El caso Tarajal y la doctrina Botín

 

He leído en varios periódicos que la magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta ha acordado admitir un recurso de reforma del Ministerio Fiscal contra una resolución previa y ha procedido a sobreseer provisionalmente la causa abierta contra 16 guardias civiles.

Como la noticia parece provenir de esto de Europa Press, les enlazo la fuente original, ya que, por desgracia, no he encontrado el auto de marras.

Pese a ello (y con esa salvedad), puedo hacer algunas consideraciones:

1.- Esta causa se ha sobreseído con esta en ya tres ocasiones. Y ha sido reabierta en dos de ellas por decisión de la Audiencia Provincial de Ceuta. Aquí pueden consultar el auto dictada en la última ocasión.  Como pueden comprobar, las dos reaperturas obedecen al mismo razonamiento: había diligencias admitidas que no se habían practicado, y no era evidente que no pudieran practicarse.

2.- La propia magistrada del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta consideró, hace poco más de un mes, que concurrían indicios de delito (concretamente de homicidio por imprudencia y denegación de auxilio). De hecho, archivó por otros delitos (lesiones y prevaricación). Lógicamente, y más en esta fase del procedimiento, estamos en presencia de hechos y calificaciones jurídicas no definitivas, pero con la entidad suficiente como para que se pueda acusar y como para terminar en un juicio si alguna acusación lo solicita. Aquí pueden encontrar el auto de transformación en procedimiento abreviado, que contiene toda esta argumentación jurídica.

3.- El siguiente paso en el proceso es que, de ese auto y de las diligencias, se da traslado a las acusaciones. Si alguna lo pide, lo habitual (dado que la magistrada no ha archivado) es que se abra juicio y se dé traslado a las defensas para que presenten su escrito de defensa y se celebre juicio. Sin embargo, en este caso, se da la circunstancia de que, además de la fiscalía como acusadora, solo hay acusaciones populares. Se trata de diferentes asociaciones. No hay ninguna acusación particular (por ejemplo, familiares de los fallecidos). Leo en la prensa que algunas personas han intentado personarse y no se ha admitido la personación; ignoro la razón concreta. Quizás no hayan acreditado un vínculo suficiente con el caso como para ser consideradas víctimas o perjudicados, o falta algún requisito formal. No creo que se nos escape que, tratándose de inmigrantes indocumentados, localizar a algún pariente con un vínculo de suficiente entidad, poder  demostrarlo y convencerlo para que acuse es una tarea seguramente muy difícil. Recordemos que se trata de quince fallecidos. Ellos no pueden acusar.

4.- Y llegamos al momento actual: la magistrada cree que hay indicios de delito, frente al criterio del fiscal. De hecho, en la resolución que archiva lo sigue sosteniendo, ya que no admite el recurso por otros motivos. Pero como el fiscal no acusa y solo lo hacen las acusaciones populares, aplica la llamada doctrina Botín. Lo hace con este argumento (que tomo de la noticia):

«Estamos en presencia de indicios de delito de homicidio imprudente y de indicios de delito de denegación de auxilio, los cuales no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos o meta-individuales, no habiéndose personado acusación particular hasta la fecha, por lo que no siendo posible en este caso abrir juicio oral».

¿Es esto correcto o no?

En mi opinión es gravemente incorrecto y voy a intentar explicar por qué.

En su día, ya expliqué algo de la malhadada doctrina Botín. Antes de hablar de ella, reiteraré lo que he dicho muchas veces: la interpretación que hizo el Tribunal Supremo de una oscura norma procedimental, que sirvió para que se archivase una causa contra uno de los hombres más poderosos de España, reunió todos los requisitos para que se instalase la sospecha. Es confusa, alambicada, contraria a la idea de que se favorezca la persecución de los delitos y, encima, se adopta en una causa contra alguien con una potencial capacidad de influencia indiscutible. Como en el caso de la disparatada doctrina Parot, a mi juicio, el Tribunal Supremo no estuvo a la altura cuando introdujo esta interpretación. Sobre esto, recuérdese que se trata de que no solo una acusación crea que hay indicios, sino de que también lo crean los jueces. Esa es la garantía esencial que evita la arbitrariedad y la persecución por motivos espurios. Por cierto, y antes de seguir, ya verán como habrá quien lleve meses quejándose de que Vox actúe en el juicio contra Junqueras y compañía —se ha llegado a alegar que supone infracción de derechos fundamentales—, pero hoy sostenga que este archivo es un abuso.

Dicho lo anterior, como no ha sido modificada la ley ni el Tribunal Supremo ha cambiado su jurisprudencia, podría uno comprender que la magistrada sobresea, incluso pese a que considere que existen indicios de delito. Lo que sucede es que, en este caso, la aplicación de doctrina Botín sí obliga a abrir juicio. En mi opinión. Esa doctrina no fue modificada (como a veces se sostiene) por el llamado caso Atutxa, sino que fue completada y desarrollada. Esas sentencias no son incompatibles.

Ahora recordemos la norma en cuestión. Este es el artículo 782 de la Lecrim:

«1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, (…)

2. Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

a) Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. Si no lo hicieren en el plazo fijado, se acordará el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si procede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción en el plazo de diez días.»

Obviamente, podía interpretarse que, en aquellos delitos en los que cabe una acusación particular, si no existe y el fiscal pide el sobreseimiento, no debe abrirse causa porque lo pida una acusación popular.

Pero, frente a esta solución, cabe otra, que es la que dio el Tribunal Supremo. Siento la longitud de la cita, pero es imprescindible para que se comprenda:

«(…) Se trataría, en fin, de concluir la imposibilidad de que la acción popular promoviera la apertura del juicio oral sin la existencia de una previa petición en tal sentido, ya proviniera del Ministerio Fiscal, ya de la acusación particular personada o llamada al proceso por el Juez.

Tampoco esta línea de razonamiento puede ser acogida.

El art. 782.2 de la LECrim, (…) se limita a regular una fórmula tendente a impedir que la efectividad del derecho de los perjudicados por el delito pueda hacerse depender de la exclusiva voluntad del Ministerio Público. Ése ha sido su significado histórico y ésa ha de ser la pauta interpretativa que nos aproxime a la nueva redacción.

(…) Y es que no resulta fácil, desde luego, imponer al Juez instructor que la búsqueda de esos perjudicados u ofendidos por el delito, vaya más allá de un tardío ofrecimiento de acciones a aquellos que, apareciendo como perjudicados,
por una u otra razón, no hubieran formalizado su personación. En cambio, la llamada de posibles interesados en el ejercicio de la acción popular, por definición, no puede entenderse con personas determinadas, de ahí la conveniencia de no condicionar la efectiva resolución de sobreseimiento a la llamada de quienes no aparecen debidamente individualizados. No debilita esta idea el hecho de que el art. 643 de la LECrim prevea, en el ámbito del procedimiento ordinario, un anuncio mediante edictos a los interesados. Tal formalismo está concebido, como excepción a lo previsto en el artículo precedente, no para aquellos casos en los que no se conozca a los interesados, sino para aquellos otros en los que esos interesados, siendo conocidos, se hallen en ignorado paradero (“…cuando … fuere desconocido el paradero de los interesados en el ejercicio de la acción penal, se les llamará por edictos”). (…) La interpretación que ahora se propugna por la parte recurrida y por el Ministerio Fiscal no ve en el art. 782.2 una solución para la vigencia del nemo iudex sine acusattore, sino una inédita fórmula dirigida a hacer posible la presencia de la acusación particular, inicialmente desentendida del ejercicio de la acción penal, con el exclusivo fin de colmar un presupuesto procesal indispensable para abrir la puerta del juicio oral a la acción popular, (…) La tesis de la defensa de los recurridos, apoyada por el Ministerio Fiscal, produciría como inevitable efecto una mutación conceptual en el significado de la acción popular. La posición de la acción popular en el proceso, ligada al estatus de parte, no puede ser degradada hasta el punto de condicionar su legitimidad para obtener la apertura del juicio oral, al hecho de que el acusador particular acepte, a última hora, la invitación al proceso que le formula el Juez instructor. Esa limitación no se desprende, desde luego, de la literalidad del art. 782.1 que, como venimos repitiendo, contempla una doble petición de sobreseimiento, la emanada del Ministerio Fiscal y la interesada por el perjudicado por el delito.

