El precio

 

Los escritos de acusación de los fiscales y de los abogados del Estado me interesan, pero no tanto por la calificación jurídica como por la fijación de los hechos en que fundamentan sus acusaciones.

Se suele olvidar que se acusa por la participación en hechos indiciariamente delictivos y que la calificación de esos hechos, no solo durante la fase de instrucción, sino también en los escritos de acusación es provisional, instrumental.

Si fuéramos racionales, aplicaríamos el manual. Lo importante en el escrito de acusación es fijar las fronteras fácticas: los hechos no incluidos en él solo en casos muy concretos pueden añadirse tras el juicio en la acusación definitiva e influir en la condena contenida en la sentencia (*).

La cuestión es que la decisión, incluso la provisional, incumbe a un jurista. A alguien con formación que se supone hace su trabajo basándose solamente en su propio análisis jurídico de los hechos. La guitarra es suya y puede que no te guste cómo la toca, pero él es el artista invitado.

Lo inadmisible es la intrusión. El Gobierno del PSOE lo es porque contó con el apoyo de los batasunos y de los secesionistas. Es decir, con el apoyo de los que quieren acabar con España. Nadie en sus cabales, que no sea un embustero, negará esto.

La pregunta que nos hicimos todos el día en que el PSOE echó a Rajoy fue: ¿a qué precio? Ellos negaban haber pagado ninguno. Hoy sabemos —como sospechábamos entonces— que es mentira. Que estamos en manos de personas sin escrúpulos que han puesto a la venta el Estado para seguir ocupándolo.

Habrá un juicio: podremos presenciar las pruebas, escuchar a acusados, testigos y peritos. También a abogados y fiscales. Y podremos analizar la sentencia que se dicte. La que sea. También la absolutoria. Pero ya nadie puede negar que el precio se está pagando, torpemente, a trompicones.

Quizás en un momento dejen de pagar y vuelva Sánchez a envolverse en la bandera. Por cálculo. No porque la ley y las instituciones le importen. Así es esta desgracia que nos ha caído encima.

 

 

NOTA:

Dice el Tribunal Supremo:

«De acuerdo a reiterada jurisprudencia en esta Sala, el principio acusatorio aparece íntimamente unido al derecho de defensa, de manera que la acusación debe ser comunicada a la defensa con antelación suficiente para que ésta pueda preparar su participación en el proceso en defensa del imputado. Esto excluye acusaciones sorpresivas que lesionen o impidan el derecho de defensa. Por otra parte, el objeto del proceso -decíamos en nuestras  SSTS 1143/2011, 28 de octubre  (RJ 2012, 1280)  ;  651/2009, 9 de junio  (RJ 2009, 4901)  y  777/2009, 24 de junio  (RJ 2009, 4713)  – es de cristalización progresiva. Las conclusiones provisionales (art. 650 LECrim (LEG 1882, 16)) permiten definir los términos de los debates del juicio oral. Pero son las conclusiones definitivas las que delimitan el objeto del proceso, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. Y son precisamente tales conclusiones definitivas, formuladas una vez practicada las pruebas en el juicio oral, las que han de ser tomadas como referencia para determinar la ineludible correlación entre la acusación y el fallo, presupuesto inderogable del principio acusatorio.

(…) La posibilidad de modificación de conclusiones al formularse la calificación definitiva a la vista del resultado probatorio viene ofrecida por el  artículo 732   de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LEG 1882, 16), siendo en esta definitiva calificación donde queda fijado el objeto del proceso y se establece la exigencia de correlato entre acusación y fallo. Es por ello que la ley habilite la posibilidad de suspender el enjuiciamiento para tomar conocimiento de una modificación de las conclusiones definitivas que suponga una alteración del objeto del proceso, quedando vedado a la acusación una modificación que supongan alteración sustancial del objeto dentro del proceso como precisamente por la adhesión al derecho de defensa. (…)

La correspondencia con ese hecho es el tipo penal objeto la acusación por lo que la inclusión en la acusación sin una modificación fáctica, sino jurídica, de algo que ya ha sido objeto de prueba en el desarrollo del juicio oral no supone una alteración sustancial del escrito de calificación causante de indefensión. En todo caso, la cuestión que ahora se plantea pudo, y debió, ser objeto de análisis en el momento procesal oportuno conforme dispone el artículo 732 y el 788.4 de la Ley procesal penal , que posibilita la concesión del aplazamiento de la sesión para preparar adecuadamente las alegaciones y, en su caso, aportar elementos probatorios de descargo que estimen conveniente y eso fue lo que ocurrió. (…)

En la  STS 58/2018, de 1 de febrero  (RJ 2018, 300), recordamos que nada impide introducir un nuevo titulo de condena y no se produce un apartamiento del objeto procesal por introducir en el debate esa novedosa perspectiva jurídica.

El Fiscal en el trámite de conclusiones definitivas sin apartarse del objeto de la causa (los hechos punibles que resulten del sumario) puede extender, con ciertos límites, la acusación a hechos distintos pero conectados, así como ampliarla subjetivamente frente a quienes ya están imputados y acusados. Y también -y esto es lo que sucede aquí- puede introducir nuevas alternativas de subsunción jurídica siempre que no comporte alteraciones competenciales o procedimentales (en cuyo caso habrían de hacerse algunas matizaciones) o no haya sido ya definitivamente excluida (v.gr. por haberse estimado un recurso contra el procesamiento). No sería posible más que con condiciones muy estrictas la introducción de unos hechos nuevos ajenos a la fase de investigación. Pero si se trata de conductas investigadas, objeto del proceso y no excluidas del mismo, no hay obstáculo para modificar el título de imputación o efectuar otras alteraciones de esa índole.

(…)  STS 1185/2004 de 22 de octubre  (RJ 2004, 6850), con cita de abundantes precedentes, enseña que… “si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia… no existe indefensión”, ya que ningún elemento nuevo sirve de base a la nueva calificación. (…)

Abunda en esas ideas la  STS de 5 de diciembre de 2005  (RJ 2005, 10184)  en la que leemos: «…carece de todo fundamento legal y doctrinal la alegación de que la modificación de las conclusiones acusatorias efectuadas en el acto del Juicio Oral, signifique una reducción de los derechos de defensa del acusado. Dicho trámite, como es notorio, está previsto tanto en el art. 732 como en el 793.6  LECrim  (LEG 1882, 16), y, en términos generales, su inexistencia convertiría poco menos que en inútil toda la actividad procesal que se desarrolla en el acto trascendental del Juicio Oral y que constituye la fase esencial de todo el proceso (…). De ahí que en dichas resoluciones se haya mantenido que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. (…)  El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. (…)

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también encontramos afirmaciones generales sobre la posibilidad de modificación de las conclusiones provisionales. Por todas, la  STC 40/2004, de 22 de marzo  (RTC 2004, 40)  enseña lo siguiente: “…Por ello, hemos sostenido que una modificación de los hechos y de la calificación jurídica del escrito de calificaciones provisionales, al fijar las definitivas, puede ocasionar la lesión del derecho de defensa contradictoria, “pues si, como acabamos de recordar, no puede contradecirse lo que se desconoce y la defensa se ejerce primeramente en el juicio oral, el acusado no habrá podido ejercer de forma plena su defensa, respecto de las modificaciones fácticas y jurídicas introducidas en las calificaciones definitivas, al final del juicio oral” (  STC 33/2003, de 13 de febrero  (RTC 2003, 33) , FJ 4).

