Ideas

 

Durante años los partidos políticos idiotizaron sus mensajes progresivamente. Llovía sobre mojado, pero daba igual. El acuerdo tácito entre los españoles y los gobernantes sobre la corrupción, la mentira y sus eufemismos (roba y engáñame, me da igual siempre que lo mío vaya mejor) se quebró con la crisis. Y lo que los partidos hacían antes por estrategia se convirtió en una huida hacia delante cuando la prosperidad se fue al garete. Ya no se trataba de ganar elecciones, sino de salvar el cuello; los mandamases, en pleno estado de pánico, ya no podían rectificar y tratar a los votantes como adultos. ¿Quién iba a creerlos? A ellos, que llevaban años tratándonos como a niños.

Naturalmente, la crisis abrió la puerta a nuevos populistas. El papel lo resiste todo, incluidas las longanizas imaginarias. Y, en todo caso, qué mejor camino que prometer venganza. Si te dicen que tienes derecho a vengarte, la primera consecuencia es que tu culpa se diluye. El culpable es otro y, como estás muy jodido, lo que antes comprabas con cierto cinismo, ahora lo comprarías cargado de razón. Los embusteros e irresponsables de siempre intentaron ponerse a la cabeza de la manifestación, incluso a empujones. Les costó, pero se hicieron hueco. Total, estamos hablando de expertos acreditados en el arte del embuste. En cuanto al precio, ¿a quién cojones le importa el precio? ¿A los que llevaban décadas comprando mentiras?

Este proceso de degradación, pese a todo, dejaba hueco a nuevos actores. Había (y hay) un número X de personas que estaban deseando que empezasen a tratarlas como a adultos. Gente capaz de entender la necesidad de medidas realistas, de admitir grises y matices, de comprender los límites y las inercias, de comprar la necesidad de paciencia para el éxito de políticas pensadas a largo plazo y de valorar las transacciones, los logros adquiridos y las instituciones. Este hueco se abría a derecha e izquierda. No hablo de modelos concretos, sino de una cierta actitud.

De hecho, ese hueco ya existía antes de la crisis. La crisis solo lo hizo más amplio y urgente. En 2006, en su congreso fundacional, Ciudadanos aprobó un ideario. Ese ideario, pese a sus defectos, es el documento más señero nacido en ese partido. Puesto que participé en su redacción y discusión, los editores de una revista digital, hoy desaparecida, me pidieron un artículo. Voy a recuperar una parte de lo que escribí:

«[El ideario] Afirma, antes que nada, que Ciudadanos quiere recuperar y actualizar los principios y valores del liberalismo progresista y el socialismo democrático. Es decir, recuperar la defensa de las libertades públicas, actualizadas en el hincapié en la defensa más intensa de la libertad de expresión y opinión; recuperar la idea de igualdad, actualizada al definirla como igualdad de oportunidades; recuperar la idea de fraternidad o solidaridad, actualizada como solidaridad entre ciudadanos y también entre estados.

Alguien puede preguntarse si la defensa de la libertad de expresión y opinión, como hito remarcado, supone realmente la actualización de la idea de libertad. Indudablemente, tal y como se expone, lo es. Hasta el punto de merecer un artículo en exclusiva, el artículo más brillante de todo nuestro ideario, el único que copiaré íntegro, que dice: “Cs defiende la libertad de pensamiento, es decir, el derecho a criticar ideas (incluso sistemas de ideas) suscritas por otros. Esto incluye la libertad de poner en cuestión las religiones, así como cualquier sistema de creencias, tanto religiosas como políticas, incluido el nacionalismo. Cs rechaza el miedo a la modernidad, el miedo a la libertad y el irracionalismo, y se reafirma en las ideas que inspiraron los grandes llamamientos colectivos de las revoluciones democráticas del siglo XVIII: libertad, igualdad y solidaridad, derechos humanos y búsqueda de la felicidad. De ahí que defienda el libre cuestionamiento, el diálogo abierto y la duda creativa, el juicio ponderado y la conciencia de los límites impuestos por la realidad”.

En esas pocas palabras hay un programa brutal y disolvente, como escribí en cierta ocasión al hablar de la Declaración de Independencia. Es un programa racionalmente consecuente con esas ideas en las que creían algunos varones blancos, que nunca pensaron en mujeres negras. Ésa es la fuerza de una gran idea. Se escapa al control del autor, invadiéndolo todo, permeando nuestra visión de las cosas. Los revolucionarios franceses y americanos creían en la libertad, pero hasta cierto punto. Unos adoraban la razón y la fraternidad y otros el sentido común y la felicidad, pero entre sus iguales no incluían a las mujeres o a los salvajes. Ni incluían tampoco su propia revolución. Por esa razón, de la miseria pudo surgir el socialismo científico, tan cercano en sus orígenes a esas revoluciones democráticas y tan desnaturalizado en su conclusión. Se había perdido de vista la felicidad del ciudadano y la libertad de opinión, en un error trágico. Volver, actualizándolas, a esas ideas, nos permite recordar el espíritu que las inspiraba: hombres que usaban su razón no acertaban a comprender por qué tenían que existir privilegios —contrarios al sentido común que afirma la igualdad de los hombres— que podían arruinar su felicidad y la de los suyos, castrándoles en lo más sagrado, su capacidad de analizar el mundo y obrar en consecuencia, libremente.

Los terribles y llenos de esperanza últimos doscientos años nos exigen esas afirmaciones: la libertad es sobre todo libertad para pensar. Para pensar distinto del otro, incluso para representarse un mundo completamente distinto del otro, aunque ese otro mundo sea un mundo de creencias. Y esa libertad, para ser una libertad también de los otros, tiene dos basas imprescindibles: la conciencia de los límites de la realidad y la afirmación positiva de la razón como vehículo del pensamiento político. Por desgracia se trata de una afirmación revolucionaria hoy. Esas ideas, locales en su origen, que maduran en un momento histórico, en una cultura relativamente homogénea, chocarán con la riqueza y complejidad del mundo. El éxito de Occidente las trasladará a todas partes, produciendo, a la vez, la contradictoria consecuencia de que la única sociedad que se plantea un modelo de conocimiento universal termine sosteniendo la igualdad de los valores de su cultura con los de otras que nunca asumieron con profundidad el pensamiento crítico. De la falsa superioridad intelectual de los estudiosos occidentales que renuncian al sentido común que inspiró y permitió sus métodos científicos se derivará, paradójicamente, el relativismo cultural. Por eso es revolucionario recordar, actualizándolo, el principio de libertad de pensamiento. Se puede pensar cualquier idea o conjunto de ideas. Por esa razón no se puede imponer un conjunto de ideas que niegue esa libertad, aunque ese conjunto de ideas se remonte a los albores de la humanidad. La acechanza del miedo a la libertad, unida a la muelle conservación de los privilegios, ha eclosionado en nuestras sociedades, manifestándose en una apatía en la defensa de nuestra libertad básica. Se oculta esa apatía bajo etiquetas vergonzantes como tolerancia o alianza de civilizaciones. Nosotros denunciamos esa apatía.

Las consecuencias de esa denuncia son, además, profundas. Creemos que la política activa de un partido no puede fundarse en los sentimientos o en las creencias, sino en lo objetivo y mensurable. Sólo así es posible el control ciudadano. Por esa razón, y porque la política activa no debe servir para la creación, mantenimiento o impulso de visiones sentimentales o mundos fantásticos como los que informan los nacionalismos o fundamentalismos religiosos.

Creemos que los derechos humanos solo tienen un titular: el ser humano, sin matices ni limitaciones de ningún tipo. No creemos en la prevalencia de la cultura o de imaginados derechos colectivos sobre el destino de los hombres. Por eso denunciamos la ambigüedad y el relativismo morales. Es insoslayable declarar que no hay razón o principio, por tradicional, añejo o querido que sea, que justifique el sufrimiento de las víctimas. Las víctimas no son números, son seres humanos individuales, dotados de razón y de derechos. Es la hora de afirmar, cueste lo que cueste, la primacía del ciudadano sobre la tribu.

Esa primacía se refleja en la ley.  Afirmamos el valor de la ley frente a la “voluntad” de la turbamulta. Una consecuencia de la llamada a la razón es reconocer la base biológica de nuestra conducta, nuestros miedos, nuestras reacciones incontroladas, el amor por la tribu, el miedo al diferente. Por esa razón se crean instituciones formales. Por esa razón se aprueban normas de contenido universal. Para protegernos de nuestros instintos, sobre todo cuando nuestro instinto se transmuta en instinto de la tribu. Expresamente, por esa razón, se afirma la primacía de la ley vigente frente a la violencia terrorista.

El corolario local de todo lo anterior es admitir que las instituciones que existen en nuestro país tienen un origen histórico, que no puede negarse para construir otro mítico, sobre todo cuando, con ello, sólo se termina despilfarrando las energías de todos, que deben dirigirse a aumentar las posibilidades de desarrollo de cada ciudadano. ¿Qué sentido tiene desmontar nuestra nación para la consecución de paraísos imaginados, cuando lo racional es preocuparse del bienestar de los individuos que la forman?

