería legítimo como reivindicación. Pero no por eso tienes derecho a que se atienda tu reivindicación. Y el problema es que hay muchos millones de españoles que no están conformes con que esas aspiraciones legítimas de sus compatriotas vayan más lejos de lo que fueron cuando se aprobó la Constitución y se votó en referéndum. Y también aspiran legítimamente a que no se atiendan las aspiraciones de otros. Menos aún a que se impongan gracias al chantaje.

Si ha sido posible modificar la Constitución para reconocer el derecho de sufragio pasivo de quienes ostentan la ciudadanía europea o para establecer una nueva regla del déficit, con mayor razón deberíamos poder reformar la Constitución de 1978 en un sentido federal, …

O en el contrario. Si el argumento es que se ha hecho, no sé por qué no se va a poder defender que se haga para que el Estado central recupere competencias. Naturalmente, el problema es que el argumento es una gilipollez.

… para, profundizando en su espíritu de integración, acomodar mejor esas reivindicaciones de naturaleza identitaria que, bien entendidas y gestionadas, han de conducir a una España más cohesionada, más estable.

Los que han dejado de profundizar en el espíritu de integración constitucional, son los que han sido desleales con el sistema constitucional. Lo demás es puro blablabla.

Nada hay de antidemocrático en todo ello.

Ni en lo contrario.

Los procedimientos de reforma (art. 167 CE) y de revisión (art. 168 CE) no figuran en la Constitución para que ésta pueda ser reformada, sino para que sea reformada.

Falso. Que algo pueda reformarse no implica que deba ser reformado.

El origen más inmediato del actual conflicto con Cataluña tiene uno de sus referentes en la sentencia constitucional 31/2010. Esta sentencia desconoció un pacto que se sitúa en el corazón de la Constitución de 1978, a saber: las comunidades históricas aceptan que carecen de poder constituyente (nunca tendrían una constitución propia como en los estados federales) y, a cambio, los Estatutos de Autonomía aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes Generales no podrían aplicarse si no eran previamente refrendados por el pueblo de la comunidad autónoma destinataria de cada uno de ellos. Era un acuerdo de equilibrio, un pacto entre personas que, teniendo sentimientos identitarios distintos, buscaban una fórmula de compromiso para seguir viviendo juntos y ganarse un futuro en democracia.

El recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP, al recurrir un estatuto aprobado por la mayoría absoluta del parlamento que representa al pueblo español y votado favorablemente por la ciudadanía de Cataluña, dinamitó ese acuerdo esencial. El TC desconoció ese pacto y como consecuencia de ello entró en el fondo del recurso mediante una sentencia interpretativa de amplio alcance que no contentó a nadie y, como consecuencia de todo ello, la ciudadanía catalana se sintió con razón engañada, pues el Estatuto que “España” le había dado y que ella había aceptado, resultaba ser mucho más reducido de lo que se había dialogado y acordado, sin dar opción a que el legislador catalán pudiese interpretar su Estatuto en el sentido constitucionalmente más adecuado. El TC impuso una visión unilateral del pacto constitucional, que dejó a Cataluña sin un texto aprobado por las Cortes Generales y por su propio cuerpo electoral.

La lista de falsedades interesadas de estos párrafos es impresionante. Para empezar, no hay un conflicto con Cataluña. Hay un conflicto de los secesionistas con los catalanes que no lo son y con la mayoría del resto de los españoles. Y hay una voluntad rebelde y criminal de incumplir la ley. En segundo lugar, ese supuesto pacto con las comunidades históricas es un dislate, una invención. Las «comunidades históricas» no discutieron con España un acuerdo (por cierto, esto diferencia el caso escocés del catalán). Cuando se discutió la Constitución, había muchos diputados catalanes en el Congreso que formaban parte de UCD y del PSOE. De hecho, UCD ganó en Tarragona y el PSOE en Barcelona. El PDC solo ganó en Gerona y Lérida. Y los españoles que votaron en Cataluña de forma absolutamente mayoritaria por la Constitución lo hicieron por toda ella, por todos sus artículos, no solo por una parte. También por la parte que creaba un Tribunal Constitucional o la que afirmaba que España es indivisible. Y los españoles que votaron en Madrid o en Albacete también votaron una Constitución que introducía un sistema autonómico. No hubo ningún pacto entre comunidades, históricas o no. Esta es la vieja trola decimonónica. Hubo un montón de ciudadanos españoles diciendo que sí a un sistema en su conjunto que partía de que la soberanía nacional le corresponde a todos los españoles.

