¡Urgente! Se descubre que España tiene un código penal

 

Estoy leyendo algunas opiniones sorprendentes sobre el caso del hombre que ayudó a su mujer a suicidarse.

Su conducta está tipificada en el Código penal:

Artículo 143.

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

No solo lo está, sino que expresamente, tal y como pueden ver,  se aprobó un subtipo atenuado en aquellos supuestos en los que exista enfermedad grave que va a conducir a la víctima a la muerte o una enfermedad que produce padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Vean que, además, se incluye tanto la cooperación al suicidio como lo que debería calificarse como auténtico homicidio («el que causare»).

Es decir, el caso que aparentemente nos ocupa está regulado así desde hace veinticuatro años.

De hecho, el texto finalmente aprobado es casi exactamente el propuesto originalmente en el proyecto de ley (solo se cambió la expresión «hubiera conducido» por «conduciría»). Ninguna enmienda fue admitida. Las había, digamos, de dos tipos:

a) Las de IU y ERC, que o despenalizaban el supuesto (incluyendo, en el primer caso, un 143 bis que expresamente declaraba la exención de pena —es decir una cusa de justificación—, mientras que el segundo grupo, en enmienda de Rahola, técnicamente más razonable, remitía a una ley especial qué supuestos de suicidio asistido serían admisibles y con qué requisitos).

b) Las de PP y Coalición canaria, que intentaban limitar el subtipo aplicándolo el primero como sujeto activo solo a médicos y estableciendo como requisitos tanto la naturaleza terminal de la enfermedad como los padecimientos que deberían ser «insoportables» y, además, admitiendo solo la rebaja en un grado de la pena, mientras que en el caso de Cc también se pretendía aplicarlo solo a médicos, exigiendo presencia de un testigo y, además, que los requisitos fueran cumulativos (enfermedad mortal más padecimiento).

Es, por tanto, incomprensible la sorpresa de muchas personas por el hecho de que se abra un procedimiento penal. De hecho, salvo que se acredite alguna circunstancia eximente, lo más probable es que este hombre, que además ha actuado abiertamente y ha dado publicidad a su conducta, sea condenado a una pena de entre un año y medio y tres años de prisión.

Sobre la posibilidad de un indulto, resultaría paradójico que el mismo se base en que este hombre ayudó a su mujer a suicidarse tras una enfermedad incurable, de muchos años, que le causaba padecimientos. Y que haya hecho esto por razones humanitarias. Digo que sería paradójico porque esa precisamente es la razón por la que su conducta encaja en subtipo atenuado (es decir, esa es la razón por la que se castigan con penas menos severas).

O la conducta tiene que seguir siendo delictiva (y, en tal caso, es difícil comprender por qué se ha de indultar a este ciudadano) o se ha de despenalizar. En este último caso, y por razón de la más elemental seguridad jurídica, la despenalización debería efectuarse mediante la aprobación simultánea de una ley que estableciese el procedimiento de auxilio al suicidio de determinadas personas. Más que nada, para controlar este tipo de situaciones y evitar que se produjesen casos límite dudosos en ámbitos privados.

La otra cuestión que leo y que me sorprende es la relativa a la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Como si esto fuese raro o siniestro.

Veamos, una vez aceptada la cuestión de la existencia de este tipo de juzgados (algo discutible en términos generales) es perfectamente lógico que una conducta que se incluye dentro del título relativo al homicidio y sus formas (y el legislador decidió incluir aquí el suicidio, en sus formas de inducción y cooperación, algo razonable, ya que el que induce y/o coopera al suicidio lo hace con la vida de otro) si víctima y autor son cónyuges (o han mantenido una relación de afectividad, etc.) sea instruida por el Juzgado de Violencia.

El Juzgado de Violencia no juzga. Es un juzgado de instrucción especializado. De hecho, el juez puede sobreseer y archivar. Por cierto, una de las funciones del juzgado es investigar si se trata de una cooperación al suicidio, porque podría resultar que no. Que sea un asesinato.

Más aún, en este caso concreto, ni siquiera existe la asimetría penal que sí se da en otros supuestos de violencia doméstica (algo, ya lo saben, que me parece inadmisible). Así que, ¿qué más da que el juzgado competente para instruir sea este? ¿O es que el nombre del juzgado, su etiqueta, ya implica algún tipo de tacha?

Es agotador que estemos indignados todo el día por todo tipo de cuestiones, la mayoría de ellas absolutamente intrascendentes.

 

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Creer o no creer, he ahí el problema

 

Ayer, un músico mexicano se suicidó y publicó en twitter una nota en la que explicaba sus motivos:

Esto ha generado discusión y acusaciones recíprocas entre los que apoyan este tipo de denuncias —aparentemente, el propio suicida es uno de ellos— y los que los acusan de caza de brujas.

Lo paradójico es que el suicidio no añade nada. En realidad, es perfectamente deletéreo y nos sitúa en el mismo marco mental del #MeToo. Por lo visto, hay quien piensa que tenemos que creer al músico. Por el hecho de cometer algo tan aparentemente inequívoco. Como piensan otros que tenemos que creer a la denunciante, anónima o con nombre, que se atreve a denunciar hechos horribles señalando a alguien.

Ahí está la enfermedad. En un mundo civilizado no se deben producir consecuencias cuando hay una denuncia sin pruebas. Por eso es tan difícil que exista y llevamos siglos construyéndolo. Porque la denuncia puede ser también una forma de hacer el mal. Tan espantosa como el más espantoso de los actos. Puede convertirte en un muerto en vida, en un fantasma civil. La única consecuencia civilizada de una denuncia debería ser la prevista en la ley, tras la declaración legal de certidumbre —que puede ser errónea; el mundo es imperfecto—.

El músico se suicida y muchos dicen «yo sí te creo». Sin embargo, el suicidio no prueba nada sobre la acusación. No prueba que fuera cierta. No prueba que fuera falsa. Ni siquiera prueba que sea la causa, por más que el suicida lo ponga por escrito. Sí, los suicidas a veces mienten. Los suicidas, a veces, se mienten a sí mismos.

Lo que queda es el ruido. La discusión religiosa. Banderías echándose a la cara sus fes respectivas. Vociferantes.

 

Ojalá sea solo un timo más

 

El PSOE, en su programa electoral para estas elecciones, incluye este disparate:

Dejaré de lado eso de que la supresión del delito de abuso sexual —algo que, además, es mentira con seguridad, solo van a cambiar el nombre: las conductas no se «suprimen» como delito— no transmite «adecuadamente» el carácter coactivo de los delitos contra la libertad sexual —cuando el abuso precisamente es un delito CONTRA LA LIBERTAD sexual—; por lo visto hay que hacer un código penal con dibujitos, marionetas, vídeos o alguna putamierda de hashtag.

Voy a centrarme en eso de que el consentimiento en cualquier relación sexual deba ser «explícito» y que «si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no».

