El hedor

 

Ignoro si esto que cuenta Anabel Díez es cierto, pero como no tengo ninguna razón para dudar (y, además, que yo sepa no ha sido desmentido) voy a presuponer su exactitud.

Pues bien, simplemente quiero decir que lo que aquí se cuenta …

Los ministros, y el propio Rajoy, en primera línea, según fuentes del Ejecutivo, transmitieron a quienes tenían que tomar la decisión, la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la Cámara catalana. “No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después”, señalan fuentes conocedoras de las intenciones de Rajoy y otros miembros del Gobierno al ponerse en contacto con magistrados del Constitucional. “Se apeló a razones de Estado”, continúan estas fuentes.

… es de tal entidad, que solo se me ocurre un remedio: la dimisión del Gobierno en pleno.

Naturalmente, no solo no pasará nada de esto, sino que imagino que a la mayoría le parecerá estupendo, con tal de no dar una oportunidad al golpista.

Eso sí, contadme otra vez que estaba equivocado aquí, aquí, aquí y, sobre todo, aquí.

Y explicadme si merece la pena perder el tiempo en analizar las resoluciones que vengan de esos tribunales y los actos del Gobierno, sobre esta materia, para ver si son ajustados a derecho o no, sin sospechar que no se busca aplicar la ley, sino retorcerla lo que haga falta para lograr un fin determinado.

Sí, eso es lo que han conseguido los responsables y los inteligentes. Con su putrefacta razón de “Estado” han contaminado las instituciones democráticas. Las que dicen que querían salvar.

NOTA: Hoy Rajoy ha desmentido la noticia. La entrada está sujeta a la condición de que la noticia sea cierta.

Si no es cierta, ténganla por no escrita.

Incumbe a los que afirmen que lo es probar su realidad.

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Otra vez

 

Los culpables de los golpes de Estado son los golpistas. Los culpables del golpe de Estado en Cataluña son, por tanto, los golpistas.

Dicho esto, hablemos de otras responsabilidades. De más a menos.

En la deriva criminal y liberticida que se está produciendo en Cataluña tienen una responsabilidad enorme los millones de catalanes que han seguido a los líderes golpistas y que los han vuelto a apoyar después del golpe de Estado. Lo son por fabricar y deglutir una ideología supremacista y xenófoba, y por apoyar que se quebrante la ley democrática y se demuelan las instituciones. Es igual que sean muchos. No es la primera vez que muchos deciden convencerse de que son mejores por alguna razón imbécil, como la raza, la lengua que hablan, los apellidos o las putas canciones que escuchan, y deducen de ello que pueden privar a los demás de sus derechos como ciudadanos.

También son responsables los mandatarios no secesionistas. Los españoles no creemos demasiado en las instituciones. Si crees en ellas, aceptas que hay que pagar un precio. Por eso los que nos mandan o nos quieren mandar —que lo saben— metieron la mano en la caja sin problemas mientras fluía la pasta o se subieron al carro del populismo de moda cuando las cosas se ponían difíciles y había que buscar un muñeco al que dar de hostias, no fuese que nos mirásemos a nosotros mismos.

Sí, es obvio, también nosotros somos responsables.

Si creyéramos en lo que decimos creer, hace años que el Estado habría acabado con los golpistas. Habían anunciado el golpe, subidos a una ola en la que no sé si militan realmente o de la que ya no sabían bajar. Es igual, que más dan los motivos. Pero no. Ni siquiera los llamábamos así. Incluso hoy, cuando hay un montón de tipos en prisión, los más valientes hablan de “golpe a la democracia”, inventando eufemismos. ¿Cómo se iba a parar el golpe de Estado en ciernes si tenían hasta miedo de llamarlo por su nombre?

Qué lamentable cobardía. De los que gobernaban y de los que querían gobernar. Estos —qué asco, coño— no solo no ayudaban en nada, sino que han jugado durante años a pillar tajada entre los millones de irresponsables que se han tragado la propaganda infecta que los hace creerse más altos, más guapos y más rubios. Para no tener que pactar con los “fachas”, han preferido meterse en la cama con los que nos trataban a los demás como siervos de la gleba a los que podían restregar su generosidad.

La cobardía llegó al punto de renunciar, hasta el momento en que el las aguas fecales estaban a punto de ahogarnos, a utilizar la ley para lo que habíamos decidido los ciudadanos. El Estado podría haberse hecho mucho antes con el control de la autonomía catalana y haber mantenido ese control hasta que quedase meridianamente claro que no se iba a consentir que nadie se saltase la Constitución y se mease en las instituciones. También en las catalanas. Pero es que no creen en las instituciones. Si crees en ellas, estás dispuesto a pagar el precio de explicarle a la gente, con la fuerza que sea precisa, que ninguna mayoría, local o no, puede imponerse sobre la ley. Que la democracia no existe sin ley democrática. Y que la ley democrática solo puede cambiarse por sus procedimientos. Que una turba, por grande que sea, no tiene derecho a colgar a nadie de un pino.

Y ha empezado la gangrena. Por la renuncia a hacer lo que había que hacer, hemos asistido a una utilización fraudulenta de la justicia. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han empezado a atender a razones de oportunidad política. Eso es ácido para la ley y para las instituciones.

El auto del tribunal Constitucional de ayer es un desastre. El órgano del Estado, que tanto vela supuestamente por que se motiven las decisiones, ha adoptado una completamente original —medidas cautelares que nadie ha pedido—. Lo ha hecho admitiendo a trámite un procedimiento (lo que debería implicar la suspensión), pero sin admitirlo, salvo para explicar cómo sería constitucional una investidura que no se ha producido aún, no de forma didáctica, sino declarando previamente la nulidad de un acto futuro, y estableciendo consecuencias incluso penales.

Y no es que no sea correcto la sustancia de lo acordado. Lo es, sin duda. Y esto demuestra de nuevo el grave comportamiento de Puigdemont y su cuadrilla de golpistas. La sustancia es correcta, pero no el procedimiento. Y si no hay democracia sin ley democrática, no hay ley sin respeto a los procedimientos.

Por desgracia, muchos creerán que no pasa nada. Que es solo la puntita. Ya nos están lanzando la razón de Estado a los aguafiestas. Lo hemos visto muchas veces. La razón de Estado es la que creó la doctrina Parot. No se podía protestar contra ella, no fuera que te tomasen por un amigo de los etarras o, ahora, de los violadores múltiples. La razón de Estado es la que habla de la “inteligencia” de la jugada del Tribunal Constitucional, para justificar que sus magistrados estén haciendo el trabajo que no les corresponde, cavando bajo sus propios pies.

