Los Franco

 

Esta noticia es un monumento al dislate.

1.- El titular:

Es falso. Y no crean que lo sé porque soy omnisciente. Lo sé porque leo la noticia. Resulta que esas estatuas fueron retiradas en el siglo XVI cuando se sustituyó la parte del Pórtico que daba al exterior por la fachada actual. De hecho, al menos una de las estatuas del conjunto que se conserva está en manos privadas (la noticia no explica quién es su dueño, a lo mejor es una empresa de saneamientos y daría para un buen titular).

Los Franco poseen dos estatuas. Ellos dicen que compradas; el Ayuntamiento de Santiago dice que la mujer del dictador se las llevó por el morro. Ojo, el Ayuntamiento de Santiago había, se supone, comprado las estatuas en 1948, no crean que su propiedad es inmemorial. Los Franco dicen, además, que han adquirido por prescripción. Por el transcurso del tiempo, vamos. No puedo dar una opinión sobre el asunto de fondo, porque no lo conozco con el detalle suficiente, pero para eso están los jueces.

El asunto es que el titular dice que «los Franco» «ocultan» estatuas en «una inmobiliaria». Todo eso es mentira. «Los Franco» son siete herederos. Uno de ellos traspasó sus derechos (no sabemos si todos los derechos hereditarios o una parte o, más específicamente, una cuota parte de propiedad sobre las estatuas) a una sociedad. No sabemos cómo lo ha hecho, ya que se me ocurren varias fórmulas, pero a lo que importa, resulta que solo un Franco de siete ha traspasado algo (lo que provoca el retraso ya que hay que sustituir a una parte en el pleito).

También es mentira que «los Franco» oculten nada. Y, menos aún, «en su inmobiliaria». Lees la noticia y parece que las estatuas están en el sótano de «Pisos y fincas Franco, S.L.» y que nos acabamos de enterar de su existencia, cuando por lo que veo se sabe desde el primer momento que esas estatuas se las había llevado Carmen Polo y que están en el Pazo de Meirás.

2.- La entradilla:

Como ya he dicho, la propia noticia explica que «los Franco», transmutados en una séptima parte de «los Franco» aka «un nieto» solo una línea más abajo, no han traspasado las estatuas. Todo lo más habrán traspasado una séptima parte de las estatuas, si no ha sucedido que en realidad se ha traspasado una séptima parte de toda la herencia, lo que haría aún más falsa la entradilla.

3.- El descojone, digo el cuerpo de la noticia:

Es el descojone porque vean:

No me digan que no es para desbolarse imaginar al maestro Mateo no pudiéndose imaginar que dos de sus esculturas (ya sabemos que esto es mentira, pero a ver) terminarían en Prístina, S.L., una inmobiliaria propiedad de Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco. Aunque, considerando que el maestro Mateo vivió en el siglo XII, fijo que alucinaría imaginándose que el heredero de un mandamás fuese citado ante un plebeyo para responder por la adquisición de unas estatuas esculpidas por él.

Y no me digan que no tiene gracia que el periodista nos comunique que el juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid, al igual que el maestro Mateo, tampoco sabía que un señor había traspasado derechos sobre unos bienes muebles a una sociedad.

Digamos que la retórica del periodista es descojonantemente deficiente.

¿Y esto? ¿Qué me dicen de esto?

¿Y esto?

Puestos a decir gilipolleces, mejor haber dejado la ausencia de profecía en boca de las estatuas. Una de ellas seguro que era un profeta.

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Bondad automática

 

Esta noticia es espeluznante.

¿Deben ver a sus hijos los padres incursos en juicios de violencia machista?

Expertos y ONG han redactado un borrador de la Ley frente a la Violencia contra la Infancia en el que proponen que se prohíba por ley “el establecimiento de ningún régimen de estancia, relación o comunicación” con hijos menores a los progenitores condenados o acusados de cualquier delito relacionado con la violencia de género.

Para que entiendan la medida, si se extiende tal y como se propone por esos «expertos y ONG» (según el medio), la consecuencia es que un padre investigado por maltrato puede que esté incluso años sin relacionarse con sus hijos.

Eso sí:

“Lo principal es que no se ponga en riesgo la vida de los niños. Si luego resulta que la persona no es condenada se vuelven a retomar las vistas, pero lo mas importante es evitar el mal mayor, que es perder la vida”.

Claro, años más tarde, cuando la relación del padre con su hijo o hijos está completamente rota, la idea es que se puedan «retomar las visitas». Como si no se pagase un precio.

¿Por qué la prohibición, es decir, el automatismo? Porque los jueces valoran los casos concretos y, pese a estar obligados a investigar si hay indicios, a menudo aprecian que no hay riesgo respecto de los hijos. Y no condenan a los hijos cautelarmente a no ver a sus padres.

¿Por qué pasa esto? No porque los jueces hagan su trabajo —cometiendo errores, por supuesto, porque no son infalibles—, sino porque no cuentan con «perspectiva de género», se nos dice.

Esta medida es un ejemplo de esa perspectiva. Perspectiva de género equivale a establecer presunciones legales incompatibles con la civilización y, por cierto, con el conocimiento de las cosas. Equivale a provocar cambios fácticos gravísimos en la situación de decenas de miles de personas mediante un automatismo legal: la denuncia equivale a una condena anticipada. Hoy, los jueces, al igual que pueden decretar una prisión preventiva pueden establecer cualquier medida de protección respecto de mujeres denunciantes y respecto de los hijos menores (incluso sin denuncia). Pero a la iglesia de la perspectiva de género no le basta: no confía en que los jueces juzguen y prefieren el privilegio. La ley privada para las mujeres, como lo fue el derecho de pernada para los aristócratas. Las mujeres, seres superiores, decidirán, simplemente denunciando, cuál será el futuro inmediato de los denunciados, esos plebeyos, respecto de sus hijos.

Así estamos.

Llevo dos días trabajando en una demanda de modificación de medidas. Les voy a contar algunas cosas sobre ella, con permiso de mi cliente.

Un hombre —mi cliente—  y una mujer tienen una hija, menor de edad. Surgen problemas entre ellos, que no voy a contar, porque no viene al caso y por no crear prejuicios al que lea esto. El caso es que terminan yendo a abogados que presentan demandas. Ella además presenta una denuncia: amenazas, agresiones e incluso agresión sexual. Lo detiene la policía y pasa dos días en un calabozo. Él es muy cuidadoso. Lo anota todo. Lo guarda todo. Lo graba todo. Por suerte, las enormes inconsistencias de ella —y las mentiras— dan lugar a un sobreseimiento inmediato, pese a la gravedad de las acusaciones. Recurre en apelación. La audiencia confirma el archivo. Viven en la misma casa, en habitaciones separadas; pero ella se mete en la cama de él, lo empuja, lo provoca. Él conserva la calma, mientras lo graba todo. Poco tiempo después, unos amigos de ella, a la que creen una víctima, pegan a mi cliente. Mi cliente denuncia y obtiene una sentencia condenatoria contra los agresores. Sigue: la mujer termina marchándose de la vivienda familiar, pero llevándose a la niña con ella e impide al padre que la vea. Presentamos una denuncia por secuestro, a sabiendas de que no prosperará, ya que el conflicto está judicializado. Se archiva la denuncia, pero el padre durante dos meses no ve a su hija. Las pocas veces que logra hablar con ella, la niña carga al padre de reproches: que ya no la quiere, que la ha abandonado. El padre es incapaz de explicar a su hija que tiene que esperar a un juicio que tarda en celebrarse diez meses. Mientras tanto, ella le comunica al padre que puede recoger a la niña: es una trampa. Pretende aprovechar ese momento y provocar un nuevo conflicto. Él lo graba todo y va acompañado de testigos. Ella denuncia, pero el procedimiento se abre y se cierra cuando la fiscal comprueba, por las declaraciones de los testigos y las grabaciones, que la denuncia es una burda mentira, tras «aconsejar» a la madre que retire la denuncia antes de que el asunto pueda perjudicarla. Él se niega a denunciarla por denuncia falsa, a pesar de que en las resoluciones constan los elementos de su falsedad, porque no quiere estropear la mínima posibilidad de establecimiento de un régimen civilizado. Dos denuncias, ambas objetivamente falsas, de esas que no aparecen en las estadísticas de denuncias falsas. Se celebra el juicio por la custodia. Mi cliente ha pedido la custodia para él y, en su defecto, la custodia compartida. Juez y fiscal, ambas mujeres, «abroncan» a la madre, que miente manifiestamente en el juicio, reconociendo los esfuerzos del padre por mantener el contacto con su hija y ocuparse de ella, pese a las maniobras de la madre. A pesar de dos denuncias previas por maltrato, se acuerda un régimen de custodia compartida.

Hoy, más de un año después, y tras aguantar —por mi consejo— incumplimientos constantes del régimen por la madre, además de tras una serie de episodios que no voy a contar, mi cliente va a pedir la custodia para él. Él es un padre responsable y cariñoso. Su hija tiene un hogar estable cuando está con él. Ella es irresponsable y está perjudicando gravemente a su hija, que quiere vivir solo con su padre.