Son ideas para todos. Pero para llevarlas a la práctica es preciso asegurar además, materialmente, ciertas necesidades. Ahí se defiende de nuevo la aplicación de un programa racional. Frente a sistemas de ideas que parten de conjuntos de soluciones “a priori”, defendemos la necesidad de ajustar la respuesta de las instituciones a las soluciones más adecuadas, aunque se “salgan” del manual ideológico. Lo único indiscutible es la obligación de mantener ese sistema, sobre todo en sus aspectos más sensibles: educación, salud y subsistencia.»

Si Ciudadanos hubiera recordado su ideario, qué fácil habría sido distinguirlo de los partidos tradicionales y de los nuevos partidos populistas. Para ello tendría que haber sido fiel a estos principios flexibles. Si no totalmente fiel, sí lo bastante como para resultar reconocible.

El líder de un partido así podría haber sobresalido en el circo de ayer. De hecho, después de llevar años combatiendo la mentira, la corrupción y la debilidad de principios de los partidos de siempre, y de haber denunciado el programa vengativo y sectario de los nuevos trileros populistas de izquierdas, podría haber hecho exactamente lo mismo con el líder de un partido de ultraderecha, nacionalista y xenófobo, que ayer se hartó de mentir y acariciar los peores instintos de tantos españoles. Por cierto, algunos de esos españoles se llevaban las manos a la cabeza cuando los populistas de izquierdas vendían mierdas similares que solo se distinguen por el color del envoltorio. Qué cosas, ¿verdad?

No tuvimos esa suerte. Se perdió la ventana de oportunidad y volvemos a estar como siempre. Tenemos que escoger entre embusteros sin demasiados principios que solo se preocupan por decirnos lo que creen que queremos oír, o gente igual de mentirosa, pero que además está empeñada en reventar el sistema. Y me da igual si son cínicos irresponsables que creen que pueden parar y dar media vuelta, o iluminados que se creen de verdad sus delirios.

Los asesores y los que están todo el día analizando entrañas no estarán de acuerdo, por supuesto. Cómo se van a equivocar ellos. Total, el ideario es eso que se escribe para que nadie vuelva a leerlo nunca.

 

Hipócritas

 

Llevo tantos años escribiendo sobre la banalización de la violencia y del incumplimiento de la ley que, al releer antiguas entradas de mi blog, encuentro esparcidas las mismas ideas, año tras año.

Podría, hoy mismo, copiarlas, cambiando solo algún nombre propio. Vean esta, sobre María Antonia Trujillo, antaño diputada y ministra. Díganme si no podríamos aplicarlo a lo sucedido en Barcelona hoy mismo.

Sí, hoy. Lo maravilloso es que, también hoy, los que llevan décadas callando —en el mejor de los casos— o aplaudiendo toda esta basura cuando la esparcían «sus chicos» están empezando a poner el grito en el cielo porque vienen los fascistas.

Por lo visto querían que la fiesta fuera solo para ellos. Se olvidaban de que redactaron las invitaciones y las dirigieron a «gente que está hasta el gorro».

Enhorabuena, cabrones. Ya llaman a la puerta.

 

El caso Tarajal y la doctrina Botín

 

He leído en varios periódicos que la magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta ha acordado admitir un recurso de reforma del Ministerio Fiscal contra una resolución previa y ha procedido a sobreseer provisionalmente la causa abierta contra 16 guardias civiles.

Como la noticia parece provenir de esto de Europa Press, les enlazo la fuente original, ya que, por desgracia, no he encontrado el auto de marras.

Pese a ello (y con esa salvedad), puedo hacer algunas consideraciones:

1.- Esta causa se ha sobreseído con esta en ya tres ocasiones. Y ha sido reabierta en dos de ellas por decisión de la Audiencia Provincial de Ceuta. Aquí pueden consultar el auto dictada en la última ocasión.  Como pueden comprobar, las dos reaperturas obedecen al mismo razonamiento: había diligencias admitidas que no se habían practicado, y no era evidente que no pudieran practicarse.

2.- La propia magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta consideró, hace poco más de un mes, que concurrían indicios de delito (concretamente de homicidio por imprudencia y denegación de auxilio). De hecho, archivó por otros delitos (lesiones y prevaricación). Lógicamente, y más en esta fase del procedimiento, estamos en presencia de hechos y calificaciones jurídicas no definitivas, pero con la entidad suficiente como para que se pueda acusar y como para terminar en un juicio si alguna acusación lo solicita. Aquí pueden encontrar el auto de transformación en procedimiento abreviado, que contiene toda esta argumentación jurídica.

3.- El siguiente paso en el proceso es que, de ese auto y de las diligencias, se da traslado a las acusaciones. Si alguna lo pide, lo habitual (dado que la magistrada no ha archivado) es que se abra juicio y se dé traslado a las defensas para que presenten su escrito de defensa y se celebre juicio. Sin embargo, en este caso, se da la circunstancia de que, además de la fiscalía como acusadora, solo hay acusaciones populares. Se trata de diferentes asociaciones. No hay ninguna acusación particular (por ejemplo, familiares de los fallecidos). Leo en la prensa que algunas personas han intentado personarse y no se ha admitido la personación; ignoro la razón concreta. Quizás no hayan acreditado un vínculo suficiente con el caso como para ser consideradas víctimas o perjudicados, o falta algún requisito formal. No creo que se nos escape que, tratándose de inmigrantes indocumentados, localizar a algún pariente con un vínculo de suficiente entidad, poder  demostrarlo y convencerlo para que acuse es una tarea seguramente muy difícil. Recordemos que se trata de quince fallecidos. Ellos no pueden acusar.

4.- Y llegamos al momento actual: la magistrada cree que hay indicios de delito, frente al criterio del fiscal. De hecho, en la resolución que archiva lo sigue sosteniendo, ya que no admite el recurso por otros motivos. Pero como el fiscal no acusa y solo lo hacen las acusaciones populares, aplica la llamada doctrina Botín. Lo hace con este argumento (que tomo de la noticia):

«Estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha, por lo que no siendo posible en este caso abrir juicio oral».

¿Es esto correcto o no?

En mi opinión es gravemente incorrecto y voy a intentar explicar por qué.

En su día, ya expliqué algo de la malhadada doctrina Botín. Antes de hablar de ella, reiteraré lo que he dicho muchas veces: la interpretación que hizo el Tribunal Supremo de una oscura norma procedimental, que sirvió para que se archivase una causa contra uno de los hombres más poderosos de España, reunió todos los requisitos para que se instalase la sospecha. Es confusa, alambicada, contraria a la idea de que se favorezca la persecución de los delitos y, encima, se adopta en una causa contra alguien con una potencial capacidad de influencia indiscutible. Como en el caso de la disparatada doctrina Parot, a mi juicio, el Tribunal Supremo no estuvo a la altura cuando introdujo esta interpretación. Sobre esto, recuérdese que se trata de que no solo una acusación crea que hay indicios, sino de que también lo crean los jueces. Esa es la garantía esencial que evita la arbitrariedad y la persecución por motivos espurios. Por cierto, y antes de seguir, ya verán como habrá quien lleve meses quejándose de que Vox actúe en el juicio contra Junqueras y compañía —se ha llegado a alegar que supone infracción de derechos fundamentales—, pero hoy sostenga que este archivo es un abuso.

Dicho lo anterior, como no ha sido modificada la ley ni el Tribunal Supremo ha cambiado su jurisprudencia, podría uno comprender que la magistrada sobresea, incluso pese a que considere que existen indicios de delito. Lo que sucede es que, en este caso, la aplicación de doctrina Botín sí obliga a abrir juicio. En mi opinión. Esa doctrina no fue modificada (como a veces se sostiene) por el llamado caso Atutxa, sino que fue completada y desarrollada. Esas sentencias no son incompatibles.

Ahora recordemos la norma en cuestión. Este es el artículo 782 de la Lecrim:

«1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, (…)

2. Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

a) Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no lo hicieren en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez días.»

Obviamente, podía interpretarse que, en aquellos delitos en los que cabe una acusación particular, si no existe y el fiscal pide el sobreseimiento, no debe abrirse causa porque lo pida una acusación popular.

Pero, frente a esta solución, cabe otra, que es la que dio el Tribunal Supremo. Siento la longitud de la cita, pero es imprescindible para que se comprenda:

«(…) Se trataría, en fin, de concluir la imposibilidad de que la acción popular promoviera la apertura del juicio oral sin la existencia de una previa petición en tal sentido, ya proviniera del Ministerio Fiscal, ya de la acusación particular personada o llamada al proceso por el Juez.

Tampoco esta línea de razonamiento puede ser acogida.

El art. 782.2 de la LECrim, (…) se limita a regular una fórmula tendente a impedir que la efectividad del derecho de los perjudicados por el delito pueda hacerse depender de la exclusiva voluntad del Ministerio Público. Ése ha sido su significado histórico y ésa ha de ser la pauta interpretativa que nos aproxime a la nueva redacción.