Estoy seguro de que esto joderá a muchos de los que me lean. Y que me acusarán de darle argumentos a los secesionistas. Nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que, tras leer la demanda y el auto, yo me habría alegrado de que la demanda no se hubiera presentado y el auto no se hubiera dictado. Y de que, si los golpistas decidían nombrar de nuevo a Puigdemont, se hubiera presentado una demanda, se hubiese acordado la suspensión del nombramiento y se hubiese continuado, por el tiempo que fuera preciso, con la aplicación del artículo 155. Y habría estado encantado de que, de presentarse el señor Puigdemont, se le hubiese engrilletado allí donde se encontrase, aunque fuese en la puta tribuna de oradores. Porque hay una orden de busca y captura legal y legítima dictada por un juez español.

Pero no. Las fuerzas vivas han optado, como en tantas ocasiones, por el atajo. Pura cobardía. Y no hay esperanza. Hoy he descubierto que esto, que era un tuit de Albert Rivera, ha desaparecido. Era un tuit laudatorio del auto del Tribunal Constitucional, a la vez que le daba un palo al Gobierno por “hacerlo mal”. Es algo que se viene repitiendo desde anoche, cuando el auto —que es una resolución judicial— tiene mucho menos fundamento jurídico que la demanda. Claro, el auto es de “sentido común”. Sí, y la democracia va de votar.

¿Quién se va a ocupar del Estado en España? ¿Los sinvergüenzas trileros golpistas y sus amigos? ¿Los cobardes? ¿Los populistas? ¿Los que se apuntan a cualquier moda si creen que les dará votos, llenándose la boca con palabras solemnes?

Nuestras élites apestan. Son un concentrado de nuestros peores defectos.

Razón de Estado

 

La vicepresidenta del Gobierno no ha dado una sola explicación jurídica que merezca ese nombre de por qué una requisitoria en España impide que el presidente del parlamento de Cataluña proponga a Puigdemont. Ni una. Tendremos que esperar al recurso, pero esto ya es significativo. Lo leeré y opinaré, pero tampoco se me ocurre cómo fundamentarlo seriamente.

Más aún, de forma insistente la vicepresidenta ha manifestado que este acuerdo se hace en defensa de la legalidad y la Constitución. Utilizando todos los instrumentos del Estado de derecho. Y para evitar un daño a las instituciones. Incluso ha hablado del nombramiento de Puigdemont como “mal mayor”. Del fin que se busca: evitar el nombramiento del golpista [golpista lo digo yo]. De utilizar la facultad de la suspensión, como si este fuese el único fin del recurso. La retórica es la del interés o la razón de Estado.

Yo, sin embargo, sostengo que no se defienden la ley y la Constitución utilizando espuriamente una norma (el artículo 161.2) para una finalidad no previsto en ella (la prevista es que no produzca efectos una disposición que se considera realmente ilegal, no evitar que entre en vigor un acuerdo válido por razones de oportunidad). Al contrario, el uso fraudulento de los procedimientos socavan la ley y las instituciones. Si lo hace el Gobierno, lo socava más.

Como es obvio, el Tribunal Constitucional no puede dejar de admitir el recurso y de acordar la suspensión.

Triste día para el Estado de derecho en España. Y, por tanto, para nuestra democracia. Y más triste porque, sin necesidad de torcer nada, podía haberse evitado.

 

Fraudes

 

Odio la desviación de poder. Odio el fraude de ley, más cuando lo utilizan los poderosos.

Cada vez que se tuerce el sentido de la ley —y esta expresión incluye una enorme variedad de interpretaciones habitualmente— para obtener un fin contrario a la propia ley y a sus principios, no solo nos deslizamos hacia el autoritarismo, debilitando el edificio que nos protege de él, sino que damos argumentos a los que quieren derribarlo. Pasó con la doctrina Parot, por ejemplo.

Solo hay un antídoto frente a ese veneno. Pero aplicarlo nos exige el tipo de excelente intransigencia en la que no cree casi nadie.

* * * * *

Esto no es un juez. Es otra cosa.

“Our Constitution does not allow for cruel and unusual punishment,” she said. “If it did, I have to say, I might allow what he did to all of these beautiful souls — these young women in their childhood — I would allow someone or many people to do to him what he did to others.”

 

¿Puede ser detenido Puigdemont?

 

Esta pregunta viene a cuento de algo que anduvo planteándose hace unos días: la condición de diputado de Puigdemont implicaría que goce de lo que se denomina inmunidad parcial o limitada y que se regula en el estatuto de autonomía:

Artículo 57. Estatuto de los Diputados

1. Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.

2. En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

(…)

He leído argumentos en contra. Por ejemplo, que la detención a la que se refiere la norma es la policial y no la judicial, que Puigdemont al no comparecer está cometiendo un delito flagrante de obstrucción a la justicia, que aún no ha adquirido la condición de diputado …

Desde luego el supuesto delito de obstrucción a la justicia no se da, porque no encaja con ninguno de los tipos previstos en el Código Penal. Sobre la adquisición de la condición de diputado, es un argumento más sutil, pero me parece dudoso. Exigirlo, una vez celebradas las elecciones, implicaría abrir una ventana de oportunidad al fraude de ley. Imaginad al diputado al que, una vez elegido, detiene la policía, antes de presentar la documentación y jurar el acatamiento a la Constitución por imperativo legal, al Estatuto por imperativo moral y a las normas del imperio galáctico por imperativo sentimental. Tiene mal aspecto, ¿verdad?

El argumento que queda (al margen del que a mí me convence más y que no sé si se ha planteado por alguien o no, y que luego explicaré) es el relativo a la distinción entre la detención policial y judicial.

No creo que sea válido si se refiere a una detención por algunas de las razones que establece los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los que intentan cometer un delito, al que se fuga de un establecimiento penitenciario, al condenado o procesado en rebeldía, al imputado por delito castigado con pena superior a tres años o, de ser inferior, si sus antecedentes o las circunstancias hacen presumir que no comparecerá cuando se le vaya a llamar por el juez).

El estatuto de autonomía no distingue entre detención policial y judicial, por lo que no veo razón para que nosotros distingamos.

Si el magistrado Llarena ordena, ahora, la detención de un diputado (salvo en caso de flagrante delito) por alguna de las razones antedichas, yo creo que esa detención sería ilegal.

Sin embargo, se olvida que el auto del magistrado no es una orden de detención por uno de esos supuestos, sino que es una requisitoria que ordena el ingreso directo en prisión. Es decir, se trata de lo que se conoce como busca y captura. Las requisitorias se regulan en los artículos 512 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se basan en ninguna de las causas previstas para la detención por un particular o una autoridad, sino en el hecho, ya constatado, de que no se halle al presunto reo en su domicilio. Es decir, que se trata de alguien a quien no se puede llevar ante un juez. Y lo que se acuerda es el ingreso en prisión hasta que un juez (el que lleva el caso u otro) resuelva sobre su situación personal.