En todo caso, y esta es la moraleja, si esa reforma propuesta estuviese en vigor, si mi cliente no hubiera sido tan cuidadoso y si la madre hubiese sido más habilidosa,  lo normal habría sido que esas denuncias no se hubiesen archivado de plano, sino que se hubiesen abierto procedimientos que quizás más tarde habrían dado lugar a absoluciones (o no, vayan ustedes a saber, que la declaración de la «víctima» puede ser prueba de cargo). En todo caso, mi cliente, en vez de estar separado dos meses de su hija, con la que hoy tiene una relación estupenda, lo habría estado por imposición legal durante todo el tiempo que hubieran tardado en juzgar al padre y dictar una sentencia firme (es decir, incluyendo los recursos). No puedo prever las consecuencias; solo sé que es terrible que se pretenda hacer pasar a decenas de miles de personas por esto, por el hecho de que unos pocos padres maten a sus hijos. Queremos destruir la libertad, supuestamente para asegurar el bien, cuando no hay mayor bien que la libertad. De hecho, la gente arriesga su vida para ser libre. Si, como dice el «experto», lo principal es asegurar la vida de los niños y para ello tenemos que obrar de una manera tan desmesuradamente injusta, casi es mejor prohibir a los hombres, a todos ellos, relacionarse con sus hijos. Así solo morirían asesinados unos pocos niños a manos de sus madres, aunque, ya lo sabemos, siempre como consecuencia de algún trastorno mental, nunca por un acto perverso.

La voracidad de la iglesia de la perspectiva de género es insaciable. Más vale que nos conjuremos para detener esta deriva liberticida.

 

Casado y el Tribunal Supremo

 

La exposición razonada de la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid solicitaba al Tribunal Supremo que se hiciera cargo de una de las piezas separadas de las diligencias previas abiertas en dicho juzgado —como consecuencia del caso del máster de Cristina Cifuentes y el descubrimiento del «chiringuito» del catedrático Enrique Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos—.

La magistrada sostenía que su instrucción ya no podía continuar al afectar a una persona aforada, el diputado del PP, Pablo Casado, y, al ser los hechos inescindibles, el Supremo se tendría que hacer cargo de la instrucción relativa a dicho diputado y a los demás investigados.

Esto suponía practicar una serie de diligencias —declaración de Casado, requerimiento para la entrega de un ordenador portátil que decía conservar en el que aún permanecerían los archivos de los trabajos del máster y, en general, de cualquier documento que acreditase que efectivamente realizó algún tipo de trabajo académico—, de forma que, una vez realizadas, se decidiese si procedía la transformación en procedimiento abreviado contra todos o algunos de los investigados o el sobreseimiento.

Para ello, naturalmente, resultaba imprescindible que Casado fuese investigado.

El Tribunal Supremo ha dicho que no. Veamos los argumentos y, de paso, les voy dando mi opinión.

1.- A Casado se le abriría investigación como se ha hecho con otras cuatro personas del grupo de los «privilegiados».

Para entender esto hay que tener en cuenta que el Master Oficial en Derecho Autonómico y Local que se impartía en el Instituto dirigido por Álvarez Conde, en principio constaba de 60 créditos de un total de 22 asignaturas. El máster era presencial en su planteamiento original, pero además lo fue efectivamente para los alumnos «normales», que estuvieron seis meses asistiendo cuatro horas diarias de lunes a jueves (y esa asistencia se tenía en cuenta a la hora de evaluar las asignaturas). Para evaluar se establecía también una puntuación basada en exámenes escritos y resolución de casos prácticos. Los alumnos «normales» han presentado una documentación abrumadora —según palabras de la magistrada— que incluye diferentes versiones de los trabajos que se iban realizando con las correcciones y observaciones de los profesores (todo por correo electrónico).

A lo anterior hay que añadir que los alumnos «normales» tuvieron que asistir a todas las asignaturas. Es decir, que no se beneficiaron de ninguna convalidación, cuando, de hecho, podrían haber convalidado, en la mayoría de los casos, 40 créditos, ya que eran licenciados. Esto les supuso, como es lógico, pagar el máster íntegramente.

Los alumnos «privilegiados» se caracterizan por:

a) Haber convalidado (en un proceso legal y, en el caso de Casado, por ejemplo, más justificado, ya que era licenciado en derecho, 40 créditos, es decir 2/3 del máster). Esto les suponía solo cursar 4 de las 22 asignaturas (una de ellas tiene 12 créditos). Para que la convalidación tuviese lugar era preciso que se solicitase y se aportase una serie de documentos.

b) No haber asistido a clase.

c) No haber aportado ningún trabajo de ningún tipo. De hecho no han sido capaces de aportar ni un mísero correo electrónico. En uno de los casos, incluso se reconoce abiertamente que desde el primer día se le dijo por Álvarez Conde que no tenía que hacer nada de nada para aprobar esas cuatro asignaturas. Los otros dos investigados que han declarado no conservan nada y entregaban los trabajos en mano, pese a vivir, una de ellas, en Valencia.

d) Haber tenido supuestamente conocimiento oficial de la convalidación de esos 40 créditos solo 15 días antes de que fueran calificados en las restantes asignaturas —salvo una—, lo que solo les dejaba un margen muy pequeño para realizar trabajo académico alguno.

e) Coincidir precisamente (tras la convalidación) en asignaturas impartidas por los profesores investigados (en un patrón que, además, se repite en cursos posteriores).

f) Haber obtenido sobresaliente en las cuatro asignaturas.

g) Pese a existir un plazo de mes y medio para solicitar la convalidación de las asignaturas, tres de las cuatro solicitudes se efectúan el mismo día (de hecho se redactan por una misma persona, una de las investigadas); la de Pablo Casado se presenta cinco días después (la magistrada, en la pág. 23 de la Exposición razonada dice que son simultáneas, cuando no lo son); la última se presenta después de la propuesta de reconocimiento, lo que es obviamente imposible y da a entender la existencia de algún tipo de manipulación.

h) No haber sido convocados a la defensa de un trabajo de fin de máster al que sí son convocados los demás alumnos, aunque al final materialmente no tuviera lugar.

i) Todos ellos presentan características especiales: son alumnos importantes (por el trabajo que realizan para Álvarez Conde) o personas de peso en algún partido político o administración.

Como puede observarse, la calificación de este grupo como alumnos «privilegiados» está más que justificada.

2.- Los delitos que se imputan son cohecho pasivo impropio y prevaricación administrativa.

A) El cohecho consiste en la aceptación por una autoridad o funcionario de un regalo que se efectúa en consideración precisamente al hecho de que esa autoridad o funcionario lo sea (es decir, no es necesario que el regalo se efectúe para obtener «algo en concreto»).

La magistrada dice que el máster es un regalo que se efectúa a Casado porque es diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP (partido gobernante de la CAM en aquel momento).

Este delito está prescrito desde hace ya muchos años, sin duda, por lo que carecería de sentido abrir causa por él, salvo que exista concurso con otro delito que tenga un plazo de prescripción mayor (por tanto, sin prevaricación no hay causa). El Tribunal Supremo ha añadido, en su resolución, que la exposición no razona la relación entre las funciones de un diputado autonómico y el regalo. Coincido. El cargo de Casado en el PP no lo convierte en autoridad o funcionario (he leído algunas derivaciones sobre relaciones de Casado con la Consejería de Justicia, pero están tan llenas de saltos que son indefendibles: de hecho, es posible que el favor se hiciera en consideración a la condición de funcionario o autoridad de un tercero, lo que plantea problemas indudables a la hora de defender la comisión del delito).

También, como es obvio, que el delito esté prescrito implica que no se puede perseguir, no que los hechos sean falsos.

B) La prevaricación resulta de la resolución administrativa que otorga un título oficial a quien no ha cumplido los requisitos para obtenerla.

La prevaricación la comete el funcionario, pero aquel que no reúne la condición de funcionario (extraneus) debe responder también cuando sea inductor o cooperador necesario.

No hay en la causa ni sospechas ni indicios de que los investigados sean inductores (de hecho, lo sensato es entender que la «idea» nace en el ámbito universitario, lugar en el que se crea el chiringuito que se investiga).

Sin embargo, la magistrada sí cree que los investigados (entre ellos, Casado) son cooperadores necesarios y expone sus razones.

Para que se entienda, la cooperación necesaria exige —de manera simplificada a los efectos de lo que aquí se discute— que el cooperador realice actos sin los que el delito no podría haberse ejecutado, pero que, además, esos actos no sean neutros, cotidianos, normales o propios de otro en su misma situación, sino que revelen una finalidad delictiva o un encaje con el plan delictivo del autor aumentando el riesgo de que el bien jurídico protegido se vea dañado. Lógicamente, la cooperación exige además que haya un concierto de voluntades criminales entre el autor y el cooperador y que en el cooperador concurra un doble dolo: tiene que conocer el plan criminal y tiene que saber que con los actos que aporta favorece ese plan criminal.

El Tribunal Supremo discrepa de la magistrada por las siguientes razones:

1.- Matricularse, pagar las tasas, aportar la documentación para la convalidación y solicitarla son actos neutros. De hecho, algunos de ellos los hacen otros alumnos del máster. Y, en el caso de la convalidación, la propia magistrada concluye que el proceso fue legal (aunque resulte sorprendente la manga ancha de la universidad).

Y, se nos dice, además de neutros no demuestran el acuerdo de voluntades.

Efectivamente, esto es así. Incluso en el caso más llamativo: la solicitud de convalidación. Por eso, el Tribunal Supremo, en una expresión que comprendo que sorprenda, afirma que puede haber trato de favor sin que haya delito. Imaginemos que solo a los «privilegiados» se les sopla que pueden fumarse 2/3 del máster y pagar menos. Es el caso del que conoce una regulación muy específica o los entresijos de una administración. No puede ser delito solicitar algo legal. Incluso hacerlo el mismo día o usando el mismo formulario. Incluso hacerlo a instancias de quién ha de hacer la propuesta.

Dicho esto, luego añadiré por qué sí pueden ser hechos relevantes.

2.- Solicitar el título, recogerlo y usarlo, no puede ser un acto de cooperación porque son actos posteriores al delito. Es una obviedad y, por eso, extraña que la magistrada incluyera esta referencia.

3.- No asistir a clase, nos dice el Tribunal Supremo, ni acreditar que se hayan hechos los restantes trabajos que permiten la calificación es algo imputable al que valora la asignatura, aunque el alumno se beneficie, por lo que no demuestra el acuerdo de voluntades.