Si el Fiscal insta el sobreseimiento, condicionar la capacidad de la acción popular para obtener la apertura del juicio oral a una previa petición coincidente con la suya, emanada del perjudicado por el delito, conduce a situaciones imprevisibles. De entrada, convierte el hecho contingente de la presencia o ausencia del perjudicado en el proceso, en un presupuesto habilitante para que una de las partes pueda desplegar todas las posibilidades inherentes a su estatus. Además, otorga la llave del proceso a una parte que, por definición, puede no estar presente en ese mismo proceso, hecho inevitable cuando se trata de la persecución de delitos
que afectan de modo especial a intereses supraindividuales. Y es precisamente en este ámbito en el que se propugna el efecto excluyente, donde la acción popular puede desplegar su función más genuina. Tratándose de delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, es entendible que el criterio del Ministerio Fiscal pueda no ser compartido por cualquier persona física o jurídica, que esté dispuesta a accionar en nombre de una visión de los intereses sociales que no tiene por qué monopolizar el Ministerio Público. La tesis sugerida por la parte recurrida y el Ministerio Fiscal, tampoco es ajena a importantes problemas prácticos que, en el fondo, son expresión bien elocuente de la ausencia de una aceptable fundamentación técnica para el efecto excluyente de la acción popular. De aceptar esa solución que transforma a la acción popular en una parte subordinada, no resultaría fácil, por ejemplo, resolver aquellos supuestos en los que el perjudicado que accede a la llamada del Juez instructor, interesa la apertura del juicio oral por delitos distintos de aquellos por los que pretende formular acusación el actor popular. Tampoco resuelve aquellos otros casos en los que la acusación particular solicitara un sobreseimiento parcial, en discrepancia con el criterio del
acusador popular, que podría estar interesado en acusar a todos los imputados. La fijación de los límites de esa vinculación habría de hacerse en un plano puramente intuitivo, ajeno a los verdaderos principios que informan el estatus de parte en el proceso penal.

Todo ello sin olvidar que la aplicación práctica de la tesis que se propugna, conduciría a incrustar en la fase intermedia un incidente procesal, carente de cualquier cobertura normativa, en respuesta a la petición de la acción popular de lograr la apertura del juicio oral en aquellos casos en los que el Juez -que, por cierto, no está obligado a ello según se desprende de la utilización del vocablo podrá- no active el expediente que le ofrece el art. 782.2 y no proceda a la búsqueda de un acusador particular.

IV.- En definitiva, satisfecho el interés público en la persecución del delito y expresada formalmente en el proceso la voluntad del perjudicado de no instar la apertura del juicio oral, el proceso penal se apartaría de sus principios fundamentadores si, pese a todo, sometiera a enjuiciamiento, a exclusiva petición de la acusación popular, a quien ni el Fiscal ni la víctima consideran merecedor de soportar la pretensión punitiva. El proceso penal justifica su existencia, entre otros fines, por su carácter de institución pública para la adecuada reparación de los efectos del delito. De ahí que se aproximará más a su ideal cuando la interpretación de las reglas que disciplinan sus distintas fases, se acomode al criterio de que, en ausencia de un interés público y de un interés particular del ofendido por el delito, el juicio oral ve quebrada su idea fundamentadora. El poder estatal ejercido a través del proceso, sólo se concibe si está puesto al servicio de una llamada de protección del perjudicado por el delito o de la acción del Ministerio Fiscal o el acusador popular en defensa de los intereses públicos. De ahí que, agotada la investigación del hecho aparentemente delictivo, si durante el juicio de acusación, el Fiscal y el perjudicado renuncian expresamente a la formalización de su pretensión punitiva, la exclusión del actor popular que arbitra el art. 782.1 de la LECrim es perfectamente ajustada a una concepción constitucional del proceso penal. El ejercicio de la acusación popular no puede tener una amplitud tan ilimitada que obligue a reconocer un derecho a la apertura del juicio oral, incluso, en contra de la coincidente petición de sobreseimiento suscrita por el Fiscal y el perjudicado por el delito.

Es cierto que en sus orígenes históricos, la acción popular llegó a representar el único vehículo formal posible para el ejercicio de la accusatio, superando una concepción privada del proceso penal y expresando así el interés general en la persecución de los delitos. Sin embargo, la evolución de los sistemas procesales ha determinado, de forma especialmente generosa en el nuestro, la posibilidad de una presencia plural en las partes activas y pasivas del proceso. Es, pues, constitucionalmente legítimo fijar límites que traduzcan los efectos jurídico-procesales que han de asociarse a la convergente voluntad, pública y privada, de no formular pretensión acusatoria.
No es obstáculo para este entendimiento, la idea de que el control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral (art. 783.1 LECrim), siempre permitirá al Juez discernir entre aquellas acusaciones populares fundadas y aquellas otras que no lo son. Cuando el art. 782.1 de la LECrim proclama el efecto de cierre en los casos
de ausencia de interés público o privado en la celebración del juicio oral, no está fijando una regla valorativa condicionada a la fundabilidad de la pretensión, sino un criterio legislativo íntimamente ligado al concepto mismo de proceso, idea previa a cualquier examen del mayor o menor fundamento con el que se pretenda acusar al inicialmente imputado.

(…) El delito de desobediencia por el que se formuló acusación carece, por definición, de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular. Traducción
obligada de la naturaleza del bien jurídico tutelado por el art. 401 del CP es que el Fiscal no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública que nace de la comisión de aquel delito. De ahí la importancia de que, en relación con esa clase de delitos, la acción popular no conozca, en el juicio de acusación, restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal. Como ya expresábamos en nuestra STS1045/2007, 17 de diciembre, esta Sala no se identifica con una visión de la acción popular como expresión de una singular forma de control democrático en el proceso. La acción popular no debe ser entendida como un exclusivo mecanismo
jurídico de fiscalización de la acusación pública. Más allá de sus orígenes históricos, su presencia puede explicarse por la necesidad de abrir el proceso penal a una percepción de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cualquier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad, suscribe el Ministerio Fiscal.»

¿Que nos dice el Tribunal Supremo?:

a) Que, cuando hay delitos en los que concurren fiscalía y acusación particular, si ambas piden el sobreseimiento, hay que sobreseer. Este no es el caso.

b) Que, para el supuesto de que se conozca a un ofendido o perjudicado, si el fiscal pide el sobreseimiento, hay que hacerles saber esta decisión, para que puedan personarse y acusar, o no. Pero que esto no implica que la acusación popular tenga un carácter subordinado y que dependa de que haya acusador particular o de que se persone en concreto para que pueda a su vez acusar.

c) Que esto resulta especialmente obvio en casos en los que el delito afecte a intereses supraindividuales, de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual. Pero ojo, que ese sea el caso más evidente no elude lo anterior.

d) De hecho, el propio Tribunal Supremo explica con meridiana claridad su jurisprudencia, resaltando que el sobreseimiento procede precisamente por la concurrencia de las dos peticiones de sobreseimiento: la del fiscal y la del acusador particular.

Aplicado al caso, vemos que:

1.- Las acusaciones populares son las únicas que acusan por las circunstancias del caso. Por lo que sé, si no hay acusaciones particulares no es porque se conozca a posibles víctimas del delito (padres, hijos, parejas, hermanos, etc.) sino porque se trata de inmigrantes indocumentados y es extremadamente difícil acceder a esas posibles víctimas y que se personen. Solo por esta razón, la magistrada debería haber rechazado el recurso del fiscal. No te puedes acoger a formalismos (como la llamada por edictos) y menos aún cuando el caso concreto pone dolorosamente de manifiesto que ese formalismo lo sería en un grado casi absoluto.

2.- Por lo dicho, no se puede, ni de broma, considerar que concurren el doble criterio del acusador público y de las víctimas pidiendo el sobreseimiento. Es casi notorio que, de poder conocer y acceder al proceso, esos familiares directos lo harían. Creer lo contrario cuando además se trata de quince fallecidos es de un formalismo inadmisible.

3.- Más aún, a pesar de tratarse de presuntos delitos de homicidio y denegación de auxilio, en los que lo lógico, en circunstancias normales, es que hubiese acusaciones particulares personadas, las concretas circunstancias del caso son las que explican por qué no lo están y nos permiten también hablar de intereses supraindividuales y de titularidad colectiva. Los acusados son funcionarios públicos, servidores del Estado. Los hechos se producen en la frontera exterior de la Unión Europea, con seres humanos en una situación límite (de desprotección legal, ya que son solo caras y cuerpos; carecen de identificación, de arraigo, de recursos) y conforme a planes generales. De hecho, la propia magistrada hace referencia a normativa internacional. La cuestión se relaciona con un asunto de gigantesco calado público: el tratamiento de la inmigración y la necesidad de conjugar la protección de las fronteras con el respeto de los derechos humanos. En concreto de los derechos humanos de aquellos que más necesitan de una articulación potente. Y de cómo hacerlo mediante protocolos y reformas legislativas. Es decir, incluso utilizando este criterio, la respuesta razonable es justo la contraria.

En resumen: la decisión, en mi opinión, es gravemente errónea. Y espero sea rectifica por la Audiencia Provincial, si es que alguna de las acusaciones populares la recurre.

 

Presunción de inocencia

Este artículo de Elvira Lindo comienza así:

«Es sorprendente lo que ha ocurrido con Plácido Domingo. La defensa en torno al tenor ha sido tan abrumadora que las que han visto, en este caso, arrebatada su presunción de inocencia han sido las nueve mujeres que señalaron un mal comportamiento en el artista. A ocho de ellas se les reprochaba no dar la cara; a Patricia Wulf, en cambio, darla. Ocho testimonios eran falsos porque se escondían cobardemente en el anonimato; el noveno era falso porque respondía a un afán de notoriedad»

Me interesa la parte que señalo en negrita porque no es la primera vez que veo una afirmación similar.