Por esta razón, las referencias a que un Estatuto pudiera estar al margen de la Constitución (para eso está el Tribunal Constitucional) es inadmisible. ¿Cómo se iba a dinamitar nada por el hecho de que una institución constitucional hiciera su trabajo? Todo esto es una pura invención para justificar a los que sí han intentado dinamitar nuestro sistema, legitimando un incumplimiento más falso que la donación de Constantino. Por cierto, la «ciudadanía catalana» no se sintió engañada. De nuevo se empeñan en convertir a los secesionistas (que por cierto pasaron como de las heces de votar el amado Estatuto, hoy convertido en texto fundacional) en los catalanes.

Ah, lo del legislador catalán como intérprete de la Constitución es simple delirio.

A partir de aquel día el Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte. La ulterior jurisprudencia constitucional solo ha venido a reafirmar aquella desafortunada decisión y sus efectos más involucionistas. La pésima gestión de la crisis catalana y de la crisis económica han conducido a una imparable e intensa recentralización. El Estado de las Autonomías se ha convertido en una apariencia, en envoltorio vacío de contenidos inciertos. Salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, las CCAA carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias: el estado se ha apoderado de las competencias compartidas, los títulos horizontales se han multiplicado exponencialmente, las bases ya no son un mínimo común denominador, sino regulaciones uniformes que se imponen en todo el territorio… Todo camina hacia atrás, como si el diseño territorial de 1978 hubiese sido un error que debe ser corregido devolviendo poderes al centro.

Más trolas, hijas de la trola original. Tienen que inventarse un proceso que solo existe en su imaginación (el problema fundamental de las políticas públicas estos últimos años fue producto de que nos habíamos gastado la pasta que no teníamos) y que supuestamente se originaba en una sentencia que tocó muy pocos artículos (la mayoría relativos, por cierto, al poder judicial). Como si existiese una conspiración anticatalana. Todo para vender la moto de que los males de la gente no son producto de la gestión, sino de Madrid. El viejo truco que atribuye los problemas a los otros y que está tan presente en todas las versiones del supremacismo catalán. Por cierto, esta trola también sirve para ocultar a los que en esas mismas comunidades protestaban por políticas que les parecían injustas (como la inmersión, por ejemplo).

Frente a esa tendencia que desconoce que una España en libertad es una España en la que deben convivir los diferentes, somos muchos los que creemos que es posible renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos.

Más porquería. En España ya podían convivir los diferentes. De hecho, ¡no solo conviven los diferentes, sino que obtienen gobiernos! En cuanto a lo de los vencedores y los vencidos, dos cosas. Lo primero, que ese lenguaje bélico es otra forma de vender la burra de Cataluña frente a España. Como si el problema no fuera entre los catalanes que quieren dar una conferencia sobre Cervantes y los que la revientan a hostias. Lo segundo, que si se trata de una metáfora inocua, no sé por qué no va a haber vencedores y vencidos. De hecho, que le pregunten a los votantes del PP qué piensan del Gobierno del PSOE. Y viceversa. Lo que olvidan los firmantes del manifiesto, es que lo que es inadmisible es vencer fuera de la ley. Cuando alguien quiere «vencer» saltándose la ley sí tiene que haber vencidos. Lo extraordinario es tener que recordar esto.