En principio, podría ser así. Imaginemos que los alumnos se matriculan en un máster, que piden una convalidación (porque les soplan que existe) y que luego deciden no asistir, ni entregar un solo trabajo. Y que más tarde reciben un título porque el profesor, que ya les ha favorecido con ese soplo inicial que facilitaba enormemente la obtención del título, aunque ve que ni asisten, decide añadir a los favores previos la concesión del máster.

4.- El TS no valora la declaración inculpatoria de una investigada, que «canta». No me parece mal. Esa investigada es especial por partida doble, ya que trabajaba codo con codo con el principal investigado, y fue despedida por pedir una baja maternal. Sorprendentemente, la magistrada excluye un móvil espurio simplemente por el hecho de que no afirme nada sobre el resto de investigados.

Ahora es cuando llegamos, en mi opinión, al aspecto más discutible del auto del Tribunal Supremo.

A ver si logro explicarme. La exposición de la magistrada no pretende una condena de Casado. Pretende que se investigue al actual presidente del PP. Es cierto que no es admisible una investigación prospectiva basada en sospechas, sino que es precisa la existencia de indicios. Uno de los problemas cotidianos en todos los juzgados de instrucción es precisamente deslindar la sospecha del indicio, y hay casos límite en los que esto resulta muy difícil.

Es una estrategia habitual de los abogados defensores lo que hace el Tribunal Supremo: analizamos los supuestos indicios de uno en uno, como si se produjeran aisladamente, para minimizarlos y buscar una interpretación exculpatoria. Cogemos a), b), c) y d) y le damos una interpretación correlativa a’), b’), c’) y d’) que sea admisible y decimos: si hay una interpretación posible de los hechos que excluya el delito tiene usted que sobreseer, señor juez.  La trampa es esa: discutir el análisis uno a uno y no atender al conjunto. Veamos el conjunto.

Para que los hechos que conocemos nos impidan hablar de, al menos, indicios para abrir causa contra Pablo Casado por prevaricación, es preciso que se dé la circunstancia de que, a la vez:

1.- Varias personas «especiales», tras apuntarse a un máster presencial con 60 créditos y pagarlo, pidan el mismo día (o en el lapso de una semana) una convalidación ventajosa de 2/3 de un máster, lo que facilita mucho la obtención del título, mientras que otras muchas no se enteren, a pesar de reunir las mismas condiciones que aquellas.

2.- Todas esas convalidaciones dependan  del director del máster.

3.- Todas esas personas, tras las convalidaciones «caigan» precisamente en asignaturas impartidas por el director del máster (o por una discípula).

4.- Todos esas personas decidan simultáneamente no hacer trabajos ni asistir a las cuatro clases, a diferencia del resto de alumnos. Lo de que han realizado trabajos que se entregaban en mano es simplemente increíble. Y se desmonta precisamente por el hecho de que el resto de alumnos sí presentan trabajos, correos, comunicaciones, etc.

5.- Ninguna de esas personas sea citada a la defensa del trabajo de fin de máster, se efectuase o no.

Si sumamos todo lo anterior es indiscutible que existen muy sólidos indicios de que el director del máster (que controlaba las convalidaciones e impartía algunas de las asignaturas) ofreció a alumnos «especiales» obtener un título que se facilitaba por una convalidación masiva y el hecho de que él mismo (o su discípula) terminarían poniendo la nota de las cuatro únicas asignaturas que se supone tenían que cursar. Otra explicación es inverosímil.

La matriculación, entrega de expediente y convalidación masiva y facilitada (está acreditado en tres casos que se presenta el mismo día y que se rellena el formulario por la misma persona) son indicios de relación cercana con el director de la tesis. La inasistencia a clase y ausencia de trabajos académicos de los que se benefician los alumnos abundan en la misma dirección. De hecho, el resto de los alumnos sí asisten a clase y sí entregan sus trabajos.

Es decir, hay indicios de que Casado y los restantes investigados se concertaron con el director del máster para matricularse y pagar y, sin asistir a clase, recibir su título.

Quizás piensen ustedes que esto implica que el Tribunal Supremo se haya equivocado. Hay una manera de defender que no. Veamos:

1.- No se puede deducir la existencia de cohecho, como he dicho, porque no se explica de manera mínima la relación del regalo con la condición de diputado autonómico.

2.- A diferencia de lo que afirma el Tribunal Supremo, existen indicios de concierto entre Casado y los demás alumnos «especiales» y el director del máster. Sin embargo, se puede sostener que para que haya cooperación necesaria es preciso que, además del concierto, los actos que se aportan no sean neutros y, precisamente, todos los actos sin los que el título no podía regalarse que aportan Casado y los restantes investigados lo son. Las que no son neutras en absoluto son precisamente las omisiones. Las omisiones (la inasistencia a clase, la inexistencia de trabajo académico) son indicios de concierto, pero no aportan nada a la prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa existe porque los alumnos no van a clase ni entregan trabajo alguno (es obvio que, de haberlo hecho, no habría existido), pero eso tiene que ver con el hecho de que la conducta completa sea penalmente relevante, no con la aportación de algo sin lo que no existiría el delito. Dicho de otra forma: solo la matriculación, el pago de las tasas, la aportación de documentos y la solicitud de convalidación son actos sin los que es imposible obtener el máster, pero en sí no pueden ser actos de cooperación, porque esos mismos actos, de haber asistido luego a clase y entregado los trabajos, nunca serían delictivos.

Yo, sin embargo, sostengo que actos neutrales que se realizan para facilitar un plan criminal con conocimiento de ese plan criminal y conocimiento de que esos actos son precisos para que el plan criminal tenga éxito, pasan a ser penalmente relevantes en la medida en que aumentan el riesgo de que el bien jurídicamente protegido se vea afectado. Las omisiones, efectivamente, no añaden nada a la prevaricación —no asistir a clase ni entregar trabajos no son requisitos para el acto administrativo—, pero los actos neutrales dejan de serlo cuando se hacen con conocimiento de que esas omisiones van a tener lugar y, pese a ellos, se dictará la resolución administrativa groseramente ilegal. En cierto sentido, se puede decir que matricularse «para no ir»,  pagar «para no ir»,  pedir convalidaciones «para no ir», ya no son actos neutrales, si sabes que sin ir vas a obtener el título que exige que vayas.

En resumen: discrepo del auto. Casado debió ser, al menos, investigado. Hay indicios suficientes para ello.

 

Vuelve la primavera, vuelven los manifiestos

 

Ya sabemos que el error esencial con los partidos secesionistas y nacionalistas ha sido obviar su naturaleza y pensar que, cediendo, ellos iban a renunciar a ser lo que son. Que se podía pagar un precio para que parasen, cuando resultaba que el precio era precisamente el aviso de que podían pedir más. Esta manera insólita de pensar y actuar, tras varias décadas, es la que nos ha llevado desde el apoyo masivo a la Constitución en el referéndum de 1978 en Cataluña a la situación actual, con golpe de Estado incluido.

Por más que se pretenda, no existe un punto intermedio —en el que se resuelven los problemas— entre la legalidad constitucional y el golpe de Estado. Plantear la cuestión en estos términos es legitimar la vía de hecho y la ilegalidad. Tal cual. Como es obvio, cualquiera puede plantear una reforma constitucional. Incluso una reforma que introduzca una cláusula que permita la secesión de parte del territorio; pero lo que es inadmisible es que se insista, una y otra vez, en que solo reformando la Constitución en un determinado sentido y solo atendiendo a las expectativas de determinados sectores, se llegará a una solución. Y no exclusivamente porque personalmente crea que es hecho probado que no se pararán ahí, sino que, pasado un tiempo, volverán a pedir más, sino porque es la manera de deslegitimar al que sostenga lo contrario: al que crea, por ejemplo, que hay que centralizar más España, y esté dispuesto a perder, a asumir que no tiene los números para lograrlo. Porque el problema esencial no es qué postura mantenga uno, sino si está dispuesto a saltarse la ley o no para ganar o, al menos, para intentar el chantaje.

Naturalmente, para esto, también hay que construir un relato falso. Veamos el manifiesto

 

RENOVAR EL PACTO CONSTITUCIONAL

Hasta hoy el independentismo ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta.

Primera línea y primera falsedad: la primera respuesta contra el secesionismo catalán ha sido la mitad de los catalanes, que se oponen a él.

Pero los errores de los dirigentes catalanes no pueden seguir sirviendo de excusa al inmovilismo.

El inmovilismo es no saltarse la ley, por lo visto.

Más pronto que tarde será necesario empezar a hacer autocrítica.

Siempre hay que hacer autocrítica. Como este manifiesto se parece un huevo a otros anteriores (y a ciertos editoriales) y sus argumentos sirvieron a la construcción falsa de un incumplimiento que justificase el victimismo que dio gasolina a los secesionistas, podían los firmantes hacer autocrítica sobre la inexistente referencia a la ausencia de lealtad constitucional y a la necesidad de cumplir la ley.

Con ocasión del referéndum escocés, desde Inglaterra se emitieron estos mensajes: “We love you Scotland”, “We’re better together in UK”. No son palabras de amor ni de reconocimiento lo que se han escuchado entre nosotros. En lugar de tender puentes, hemos ido ahondando en el desencuentro.

Esto es pura pornografía sentimental. En todo caso, volvemos al principio: los firmantes del manifiesto acusan a la mitad de los catalanes de no querer a Cataluña. Es obsceno.

Las reivindicaciones nacionales catalanas, vascas,gallegas o de otros territorios con demandas de carácter identitario (Comunitat Valenciana, Illes Balears…) no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática …

Esto es descacharrante. ¿Cómo no van a ser eso que llama reivindicaciones nacionales una amenaza a la unidad de España si su fin natural es el reconocimiento de soberanías parciales y, por tanto, la posibilidad de la secesión? En cuanto a si son o no una amenaza a la democracia, depende, claro, de si respetan o no la ley. De momento, el secesionismo catalán ha dado un golpe de Estado, y ciertos secesionistas vascos se dedicaron durante décadas a asesinar gente.