Ahora bien, como también afirmábamos en esta Sentencia, ha de recordarse que dicha vulneración no se produce con carácter automático por la mera introducción de cualquier modificación en el escrito de calificación definitiva, sino que se requiere que dichas modificaciones sean esenciales respecto de la concreta figura delictiva por la que finalmente se condena, porque las diferentes garantías conectadas con el principio acusatorio se asientan en la inalterabilidad de los elementos esenciales del hecho constitutivo de infracción penal a partir de la fijación formal de la acusación en las calificaciones provisionales (…). En consecuencia, la existencia de diferencias sobre elementos no esenciales del hecho constitutivo de delito entre las calificaciones provisionales y las definitivas no suponen la vulneración del derecho de defensa (STC 33/2003, de 13 de febrero  (RTC 2003, 33) , FJ 4).

E incluso en el supuesto de que se introduzcan modificaciones que incidan sobre elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o que impliquen una nueva calificación jurídica, para declarar vulnerado el derecho de defensa hemos exigido que el acusado ejerza las facultades que le otorga la Ley de enjuiciamiento criminal (…), solicitando la suspensión del juicio, para poder articular debidamente su defensa (…), exigencia que responde a la aplicación de la doctrina general de que la indefensión constitucionalmente proscrita es la que deriva de la actuación del órgano judicial y no la que ocasiona la falta de diligencia procesal de la parte en la defensa de sus intereses (…)

 

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Artículo franco emparedado

 

He escuchado esta mañana a Pablo Iglesias hablar de los bolsonaros españoles (o algo así). Me congratula comprobar que ya podemos introducir de nuevo claves internacionales en el discurso político patrio y que no se nos acusará de sacar a Venezuela a pasear.

Eso sí, Bolsonaro es una promesa, Maduro una realidad. De lo mismo.

Sobre esto, leí el otro día que Bolsonaro era la respuesta de muchos brasileños al miedo a que su país se convirtiera en Venezuela. Menudos ilusos: para evitar la tiranía y el liberticidio, eligen a un prototirano liberticida. A un Maduro.

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El País se ha convertido en un agregador de noticias sobre Franco. Lo más gracioso es que la mayoría de las noticias las crea el propio periódico con un procedimiento que recuerda a la maravillosa máquina de creación de textos posmodernos, solo que la máquina del periódico es mucho más burda, ya que la randomización no más utiliza Franco, franquismo y algún otro término equivalente, lo que produce cierta indigestión.

Esto es la versión especular, por cierto, de lo que hacía la dictadura franquista. En alguna ocasión, he contado que viendo Las sandalias del pescador descubrí que la versión doblada incluía una escena en la que a un operario que realiza trabajos en el Vaticano se le había cambiado el nombre: dejó de ser Franco y pasó a ser Paolo, o algo similar.

Como el divertimento no puede fundamentarse en la combinación, tan paupérrima ella, se limita a la conexión disparatada. No me extrañaría que hubiera en la redacción del medio un premio a la inclusión más descacharrante. Podríamos, incluso, convertirlo en un concurso nacional; un «ponga a Franco en la sopa».

Estoy por participar. Escribir una entrada en la que ponga Franco en cada párrafo, y obligarles a ustedes a consumir el engrudo.

Voy a ser franco: como me caen bien, mejor les evito el mal trago.

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Hoy Rivera le ha preguntado a Sánchez machaconamente si ha prometido el indulto a los golpistas secesionistas para el caso de condena.

Sánchez se ha amparado en su derecho constitucional y ha decidido no incriminarse.

 

Expertos en periodismo

 

He leído el auto que confirman la conclusión del sumario contra los dirigentes secesionistas que encabezaron el golpe de Estado del año pasado en Cataluña (también se ha dictado auto de apertura del juicio oral).

Son resoluciones sin especial importancia, que solo revelan los intentos desesperados de los abogados por retrasar el juicio. El auto reproduce las ingentes diligencias que se piden. No puedo juzgar la relevancia de todas ellas ya que no conozco la causa, pero de muchas se puede decir que obviamente solo buscan inundar el procedimiento para más tarde alegar infracciones de derechos fundamentales, en particular dada la naturaleza de la fase en la que nos encontramos, en la que no es precisa la existencia de una prueba plena y en la que la sala únicamente ha de considerar si la narración del magistrado instructor en el auto de procesamiento es típica (es una especie de juicio formal de encaje en los diferentes tipos de delito por los que se abre el juicio), algo similar a lo que se pedía a los famosos jueces de Schleswig Holstein (con la diferencia de que el juicio de tipicidad de estos se refiere al derecho alemán, no al español).

Si escribo esto es solo porque, aunque hay muchas diligencias solicitadas que son pintorescas, hay dos solicitadas por el abogado de Jordi Cuixart tan lisérgicas que no quería que muriesen ahí, entre las toneladas de palabras del legajo, sin que los amables lectores de este blog tuviesen la oportunidad de conocer de su existencia. Son estas:

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Hoy también hemos sabido que el Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa contra la senadora del Partido Popular Pilar Barreiro. Dice la nota de prensa:

Tras practicar todas las diligencias posibles, analizar la documentación que obra en la causa, así como las testificales celebradas, la magistrada concluye que la instrucción está terminada y que no se ha consolidado un principio de prueba que de vigor a “las sospechas de corrupción contra la investigada”.

En un auto, la instructora afirma que la “precariedad de los indicios” acumulados contra la investigada sobre el concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria que pudiera encajar en el delito de fraude (artículo 436 del Código Penal) imputado como primera infracción, arrastra al resto de delitos.

De acuerdo con el criterio del fiscal, la magistrada explica que acuerda esta decisión debido a que “el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio” carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción. Añade que sin perjuicio de que las actuaciones puedan ser reabiertas en un futuro contra la investigada, si se añadieran nuevos elementos de incriminación y sin que esta decisión trascienda respecto a las demás investigaciones realizadas en la causa que se sigue en el juzgado central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Ya ven: “precariedad de los indicios” y “débil, equívoco, y ambivalente material probatorio”.

Naturalmente, esto ya no importa nada.

 

Mal, todo nos parece mal

 

A veces, mi querido Jabois, argumenta y se despeña. Dice hoy:

Y cuando se olvide el crimen, porque se olvidará como se olvidan esos envenenados o tiroteados que le caen del cielo a Rusia, podremos detenernos en la fuerza de los medios y las imágenes: por qué en un país en el que las ejecuciones y lapidaciones son orden del día nos llama la atención y provoca una crisis un asesinatoSi ejecutan en público, bien; si lo hacen a escondidas y nos enteramos, mal.

Se despeña por varias razones.

En primer lugar, y por ser precisos, porque las lapidaciones —como castigo oficial ejecutado— no están al orden del día en Arabia Saudí. De hecho, son bastante raras en todo el mundo.

El último informe publicado por Amnistía Internacional sobre la pena de muerte y su cumplimiento dice literalmente:

CÓMO SE UTILIZÓ LA PENA DE MUERTE EN 2015

Como en años anteriores, Amnistía Internacional no recibió información sobre ejecuciones judiciales por lapidación. Dos mujeres fueron condenadas a muerte por lapidación por cometer “adulterio” estando casadas, una en Maldivas y la otra en Arabia Saudí. La mujer de Maldivas obtuvo la anulación de su declaración de culpabilidad y de la pena de muerte; en Arabia Saudí se revisó el caso y se conmutó a la mujer la condena a muerte en diciembre.