El diputado puede tener el privilegio de no ser detenido. Lo que no es admisible es que se pretenda que tiene el privilegio de no acudir a un llamamiento realizado por un juez. Salvo, claro está, que gozase de una inmunidad más intensa y su enjuiciamiento solo fuera posible previa autorización de las cámaras (como sucede con los diputados y senadores). En ese caso, cualquier medida cautelar exigiría la concesión previa del suplicatorio (también salvo flagrante delito).

Más aún (y ya paso con mi segundo argumento), se da la circunstancia de que la resolución que acuerda la busca y el ingreso en prisión es previa a las elecciones.

Un diputado no puede ser detenido cuando ya lo es por hechos posteriores o anteriores a adquirir la condición de diputado, siempre que la detención se acuerde cuando ya es diputado. Pero pretender que esto es aplicable a las situaciones producidas antes, nos lleva ante un auténtico fraude de ley que es contrario a la ratio legis del privilegio (que además, por serlo, ha de interpretarse restrictivamente). Veamos en qué consiste en palabras del Tribunal Constitucional (las negritas son mías):

“la inmunidad… se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias respecto de las que tiene, como finalidad primordial, su protección…, de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la Cámara respectiva adopta». Y «esta protección a que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales dirigidas contra los Diputados y Senadores», sino frente a la amenaza de tipo político consistente en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada, injustificada o torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”

(…)

«es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento»

(…)

Así pues, la Sala Segunda del Tribunal Supremo entiende posible, en supuestos como el examinado, una previa investigación judicial en orden a la determinación de la relevancia penal de los hechos y a la participación en los mismos de las personas aforadas contra las que se dirige la querella, dándoles traslado de la denuncia o querella de acuerdo con el art. 118 LECrim al objeto de que puedan ejercer desde el primer momento, como ha sucedido en este caso, el derecho de defensa, y considera que la condición de inculpado, a los efectos del art. 71.2 CE, no se adquiere con la mera admisión de la querella, sino que requiere un juicio judicial de inculpación por la existencia de indicios racionales o sospechas fundadas de su participación en los hechos, de modo que antes de la formalización de ese juicio de inculpación es cuando ha de solicitarse el suplicatorio a la Cámara respectiva .

(…)

Y ello toda vez que el alcance conferido por dicha interpretación al término inculpado a los efectos del art. 71.2 CE, que excluye, obviamente, la posibilidad de adoptar medida cautelar alguna contra la persona del Diputado o Senador hasta que se obtenga, en su caso, la autorización de la Cámara respectiva para su inculpación o procesamiento

Esta sentencia se refiere a un senador (es decir, a alguien que goza de un grado de inmunidad más amplio, pues es preciso suplicatorio para proseguir un procedimiento penal contra él).

Si se observa, la sentencia deja claro que, sin perjuicio de la investigación previa a la solicitud del suplicatorio y de la participación voluntaria del investigado, no caben medidas cautelares (como la prisión provisional) contra un diputado o senador sin la concesión del suplicatorio.

Ahora imaginemos que Puigdemont y Junqueras fuesen diputados del Congreso. Si el auto dictado antes  de adquirir esa condición no justifica la detención de Puigdemont porque la detención en sí se va a producir después, el auto de prisión provisional de Junqueras tampoco justificaría su mantenimiento en prisión una vez elegido diputado. Y el magistrado tendría que dejarlo en libertad hasta que se concediese el suplicatorio.

¿A que es absolutamente absurdo? ¿A que es contrario a la finalidad pretendida con el privilegio de inmunidad, ya que no se puede pretender alterar la voluntad popular, puesto que esta no se había expresado cuando las resoluciones se adoptaron? 

Efectivamente, esa interpretación aberrante es un fraude de ley.

 

En consecuencia, si Puigdemont entra en España y se le localiza, lo único procedente es que los funcionarios de policía, allí donde se encuentre, lo conduzcan por la fuerza hasta la prisión que corresponda, para que luego un juez decida.

Lo normal, en suma.

Razones jurídicas

 

La única —y poderosa— razón que dio el magistrado Llarena para retirar la euroorden contra el señor Puigdemont fue esta, contenida en el auto dictado el 05/12/2017:

De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco), deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho» que quienes se encuentran fugados.

Bueno, para ser más precisos, antes del párrafo que acabo de copiar había dicho esto:

De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes europeas de detención, los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente.

Ha pasado más de un mes desde el auto y Puigdemont no ha vuelto a España, a pesar de la celebración de las elecciones. Ha demostrado que su intención no es volver.

Por tanto, si la única razón fue la posible denegación parcial de la ejecución (por las particularidades del derecho penal belga y de sus reglas en esta materia) y el riesgo de que Puigdemont se colocase en “mejor” posición que el resto de investigados, una negativa hoy del magistrado a la solicitud de la fiscalía solo podría razonablemente basarse en la misma razón jurídica. Tendría que explicar por qué también cabe que la ejecución de la euroorden se deniegue parcialmente en Dinamarca.

Cualquier razón “política” sobra. Incluso, como se está diciendo, aunque la detención supusiese la posibilidad de que se considere que concurre causa legítima para admitir la delegación del voto. Y aunque esto abriese la posibilidad de que Puigdemont sea nombrado presidente y el Rey tenga que aprobar su nombramiento.

En tal caso, con un presidente en prisión elegido por la mayoría secesionista del parlamento, pese a ser conocida dicha circunstancia, simplemente habría que continuar con la aplicación del artículo 155. Sí, es tan sencillo como esto: no hay elección autonómica que derogue la Constitución. Si los ciudadanos de una autonomía se empeñan en votar a quienes se saltan la ley —entre ellos a un prófugo—, no hay otra alternativa que seguir aplicándola. Hasta el final.

Pero eso no le corresponde al juez. El juez solo tiene que preocuparse por el buen fin del proceso, y si ha adoptado medidas cautelares extremas con otros investigados es porque las consideraba justificadas.

Me consta que hay medios que afirman que no, que Llarena no va a dar curso a esa solicitud.

Espero que, en breve, el propio magistrado desmienta esas noticias.

 

ACTUALIZACIÓN: El magistrado Llarena ha decidido.

El auto es decepcionante. Está repleto de razones políticas, vestidas de razones jurídicas.

No es a un juez instructor,  por mucho que sea magistrado del Tribunal Supremo, al que le corresponde prevenir actuaciones supuestamente “ilegales” e “inconstitucionales” como las que se enumeran en el auto. Menos aún, cuando es el propio magistrado el que admitió que el encarcelamiento equivalía a la incapacidad al efecto de admitir la delegación del voto. Da igual que sea lo que busque Puigdemont. Da igual que exista un plan para secesionar Cataluña y llevar a la práctica la República fantasma de la casa de los secesionistas y que quieran aprovecharse de la ley. Para evitar eso existen otros instrumentos legales. Para eso existe el artículo 155 de la Constitución. Sobre todo porque aún no se ha juzgado a nadie y todos los investigados gozan de sus derechos civiles y políticos. Más aún, para evitar eso, lo único que puede hacer el magistrado es lo que ha decidido no hacer: llevar al investigado a prisión.