(…) Y es que no resulta fácil, desde luego, imponer al Juez instructor que la búsqueda de esos perjudicados u ofendidos por el delito, vaya más allá de un tardío ofrecimiento de acciones a aquellos que, apareciendo como perjudicados,
por una u otra razón, no hubieran formalizado su personación. En cambio, la llamada de posibles interesados en el ejercicio de la acción popular, por definición, no puede entenderse con personas determinadas, de ahí la conveniencia de no condicionar la efectiva resolución de sobreseimiento a la llamada de quienes no aparecen debidamente individualizados. No debilita esta idea el hecho de que el art. 643 de la LECrim prevea, en el ámbito del procedimiento ordinario, un anuncio mediante edictos a los interesados. Tal formalismo está concebido, como excepción a lo previsto en el artículo precedente, no para aquellos casos en los que no se conozca a los interesados, sino para aquellos otros en los que esos interesados, siendo conocidos, se hallen en ignorado paradero (“…cuando … fuere desconocido el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llamará por edictos”). (…) La interpretación que ahora se propugna por la parte recurrida y por el Ministerio Fiscal no ve en el art. 782.2 una solución para la vigencia del nemo iudex sine acusattore, sino una inédita fórmula dirigida a hacer posible la presencia de la acusación particular, inicialmente desentendida del ejercicio de la acción penal, con el exclusivo fin de colmar un presupuesto procesal indispensable para abrir la puerta del juicio oral a la acción popular, (…) La tesis de la defensa de los recurridos, apoyada por el Ministerio Fiscal, produciría como inevitable efecto una mutación conceptual en el significado de la acción popular. La posición de la acción popular en el proceso, ligada al estatus de parte, no puede ser degradada hasta el punto de condicionar su legitimidad para obtener la apertura del juicio oral, al hecho de que el acusador particular acepte, a última hora, la invitación al proceso que le formula el Juez instructor. Esa limitación no se desprende, desde luego, de la literalidad del art. 782.1 que, como venimos repitiendo, contempla una doble petición de sobreseimiento, la emanada del Ministerio Fiscal y la interesada por el perjudicado por el delito.

Si el Fiscal insta el sobreseimiento, condicionar la capacidad de la acción popular para obtener la apertura del juicio oral a una previa petición coincidente con la suya, emanada del perjudicado por el delito, conduce a situaciones imprevisibles. De entrada, convierte el hecho contingente de la presencia o ausencia del perjudicado en el proceso, en un presupuesto habilitante para que una de las partes pueda desplegar todas las posibilidades inherentes a su estatus. Además, otorga la llave del proceso a una parte que, por definición, puede no estar presente en ese mismo proceso, hecho inevitable cuando se trata de la persecución de delitos
que afectan de modo especial a intereses supraindividuales. Y es precisamente en este ámbito en el que se propugna el efecto excluyente, donde la acción popular puede desplegar su función más genuina. Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público. La tesis sugerida por la parte recurrida y el Ministerio Fiscal, tampoco es ajena a importantes problemas prácticos que, en el fondo, son expresión bien elocuente de la ausencia de una aceptable fundamentación técnica para el efecto excluyente de la acción popular. De aceptar esa solución que transforma a la acción popular en una parte subordinada, no resultaría fácil, por ejemplo, resolver aquellos supuestos en los que el perjudicado que accede a la llamada del Juez instructor, interesa la apertura del juicio oral por delitos distintos de aquellos por los que pretende formular acusación el actor popular. Tampoco resuelve aquellos otros casos en los que la acusación particular solicitara un sobreseimiento parcial, en discrepancia con el criterio del
acusador popular, que podría estar interesado en acusar a todos los imputados. La fijación de los límites de esa vinculación habría de hacerse en un plano puramente intuitivo, ajeno a los verdaderos principios que informan el estatus de parte en el proceso penal.

Todo ello sin olvidar que la aplicación práctica de la tesis que se propugna, conduciría a incrustar en la fase intermedia un incidente procesal, carente de cualquier cobertura normativa, en respuesta a la petición de la acción popular de lograr la apertura del juicio oral en aquellos casos en los que el Juez -que, por cierto, no está obligado a ello según se desprende de la utilización del vocablo podrá- no active el expediente que le ofrece el art. 782.2 y no proceda a la búsqueda de un acusador particular.

IV.- En definitiva, satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresada formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva. El proceso penal justifica su existencia, entre otros fines, por su carácter de institución pública para la adecuada reparación de los efectos del delito. De ahí que se aproximará más a su ideal cuando la interpretación de las reglas que disciplinan sus distintas fases, se acomode al criterio de que, en ausencia de un interés público y de un interés particular del ofendido por el delito, el juicio oral ve quebrada su idea fundamentadora. El poder estatal ejercido a través del proceso, sólo se concibe si está puesto al servicio de una llamada de protección del perjudicado por el delito o de la acción del Ministerio Fiscal o el acusador popular en defensa de los intereses públicos. De ahí que, agotada la investigación del hecho aparentemente delictivo, si durante el juicio de acusación, el Fiscal y el perjudicado renuncian expresamente a la formalización de su pretensión punitiva, la exclusión del actor popular que arbitra el art. 782.1 de la LECrim es perfectamente ajustada a una concepción constitucional del proceso penal. El ejercicio de la acusación popular no puede tener una amplitud tan ilimitada que obligue a reconocer un derecho a la apertura del juicio oral, incluso, en contra de la coincidente petición de sobreseimiento suscrita por el Fiscal y el perjudicado por el delito.

Es cierto que en sus orígenes históricos, la acción popular llegó a representar el único vehículo formal posible para el ejercicio de la accusatio, superando una concepción privada del proceso penal y expresando así el interés general en la persecución de los delitos. Sin embargo, la evolución de los sistemas procesales ha determinado, de forma especialmente generosa en el nuestro, la posibilidad de una presencia plural en las partes activas y pasivas del proceso. Es, pues, constitucionalmente legítimo fijar límites que traduzcan los efectos jurídico-procesales que han de asociarse a la convergente voluntad, pública y privada, de no formular pretensión acusatoria.
No es obstáculo para este entendimiento, la idea de que el control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral (art. 783.1 LECrim), siempre permitirá al Juez discernir entre aquellas acusaciones populares fundadas y aquellas otras que no lo son. Cuando el art. 782.1 de la LECrim proclama el efecto de cierre en los casos
de ausencia de interés público o privado en la celebración del juicio oral, no está fijando una regla valorativa condicionada a la fundabilidad de la pretensión, sino un criterio legislativo íntimamente ligado al concepto mismo de proceso, idea previa a cualquier examen del mayor o menor fundamento con el que se pretenda acusar al inicialmente imputado.

(…) El delito de desobediencia por el que se formuló acusación carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular. Traducción
obligada de la naturaleza del bien jurídico tutelado por el art. 401 del CP es que el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito. De ahí la importancia de que, en relación con esa clase de delitos, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal. Como ya expresábamos en nuestra STS1045/2007, 17 de diciembre, esta Sala no se identifica con una visión de la acción popular como expresión de una singular forma de control democrático en el proceso. La acción popular no debe ser entendida como un exclusivo mecanismo
jurídico de fiscalización de la acusación pública. Más allá de sus orígenes históricos, su presencia puede explicarse por la necesidad de abrir el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad, suscribe el Ministerio Fiscal.»

¿Que nos dice el Tribunal Supremo?:

a) Que, cuando hay delitos en los que concurren fiscalía y acusación particular, si ambas piden el sobreseimiento, hay que sobreseer. Este no es el caso.

b) Que, para el supuesto de que se conozca a un ofendido o perjudicado, si el fiscal pide el sobreseimiento, hay que hacerles saber esta decisión, para que puedan personarse y acusar, o no. Pero que esto no implica que la acusación popular tenga un carácter subordinado y que dependa de que haya acusador particular o de que se persone en concreto para que pueda a su vez acusar.

c) Que esto resulta especialmente obvio en casos en los que el delito afecte a intereses supraindividuales, de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual. Pero ojo, que ese sea el caso más evidente no elude lo anterior.

d) De hecho, el propio Tribunal Supremo explica con meridiana claridad su jurisprudencia, resaltando que el sobreseimiento procede precisamente por la concurrencia de las dos peticiones de sobreseimiento: la del fiscal y la del acusador particular.

Aplicado al caso, vemos que:

1.- Las acusaciones populares son las únicas que acusan por las circunstancias del caso. Por lo que sé, si no hay acusaciones particulares no es porque se conozca a posibles víctimas del delito (padres, hijos, parejas, hermanos, etc.) sino porque se trata de inmigrantes indocumentados y es extremadamente difícil acceder a esas posibles víctimas y que se personen. Solo por esta razón, la magistrada debería haber rechazado el recurso del fiscal. No te puedes acoger a formalismos (como la llamada por edictos) y menos aún cuando el caso concreto pone dolorosamente de manifiesto que ese formalismo lo sería en un grado casi absoluto.