La presunción de inocencia es una regla de cierre del sistema. Como otra relacionada con ella: la regla in dubio pro reo. La regla podría haber sido otra, por supuesto. La cuestión que resuelve es sencilla: ¿que hacemos cuando alguien afirma que ha sucedido algo que puede tener una concreta trascendencia jurídica —que seas sancionado—, pero no contamos con prueba suficiente? ¿Lo consideramos probado o no? De hecho, en todas las ramas del derecho en las que se suscitan cuestiones controvertidas entre partes enfrentadas, se incluyen reglas sobre la carga de la prueba: es decir, sobre quién tiene que probar determinados hechos. Y no son cuestiones tan sencillas como a veces se piensa. Sí, un principio general establece que quien pretende que algo es cierto ha de probarlo, pero esto se matiza en la mal llamada vida real considerando otros factores: por ejemplo, la facilidad de acceso a la prueba. Si una persona puede fácilmente probar que algo, sobre lo que hay indicios, no ha sucedido y aun así decide limitarse a negar, cabe que se dé por probado aquello que afirma la parte contraria.

En todo caso, cuando decidimos qué solución era más correcta, llegamos a la conclusión de que era mejor presuponer la inocencia (o la no culpabilidad) de todos, y que la sanción solo fuera admisible una vez desvirtuada esa presunción.

Insisto, la regla podría haber sido la contraria. Presumir la culpabilidad. Nuestra sociedad sería muy diferente. Salvo que pudieras acreditar tu inocencia, serías condenado. No solo creeríamos por principio a los denunciantes, sino que esa creencia tendría consecuencias jurídicas.

Sin embargo, y al margen de otras cuestiones discutibles, consideren esta paradoja: alguien acusa a otro de un delito y ese otro no puede probar su inocencia. Se le condena. Ahora, el condenado afirma que esa acusación fue falsa (es decir, acusa de un delito) y el denunciante tampoco puede probar que fuera cierta. ¿Lo condenamos también? Aplicando la regla de cierre, deberíamos. Es decir, denunciante y denunciado serían, ambos, reos de delitos incompatibles.

La opción que escogimos evita una consecuencia tan absurda. No hay delito mientras no se pruebe. Hemos aprendido que esto es más justo y más civilizado y yo creo que lo es, aunque haya delincuentes que se salgan con la suya; pero a veces olvidamos que, además, es más racional. Porque, en el caso de que no se pruebe la culpabilidad, no por ello la acusación es falsa. Como la acusación de denuncia falsa o de falso testimonio también ha de probarse cabe que denunciante y denunciado sean a la vez inocentes, aunque esto parezca imposible, porque esa inocencia no se refiere a los hechos concretos de la vida, sino al mundo del derecho y al uso de la violencia legítima contra quien viola las reglas de convivencia.

Esa regla es más civilizada y racional porque deja la decisión en suspenso. Si creemos en ella, actuamos como si todos fuéramos inocentes. Incluso aunque sepamos que es imposible que todos los seamos.

Por eso es gravemente erróneo afirmar que defender abrumadoramente a Domingo o no creer a las personas que lo denuncian es arrebatarles su presunción de inocencia. Yo puedo sostener que Domingo es inocente mientras no se prueben las acusaciones contra él. Más aún, que incluso aunque se probase una, no por ello se deberían considerar probadas las restantes (porque también es incivilizado el derecho penal de autor). Y también, y a la vez, puedo creer que las personas que denuncian que Plácido Domingo tuvo tal comportamiento son inocentes de un delito de denuncia falsa mientras no se pruebe que mienten (dejo de lado algo más espinoso, como sería las consecuencias civiles de estas denuncias sin prueba, cuando ocasionan un daño). Ambas creencias simultáneas son perfectamente admisibles.

De hecho, sostengo que lo más civilizado sería extender estas reglas a todos los aspectos de la vida, salvo cuando uno tenga un conocimiento directo de los hechos. Tenemos pánico a la indecisión. A no saber qué es verdad. A no tener opinión o certezas. En resumen, a la soledad fuera de la tribu. Sin embargo, deberíamos educarnos para superar esos miedos tan perniciosos. Las reglas de cierre no buscan la verdad, sino la salvaguarda del sistema. Y la discusión sobre ellas debe referirse al sistema, no al caso concreto. No importa tanto si Domingo es culpable o no, o si sus acusadoras inventan o magnifican sus acusaciones. Lo que importa es si el sistema es el mejor o si debemos sustituirlo por otro.

Me parece muy bien, por supuesto, que las víctimas denuncien. Y que ciertas conductas, más toleradas —o absolutamente toleradas— en el pasado sean desterradas. Más aún, que empiece a verse mal no solo al que en situación de poder abusa de otros —el primer paso, ya que esta es la conducta más grave—, sino al que se presta por interés a la conducta inmoral de personas con poder, perjudicando a otros más capaces —paso que ni siquiera veo en la agenda—, ya que siempre olvidamos a esos terceros. Pero esto no debe hacerse derruyendo un sistema civilizado y racional, para sustituirlo por la acumulación, la ordalía y el tribalismo.

Veamos el párrafo que copio: los ocho testimonios anónimos, en asunto de esta gravedad, y a falta de otra prueba, no deberían ni considerarse. Qué menos que exigir conocer el nombre de quien te denuncia. Veamos el caso del noveno testimonio: poner de manifiesto posibles razones interesadas no implica afirmar que esté acreditado que la denuncia es falsa. Defender a Domingo, afirmando que nunca le has visto propasarse o comportarse inadecuadamente, no implica sostener que pueda probarse que la denunciante miente. Simplemente nos recuerda que Domingo —que es al que se acusa en primer lugar— es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, que la afirmación del acusador no se da por cierta mientras no pueda probarla.

Decir «yo sí te creo, hermana» por el hecho de que la denunciante sea mujer y el denunciado sea famoso o poderoso es como afirmar que los blancos son mejores que los negros o los cristianos mejores que los musulmanes. Es dejar de pensar. Más aún, es dejar de pensar para vengarse. Como se hace decir al fiscal Christopher Darden en la serie sobre el juicio a O. J. Simpson, es defender como justo que un negro no sea condenado solo por ser negro, porque antes hubo blancos no condenados porque eran blancos.

Pudo razonablemente ser peor

 

Estos días se ha convertido en noticia el caso de un joven que va a ingresar en prisión por haber sido condenado a una pena de dos años como autor de un homicidio por imprudencia grave. El condenado no tiene antecedentes penales, por lo que el ingreso se ha de deber al hecho de no haber abonado la responsabilidad civil (180.000 € a favor de las hijas del fallecido) y no haber convencido al juez de que tiene intención de hacer frente a dicho pago en unas condiciones de razonabilidad, dadas sus circusntancias, ya que la ley permite la suspensión de penas de hasta dos años aun no pagadas las responsabilidades civiles, si existe ese compromiso.

En todo caso, el asunto ha provocado un montón de comentarios, sobre todo desde el momento en que personalidades, como Arturo Pérez-Reverte, denunciaron el caso, y desde que dirigentes de Vox han empezado a utilizarlo como un ejemplo de la supuesta mala regulación de la legítima defensa en España, hasta el punto de calificar al condenado como héroe e incluso reclamar, para él, una condecoración.

Más aún, se ha estado dando hostias al juez y a la justicia española sin que se hubiese publicado el contenido de la sentencia. Es decir, sobre la base de la versión del acusado y de su abogado.

Acabo de leer la sentencia y por fin puedo comentar algunas cosas:

a) En primer lugar, que una de las acusaciones llegó a pedir quince años de prisión (como homicidio doloso e incluso asesinato), aunque esta solicitud se reprocha intensamente por el juez, siquiera porque el asunto se tramitó, con aquietamiento, como procedimiento abreviado y se juzgó en un Juzgado de lo Penal (cuando asunto de una enjundia así, ha de verse en una Audiencia Provincial). Un dislate, en suma, dadas esas razones procesales.

b) En segundo lugar, que la sentencia es bastante larga (21 páginas), muy detallada y el juez da razones de su decisión en todos sus aspectos. La sentencia es técnicamente solvente y está absolutamente motivada.

c) En tercer lugar, que la primera sensación que da su lectura es que el acusado puede dar gracias de haber salido razonablemente bien parado. Con esos mimbres, el resultado podría haber sido diferente y explicaré ahora por qué.

d) Veamos los hechos probados:

Estos son los hechos probados desnudos, pero hay que integrarlos con las muchas explicaciones que da el juez en la sentencia. Así:

a) El acusado no estaba defendiendo a la víctima. Su conducta pretendía recuperar su bolso. Para recuperar el bolso o lograr la detención del fallecido no tenía por qué golpearle.

b)  El juez afirma que no consta que el ladrón agrediera o quisiera agredir al acusado. De hecho, la única prueba que ha considerado sobre cómo se produjeron los hechos han sido la declaración del acusado y la pericial forense. Luego insistiré en esto.

c) Consta que al menos el acusado propinó dos golpes de gran violencia al fallecido. Tan violentos que pudieron ser la causa directa de la muerte y no el golpe tras la caída.

d) El acusado es experto en artes marciales.