Un juez instructor, para evitar  la reiteración delictiva, ha de asegurarse de que el prófugo sea detenido y encarcelarlo (como sucedió con los demás investigados). Y algo hemos hecho mal, muy mal, si no se puede detener a una persona acusada de gravísimos delitos porque aún no se ha constituido un gobierno autonómico y no conviene.

Por último, la referencia a que la rebelión y la sedición no se encuentran en la lista de delitos enumerados en la lista consensuada y a que el Ministerio Fiscal no ha hecho el trabajo de probar el derecho extranjero es tremenda por dos razones: la primera, porque uno se pregunta cuánto tiempo necesita todo un Estado sobre un tema capital para probarle a un magistrado el derecho de un país de la Unión Europea; la segunda, porque da la sensación de que el magistrado, que habría dicho que no en todo caso, por las razones que enumera previamente, aprovecha para darle una hostia a la fiscalía por ponerle en la tesitura de decidir algo que no le apetece. El espectáculo, en todo caso, es muy poco edificante.

En el mejor de los casos, esta decisión demuestra una preocupante falta de armas de nuestro Estado de derecho. En el peor, demuestra una preocupante utilización táctica de la ley, que solo puede deberse al miedo. Al mismo miedo que impidió que en 2015 se aplicase el artículo 155. Al miedo que nos ha traído hasta aquí.

Con perspectiva. Sí. Claro.

 

He llevado, a lo largo de los últimos veinticinco años, cientos de casos penales de violencia doméstica. De todo tipo. Normalmente soy abogado de ellos, pero no siempre. No obstante, también como abogado de ellos conozco a mujeres maltratadas.

Conozco otros muchos más asuntos similares, que han llevado compañeros de despacho.

He llevado muchos, decenas, de asuntos civiles de familia en los que mi cliente es una mujer que ha denunciado maltrato. En los que, a menudo, la parte contraria ha sido condenada.

Sin embargo, escribes lo que yo escribí ayer, criticando una serie de cuestiones concretas y el circo, sí el circo, montado alrededor de Juana Rivas, y una periodista, supongo que incapaz de decir ni mu sobre la sustancia de mi entrada, se atreve, sin saber nada de mí, a escribir esto:

* * * * *

Hace tiempo leí unos tuits de un hombre que contaba que había sido maltratado por su mujer o pareja, quejándose de determinados sesgos.

La historia me hizo recordar un episodio lamentable. Por suerte pasó hace muchos años, más de veinte.

Yo era abogado de un hombre (bastante cazurro) en un procedimiento de liquidación de gananciales. En mitad del procedimiento, por circunstancias que no vienen al caso, él contó que su mujer, una noche, cuando él llegaba a casa, le arreó un golpe en toda la cara con una figura de un cristo con pie de mármol y lo dejó medio grogui.

Lo acojonante vino después. Nada más contarlo ella empezó a descojonarse. Luego él. Casi inmediatamente todos los presentes: el juez, el agente, el abogado de ella. Mi cliente se reía de una forma extraña, con una especie de orgullo primario.

Yo no me reí. No creo que fuese por conciencia de nada. Solo es que estaba demasiado acojonado ante lo que presenciaba.

Fue en un pueblo de Toledo.

 

Todo es muy injusto y eso

 

No conozco el caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri con el detalle suficiente como para hablar con seriedad acerca de la razonabilidad concreta de la petición del ministerio fiscal de una pena de cinco años de prisión para aquella por dos delitos de sustracción de menores.

De lo que quiero hablar es de esta noticia. Y de esto. Porque son una buena muestra de esos factores ambientales que seguramente han ayudado a la señora Rivas a meterse en un jardín bien jodido. Porque yo creo que tanto la jalearon los medios y los políticos y los asesores concernidos, tanto le dijeron lo mucho que la entendían, lo mucho que se solidarizaban con ella (y siguen, claro, aunque no irán a la trena con ella a hacerle compañía si al final resulta condenada), que a lo mejor terminó pensando que estaba sentándose en la zona reservada para blancos y haciendo historia.

O no, claro. Y habría hecho lo mismo, pese a no contar con ese público entusiasta que luego cobra un montón de pasta por los anuncios televisivos y por los clicks, o se pone chapas molonas para seguir pillando subvenciones, o nos muestra el rostro humano antes de entrar en el despacho oficial. Quién lo sabe. Pero, como todo cristo especula, quién soy yo para no caer en ese nefasto vicio. Al menos, como ven, lo reconozco.

Pues bien, la noticia de Público es una mierda. Quien la escribe no sabe qué es un escrito de acusación y no ha visto uno en su vida (hay otra alternativa, pero como es mucho peor, seguiré en mi línea de optar siempre por la mejor versión). Los escritos de acusación (y los de defensa) suelen ser escuetos. Porque deben centrarse en aquello que puede subsumirse en la norma penal y, como es obvio —porque si no el fiscal no acusaría—, no nos explican las causas que para el acusado excluyen su responsabilidad penal ni nos muestran su “versión”.

Los escritos de acusación, por otra parte, no pretenden exponer la verdad. Entre otras razones porque son previos al puto juicio. Simplemente fijan los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento y la calificación jurídica provisional de los mismos. Sí, el fiscal no debe acusar si cree que esos hechos que menciona no resultan indiciariamente de la fase de instrucción o si conoce que puedan ser falsos (es bastante acojonante tener que explicar esto), pero eso no supone que sean como una sentencia; en realidad, esencialmente fijan un marco para el enjuciamiento, no la verdad material. Y su función es garantizar los derechos de los acusados. ¿Saben por que´? Porque son el escrito de acusación y la resolución judicial posterior los que fijan aquello por lo que te pueden juzgar. Y si el fiscal o el acusador particular meten la gamba, el acusado puede decir, eh, se te olvidó acusar de aquello, pues te jodes, amigo.

Comprenden, imagino, por qué los acusadores suelen pasarse antes que quedarse cortos. Ellos no son los que juzgan.

Y ahora vamos a ver un caso práctico de esto que, miren, tiene que ver con lo que estoy comentando. La cacanoticia de Público dice lo siguiente:

Dureza extrema de la fiscalía.