2.- Por lo dicho, no se puede, ni de broma, considerar que concurren el doble criterio del acusador público y de las víctimas pidiendo el sobreseimiento. Es casi notorio que, de poder conocer y acceder al proceso, esos familiares directos lo harían. Creer lo contrario cuando además se trata de quince fallecidos es de un formalismo inadmisible.

3.- Más aún, a pesar de tratarse de presuntos delitos de homicidio y denegación de auxilio, en los que lo lógico, en circunstancias normales, es que hubiese acusaciones particulares personadas, las concretas circunstancias del caso son las que explican por qué no lo están y nos permiten también hablar de intereses supraindividuales y de titularidad colectiva. Los acusados son funcionarios públicos, servidores del Estado. Los hechos se producen en la frontera exterior de la Unión Europea, con seres humanos en una situación límite (de desprotección legal, ya que son solo caras y cuerpos; carecen de identificación, de arraigo, de recursos) y conforme a planes generales. De hecho, la propia magistrada hace referencia a normativa internacional. La cuestión se relaciona con un asunto de gigantesco calado público: el tratamiento de la inmigración y la necesidad de conjugar la protección de las fronteras con el respeto de los derechos humanos. En concreto de los derechos humanos de aquellos que más necesitan de una articulación potente. Y de cómo hacerlo mediante protocolos y reformas legislativas. Es decir, incluso utilizando este criterio, la respuesta razonable es justo la contraria.

En resumen: la decisión, en mi opinión, es gravemente errónea. Y espero sea rectifica por la Audiencia Provincial, si es que alguna de las acusaciones populares la recurre.

 

Presunción de inocencia

Este artículo de Elvira Lindo comienza así:

«Es sorprendente lo que ha ocurrido con Plácido Domingo. La defensa en torno al tenor ha sido tan abrumadora que las que han visto, en este caso, arrebatada su presunción de inocencia han sido las nueve mujeres que señalaron un mal comportamiento en el artista. A ocho de ellas se les reprochaba no dar la cara; a Patricia Wulf, en cambio, darla. Ocho testimonios eran falsos porque se escondían cobardemente en el anonimato; el noveno era falso porque respondía a un afán de notoriedad»

Me interesa la parte que señalo en negrita porque no es la primera vez que veo una afirmación similar.

La presunción de inocencia es una regla de cierre del sistema. Como otra relacionada con ella: la regla in dubio pro reo. La regla podría haber sido otra, por supuesto. La cuestión que resuelve es sencilla: ¿que hacemos cuando alguien afirma que ha sucedido algo que puede tener una concreta trascendencia jurídica —que seas sancionado—, pero no contamos con prueba suficiente? ¿Lo consideramos probado o no? De hecho, en todas las ramas del derecho en las que se suscitan cuestiones controvertidas entre partes enfrentadas, se incluyen reglas sobre la carga de la prueba: es decir, sobre quién tiene que probar determinados hechos. Y no son cuestiones tan sencillas como a veces se piensa. Sí, un principio general establece que quien pretende que algo es cierto ha de probarlo, pero esto se matiza en la mal llamada vida real considerando otros factores: por ejemplo, la facilidad de acceso a la prueba. Si una persona puede fácilmente probar que algo, sobre lo que hay indicios, no ha sucedido y aun así decide limitarse a negar, cabe que se dé por probado aquello que afirma la parte contraria.

En todo caso, cuando decidimos qué solución era más correcta, llegamos a la conclusión de que era mejor presuponer la inocencia (o la no culpabilidad) de todos, y que la sanción solo fuera admisible una vez desvirtuada esa presunción.

Insisto, la regla podría haber sido la contraria. Presumir la culpabilidad. Nuestra sociedad sería muy diferente. Salvo que pudieras acreditar tu inocencia, serías condenado. No solo creeríamos por principio a los denunciantes, sino que esa creencia tendría consecuencias jurídicas.

Sin embargo, y al margen de otras cuestiones discutibles, consideren esta paradoja: alguien acusa a otro de un delito y ese otro no puede probar su inocencia. Se le condena. Ahora, el condenado afirma que esa acusación fue falsa (es decir, acusa de un delito) y el denunciante tampoco puede probar que fuera cierta. ¿Lo condenamos también? Aplicando la regla de cierre, deberíamos. Es decir, denunciante y denunciado serían, ambos, reos de delitos incompatibles.

La opción que escogimos evita una consecuencia tan absurda. No hay delito mientras no se pruebe. Hemos aprendido que esto es más justo y más civilizado y yo creo que lo es, aunque haya delincuentes que se salgan con la suya; pero a veces olvidamos que, además, es más racional. Porque, en el caso de que no se pruebe la culpabilidad, no por ello la acusación es falsa. Como la acusación de denuncia falsa o de falso testimonio también ha de probarse cabe que denunciante y denunciado sean a la vez inocentes, aunque esto parezca imposible, porque esa inocencia no se refiere a los hechos concretos de la vida, sino al mundo del derecho y al uso de la violencia legítima contra quien viola las reglas de convivencia.

Esa regla es más civilizada y racional porque deja la decisión en suspenso. Si creemos en ella, actuamos como si todos fuéramos inocentes. Incluso aunque sepamos que es imposible que todos los seamos.

Por eso es gravemente erróneo afirmar que defender abrumadoramente a Domingo o no creer a las personas que lo denuncian es arrebatarles su presunción de inocencia. Yo puedo sostener que Domingo es inocente mientras no se prueben las acusaciones contra él. Más aún, que incluso aunque se probase una, no por ello se deberían considerar probadas las restantes (porque también es incivilizado el derecho penal de autor). Y también, y a la vez, puedo creer que las personas que denuncian que Plácido Domingo tuvo tal comportamiento son inocentes de un delito de denuncia falsa mientras no se pruebe que mienten (dejo de lado algo más espinoso, como sería las consecuencias civiles de estas denuncias sin prueba, cuando ocasionan un daño). Ambas creencias simultáneas son perfectamente admisibles.

De hecho, sostengo que lo más civilizado sería extender estas reglas a todos los aspectos de la vida, salvo cuando uno tenga un conocimiento directo de los hechos. Tenemos pánico a la indecisión. A no saber qué es verdad. A no tener opinión o certezas. En resumen, a la soledad fuera de la tribu. Sin embargo, deberíamos educarnos para superar esos miedos tan perniciosos. Las reglas de cierre no buscan la verdad, sino la salvaguarda del sistema. Y la discusión sobre ellas debe referirse al sistema, no al caso concreto. No importa tanto si Domingo es culpable o no, o si sus acusadoras inventan o magnifican sus acusaciones. Lo que importa es si el sistema es el mejor o si debemos sustituirlo por otro.

Me parece muy bien, por supuesto, que las víctimas denuncien. Y que ciertas conductas, más toleradas —o absolutamente toleradas— en el pasado sean desterradas. Más aún, que empiece a verse mal no solo al que en situación de poder abusa de otros —el primer paso, ya que esta es la conducta más grave—, sino al que se presta por interés a la conducta inmoral de personas con poder, perjudicando a otros más capaces —paso que ni siquiera veo en la agenda—, ya que siempre olvidamos a esos terceros. Pero esto no debe hacerse derruyendo un sistema civilizado y racional, para sustituirlo por la acumulación, la ordalía y el tribalismo.

Veamos el párrafo que copio: los ocho testimonios anónimos, en asunto de esta gravedad, y a falta de otra prueba, no deberían ni considerarse. Qué menos que exigir conocer el nombre de quien te denuncia. Veamos el caso del noveno testimonio: poner de manifiesto posibles razones interesadas no implica afirmar que esté acreditado que la denuncia es falsa. Defender a Domingo, afirmando que nunca le has visto propasarse o comportarse inadecuadamente, no implica sostener que pueda probarse que la denunciante miente. Simplemente nos recuerda que Domingo —que es al que se acusa en primer lugar— es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, que la afirmación del acusador no se da por cierta mientras no pueda probarla.

Decir «yo sí te creo, hermana» por el hecho de que la denunciante sea mujer y el denunciado sea famoso o poderoso es como afirmar que los blancos son mejores que los negros o los cristianos mejores que los musulmanes. Es dejar de pensar. Más aún, es dejar de pensar para vengarse. Como se hace decir al fiscal Christopher Darden en la serie sobre el juicio a O. J. Simpson, es defender como justo que un negro no sea condenado solo por ser negro, porque antes hubo blancos no condenados porque eran blancos.

Pudo razonablemente ser peor

 

Estos días se ha convertido en noticia el caso de un joven que va a ingresar en prisión por haber sido condenado a una pena de dos años como autor de un homicidio por imprudencia grave. El condenado no tiene antecedentes penales, por lo que el ingreso se ha de deber al hecho de no haber abonado la responsabilidad civil (180.000 € a favor de las hijas del fallecido) y no haber convencido al juez de que tiene intención de hacer frente a dicho pago en unas condiciones de razonabilidad, dadas sus circusntancias, ya que la ley permite la suspensión de penas de hasta dos años aun no pagadas las responsabilidades civiles, si existe ese compromiso.