La lapidación es una pena prevista en la ley saudí, pero suele conmutarse por decapitación, que es el método de ejecución más habitual.

En segundo lugar, porque el plural mayestático es especialmente inapropiado en este caso: ¿a quién se refiere Jabois cuando afirma «si ejecutan en público, bien»? Que yo sepa, casi todo el mundo dice lo contrario: si ejecutan en público, mal.

Como nos parecen mal, por ejemplo, los miles de ejecutados en China e Irán, la dictadura castrista y el desastre venezolano, el terror coreano, el autoritarismo filipino, ruso y turco —y el que se avecina en Brasil—, los miles de muertos en Siria y Yemen y, a muchos, las ejecuciones en Estados Unidos.

Porque Estados Unidos es una democracia, pero ejecuta a gente.

Yo creo que a la mayoría de los españoles nos parece muy mal lo de Arabia; pero no solo las ejecuciones, sino en general todo su pútrido sistema. Luego, hay quien cree que pese a esto podemos hacer negocios con ellos. Yo creo que no deberíamos. Ni con ellos, ni con algunas otras dictaduras especialmente repugnantes. Más aún, aplaudo la utilización de divisiones aerotransportadas en los casos límite, pero ya sabemos que luego —a los que piensan como yo— nos acusan de militaristas e imperialistas. Incluso por proponerlo para quienes ni siquiera son un Estado, como sucede con el ISIS. Pero, volviendo a lo de antes, creer que las relaciones internacionales y comerciales son complejas e incluso creer —sinceramente— que tratar con las dictaduras y tiranías puede ser bueno a largo plazo —algo para lo que podría enumerar muy buenos argumentos, por lo que no retiro el saludo a los que lo defienden—, no equivale a que te parezcan bien las ejecuciones públicas. Digo yo.

En tercer lugar, porque hay un salto desde una ejecución por un Estado en su territorio por incumplir sus leyes —por asquerosas que nos parezcan y por corrupto que sea su sistema judicial— al secuestro de un tipo en territorio de otro país, seguramente tortura, ejecución extrajudicial y troceamiento del cadáver. Lo primero no se pretende ocultar y lo segundo sí, sobre todo porque lo primero es legal y lo segundo no. Por esa misma razón, los asesinatos de ciudadanos rusos fuera de Rusia, si los ordena el autócrata de Rusia, son mucho más graves que las ejecuciones en Rusia. Porque, en uno y otro caso, son como la versión especular de la jurisdicción universal: ya no se trata de perseguir en cualquier lugar del mundo a los que cometen crímenes de lesa humanidad, sino que los que cometen crímenes de lesa humanidad crean que puedan cometer impunemente sus crímenes en cualquier lugar del mundo y que no pasará nada, porque, total, son como las decapitaciones o los ahorcamientos en sus prisiones. Un ciudadano de Arabia Saudí sabe que en su país no está seguro, porque ese régimen tiránico puede acabar arbitrariamente con su vida. Y sabe que eso va a ser así por mucho tiempo y que será muy difícil que cambie. Pero un ciudadano de Arabia Saudí debería esperar razonablemente que las zarpas de su país no le alcancen fuera de él.

Como es evidente, las razones para considerar este caso más grave que una ejecución en Arabia Saudí son objetivas y no dependen de los medios o de las imágenes, por más que la naturaleza de los hechos atraiga especialmente a los medios y a los que los consumimos. No todo lo que nos parece mal es igual. Ni siquiera cuantitativamente igual.

Tampoco espero que España vaya más lejos de la consternación que critica Jabois. Ni la derecha ni la izquierda van a actuar correctamente: los miles de empleos de los astilleros y la campaña electoral lo van a impedir. Porque, además, es cierta la siguiente reflexión: si no construimos nosotros esos barcos los van a construir otros. Es decir, es cierto que nuestra protesta solo tendría como recompensa saber que hacemos lo correcto. Esto en un país que se cagó de miedo tras el atentado de Atocha y llamó asesino al presidente de su Gobierno, para luego vender que lo que castigaba era la mentira, es imposible.

En algo sí tiene razón Jabois. Pronto algún asunto ocupará el lugar del muerto. Algún asunto gravísimo en el que podremos demostrar lo buenas personas que somos, nuestra defensa de la tolerancia cero en X y nuestra indignación contra alguien que, probablemente, no tendrá la culpa de nada, pero reunirá, sin que se vean afectados nuestros intereses, todas las marcas públicamente reconocidas del hijoputa.

 

Contraindicaciones

 

Ayer —alabado sea el Señor— no leí prensa ni anduve por los mundos de internet, salvo para colgar un par de fotografías de un fantástico lugar que estuve visitando en muy buena compañía. Otro día, si eso, contaré algo más.

El caso es que un amigo me indicó que echase un vistazo al editorial de El País. Ya sabemos que se está ejecutando una estrategia de blanqueamiento del golpe de Estado secesionista. Es obvio en el PSOE y en el Gobierno. No lo es en Podemos, porque los de Podemos nunca han estado en el lado de la ley en este asunto. Podemos no engaña a nadie. Este editorial es, evidentemente, un engranaje más en la máquina de fijar un relato que tiene una doble finalidad: presionar a los fiscales y a los jueces, y, en su caso, legitimar un indulto.

Por eso es tan indecente todo.

«La prisión preventiva constituía un expediente judicial muy frecuente durante el franquismo.»

El comienzo es magistral. Franco aparece en la primera frase. Franco, voy a recordarlo, murió hace 43 años. La Constitución ha cumplido 40 años. ¿Tiene de verdad algún sentido mencionar el franquismo al hablar de prisión preventiva hoy y, en particular, cuando el asunto del editorial no es la prisión preventiva, sino la prisión preventiva de unos pocos? ¿Cuántos editoriales de El País en los últimos, no sé, veinticinco años, han tratado el asunto de la prisión preventiva en general en España?

He preguntado si tiene algún sentido mencionar a Franco. Naturalmente que lo tiene: desde la primera línea se crea la relación entre la prisión de Junqueras y cía y el franquismo. Ya saben, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Para que el lector vayas situándose en el lugar correcto.

«Su empleo ha descendido progresivamente desde la Transición y hoy apenas un 14% de la población reclusa española permanece entre rejas antes de que se dicte sentencia, aunque en los dos últimos años se ha producido un pequeño repunte. La tasa está por debajo de la media europea, en torno al 25%, lo que muestra el progreso liberal de nuestra judicatura.»

El País, en este párrafo, nos ofrece su tradicional cara moderada. Reparte primero caramelos, que ya llegará el barro.

«La mayor parte de los presos preventivos se circunscribe a protagonistas de presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, miembros de organizaciones criminales y autores de robos con violencia.»

Qué cosas. La mayoría de los presos preventivos lo están por su presunta intervención en los delitos más graves habituales. Claro, no suelen ser presuntos asesinos o presuntos agresores sexuales, porque, por suerte, estos delitos son bastante raros en España. Imaginen el porcentaje de presos por delitos de rebelión o de genocidio. Sí, pocos. El dato, ya ven, o es superfluamente idiota o tiene otra finalidad. Sí, exacto, tiene otra finalidad. Ya vamos viendo que lo de la prisión preventiva es franquista y propio de narcos. Aunque, no sé si el autor del editorial habrá caído en que los presos golpistas formaban (forman, en realidad) parte de una gran organización criminal.