… que, como tales, han de ser atendidas por todos y entre todos, procurando acomodos que no violenten la convivencia en común.

Aquí está el meollo del asunto: eso de que una reivindicación, si es legítima, ha de ser atendida. Pues no. Lo que hace legítima una reivindicación es que sea democrática, legal y pacífica. Pero luego se atiende o no. A esto se le llama democracia. Yo puedo empeñarme en que los comercios cierren los domingos o en que se establezca una renta universal. Y eso sería legítimo como reivindicación. Pero no por eso tienes derecho a que se atienda tu reivindicación. Y el problema es que hay muchos millones de españoles que no están conformes con que esas aspiraciones legítimas de sus compatriotas vayan más lejos de lo que fueron cuando se aprobó la Constitución y se votó en referéndum. Y también aspiran legítimamente a que no se atiendan las aspiraciones de otros. Menos aún a que se impongan gracias al chantaje.

Si ha sido posible modificar la Constitución para reconocer el derecho de sufragio pasivo de quienes ostentan la ciudadanía europea o para establecer una nueva regla del déficit, con mayor razón deberíamos poder reformar la Constitución de 1978 en un sentido federal, …

O en el contrario. Si el argumento es que se ha hecho, no sé por qué no se va a poder defender que se haga para que el Estado central recupere competencias. Naturalmente, el problema es que el argumento es una gilipollez.

… para, profundizando en su espíritu de integración, acomodar mejor esas reivindicaciones de naturaleza identitaria que, bien entendidas y gestionadas, han de conducir a una España más cohesionada, más estable.

Los que han dejado de profundizar en el espíritu de integración constitucional, son los que han sido desleales con el sistema constitucional. Lo demás es puro blablabla.

Nada hay de antidemocrático en todo ello.

Ni en lo contrario.

Los procedimientos de reforma (art. 167 CE) y de revisión (art. 168 CE) no figuran en la Constitución para que ésta pueda ser reformada, sino para que sea reformada.

Falso. Que algo pueda reformarse no implica que deba ser reformado.

El origen más inmediato del actual conflicto con Cataluña tiene uno de sus referentes en la sentencia constitucional 31/2010. Esta sentencia desconoció un pacto que se sitúa en el corazón de la Constitución de 1978, a saber: las comunidades históricas aceptan que carecen de poder constituyente (nunca tendrían una constitución propia como en los estados federales) y, a cambio, los Estatutos de Autonomía aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes Generales no podrían aplicarse si no eran previamente refrendados por el pueblo de la comunidad autónoma destinataria de cada uno de ellos. Era un acuerdo de equilibrio, un pacto entre personas que, teniendo sentimientos identitarios distintos, buscaban una fórmula de compromiso para seguir viviendo juntos y ganarse un futuro en democracia.

El recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP, al recurrir un estatuto aprobado por la mayoría absoluta del parlamento que representa al pueblo español y votado favorablemente por la ciudadanía de Cataluña, dinamitó ese acuerdo esencial. El TC desconoció ese pacto y como consecuencia de ello entró en el fondo del recurso mediante una sentencia interpretativa de amplio alcance que no contentó a nadie y, como consecuencia de todo ello, la ciudadanía catalana se sintió con razón engañada, pues el Estatuto que “España” le había dado y que ella había aceptado, resultaba ser mucho más reducido de lo que se había dialogado y acordado, sin dar opción a que el legislador catalán pudiese interpretar su Estatuto en el sentido constitucionalmente más adecuado. El TC impuso una visión unilateral del pacto constitucional, que dejó a Cataluña sin un texto aprobado por las Cortes Generales y por su propio cuerpo electoral.

La lista de falsedades interesadas de estos párrafos es impresionante. Para empezar, no hay un conflicto con Cataluña. Hay un conflicto de los secesionistas con los catalanes que no lo son y con la mayoría del resto de los españoles. Y hay una voluntad rebelde y criminal de incumplir la ley. En segundo lugar, ese supuesto pacto con las comunidades históricas es un dislate, una invención. Las «comunidades históricas» no discutieron con España un acuerdo (por cierto, esto diferencia el caso escocés del catalán). Cuando se discutió la Constitución, había muchos diputados catalanes en el Congreso que formaban parte de UCD y del PSOE. De hecho, UCD ganó en Tarragona y el PSOE en Barcelona. El PDC solo ganó en Gerona y Lérida. Y los españoles que votaron en Cataluña de forma absolutamente mayoritaria por la Constitución lo hicieron por toda ella, por todos sus artículos, no solo por una parte. También por la parte que creaba un Tribunal Constitucional o la que afirmaba que España es indivisible. Y los españoles que votaron en Madrid o en Albacete también votaron una Constitución que introducía un sistema autonómico. No hubo ningún pacto entre comunidades, históricas o no. Esta es la vieja trola decimonónica. Hubo un montón de ciudadanos españoles diciendo que sí a un sistema en su conjunto que partía de que la soberanía nacional le corresponde a todos los españoles.

Por esta razón, las referencias a que un Estatuto pudiera estar al margen de la Constitución (para eso está el Tribunal Constitucional) es inadmisible. ¿Cómo se iba a dinamitar nada por el hecho de que una institución constitucional hiciera su trabajo? Todo esto es una pura invención para justificar a los que sí han intentado dinamitar nuestro sistema, legitimando un incumplimiento más falso que la donación de Constantino. Por cierto, la «ciudadanía catalana» no se sintió engañada. De nuevo se empeñan en convertir a los secesionistas (que por cierto pasaron como de las heces de votar el amado Estatuto, hoy convertido en texto fundacional) en los catalanes.

Ah, lo del legislador catalán como intérprete de la Constitución es simple delirio.

A partir de aquel día el Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte. La ulterior jurisprudencia constitucional solo ha venido a reafirmar aquella desafortunada decisión y sus efectos más involucionistas. La pésima gestión de la crisis catalana y de la crisis económica han conducido a una imparable e intensa recentralización. El Estado de las Autonomías se ha convertido en una apariencia, en envoltorio vacío de contenidos inciertos. Salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, las CCAA carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias: el estado se ha apoderado de las competencias compartidas, los títulos horizontales se han multiplicado exponencialmente, las bases ya no son un mínimo común denominador, sino regulaciones uniformes que se imponen en todo el territorio… Todo camina hacia atrás, como si el diseño territorial de 1978 hubiese sido un error que debe ser corregido devolviendo poderes al centro.

Más trolas, hijas de la trola original. Tienen que inventarse un proceso que solo existe en su imaginación (el problema fundamental de las políticas públicas estos últimos años fue producto de que nos habíamos gastado la pasta que no teníamos) y que supuestamente se originaba en una sentencia que tocó muy pocos artículos (la mayoría relativos, por cierto, al poder judicial). Como si existiese una conspiración anticatalana. Todo para vender la moto de que los males de la gente no son producto de la gestión, sino de Madrid. El viejo truco que atribuye los problemas a los otros y que está tan presente en todas las versiones del supremacismo catalán. Por cierto, esta trola también sirve para ocultar a los que en esas mismas comunidades protestaban por políticas que les parecían injustas (como la inmersión, por ejemplo).

Frente a esa tendencia que desconoce que una España en libertad es una España en la que deben convivir los diferentes, somos muchos los que creemos que es posible renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos.

Más porquería. En España ya podían convivir los diferentes. De hecho, ¡no solo conviven los diferentes, sino que obtienen gobiernos! En cuanto a lo de los vencedores y los vencidos, dos cosas. Lo primero, que ese lenguaje bélico es otra forma de vender la burra de Cataluña frente a España. Como si el problema no fuera entre los catalanes que quieren dar una conferencia sobre Cervantes y los que la revientan a hostias. Lo segundo, que si se trata de una metáfora inocua, no sé por qué no va a haber vencedores y vencidos. De hecho, que le pregunten a los votantes del PP qué piensan del Gobierno del PSOE. Y viceversa. Lo que olvidan los firmantes del manifiesto, es que lo que es inadmisible es vencer fuera de la ley. Cuando alguien quiere «vencer» saltándose la ley sí tiene que haber vencidos. Lo extraordinario es tener que recordar esto.

Somos muchas personas los que apostamos por una salida civilizada del contencioso en el que se encuentra España, …

Nada más civilizado que respetar la ley democrática.

… en la que se reconozca su diversidad identitaria. Somos muchos los que creemos que es posible, como en otras muchas democracias de nuestros días, avanzar hacia una “unión” en la que estén todos, mediante un proyecto político federal, en el que el respeto a la diferencia sea una fortaleza que a todos nos iguale.

Y también somos muchos los que creemos que tan democrático como eso que plantean es no avanzar hacia eso que llaman proyecto federal (como si, por cierto, España no fuera ya en realidad un Estado federal) y que, en realidad, es lo de siempre: un intento inútil de cuadrar el círculo, entregando más a los que solo estarán contentos cuando España desaparezca, para ver si así renuncian a su naturaleza. Y encima dando a entender que los que pensamos así no respetamos «la diferencia». Como si la única manera de respetar a los que piensan diferente es concederles todo lo que pidan.

En su sentencia de 1998 sobre el conflicto del Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá emitió una sentencia modélica por la forma en que reconcilió constitucionalismo y democracia, satisfaciendo a todas las partes. El principio democrático queda definido de esta manera en el punto 64 de la sentencia: La democracia no se agota en la forma en la que se ejerce el gobierno. Al contrario, la democracia mantiene una conexión fundamental con objetivos sustantivos, el más importante de los cuales es el autogobierno. La democracia da cobijo a las identidades culturales y grupales. Dicho de otra manera, el pueblo soberano ejerce su derecho al auto-gobierno a través de la democracia.