Hay dos maneras de entender esto:

La primera: cuando usan la palabra «dice» y hablan de consentimiento explícito se refieren a cualquier forma de expresión. Puede ser hablada, escrita, por lengua de signos, por gestos o por comportamientos inequívocos. Por ejemplo, ella no verbaliza nada, ni escribe sí en una libreta o en un correo electrónico, pero a la pregunta de él acerca de si le apetece mantener una relación de índole sexual, sin decir ni mu, le baja la bragueta a él y le hace una felación. Vamos, que explícito incluye también implícito. Es implícito porque la conducta que ella realiza incluye el consentimiento, sin expresarlo. Pues bien, si se refieren a esto, NO HAY QUE CAMBIAR NADA. La ley actual ya habla de ausencia de consentimiento (que se presume inexistente en niños o en una persona inconsciente) o de un consentimiento viciado en los casos de abusos. Ya está. Por tanto, lo que se promete es una trola para que las mujeres crean que cambia algo.

La segunda: que es la que más se ajusta a la literalidad de lo que afirman, que solo se considerará que una mujer dice sí cuando diga sí. Y si no dice que sí, TODO LO DEMÁS ES NO y no hay consentimiento. En este caso, en el ejemplo que he expuesto, él habría cometido un delito.

Analicemos esta segunda opción. En primer lugar, resulta contrario a una serie de principios básicos en materia penal. Por ejemplo, al de que debe buscarse la verdad material. Es decir, debe procurarse saber si ella consintió; no saber si consintió explícitamente. Lo segundo, que la norma penal solo debe castigar conductas que afecten a un bien jurídico. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO ES PRECISAMENTE LA LIBERTAD SEXUAL. Solo una conducta que afecte a la libertad de las mujeres —hablo y seguiré hablando de mujeres porque, aunque parezca acojonante, el programa habla SOLO de mujeres— debe ser delictiva. En tercer lugar, que las presunciones, en general, y más aún si son iuris et de iure, en materia penal, son un recurso incivilizado salvo en circunstancias extraordinarias y muy justificadas (como lo es presumir que un bebé de dos años no puede prestar un consentimiento válido para una actividad sexual, por ejemplo). Por tanto, presumir, sin posibilidad de prueba en contrario, que un consentimiento para mantener relaciones sexuales no existió por no ser explícito en esos términos atenta contra esa regla básica.

Y esto sin tener en cuenta otras cuestiones como el error de hecho o el que las agresiones sexuales solo son delitos si son dolosas (es decir, voluntarias). En la segunda versión, el dolo exigible implicaría que un hombre comete un delito al admitir mantener relaciones sexuales con una mujer incluso estando seguro de que ella quiere (por ejemplo, deduciéndolo de su comportamiento) e incluso aunque estuviese conforme con esa apreciación cualquier tercero objetivo en abstracto, por la circunstancia de que ella no lo hubiese dicho explícitamente, y por el hecho de saber esto y aun así seguir adelante.

Es decir, en vez de atender a la realidad tal y como la percibiría cualquier observador objetivo, atenderíamos a la voluntad de la víctima (no antes, en el momento de la relación sexual —en el que es indiscutible que solo importa su libertad—, sino después, a la hora de que se decida si es o no delictiva); es decir, podría decidir si algo es o no delito en su esfera interna y con independencia de sus actos. Esto abriría la puerta a que algo no fuese delito en el momento de los hechos (ella consiente en su fuero interno y lo sabe), pero que pasase a serlo cuando denuncia (al no existir un consentimiento explícito y hacerlo valer).

Incluso se podría dar el supuesto de que ella denunciase y que, más tarde, reconociera haber consentido (solo implícitamente) y, por tanto, haber actuado libremente. Este reconocimiento carecería de valor alguno, ya que se trata de delitos semipúblicos, no disponibles por la víctima, una vez denuncia. Y él debería ser condenado.

En realidad, esta reforma anunciada es tan descabellada (en su versión b) que solo puede interpretarse en un sentido más prosaico, pero igual de grave. Dirán que estoy ridiculizando y que por supuesto que cualquier consentimiento claro que resulte de la conducta de una mujer es válido y que eso es lo que significa explícito y que el ejemplo que pongo es una caricatura. Añadirán que el problema lo tenemos con situaciones dudosas en las que él puede haber creído que sí, pero en las que ella dice que no existió consentimiento. Y que, en estos casos, lo que hay es que partir de que no existió el consentimiento. Véase, de entrada, que esto no es lo que se anuncia, sino otra cosa.

Lo malo es que el problema sigue siendo peliagudo porque existe un principio civilizado básico en derecho penal que es el de presunción de inocencia. Se presume la inocencia y el que acusa ha de probar. Esto no implica que se presuma el consentimiento, sino que no se presume el delito. Es decir, implica que quien acusa a otro de haber realizado una conducta (sexo sin consentimiento) ha de probar que el sexo existió y ha de probar de alguna forma admitida en derecho que no fue consentido. Y esto segundo es preciso porque LAS PERSONAS MANTIENE RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS CONSTANTEMENTE. Es decir, el asunto se convierte en un problema no de fijación de la conducta penada, sino en un problema de prueba. En el viejo problema de prueba. De hecho, y aunque a veces se diga que no, la prueba testifical de la víctima, por sí sola, puede ser —y es, a veces— prueba de cargo suficiente en nuestro derecho para condenar (en una práctica que personalmente me preocupa mucho como jurista).

¿Qué es lo que hay aquí, por tanto? O un timo o la cuadratura del círculo o una renuncia a uno de los principios más sagrados de la civilización: la inversión de la carga de la prueba sobre uno de los elementos centrales del delito, la ausencia de consentimiento. Se busca un comodín, un yo sí te creo, una carta de «salga usted de la cárcel»: si ella afirma «hubo consentimiento», aunque no fuese explícito, no hay problema; si ella dice «no hubo consentimiento», se invierte la carga de la prueba y es él quien ha de demostrar que hubo un sí explícito porque cualquier otra cosa es un no, aunque esa otra cosa equivalga a un consentimiento PARA CUALQUIER TERCERO OBJETIVO.

Esta es la deriva.

Lo gracioso es que los del PSOE acusan a Vox de ser un peligro público —con razón—, cuando ellos también lo son cuando promueven cosas así.

 

 

¿Tenemos derecho a la legítima defensa?

 

A raíz de mi anterior entrada y de comentarios de gente que decía que no existe en España un derecho a la legítima defensa, sino que esta es una circunstancia que exime o atenúa la responsabilidad criminal, escribí unos tuits hoy en los que explicaba que esto no es correcto y que por supuesto que existe un derecho a la legítima defensa.

Y nada, de nuevo varias personas han insistido en que no, se han puesto a explicarme las circunstancias eximentes (asombroso) e incluso, uno de ellos, me ha dicho que no entiende por qué afirmo esto y ¡que yo sé que no tengo razón! (más sorprendente). Otro me ha dicho que no es un derecho, porque hace falta que lo aprecie una sentencia, y al final, otro me ha dicho que tenía razón, pero como en el caso de la enajenación mental ha de declararse tras un proceso y en la sentencia que lo resuelve.

Y yo digo: ay.

Voy a intentar explicar esto de otra forma, a ver si así.

1.- Los ordenamientos suelen partir de que el Estado y sus agentes tienen el monopolio de la violencia (que han de ejercitar con motivo y según ciertos principios). Por tanto, yo como ciudadano normal y corriente, no puedo decir a alguien «disuélvase» y, si no me hace caso, meterle un empujón o darle con una porra.