e) El acusado abandonó al fallecido en el suelo. Y cuando la policía le preguntó por los hechos, dijo no saber nada en un primer momento. Y la explicación que da es absurda: afirma que le preguntaron por el robo y que él, de eso, no sabía nada. Pasan dos semanas hasta que acude a la policía y da su versión de los hechos. Y lo hace tras el reconocimiento fotográfico realizado por la policía que ya le ha identificado.

f) Los médicos niegan cualquier relación entre el fallecimiento y la drogodependencia del fallecido.

g) En cuanto a los testigos y peritos:

g.1. Un policía local explica que les «comisiona» una persona que estaba a unos 400 m y que «había una persona tirada en el suelo y una chica que le decía que no llamara a la policía, que lo llevaran a un médico. Que esa chica les contó dos o tres historias diferentes de lo sucedido, que la persona se había caído, que otro le pegó. Que intentaron reanimarlo hasta la llegada de la ambulancia. Que seguidamente llegó su compañero que también realizó maniobras de reanimación. Que la persona era normal, no presentando signos de lesiones o sangre, no sabía que había pasado y que en las aludidas tareas de reanimación pudo producirse alguna contusión en la persona, pues fueron 4 o 5 compañeros quienes lo intentaron, pudiendo fracturarse alguna costilla pues allí “sonaba algo”».

g.2. Un propietario de un establecimiento de prensa cuenta que se encontraba «a unos 100 o 150 metros, que vio como un chico corría con un bolso y otro le da alcance, que forcejearon, sin poder apreciar nada mas pues había bastante distancia, quedando uno en el suelo, sin saber si el otro le dio patadas en el suelo, como ya había relatado a la fuerza policial actuante». Vean, que este testigo en instrucción habló de patadas en el suelo, aunque luego dijera no recordarlo en el juicio.

g.3. La compañera de trabajo del acusado cuenta que, tras volver su compañero con el bolso, cogieron un taxi y que «volvieron a pasar en el taxi por el lugar de los hechos y vieron a una persona tirada en el suelo con policía que lo reanimaban, que el acusado no dijo ni les contó nada y no pararon, (…)»

g.4. La otra compañera de trabajo dice que «el acusado recuperó el bolso pero que no sabe como pues no se lo dijo, que solamente vio a Borja correr tras el hombre que llevaba el bolso y que el hombre se giró como para darle con el. Que al ver que quedó con una mujer, sin que entonces lo viera caído en el suelo, se fueron, cogieron u taxi y entonces si que vieron a esa persona tumbada con la policía, sin que el acusado les dijera entonces nada». Fíjense en que ve cómo el ladrón se gira, pero no ve nada más. Tampoco que cayera al suelo, y no preguntan nada al acusado.

g.5. La otra participante en el robo, con el fallecido, testigo directo, contó que «estaba bajo los efectos de las drogas» y no recordaba todo bien; que «Pedro salió corriendo, que el chico se acercó y le quitó el bolso y le dio patadas y puñetazos, que lo vio pues ella estaba a poco metros, que Pedro no se defendió pues no estaba bien, que intentaba retener el bolso pero que a la segunda o tercera patada, la de la cabeza, cayó al suelo, que el acusado le golpeó como si supiera artes marciales, sabiendo muy bien donde pegaba. Que llamó a un muchacho de la basura, que lo intentó reanimar pero ya estaba muerto. Que se lo decía a ellos pero se marcharon, quedándose ella sola sin que nadie les ayudara, que “lo mató como un animal”, que aún comprendiendo que había cometido un delito eso no se hacía» (…) «reiteró haber visto las patadas en la cabeza, aunque también una patada en el pecho que le hace hacer al suelo y una patada en la cabeza, que también dio golpes con el puño pero lo que mas recuerda es la patada, no recordando que dijera que vio como le daba un
puñetazo en la espalda». El juez no admite este testimonio por el hecho de que estuviera drogada y porque había declarado ante la policía «que el acusado propinó a Pedro una fuerte patada en el pecho, que como consecuencia de dicho golpe cayó al suelo y continuó propinándole diversas patadas en la cabeza y en el pecho, así como puñetazos, teniendo que tener conocimiento de artes marciales por el modo en el que propinaba los golpes, y que le propinó a ella una patada en la espalda al intentar proteger al anterior, sufriendo además una lesión en un dedo de la mano». En sede judicial «habló de golpes en la cabeza y que creía que sabía artes marciales» y en fase de instrucción que «el acusado cogió por detrás a Pedro y le dio un puñetazo en la espalda y después una patada en la cabeza, que lo tiró al suelo y ahí comenzó a darle patadas, unas diez». Llamo la atención sobre el hecho de que el juez, de haber considerado esta declaración fiable, podría haber condenado por asesinato, homicidio doloso o lesiones dolosas. No hay más testigos de la pelea que hayan afirmado haberla visto realmente; sin embargo, el juez rechaza este testimonio y basa la condena en el del acusado.

g.6. Más aún, el forense afirma que las lesiones pudieron producirse por un traumatismo derivado de un golpe directo o por el impacto de una caída, que las contusiones torácicas eran compatibles con maniobras de reanimación por la zona donde aparecieron, y pese a que también podían deberse a un puñetazo, por el contexto y antecedentes médicos eran compatibles con dicha reanimación. También destacó la existencia de lesiones secundarias al traumatismo tales como herida incisa en ceja, equimosis en el pómulo, también propias de un golpe directo o derivadas del impacto de una caída. Además, el forense afirmó que «para romper un maxilar, una pieza dental o el frenillo el traumatismo ha de ser de cierta intensidad». Es decir, el testimonio de la pareja en el robo es tan compatible con el informe forense como el que da el acusado.

h) Así que el juez, que no declara probada la existencia de ninguna agresión previa del fallecido (sobre la que no hay más prueba que la afirmación del acusado) y ante la inusual circunstancia de que los cinco o seis testigos que estaban cerca no vieran prácticamente nada o lo olvidasen —excepción hecha de la compañera de delitos del fallecido—, decide creer al acusado y admitir que puede que lo que este reconoce (dos puñetazos al acusado que terminan con él en el suelo) quizás es lo que pasó, obviando la versión alternativa, en la que hay patadas y puñetazos (como de experto en artes marciales), incluso tras caer en el suelo; y todo ello pese a que el acusado conoce esas artes marciales; a que se marcharon de allí sin pararse, aunque el  fallecido en el suelo sometido a maniobras de reanimación; a que calló ante las primeras pesquisas policiales; a que un testigo dijera a la policía que vio golpes al fallecido cuando ya estaba en el suelo (ya que olvidó esto en el juicio); a que las lesiones eran compatibles con fuertes golpes directos, ya que el fallecido tenía roto el maxilar y un diente y tenía contusiones torácicas.

El juez escoge una versión de dos posibles y compatibles, y no seré yo que critique su decisión. No he visto el juicio ni escuchado a los testigos. Solo comento lo que el juez ha escrito en su sentencia.

Ahora, con todo esto, díganme ustedes si es poco razonable o injusta una decisión que califica los hechos como homicidio imprudente y que extrae las consecuencias indemnizatorias inevitables.

¿Una medalla? ¿Mal regulada la legítima defensa en España?

Extraigan sus consecuencias.

 

NOTA: La sentencia completa la encontráis aquí.

De dictadores y argumentos

 

España se ha convertido en un patio de colegio. El Tribunal Supremo en un auto —es decir, en una resolución «menor»— menciona de pasada —es decir, menciona no como argumento que sirva para tomar una decisión— que Franco fue jefe del Estado desde una fecha y un montón de gente se pone a gritar. Que si el Tribunal Supremo ha legitimado el golpe de Estado franquista, que si ha destituido a Azaña, que si esa mención demuestra que el Tribunal Supremo está lleno de franquistas y no se puede esperar nada en el juicio a los secesionistas (estas son algunas perlas).

Es todo tan imbécil que produce asombro. Aunque el Tribunal Supremo se equivocase en el dato, algo discutible, da igual. Franco fue un dictador asqueroso desde el primer día. También cuando su gobierno fue reconocido por Reino Unido y Francia. También después de dimitir Azaña. Lo fue desde antes de que, con el voto de sus cómplices criminales, se hiciera con el poder absoluto y lo siguió siendo desde ese momento. También cuando España entró en la ONU y nos visitó un presidente norteamericano. Sí, fue un dictador asqueroso, pero fue jefe de Estado. Como lo fueron Stalin o Hitler o Pinochet o como todos estos. ¿Importa mucho si fue jefe del Estado desde 1936 o desde 1939? ¿En serio? ¿Se va a negar que controlaba gran parte de España desde 1936?

Esa mención —de pasada, intrascendente a los efectos de lo que se decidía—  no puede legitimar nada porque, de asumir ese argumento, esto supondría que Franco habría sido un jefe de Estado legítimo si se hubiera optado por otra fecha posterior.

La estupidez nos asuela.