Es curioso cómo todos los que citan la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá se olvidan de las adversativas. Poco después de esa misma cita, el tribunal dice:

«Sin embargo, la democracia en el verdadero sentido de su término no puede existir sin el principio de primacía del derecho. Es la ley la que crea el entorno en el que la “voluntad soberana” se determina y se activa. Para ser legítimas, las instituciones democráticas deben fundamentarse, en definitiva, en fundamentos jurídicos. Esto significa que deben permitir la participación del pueblo y la responsabilidad ante el pueblo a través de las instituciones públicas creadas en virtud de la Constitución.»

Este párrafo es una refutación de todo lo que sobre el Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional dice el manifiesto.

De hecho, esa sentencia, tan admirable en muchos sentidos, solo recuerda que las instituciones deben permitir que se expresen las aspiraciones de los ciudadanos, sin que se ahoguen por la tiranía mayoritaria, pero siempre dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Pero el error es confundir la expresión de las aspiraciones con la imposición de un determinado modelo contra la mayoría. La tiranía mayoritaria no es legítima, pero menos aún lo es la minoritaria.

Sobre la base de ese principio la CE podría ofrecer una propuesta constitucional inclusiva que asegurase la concordia y ofreciese estabilidad y seguridad para una generación. Azotados por las noticias que a diario se suceden, vivimos ahora en un tiempo en que no se ve la luz. La confrontación, el desencuentro, la herida, se amplían ante nuestros ojos. Sin embargo, antes o después, esa sucesión de infortunios tiene que dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos

Este párrafo es extraordinario. La CE ya contiene un marco que permite la concordia, la estabilidad y la seguridad. Y que permite el autogobierno en términos muy profundos. La cuestión es que hay quiénes quieren destrozarla para imponerse sobre sus vecinos de edificio. Por eso es tan repugnante este final que habla de «infortunios», como si estuviésemos en presencia de una inundación o un terremoto, y no ante comportamientos irresponsables y criminales.

De nuevo, como en tantas otras ocasiones, presenciamos el lenguaje equidistante que se sitúa en punto intermedio entre los golpistas y los que queremos cumplir con la ley.

Pretender una reforma constitucional —¿por cierto, en vez de manifiestos, por qué no escriben un texto que podamos analizar?— es legítimo. Pero está feo fundamentarla en tanta mentira.

 

Lógica secesionista: Llarena no es imparcial porque no admite ser un delincuente

 

El chiste del día es esta noticia.

Al parecer, Puigdemont y otros de los exconsejeros fugados han presentado en Bélgica una demanda contra el magistrado Llarena en la que piden un euro de indemnización por «haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia». Como no he encontrado la demanda, me tengo que basar en las informaciones de los medios (he consultado cinco o seis diferentes).

Como el artículo 219.8º de la LOPJ establece como causa de abstención y recusación «tener pleito pendiente con alguna» de las partes, una vez presentada la demanda han procedido a recusar al magistrado instructor.

Es un chiste por muchas razones. Yo creo que los jueces deben ser especialmente rigurosos con su imparcialidad (por causas subjetivas y objetivas) y que deben incluso, en caso de duda, tender más a abstenerse que a lo contrario.

La contrapartida es que los abogados deben ser serios. Estas son las declaraciones de Llarena. Por lo visto el magistrado dijo que los señores que están en prisión no son presos políticos y un abogado de los demandantes, de nombre Paul Bekaert dice que esto supone que Llarena ha emitido una opinión «antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó».

Hay que tener unas gónadas del tamaño de Flandes para decir algo así y no descojonarse.

Por lo visto el magistrado Llarena (que no va a participar en ningún juicio contra los que le demandan) ha de callarse cuando le preguntan si prevarica (y más cosas) y si es juez de un Estado democrático. Porque esa es la cuestión. Venga, hagamos literatura e inventemos un diálogo ficticio que evitaría esta demanda:

PERIODISTA: ¡Juez, juez! ¿Es Puigdemont un preso político y, por tanto, usted que lo ha metido en prisión ha cometido varios delitos y ha ordenado prisión contra él solo por sus ideas y no por existir indicios de delitos gravísimos previstos en el Código penal?

LLARENA: Perdón, ¿cómo dice?

PERIODISTA: ¿Que si es usted, como dice Puigdemont, un secuestrador que infringe la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Vamos, ¿que si es poco más que un carcelero a sueldo de un Gobierno autoritario?

LLARENA: Ah, eso. Mire no puedo contestarle porque de hacerlo prejuzgaría un juicio en el que no voy a intervenir.

Lo divertido es que, si Llarena, en un rapto de locura, hubiera contestado esto, los secesionistas dirían: ¡¡Llarena no niega ser un secuestrador y un carcelero a sueldo de un Gobierno no democrático!!

 

NOTA: En atención a lo que antecede, no voy a extenderme en las razones por las que esta recusación es un abuso de derecho manifiesto (no es un procedimiento civil ajeno a la causa —por ejemplo, que Llarena le debiera pasta a Puigdemont— sino que nace, por decir algo, directamente de ella), es posterior a la designación de Llarena como instructor (hay tribunales que solo aprecian la recusación cuando el pleito es previo), y se tramita en Bélgica, cuando la supuesta causa debería plantearse directamente ante el instructor precisamente como causa de recusación (de existir), lo que supone un evidente fraude de ley, se tramita allí forzando probablemente la competencia (ya que el domicilio de Llarena está en España) y, en todo caso, el magistrado puede no comparecer si tiene claro que las autoridades belgas no son competentes (y, en este caso, el tribunal belga, si no lo es conforme al Reglamento 1215/2012, ha de cerrar el caso) o, si no lo tiene claro, puede comparecer a los simples efectos de discutir la competencia de los tribunales belgas, lo que supondría que el pleito ni siquiera debería considerarse iniciado a los efectos de una recusación.

 

Sobre dimisiones truchas

 

Estoy leyendo cosas muy variopintas sobre dimisiones de última hora del presidente del Gobierno, su sustitución por la vicepresidenta y el decaimiento de la moción de censura por ello.

Por partes, si Rajoy dimite, el Gobierno cesa (art. 101 de la CE).

Pero el Gobierno, por el cese, pasa a ser Gobierno en funciones. Y, como es obvio, el presidente del Gobierno en funciones sigue siendo Rajoy. Con las siguientes excepciones que establece la Ley del Gobierno:

Artículo 13. De la suplencia.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. 

Si se fijan, en el artículo anterior también se incluye, por ejemplo, la muerte del presidente.

Además, hay cosas que ni el presidente ni el Gobierno en funciones pueden hacer:

Artículo 21. Del Gobierno en funciones.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.

3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.

b) Plantear la cuestión de confianza.

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

Algo lógico, porque uno de los casos en que el Gobierno pasa a estar en funciones es la moción de confianza perdida.

Dicho esto, paso a la segunda parte —eso de que si Rajoy dimite la moción de censura decae— y me pregunto por qué. Sobre todo porque la moción de censura se ha presentado antes de que el Gobierno estuviera en funciones.

Más aún, la consecuencia “normal” de la dimisión es que se abre un nuevo período de consultas para la elección de nuevo presidente del Gobierno, que puede ser elegido por mayoría simple. ¿Por qué considerar que los legisladores constitucionales no habrían querido que se mantuviera una moción ya presentada que exige una votación por mayoría absoluta?

En mi opinión, presentada la moción de censura en el registro y admitida a trámite, se produce una especie de perpetuatio iurisdictionis que se retrotrae al momento en que se registra. Desde ese momento, ha de considerarse fraudulenta cualquier maniobra que impida a aquel que se presenta como candidato no obtener una votación en el Congreso. Con una excepción: que la retiren los que la presentaron en número suficiente para que no se llegue a la décima parte que exige la Constitución. Cuando se dice que «no hace falta» censura porque ya no hay Gobierno, se obvia que la moción de censura es constructiva y que precisamente exige que haya un candidato que proponga un programa de Gobierno. Si no fuera así, sí sería natural que la dimisión acabase con la moción.

Hay un argumento más que no debe olvidarse: en la investidura usual, es el Rey el que propone un candidato. En la moción de censura, el candidato lo propone un determinado número de diputados.

En fin, que yo creo que no queda otra (salvo que los socialistas retiren la moción) que llevarla hasta el final. Haga lo que haga Rajoy.

 

Un juez no es un profeta

 

Como ya he leído a muchas personas criticar las palabras de María Dolores de Cospedal hoy por algo muy concreto que ha afirmado, creo que es interesante hacer algún comentario sobre lo que dice. Es esto:

Voy a utilizar, a modo de ejemplo, este comentario de Teodoro León Gross, precisamente por que se trata de una persona que me parece solvente e intelectualmente honesta. Utilizando a los mejores es más fácil extender lo que voy a decir a muchos más. Vean el tuit:

Por partes:

a) La pregunta a Cospedal es la siguiente: «¿Qué sabía usted de la existencia de una Caja B en el Partido Popular?»

Ella contesta no admitiendo que exista, pese a la sentencia. Sobre esto hay tres cosas que se pueden decir:

Una primera, que la señora Cospedal falta a la verdad cuando afirma que no hay una relación directa entre la sentencia y la existencia de una Caja B. La sentencia afirma que existió desde al menos 1989, aunque hay que precisar que no indica una fecha final, pero nosotros sabemos que no puede extenderse esa declaración a más allá de 2005 (por los hechos que son enjuiciados). Y condena a una persona por apropiación indebida de fondos de esa Caja B (a Bárcenas).

Una segunda, que cuando la señora Cospedal afirma que ella accede a la Secretaría General del PP en julio de 2008 y que desde ese momento no hay una Caja B y que a ella no le consta que haya una Caja B antes, esto es perfectamente compatible con lo que sentencia declara, como es obvio.