«Una singular anomalía suele acontecer con los enjuiciados en asuntos de especial trascendencia mediática: los jueces tienden a dictar para ellos mayor número de autos de prisión provisional, quizá por un exceso de prudencia, por el prurito de no ser criticados por exceso de benignidad o por la permanencia psicológica del antiguo requisito de la alarma social —que ya no está vigente— para imponer este tipo de medida.»

Este párrafo, que es bueno para el convento, me llama la atención. Yo tendería a pensar que puede ser así. Pero lo reconozco como un prejuicio. ¿Tiene El País datos para afirmarlo? ¿Hay algún estudio, por primario que sea, que demuestre que los investigados en asuntos de esos que salen en la prensa van más a prisión por esas posibles razones que enumeran? Porque se da el caso de que los asuntos más mediáticos —cuando no afectan a famosos— suelen ser criminalmente más graves. Personalmente, solo he visto supuestos claros de dureza judicial en la concesión de beneficios tras la condena (normalmente la suspensión).

«La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar que los encausados estarán en todo momento a disposición judicial, especialmente en el momento de la vista oral.»

No. Ese es uno de sus fines. Hay más.

«No es en modo alguno una pena anticipada. No lo es incluso aunque deba relacionarse como medida de proporción con la pena asociada al tipo delictivo del que está acusado el delincuente: a mayores penas previsibles, más lógica tiene dicha cautelar, pero siempre y cuando se cumpla alguno de los requisitos previstos en la ley.»

Efectivamente. Lo curioso es que El País no explique aquí la situación práctica, ya que comienza su editorial hablando de la prisión preventiva en España. Por ejemplo, ¿conoce El País alguien investigado por delitos que pueden llevar aparejadas penas de hasta 25 años de prisión que esté en la calle esperando el juicio? Porque la realidad es que los investigados por delitos que lleven aparejadas penas de ese calibre nunca esperan el juicio en la calle: su influencia sobre el riesgo de fuga es tan intensa que los jueces siempre la acuerdan. Eso sin contar el riesgo que supone que personas que han cometido gravísimos delitos reiteren su conducta, bien sobre la víctima, bien sobre otros.

Esta sucinta doctrina general es también aplicable al caso más estentóreo de presos preventivos de hoy, el de los independentistas catalanes que permanecen encarcelados, en algunos casos desde hace ya más de un año. Resulta falaz la acusación de parcialidad que algunos de sus seguidores lanzan sobre el juez instructor y el Tribunal Supremo, por más que sus resoluciones sean susceptibles de examen crítico. Ni es extemporánea una prisión preventiva argumentada jurídicamente ni la judicatura española persigue al movimiento independentista in toto ni los dirigentes de ese sector son los únicos sometidos a medidas similares (el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados estuvo dos años y medio en idéntica situación).

De nuevo, el viejo mecanismo que tan bien conocemos. Primero la palmada en la espalda y el caponcito para los otros —que tampoco son los míos—, para que se perciba que El País habla desde la razón y la moderación. La pregunta, sin embargo, es: ¿a qué cojones viene pedir que se libere a alguien —que esa lo que viene tanta palabrería, ya que lo único que importa es la última frase del texto— si los jueces españoles no persiguen a nadie ni son parciales? Sobre todo, ¿frente a los escritos y recursos de las partes, y a las resoluciones judiciales, qué entidad, que sustancia, tiene un editorial como este, como para que podamos pensar que es un simple ejercicio de examen crítico? Las resoluciones ya explican utilizando muchas más palabras que El País por qué sí consideran que hay riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Naturalmente, el párrafo es un beso de Judas. Porque lo que importa es lo que viene después.

«Todo ello no significa que las medidas cautelares, por esencia efímeras, no puedan o deban ser reexaminadas atendiendo a razones jurídico-judiciales en virtud de las distintas situaciones individuales.»

Bueno, el adjetivo «efímero» para una situación que puede durar hasta cuatro años parece un tanto cachonda. En todo caso, ya que El País dedica medio editorial a explicar una institución jurídica, debería no ponerse estupendo afirmando lo que no solo saben los jueces, sino que han razonado que hacen. Los jueces siempre nos dicen que examinan y reexaminan las situaciones personales. ¿Afirma El País que en este caso no es así? No, claro. Hace lo de siempre: no lo dice, solo lo insinúa.

«De los tres requisitos necesarios para legitimar una prisión preventiva, hay dos que parece que ya no concurren: el riesgo de destrucción de pruebas (obsoleto con el paso del tiempo) y el de reincidencia en el delito (al no ocupar los justiciables sus anteriores responsabilidades).»

Esto es gracioso. En mi opinión —que se va reafirmando cada día que pasa— el riesgo, no de reincidencia (ya que no hay condena), sino de reiteración, no solo concurre, sino que lo hace de una manera intensísima. Se juzga a determinadas personas porque fueron los líderes del golpe de Estado, pero contaban y cuentan con el soporte y apoyo de cientos de miles de personas (y los resortes, de nuevo, de una administración del Estado). Entre esas personas se encuentran los que hoy gobiernan en Cataluña. Esos que han llevado al presidente Sánchez a la Moncloa, y esos que necesita para seguir gobernando. Esas personas no han renunciado a obtener sus objetivos políticos por medios ilegales: consideran legítimo y democrático el golpe de Estado y lo valoran como un momento fundacional de la república catalana. Esto es notorio. De hecho, consideran a uno de los procesados presidente de esa república. Si esta es su conducta con parte de los investigados en prisión y con otra parte fugada de España, de tal forma que no pueden regresar sin ingresar inmediatamente en prisión ¿qué pasaría si se les pusiese en libertad?

Sin embargo, para El País no hay riesgo porque no ocupan ningún cargo (a pesar, por cierto, de que sean diputados y puedan ocuparlos en cuanto salgan de prisión). Como si, además, no fuese lo propio de las organizaciones criminales en las que hay reparto de papeles el que exista una estrategia secreta y una organización paralela y también a menudo desconocida o difícil de probar.

Y, de hecho, El País olvida que para los secesionistas el referéndum ya es y la república ya tuvo lugar. Si se dieran las circunstancias, ¿la ausencia de un nombramiento formal conforme a la «legalidad española» impediría que Puigdemont y Junqueras salieran a un balcón y volviesen a proclamar la república ante miles de personas firmando cualquier papel de esos que acostumbran a perpetrar y que los secesionistas dijesen que todo esto es válido? ¿Tan difícil es entender esto?

Tan solo podría contemplarse el peligro de fuga en caso de que los procesados fuesen liberados. No es un riesgo teóricamente menor para asegurar el buen fin del proceso. Pero es mayor en función de la apariencia: en cuanto que la huida de algunos dirigentes afianza la percepción de que el resto podría seguir su camino.

Aquí El País menciona la apariencia, pero olvida intencionadamente un dato: esa estancia de los procesados que se encuentran en el extranjero no se ha organizado individualmente y utilizando medios particulares de los fugados. Se produjo gracias al apoyo precisamente del aparato secesionista. Es la existencia de ese aparato secesionista el que hace absolutamente probable una fuga al extranjero.

«Pero apariencia y realidad no siempre caminan juntas.»

LOL

«Varios de los hoy encarcelados fueron en su momento puestos en libertad. Descartaron drásticamente utilizar esa ventaja para convertirse en prófugos. Y acudieron a declarar cuantas veces fueron llamados a ello, aun a sabiendas de la probabilidad de ser sometidos a procesamiento por delitos muy graves, y gravemente penados.»