En todo caso, el asunto ha provocado un montón de comentarios, sobre todo desde el momento en que personalidades, como Arturo Pérez-Reverte, denunciaron el caso, y desde que dirigentes de Vox han empezado a utilizarlo como un ejemplo de la supuesta mala regulación de la legítima defensa en España, hasta el punto de calificar al condenado como héroe e incluso reclamar, para él, una condecoración.

Más aún, se ha estado dando hostias al juez y a la justicia española sin que se hubiese publicado el contenido de la sentencia. Es decir, sobre la base de la versión del acusado y de su abogado.

Acabo de leer la sentencia y por fin puedo comentar algunas cosas:

a) En primer lugar, que una de las acusaciones llegó a pedir quince años de prisión (como homicidio doloso e incluso asesinato), aunque esta solicitud se reprocha intensamente por el juez, siquiera porque el asunto se tramitó, con aquietamiento, como procedimiento abreviado y se juzgó en un Juzgado de lo Penal (cuando asunto de una enjundia así, ha de verse en una Audiencia Provincial). Un dislate, en suma, dadas esas razones procesales.

b) En segundo lugar, que la sentencia es bastante larga (21 páginas), muy detallada y el juez da razones de su decisión en todos sus aspectos. La sentencia es técnicamente solvente y está absolutamente motivada.

c) En tercer lugar, que la primera sensación que da su lectura es que el acusado puede dar gracias de haber salido razonablemente bien parado. Con esos mimbres, el resultado podría haber sido diferente y explicaré ahora por qué.

d) Veamos los hechos probados:

Estos son los hechos probados desnudos, pero hay que integrarlos con las muchas explicaciones que da el juez en la sentencia. Así:

a) El acusado no estaba defendiendo a la víctima. Su conducta pretendía recuperar su bolso. Para recuperar el bolso o lograr la detención del fallecido no tenía por qué golpearle.

b)  El juez afirma que no consta que el ladrón agrediera o quisiera agredir al acusado. De hecho, la única prueba que ha considerado sobre cómo se produjeron los hechos han sido la declaración del acusado y la pericial forense. Luego insistiré en esto.

c) Consta que al menos el acusado propinó dos golpes de gran violencia al fallecido. Tan violentos que pudieron ser la causa directa de la muerte y no el golpe tras la caída.

d) El acusado es experto en artes marciales.

e) El acusado abandonó al fallecido en el suelo. Y cuando la policía le preguntó por los hechos, dijo no saber nada en un primer momento. Y la explicación que da es absurda: afirma que le preguntaron por el robo y que él, de eso, no sabía nada. Pasan dos semanas hasta que acude a la policía y da su versión de los hechos. Y lo hace tras el reconocimiento fotográfico realizado por la policía que ya le ha identificado.

f) Los médicos niegan cualquier relación entre el fallecimiento y la drogodependencia del fallecido.

g) En cuanto a los testigos y peritos:

g.1. Un policía local explica que les «comisiona» una persona que estaba a unos 400 m y que «había una persona tirada en el suelo y una chica que le decía que no llamara a la policía, que lo llevaran a un médico. Que esa chica les contó dos o tres historias diferentes de lo sucedido, que la persona se había caído, que otro le pegó. Que intentaron reanimarlo hasta la llegada de la ambulancia. Que seguidamente llegó su compañero que también realizó maniobras de reanimación. Que la persona era normal, no presentando signos de lesiones o sangre, no sabía que había pasado y que en las aludidas tareas de reanimación pudo producirse alguna contusión en la persona, pues fueron 4 o 5 compañeros quienes lo intentaron, pudiendo fracturarse alguna costilla pues allí “sonaba algo”».

g.2. Un propietario de un establecimiento de prensa cuenta que se encontraba «a unos 100 o 150 metros, que vio como un chico corría con un bolso y otro le da alcance, que forcejearon, sin poder apreciar nada mas pues había bastante distancia, quedando uno en el suelo, sin saber si el otro le dio patadas en el suelo, como ya había relatado a la fuerza policial actuante». Vean, que este testigo en instrucción habló de patadas en el suelo, aunque luego dijera no recordarlo en el juicio.

g.3. La compañera de trabajo del acusado cuenta que, tras volver su compañero con el bolso, cogieron un taxi y que «volvieron a pasar en el taxi por el lugar de los hechos y vieron a una persona tirada en el suelo con policía que lo reanimaban, que el acusado no dijo ni les contó nada y no pararon, (…)»

g.4. La otra compañera de trabajo dice que «el acusado recuperó el bolso pero que no sabe como pues no se lo dijo, que solamente vio a Borja correr tras el hombre que llevaba el bolso y que el hombre se giró como para darle con el. Que al ver que quedó con una mujer, sin que entonces lo viera caído en el suelo, se fueron, cogieron u taxi y entonces si que vieron a esa persona tumbada con la policía, sin que el acusado les dijera entonces nada». Fíjense en que ve cómo el ladrón se gira, pero no ve nada más. Tampoco que cayera al suelo, y no preguntan nada al acusado.

g.5. La otra participante en el robo, con el fallecido, testigo directo, contó que «estaba bajo los efectos de las drogas» y no recordaba todo bien; que «Pedro salió corriendo, que el chico se acercó y le quitó el bolso y le dio patadas y puñetazos, que lo vio pues ella estaba a poco metros, que Pedro no se defendió pues no estaba bien, que intentaba retener el bolso pero que a la segunda o tercera patada, la de la cabeza, cayó al suelo, que el acusado le golpeó como si supiera artes marciales, sabiendo muy bien donde pegaba. Que llamó a un muchacho de la basura, que lo intentó reanimar pero ya estaba muerto. Que se lo decía a ellos pero se marcharon, quedándose ella sola sin que nadie les ayudara, que “lo mató como un animal”, que aún comprendiendo que había cometido un delito eso no se hacía» (…) «reiteró haber visto las patadas en la cabeza, aunque también una patada en el pecho que le hace hacer al suelo y una patada en la cabeza, que también dio golpes con el puño pero lo que mas recuerda es la patada, no recordando que dijera que vio como le daba un
puñetazo en la espalda». El juez no admite este testimonio por el hecho de que estuviera drogada y porque había declarado ante la policía «que el acusado propinó a Pedro una fuerte patada en el pecho, que como consecuencia de dicho golpe cayó al suelo y continuó propinándole diversas patadas en la cabeza y en el pecho, así como puñetazos, teniendo que tener conocimiento de artes marciales por el modo en el que propinaba los golpes, y que le propinó a ella una patada en la espalda al intentar proteger al anterior, sufriendo además una lesión en un dedo de la mano». En sede judicial «habló de golpes en la cabeza y que creía que sabía artes marciales» y en fase de instrucción que «el acusado cogió por detrás a Pedro y le dio un puñetazo en la espalda y después una patada en la cabeza, que lo tiró al suelo y ahí comenzó a darle patadas, unas diez». Llamo la atención sobre el hecho de que el juez, de haber considerado esta declaración fiable, podría haber condenado por asesinato, homicidio doloso o lesiones dolosas. No hay más testigos de la pelea que hayan afirmado haberla visto realmente; sin embargo, el juez rechaza este testimonio y basa la condena en el del acusado.

g.6. Más aún, el forense afirma que las lesiones pudieron producirse por un traumatismo derivado de un golpe directo o por el impacto de una caída, que las contusiones torácicas eran compatibles con maniobras de reanimación por la zona donde aparecieron, y pese a que también podían deberse a un puñetazo, por el contexto y antecedentes médicos eran compatibles con dicha reanimación. También destacó la existencia de lesiones secundarias al traumatismo tales como herida incisa en ceja, equimosis en el pómulo, también propias de un golpe directo o derivadas del impacto de una caída. Además, el forense afirmó que «para romper un maxilar, una pieza dental o el frenillo el traumatismo ha de ser de cierta intensidad». Es decir, el testimonio de la pareja en el robo es tan compatible con el informe forense como el que da el acusado.

h) Así que el juez, que no declara probada la existencia de ninguna agresión previa del fallecido (sobre la que no hay más prueba que la afirmación del acusado) y ante la inusual circunstancia de que los cinco o seis testigos que estaban cerca no vieran prácticamente nada o lo olvidasen —excepción hecha de la compañera de delitos del fallecido—, decide creer al acusado y admitir que puede que lo que este reconoce (dos puñetazos al acusado que terminan con él en el suelo) quizás es lo que pasó, obviando la versión alternativa, en la que hay patadas y puñetazos (como de experto en artes marciales), incluso tras caer en el suelo; y todo ello pese a que el acusado conoce esas artes marciales; a que se marcharon de allí sin pararse, aunque el  fallecido en el suelo sometido a maniobras de reanimación; a que calló ante las primeras pesquisas policiales; a que un testigo dijera a la policía que vio golpes al fallecido cuando ya estaba en el suelo (ya que olvidó esto en el juicio); a que las lesiones eran compatibles con fuertes golpes directos, ya que el fallecido tenía roto el maxilar y un diente y tenía contusiones torácicas.