Una tercera, que cualquier ciudadano (y también cualquier político) puede estar totalmente en contra del criterio de un juez sobre lo que es verdad o mentira y someter al escrutinio de los ciudadanos sus argumentos. Por tanto, cuando la señora Cospedal afirma que ella no está de acuerdo con que los papeles de Bárcenas sean una prueba de una contabilidad paralela o B hace algo absolutamente legítimo. Y con esto voy a la segunda parte.

b) Nos dice Teodoro: «Ahora vete y discútele su argumentario extrajudicial a los indepes.». Y yo pregunto: ¿es que la señora Cospedal ha dicho que no va a admitir las consecuencias obligatorias de las sentencias?

Es un error pensar que el Estado de Derecho consiste en asumir lo que se afirma probado en las resoluciones judiciales firmes. En absoluto. El sistema judicial no establece la verdad. Existe porque existen conflictos. También porque existen conflictos existe la ley. Ni la ley, ni las decisiones judiciales son la verdad. Es cierto que las resoluciones judiciales deben buscar una cierta verdad …

Antes de seguir voy a explicar esto. La ley no se refiere a toda la realidad. Menos aún los procesos judiciales. De hecho, las reglas del proceso asumen como necesario que solo una parte de la realidad (y además de forma mediata) acceda al proceso. Además, el acceso al proceso se hace conforme a reglas preestablecidas, siguiendo plazos y fijando hitos que hacen muy difícil la vuelta atrás. Esta es la única manera de conciliar la búsqueda de la verdad con la seguridad jurídica (que exige tomar decisiones) y con el respeto a los derechos y libertades. Incluso en el ejemplo más potente de búsqueda de la verdad material (el proceso penal) se aplican estas reglas que tanto desesperan a los que querrían admitir un proceso infinito, sin orden, sin plazos, sin expertos y sin intermediarios, por creer adánicamente que ese sistema sería mejor. Los tribunales, en suma, buscan una verdad ahormada por sus reglas de funcionamiento y por sus límites. Por definición fracasan a la hora de conseguir alcanzar toda la verdad.

… pero lo que importa no es que logren alcanzarla (algo además casi siempre imposible de decidir), sino que resuelvan. Para que el Estado de Derecho funcione, lo importante no es que los ciudadanos y las instituciones asuman el relato de las resoluciones judiciales, sino que se sometan a sus consecuencias. No importa quién jugó mejor, algo sobre lo que es imposible ponerse de acuerdo tantas veces, sino asumir que ganó el Real Madrid.

El problema de los secesionistas no es que estén en desacuerdo con la unidad de España o con que el sujeto de la soberanía sea el pueblo español. De hecho, la ley permite cambiar esto. El problema de los secesionistas (en cuanto a lo que dice el tuit, que tienen otros problemas más) es que no asumen las consecuencias de la ley y de quienes tienen la función de interpretarla y aplicarla. Y con esto voy al tercer apartado.

c) ¿Cuál es la consecuencia de la sentencia para el Partido Popular según la propia sentencia? Que tiene que devolver un dinero que se dice recibió —usado en actos electorales— y que no le corresponde (por cierto, efectivamente, no sabemos bien a quién le va a entregar ese dinero el tribunal, lo que no deja de tener su gracia).

Porque resulta que, aunque la señora Cospedal afirmase no asumir lo que dice el juez, algo que es legítimo, podríamos decir que es igual, que las consecuencias de la sentencia, sus consecuencias obligatorias, obligan al PP a hacer a) o b). Imaginemos que Rajoy hubiera sido condenado y saliera diciendo: ¡soy inocente! ¿Podría hacerlo? Sin duda, y tendría derecho a ello, pero a la vez la consecuencia del sistema, el puto peso de la ley, lo enviaría directamente a la calle, por más que gritase. Es lo que ha pasado, por ejemplo con Junqueras. Él dice que no ha hecho nada malo. Que de hecho es un demócrata y que esto es una persecución. Pero está en prisión preventiva, porque esa es la consecuencia del sistema. El problema de Junqueras, lo que hace su discurso inadmisible, no es que no esté de acuerdo con la decisión es que no asume el sistema mismo. Por eso necesitan los secesionistas repetir que España no es una democracia y un Estado de Derecho.

Ahora apliquemos esto al PP y Cospedal: ¿dónde está la grave consecuencia del sistema para el PP o para la propia Cospedal? Ella dice que no está de acuerdo con lo que un juez afirma en una sentencia, no dice que no tenga derecho el juez a afirmarlo y no dice que no asuma las consecuencias de las afirmaciones de los jueces en aquello que es propio de su función: decidir algo que tiene consecuencias legales.

Y ahí nos encontramos con el meollo, con lo jodido de esta sentencia: los magistrados de la Audiencia Nacional han decidido en aquello que pueden decidir que el PP tiene que devolver un dinero porque no es suyo, aunque sin que haya constancia de que supieran que no era suyo y que tuviera un origen ilícito. Esa es la consecuencia jurídica. Como he dicho hoy mismo, el problema de ciertos párrafos de la sentencia no es que sean ciertos o falsos, es que son, como los mismos magistrados dicen, contexto sobre algo que escapa a su conocimiento.

Termino: como he escrito esto y esto a ello me remito. Quizás un día una sentencia (firme, por cierto) que tenga que conocer específicamente sobre los papeles de Bárcenas (algo posible ya que hay una causa que se está instruyendo) diga que hubo una contabilidad B del PP y nos diga en qué época. Y quizás nos diga algo más: que la contabilidad B que se declara probada sea precisamente la que aparece en esos papeles, afirmando que todo lo que allí consta es cierto y qué consecuencias jurídicas tiene. Puede que, en ese momento, tras la prueba y la contradicción, quede claro que los papeles no son, como dicen algunos peperos, un pastiche en el que se incluyeron partes que aparecen en la contabilidad oficial y otros apuntes inventados para dar cobertura a las chorizadas o para chantajear a alguien. Porque esos papeles —más desde el punto de vista de la presunción de inocencia— se tambalearán si se demuestra que son falsos en alguna parte, como es lógico. Y la sentencia tendrá que entrar a fondo sobre ellos, explicando y motivando la decisión.

Mientras eso sucede o no, no me parece razonable comparar a Cospedal con un secesionista. Y lo triste es que, en gran medida, todo esto es producto de los excesos de dos magistrados. Porque, de no haberlos cometido, en vez de esas preguntas, podríamos haber presenciado otras más interesantes. Voy a improvisar una: ¿qué sistemas de control mantenían ustedes sobre el partido y sobre las administraciones que han gobernado que permitían el amaño masivo de contratos públicos y la obtención de dinero sucio por los que ocupaban despachos situados al lado del suyo? ¿Cómo se consigue que cientos, quizás miles de afiliados y funcionarios miren para otro lado y no hagan preguntas?

 

Apostillas al Gran Hedor

 

En 1902, durante uno de los últimos brotes de peste bubónica, cuando ya era conocida la relación entre la transmisión de la enfermedad y las pulgas, la administración colonial en Hanói decidió pagar por rata muerta. La socialdemócrata medida, sin embargo, tuvo una consecuencia indeseada: muchos ciudadanos descubrieron el negocio y empezaron a criar ratas en sus casas para luego matarlas y cobrar por sus despojos.

Para lograr el bien, incentivaron el mal. Y, en este caso, ni siquiera se puede afirmar que estuvieran haciendo algo incorrecto. Simplemente obviaron el factor humano.

Aquí he contado algunas cosas. Y me quejo por un exceso que no puedo compartir, incluso presuponiendo que no haya en los magistrados ningún interés espurio. No eran ellos los que tenían que ponerse a pagar dinero por las ratas y, sin embargo, al ofrecer un botín en forma de discurso utilizable, puede que terminen consiguiendo algo peligroso: que los jueces se animen y empiecen a hacer literatura política en sus sentencias, incluyendo consideraciones y declarando probados hechos que no tienen consecuencias jurídicas y esparciendo miguitas que los ciudadanos, aplicados y confiados ante la autoridad (eso es un magistratus, alguien mejor, alguien que sabe más), seguirán con diligencia. Las nefastas consecuencias de esto son obvias y, de extenderse, provocarán, tras la alegría inicial de aquellos a los que favorezca el caso concreto, el descrédito del poder judicial. Solo piensen en los miles de jueces con miles de biografías y miles de posiciones políticas y vitales no solo explicando lo que creen sobre la vida y el arte, sino instruyéndonos sobre las soluciones que ellos, tan preparados, encontrarán para cada problema. Sí, esta plaga ya infectó a los militares en el pasado y sabemos perfectamente qué pasó.

Entonces, ¿por qué esto?:

Se me ocurren tres explicaciones. Escojan la que prefieran;

1.- La primera es que el autor es un poco pastelero y ha decidido nadar y guardar la ropa, dando un poco de qué disfrutar a las diferentes aficiones. Es una hipótesis solvente, porque el hecho de que termine por no agradar a nadie no sería sino muestra de torpeza y no excluiría la equidistante intención inicial, que además le sirve de impulso en el proceloso intento de mantenerse en el mundo del opinador profesional.

2.- La segunda es que lo primero que se le ocurrió al autor fue relacionar el asunto con una anécdota histórica tan excelente (dando muestra además de una vasta cultura —esto es emic—), para lo que era impresindible introducir lo del Gran Hedor como fuera y, como ya no encajaba bien con la historia tras leer la sentencia, se agarró al calzador de la adversativa y a otra cosa.

3.- La tercera nos lleva al texto:

«Quien carece de argumentos morales para discrepar, sin embargo, es el PP. En el verano de 1858 (…)

Aun sin esos pasajes tan desafortunados, la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada. Eso, en la mejor de las hipótesis. Cómo creer las protestas y la indignación de los que hablaban de casos aislados cuando los hemos pillado cubriendo las alcantarillas con alfombras perfumadas.