El escrito del fiscal es, además, tremendamente duro. Según manifestó su abogado, José Estanislao, este lunes en una entrevista en Antena3, la condena a dos sentencias por el mismo hecho. “Existe jurisprudencia de la audiencia de Pamplona, confirmada después por el Tribunal Supremo en un caso similar de dos niños, en el que la condena fue sólo por un delito. Porque el bien jurídico tutelado es el de los derechos y deberes familiares y se trata de un sólo delito, de un sólo bien. Es como si estuviéramos hablando de un impago de pensiones. Si se deja de pagar dos veces, no son dos delitos, sino uno”.

Veamos si es verdad eso de que es tremendamente duro, y veamos por qué un fiscal ha de hacer bien su trabajo.

El letrado de Juana Rivas menciona una sentencia de la Audiencia de Pamplona (es de Navarra, en realidad), que en un caso similar (dos niños secuestrados por su padre) condena por un único delito y no por dos. Y añade que se confirmó por el Tribunal Supremo.

Efectivamente, así es. Esta es la sentencia de casación. Pero no lo cuenta todo. Resulta que en la sentencia de instancia consta que el fiscal no había acusado por sustracción de menores, sino por desobediencia. Y se menciona que, aunque la acusación particular (el abogado de la madre) pedía cinco años de prisión por sustracción de menores, solo acusaba por UN delito (aunque continuado).

¿Saben la consecuencia que se deduce de lo anterior? Que el tribunal sí apreció que había sustracción de menores, no apreció delito continuado y condeno a dos años por un solo delito. el único delito por el que venía acusado. Y cuando luego se recurrió la sentencia en casación, naturalmente, ninguno de los motivos tenía nada que ver con el hecho de que dos sustracciones hubiesen sido castigadas como una. Y el Tribunal Supremo solo se pronunció sobre aquello que era objeto de recurso.

Porque los jueces, en nuestro derecho, están limitados.

¿Comprenden ahora por qué las acusaciones en el caso de Juana Rivas califican los hechos como dos delitos?

Y no critico al letrado de Juana Rivas. Yo mismo he hecho esto en mil ocasiones. Usamos todo lo que tenemos a mano.

Porque seguro que conoce esta sentencia, posterior a la de la Audiencia de Navarra, de la sección 6ª Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia núm. 691/2016 de 7 diciembre) que se refiere a un padre condenado por tres delitos de sustracción ilegal a una pena de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES:

La cuestión fue asimismo objeto de debate en tanto que las conclusiones finales de la acusación lo solicitaron expresamente frente a las alegaciones de la defensa. Y con cabal fundamento, si tenemos en cuenta la conducta delictiva que aquí se ha cometido y la clase de tipo penal aplicado. La sentencia también argumenta al respecto con apoyo en diversas sentencias del TS mencionadas en una sentencia de la AP Madrid, Sec.1º de 15 de febrero de 2011 , a las que podrían añadirse otras, más recientes, en la misma línea ( AN 21/2015 de 2 de noviembre ) que el bien jurídico protegido determina la aplicabilidad de una u otra figura concursal, pues si atendemos a la desobediencia específica a la resolución judicial es claro que solo se produce una infracción y no tres. Pero al margen de que habiendo quedado incluso cuestionado por el propio recurrente que aquí estuviera vigente la atribución judicial de la guarda y custodia de los menores en la fecha de los hechos, es decir, que concurra realmente la sustracción por desobediencia a una resolución judicial, la conducta de sustracción por la que se ha condenado es más que un mero delito de desobediencia y como tal fue tipificado especificamente por el legislador, como recoge la sentencia mencionada: “Es doble, pues, el bien jurídico protegido en cuanto se sanciona la desobediencia pero porque esta afecta al bienestar integral del menor (físico y psíquico). Por consiguiente, el presupuesto jurídico para la aplicación de este artículo es que un Tribunal haya determinado con qué cónyuge se logra dicho bienestar integral del menor”. Siendo tres los menores, y tratándose del bienestar familiar de cada uno de ellos el que quedó lesionado, al margen de que aquí sin duda también se afectó su seguridad personal, es claro que tres víctimas diferentes dan lugar a tres conductas distintas aun cuando el acto materialmente se produzca a la vez. (…) . En el caso objeto de nuestra atención, el tipo penal refiere la sustracción de un hijo menor por parte de su progenitor, lo que da idea de un único sujeto pasivo. En consecuencia, siendo tres los menores que fueron trasladados al extranjero, y tres los titulares de bienes jurídicos lesionados resulta inasumible la tesis de la unidad natural de acción que se pretende.

¿Que es dura la calificación? Hombre, considerando que la norma establece penas de cuatro a ocho años de prisión, yo no diría que pedir cinco sea “tremendamente” duro.

También es verdad que yo no tengo que justificarme, ahora que se acabó el circo del verano.

 

Tres asuntos

 

Un abogado no debe aceptar un asunto penal tras someter su aceptación a una serie de condiciones y hacer esto público. Vean que escribo “y”. Menos aún hacer declaraciones explicando por qué renuncias a seguir con tu defensa, de forma que perjudiques a quien fue tu cliente.

De hecho, mi posición personal es que los abogados no deben hacer ninguna declaración en la que emitan una opinión personal sobre un asunto que se les ha encomendado profesionalmente, y deberían evitar afirmaciones sobre lo que se va a juzgar.

Sospecho inmediatamente de aquel que se aparta de esto que acabo de enunciar. Es mi punto de vista, claro.

Algo más: si no estás dispuesto a defender a alguien culpable de un delito y hacer todo lo posible para evitar que sea condenado, mejor dedícate a otra profesión más decente.

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He leído comentarios fascinantes sobre la resolución dictada por el magistrado Llarena acerca de la solicitud de Oriol Junqueras de traslado a una prisión cercana a Cataluña y su excarcelación para asistir a una serie de plenos en el parlamento. Me refiero a los argumentos sobre la falta de título habilitante en la ley para limitar derechos fundamentales del señor Junqueras y sobre la injerencia del instructor en competencias de la mesa de dicho parlamento, al declarar la incapacidad prolongada del señor Junqueras conforme al artículo 93 del reglamento.

Lo curioso de esos argumentos es que caen en la paradoja de acusar al magistrado por su benevolencia. Nadie —espero— discute que el tribunal que instruye puede acordar la prisión sin más. Y que esa sí es una limitación de enjundia a un buen montón de derechos fundamentales. Y que la ley le habilita para ello en los casos previstos en nuestras normas de procedimiento criminal. Y que no hay ninguna norma que nos diga que haya de prevalecer el derecho al ejercicio de derechos políticos —incluido el de representar a otros— cuando esto supone la necesidad de excarcelar al ciudadano en cuestión (considerando además que la lista se construye y la votación por los ciudadanos se produce cuando ya está en prisión). Ya, ya sé que, en buena técnica, más que de ponderación de derechos, hay que hablar de máxima efectividad de todos ellos. Pero si es constitucionalmente legítima la prisión como medida cautelar, también lo son todas sus consecuencias, salvo que el juez crea que los fines de esa medida cautelar no se ven perjudicados por excepciones (por ejemplo, por permisos). Puede creerlo o no. Motivadamente. Y puede considerar que el fin (evitar la reiteración) peligra si se permite la asistencia a determinados plenos (con fecha, hora y recorrido). A lo mejor se equivoca, pero puede hacerlo sin que esto implique una ponderación prohibida.