El juez escoge una versión de dos posibles y compatibles, y no seré yo que critique su decisión. No he visto el juicio ni escuchado a los testigos. Solo comento lo que el juez ha escrito en su sentencia.

Ahora, con todo esto, díganme ustedes si es poco razonable o injusta una decisión que califica los hechos como homicidio imprudente y que extrae las consecuencias indemnizatorias inevitables.

¿Una medalla? ¿Mal regulada la legítima defensa en España?

Extraigan sus consecuencias.

 

NOTA: La sentencia completa la encontráis aquí.

Mansplaining

 

Las cuatro esquinas del mundo les propone un bonito juego, en el que pueden demostrar ustedes su inteligencia.

— ¡Marilyn! … ¡Marilyn! … Perdonen ustedes a nuestra azafata. Ya saben que las chicas y más la chicas guapas, siempre tienen la cabeza llena de pájaros. ¡¡MARILYN!! (…)  ¡Ah!, aquí está nuestra guapa azafata. ¿Qué, otra vez haciendo crucigramas? No contestes, date una vuelta y sonríe para que todos puedan verte. Marilyn, por si no lo saben, presume de ser lista. Dice que tiene el CI registrado más alto del mundo, hasta 230 ha llegado a decir. ¡Un aplauso para ella y para su cabecita donde caben tantas cosas! (…) Vayamos a nuestro concurso. Primero los premios. Pueden ustedes ganar una de estas dos hermosas cabras. Sonreíd también vosotras, cabritas.

— O, si juegan ustedes bien sus cartas, pueden obtener este fabuloso Aston Martin:

— Vamos a colocar nuestros premios detrás de tres puertas numeradas, la puerta 1, la 2 y la 3. Ahora escoged una puerta, la que queráis … ¿la 1?, muy bien. Ahora, de las puertas 2 y 3 que no habéis escogido, voy a abrir una en la que sé que está una de las cabritas. ¿Sí? ¿El caballero del fondo? ¿Qué es lo que no entiende? Yo se lo explico. Ustedes han escogido una puerta. Quedan dos y en un de ellas, al menos, hay una cabra. A lo mejor, si han acertado con la puerta que oculta el Aston Martin, hay cabras en las otras dos. Así que, sin desvelar el misterio, siempre puedo abrir una puerta que guarde a una cabrita. (…) Eso voy a hacer: y … ABRO LA PUERTA 3. Ahí está una de nuestras cabritas, tan sonriente como de costumbre. Un aplauso para ella. (…) Bueno, nos quedan dos puertas, la 1 y la 2. Han escogido la 1, pero … vamos a hacer esto más divertido todavía. Cambien de puerta si quieren. Les dejo cambiar de la 1 a la 2. Ya sé que da igual, que quedan dos puertas y que detrás de una está la cabrita y detrás de otra el fabuloso Aston Martin, así que la probabilidad de ganar es la misma si no se cambia de puerta, un 50 % en cada caso, pero ¡ESTO ES LA TELEVISIÓN!

— No da igual.

— ¿Qué dices, Marilyn?

— Que no da igual. La probabilidad de acertar era, al principio, de 1/3. Una vez hecha la elección, y una vez abierta una puerta de las otras dos, una que tenga una cabrita, si no cambiamos, la probabilidad de ganar es de 1/3, y si cambiamos, la probabilidad de ganar es de 2/3. Es mejor cambiar de puerta, aumenta la probabilidad de ganar.

— Marilyn, guapa, no digas tonterías. Quedan dos puertas, una tiene una cabra y la otra el Aston Martin; no hay que ser muy listo para darse cuenta de que la probabilidad de ganar es la misma, 1/2, así que da igual cambiar o no. ¿Qué desea caballero? Dadle un micrófono a ese señor del público.

— Ejem, señorita o señora, lo que sea (risas), ya hay suficiente analfabetismo matemático en el mundo. No necesitamos que el máximo coeficiente intelectual del mundo vaya propagando más. ¡Qué vergüenza!

— Ese otro caballero quiere intervenir también …

— ¿Puedo sugerirle, Marilyn, que compre un libro de texto estándar sobre teoría de probabilidades y se remita a él, antes de tratar de responder de nuevo a una pregunta de este tipo?

— Y ahora ese otro …

— Quizás las mujeres consideran los problemas matemáticos de forma diferente que los hombres.

*****

La evolución no hizo a los seres humanos muy capaces cuando de probabilidad se trata. Bastaban cálculos groseros del siguiente estilo: imposible, poco probable, muy probable o seguro, para que los antepasados de la sabana africana pudieran huir de un depredador. Muchas veces la respuesta intuitiva a la pregunta sobre la probabilidad de que un determinado suceso pueda tener lugar se aparta mucho de la respuesta correcta. En muchos libros aparece un ejemplo que es útil para visualizar esto. Si le preguntan «¿Cuántas personas debería haber en una habitación para que la probabilidad de que al menos dos de ellas cumplan años el mismo día sea mayor del 50%?«, usted ¿qué contestaría? Piense sobre ello, luego le doy la respuesta.

Lo curioso es que, en el asunto del juego, se mezclaron en algunos dos prejuicios intuitivos: el primero, que sí tenemos esa capacidad y podemos fácilmente dar respuestas aproximadas; el segundo, que una mujer, por inteligente que sea, no va a saber más que un hombre con formación matemática.

El juego fue planteado por Marilyn vos Savant a los lectores de la revista Parade, donde Marilyn tiene una columna semanal llamada Pregunta a Marilyn. Ella sostuvo lo mismo que nuestra azafata. Se produjo un aluvión de cartas. Unas diez mil. Un 92 % de las cartas procedentes del público estaba en contra de su respuesta y lo mismo ocurría con un 65 % de las cartas que provenían de las universidades. Entre los lectores que contestaron en contra se encontraban un subdirector del Centro para la Información de la Defensa de los Estados Unidos y un estadístico del Instituto Nacional de la Salud.

Entre las cartas recibidas se encontraban afirmaciones como las que he hecho decir al público de nuestro concurso.

Sin embargo, al final, tras explicar, en una segunda carta, de manera más profunda su razonamiento, los profesionales más recalcitrantes terminaron reconociendo que tenía razón (eso sí, lean las críticas a la pregunta planteada por vos Savant). Hasta se llegó a efectuar la prueba en las clases de matemáticas de más de mil escuelas por Estados Unidos. Los resultados eran unánimes a favor de la respuesta de nuestra azafata. Por cierto, es una historia vieja que se trata en muchos textos sobre probabilidades, por lo que resulta más graciosa todavía la seriedad de ese lector que mandaba a Marilyn a leer sobre la materia, cuando, al parecer, él no lo había hecho.

*****

Respuestas:

a) En la página de la wikipedia encontrarán muchas respuestas al problema. Hay una que es bastante evidente y que se efectúa con un millón de puertas. Abres una. Luego el presentador abre 999.998 que tienen cabras. Solo queda una cerrada. ¿Es mejor cambiar o no? La probabilidad de que hubieras acertado en la primera ocasión era de 1/1.000.000.

Pero la explicación más sencilla se la leí a Ian Stewart en El laberinto mágico, el libro en el que me encontré por primera vez con esta historia.

Suponga que usted elige la puerta 1 (da igual si escoge la 2 ó la 3). Hay tres posibilidades. Cada una de ellas es igualmente probable, porque la probabilidad de que el automóvil esté tras cualquier puerta concreta es una entre tres. La cursiva muestra qué puerta (o puertas) puede abrir el presentador.

Ahora, veamos que pasa si el concursante no cambia:

Puerta 1: Automóvil
Puerta 2: Cabra
Puerta 3: Cabra

Resultado: Gana

Puerta 1: Cabra
Puerta 2: Automóvil
Puerta 3: Cabra

Resultado: Pierde

Puerta 1: Cabra
Puerta 2: Cabra
Puerta 3: Automóvil

Resultado: Pierde

Y ahora veamos qué pasa si el concursante decide cambiar:

Puerta 1: Automóvil
Puerta 2: Cabra
Puerta 3: Cabra

Resultado: Pierde

Puerta 1: Cabra
Puerta 2: Automóvil
Puerta 3: Cabra

Resultado: Gana

Puerta 1: Cabra
Puerta 2: Cabra
Puerta 3: Automóvil

Resultado: Gana

Cuando cambia nuestro concursante pasa de ganar una de cada tres veces a ganar dos de cada tres. Voilà.

b) En cuanto a la cuestión del número de personas que tiene que haber en una habitación para que la probabilidad de que dos de ellas nacieran el mismo día sea mayor que un 50 %, la respuesta se obtiene calculando la probabilidad contraria: la de que no haya dos personas con la misma fecha.

Si sólo hay un patético invitado en la fiesta, la probabilidad sería del 100%. Es imposible que haya otra persona con el mismo día de nacimiento. Si hay dos, la probabilidad de que la segunda no haya nacido el mismo día, teniendo en cuenta que nuestro primer invitado ya ha agotado una fecha, es de 364/365. Añadamos una tercera persona: será de 363/365. Para conocer la probabilidad combinada de los tres, las multiplicamos: (365/365) x (364/365) x (363/365). Seguimos añadiendo personas. Cuando llevamos 23 invitados, la probabilidad ha descendido a 0,492. Por tanto, la probabilidad contraria, la que nos interesa, es del 50,8 %.