*****

Tras los informes de las tres acusaciones en el juicio a los líderes del golpe secesionista, he mirado resúmenes en periódicos y he escuchado opiniones de opinadores. En su mayor parte, insufriblemente superficiales. Se han centrado en lo que los periodistas llaman titulares. En las frases sonoras, los espejitos que tantas veces se usan para engañar a los nativos, como esas máximas o refranes que vemos pulular por las redes sociales, a menudo con la foto de algún prócer para darle el aura de verdad revelada. Esas píldoras que sustituyen un razonamiento complejo y matizado que analiza todos los aspectos de una cuestión, pero que tanto satisfacen nuestra pereza y la incapacidad para reconocer nuestras limitaciones.

Todo está claro. Los fiscales han dado un zasca (y eso que las defensas no han podido aún replicar) y la abogada del Estado es una traidora que, con sus balbuceos, demostraba la falta de convencimiento. Como si la potencia o adecuación del argumento dependiera del timbre de la voz o de los ehhh intercalados.

Un día, si tengo tiempo y ganas, escribiré un ladrillo en el que expondré con detalle mi punto de vista sobre lo que se ha probado o no en el juicio, y, en concreto, sobre si los hechos probados completan los hechos típicos del delito de rebelión o no. Será tan coñazo que no lo leerá casi nadie, y después de escribirlo tendré la sensación de que soy gilipollas por perder mi tiempo en una tarea que nadie me paga —ya me estoy arrepintiendo, así que es probable que no lo escriba—.

En ese ladrillo debería analizar si, con independencia de cuál sea el bien jurídico protegido en el delito de rebelión, los acusados llegaron a desplegar una conducta material que lo pusiese en riesgo conforme a la descripción contenida en la norma penal. Porque, al margen de la discusión sobre qué se protege en el Título XXI del Código Penal (delitos contra la Constitución), cuestión de importancia, ya que no es igual que se incluya solo aquello relacionado con los derechos y libertades que el que se amplíe al propio sistema jurídico en su conjunto en cuanto garante de la paz social, lo cierto es que la finalidad del autor no es suficiente. No basta con que los hoy juzgados quisieran acabar con el sistema constitucional, sino que es preciso que su conducta se ajustase materialmente a la conducta prohibida en la norma penal. Porque —y esto es consecuencia de que no se recogiese como forma de rebelión, con ese u otro nombre, el autogolpe— el alzamiento violento, como conducta prohibida, exige que la violencia pública tenga unas características que por sí solas sean adecuadas para poner en auténtico riesgo la integridad de la nación o la aplicación de la Constitución en la parte del territorio nacional en el que se produce el levantamiento.

Por esta razón, los argumentos de la abogada del Estado, ridiculizados por algunas personas que no tienen ni puta idea de lo que hablan, son —al margen de la posición que uno tenga— perfectamente pertinentes. La violencia periférica, puntual, no toral en la conducta desplegada para el fin descrito*, no es la violencia que describe la norma penal. Una conducta puede aparente o formalmente coincidir con la conducta prohibida y, sin embargo, ser penalmente irrelevante por ausencia de lesividad conforme a lo que se describe en el tipo que se pretende aplicar y al fin de la norma. El fiscal Cadena, en su análisis del tipo, sostuvo ayer que solo exige la violencia necesaria para la obtención del fin perseguido. Aunque no sea especialmente intensa. Que, de entenderse de otra forma, incluso el golpe del 23 de febrero debería quedar impune. Pero, en mi opinión, esa tesis amplía el tipo de manera inasumible. La violencia puede consistir, como bien dijo la abogada del Estado, en una amenaza creíble sobre su uso: por ejemplo, la presencia de un pelotón de guardias civiles con sus armas en el Congreso y tanques por las calles de una ciudad. Esa intimidación cumple el tipo porque anticipa un posible uso de medios que tienen la finalidad concreta de cambiar el Gobierno del Estado. La cuestión es que la violencia que se observa el 20/9 y el 1/10 en Cataluña, incluso en su faceta de intimidación, no va dirigida a la consecución de la secesión por sí sola, sino a la realización de un referéndum que pretende utilizarse como argumento legitimador. Por mucho que los secesionistas le quisieran dar importancia a ese hecho —hasta el punto de introducir automatismos en sus leyes esperpento al efecto—, el referéndum en sí no es la secesión, salvo que asumamos el tramposo relato secesionista. Tan obvio es esto, que los hoy acusados estuvieron un mes circulando libremente sin que nadie los detuviera cuando supuestamente habían ya cometido uno de los más graves delitos de nuestro Código penal el 1/10. ¿Alguien se imagina a Tejero paseando un mes libre por España y dando entrevistas después del 23-F?

Y sí, yo creo que hubo sedición. Porque, al margen de que los acusados sí quisieran atentar contra la Constitución en sentido material, lo cierto es que, aunque no desplegasen la conducta que completa el tipo del delito de rebelión, para cumplir sus objetivos asumieron y quisieron que se viera afectado gravemente el orden público, que es otro bien jurídico. Precisamente porque controlaban un enorme poder en el territorio, no precisaban, para la consecución de sus fines formales, con la realización de determinados actos habituales en un golpe de Estado: concretamente los referidos a la toma de centros de poder. De hecho, incluso controlaban la fuerza pública más numerosa en el propio territorio. Y, de hecho, podrían haber declarado la república catalana sin referéndum y esto no habría sido delito ni de rebelión ni de sedición. Sin embargo, optaron por añadir ese golem legitimador prohibido por los tribunales. Para llevarlo a la práctica, una vez que un magistrado ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado que materialmente actuase para impedirlo, necesitaban de una actuación masiva de oposición. Esa oposición no tenía que ser violenta para ser sediciosa, ya que el tipo no lo exige, pero sí tenía que ser pública, tumultuaria y eficaz para el logro de su propósito. Todos esos requisitos se dieron. Se creó una apariencia de legalidad, se convenció a millones de personas de que ese acto obstativo equivalía a un acto de desobediencia civil (cuando lo cierto es que no se impedía al ciudadano concreto votar, sino que se le exigía que se apartase para que la fuerza policial hiciese su trabajo), se facilitaron los medios para la votación y para la ocupación masiva por los ciudadanos de los centros, y se alentó a esos centenares de miles de personas, no a votar, sino a defender las urnas y los centros. Se asumió una posición de garante del acto prohibido y se alentó a un comportamiento que impidiese a la fuerza legítima cumplir con sus órdenes. Y, además, se hizo de forma masiva, organizada y consciente. De hecho, dudo que haya acto sedicioso —y hablo en singular— más obvio que este. Y, además, se hizo desde el control, casi total, de las instituciones. He dicho «se» repetidamente, pero no es correcto: todo esto lo hicieron los acusados en compañía de otros.

Termino: no estaría de más, a la vista de lo sucedido, que se reforme el Código penal para específicamente castigar el golpe incruento realizado desde el poder y sin alzamiento violento. El nombre que reciba el delito me trae sin cuidado.

Creo que los fiscales estuvieron muy bien ayer, en defensa de sus posiciones. Pero su claridad y orden en la exposición de los argumentos no son los argumentos. Y creo que la abogada del Estado no es precisamente una oradora nata, que su discurso, sobre todo al principio, fue aburrido, confuso e innecesariamente prolijo en su hincapié en detalles relevantes, pero que nadie puede discutir. Sin embargo, creo que tiene razón. Y como lo que importa en un juicio es la razón y no la brillantez, espero que sus argumentos, a pesar de esa cierta torpeza expositiva, prevalezcan.

Y, puesto que sigo abierto a la razón, escucharé con atención los argumentos de las defensas. Ya ven, cabe la posibilidad de que me convenzan de que estoy equivocado. Aunque a alguno se le escape desenvolupar.

 

NOTA:

* PARA EL FIN DESCRITO.

Calla, bobo

 

Ayer escribí esto.

Lo escribí porque creo que mis razonamientos jurídicos son correctos. Puedo estar equivocado, por supuesto. Puede, incluso, que más que equivocado, esta sea una cuestión discutible que admite soluciones diversas y que la que se adopte exija un proceso de interpretación del sentido y la ratio del ordenamiento jurídico en esta materia. Vamos, como se hace tan a menudo por tantos operadores jurídicos. Esto no sería estar equivocado, sino tener razón, obviamente.

Después de escribirlo, leí algunos artículos, hilos de tuiter, opiniones diversas. Las hay muy burdas —algunas hasta ofensivas—, así que no perderé el tiempo con ellas. Otras, aunque me parezcan forzadas, resultan de una aplicación de esos instrumentos interpretativos que utilizamos los que nos dedicamos a esto de las leyes y, por tanto, han de rebatirse usando esos mismos criterios. Pero no quiero hablar de esto.

Quiero hablar de los que consideran que esto está clarísimo. Un querido amigo, incluso atribuye mi análisis a ese defecto que tengo: la búsqueda de la objetividad. Como el defecto es auténtico, me reexamino constantemente (o, al menos, lo intento). ¿Y qué mejor manera de reexaminarme que analizar las objeciones a los argumentos que expongo? Sobre todo, objeciones de personas que aprecio y que utilizan argumentos.

El problema es que no existen.

No existen. Miro a amigos y conocidos. A juristas. Y veo que todos dicen: «está clarísimo, joder». Veo afirmaciones que eluden las cuestiones que planteo.