Vean el argumento: no se puede decir que todos huirían porque hayan huido otros, pero cuando hay que valorar si los que están en prisión huirían hay que considerar que otros no han huido. El argumento vale cuando apoya mi tesis; cuando no la apoya, no vale.

Lo gracioso es que se olvide precisamente que las resoluciones analizan —acertada o equivocadamente— la situación personal de cada investigado y su papel en la trama criminal, y que los investigados, como todo hijo de vecino, hacen juicios de probabilidad.

Es un insulto a la inteligencia sostener que no existe riesgo de fuga de los investigados en prisión, más aún ahora que se acerca el juicio. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de algunos de sus compañeros, que viven confortablemente en países europeos y que, además, saben que la justicia española no les alcanzará salvo que vuelvan a España. Y que el único argumento sea que el tribunal haya acordado la libertad para algunos de los encausados —los que ocuparon puestos de menor relevancia en la trama criminal tal y como se describe provisionalmente en el auto de procesamiento— y estos no se hayan fugado.

«Por ello, teniendo en cuenta que cada una de las conductas y situaciones individuales no son idénticas, que ha transcurrido ya largo tiempo de prisión preventiva y que falta poco tiempo para la apertura del juicio oral, no resultaría contraindicado que el alto tribunal reexaminase la oportunidad de revisar las resoluciones de prisión preventiva.»

Este final es fantástico. Ese «por ello» que, como vemos, no nos remite más que a la nada argumental. ¿En qué consiste el «ello»? ¿Es un «ello» de Junqueras, de Forn, de Sánchez? ¿La cercanía del juicio es un argumento a favor? ¿Lo es la duración cuando llevan un año, una prisión en absoluto de duración inusual en casos de delitos con penas similares? Y también es maravillosa la elección de las palabras: por ejemplo, contraindicado. Parece como si estuviesen recetando un medicamento a los jueces. La prisión preventiva sí es un medicamento; la libertad, no. La libertad es el estado natural y legal. Que los jueces agredan a un bien tan precioso solo debe ocurrir precisamente cuando está indicado para evitar males mayores.

Lo que pasa es que el «ello» sí es de Sánchez, pero de Pedro Sánchez. Y la prisión está contraindicada para que siga en el cargo.

 

Los niños del Brasil

 

A las personas a las que he escuchado hablar peor de los andaluces es a andaluces. Y a las que he escuchado hablar peor de los españoles es a españoles. Y lo más gracioso del asunto es lo que siempre se olvida: que no solo no conocemos a todos los andaluces o españoles, sino que ni siquiera conocemos a una ínfima parte de ellos. Y esto es aplicable a todo el mundo.

Por eso esto es una sandez:

Además, ¿cómo van a ser todos los niños andaluces de diez? ¿Para que sirve una «nota» si todos los niños obtienen la misma? Una de dos, o el diez del señor Moreno equivale a la nota que obtiene el «peor» niño andaluz (lo entrecomillo porque no quiero ponerme a explicar qué significa peor) y los demás no obtienen mejor nota porque está prohibido —en cuyo caso, decir esto equivale a decir «todos los niños andaluces tienen mitocondrias»— o, en realidad, la peli Los niños del Brasil no se desarrolló en Brasil, sino en Andalucía, y todos los infantes andaluces son clones sometidos a un entorno absolutamente idéntico y controlado.

Bueno, hay otras dos opciones: la primera, que el señor Moreno no sabía lo que decía —pese a que fue un niño andaluz— por algún problema, transitorio o prolongado en el tiempo; la segunda, que se puso a hacer una acrobática felación colectiva a los andaluces profesores o con hijos.

Por las mismas razones, es insufrible leer a todos los que se empeñan en decir que García Tejerina insultaba a los andaluces, a los niños andaluces o a la patria andaluza. Yo creo que esa legión de indignados enfáticos saben perfectamente que no estaba insultando a nadie. Lo saben, pero les da igual. Que, acertada o no, que no lo sé, se estaba refiriendo a unos datos de los que deducía que, de media y conforme a unas determinadas pruebas, los niños andaluces de diez años han adquirido competencias equivalentes a otros más jóvenes de Castilla y León. Esto o es falso o es verdadero o está por ahí, entre medias, pero no es un insulto.

De hecho, la reacción de los indignados es o irracional o interesada. De la irracional no digo nada. Para qué. En cuanto al interés, el PSOE lleva décadas gobernando en Andalucía. Cuando se mencionan los elementos estructurales —algunos muy antiguos— que pueden explicar los niveles económicos y sociales de Andalucía, parece olvidarse que ese gobierno de décadas es uno de ellos. Sin embargo, una reacción habitual excluye de cualquier análisis la influencia de las políticas públicas en manos de la Comunidad Autónoma, es decir, en manos del PSOE, ¡precisamente para justificar que se siga votando a los que han aplicado esas políticas durante décadas, que, ahora sí, en esta elección sí, van a servir para reducir y eliminar las diferencias con otras zonas de España!

Es mágico: el PSOE siempre está en la oposición. Incluso en Andalucía. Salvo, por supuesto, cuando los datos son favorables.

Aunque también es cierto que uno comprende la depresión del votante andaluz. Menos mal que todos los niños andaluces son de diez. La solución está ahí. No hacer nada y que crezcan. Todo resuelto.

 

De titulares falsos y ministras relajadas

 

Veo este titular:

Me molesta mucho este titular. Transmite algo que no es cierto. La ministra no dice que van a rehacer el presupuesto porque saltárselo sea fácil. Ni siquiera lo dice en el corte que aparece en la noticia, en la que interesadamente no se incluye la pregunta. Más evidente es que no lo dice si la añadimos. Aquí está el corte con la pregunta.

Lo que dice la ministra es que, con unos presupuestos aprobados que incluyen un máximo de déficit, es posible después, y siempre que se haya aprobado un déficit superior tras la aprobación de los presupuestos, y sin necesidad de modificarlos, al aplicarlos, tener un resultado último de déficit superior. Es decir, no cumplir los presupuestos originales porque ya sabes que el déficit admitido y legal es más alto.

La clave es esa: la ministra no asume que, de no darse esa modificación de la ley de estabilidad —lo que permitiría que el Senado no vetase una modificación de los objetivos de estabilidad presupuestaria—, no vayan a ajustarse al 1,3%. Es decir, la ministra no dice lo que el titular afirma que dice.

Me molesta, además, porque, sin necesidad de manipular las declaraciones, el asunto es lo suficientemente grave —aunque bastante usual, por cierto—. Esas declaraciones, sumadas a los datos que se dan en el artículo son la prueba, en realidad, de que la ministra sabe perfectamente que van a presentar una ficción. Que los recortes adicionales los hará como sea y los sacará de cualquier lado, porque espera no tener que aplicarlos, una vez se dé vía libre a la reforma de la ley. Que, para entendernos, los presupuestos que van a sacarse de la manga son como la tesis del presidente, algo para justificar el expediente.