Sólo hacen falta 23 personas.

Malaherba

 

El viernes, cuando ya estaba para irme, recibí un sobre con un libro en su interior. Se trataba de Malaherba, la novela de Manuel Jabois. Yo casi no leo novelas. Cuando era niño, mi plato favorito era la merluza —sería pescadilla, pero mi madre la llamaba merluza— hervida con mayonesa. Tenía tendencia a las fiebres altas y eso me producía acetona. Ahora sé que la acetona no es una enfermedad, pero entonces, con ocho o diez años, no solo era una enfermedad, sino que era mi enfermedad. Y me ponía malísimo, tanto que aprendí a hacer dieta de verdad, como si fuera uno de esos que viven sobre una columna y buscan a Dios. Estábamos en el pueblo cuando, tras comer demasiada merluza con mayonesa, me puse tan malo que casi estuve tan malo como cuando jugué una final de Roland Garros con Orantes y los golpes de raqueta coincidían con los tictac de ese maldito despertador dorado. Desde entonces, bastaba el simple olor a pescadilla hervida para que la arcada viniera de visita. Décadas más tarde ya pude comerla. Yo creo que algo así me pasó con las novelas. Leí demasiado entre mis quince y mis veinticinco, y sobre todo leí demasiadas novelas y un día decidí que no podía tragar una más, así fuera Moby-Dick. En los últimos años, empiezo a soportar el olor a novela, así que imagino que me voy curando.

A veces me voy andando a casa y, no crean, la cosa tiene su miga porque tardo más de dos horas. Estos últimos meses me he dado ese paseo varias veces mientras escuchaba a testigos y a peritos. Por suerte, Marchena ya ha dicho que está todo visto para sentencia, así que me puse a andar, a leer y a escuchar, pero no a guardias civiles. Escogí la novena de Bruckner por ninguna razón particular, quizás solo porque es larga. Terminó a mitad de camino y pensé que hubiera sido interesante poderla escuchar al revés, pero la tecnología a veces se olvida de las cosas importantes, así que solo pude escucharla dos veces en la misma dirección.

A lo mejor le habría ido bien a la novela cualquier obra, pero ya se ha quedado con esta. Y, por duplicado. Malaherba dura dos novenas de Bruckner. Os contaré algo. Cuando vivíamos casi al lado del Retiro, se mudó al piso de enfrente un divorciado. Tenía con él a sus dos hijos, un niño y una niña, ya saben, los fines de semana alternos, la mitad de las vacaciones escolares y la mitad de los gastos extraordinarios. Su hija era pequeña, de la edad de la pequeña mía, como de seis años o así. Y no sabía bien qué hacer con ella. Un día le preguntó a mi mujer a qué podía jugar para entretenerla, que él jugaba a princesas y castillos, y mi mujer, con sorna, le dijo que yo jugaba con mis hijas a vampiros. Me tumbaba en la cama, haciéndome el no muerto, con los ojos cerrados y medios palillos en forma de colmillos, y dejaba que se acercasen, lentamente, avance y retroceso, hasta que casi notaba su aliento, abría de golpe los ojos y las perseguía por la casa. Creo que el consejo lo dejó más perplejo que otra cosa, pero qué sé yo de cómo hay que entretener a un puto crío. Cada cual hace lo que puede. Si se preguntan que a qué viene esto, yo qué sé. A lo mejor a nada.

El caso es que me leí Malaherba camino de casa. A falta de quince páginas. Lo he terminado hoy. Como no sé hacer reseñas literarias, género que me parece dificilísimo y que exige una dotación completísima de frases musicales, he pensado solo en explicarles a ustedes que lo leí casi de tirón. Al final, cuando llegaba a casa, era de noche; así que usé la linterna del móvil. Antes me bastaba con ir de farola en farola, entreviendo las palabras en la zona de penumbra, gracias a la luz que se va y a la que viene, pero mis ojos están viejos y se están vengando.

Yo casi no leo novelas, solo de arañas alienígenas o hitos de la literatura china y japonesa, por eso de cubrir un poco la ignorancia inexcusable, así que no estaría bien que recomendara a nadie que compre y lea la novela de Jabois. Solo quería explicar que la leí casi de tirón. Que la he terminado esta mañana, dando otro paseo, y que a lo mejor ustedes sí leen novelas, porque no tienen la puta desgracia de estar enfermos de acetona.

 

 

No te preocupes, querida, yo me ocupo de pagar el gallo que le debemos a Asclepio

 

In memoriam M.

Cuando a Sócrates le libran de los grilletes, el mismo día de su muerte, se le ocurre hacerse pasar por Esopo e inventar una fábula sobre el placer y el dolor. En ella, el dios, harto de la guerra que se traen, los convierte en siameses unidos por las coronillas; por eso, a poco que uno se presenta ya anuncia la aparición de su rival.

Lo cuenta Platón en un diálogo inmortal, por el asunto del que trata y porque resonará en el tiempo mientras haya hombres que revivan el último día en la vida de un hombre. Dice Fedón:

«Por esta razón no sentía en absoluto compasión, como parecería natural al asistir a un acontecimiento luctuoso, pero tampoco placer, como si estuviéramos entregados a la filosofía tal y como acostumbrábamos; y eso que la conversación era de este tipo. Sencillamente, había en mí un sentimiento extraño, una mezcla desacostumbrada de placer y de dolor, cuando pensaba que, de un momento a otro, aquél iba a morir. Y todos los presentes estábamos más o menos en un estado semejante: a veces reíamos y a veces llorábamos (…)»

También para mí es inmortal, pero no por su filosofía. Lo diré mejor: no por la filosofía. Critón tenía razón. Pregunta por el entierro. Le pregunta a Sócrates cómo quiere ser enterrado y entiende toda la conversación como un consuelo, para ellos y para el que se ha propuesto cumplir la ley, antes incluso de que el sol se ponga tras las montañas. No se convence de que el hombre con el que habla no sea aquel que verá cadáver y por eso quiere conocer sus instrucciones para su sepelio. Critón, que avaló a Sócrates ante los jueces, comprometiéndose con su promesa de que no abandonaría Atenas, se convierte en objeto de amable burla. Los amigos, ahora, deben avalar que Sócrates sí abandonará, bienaventurado, el mundo y que no es Sócrates el que será enterrado. Critón tenía razón, pero quién habría sido capaz de contradecir a Sócrates.

Todos lloraron y fueron reprendidos por Sócrates por llorar. Tampoco en esto tenía razón Sócrates, porque como confiesa Fedón, él no lloró por Sócrates, sino por él mismo, por su propia desventura.

 

Relatos inéditos

 

Soy mucho despistado y ando siempre centrado en mis cosas. Quizás, además de despistado, sea algo egoísta, pero con un egoísmo singular y guay, no vayan a creer. El caso es que es frecuente que no me dé cuenta de lo que les va pasando a los que me rodean, bueno o malo. Imagino que los que me conocen y me soportan lo han asumido.

Cuento esto porque, a pesar de esa ceguera, hay dos cosas que siempre noto. Las noto porque me molestan mucho, así que, digo yo, será esto simple consecuencia de mi egocentrismo. Me molesta que alguien trate mal a quien piensa es su subordinado, aunque eventual. Por ejemplo, a un camarero. Y también que alguien trate mal a su pareja. No hablo de algo grave, sino de gestos mínimos, fugas accidentales de desprecio en entornos aparentemente controlados.

Esos fallos de matrix son interesantes. Nos enseñan a las personas detrás de las puertas. O las puertas detrás de las personas, a saber.

El caso es que, detectado, empiezo a mirar de otra forma al sujeto. No es tanto que lo ficticio se vea sustituido por lo real, como que lo ficticio, pero costumbrista, se ve sustituido por lo ficticio, pero detectivesco. De la peli en color paso a la peli en blanco y negro, y un guionista interior escribe un guion en el que la voz del escritor explica mediante un personaje inteligentísimo que la historia no está escrita por un guionista. Ya saben, como esa trola sensacional que le suena a Bogart en su cabeza en La condesa descalza y que todos oportunamente escuchamos.

Desde ese momento, presto atención renovada y todo lo interpreto conforme a ese gesto fugaz. La amabilidad posterior se convierte en impostura, la frialdad en prueba de cargo y me digo, consciente de mi teatralidad: «crees que engañas a todos, pero a mí no me las das con queso, villano». 

 

De dictadores y argumentos

 

España se ha convertido en un patio de colegio. El Tribunal Supremo en un auto —es decir, en una resolución «menor»— menciona de pasada —es decir, menciona no como argumento que sirva para tomar una decisión— que Franco fue jefe del Estado desde una fecha y un montón de gente se pone a gritar. Que si el Tribunal Supremo ha legitimado el golpe de Estado franquista, que si ha destituido a Azaña, que si esa mención demuestra que el Tribunal Supremo está lleno de franquistas y no se puede esperar nada en el juicio a los secesionistas (estas son algunas perlas).