Así las cosas, lo que el magistrado hace es explicar que esos derechos políticos sí pueden ejercitarse (en parte), aplicando la norma (el reglamento) conforme a una determinada interpretación, y que, puesto que a él le corresponde enjuiciar el conflicto de derechos, aplica el ordenamiento jurídico en su conjunto a aquello que le viene atribuido.

Bien. Pongamos que el magistrado hubiera seguido el criterio de esos que insisten en que se extralimita. La consecuencia es simple: Junqueras sigue en prisión y no acude al parlamento, porque el juez que acuerda esa prisión considera que prevalecen los fines constitucionales legítimos que le permiten acordarla.

Más aún: esto mismo pueden hacer los integrantes de la mesa. Pueden, en su primera reunión, decirle al magistrado que él no es quién para invadir sus competencias y que no aceptan que Junqueras esté incapacitado a los efectos del art. 93 y que no admiten la delegación [criterio que defienden los letrados del parlamento en este informe, bien razonado]. Todo lo más se puede plantear un conflicto que solo podría resolver el Tribunal Constitucional.

Pero, por la misma razón, el parlamento no puede obligar al juez a que Junqueras salga de prisión. ¿Verdad?

El juez, en su resolución, simplemente ha manifestado que la situación de Junqueras encaja en lo previsto en esa norma (el art. 93), es decir, está incapacitado. Y que si se delega su voto por el procedimiento que se establezca, se minimiza la consecuencia de la privación de libertad. Se minimiza incluso respecto de otra previsión más intensa (la suspensión prevista en el 384 bis de la Lecrim), que aún no se da formalmente, aunque el juicio de imputación actual se acerque bastante. Por cierto, sí, a la mesa le corresponde interpretar esa norma, pero no puede hacerlo arbitrariamente y además, ha de interpretarla también en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales (y sus decisiones están sometidas al control judicial).

Lo interesante es que los que claman contra la decisión aludiendo a excesos del juez, en realidad con lo que están en desacuerdo es con la decisión de mantener la medida cautelar. La consecuencia de sus argumentos parece ser: o sale de la cárcel o nada.  Prefieren nada al voto delegado a otro compañero de partido. La nada vende mejor, claro, si tratas de explicar el terrible riesgo de la deriva autoritaria del Estado español a la hora de reprimir a unos simpáticos golpistas.

Importa más la retórica que la sustancia. Lo de siempre, vamos.

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Los tribunales españoles y el TEDH han explicado reiteradamente que no hay un derecho fundamental a ingresar en prisión cerca del lugar en que vivías, y que la política penitenciaria, aunque ha de aplicarse individualizamente, puede atender a fines diversos, entre los que se incluye facilitar la reinserción de los miembros de bandas terroristas y de grupos criminales, así como impedir que se cree, dentro de las prisiones, un control de hecho sobre los internos por esas bandas.

No existe, por tanto, una vulneración de derechos fundamentales por la dispersión de los presos etarras. Ahora, la dispersión debe obedecer a esos fines. No es admisible que sea un castigo añadido. La pena es la que es.

Sin embargo, cuando se plantea esta cuestión, se suele colocar en la balanza a los “hijos” de los presos vs los “hijos” de los asesinados. Como si estos tuvieran mayor valor que aquellos. Como si el sufrimiento injustificado de estos (muy superior, ya que han perdido a sus padres) frente al sufrimiento justificado de aquellos (justificado porque sus padres están en prisión por los actos que cometieron) permitiese incrementar el daño más allá de lo que decidió la sociedad española democráticamente.

Discutir así es entrar en un terreno moralmente erróneo. Si la dispersión sigue estando justificada (como lo estuvo indiscutiblemente en el pasado) hay que explicar y probar por qué. Si hay razones, que se mantenga. Si no las hay, que se acabe con ella. Si la dispersión no fue un castigo, sino una medida justificada, terminar con ella por haber cesado sus razones tampoco sería un premio.

Todo lo más, sería una victoria. Otra más.

 

No. No se presume que sea culpable. Si se presumiera, no habría habido ni juicio.

 

De aquí: 

Durante el juicio a La Manada, el grupo de cinco jóvenes acusados por una chica de 18 años de violarla en San Fermín, se ha producido una confusión interesada: quien criticase la estrategia de los abogados de La Manada estaba condenando a los acusados.

[depende. En algunos casos, no; en otros, sí. En particular, en todos aquellos que no comprendían que la admisión de ciertos medios de prueba no implicaba nada en absoluto acerca del resultado final del procedimiento. En cierto sentido, el propio Jabois incurre en este vicio. Si no se cree a la presunta víctima, dice, se la presume culpable de mentir. Ese es el error: a la víctima no se la cree o no. Se la escucha y si su historia es simplemente verosímil y se apoya en algunos datos objetivos, se activa una maquinaria muy cara, que incluye policía, servicios sociales, peritos, instituciones penitenciarias, fiscales y jueces. Pero concluimos hace mucho que no basta con eso: que con todo ese apoyo del Estado es preciso que la víctima —de forma mediata— demuestre que lo que dice es cierto. Si no lo demuestra, esto no implica que mienta. Suspendemos el juicio. Porque, para afirmar que miente, para afirmar que es culpable, los miembros de la Manada tendrían que probarlo. Y presumiríamos, en tal caso, que ella es inocente. Esas son las reglas y no hay otras que sean civilizadas]

Es evidente que la obligación de la defensa es desacreditar a la denunciante: al fin y al cabo la chica, según su versión, se ha inventado una violación para enviar a cinco inocentes a la cárcel.

[me interesa en particular esta afirmación porque en ella se encuentra el meollo del asunto: si ninguno de los acusados hubiese dado su versión, si no hubiesen siquiera hablado, bastaría con que los abogados discutiesen con éxito que el Estado ha demostrado la comisión de hechos delictivos para que no se pudiese condenar. Si se entiende esto que acabo de explicar, se entiende el asunto. Si no se entiende, no se entiende nada. Por cierto, los tribunales también valoran la cuestión problemática: ¿por que´alguien se inventaría una violación para llevar a la cárcel a cinco inocentes? Por eso hay criterios sobre credibilidad de los testigos. Lo curioso es que, a veces, denuncias falsas así se demuestran, pero nunca llegamos a saber por qué].