Comprendo que nadie quiera perder el tiempo rebatiendo mis argumentos. No puedo exigir un trabajo así a nadie, cuando yo mismo no lo hago a menudo. Normalmente, por pereza. Si tengo algo claro, y lo que leo me parece una bobada, ¿para qué cojones perder el tiempo?

Puede que este sea el caso. A lo mejor lo que he escrito es una gilipollez. A lo mejor está clarísimo que Batet está al borde de la prevaricación y la desobediencia. Yo no veo orden ninguna de ningún tribunal que esté desobedeciendo, ni creo imprudente pedir un informe jurídico, sino todo lo contrario, antes de decidir. Pero, otros dicen que sí.

A lo mejor lo que dice este editorial de El Mundo es acertadísimo —me refiero a la cuestión legal, no a la política, en la que no entro—, aunque yo siga sin ver, en absoluto, esa prístina claridad.

Intento, ya ven, reexaminar mis argumentos, pero es imposible por falta de contraste.

Ah, por cierto: que yo crea que una suspensión basada en los reglamentos exija una votación de las cámaras es perfectamente compatible con la obviedad de que las mayorías a favor de esos acuerdos deberían ser estrepitosas. Por dignidad, sobre todo de aquellos que llevan años hablando de los privilegios de los políticos.

De momento, seguiré opinando como un individuo. Con estos antecedentes, con tanta bandería agostándonos, me da que cada vez va a ser más difícil tener un criterio personal. Pero la ventaja de no ser nadie, es que puedo permitirme la soberbia de continuar equivocándome evidentemente.

 

ADENDA:

Vaya. Han hablado los letrados del Congreso. Y tienen exactamente la misma opinión que expuse en mi entrada anterior. Y, además, por razones sustancialmente similares.

Imagino que habrá algunas personas que dirán que los letrados son gilipollas y no saben ver algo que es clarísimo.

 

In claris no existe, como sabemos todos

 

Escuchaba esta mañana a Carlos Alsina sobre el asunto de la suspensión de los diputados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y la solicitud hoy inadmitida de un informe por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. También comentaba la parida de Pablo Iglesias: que a los diputados los ha elegido la gente para que sean diputados. Sobre esto último, nada que decir: lo de Iglesias es infumable, aunque coherente en un populista de izquierdas. Ya sabemos que, para ellos, la ley nos obliga mientras no se oponga a lo que dice la gente, es decir, a lo que dice el líder.

Sin embargo, me ha llamado la atención la insistencia de Alsina en que el asunto de la suspensión, por aplicación del Reglamento del Congreso, es clarísimo.

Voy a explicar cómo lo veo para que se entienda por qué no estoy de acuerdo.

En primer lugar, los diputados y el senador procesados por rebelión una vez adquiridos la condición de tales por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, están suspendidos automáticamente por ministerio de la ley. Hablo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:

Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Que la suspensión es automática resulta del dictado de la ley y coincide con la interpretación efectuada por el magistrado Llarena tras el procesamiento y en relación con los cargos que entonces ostentaban los procesados.

Eso sí, que la suspensión sea automática no excluye que un juez competente, siquiera por razones de seguridad jurídica, declare que estamos en el supuesto de la norma. Es lo que hizo Llarena y es lo que, en mi opinión, debería hacer la sala que está enjuciando. En consecuencia, creo que lo correcto es lo que han hecho los fiscales del Tribunal Supremo, que han pedido esta suspensión por aplicación de esa norma procesal.

Dicho esto, ¿procede además la suspensión por aplicación de los Reglamentos de las Cámaras?

Aunque es discutible, en mi opinión, no, salvo votación de la propia cámara con mayorías idénticas a las que permiten la concesión del suplicatorio. ¿Por qué digo esto?:

Vean lo que dice el Reglamento del Congreso:

Artículo 21

1. El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios:

1. En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento.

2. Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

2. El Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Como vemos, esta norma no coincide con el artículo 384 bis, ya que esta se refiere a delitos concretos, mientras que el Reglamento se refiere a todo tipo de delitos. Además, la suspensión exige un presupuesto habilitante: que se haya concedido la autorización para proceder contra el diputado por medio de suplicatorio.

El suplicatorio es un acto político derivado de un privilegio: la cámara lo concede o no. Es decir, la cámara se pronuncia políticamente.

En el presente caso, esto no ha sucedido. Se puede argüir que no es necesario, como se ha cuidado el Tribunal Supremo de declarar en su auto de 14/05/2019, resolución totalmente ajustada a derecho en mi opinión, pero esto no implica que su innecesariedad para la continuación del juicio lo haga innecesario para provocar la suspensión. La razón es la ya enunciada: el suplicatorio encierra una manifestación de voluntad política de la cámara.

Esto, además, se refuerza considerando el caso del Senado. El artículo 22 del Reglamento del Senado se parece al del Reglamento del Congreso, pero con dos diferencias:

a) La primera es que hace falta mayoría absoluta para acordar la suspensión en una votación diferente de la del suplicatorio.

b) La segunda es que se hace referencia a que esta medida se acordará dependiendo de la «naturaleza de los hechos imputados».

La segunda diferencia es irrelevante, ya que el Senado es soberano. Ahora, la primera supone que, para la suspensión, el Senado deba realizar dos manifestaciones políticas adoptadas por mayoría (además, absoluta, en el segundo caso).

Las consecuencias que extraigo son: la suspensión de la condición de diputado o senador afecta a derechos fundamentales de indudable trascendencia. Al igual que la inmunidad, como privilegio, ha de interpretarse taxativa e incluso restrictivamente, la suspensión de un derecho fundamental ha de producirse solo cuando la ley lo prevea y concurran todos los presupuestos habilitantes.

En consecuencia, para que las cámaras puedan suspender por aplicación del Reglamento respectivo es preciso que, en el caso del Congreso, haya suplicatorio (o votación con cumplimiento de requisitos formales similares) y, en el caso del Senado, votación por mayoría absoluta (podría ser solo una, puesto que con ello las exigencias materiales se cubren).

De esta forma, concurriría, en ambos caso, la voluntad política que exigen ambos reglamentos (recuérdese que las cámaras son soberanas a la hora de articular sus normas de funcionamiento).

Solo queda una cosa por plantear: ¿podrían las cámaras olvidarse de sus reglamentos y simplemente suspender por la concurrencia de lo que establece el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?: en principio, podrían. Ahora bien, esa norma procesal, conforme a su aplicación natural, aunque es imperativa, tiene como principal destinatario a los jueces y tribunales. Por tanto, no sería ilógico que las cámaras simplemente declinasen en el tribunal la dación de cuenta de que la suspensión automática se ha producido porque en ese tribunal concreto se sigue una causa por los delitos que implican dicha suspensión automática.

Por tanto, no tiene razón Batet en pedir informe de ningún tipo. Esto es un disparate. Pero no resultaría absurdo que las cámaras esperen a una resolución expresa del tribunal que deje constancia de la aplicabilidad de esa norma.

Dos últimos incisos para que quede claro hasta qué punto el asunto es discutible:  en cierto sentido ya hay una resolución que dice que los diputados y el senador tienen sus cargos suspendidos. La que dictó Llarena. El segundo inciso: se ha dicho que el auto de 14/05/2019 (antes enlazado) ya contiene la postura del tribunal. Pues yo no sé dónde. Lo que dice el auto es:

Basta su lectura para darnos cuenta de que la mención del reglamento es obiter dicta como argumento añadido a otros que se refieren a la condición posible de preso preventivo y diputado o senador conforme a derecho.

Y el auto no dice que la situación de preso preventivo, por sí sola, implique que el diputado sea suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios.

Espero, en consecuencia, que el Tribunal Supremo dicte una resolución que simplemente declare que los presos diputados y senador están suspendidos por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que así se lo comuniquen a las cámaras para su cumplimiento. O que, si las cámaras hacen esto, lo hagan por aplicación exclusivamente de esta norma.

Y que, si se pretende que la suspensión tenga lugar por aplicación de los Reglamentos, haya una votación al efecto en el pleno del Congreso y otra en el del Senado.

 

¡Urgente! Se descubre que España tiene un código penal

 

Estoy leyendo algunas opiniones sorprendentes sobre el caso del hombre que ayudó a su mujer a suicidarse.

Su conducta está tipificada en el Código penal:

Artículo 143.

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

No solo lo está, sino que expresamente, tal y como pueden ver,  se aprobó un subtipo atenuado en aquellos supuestos en los que exista enfermedad grave que va a conducir a la víctima a la muerte o una enfermedad que produce padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Vean que, además, se incluye tanto la cooperación al suicidio como lo que debería calificarse como auténtico homicidio («el que causare»).

Es decir, el caso que aparentemente nos ocupa está regulado así desde hace veinticuatro años.