Como sabemos, lo de los presupuestos no suele tomarse con suficiente seriedad en este país nuestro. Y he leído que hay quien dice que lo de Montero no es muy diferente de lo de Montoro. Sí, una vez ejecutados los presupuestos —considerando la naturaleza de predicción que se contiene en una ley así, ya que depende de estimaciones— resulta que siempre el déficit superior al previsto, nunca inferior.  Ya es mala suerte. Ahora bien, en esto de las comparaciones entre monteros y montoros, yo solo quiero recordar la desviación del último Gobierno de Zapatero: en 2011 —ya llevábamos tres años de crisis, no había sorpresa—, el compromiso era de un 6 %. A finales de noviembre de 2011 aún insistían en que lo iban a cumplir. Vean:

El déficit no fue dos puntos superior al comprometido en los presupuestos como dice Soraya Sáenz de Santamaría en el vídeo. Fue de un 3,64 % superior.

La ministra Salgado, socialista, a punto de irse, mentía a la nación y ocultaba una monstruosa desviación en el déficit.

Por eso me acojona tanto ver a la ministra Montero presumiendo, casi de chufla, de lo fácil que es gastar de más si se puede. Porque, cuando no podían, y cuando juraban que estaban cumpliendo, mentían como bellacos dilapidando el dinero de los españoles.

 

Bondad automática

 

Esta noticia es espeluznante.

¿Deben ver a sus hijos los padres incursos en juicios de violencia machista?

Expertos y ONG han redactado un borrador de la Ley frente a la Violencia contra la Infancia en el que proponen que se prohíba por ley “el establecimiento de ningún régimen de estancia, relación o comunicación” con hijos menores a los progenitores condenados o acusados de cualquier delito relacionado con la violencia de género.

Para que entiendan la medida, si se extiende tal y como se propone por esos «expertos y ONG» (según el medio), la consecuencia es que un padre investigado por maltrato puede que esté incluso años sin relacionarse con sus hijos.

Eso sí:

“Lo principal es que no se ponga en riesgo la vida de los niños. Si luego resulta que la persona no es condenada se vuelven a retomar las vistas, pero lo mas importante es evitar el mal mayor, que es perder la vida”.

Claro, años más tarde, cuando la relación del padre con su hijo o hijos está completamente rota, la idea es que se puedan «retomar las visitas». Como si no se pagase un precio.

¿Por qué la prohibición, es decir, el automatismo? Porque los jueces valoran los casos concretos y, pese a estar obligados a investigar si hay indicios, a menudo aprecian que no hay riesgo respecto de los hijos. Y no condenan a los hijos cautelarmente a no ver a sus padres.

¿Por qué pasa esto? No porque los jueces hagan su trabajo —cometiendo errores, por supuesto, porque no son infalibles—, sino porque no cuentan con «perspectiva de género», se nos dice.

Esta medida es un ejemplo de esa perspectiva. Perspectiva de género equivale a establecer presunciones legales incompatibles con la civilización y, por cierto, con el conocimiento de las cosas. Equivale a provocar cambios fácticos gravísimos en la situación de decenas de miles de personas mediante un automatismo legal: la denuncia equivale a una condena anticipada. Hoy, los jueces, al igual que pueden decretar una prisión preventiva pueden establecer cualquier medida de protección respecto de mujeres denunciantes y respecto de los hijos menores (incluso sin denuncia). Pero a la iglesia de la perspectiva de género no le basta: no confía en que los jueces juzguen y prefieren el privilegio. La ley privada para las mujeres, como lo fue el derecho de pernada para los aristócratas. Las mujeres, seres superiores, decidirán, simplemente denunciando, cuál será el futuro inmediato de los denunciados, esos plebeyos, respecto de sus hijos.

Así estamos.

Llevo dos días trabajando en una demanda de modificación de medidas. Les voy a contar algunas cosas sobre ella, con permiso de mi cliente.

Un hombre —mi cliente—  y una mujer tienen una hija, menor de edad. Surgen problemas entre ellos, que no voy a contar, porque no viene al caso y por no crear prejuicios al que lea esto. El caso es que terminan yendo a abogados que presentan demandas. Ella además presenta una denuncia: amenazas, agresiones e incluso agresión sexual. Lo detiene la policía y pasa dos días en un calabozo. Él es muy cuidadoso. Lo anota todo. Lo guarda todo. Lo graba todo. Por suerte, las enormes inconsistencias de ella —y las mentiras— dan lugar a un sobreseimiento inmediato, pese a la gravedad de las acusaciones. Recurre en apelación. La audiencia confirma el archivo. Viven en la misma casa, en habitaciones separadas; pero ella se mete en la cama de él, lo empuja, lo provoca. Él conserva la calma, mientras lo graba todo. Poco tiempo después, unos amigos de ella, a la que creen una víctima, pegan a mi cliente. Mi cliente denuncia y obtiene una sentencia condenatoria contra los agresores. Sigue: la mujer termina marchándose de la vivienda familiar, pero llevándose a la niña con ella e impide al padre que la vea. Presentamos una denuncia por secuestro, a sabiendas de que no prosperará, ya que el conflicto está judicializado. Se archiva la denuncia, pero el padre durante dos meses no ve a su hija. Las pocas veces que logra hablar con ella, la niña carga al padre de reproches: que ya no la quiere, que la ha abandonado. El padre es incapaz de explicar a su hija que tiene que esperar a un juicio que tarda en celebrarse diez meses. Mientras tanto, ella le comunica al padre que puede recoger a la niña: es una trampa. Pretende aprovechar ese momento y provocar un nuevo conflicto. Él lo graba todo y va acompañado de testigos. Ella denuncia, pero el procedimiento se abre y se cierra cuando la fiscal comprueba, por las declaraciones de los testigos y las grabaciones, que la denuncia es una burda mentira, tras «aconsejar» a la madre que retire la denuncia antes de que el asunto pueda perjudicarla. Él se niega a denunciarla por denuncia falsa, a pesar de que en las resoluciones constan los elementos de su falsedad, porque no quiere estropear la mínima posibilidad de establecimiento de un régimen civilizado. Dos denuncias, ambas objetivamente falsas, de esas que no aparecen en las estadísticas de denuncias falsas. Se celebra el juicio por la custodia. Mi cliente ha pedido la custodia para él y, en su defecto, la custodia compartida. Juez y fiscal, ambas mujeres, «abroncan» a la madre, que miente manifiestamente en el juicio, reconociendo los esfuerzos del padre por mantener el contacto con su hija y ocuparse de ella, pese a las maniobras de la madre. A pesar de dos denuncias previas por maltrato, se acuerda un régimen de custodia compartida.

Hoy, más de un año después, y tras aguantar —por mi consejo— incumplimientos constantes del régimen por la madre, además de tras una serie de episodios que no voy a contar, mi cliente va a pedir la custodia para él. Él es un padre responsable y cariñoso. Su hija tiene un hogar estable cuando está con él. Ella es irresponsable y está perjudicando gravemente a su hija, que quiere vivir solo con su padre.

En todo caso, y esta es la moraleja, si esa reforma propuesta estuviese en vigor, si mi cliente no hubiera sido tan cuidadoso y si la madre hubiese sido más habilidosa,  lo normal habría sido que esas denuncias no se hubiesen archivado de plano, sino que se hubiesen abierto procedimientos que quizás más tarde habrían dado lugar a absoluciones (o no, vayan ustedes a saber, que la declaración de la «víctima» puede ser prueba de cargo). En todo caso, mi cliente, en vez de estar separado dos meses de su hija, con la que hoy tiene una relación estupenda, lo habría estado por imposición legal durante todo el tiempo que hubieran tardado en juzgar al padre y dictar una sentencia firme (es decir, incluyendo los recursos). No puedo prever las consecuencias; solo sé que es terrible que se pretenda hacer pasar a decenas de miles de personas por esto, por el hecho de que unos pocos padres maten a sus hijos. Queremos destruir la libertad, supuestamente para asegurar el bien, cuando no hay mayor bien que la libertad. De hecho, la gente arriesga su vida para ser libre. Si, como dice el «experto», lo principal es asegurar la vida de los niños y para ello tenemos que obrar de una manera tan desmesuradamente injusta, casi es mejor prohibir a los hombres, a todos ellos, relacionarse con sus hijos. Así solo morirían asesinados unos pocos niños a manos de sus madres, aunque, ya lo sabemos, siempre como consecuencia de algún trastorno mental, nunca por un acto perverso.