El problema, sin embargo, no es que la intentasen desacreditar, sino cómo, a qué se debe y a quién afecta esa estrategia.

[De nuevo, depende. Si la prueba que se pretende es ilegal o impertinente no se debe admitir. Y todo acusado tiene derecho a utilizar medios para su defensa legales y pertinentes. Y se parte de una interpretación laxa de este principio, porque creemos que a diferencia del violador o del asesino o del secuestrador, cuando el Estado priva a alguien de libertad ha de hacerlo con justicia, no con injusticia].

Para convencer al tribunal de que la violación nunca se produjo …

[dudo de que pretendiesen eso: porque de haber existido prueba no se habría llegado a juicio. Considerando los hechos, seguramente solo intentaban que el tribunal no se convenciese de lo contrario]

… y que las relaciones sexuales de la denunciante con los acusados fueron deseadas por ambas partes, la defensa ha usado el comportamiento de la chica como prueba: no tanto su comportamiento durante los 96 segundos grabados del supuesto delito como el de antes y el de después, incluida su declaración en el Palacio de Justicia.

[las defensas habrán usado todo lo que pueda introducir una duda. Espero. Porque de no hacerlo, no habrían hecho bien su trabajo].

Esto ha producido el siguiente resultado. Sentarse con un pie debajo del trasero ante el juez y mostrarse jovial reduce las posibilidades de haber sido violada, como colgar en Instagram la foto de una camiseta que dice “Hagas lo que hagas, quítate las bragas”. Si la chica está sola a las tres de la mañana en una noche de fiesta, es menos probable que alguien se crea que ha sido violada. Si ve un reality de jóvenes de su edad que beben y tienen sexo su credibilidad es menor, menos aún si su personaje favorito es “muy fogoso” y no una chica más recatada, en cuyo caso sí tiene más probabilidades de haber sido víctima de una violación.

[No voy a entrar en las motivaciones de la defensa. Hablaré en general. Creo que esto está muy desenfocado. En realidad, es justo al revés. Una violación es mucho más probable si tienes un determinado comportamiento. Esto es algo que a menudo se entiende mal. Si esquías es más probable que te rompas una pierna que si juegas al mus. Si estás en sanfermines a las doce de la noche y has bebido mucho alcohol, y vas de parranda con cinco desconocidos, es más probable que sufras una agresión sexual que si estás en casa viendo tu serie favorita de HBO. Ni el esquiador ni la víctima son culpables. Hablamos de pura estadística. Entonces, ¿por qué la defensa puede haber intentado utilizar ciertos datos? No porque esos datos demuestren por sí solos que no ha existido violación, sino porque, a falta de una prueba indiscutible de la violación —sigo especulando, ya nos dirán los jueces si realmente la había o no— es razonable intentar demostrar que lo que se dice fue una violación, fue sexo consentido. Hagamos la pregunta: ¿pudo ser sexo consentido? ¿pudo la víctima haber admitido tener relaciones sexuales con cinco desconocidos en un portal a altas horas de la noche? Si demuestras que una conducta así encaja con el perfil de la victima, el simple hecho de las relaciones sexuales no bastará como prueba de violación. La fiscal, en su informe —según contaba el propio Jabois— hizo hincapié en el sometimiento, en que era de tal naturaleza que la víctima ni siquiera manifestó una negativa que se deducía de las circunstancias. Si la fiscal plantea esto, estamos muy cerca de defender que cualquier situación similar es violación. Sin embargo, sí existe el sexo en grupo consentido. Ese es el terreno de juego. Recordemos que a la defensa le basta con que no se pruebe que el consentimiento no existió].

Esta estrategia de defensa no afecta sólo a la víctima de La Manada. Esa estrategia y la consideración que de ella tome el tribunal es que una víctima de violación sólo lo será en tanto haya creado las condiciones necesarias para tener credibilidad en caso de haber sido violada.

[Completamente en desacuerdo. Esa estrategia es ad hoc. Siempre es ad hoc. El abogado coge el caso y busca costuras. Ya se trate de un obispo, de un ministro, de un yonqui, de una prostituta, o de un abogado. No hace tesis ni estudios generales. Puede basarse en prejuicios, en falacias lógicas. De hecho intentará engañar al tribunal y puede que lo consiga. Pero la frase que comento es terrible porque, además, da a entender que pueda bastar la “credibilidad” para condenar. Y no. Siempre debería haber algo más. De hecho, en este caso, hay más pruebas. De no haberlas, el delito, de haberse cometido, quedaría impune. Porque presumimos la inocencia y si bastase la declaración de la víctima estaríamos muy cerca de saltarnos ese principio sagrado —algo que, por cierto, sucede en ocasiones—].

Es decir, adecuar su vida privada a una eventual violación para que, si ésta se produce, sea una violada perfecta: una persona de la que nadie dude.

[insisto: no debería bastar la declaración, pero llevemos el ejemplo de Jabois al extremo absurdo: una niña de dos años es la violada perfecta. Nadie duda de que, si un adulto la agrede sexualmente, se ha cometido un delito. Tan obvio es que ahí es la propia ley la que presume la culpabilidad. También lo es una mujer que sufre un trastorno mental que la deja completamente indefensa. ¿Si no debemos valorar ningún elemento exterior por qué valoramos la edad o la capacidad de entender y querer? Naturalmente, claro que valoramos esos elementos exteriores. No todas las violaciones son iguales. En ocasiones, la valoración la hace la propia ley, defendiendo más intensamente a los niños, a las personas vulnerables, a las que padecen estas infamias de personas cercanas, como los propios padres, a las que son sometidas a actos especialmente vejatorios dentro de una categoría general especialmente degradante, a las mujeres violadas por grupos de hombres. Y, en todos ellos, si un elemento esencial de la violación es la declaración de la presunta víctima la defensa siempre intentará acreditar que la relación pudo ser consentida. Porque basta que pueda haberlo sido para que no sea delito. Habla Jabois de la adecuación de la vida privada en este caso, pero se olvida de la puta realidad. Por ejemplo, si nos planteamos adecuar la vida privada a los perfiles de la víctima perfecta, qué mal lo tienen los que son feos, los torvos, los que se expresan mal, los tímidos, los extranjeros. Constantemente hay víctimas que tienen que subir un Everest de prejuicios en un juzgado para que se los crea. Se olvida, por ejemplo, de los propios acusados. De los tipos esos a los que ha condenado todo cristo. Imaginemos que apareciera una prueba indudable de que no existió violación. ¿Diría Jabois lo mismo, que algunos hombres deberían adecuar su vida privada para que si alguien les acusa en falso —también es un delito, y quien lo sufre también es una víctima— parezcan la víctima perfecta?]