2.- Los ordenamientos, sin embargo (que no son tontos), admiten que TENEMOS DERECHO a defendernos (a nosotros y a las personas que tenemos cerca), cuando hay una agresión ilegítima (o una amenaza inminente y seria de sufrirla)  y la necesidad de defendernos. Esto de necesidad de defendernos se refiere a los medios que se emplean y a la racionalidad de esos medios (no les aburriré con casuismos). Si se dan ambos aunque la conducta APARENTEMENTE sea la descrita en el Código Penal (por ejemplo, matas o lesionas al que te agrede) la ley la considera justificada.

3.- Sucede también que la ley exime de responsabilidad penal, en ocasiones, por razones que afectan a la culpabilidad. Por ejemplo, estás como un cencerro. No encerramos al chiflado que mata a su padre porque cree que es un vampiro PERO NO TIENE DERECHO A MATAR A SU PADRE. Los locos no tienen derecho a cometer delitos. De hecho, si lo hacen, es probable que los encerremos, aunque no los castiguemos. Pero la conducta del loco asesino ES CONTRARIA A LA LEY; ES DECIR, ES ANTIJURÍDICA.

4.- ¿Sucede esto con la legítima defensa? NO. En este caso, sostenemos que la conducta NO ES ANTIJURÍDICA. Nadie nos encierra por matar a alguien que viene a matarnos, PORQUE ESA CONDUCTA ES CONFORME A LA LEY. De hecho A TODOS NOS PARECE MUY BIEN, MIENTRAS DEPLORAMOS LA CONDUCTA DEL LOCO QUE MATA A SU PADRE VAMPIRO.

5.- Y esa conducta es conforme a la ley EN SÍ MISMA. Por eso puedo afirmar que tengo derecho a matar a todo el que venga a matarme si tengo necesidad de matarlo para no sufrir daño o si esta conducta es racional. De hecho, PUEDO DEFENDERME MATANDO O NO. ¿Ven? Ni siquiera es obligatorio.

6.- ¿Qué sucede? Que lo de matar gente, a bote pronto, es sospechoso. Y, para evitar, automatismos (a los que se acercan más algunas legislaciones, sobre todo en el caso de domicilios) y dado que es una conducta que encaja formalmente con un delito, ES POSIBLE QUE HAYA QUE CELEBRAR UN JUICIO Y ESPERAR A UNA SENTENCIA para ver si concurría ESE DERECHO A MATAR (o a lesionar, por ejemplo) o si no concurría con todos sus requisitos, pero podía atenuar la responsabilidad. Algo que, por cierto, PASA CON OTROS DERECHOS. También es posible que tenga que ir a un juez para que me diga si poseo Villa Ludmila como arrendatario o si soy un jeta que la ocupa sin título.

7.- Pero es que lo anterior, ni siquiera ES NECESARIAMENTE ASÍ.  Y ya siento tener que explicárselo a alguno que se me presenta como jurista, PERO ES QUE EL TRIBUNAL SUPREMO TIENE DICHO QUE CABE EL SOBRESEIMIENTO LIBRE POR LA VÍA DEL 637.2 CUANDO LOS HECHOS CARECEN DE ATIPICIDAD Y/O ANTIJURIDICIDAD POR LA EXISTENCIA DE CAUSA DE JUSTIFICACIÓN SIEMPRE QUE SEA MANIFIESTA E INEQUÍVOCA. Y por eso, si un vecino de Algete MATA A UN TERRORISTA QUE VIENE CON UN PUÑAO DE BARRENOS PEGADOS NO HACE FALTA ABRIR EL PUTO JUICIO PARA QUE SE CONSIDERE QUE TENÍA DERECHO A MATAR AL ILUMINADO.

 

En fin, que no voy a ponerme a hablar de conceptos como relación jurídica, derecho subjetivo, facultad, derecho-deber, etc. y las masturbaciones mentales que tanto nos han ocupado (seguro que justificadísimas). Creo que, a veces, los que estudian derecho se centran tanto en aprenderse la terminología que se olvidan de entender en qué consisten las instituciones jurídicas.

Además, esto no le importa a nadie que no sea del gremio. La propiedad es un derecho subjetivo. Un derecho real. El más intenso de los derechos reales. Sin embargo, el propietario de una casa NO TIENE DERECHO A PEGARLE FUEGO. ¿Lo ven? Todos los derechos están limitados. Pero siguen siendo derechos.

En fin, que como yo intento explicarme y no confundir a nadie, sigo sosteniendo que cuando el ordenamiento jurídico considera que puedo hacer algo porque mi conducta ES JURÍDICA y no solamente porque no me se me pueda responsabilizar de ella por falta de capacidad de entender o querer o por algún tipo de error, esto implica que tengo derecho a ello. Esa es la diferencia entre el derecho a matar al que quiere matarme si es la única forma racional de evitarlo, y el no derecho a matar a mi vecino porque soy el único que sabe que, en realidad, es Belcebú.

Y ya no me explico más.

La indigna cesión del Gobierno Sánchez y los excesos de Rivera

 

Dice Albert Rivera:

Pero no. No es eso lo que ha dicho el señor Bal. Lo pueden escuchar aquí. El señor Bal no ha hablado de retirada de pruebas: se ha referido a hechos. Más concretamente a la narración de hechos indiciarios del auto de procesamiento del magistrado Llarena y que fundamentaron su criterio jurídico acerca de la posible comisión de un delito de rebelión (y sobre los que él dice que los «da por ciertos» precisamente porque están en el auto de procesamiento).

No ha hablado de pruebas.

El señor Bal ha afirmado que lo que se le ordenó (por su jefe) fue omitir hechos en el relato acusatorio de su escrito de calificación. Concretamente, lo que se hace es omitir el detalle (sobre todo de hechos sucedidos el día 1/10), porque «no son relevantes». Algo que, por otra parte, ya sabíamos: bastaba con comparar los escritos de acusación del fiscal y de la abogacía del Estado.

Por ejemplo, sobre hechos violentos el 1/10 lo único que dice el escrito de la abogacía del Estado (que, insisto, conocemos desde hace meses) es esto:

Disturbios y enfrentamientos. Nada más.

Sin embargo, el escrito del fiscal pormenoriza las situaciones de violencia y las lesiones que se supone padecieron los agentes de las fuerzas de orden público. También es cierto que, en gran medida, cae en predeterminación, al contener descripciones que no son tales, sino conclusiones generales sobre violencia organizada.

Sobre el 20/9, los hechos narrados en ambos escritos son similares y más extensos.

¿Por qué estas diferencias? Aventuro lo siguiente:

a) Porque la acusación por sedición no exige entrar en el detalle de la violencia; no  hay acuerdo sobre que sea precisa su presencia (hay autores que la exigen por considerarla implícita al alzamiento; hay quienes la excluyen por contraste precisamente con la rebelión, que lo exige expresamente) y bastaría con la oposición tumultuaria al cumplimiento de las órdenes judiciales. Yo soy partidario de esta segunda posición.

b) Porque al Gobierno le interesaba quitar hierro al relato acusatorio en el momento en que necesitaba a los partidos secesionistas para pactar unos presupuestos.