El gran hedor es la herencia de una generación de políticos del PP y cada vez es más inverosímil que corra el agua, limpie los establos y quede alguien para contarlo.»

Si lo criticable en la sentencia es precisamente lo que casi sin excepción han utilizado los políticos y periodistas de este país para declarar la emergencia nacional —innúmeras veces he escuchado y leído que la sentencia declara que el PP como tal es corrupto y que los jueces no creen a Rajoy y esto es gravísimo— una solución que habría evitado el Gran Salto sería expurgar esos párrafos del artículo y decir que los políticos y periodistas, sin ellos, se habrían quedado sin las divisiones soviéticas y Rajoy podría continuar fumándose un puro y saludando a los barcos al pasar. El artículo, además, serviría para denunciar el mal uso de las instituciones por unos —presumámoslo así— bienintencionados magistrados. ¡Olé!

Esa solución presenta un problema: habría incongruencia omisiva. Para empezar, el autor no es juez: no está obligado a limitarse a analizar lo que dice y lo que no debe decir la sentencia, puede ir más allá. En segundo lugar, y por eso reproduzco los párrafos del artículo, el autor está explicando qué conclusiones se extraen de la sentencia después de borrar lo que no está justificado. Esto es lo más divertido: los jueces han decidido facilitar la labor a los que necesitan titulares, pero para la “verdad” no era necesario. Los miles de folios apestan. Al menos, apestan a ignorancia deliberada, a mirar para otro lado, a un no hay nadie que me libre de ese molesto sacerdote. Apestan a necesitamos pasta y no vamos a preguntar de dónde sale. Apestan a colaboracionistas sin cara. Muchos. Cientos de facilitadores que, en el mejor de los casos, no hacían preguntas cuando les pedían ayuda nuestros hijoputas.

Y esto, además, envuelto ya en un mar de cieno. El legajo flota entre la mierda. En esta tercera hipótesis, el autor del artículo simplemente habría hecho su trabajo.

Escojan ustedes la hipótesis que más les guste.

Por cierto, sí, la anécdota que abre estas apostillas está metida con fórceps, pero es que es tan cojonuda que no me he resistido a incluirla.

 

 

Mentiras y muñecos de ventrílocuo

 

Publica El Mundo esta entrevista de Emilia Landaluce a Albert Rivera. Una más. No hay diferencia apreciable entre Rivera y la mayoría de los políticos. Las respuestas me parecen, en general, superficiales, mensajes de galletita china, y, en algún caso, sonrojantes (por ejemplo, lo que dice sobre cuándo se produjo la «primera parte» del «golpe» para justificar el bandazo que dieron sobre el 155 o la agrupación de niños y mujeres como más débiles —algo que me parece ofensivo—). Digamos que la entrevista es, como he dicho, una más.

Pero hay algo que está feo. Muy feo. Y es mentir. Rivera es licenciado en derecho y creo que llegó a trabajar como abogado. No concibo error en lo que dice, que es esto:

«La Legislatura está liquidada por la condena por corrupción al partido del Gobierno.»

Y esto:

«No se puede gobernar en minoría, sin apoyos y con tu partido condenado por corrupción.»

El PP no ha sido condenado por corrupción. Eso es falso. No solo no hay en la sentencia una sola mención de la que resulte que el Partido Popular ha sido condenado por delito de ningún tipo, sino que la única consecuencia jurídica de la sentencia para el Partido Popular expresamente implica que no es responsable de hecho delictivo alguno. De ninguna manera*.

 * * * * *

He leído esto. No voy a darlo por cierto porque me parecería literalmente acojonante que se considere normal que señores diputados que representan la soberanía popular, no sujetos a mandato imperativo y a los que les está expresamente prohibido por la Constitución delegar su voto, que es calificado como personal, firmen papeles en blanco para que se puedan rellenar a voluntad de quien los tiene en su poder para que este, ni más ni menos, pueda hacer algo como presentar una moción de censura (algo de tanta trascendencia y con efectos jurídicos inmediatos, ya que el presidente del Gobierno pierde su facultad de disolver una o ambas cámaras).

Si alguien hace eso —algo que a mi juicio debería considerarse como un caso claro de fraude y de ausencia de consentimiento, por más que luego el tipo que firma en blanco vuelva a decir sí bwana— no es un diputado. Ni merece serlo.

 

*NOTA: La sentencia del caso Gürtel condena al PP a devolver doscientos y pico mil euros como partícipe a título lucrativo, lo que expresa y literalmente excluye en la sentencia (en términos jurídicos) conciencia por el PP (como partido) de que ese dinero que ha de devolver tuviera un origen delictivo.

El artículo 122 del Código Penal dice:

El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

El Tribunal Supremo explica que la acción contra el partícipe a título lucrativo por el perjudicado es de naturaleza civil, no penal, pero, a su vez, y a diferencia de la responsabilidad civil subsidiaria derivada del delito la obligación de restituir no es consecuencia del delito.. Veamos qué dice el Tribunal Supremo (las negritas son mías):

«El art. 122 del Cpenal define al tercero a título lucrativo como aquel que se ha beneficiado en los efectos del delito o falta sin haber participado en el mismo ni como autor ni como cómplice.

Por tanto el tercero a título lucrativo se define por las siguientes notas :

a) Nota positiva el haberse beneficiado de los efectos de un delito o falta.

b) Nota negativa no haber tenido ninguna intervención en tal hecho delictivo, ni como autor o cómplice, pues en caso contrario sería de aplicación el art. 116 y no el 122 del Cpenal.

c) Que tal participación o aprovechamiento de los efectos del delito lo sea a título gratuito, es decir, sin contraprestación alguna.

d) Por tanto no se trata de una responsabilidad ex delicto, sino que tiene su fundamento en el principio de que nadie puede enriquecerse de un contrato con causa ilícita –art. 1305 CCivil. En definitiva, se trata de una manifestación aplicable al orden penal según el cual no cabe un enriquecimiento con causa ilícita  (…)

Por contra, la responsabilidad civil subsidiaria :

a) Tiene su origen en el propio delito.

b) Se trata de una responsabilidad ex delicto.

c) La obligación de hacer frente a las consecuencias económicas del delito se amplía a personas que no participaron en el a consecuencia de la especial relación que une al responsable penal con el responsable civil en los términos y forma declarados en los arts. 120 y 121 del Cpenal, que se refiere a casos de culpa in vigilando, una situación de dependencia, una culpa in eligendo, un beneficio para el responsable civil de lo efectuado por el responsable de la infracción o un mal funcionamiento defectuoso de los servicios públicos.

d) Su extensión es coincidente con la declarada para el responsable penal.»

Más del Tribunal Supremo:

“La responsabilidad como partícipe a título lucrativo es una responsabilidad civil directa declarada en sentencia constitutiva, pero cuya existencia en nada puede confundirse con la responsabilidad criminal, (…) No existe una igualdad axiológica entre el responsable penal y el partícipe a título lucrativo. La responsabilidad de éste no debe estar expuesta al mismo juicio de reproche que sirve de fundamento a la declaración de culpabilidad penal. Desde este punto de vista, existe una desconexión con el delito objeto de enjuiciamiento, tanto en relación a su autoría y participación, como respecto a la eventual posibilidad de comisión por un tercero de un delito de encubrimiento. El partícipe a título lucrativo, por definición, no puede tener conocimiento alguno del hecho típico ejecutado por otro y del que se derivan sus activos patrimoniales. Dicho con otras palabras, el partícipe a título lucrativo participa de los efectos del delito, esto es, participa del delito, pero no en el delito. De ahí que su llamada al proceso no tenga otro objeto que la interdicción del enriquecimiento ilícito. Su exigencia en el proceso penal no puede perder de vista la naturaleza que le es propia”.

La sentencia del caso Gürtel dice:

«CONCLUSIÓN:

Como partícipe a título lucrativo del art. 122 CP responderá:

· El PARTIDO POPULAR, de modo directo y solidario con Guillermo Ortega Alonso, José Luis Peñas Domingo, Juan José Moreno Alonso, Mª Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa Sánchez y Pablo Crespo Sabarís hasta un importe total de 133.628,48 €.

· El PARTIDO POPULAR hasta un importe de 111.864,32 €, correspondiente a los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones de 25.5.2003, de modo directo y solidario, con Jesús Sepúlveda Recio.»

 

 

Por lo que parece, Junqueras no está en prisión, está secuestrado

 

Sin perjuicio de que el magistrado Llarena pueda dictar un auto nuevo en el que REITERE la busca y captura e ingreso en prisión de los fugados de la justicia española y, en concreto, de los que se encuentran en Bélgica, considerando que la negativa (de momento) a la ejecución de la euroorden por parte de las autoridades judiciales belgas se ha basado en una cuestión formal y que no cabe recurso que pueda presentar España (salvo quizás una cuestión prejudicial), y todo porque lo que más importa es que los huidos puedan ser llevados ante la justicia española, voy a explicar por qué el informe de la fiscalía belga me parece un disparate y por qué creo que nada hay que reprochar a Llarena en este asunto. Y que ya está bien de tratarlo como si fuera un tuitero.

Aclaro que voy a utilizar el informe que veo en vilaweb (supongo que en él no falta nada y que no ha sido manipulado).

Vamos por partes y, antes de empezar, veamos algo de derecho español:

1.- Tras la presentación de querella por la fiscalía en la Audiencia Nacional, la magistrada Lamela dictó el 3/11/2017 autos de busca y captura e ingreso en prisión de los fugados. Aquí les traigo el de Comin. En esos autos se ordenaba el ingreso en prisión por los hechos que ahora investiga Llarena. Son los mismos hechos. Que un magistrado haga un tipo de narración u otro o que, avanzada la instrucción, se incluyan más o menos elementos de hecho no importa a estos efectos. Se ordena la busca y el ingreso en prisión porque no comparecen y se fugan. Y además a otros investigados se los envía a prisión. Recordemos que la euroorden no exige auto de prisión Basta una simple orden de detención. Son, todas ellas, resoluciones provisionales.