Este es el resultado en crudo del alegato de la defensa de La Manada: si la chica no fuese fan del programa de televisión Super Shore (MTV), si estuviese acompañada la noche del suceso, si no se enrollase con nadie, si se sentase como una joven normal, si llorase en su declaración y si colgase en redes sociales frases depresivas daría mejor imagen como violada. “No le cuentes a nadie que veo porno por si un día me violan” como resultado final.

[Sí, hay personas que dan mejor imagen como víctimas. También como violadores. Pero este no es el “resultado en crudo del alegato”. Ese, todo lo más, será el prejuicio que intenta utilizar. Pero los prejuicios a menudo son como vampiros, se alimentan de trozos de realidad. Puede que el abogado defensor, al decir, mira lo que le gusta, mira cómo es, intente dar un paso más allá; que no solo quiera plantear la sencilla cuestión de la posibilidad de sexo grupal consentido, sino que intente desacreditar el testimonio de la víctima apelando a un juicio de carácter. Pero esto a veces es peligroso: se supone que, si te pasas de frenada, un juez profesional te va a castigar. Lo curioso es que eso mismo se puede decir de la fiscal: al defender que los actos objetivamente son una violación por la superioridad física de sus presuntos agresores, pese a que no exista ninguna resistencia aparente de la víctima, también puede estar intentando utilizar un prejuicio muy potente: ninguna mujer tendrá relaciones sexuales consentidas con cinco desconocidos en el portal de una casa, de madrugada].

Hay más conclusiones de una estrategia así: si una chica practica sexo en grupo, si sale sola o si supera rápidamente sus traumas, es una víctima idónea para un violador.

[Invierte el orden temporal. Pero, incluso aunque el violador escogiera a la víctima atendiendo a la posibilidad de salir impune, esto solo sería consecuencia de un sistema para el que no existe alternativa razonable. De hecho, todos los delincuentes intentan salir impunes, utilizando a su favor la ocultación, el engaño, el poder y la apariencia. Cientos de mujeres, muchas de ellas millonarias, nos explican que durante décadas han estado soportando abusos de actores y productores, la mayoría de ellos ejemplo del perfecto progresista. La cuestión es si eran víctimas idóneas porque eran más libres o por alguna otra razón. Yo creo que el problema no es de libertad, sino de hipocresía]

Y una conclusión escandalosa más: con cuanta menos libertad viva una mujer, más posibilidades tiene de ser creída si la violan.

[Confunde la libertad con los productos de la libertad. Una mujer puede ser perfectamente libre no practicando sexo en grupo, no saliendo sola o superando más tarde sus traumas. Basta con que lo decida así. Pero, en todo, caso, si se refiere a personas realmente menos libres, tiene razón. Claro, cuanto menos libre eres menos posibilidades hay de que alguien restrinja tu libertad. No es escandaloso. Es perfectamente lógico. De hecho, las sociedades civilizadas han ido ampliando la libertad de sus ciudadanos en determinadas direcciones, restringiéndolas en otras, precisamente para minimizar estos riesgos. Por eso hay tantas regulaciones].

Es sabido que las mujeres son menos libres que los hombres por muchas razones, una de ellas para que los hombres no las violen; …

[los hombres son los que violan. Los hombres son un peligro para la libertad sexual de las mujeres en mucha mayor medida que las mujeres para la libertad sexual de los hombres. Como es así, y es conocido, las sociedades —los hombres y las mujeres— han ido creando parapetos para protegerlas. ¿Son menos libres los obreros de la construcción por llevar cascos y sujeciones obligatoriamente? Quizás sí. Pero no dejamos que decidan si pueden llevarlos o no. ¿Lo son los conductores por tener que llevar cinturón de seguridad? Hay que tener cuidado con ciertas defensas de la libertad individual: llevadas al extremo producen monstruos]

… una defensa así trata de reducir aún más esas libertades para que, en el caso de que los hombres las violen, la justicia las crea.

[No. Ya no insisto más. Una defensa así no quiere reducir nada. Solo quiere cumplir con su obligación]

Esto no tiene nada que ver con la presunción de inocencia de los acusados, sino con la presunción de culpabilidad de la denunciante.

[Claro que tiene que ver con aquella y claro que no tiene que ver con esta]

Tampoco tiene tanto que ver con la defensa de La Manada como parece: para demostrar que el sexo fue consentido busca presentar a la denunciante con las características que la sociedad supone que debe de tener una chica que participa en orgías espontáneas; sin embargo, esa defensa ha conseguido que en el juicio no apareciesen, probadas, las características que la sociedad percibe que puede tener un violador.

[Me temo que no puedo rebatir ni coincidir: pasa que no hemos visto el juicio completo]

En realidad tanto unas como otras pueden ser falsas; de hecho, qué sería de los juicios sin las apariencias.

[Efectivamente]

Las certezas se reducen a que los acusados de violar a una chica en Pamplona tienen derecho a un juicio justo y la chica que los ha denunciado tiene derecho a no ser juzgada … 

[no se la juzga, este es el error básico de todo el artículo. Todo juicio es una ficción, un relato. Por eso tenemos que atender a las formalidades: para saber a quién se juzga hay que mirar los escritos de acusación y de defensa. Otra cosa es lo que haga la prensa. Y la gente. Otra cosa es que esto sea noticia. Ahí está la clave de todo. En una sociedad perfecta, no habría noticia hasta la sentencia. Y aun entonces simplemente se diría: A ha sido absuelto o condenado. En un mundo perfecto entenderíamos para qué sirve un abogado y no lo convertiríamos en un predicador o un profeta]

… bajo unos criterios machistas según los cuales existe una conducta en la vida de una mujer que la hace más o menos propicia a ser creída si es víctima de una agresión sexual.

[no es machista, amigo Jabois. Es simple sentido común. ¿sabes por qué? Porque no existe el derecho a ser creído. Ni porque seas mujer, ni porque seas hombre. Por tanto, claro que hay conductas en las mujeres y en los hombres que hacen más propicio que se te crea o no en determinadas circunstancias. De hecho, en nuestra conducta diaria tenemos esto en cuenta constantemente. Tú también. Y no siempre nos equivocamos. La selección natural nos ha hecho extremadamente buenos en nuestras predicciones, por más que llevemos siglos localizando nuestros prejuicios y describiendo los sesgos: aun con ellos somos eficacísimos juzgando. Y en todo caso, nada de esto tiene que ver con la culpa, sino con la carga de la prueba en abstracto. Si las mujeres, los blancos, los ricos son más creíbles —y pueden serlo si no cuestionamos su credibilidad considerando su conducta concreta— ya sabemos cuál es la consecuencia para los hombres, los negros y los pobres. Bastante jodido y lleno de mugre es el asunto, como para no asumir de frente las imperfecciones de un sistema que es así porque su alternativa sería peor].