Me quedo con la segunda hipótesis y voy a explicarme. El señor Bal ha venido a decir que él conocía la instrucción y había intervenido en ella, y que quería incluir esa narración con detalle (equivalente a la del auto de procesamiento) porque precisamente estábamos en un momento procesal en el que lo habitual es que la acusación no renuncie a excluir del relato el detalle de ningún hecho que pudiera haber ocurrido y que pudiera ser relevante, sin perjuicio de lo que pasase después con el derecho, es decir con la aplicación de los tipos penales. Es decir, sin perjuicio de que finalmente y tras el juicio se terminase acusando por sedición.

A lo anterior, hay que añadir que la inclusión del detalle de los supuestos de violencia concretos (y de las lesiones) lejos de debilitar una acusación por sedición, la refuerzan, ya que los actos de violencia y de resistencia activa en muchos lugares —en aquellos en los que se intentó cumplir con el mandato judicial— hacen más difícil rebajar la descripción de los hechos típicos a otras modalidades delictivas.

Yo creo que cualquier acusación no influida espuriamente, aun cuando no estuviese de acuerdo con la calificación por rebelión, habría incluido el detalle de todos esos hechos. Más aún, la inclusión permite con más claridad la posibilidad —y no veo por qué se ha de renunciar a ella— de que la propia abogacía del Estado, al final del juicio, haga lo contrario de lo que comentaba antes y cambie su calificación provisional, acusando por rebelión (algo técnicamente más peliagudo cuanto más raquítico sea la narración de hechos delictivos). Lo normal, en suma, es que la acusación, en este momento se deje abierta con naturalidad todas las puertas.

Esto, por sí solo, es muy criticable. Este uso partidista de la abogacía del Estado, sobre todo en un asunto así, es inaceptable. Sobre todo porque el Gobierno socialista nos dijo que no había existido esa intromisión y que el escrito era así precisamente porque la abogacía del Estado hasta ese momento no había calificado los hechos, cuando resulta que el señor Bal, según ha declarado hoy, había preparado ya varios borradores.

Tampoco es una sorpresa. Los socialistas no solo aceptaron los votos secesionistas para la investidura, sino que pagaron (con cesiones concretas y esta seguramente fue una de ellas) y estuvieron dispuestos a pagar por mantener ese apoyo (no cualquier precio, pero sí algún precio). Y, personalmente, creo que volverán a hacerlo, sobre todo si obtienen un buen resultado tras las elecciones.

El PSOE de Sánchez es así. A su semejanza: un partido sin escrúpulos.

Pero, por favor, lo que tampoco es de recibo es que el señor Rivera convierta esto en una «retirada de pruebas incriminatorias». Más aún cuando la fiscalía está acusando y es la principal legitimada para acusar por rebelión.

Y me pregunto, ya ven, si pasa que Rivera quiere exagerar algo que es muy grave sin necesidad de añadir nada, haciendo que parezca peor, o si ha escuchado a su nuevo fichaje y no ha comprendido lo que decía.

Y, la verdad, casi prefiero no saberlo.

 

Tres errores y un acierto

 

No voy a analizar la interesantísima semana del juicio a los lideres secesionistas. Lo haré en otro lugar, pero se produjo ayer, en la declaración del mayor de los mossos, señor Trapero, un hecho curioso que puede definirse como error en cadena.

Trapero había sido propuesto como testigo por una sola de las acusaciones (la de Vox). Primer error, un testigo tan importante (por más que fuera posible que no declarase al estar imputado) debería haber sido propuesto también por el fiscal y la abogacía del Estado (ignoro las razones para no proponerlo). La prueba de esto es que, de hecho, se convirtió en un testigo muy importante: el interrogatorio del fiscal fue mucho más largo, más intenso y más detallado que el interrogatorio del proponente del testigo, el letrado de Vox.

El segundo error se produce con el propio interrogatorio del letrado de Vox. Lo cierto es que fue superficial. Basta con compararlo con el interrogatorio del fiscal: por ejemplo, preguntó por hechos que están juzgándose en otros lugares (la famosa destrucción de documentos, que, además y por lo que parece, ha dado lugar a un sobreseimiento) y, sin embargo, no preguntó sobre las dos importantes reuniones de mandos de los mossos con los máximos líderes del Gobierno catalán, reuniones que son un elemento esencial sobre un posible dolo eventual de un delito de rebelión y/o sedición. Al actuar así, al margen de lo ya dicho, lo que hizo fue constreñir la intervención de las dos acusaciones a aquello que había sido preguntado (entendido aquello en un sentido amplio, pero sin que pudieran desbordarse los hechos que habían sido objeto de interrogatorio).

Esto es así por la interpretación (correcta, en mi opinión) efectuada por la sala del Tribunal Supremo, de esta norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y que ya había dado lugar a cierto debate en el juicio):

Artículo 708.

El Presidente preguntará al testigo acerca de las circunstancias expresadas en el primer párrafo del artículo 436, después de lo cual la parte que le haya presentado podrá hacerle las preguntas que tenga por conveniente. Las demás partes podrán dirigirle también las preguntas que consideren oportunas y fueren pertinentes en vista de sus contestaciones.

El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren.

Este juicio, entre otras cosas, está sirviendo para comprobar cómo siete magistrados del Tribunal Supremo interpretan ciertas normas que, usualmente, en muchos juicios, se aplican de forma más laxa (sobre no exhibición de documentos a testigos en casos en los que no se duda de la autenticidad, sobre preguntas relativas a datos que obran en atestados o instrucción sumarial, o sobre esta cuestión que aquí me ocupa, por ejemplo).

Como es obvio, esto se convirtió en un regalo para las defensas. El testigo que aparentemente quería hablar con claridad sobre ciertas cuestiones (ojo, no estoy afirmando que dijera la verdad; también está investigado) que ya habían aparecido a través de las declaraciones de otros testigos —y que volverán a aparecer—, no podía ser preguntado como consecuencia de esos dos errores previos.

Sin embargo, el letrado Melero (de Forn) cometió un tercer error. Sabía que las acusaciones no podían ya preguntar sobre las reuniones, pero él también tenía (y tiene) una línea de defensa sobre esto y cayó en la tentación de entrar en ellas y hacer las preguntas al testigo de forma que apuntalasen esa línea de defensa, excluyendo el resto. Al escoger dos preguntas concretas consiguió que el testigo dijera que los «políticos» no le habían dado instrucciones ni les habían reprochado su posición. Y lo hizo porque podía, porque el testigo también era testigo de la defensa de Forn.

Para obtener una ventaja, abrió el melón, y de ese melón pueden comer, no solo las partes, sino la propia sala. Recuerden, el art. 708 de la ley dice también:

«El Presidente, por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del Tribunal, podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre los que declaren

Una lectura superficial de este artículo parece no introducir límite alguno a la intervención del tribunal. Sin embargo, ha sido interpretado de forma cada vez más estricta, para evitar que se quiebre el principio de imparcialidad (para quien quiera profundizar en esto, que vea lo que se cita aquí *).