De hecho, el texto finalmente aprobado es casi exactamente el propuesto originalmente en el proyecto de ley (solo se cambió la expresión «hubiera conducido» por «conduciría»). Ninguna enmienda fue admitida. Las había, digamos, de dos tipos:

a) Las de IU y ERC, que o despenalizaban el supuesto (incluyendo, en el primer caso, un 143 bis que expresamente declaraba la exención de pena —es decir una cusa de justificación—, mientras que el segundo grupo, en enmienda de Rahola, técnicamente más razonable, remitía a una ley especial qué supuestos de suicidio asistido serían admisibles y con qué requisitos).

b) Las de PP y Coalición canaria, que intentaban limitar el subtipo aplicándolo el primero como sujeto activo solo a médicos y estableciendo como requisitos tanto la naturaleza terminal de la enfermedad como los padecimientos que deberían ser «insoportables» y, además, admitiendo solo la rebaja en un grado de la pena, mientras que en el caso de Cc también se pretendía aplicarlo solo a médicos, exigiendo presencia de un testigo y, además, que los requisitos fueran cumulativos (enfermedad mortal más padecimiento).

Es, por tanto, incomprensible la sorpresa de muchas personas por el hecho de que se abra un procedimiento penal. De hecho, salvo que se acredite alguna circunstancia eximente, lo más probable es que este hombre, que además ha actuado abiertamente y ha dado publicidad a su conducta, sea condenado a una pena de entre un año y medio y tres años de prisión.

Sobre la posibilidad de un indulto, resultaría paradójico que el mismo se base en que este hombre ayudó a su mujer a suicidarse tras una enfermedad incurable, de muchos años, que le causaba padecimientos. Y que haya hecho esto por razones humanitarias. Digo que sería paradójico porque esa precisamente es la razón por la que su conducta encaja en subtipo atenuado (es decir, esa es la razón por la que se castigan con penas menos severas).

O la conducta tiene que seguir siendo delictiva (y, en tal caso, es difícil comprender por qué se ha de indultar a este ciudadano) o se ha de despenalizar. En este último caso, y por razón de la más elemental seguridad jurídica, la despenalización debería efectuarse mediante la aprobación simultánea de una ley que estableciese el procedimiento de auxilio al suicidio de determinadas personas. Más que nada, para controlar este tipo de situaciones y evitar que se produjesen casos límite dudosos en ámbitos privados.

La otra cuestión que leo y que me sorprende es la relativa a la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Como si esto fuese raro o siniestro.

Veamos, una vez aceptada la cuestión de la existencia de este tipo de juzgados (algo discutible en términos generales) es perfectamente lógico que una conducta que se incluye dentro del título relativo al homicidio y sus formas (y el legislador decidió incluir aquí el suicidio, en sus formas de inducción y cooperación, algo razonable, ya que el que induce y/o coopera al suicidio lo hace con la vida de otro) si víctima y autor son cónyuges (o han mantenido una relación de afectividad, etc.) sea instruida por el Juzgado de Violencia.

El Juzgado de Violencia no juzga. Es un juzgado de instrucción especializado. De hecho, el juez puede sobreseer y archivar. Por cierto, una de las funciones del juzgado es investigar si se trata de una cooperación al suicidio, porque podría resultar que no. Que sea un asesinato.

Más aún, en este caso concreto, ni siquiera existe la asimetría penal que sí se da en otros supuestos de violencia doméstica (algo, ya lo saben, que me parece inadmisible). Así que, ¿qué más da que el juzgado competente para instruir sea este? ¿O es que el nombre del juzgado, su etiqueta, ya implica algún tipo de tacha?

Es agotador que estemos indignados todo el día por todo tipo de cuestiones, la mayoría de ellas absolutamente intrascendentes.

 

Creer o no creer, he ahí el problema

 

Ayer, un músico mexicano se suicidó y publicó en twitter una nota en la que explicaba sus motivos:

Esto ha generado discusión y acusaciones recíprocas entre los que apoyan este tipo de denuncias —aparentemente, el propio suicida es uno de ellos— y los que los acusan de caza de brujas.

Lo paradójico es que el suicidio no añade nada. En realidad, es perfectamente deletéreo y nos sitúa en el mismo marco mental del #MeToo. Por lo visto, hay quien piensa que tenemos que creer al músico. Por el hecho de cometer algo tan aparentemente inequívoco. Como piensan otros que tenemos que creer a la denunciante, anónima o con nombre, que se atreve a denunciar hechos horribles señalando a alguien.

Ahí está la enfermedad. En un mundo civilizado no se deben producir consecuencias cuando hay una denuncia sin pruebas. Por eso es tan difícil que exista y llevamos siglos construyéndolo. Porque la denuncia puede ser también una forma de hacer el mal. Tan espantosa como el más espantoso de los actos. Puede convertirte en un muerto en vida, en un fantasma civil. La única consecuencia civilizada de una denuncia debería ser la prevista en la ley, tras la declaración legal de certidumbre —que puede ser errónea; el mundo es imperfecto—.

El músico se suicida y muchos dicen «yo sí te creo». Sin embargo, el suicidio no prueba nada sobre la acusación. No prueba que fuera cierta. No prueba que fuera falsa. Ni siquiera prueba que sea la causa, por más que el suicida lo ponga por escrito. Sí, los suicidas a veces mienten. Los suicidas, a veces, se mienten a sí mismos.

Lo que queda es el ruido. La discusión religiosa. Banderías echándose a la cara sus fes respectivas. Vociferantes.

 

Ojalá sea solo un timo más

 

El PSOE, en su programa electoral para estas elecciones, incluye este disparate:

Dejaré de lado eso de que la supresión del delito de abuso sexual —algo que, además, es mentira con seguridad, solo van a cambiar el nombre: las conductas no se «suprimen» como delito— no transmite «adecuadamente» el carácter coactivo de los delitos contra la libertad sexual —cuando el abuso precisamente es un delito CONTRA LA LIBERTAD sexual—; por lo visto hay que hacer un código penal con dibujitos, marionetas, vídeos o alguna putamierda de hashtag.

Voy a centrarme en eso de que el consentimiento en cualquier relación sexual deba ser «explícito» y que «si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no».

Hay dos maneras de entender esto:

La primera: cuando usan la palabra «dice» y hablan de consentimiento explícito se refieren a cualquier forma de expresión. Puede ser hablada, escrita, por lengua de signos, por gestos o por comportamientos inequívocos. Por ejemplo, ella no verbaliza nada, ni escribe sí en una libreta o en un correo electrónico, pero a la pregunta de él acerca de si le apetece mantener una relación de índole sexual, sin decir ni mu, le baja la bragueta a él y le hace una felación. Vamos, que explícito incluye también implícito. Es implícito porque la conducta que ella realiza incluye el consentimiento, sin expresarlo. Pues bien, si se refieren a esto, NO HAY QUE CAMBIAR NADA. La ley actual ya habla de ausencia de consentimiento (que se presume inexistente en niños o en una persona inconsciente) o de un consentimiento viciado en los casos de abusos. Ya está. Por tanto, lo que se promete es una trola para que las mujeres crean que cambia algo.

La segunda: que es la que más se ajusta a la literalidad de lo que afirman, que solo se considerará que una mujer dice sí cuando diga sí. Y si no dice que sí, TODO LO DEMÁS ES NO y no hay consentimiento. En este caso, en el ejemplo que he expuesto, él habría cometido un delito.

Analicemos esta segunda opción. En primer lugar, resulta contrario a una serie de principios básicos en materia penal. Por ejemplo, al de que debe buscarse la verdad material. Es decir, debe procurarse saber si ella consintió; no saber si consintió explícitamente. Lo segundo, que la norma penal solo debe castigar conductas que afecten a un bien jurídico. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO ES PRECISAMENTE LA LIBERTAD SEXUAL. Solo una conducta que afecte a la libertad de las mujeres —hablo y seguiré hablando de mujeres porque, aunque parezca acojonante, el programa habla SOLO de mujeres— debe ser delictiva. En tercer lugar, que las presunciones, en general, y más aún si son iuris et de iure, en materia penal, son un recurso incivilizado salvo en circunstancias extraordinarias y muy justificadas (como lo es presumir que un bebé de dos años no puede prestar un consentimiento válido para una actividad sexual, por ejemplo). Por tanto, presumir, sin posibilidad de prueba en contrario, que un consentimiento para mantener relaciones sexuales no existió por no ser explícito en esos términos atenta contra esa regla básica.

Y esto sin tener en cuenta otras cuestiones como el error de hecho o el que las agresiones sexuales solo son delitos si son dolosas (es decir, voluntarias). En la segunda versión, el dolo exigible implicaría que un hombre comete un delito al admitir mantener relaciones sexuales con una mujer incluso estando seguro de que ella quiere (por ejemplo, deduciéndolo de su comportamiento) e incluso aunque estuviese conforme con esa apreciación cualquier tercero objetivo en abstracto, por la circunstancia de que ella no lo hubiese dicho explícitamente, y por el hecho de saber esto y aun así seguir adelante.

Es decir, en vez de atender a la realidad tal y como la percibiría cualquier observador objetivo, atenderíamos a la voluntad de la víctima (no antes, en el momento de la relación sexual —en el que es indiscutible que solo importa su libertad—, sino después, a la hora de que se decida si es o no delictiva); es decir, podría decidir si algo es o no delito en su esfera interna y con independencia de sus actos. Esto abriría la puerta a que algo no fuese delito en el momento de los hechos (ella consiente en su fuero interno y lo sabe), pero que pasase a serlo cuando denuncia (al no existir un consentimiento explícito y hacerlo valer).