La voracidad de la iglesia de la perspectiva de género es insaciable. Más vale que nos conjuremos para detener esta deriva liberticida.

 

Identificando a los enemigos del pueblo

 

He estado escuchando, estupefacto, la comparecencia de la ministra de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso.

Sus declaraciones son escandalosas.

Se ha referido genéricamente a los audios de Villarejo como audios obtenidos ilegalmente. Esta afirmación es discutible. Puede que sí, puede que no. Hay audios que se han admitido como prueba incluso en procedimientos penales (por ejemplo en el juicio de Gürtel). Considerando al sujeto, no obstante, es perfectamente posible que muchos sean ilegales, pero no debería explicar los 20 teras de garabaciones. Basta con que explique las grabaciones en las que aparece ella.

Como esas grabaciones son impresentables y no tienen defensa, la ministra ha decidido no entrar en su contenido, argumentando que esto supondría hacerle el juego al chantajista y a la derecha, extrema derecha y extrema extrema derecha (estupidez que debe considerar afortunada, ya que la ha repetido en varias ocasiones y que es el resultado hilarante de la necesidad de adjetivar a la extrema derecha cuando de verdad aparece).

En una conducta conocida, pillada en falta ha decidido embestir contra todo el mundo afirmando sandeces como las siguientes:

1.- Que los audios pretenden condicionar la acción del ejecutivo, porque son un chantaje al Estado a través de ella, a la que se ataca porque es ministra, y con la finalidad de impedir que el Gobierno trabaje por el bienestar de los españoles y la convivencia. 

Es una sandez porque lo que pretende Villarejo no es condicionar la acción del Gobierno sino salir bien parado. ¡Ella misma lo admite más tarde cuando deja constancia de que Villarejo ha advertido en sede judicial de que el material informático que posee contiene información sensible que afectaría la seguridad del Estado, a las altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros!

3.- Que Villarejo es un presunto delincuente, investigado por catorce delitos que pretende extorsionar al Estado para salir de la cárcel. Ha insistido en esto, citando un escrito de la fiscalía anticorrupción en la que se califica la actividad de «Villarejo y sus consortes criminales» como un fiel reflejo de la corrupción que infectó durante años a un grupo de mandos de la policía nacional, una mafia —un clan— que no dudaba en utilizar informaciones comprometedoras para comerciar con terceros y así garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas. 

Todo esto es extraordinario: ¡eso es precisamente lo que Villarejo le cuenta a la hoy ministra —entonces fiscal— en esa comida: que obtenía información y se dedicaba al chantaje con ella!

4.- Que ellas es una víctima por partida doble. Como ministra del Gobierno, porque un miembro de las cloacas del Estado pretende a través de ella, desestabilizar al Gobierno  para obtener una ventaja procesal y por la interesada utilización de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha para evitar que se lleve a cabo la agenda reformista y de regeneración democrática  del Gobierno.

Es extraordinario: es una víctima porque se usa contra ella un hecho de su biografía que demuestra una preocupante cercanía con personas a la que la misma ministra califica hoy como presunto delincuente, como miembro de las cloacas, de la mafia policial.

¿Seguro que es una víctima por partida doble?

5.- Que Villarejo estuvo prestando servicios para Eugenio Pino (al que el exministro Catalá otorgó una medalla por sus méritos); que el exministro Fernández Díaz permitió a Villarejo que compatibilizase su actividad policial y privada; que participó en lo que ha llamado la «operación Cataluña», donde también participaron personas relevantes del PP, como Alicia Sánchez Camacho y Jorge Moragas, una operación dirigida a fabricar investigaciones fraudulentas contra sus adversarios políticos. A todas estas personas, que también se dedicaron a fabricar pruebas contra Podemos, las ha calificado de brigada patriótica.  

Todo esto lo ha resumido en este argumento: que, después de haber alimentado lo que ha llamado cloaca, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha se atreven a usar contra ella las actividades que ellos mismos fomentaron y aplaudieron sin rubor alguno.

Dejando de lado las generalizaciones y el ventilador —bien utilizado por los secesionistas, los amigos de los terroristas y los antisistema y que olvida los años de Gobierno socialista—, lo asombroso es que todo eso que afirma de ese monstruo demoníaco llamado Villarejo es eso de lo que Villarejo presumía en esa comida. Esa actividad ilegal que tanta gracia le hacía entonces a la ministra.

¿Se puede tener más jeta?

6.- Que el Gobierno no se va a dejar chantajear, ni va a aceptar amenazas de las cloacas ni de los que le hacen el juego sucio, de los que crean un lodazal que quiere acabar con el Gobierno decente de Pedro Sánchez, que precisamente pretende limpiar el lodazal de corrupción en que nos estábamos moviendo.

Fastuoso: pedirle responsabilidad por sus mentiras (mintió, mintió y mintió) y por su comportamiento equivale a ceder al chantaje.

Sin embargo, usemos la lógica y sus palabras: si el chantaje pretende que Villarejo salga de prisión, el chantaje no tiene éxito si la ministra dimite, se designa ministro a alguien que no compartiese chistes con ese peligroso y repugnante sujeto, y Villarejo sigue en prisión. ¿Es fácil, verdad?

7.- Ha recordado su currículum: contra ETA, contra el terrorismo yihadista; contra el narcotráfico. Nos ha contado sus operaciones sobre el terreno, que ha llevado escolta durante años, que ha logrado juzgar a torturadores argentinos, evitar atentados y mantener a Falciani en España y con ello que el Estado recuperase millones de euros en impuestos. Más aún, ha afirmado que lo que se pretende es desacreditar la carrera de una  mujer, que por sí misma, merced a su esfuerzo, trabajo y dedicación ha obtenido importantes logros, sin tener a ningún hombre, ni al lado, ni delante, ni detrás. Sí, lo ha hecho para explicar por qué las amenazas no podrán acabar con ella o para explicar que no es una marioneta de nadie.

Como tantos otros antes, la ministra ha decidido escudarse en su biografía y, como tantas otras antes, ha decidido escudarse en su condición de mujer.

Pero no se pide su dimisión por su carrera profesional. Ni por su trabajo en la Audiencia Nacional.

Ella, como fiscal, lo sabe perfectamente. Como fiscal habrá rechazado las alegaciones, en juicio, de los acusadores o de los defensores sobre el carácter de un acusado, sobre los hechos de su biografía que no son objeto de juicio.

Hoy es a ella la que se somete a un juicio político por unos hechos concretos. Y si ser un buen padre de familia durante décadas no absuelve a alguien que un día degüella a su mujer y a sus hijos, su trabajo profesional autodescrito como propio de una superheroína tampoco la absuelven a ella de los hechos concretos que hacen inexcusable su dimisión.