Utilizando ese precepto, Marchena hizo una pregunta muy habilidosa (por breve, y porque no preguntaba sobre el contenido de las reuniones, sino sobre la razón que le llevó al testigo a pedir las reuniones). Digo habilidosa porque, de tan neutral y poco invasiva, es prácticamente imposible considerar que realizó una actividad inquisitiva prohibida. Y esa pregunta dio lugar a una de las repuestas más importantes, hasta este momento del juicio.

¿Habría podido el magistrado Marchena preguntar eso mismo sin la pregunta del abogado Melero? En una interpretación literal de la ley, sí. En una interpretación conforme a la jurisprudencia del TS, en mi opinión, no. Porque no se podía depurar un pedazo de realidad sobre el que no se le había preguntado y sobre el que se había prohibido, ni más ni menos que a la acusación preguntar. Obsérvese que este no es el caso de un fiscal olvidadizo que no pregunta y un magistrado que suple al fiscal. El fiscal había preguntado y el presidente había prohibido la pregunta.

En todo caso, de no haber existido las previas preguntas de Melero, su actuación habría resultado atacable (incluso ante el TC y el TEDH). Son esas preguntas las que habilitan al tribunal. Y, además, es lógico. Porque la introducción de los hechos en la prueba testifical por las defensas era, en cierto sentido, ventajista, ya que se hizo parcialmente. Por eso, el tribunal pudo intervenir y depurar la declaración del testigo.

Más aún, ni siquiera el riesgo de que esto se produjera y de que luego Melero no pudiera preguntar justificaba las preguntas, porque el propio tribunal dio de nuevo oportunidad a las defensas para repreguntar al testigo. Y esto, previsiblemente, habría ocurrido en todo caso.

A Melero le pudo la gula.

En resumen, tres errores. Y un acierto.

Errare humanum est.

 

(*) Vean lo que dice el propio TS sobre este precepto:

«(…) la jurisprudencia ha entendido que el Tribunal, para preservar su posición imparcial, debe hacer un uso moderado de esta facultad (…); de modo que no exceda del debate procesal tal y como ha sido planteado por las partes, y que la utilización de la facultad judicial se limite a la función de aclarar el contenido del interrogatorio provocado por los letrados, lo cual excluye la formulación de preguntas de contenido incriminatorio que pudieran complementar la actuación de la acusación.

No faltan otros precedentes que han puesto el acento en el significado procesal de esa iniciativa, perfectamente compatible con el exigido estatuto de imparcialidad del órgano decisorio. Así, la  STS 1084/2006, 24 de octubre  (RJ 2006, 7847) , tuvo oportunidad de precisar que la doctrina reconoce que una cierta iniciativa probatoria del Juez penal no es incompatible con el principio acusatorio y con el derecho al Juez imparcial; y, a este respecto, se pone de manifiesto que, en el ámbito de nuestro entorno europeo, los ordenamientos jurídicos de los Estados que han suscrito los mismos tratados internacionales que España (Alemania, Italia, Francia, Portugal) admiten con distintos matices y amplitud la iniciativa del Juez penal en materia probatoria (244, II del  CP  (RCL 1995, 3170y RCL 1996, 777)  Alemán, art. 507 del Código Procesal italiano, art. 340.1º del Código Procesal portugués, art. 310 del Código Procesal francés).

(…) Durante el juicio el Juez o Presidente del Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, como un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas (…). Pero neutralidad no equivale a pasividad, (…) dilucidar sobre una pérdida de imparcialidad objetiva en virtud de las preguntas efectuadas desde la Presidencia no es un tema puramente cuantitativo o aritmético como si hubiese un cupo de preguntas que no se pudiese rebasar. Esa valoración ha de efectuarse ponderando la totalidad de las sesiones del juicio oral y no examinando aisladamente un pasaje u otro. Dos preguntas pueden ser demasiadas cuando eran innecesarias y revelaban un evidente prejuicio. Veinte pueden ser pocas en un interrogatorio en que las partes han superado en mucho el centenar. Se tratará de comprobar si son preguntas que eran pertinentes y se revelaban como necesarias y útiles para esclarecer los hechos y no revelaban prejuicios infundados, sino afán de enjuiciar con fundamento sin dejar flecos sueltos.

(…) dado que en el proceso acusatorio y contradictorio las aportaciones probatorias (como la misma iniciativa de la persecución) son siempre, por definición, actividad de parte, la injerencia del juzgador en ese campo, salvo que lo buscado fuera, claramente, despejar una duda en beneficio del acusado, será siempre problemática, como posible expresión o riesgo, al menos, de cierta pérdida de la necesaria imparcialidad. En efecto, porque dado el juego de las posiciones parciales en el espacio escénico del proceso, cuando la pregunta de la presidencia no sea de aquella inspiración, difícilmente podría ser neutral y dejar de constituir un modo de subrogación (más o menos intenso) en el papel de la acusación. Lo que el Tribunal Constitucional llama una actividad inquisitiva encubierta (SSTC 229/2003 y  334/2005  (RTC 2005, 334)). Por eso, el recurso a la medida de que se trata debe ser rigurosamente excepcional, muy medido en su práctica, y nunca orientado a suplir eventuales deficiencias de una acusación poco activa o diligente. Único modo de evitar la pérdida de la imprescindible equidistancia.

(…) exigencia de que la formulación de preguntas no fuera una manifestación de una actividad inquisitiva encubierta, sustituyendo a la acusación, o una toma de partido a favor de las tesis de ésta “teniendo en cuenta que la justicia constituye un valor superior del ordenamiento jurídico (…) para cuya protección el Juez necesita lógicamente conocer, con la mayor certeza posible, la realidad fáctica sobre la que ha de aplicar el Derecho, no parece jurídicamente admisible privar al órgano jurisdiccional de esta cuestionada iniciativa probatoria (que, en nuestro Derecho, cuenta con suficiente base legal), siempre que la misma esté ceñida a los hechos objeto de la correspondiente causa penal, que se trate de fuentes probatorias existentes en la propia causa, y que se respeten convenientemente los derechos de contradicción y de defensa de todas las partes implicadas en el proceso”.

Por último, el TEDH admite, según recuerda la  sentencia 315/2016  (RJ 2016, 1931)  de esta Sala, que una limitada iniciativa probatoria por parte del Tribunal no conlleva necesariamente un quebranto del derecho a un proceso equitativo (…)

Parecer para terminar siendo

 

En un par de días comienza un juicio en el Tribunal Supremo que va a ocupar mucho tiempo en las noticias y en las discusiones, y que, probablemente, termine hastiando a mucha gente. Una buena manera de evitar tan desagradable consecuencia es tener claro qué es y qué no es un juicio, incluso este.

Para empezar, en un juicio se dirige la acción penal contra alguien. Las categorías y definiciones políticas, sociológicas y éticas sobran. No importa si lo que pasó en 2017 fue un golpe de Estado o no, porque no se acusa de eso. No importa si hay algún argumento que no sea jurídico para justificar la aprobación de las «leyes» de desconexión y la celebración de un «referéndum». Tampoco importa lo que sientan o deseen millones de catalanes y de españoles sobre su pertenencia a Cataluña y/o a España, y a lo que se deba decidir en el futuro y quién lo deba decidir.