Incluso se podría dar el supuesto de que ella denunciase y que, más tarde, reconociera haber consentido (solo implícitamente) y, por tanto, haber actuado libremente. Este reconocimiento carecería de valor alguno, ya que se trata de delitos semipúblicos, no disponibles por la víctima, una vez denuncia. Y él debería ser condenado.

En realidad, esta reforma anunciada es tan descabellada (en su versión b) que solo puede interpretarse en un sentido más prosaico, pero igual de grave. Dirán que estoy ridiculizando y que por supuesto que cualquier consentimiento claro que resulte de la conducta de una mujer es válido y que eso es lo que significa explícito y que el ejemplo que pongo es una caricatura. Añadirán que el problema lo tenemos con situaciones dudosas en las que él puede haber creído que sí, pero en las que ella dice que no existió consentimiento. Y que, en estos casos, lo que hay es que partir de que no existió el consentimiento. Véase, de entrada, que esto no es lo que se anuncia, sino otra cosa.

Lo malo es que el problema sigue siendo peliagudo porque existe un principio civilizado básico en derecho penal que es el de presunción de inocencia. Se presume la inocencia y el que acusa ha de probar. Esto no implica que se presuma el consentimiento, sino que no se presume el delito. Es decir, implica que quien acusa a otro de haber realizado una conducta (sexo sin consentimiento) ha de probar que el sexo existió y ha de probar de alguna forma admitida en derecho que no fue consentido. Y esto segundo es preciso porque LAS PERSONAS MANTIENE RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS CONSTANTEMENTE. Es decir, el asunto se convierte en un problema no de fijación de la conducta penada, sino en un problema de prueba. En el viejo problema de prueba. De hecho, y aunque a veces se diga que no, la prueba testifical de la víctima, por sí sola, puede ser —y es, a veces— prueba de cargo suficiente en nuestro derecho para condenar (en una práctica que personalmente me preocupa mucho como jurista).

¿Qué es lo que hay aquí, por tanto? O un timo o la cuadratura del círculo o una renuncia a uno de los principios más sagrados de la civilización: la inversión de la carga de la prueba sobre uno de los elementos centrales del delito, la ausencia de consentimiento. Se busca un comodín, un yo sí te creo, una carta de «salga usted de la cárcel»: si ella afirma «hubo consentimiento», aunque no fuese explícito, no hay problema; si ella dice «no hubo consentimiento», se invierte la carga de la prueba y es él quien ha de demostrar que hubo un sí explícito porque cualquier otra cosa es un no, aunque esa otra cosa equivalga a un consentimiento PARA CUALQUIER TERCERO OBJETIVO.

Esta es la deriva.

Lo gracioso es que los del PSOE acusan a Vox de ser un peligro público —con razón—, cuando ellos también lo son cuando promueven cosas así.

 

 

¿Tenemos derecho a la legítima defensa?

 

A raíz de mi anterior entrada y de comentarios de gente que decía que no existe en España un derecho a la legítima defensa, sino que esta es una circunstancia que exime o atenúa la responsabilidad criminal, escribí unos tuits hoy en los que explicaba que esto no es correcto y que por supuesto que existe un derecho a la legítima defensa.

Y nada, de nuevo varias personas han insistido en que no, se han puesto a explicarme las circunstancias eximentes (asombroso) e incluso, uno de ellos, me ha dicho que no entiende por qué afirmo esto y ¡que yo sé que no tengo razón! (más sorprendente). Otro me ha dicho que no es un derecho, porque hace falta que lo aprecie una sentencia, y al final, otro me ha dicho que tenía razón, pero como en el caso de la enajenación mental ha de declararse tras un proceso y en la sentencia que lo resuelve.

Y yo digo: ay.

Voy a intentar explicar esto de otra forma, a ver si así.

1.- Los ordenamientos suelen partir de que el Estado y sus agentes tienen el monopolio de la violencia (que han de ejercitar con motivo y según ciertos principios). Por tanto, yo como ciudadano normal y corriente, no puedo decir a alguien «disuélvase» y, si no me hace caso, meterle un empujón o darle con una porra.

2.- Los ordenamientos, sin embargo (que no son tontos), admiten que TENEMOS DERECHO a defendernos (a nosotros y a las personas que tenemos cerca), cuando hay una agresión ilegítima (o una amenaza inminente y seria de sufrirla)  y la necesidad de defendernos. Esto de necesidad de defendernos se refiere a los medios que se emplean y a la racionalidad de esos medios (no les aburriré con casuismos). Si se dan ambos aunque la conducta APARENTEMENTE sea la descrita en el Código Penal (por ejemplo, matas o lesionas al que te agrede) la ley la considera justificada.

3.- Sucede también que la ley exime de responsabilidad penal, en ocasiones, por razones que afectan a la culpabilidad. Por ejemplo, estás como un cencerro. No encerramos al chiflado que mata a su padre porque cree que es un vampiro PERO NO TIENE DERECHO A MATAR A SU PADRE. Los locos no tienen derecho a cometer delitos. De hecho, si lo hacen, es probable que los encerremos, aunque no los castiguemos. Pero la conducta del loco asesino ES CONTRARIA A LA LEY; ES DECIR, ES ANTIJURÍDICA.

4.- ¿Sucede esto con la legítima defensa? NO. En este caso, sostenemos que la conducta NO ES ANTIJURÍDICA. Nadie nos encierra por matar a alguien que viene a matarnos, PORQUE ESA CONDUCTA ES CONFORME A LA LEY. De hecho A TODOS NOS PARECE MUY BIEN, MIENTRAS DEPLORAMOS LA CONDUCTA DEL LOCO QUE MATA A SU PADRE VAMPIRO.

5.- Y esa conducta es conforme a la ley EN SÍ MISMA. Por eso puedo afirmar que tengo derecho a matar a todo el que venga a matarme si tengo necesidad de matarlo para no sufrir daño o si esta conducta es racional. De hecho, PUEDO DEFENDERME MATANDO O NO. ¿Ven? Ni siquiera es obligatorio.

6.- ¿Qué sucede? Que lo de matar gente, a bote pronto, es sospechoso. Y, para evitar, automatismos (a los que se acercan más algunas legislaciones, sobre todo en el caso de domicilios) y dado que es una conducta que encaja formalmente con un delito, ES POSIBLE QUE HAYA QUE CELEBRAR UN JUICIO Y ESPERAR A UNA SENTENCIA para ver si concurría ESE DERECHO A MATAR (o a lesionar, por ejemplo) o si no concurría con todos sus requisitos, pero podía atenuar la responsabilidad. Algo que, por cierto, PASA CON OTROS DERECHOS. También es posible que tenga que ir a un juez para que me diga si poseo Villa Ludmila como arrendatario o si soy un jeta que la ocupa sin título.

7.- Pero es que lo anterior, ni siquiera ES NECESARIAMENTE ASÍ.  Y ya siento tener que explicárselo a alguno que se me presenta como jurista, PERO ES QUE EL TRIBUNAL SUPREMO TIENE DICHO QUE CABE EL SOBRESEIMIENTO LIBRE POR LA VÍA DEL 637.2 CUANDO LOS HECHOS CARECEN DE ATIPICIDAD Y/O ANTIJURIDICIDAD POR LA EXISTENCIA DE CAUSA DE JUSTIFICACIÓN SIEMPRE QUE SEA MANIFIESTA E INEQUÍVOCA. Y por eso, si un vecino de Algete MATA A UN TERRORISTA QUE VIENE CON UN PUÑAO DE BARRENOS PEGADOS NO HACE FALTA ABRIR EL PUTO JUICIO PARA QUE SE CONSIDERE QUE TENÍA DERECHO A MATAR AL ILUMINADO.

 

En fin, que no voy a ponerme a hablar de conceptos como relación jurídica, derecho subjetivo, facultad, derecho-deber, etc. y las masturbaciones mentales que tanto nos han ocupado (seguro que justificadísimas). Creo que, a veces, los que estudian derecho se centran tanto en aprenderse la terminología que se olvidan de entender en qué consisten las instituciones jurídicas.

Además, esto no le importa a nadie que no sea del gremio. La propiedad es un derecho subjetivo. Un derecho real. El más intenso de los derechos reales. Sin embargo, el propietario de una casa NO TIENE DERECHO A PEGARLE FUEGO. ¿Lo ven? Todos los derechos están limitados. Pero siguen siendo derechos.

En fin, que como yo intento explicarme y no confundir a nadie, sigo sosteniendo que cuando el ordenamiento jurídico considera que puedo hacer algo porque mi conducta ES JURÍDICA y no solamente porque no me se me pueda responsabilizar de ella por falta de capacidad de entender o querer o por algún tipo de error, esto implica que tengo derecho a ello. Esa es la diferencia entre el derecho a matar al que quiere matarme si es la única forma racional de evitarlo, y el no derecho a matar a mi vecino porque soy el único que sabe que, en realidad, es Belcebú.

Y ya no me explico más.