Y tampoco la absuelve la excusa persecutoria: no es un ataque contra mí, sino contra el Gobierno reformista, contra el bienestar de los españoles, contra la perspectiva de género, contra el bien, contra la patria progresista.

La patria, ya sabemos, es el último refugio de los canallas. Por eso, hay que tener mucho cuidado cuando nos refugiamos detrás de una bandera; la que sea. Para que no te confundan con uno.

 

Chantaje es cualquier cosa que me permita seguir en el cargo

 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido hoy a dos preguntas de diputados del Congreso: una sobre la razón por la que la ministra está en posición de ser chantajeada, la segunda sobre la obligación de los ciudadanos de denunciar los delitos.

Las intervenciones de la ministra, fiscal de carrera, son deleznables.

En cuanto a la primera pregunta, su respuesta —tras indicar inicialmente que ella no se siente chantajeada por nadie— es ilógica, arbitraria, mendaz y victimista.

El chantaje consiste en una presión ilícita sobre alguien que se basa en la amenaza (normalmente la amenaza de una revelación que pueda ser perjudicial de alguna forma) y que se dirige a obtener algo del amenazado.

La víctima del chantaje es el amenazado, en primer lugar. Puede serlo también aquella persona que se vea afectada personalmente en caso de que la amenaza se cumpla: por ejemplo, al que amenazan con publicar algo que afecte a un miembro de su familia lo consideramos víctima —si no lo fuera, la amenaza sería vana—; tan víctima como dicha persona afectada por eso que se pretende publicar.

Apliquemos esto al discurso de la ministra. La ministra afirma:

«Lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado»

Si el comisario Villarejo pretende obtener beneficios ilícitos en sus procedimientos penales amenazando a personas relevantes que ocupan o han ocupado cargos de importancia, no está chantajeando al Estado. Está chantajeando a esas personas. De hecho, la publicación y revelación de informaciones ciertas y relevantes sobre esas personas susceptibles de ser chantajeadas no solo no es perniciosa para el Estado, sino que es beneficiosa.

La ministra confunde el Estado con personas que puedan estar administrando la cosa pública y aplica una lógica falsa e interesada. Por eso, el salto siguiente es inadmisible:

«[un chantaje] del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima»

Efectivamente, ella es víctima de una amenaza ejecutada, pero no se le piden responsabilidades por esa condición. Villarejo está enseñando munición para provocar el miedo en otros, en los que no aparecen. Las víctimas de esos otros chantajes nos son aún desconocidas, pero no son el Estado. De hecho, y en un sentido muy concreto —Napoleón decía que la amenaza es mucho más fuerte que su ejecución—, las revelaciones sobre la ministra ya no son un chantaje, puesto que la amenaza se ha llevado a efecto (salvo, claro está, que haya más munición contra la propia ministra).

El problema para la ministra, por tanto, ya no es Villarejo y su chantaje (más o menos estructurado) a terceros: el problema es que no puede ser ministra de Justicia del Gobierno de España una fiscal que ha mentido tantas veces como ha rectificado (salvo una, de momento) y que, en una reunión con un comisario charla amigablemente dando a entender que jueces del Tribunal Supremo, en un viaje al extranjero, usan menores como prostitutas y que se ríe de la confesión de una red de extorsión a terceros por «vía vaginal».

Por tanto, cuando la ministra dice …

«Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es admitir ese chantaje».

… dice bien, pero olvida que su dimisión no supone admitir chantaje alguno, sino aplicar un estándar ético mucho más bajo del que el propio presidente del Gobierno del que forma parte dice exigir (aunque ya sabemos que no se lo aplica a sí mismo).

La mendacidad de su discurso alcanza cotas heroicas cuando afirma:

«Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje».

Según esa lógica, si un chantajista amenaza a un asesino con descubrirlo, la única manera de evitar que el asesino se «revictimice» es que el Estado ignore el asesinato si este sale a la luz finalmente.

La lógica de la ministra se resume en: yo no respondo de mis actos cuando se utilizan ilícita e interesadamente por otros. Esa lógica simplemente blindaría al embustero, al corrupto y al criminal. Los convertiría en una especie de «delincuentes» protegidos como esos que pactan inmunidad a cambio de su testimonio.

No. No queremos ministros que crean que existe un pacto de inmunidad por el hecho de que haya gentuza que quiera usar contra ellos su pasado. La sociedad tiene derecho a analizar ese pasado y juzgar; y esto es independiente del juicio que merezca el chantajista.

También es posible que lo que suceda es que la ministra no entienda el significado de la palabra chantaje, ya que afirma:

«Chantajear es difamar»

«Chantajear es vertir [sic] mentiras»

«Es expandir grabaciones ilegales»

«Es expandir conversaciones manipuladas»

«Es hacer que la coherencia y los principios de una determinada persona pueda verse mancillada»

Es verdaderamente notable que la ministra ponga tantos ejemplos de lo que es supuestamente chantajear y ni uno solo de ellos, por sí solo, lo sea realmente. El clímax de esa serie mendaz, sin embargo, es este:

«Pero sabe también qué es chantajear: hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere, entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio, pero saben por qué tienen que entrar en ese lodazal político: porque no tienen oposición, porque no hicieron gobierno en su momento, porque no trabajaron por España, porque estaban preocupados por una corrupción sistémica, porque estaban en descomposición. Y ahora ustedes se encuentran enfrente un Gobierno socialista que está dando respuestas en cuatro meses solo de Gobierno a los españoles en todos los ámbitos de este Gobierno. Por tanto, señor Maroto lecciones las justas.»

Es muy divertido lo de la «lógica política» del chantajista. Por lo visto, todos los que creemos que la ministra debe responder de sus actos somos también chantajistas. Por entrar en un «lodazal político», esa metáfora liberadora que encubre la huida hacia delante de una funcionaria pública que tenía y tiene como fundamental misión el cumplimiento de la ley y la persecución de los delitos, y a la que descubrimos haciendo chanzas con un tipo que debía dedicarse a lo mismo, pero que reconoce montar prostíbulos para obtener información «sensible» con la que chantajear a terceros.

Y es muy divertido que su parapeto ya no sea el Estado, sino la plebeya por lastimosa invocación de España y de los intereses de los españoles, por fin en la manos correctas, las del Gobierno socialista. En suma, la patética excusa de todos los tiranos que en el mundo han sido.

Este lamentable comportamiento se ha agudizado después. Cuando se ha preguntado a la ministra si considera que todo ciudadano tiene el deber de denunciar un delito del que tenga conocimiento ha comenzado afirmando que podía dar una clase sobre el particular. Ya lo suponemos: es fiscal; pero más tarde, tras la intervención del diputado Bermúdez de Castro, ha respondido con la peor respuesta posible desde el punto de vista de un ciudadano: que los que ahora se lo reprochan no lo hicieron antes.

Más aún, esto es especialmente inadmisible en el caso de quien era fiscal cuando se graban esas conversaciones, de quien entonces no era ministro y de quien estaba especialmente obligado a no comportarse como lo hizo. Es de tal entidad ese deber, que el artículo 1 —sí, el primero— del Estatuto del Ministerio Fiscal afirma:

«El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.»

Recordemos.

Dimita ya, señora ministra. Tranquila: no queremos que el chantajista obtenga ningún beneficio de su chantaje, sino que pague —también— por él. Y por eso también, nadie que haya compadreado con el chantajista debe seguir en un puesto de tan enorme responsabilidad. Porque, aunque no lo parezca, es usted ministra de Justicia.