El juicio tampoco es una ocasión para castigar al «movimiento» secesionista. No se juzga a millones. Tampoco sirve para salvar a España, salvo en un sentido abstracto y periférico: en el de que solo sobreviven los Estados en los que se cumple la ley y funcionan las instituciones. Pero esto último, además, incluye necesariamente la posibilidad de una absolución. Las leyes democráticas están tan relacionadas con el mantenimiento y ejercicio de los derechos individuales que exigir la condena para la supervivencia de la república —y no porque sea lo que proceda conforme a Derecho— es una forma de degradarla.

La defensa del Estado constitucional pasa por el cumplimiento de todas las leyes. No solo de las penales. Siete jueces en un juicio público, con garantías, con contradicción y audiencia, con ejercicio del derecho de defensa, basado en condenas por hechos probados típicos conforme a una descripción legal taxativa, eso nos defiende a todos de la arbitrariedad del poder. Nada menos debemos exigir.

La monedad tiene otra cara. En este juicio no se juzga a España, ni a nuestras leyes, ni a nuestras instituciones, salvo, de nuevo, de una forma abstracta y periférica: en el sentido de que nuestras instituciones son dignas solo si sirven al fin para el que las creamos. El Tribunal Supremo no fue creado para defender a España o a su unidad como fines sin contenido. Esos fines, constitucionalmente sancionados, solo se comprenden rectamente si hacemos referencia a eso que proclama el preámbulo de la Constitución: la justicia, la libertad y la seguridad; la promoción del bien de cuantos la integran; la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; el Estado de Derecho como garantía del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; la protección de todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos; la protección de nuestra cultura y de su progreso, de nuestras tradiciones, lenguas e instituciones; la promoción del bienestar para asegurar la dignidad de las personas y la democracia; la búsqueda de la paz y de la cooperación con los demás pueblos de la Tierra.

España es una democracia razonable y un lugar en el que los derechos fundamentales no están en cuestión, por más que todo sea mejorable. Pretender juzgar a España en este juicio —de ahí la farsa de los observadores— es simplemente una forma torpe —aunque es quizás el único camino que les queda a algunos— de desviar la atención. Al igual que un juicio legítimo no sirve para la venganza, tampoco debe admitirse su utilización para engordar el argumentario político de los que llevan muchos años intentando vender una imagen falsa de lo que somos y así provocar las condiciones que puedan servir a sus estúpidos fines. Prefieren la degradación de todos hoy para la consecución futura de su fin milenario y religioso, para la venida de su dios. Por eso —y porque hacer otra cosa nos convertiría en lo mismo que son ellos— no debemos caer en la trampa.

Frente a todo lo que no es, recordemos lo que sí es un juicio. Un juicio solo merece ese nombre si se trata a los juzgados con dignidad y respeto. Un juicio es parcial. No trata sobre todo, sino sobre una parcela muy concreta de la realidad y conforme a unas definiciones técnicas. Si se amplía su objeto más allá de sus limites lo contaminamos. En un juicio, son las acusaciones las que tienen que probar que los acusados realizaron algo que es definido como delito en las leyes vigentes y que lo hicieron a sabiendas —o al menos asumiendo que el resultado definido en la ley y ocasionado por su conducta era probable—. En un juicio, la acusación tiene que probar más allá de una cierta frontera, porque si duda, solo cabe la absolución. Las únicas consecuencias posibles de un juicio son las previstas en la ley: otra cosa es tiranía.

En un juicio, los acusados tienen derecho a probar aquello que excluye el delito, o su participación, o que les exonera de responsabilidad o la atenúa. En un juicio no se presume el delito, sino que los hechos objeto de acusación han de quedar acreditados hasta el punto de que esa acreditación permita construir una narración de la realidad suficientemente completa como para atribuir consecuencias personales muy gravosas. No se puede enviar a la cárcel a alguien simplemente porque no nos guste, porque nos parezca dañino, porque defienda algo que nos repugna o porque haya sido un irresponsable.

Un  juicio debe ser, en suma, algo muy serio. No es un plató de televisión. Ni siquiera un parlamento. No es un lugar para ejercer la libertad de expresión, entendida en un sentido amplio. Es uno de esos pocos lugares lleno de reglas en los que la forma es inescindible de su fin natural.

La única manera sensata de enfrentarse a un juicio como el que viene, en mi opinión, es asumir de verdad, internamente, todo lo anterior y creer que todos los acusados son inocentes, que el Estado considera que han podido cometer un crimen, que el Estado puede y debe exponer por qué, intentando probarlo a la vista de todos, conforme a las reglas de la razón y con pleno respeto a los ciudadanos juzgados, y que los acusados tienen derecho a negarlo, a no colaborar con el Estado sin sufrir consecuencia alguna, a probar todo lo que venga al caso y les sirva de descargo, y a exigir de los jueces que sean imparciales y solo les castiguen si, sin duda de ningún tipo, son autores de una conducta tan reprochable y tan dañina como para que nuestros representantes las hayan convertido en delito. Asumir todo esto y desechar el resto como ruido.

Alguien me dirá: «qué exageración; a algo así, y como desiderátum, solo están obligados los jueces».

Ah, pero qué lugar más excelente y civilizado sería aquel en el que la mayoría de los ciudadanos se enfrentase a un proceso penal con la actitud exigible a los jueces. Qué lugar más habitable.

Así, aunque fuera por unos pocos días, podríamos disimular y hacer como que somos. Para ver si de tanto disimular, empezamos a serlo de verdad.

 

Sobre indicios de cosas que estropean el discurso oficial

 

Este artículo escrito por bou@mastodon.elsacodelcoco.net ha dado lugar a muchos comentarios tras su anuncio en tuiter.

Sobre su autor, he de decir que, al margen de que pueda estar o no de acuerdo con algunas de sus tesis o afirmaciones, hasta el momento no he descubierto manipulación por su parte. Si quien lee sus artículos se toma la molestia de seguir los enlaces, verá que cita sus fuentes, que nos muestra de dónde extrae los datos y que lo que afirma (por lo menos hasta donde he llegado) se compadece con una interpretación de esas fuentes.

A lo anterior hay que añadir que el trabajo que ha realizado, sobre el que hablaré a continuación, es lo suficientemente extenso y riguroso como para que, cuanto menos, quien quiera rebatirlo se tome el trabajo de tomarlo en serio y hacerlo usando las fuentes que cita u otras igual de rigurosas. Lo que no es serio, como he visto, es que alguien diga que no te puedes tomar en serio a quien tiene en su avatar una fotografía de El Fary o que los números no importan —que lo que importa es la experiencia personal—, como le he leído a un fiscal al que aprecio, cuando resulta que los números oficiales sobre denuncias falsas son los que se han venido utilizando como martillo pilón para negar que pueda existir un problema sobre un uso espurio de los delitos de violencia doméstica. O valen los números o no (yo creo que no, porque no contamos con ellos, que nadie se ha tomado esto en serio y que el problema existe y es mucho mayor de lo que las instituciones insinúan; en todo caso, yo, como muchos, solo quiero que se investigue de verdad).