Somos muchas personas los que apostamos por una salida civilizada del contencioso en el que se encuentra España, …

Nada más civilizado que respetar la ley democrática.

… en la que se reconozca su diversidad identitaria. Somos muchos los que creemos que es posible, como en otras muchas democracias de nuestros días, avanzar hacia una “unión” en la que estén todos, mediante un proyecto político federal, en el que el respeto a la diferencia sea una fortaleza que a todos nos iguale.

Y también somos muchos los que creemos que tan democrático como eso que plantean es no avanzar hacia eso que llaman proyecto federal (como si, por cierto, España no fuera ya en realidad un Estado federal) y que, en realidad, es lo de siempre: un intento inútil de cuadrar el círculo, entregando más a los que solo estarán contentos cuando España desaparezca, para ver si así renuncian a su naturaleza. Y encima dando a entender que los que pensamos así no respetamos «la diferencia». Como si la única manera de respetar a los que piensan diferente es concederles todo lo que pidan.

En su sentencia de 1998 sobre el conflicto del Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá emitió una sentencia modélica por la forma en que reconcilió constitucionalismo y democracia, satisfaciendo a todas las partes. El principio democrático queda definido de esta manera en el punto 64 de la sentencia: La democracia no se agota en la forma en la que se ejerce el gobierno. Al contrario, la democracia mantiene una conexión fundamental con objetivos sustantivos, el más importante de los cuales es el autogobierno. La democracia da cobijo a las identidades culturales y grupales. Dicho de otra manera, el pueblo soberano ejerce su derecho al auto-gobierno a través de la democracia.

Es curioso cómo todos los que citan la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá se olvidan de las adversativas. Poco después de esa misma cita, el tribunal dice:

«Sin embargo, la democracia en el verdadero sentido de su término no puede existir sin el principio de primacía del derecho. Es la ley la que crea el entorno en el que la “voluntad soberana” se determina y se activa. Para ser legítimas, las instituciones democráticas deben fundamentarse, en definitiva, en fundamentos jurídicos. Esto significa que deben permitir la participación del pueblo y la responsabilidad ante el pueblo a través de las instituciones públicas creadas en virtud de la Constitución.»

Este párrafo es una refutación de todo lo que sobre el Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional dice el manifiesto.

De hecho, esa sentencia, tan admirable en muchos sentidos, solo recuerda que las instituciones deben permitir que se expresen las aspiraciones de los ciudadanos, sin que se ahoguen por la tiranía mayoritaria, pero siempre dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Pero el error es confundir la expresión de las aspiraciones con la imposición de un determinado modelo contra la mayoría. La tiranía mayoritaria no es legítima, pero menos aún lo es la minoritaria.

Sobre la base de ese principio la CE podría ofrecer una propuesta constitucional inclusiva que asegurase la concordia y ofreciese estabilidad y seguridad para una generación. Azotados por las noticias que a diario se suceden, vivimos ahora en un tiempo en que no se ve la luz. La confrontación, el desencuentro, la herida, se amplían ante nuestros ojos. Sin embargo, antes o después, esa sucesión de infortunios tiene que dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos

Este párrafo es extraordinario. La CE ya contiene un marco que permite la concordia, la estabilidad y la seguridad. Y que permite el autogobierno en términos muy profundos. La cuestión es que hay quiénes quieren destrozarla para imponerse sobre sus vecinos de edificio. Por eso es tan repugnante este final que habla de «infortunios», como si estuviésemos en presencia de una inundación o un terremoto, y no ante comportamientos irresponsables y criminales.

De nuevo, como en tantas otras ocasiones, presenciamos el lenguaje equidistante que se sitúa en punto intermedio entre los golpistas y los que queremos cumplir con la ley.

Pretender una reforma constitucional —¿por cierto, en vez de manifiestos, por qué no escriben un texto que podamos analizar?— es legítimo. Pero está feo fundamentarla en tanta mentira.