Es todo tan imbécil que produce asombro. Aunque el Tribunal Supremo se equivocase en el dato, algo discutible, da igual. Franco fue un dictador asqueroso desde el primer día. También cuando su gobierno fue reconocido por Reino Unido y Francia. También después de dimitir Azaña. Lo fue desde antes de que, con el voto de sus cómplices criminales, se hiciera con el poder absoluto y lo siguió siendo desde ese momento. También cuando España entró en la ONU y nos visitó un presidente norteamericano. Sí, fue un dictador asqueroso, pero fue jefe de Estado. Como lo fueron Stalin o Hitler o Pinochet o como todos estos. ¿Importa mucho si fue jefe del Estado desde 1936 o desde 1939? ¿En serio? ¿Se va a negar que controlaba gran parte de España desde 1936?

Esa mención —de pasada, intrascendente a los efectos de lo que se decidía—  no puede legitimar nada porque, de asumir ese argumento, esto supondría que Franco habría sido un jefe de Estado legítimo si se hubiera optado por otra fecha posterior.

La estupidez nos asuela.

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Tras los informes de las tres acusaciones en el juicio a los líderes del golpe secesionista, he mirado resúmenes en periódicos y he escuchado opiniones de opinadores. En su mayor parte, insufriblemente superficiales. Se han centrado en lo que los periodistas llaman titulares. En las frases sonoras, los espejitos que tantas veces se usan para engañar a los nativos, como esas máximas o refranes que vemos pulular por las redes sociales, a menudo con la foto de algún prócer para darle el aura de verdad revelada. Esas píldoras que sustituyen un razonamiento complejo y matizado que analiza todos los aspectos de una cuestión, pero que tanto satisfacen nuestra pereza y la incapacidad para reconocer nuestras limitaciones.

Todo está claro. Los fiscales han dado un zasca (y eso que las defensas no han podido aún replicar) y la abogada del Estado es una traidora que, con sus balbuceos, demostraba la falta de convencimiento. Como si la potencia o adecuación del argumento dependiera del timbre de la voz o de los ehhh intercalados.

Un día, si tengo tiempo y ganas, escribiré un ladrillo en el que expondré con detalle mi punto de vista sobre lo que se ha probado o no en el juicio, y, en concreto, sobre si los hechos probados completan los hechos típicos del delito de rebelión o no. Será tan coñazo que no lo leerá casi nadie, y después de escribirlo tendré la sensación de que soy gilipollas por perder mi tiempo en una tarea que nadie me paga —ya me estoy arrepintiendo, así que es probable que no lo escriba—.

En ese ladrillo debería analizar si, con independencia de cuál sea el bien jurídico protegido en el delito de rebelión, los acusados llegaron a desplegar una conducta material que lo pusiese en riesgo conforme a la descripción contenida en la norma penal. Porque, al margen de la discusión sobre qué se protege en el Título XXI del Código Penal (delitos contra la Constitución), cuestión de importancia, ya que no es igual que se incluya solo aquello relacionado con los derechos y libertades que el que se amplíe al propio sistema jurídico en su conjunto en cuanto garante de la paz social, lo cierto es que la finalidad del autor no es suficiente. No basta con que los hoy juzgados quisieran acabar con el sistema constitucional, sino que es preciso que su conducta se ajustase materialmente a la conducta prohibida en la norma penal. Porque —y esto es consecuencia de que no se recogiese como forma de rebelión, con ese u otro nombre, el autogolpe— el alzamiento violento, como conducta prohibida, exige que la violencia pública tenga unas características que por sí solas sean adecuadas para poner en auténtico riesgo la integridad de la nación o la aplicación de la Constitución en la parte del territorio nacional en el que se produce el levantamiento.

Por esta razón, los argumentos de la abogada del Estado, ridiculizados por algunas personas que no tienen ni puta idea de lo que hablan, son —al margen de la posición que uno tenga— perfectamente pertinentes. La violencia periférica, puntual, no toral en la conducta desplegada para el fin descrito*, no es la violencia que describe la norma penal. Una conducta puede aparente o formalmente coincidir con la conducta prohibida y, sin embargo, ser penalmente irrelevante por ausencia de lesividad conforme a lo que se describe en el tipo que se pretende aplicar y al fin de la norma. El fiscal Cadena, en su análisis del tipo, sostuvo ayer que solo exige la violencia necesaria para la obtención del fin perseguido. Aunque no sea especialmente intensa. Que, de entenderse de otra forma, incluso el golpe del 23 de febrero debería quedar impune. Pero, en mi opinión, esa tesis amplía el tipo de manera inasumible. La violencia puede consistir, como bien dijo la abogada del Estado, en una amenaza creíble sobre su uso: por ejemplo, la presencia de un pelotón de guardias civiles con sus armas en el Congreso y tanques por las calles de una ciudad. Esa intimidación cumple el tipo porque anticipa un posible uso de medios que tienen la finalidad concreta de cambiar el Gobierno del Estado. La cuestión es que la violencia que se observa el 20/9 y el 1/10 en Cataluña, incluso en su faceta de intimidación, no va dirigida a la consecución de la secesión por sí sola, sino a la realización de un referéndum que pretende utilizarse como argumento legitimador. Por mucho que los secesionistas le quisieran dar importancia a ese hecho —hasta el punto de introducir automatismos en sus leyes esperpento al efecto—, el referéndum en sí no es la secesión, salvo que asumamos el tramposo relato secesionista. Tan obvio es esto, que los hoy acusados estuvieron un mes circulando libremente sin que nadie los detuviera cuando supuestamente habían ya cometido uno de los más graves delitos de nuestro Código penal el 1/10. ¿Alguien se imagina a Tejero paseando un mes libre por España y dando entrevistas después del 23-F?

Y sí, yo creo que hubo sedición. Porque, al margen de que los acusados sí quisieran atentar contra la Constitución en sentido material, lo cierto es que, aunque no desplegasen la conducta que completa el tipo del delito de rebelión, para cumplir sus objetivos asumieron y quisieron que se viera afectado gravemente el orden público, que es otro bien jurídico. Precisamente porque controlaban un enorme poder en el territorio, no precisaban, para la consecución de sus fines formales, con la realización de determinados actos habituales en un golpe de Estado: concretamente los referidos a la toma de centros de poder. De hecho, incluso controlaban la fuerza pública más numerosa en el propio territorio. Y, de hecho, podrían haber declarado la república catalana sin referéndum y esto no habría sido delito ni de rebelión ni de sedición. Sin embargo, optaron por añadir ese golem legitimador prohibido por los tribunales. Para llevarlo a la práctica, una vez que un magistrado ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado que materialmente actuase para impedirlo, necesitaban de una actuación masiva de oposición. Esa oposición no tenía que ser violenta para ser sediciosa, ya que el tipo no lo exige, pero sí tenía que ser pública, tumultuaria y eficaz para el logro de su propósito. Todos esos requisitos se dieron. Se creó una apariencia de legalidad, se convenció a millones de personas de que ese acto obstativo equivalía a un acto de desobediencia civil (cuando lo cierto es que no se impedía al ciudadano concreto votar, sino que se le exigía que se apartase para que la fuerza policial hiciese su trabajo), se facilitaron los medios para la votación y para la ocupación masiva por los ciudadanos de los centros, y se alentó a esos centenares de miles de personas, no a votar, sino a defender las urnas y los centros. Se asumió una posición de garante del acto prohibido y se alentó a un comportamiento que impidiese a la fuerza legítima cumplir con sus órdenes. Y, además, se hizo de forma masiva, organizada y consciente. De hecho, dudo que haya acto sedicioso —y hablo en singular— más obvio que este. Y, además, se hizo desde el control, casi total, de las instituciones. He dicho «se» repetidamente, pero no es correcto: todo esto lo hicieron los acusados en compañía de otros.

Termino: no estaría de más, a la vista de lo sucedido, que se reforme el Código penal para específicamente castigar el golpe incruento realizado desde el poder y sin alzamiento violento. El nombre que reciba el delito me trae sin cuidado.

Creo que los fiscales estuvieron muy bien ayer, en defensa de sus posiciones. Pero su claridad y orden en la exposición de los argumentos no son los argumentos. Y creo que la abogada del Estado no es precisamente una oradora nata, que su discurso, sobre todo al principio, fue aburrido, confuso e innecesariamente prolijo en su hincapié en detalles relevantes, pero que nadie puede discutir. Sin embargo, creo que tiene razón. Y como lo que importa en un juicio es la razón y no la brillantez, espero que sus argumentos, a pesar de esa cierta torpeza expositiva, prevalezcan.

Y, puesto que sigo abierto a la razón, escucharé con atención los argumentos de las defensas. Ya ven, cabe la posibilidad de que me convenzan de que estoy equivocado. Aunque a alguno se le escape desenvolupar.

 

NOTA:

* PARA EL FIN DESCRITO.