Los datos que utiliza se derivan del informe del CGPJ que cita (y de otros informes): en los casos que menciona —los más graves, ya que se juzgan en primera instancia en las audiencias provinciales—, una cuarta parte son absoluciones. De esas absoluciones —47—, él sostiene que cerca del 75% presentan indicios de derivar de una denuncia falsa. En realidad, los números son algo más elevados, pero ha redondeado a la baja. Si aplicamos su tesis al total de sentencias, un 18% de todos los casos juzgados en primera instancia en las audiencias presentarían esos indicios de falsedad.

Un 18% no es ese 0,01% del que tanto se habla.

Antes de entrar en el análisis de las sentencias, me gustaría hacer algunas observaciones:

a) Extrapolar lo que sucede en las audiencias a las condenas, absoluciones y archivos en los juzgados de instrucción y juzgados de lo penal es muy arriesgado por muchas razones. Los casos que se juzgan en las audiencias son más graves y el proceso penal es más reposado y se suelen practicar (o intentar practicar) más pruebas en el proceso. Además, aunque no debiera ser así, es posible que los juicios y las inferencias de los jueces sean más rigurosas en ese tipo de juicios. En primer lugar, porque la pena es más alta y es natural que te lo pienses más a la hora de condenar. En segundo lugar, porque al juicio asisten tres jueces, que ven y piensan más que uno. De ahí se deduce que es posible que haya más absoluciones en este tipo de juicio. Pero, por otro lado, aunque el tipo de asuntos del que hablamos son propicios a la existencia de prueba de cargo directa única —la declaración de la víctima—, al ser los hechos más graves es más racional contar con pruebas periféricas (como lesiones objetivadas durante los hechos), y que se valore su ausencia, algo que es racionalmente menos exigible en delitos de menor entidad (amenazas, coacciones, malos tratos continuados, lesiones del 153 CP) que pueden darse sin esos elementos objetivos, lo que abona que sea más probable la denuncia falsa. Desde el otro lado del espejo, es más fácil que se cometan delitos —que lo son— más leves que aquellos otros más graves (o, por decirlo de otra forma, es mucho más probable que quien nunca lesionaría gravemente, o cometería una agresión sexual, sin embargo, realice una de esas conductas delictivas, sobre todo esporádicamente, que se producen de manera natural en situaciones de conflicto de pareja). Más aún, muchos casos que se deciden en «juicios rápidos» (es decir, por conformidad) se caracterizan por ser resultado de pruebas directas evidentes o importantes (muchos, no todos; a veces, se conforma por el beneficio de la reducción del tercio y un mal consejo de un abogado con prisas). Con todo lo anterior, simplemente quiero decir que veo muy aventurado extrapolar este análisis de sentencias de las audiencias a los casos que se deciden en conformidad en juzgados de violencia o ante el juzgado de lo penal. Algunos factores podrían indicar que en estos casos el número de denuncias falsas pudiera ser superior, otros que pudiera ser inferior. Y ni siquiera tengo claro que el análisis de las sentencias fuese, en estos casos, de mucha ayuda, puesto que suelen ser mucho más escuetas (y, en el caso de la conformidad, esto resultaría directamente inútil, ya que se basa en el reconocimiento de los hechos).

b) Llevo muchos años preocupado por la deriva de nuestra jurisprudencia sobre la prueba de cargo basada única o principalmente en la declaración de la víctima. Creo que es un abismo peligroso y que cada vez nos hemos ido asomando más a él, influenciados por la intención loable de perseguir el delito. De hecho, la prueba testifical es una prueba enormemente problemática en todos los casos, como demuestra la literatura sobre la materia, y el apoyo en pruebas periciales, normalmente psicológicas, se ha convertido en una sustitución de la auténtica actividad probatoria, basada en el privilegio y la veneración por la «ciencia», cuando en la práctica constantemente comprobamos cómo especialistas en la misma disciplina difieren de manera incomprensible si de verdad sus disciplinas tuvieran la «dureza» suficiente (algo siempre querido por quien se dedica a algo). Dicho esto, lo cierto es que la labor de los jueces es dificilísima, ya que de llevar los postulados de un derecho penal civilizado a sus formulaciones más puras, la consecuencia real sería la de muchas más absoluciones y la impunidad de muchos delincuentes. Pero que persigamos un equilibrio seguramente imposible no nos debería llevar a olvidarnos de que el mal en ocasiones adopta la forma de la persecución injusta del inocente y a hacer afirmaciones banales sobre su sufrimiento.

Entrando ya en la cuestión de las 37 sentencias que Bou analiza, me ha parecido que lo más justo era examinarlas en su totalidad y no fiarme de sus opiniones ni de las partes que extractaba.

En la tabla que aparece a continuación incluyo el número (están ordenadas al revés del orden que utiliza Bou en su entrada), luego doy mi opinión sobre si hay indicios de denuncia falsa y más tarde explico si un procedimiento penal contra la denunciante sería viable.

Como habría sido desmesurado explicar en cada caso por qué opino esto o aquello (y requeriría 37 entradas como esta), tendrán ustedes que conformarse con mi opinión (aunque, naturalmente, pueden leer la sentencia en cada caso). Pero sí puedo explicar, de una manera más general, qué criterios utilizo.

En todos los casos son absoluciones, por lo que es obvio que el tribunal no ha considerado que exista prueba de cargo suficiente. Como la motivación es también necesaria en la absolución, es probable que el tribunal se extienda más en aquello que le permite absolver, que en lo que le podría haber sustentado una condena. En todo caso, lo importante es si observo —desde los hechos y razonamientos— que lo razonable es pensar que la denuncia es falsa y que lo es a sabiendas (único supuesto que permitiría una condena). Si aprecio un relato confuso en el que es posible la autenticidad de la denuncia —al menos tanto como su falsedad—, excluyo la denuncia falsa como probable; es importante tener en cuenta que esto no implica que no lo sea realmente (si digo que no hay indicios, solo digo que no los hay en esos términos). Si aprecio que la denuncia es falsa, pero creo que puede explicarse por inmadurez, incapacidad, autoengaño u otro mecanismo similar que excluiría el dolo, también excluyo la denuncia falsa.

En cuanto a la viabilidad de su persecución, esto supone un paso más allá. Solo en aquellos casos en los que puede preverse como razonable que pudiera probarse en un juicio con todas las garantías admito que exista. Como verán en la tabla, en muy pocos casos creo que esto se desprenda con claridad de los hechos probados. En algunos sería imposible legalmente (por ejemplo, por falta de edad penal de la acusada).

Explicado lo anterior, aquí tienen la tabla:

Conclusión

Proced. por denuncia falsa

DF

Viable

596/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
229/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
233/12 Indicios claros de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
528/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
68/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
390/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
493/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
294/12 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
397/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
276/13 Caso dudoso / Sentencia confusa, difícil de valorar Inviable
496/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
215/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
52/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
216/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
348/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
353/14 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
333/12 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
220/14 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
363/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
47/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
587/14 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
447/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
75/13 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
72/12 Indicios claros de denuncia falsa Inviable 1
360/14 Caso muy dudoso / Denunciante de 13 años Inviable (no tiene edad penal)
  1/14 Indicios de denuncia falsa/Denunciante con 60 de CI Inviable 1
176/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
306/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
213/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
77/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
232/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
536/14 Indicios de denuncia falsa / la denunciante es menor Inviable 1
285/13 Indicios claros de denuncia falsa (pero para sustentar legítima defensa) Inviable 1
25/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
155/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
316/12 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
7/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
20 7

Como pueden observar, las 37 sentencias en las que Bou veía indicios de falsedad (como para proceder contra la denunciante), yo las reduzco a 20. De estas, solo en siete casos creo que sería viable un procedimiento penal contra la denunciante y solo en 3 de esos casos creo que lo probable es que pudiese llegar a juicio y condena.