2.- El 13/11/2017 la magistrada Lamela confirmó el auto anterior, al resolver un recurso de reforma. Vean lo que dice el auto:

¿Está claro, verdad? La magistrada emitía la orden por los delitos del escrito de querella.

3.- El 27/11/2017 el magistrado Llarena asumía la causa acumulándola a la abierta poco antes contra personas aforadas. Este es el auto por el que se ordena la acumulación y por el que Llarena asume la competencia. ¿Y qué dice Llarena sobre los hechos que narra la magistrada Lamela y por los que ordena la busca y el ingreso en prisión de los fugados? Esto:

Vamos, que son los mismos hechos.

4.- Como sabe todo el mundo al asumir la causa no desaparecen ni pierden efectos las resoluciones previamente dictadas. Por esta razón, muchos de los investigados (en concreto los que YA estaban en prisión) le han ido pidiendo al magistrado Llarena que, por ejemplo, dicte auto de libertad y lo han recurrido. Ni un solo abogado ha tenido la peregrina idea de que un auto de prisión dictado hubiese quedado sin efecto porque Llarena asumía la competencia de la causa.

5.- Cuando el magistrado Llarena ordenó retirar las euroordenesmantuvo las buscas y las órdenes de ingreso en prisión. Véase que las retiró cuando ya había asumido la causa. Y que retiró la euroorden basada en el auto de la anterior magistrada.

6.- Cuando el magistrado Llarena dicta auto de procesamiento no solo narra hechos y adelanta calificaciones jurídicas (a los solos efectos de la fijación objetiva y subjetiva del proceso) sino que expresamente reitera la busca y captura y el ingreso en prisión. Asi, en el auto de procesamiento se dice:

Como es obvio, se mantienen sobre la base de la relación de hechos (mucho más detallada puesto que ya ha avanzado la instrucción) del propio auto de procesamiento. 

 

Dicho todo esto, vamos con el disparate del fiscal belga:

A) Empieza diciendo esto:

La parte del principio nos parece muy bien: la orden tiene que haber sido emitida por una autoridad judicial (en este caso, por dos, Lamela y Llarena) y ha de estar precedida por una orden de detención nacional (en este caso hay dos, la de Lamela y la de Llarena).

Pero llegamos al último párrafo y ya empieza el fiscal belga a explicarnos el derecho español: ¿por qué un auto de procesamiento que ratifica una orden de busca y prisión previa y que declara que se mantiene sobre la base de los hechos del auto no tiene el valor de orden de detención?

Porque lo dice él, claro. Lo cierto es que el auto de Lamela y el auto de Llarena, ambos, tienen el valor de auto de detención: uno porque establece la medida y el otro porque la mantiene sobre la base de los hechos por los que procesa.

2.- Sigue:

Como pueden observar, cuando le pregunta a Llarena explica exactamente eso. Y no hay ninguna errata.

3.- Sigue:

Esto ya empieza a ser lisérgico. Los procesos penales evolucionan en el tiempo (salvo en Bélgica, imagino). Y el asunto es cristalino: el mantenimiento de la orden de detención se hace sobre la base de los hechos que se relatan en el auto de procesamiento, que se dicta muchos meses después de la admisión a trámite de la querella. Y sí, en España, no se dicta una orden y luego se elimina esa orden para volver a dictar una orden un segundo después. A lo mejor se hace así en Bélgica, ya sabemos que son raros de cojones. En España todos los jueces, cuando vuelven a decidir sobre el mantenimiento o supresión de una medida cautelar, si deciden mantenerla hacen eso, MANTENERLA. Y deciden mantenerla aunque cambien los hechos o se completen o enriquezcan y aunque cambie la argumentación jurídica. Porque el fiscal belga está confundiendo la parte dispositiva de una resolución con su argumentación jurídica.

4.- Sigue:

Aquí aparece la errata, que , como podemos ver, no se produce en la euroorden, sino en las explicaciones. ¿Importa? Nada, salvo que quieras hacer titulares imbéciles. ¿Y que explica Llarena? Pues exactamente lo mismo que les digo. Vean como continúa:

En serio, lo de los apartados b) y c) es acojonante. Llarena explica que mantiene la decisión sobre la base de los hechos y fundamentos jurídicos del auto de procesamiento y el fiscal belga concluye que «las razones de detención del 3 de noviembre ya no son válidas». Incluso pone un interrogante. El tipo no entiende o no quiere entender: ha decidido no comprender que lo que era válido en noviembre (la decisión que toma) pueda seguir siéndolo sobre la base de los hechos y los argumentos del auto de procesamiento, que MANTIENE LA DECISIÓN.

En cuanto a lo del apartado d), lo que responde el fiscal belga ya es de traca.

No he podido acceder a las resoluciones dictadas por el magistrado Llarena el mismo día 23/03/2018, así que me atendré a lo que dice el fiscal: se dictan resoluciones para acordar la euroorden y «esencialmente» se repite el auto de procesamiento. Claro, porque en el auto de procesamiento se acuerda el mantenimiento de las medidas cautelares. ¿Qué esperaba? ¿Qué dictase un auto de procesamiento y después acordase mantener la medida de busca y captura y prisión basándose en el juramento de Santa Gadea?

Lo más indignante no es que el fiscal no entienda o no quiera entender. Lo indignante es ese tono de burla, como si Llarena no supiera qué hace. Como si fuera algo muy raro acordar una medida en una resolución, mantenerla en otra y acordar una euroorden en otra, sobre la base de la orden interna de detención previa.

5.- Sigue:

Es decir, que los autos que han llevado a prisión a un montón de personas y los que evitan que otras personas vuelvan a España porque inmediatamente serían llevados a prisión no son, para el fiscal belga, órdenes de detención válidas conforme a la ley española dictadas por jueces españoles como para fundamentar una euroorden.

Es literalmente esperpéntico.

Porque, y ya termino, vayamos a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que cita el amigo fiscal. La sentencia del caso Niculaie Aurel Bob-Dogi. Y veamos en qué se parece a lo que el tipo afirma en su escrito.

Resulta que, como consecuencia de un accidente de circulación, un tribunal húngaro emitió una orden de detención europea contra un ciudadano rumano. Cuando se examinó el asunto, se planteó la cuestión de si cabía la ejecución de la euroorden cuando la única resolución que ordenaba la detención era precisamente la resolución por la que se pedía la euroorden. Vean:

«Dicho tribunal estima que existen diferencias fundamentales entre una orden de detención europea y una orden de detención nacional. En particular, la orden de detención europea se dicta a efectos de detener y entregar a una persona, inculpada o condenada, que se encuentra en el territorio del Estado miembro de ejecución, mientras que la orden de detención nacional se dicta a efectos de detener a una persona que se encuentra en el territorio del Estado miembro emisor

El tribunal expresamente deja constancia de que no existía esa orden de detención nacional.

Y expresamente resuelve:

«Estos diferentes elementos relativos a la literalidad de la norma confirman que el concepto de «orden de detención» que figura en el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco únicamente designa la orden de detención nacional y que ésta debe ser entendida como la resolución judicial en la que se sustenta la orden de detención europea

Más:

«Por tanto, el hecho de que la redacción definitiva de la citada disposición no incluya un elemento de carácter facultativo refuerza la interpretación de aquélla, según la cual la orden de detención europea debe basarse, en todo caso, en alguna de las resoluciones judiciales nacionales contempladas en dicha disposición, en su caso en la decisión de emisión de una orden de detención nacional

Más:

«En efecto, dichos principios se basan en la premisa de que la orden de detención europea de que se trate haya sido dictada conforme a los requisitos mínimos de los que depende su validez, entre los que se encuentra el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco

Y

«Pues bien, ante una orden de detención europea dictada en un procedimiento «simplificado», como el controvertido en el asunto principal, que se basa en la existencia de una orden de detención en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco, sin que la orden de detención europea mencione la existencia de una orden de detención nacional distinta de la orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución no podrá comprobar si la orden de detención europea de que se trate cumple el requisito establecido en el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco.»

Porque claro:

«… el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 8, apartado 1, letra c), de la Decisión Marco reviste una especial importancia puesto que implica que, cuando se ha dictado una orden de detención europea para la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales, dicha persona ya ha podido disfrutar, en una primera fase del procedimiento, de las garantías procesales y los derechos fundamentales cuya tutela debe garantizar la autoridad judicial del Estado miembro emisor según la normativa nacional aplicable, en particular la relativa a la adopción de una orden de detención nacional.

Mantener que un sumario como este que tanto nos ocupa, en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Supremo, equivale a un proceso simplificado húngaro, en el que no se había dictado más resolución judicial que la euroorden, es un chiste. Un chiste  que no tiene gracia, por supuesto.

El fiscal belga se ha agarrado a una interpretación estrambótica y disparatada de las resoluciones de los tribunales españoles y encima lo ha hecho aplicando una jurisprudencia del TJUE que no casa con el asunto que nos ocupa ni en la más enloquecida de las versiones.

El fiscal belga, además, se pone a decirles a los magistrados españoles cómo han de dictar órdenes de detención conforme a la ley española y cuándo no se dan estas. Porque, recordémoslo, en el caso Bob-Dogi, nadie discutía que no había más orden de detención que la euroorden. Aquí, Llarena le explica expresamente al fiscal belga que existen esas órdenes de detención conforme a la legislación española y cuáles son.

Ya termino. Con una pregunta: ¿quién le ha dicho esto al fiscal belga?

El auto de procesamiento no pone fin a la instrucción. No digo más.