Conforme a lo anterior, un 42% de las sentencias absolutorias me parece que contienen indicios suficientes de falsedad en la denuncia por lo que, sobre el total de sentencias, un 10% podrían ser consideradas presuntamente denuncias falsas. Considerando la viabilidad de un proceso en esos casos, en un 3% el proceso sería viable, y en un 1% la condena sería probable.

Estas son mis conclusiones con estas premisas —las que he explicado—. Como es obvio, otro jurista puede leer la misma sentencia y concluir algo completamente diferente.

Recuerden, eso sí, que:

a) También algunas sentencias condenatorias (que no han sido analizadas) pueden haberse basado en denuncias falsas: a veces los malos ganan.

b) No es igual un sobreseimiento o un archivo que una absolución. Para bien y para mal. Pudiera pensarse que un asunto que llega a juicio se presume como más probablemente cierto, pero afirmar esto sería un error. En muchas ocasiones, los delitos se cometen y las partes se conjuran para que, pasado el primer momento, no terminen en condena (y esto ocurre no solo en casos en los que la víctima no declara), bien por miedo, bien por interés. Sí, a veces las víctimas, libre y conscientemente ayudan a los autores a librarse porque les interesa a ellas (y no porque sufran trauma o tengan perfil de ningún tipo). La realidad, a menudo, es bastante puta y compleja.

Nada más. Solo espero que algún día alguien con recursos diseñe un estudio serio que nos permita acercarnos a la verdad. Y que nadie vuelva a utilizar esa ridícula cifra de denuncias con condena como si implicase algo, como si fuese algo más que una estúpida manera de creer que este año llegaremos a los diez millones de toneladas de azúcar porque así lo afirma la autoridad.

 

Bah

 

Leo esto:

El juicio será fiscalizado por observadores nacionales e internacionales. Una plataforma de entidades a favor de los derechos humanos se ha organizado bajo el nombre de International Trial Watch-Catalan Referendum para gestionar su presencia. “Pretendemos que las sesiones sean supervisadas por especialistas de todo el mundo”, explica a este diario una de sus promotoras, la catedrática de Derecho Constitucional Mercè Barceló.

Esta organización facilitará apoyo técnico y material a entre 10 y 12 juristas extranjeros, además de unos 12 catedráticos de distintas universidades españolas, que custodiarán las sesiones en el Tribunal Supremo y publicarán distintos informes. “La presencia de observadores internacionales garantiza que haya un árbitro“, zanja Barceló.

Y esto:

Amnistía Internacional ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que pide tener un espacio dentro de la sala del juicio del 1-O. Desde la entidad quieren que los miembros de la organización puedan seguir el juicio para evaluar que se cumplen todas las garantías para un juicio justo, según ha avanzado el diario ‘El Confidencial’ y ha confirmado la ACN.

La entidad quiere supervisar en primera persona que el procedimiento se hace correctamente y, varias defensas de los independentistas presos como Oriol Junqueras, Raül Romeva o Carme Forcadell, también han solicitado cinco plazas para observadores nacionales e internacionales.

Como es obvio, el Tribunal Supremo puede decidir hacer caso a esas solicitudes. No seré yo quien critique una decisión así, pero si de mi dependiera simplemente respondería con esto:

Con la Constitución:

Artículo 120
    1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

    2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

    3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Con la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Artículo 186.

Los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicación de las sentencias dictadas y demás actos que señale la ley.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Artículo 680.

Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Supongo, por otra parte, que, dada la naturaleza del juicio y que no hay razón alguna de las restricciones de los artículos 681 y 682 de la misma ley, puesto que no hay menores y la víctima ha sido el Estado español, y será un juicio al que mucha gente querrá asistir, el propio tribunal acordará que todas las sesiones se emitan por televisión.

A mayor abundamiento, la sala va a estar repleta de abogados de los acusados, que seguro harán lo que corresponda si perciben que se está cometiendo alguna irregularidad, conforme establecen las leyes de procedimiento. No solo lo harán, sino que con total seguridad denunciarán irregularidades inexistentes o dudosas para poder contar con armas en los recursos que vendrán sin que, por supuesto, esos letrados tengan nada que temer.

Pedir la presencia de observadores en un juicio que puede ser observado por cualquiera, y pedir además que sean «internacionales» no debería tener otra respuesta que un simple no. Sin levantar la voz. Y sin temer, por supuesto, la respuesta de los solicitantes o de esa organización internacional, antaño respetable, que sabe perfectamente todo esto que expongo, pero que ha decidido jugar a mostrar nuestro país como si fuera una república bananera.

Por cierto, que no se engañe nadie: los defendidos piden esto porque esto es ya un recurso de la defensa. Quieren hacer creer a los despistados de por ahí fuera y a los tontos útiles de por aquí dentro que en España no hay democracia y Estado de derecho y que por eso se les juzga. Trasladar la posible necesidad de «observadores internacionales» y que alguien se lo crea es el primer intento de probar que tienen razón. Si la respuesta es sí o si es no. Da igual. Da igual, aunque hasta el más fanático enajenado pueda ver el juicio completo desde el salón de su casa.

Es este un viejo truco de los secesionistas, ya utilizado con el referéndum de secesión: admitir que se produzca es ya la prueba de que existe un sujeto de soberanía.

Contra estos trucos mendaces, tan propios de los secesionistas, esos que juegan con cosas muy graves y luego se ponen a decir que todo era broma, solo cabe una respuesta: bah.

Y seguir adelante.

 

Delitos imaginarios en tiempo real

 

Leo que la Fiscalía va a abrir diligencias contra Arcadi Espada por el artículo en el que algunos dicen que llamó mariconazo al diputado Rufián. Es una trola, claro. Espada no le llamó mariconazo, algo que solo puede sostenerse demostrando una muy deficiente capacidad de comprensión.

Verán que digo «por llamar» y no por usar la palabra «mariconazo» (que es lo que narra la noticia). Lo digo porque aún intento distinguir grados dentro la chaladura contemporánea. Solo faltaría que se pudieran abrir diligencias por usar esa palabra. De ser así, yo habría presuntamente cometido ya tres veces el delito. Y el DRAE.

En todo caso, al leer la noticia me imaginaba la posibilidad de que el asunto le correspondiese al mismo fiscal que va a investigar si el humorista que movía al muñeco Adolfito había amenazado de muerte al presidente del Gobierno. Me lo imaginaba echando la vista atrás, recordando sus años de estudio y su dura oposición, y preguntándose cuándo su digna profesión había empezado a ocuparse de los delitos cometidos en mundos imaginarios.

Claro, esto también es imaginación mía.