Parecer para terminar siendo

 

En un par de días comienza un juicio en el Tribunal Supremo que va a ocupar mucho tiempo en las noticias y en las discusiones, y que, probablemente, termine hastiando a mucha gente. Una buena manera de evitar tan desagradable consecuencia es tener claro qué es y qué no es un juicio, incluso este.

Para empezar, en un juicio se dirige la acción penal contra alguien. Las categorías y definiciones políticas, sociológicas y éticas sobran. No importa si lo que pasó en 2017 fue un golpe de Estado o no, porque no se acusa de eso. No importa si hay algún argumento que no sea jurídico para justificar la aprobación de las «leyes» de desconexión y la celebración de un «referéndum». Tampoco importa lo que sientan o deseen millones de catalanes y de españoles sobre su pertenencia a Cataluña y/o a España, y a lo que se deba decidir en el futuro y quién lo deba decidir.

El juicio tampoco es una ocasión para castigar al «movimiento» secesionista. No se juzga a millones. Tampoco sirve para salvar a España, salvo en un sentido abstracto y periférico: en el de que solo sobreviven los Estados en los que se cumple la ley y funcionan las instituciones. Pero esto último, además, incluye necesariamente la posibilidad de una absolución. Las leyes democráticas están tan relacionadas con el mantenimiento y ejercicio de los derechos individuales que exigir la condena para la supervivencia de la república —y no porque sea lo que proceda conforme a Derecho— es una forma de degradarla.

La defensa del Estado constitucional pasa por el cumplimiento de todas las leyes. No solo de las penales. Siete jueces en un juicio público, con garantías, con contradicción y audiencia, con ejercicio del derecho de defensa, basado en condenas por hechos probados típicos conforme a una descripción legal taxativa, eso nos defiende a todos de la arbitrariedad del poder. Nada menos debemos exigir.

La monedad tiene otra cara. En este juicio no se juzga a España, ni a nuestras leyes, ni a nuestras instituciones, salvo, de nuevo, de una forma abstracta y periférica: en el sentido de que nuestras instituciones son dignas solo si sirven al fin para el que las creamos. El Tribunal Supremo no fue creado para defender a España o a su unidad como fines sin contenido. Esos fines, constitucionalmente sancionados, solo se comprenden rectamente si hacemos referencia a eso que proclama el preámbulo de la Constitución: la justicia, la libertad y la seguridad; la promoción del bien de cuantos la integran; la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; el Estado de Derecho como garantía del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; la protección de todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos; la protección de nuestra cultura y de su progreso, de nuestras tradiciones, lenguas e instituciones; la promoción del bienestar para asegurar la dignidad de las personas y la democracia; la búsqueda de la paz y de la cooperación con los demás pueblos de la Tierra.

España es una democracia razonable y un lugar en el que los derechos fundamentales no están en cuestión, por más que todo sea mejorable. Pretender juzgar a España en este juicio —de ahí la farsa de los observadores— es simplemente una forma torpe —aunque es quizás el único camino que les queda a algunos— de desviar la atención. Al igual que un juicio legítimo no sirve para la venganza, tampoco debe admitirse su utilización para engordar el argumentario político de los que llevan muchos años intentando vender una imagen falsa de lo que somos y así provocar las condiciones que puedan servir a sus estúpidos fines. Prefieren la degradación de todos hoy para la consecución futura de su fin milenario y religioso, para la venida de su dios. Por eso —y porque hacer otra cosa nos convertiría en lo mismo que son ellos— no debemos caer en la trampa.

Frente a todo lo que no es, recordemos lo que sí es un juicio. Un juicio solo merece ese nombre si se trata a los juzgados con dignidad y respeto. Un juicio es parcial. No trata sobre todo, sino sobre una parcela muy concreta de la realidad y conforme a unas definiciones técnicas. Si se amplía su objeto más allá de sus limites lo contaminamos. En un juicio, son las acusaciones las que tienen que probar que los acusados realizaron algo que es definido como delito en las leyes vigentes y que lo hicieron a sabiendas —o al menos asumiendo que el resultado definido en la ley y ocasionado por su conducta era probable—. En un juicio, la acusación tiene que probar más allá de una cierta frontera, porque si duda, solo cabe la absolución. Las únicas consecuencias posibles de un juicio son las previstas en la ley: otra cosa es tiranía.

En un juicio, los acusados tienen derecho a probar aquello que excluye el delito, o su participación, o que les exonera de responsabilidad o la atenúa. En un juicio no se presume el delito, sino que los hechos objeto de acusación han de quedar acreditados hasta el punto de que esa acreditación permita construir una narración de la realidad suficientemente completa como para atribuir consecuencias personales muy gravosas. No se puede enviar a la cárcel a alguien simplemente porque no nos guste, porque nos parezca dañino, porque defienda algo que nos repugna o porque haya sido un irresponsable.

Un  juicio debe ser, en suma, algo muy serio. No es un plató de televisión. Ni siquiera un parlamento. No es un lugar para ejercer la libertad de expresión, entendida en un sentido amplio. Es uno de esos pocos lugares lleno de reglas en los que la forma es inescindible de su fin natural.

La única manera sensata de enfrentarse a un juicio como el que viene, en mi opinión, es asumir de verdad, internamente, todo lo anterior y creer que todos los acusados son inocentes, que el Estado considera que han podido cometer un crimen, que el Estado puede y debe exponer por qué, intentando probarlo a la vista de todos, conforme a las reglas de la razón y con pleno respeto a los ciudadanos juzgados, y que los acusados tienen derecho a negarlo, a no colaborar con el Estado sin sufrir consecuencia alguna, a probar todo lo que venga al caso y les sirva de descargo, y a exigir de los jueces que sean imparciales y solo les castiguen si, sin duda de ningún tipo, son autores de una conducta tan reprochable y tan dañina como para que nuestros representantes las hayan convertido en delito. Asumir todo esto y desechar el resto como ruido.

Alguien me dirá: «qué exageración; a algo así, y como desiderátum, solo están obligados los jueces».

Ah, pero qué lugar más excelente y civilizado sería aquel en el que la mayoría de los ciudadanos se enfrentase a un proceso penal con la actitud exigible a los jueces. Qué lugar más habitable.

Así, aunque fuera por unos pocos días, podríamos disimular y hacer como que somos. Para ver si de tanto disimular, empezamos a serlo de verdad.

 

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Sobre indicios de cosas que estropean el discurso oficial

 

Este artículo escrito por bou@mastodon.elsacodelcoco.net ha dado lugar a muchos comentarios tras su anuncio en tuiter.

Sobre su autor, he de decir que, al margen de que pueda estar o no de acuerdo con algunas de sus tesis o afirmaciones, hasta el momento no he descubierto manipulación por su parte. Si quien lee sus artículos se toma la molestia de seguir los enlaces, verá que cita sus fuentes, que nos muestra de dónde extrae los datos y que lo que afirma (por lo menos hasta donde he llegado) se compadece con una interpretación de esas fuentes.

A lo anterior hay que añadir que el trabajo que ha realizado, sobre el que hablaré a continuación, es lo suficientemente extenso y riguroso como para que, cuanto menos, quien quiera rebatirlo se tome el trabajo de tomarlo en serio y hacerlo usando las fuentes que cita u otras igual de rigurosas. Lo que no es serio, como he visto, es que alguien diga que no te puedes tomar en serio a quien tiene en su avatar una fotografía de El Fary o que los números no importan —que lo que importa es la experiencia personal—, como le he leído a un fiscal al que aprecio, cuando resulta que los números oficiales sobre denuncias falsas son los que se han venido utilizando como martillo pilón para negar que pueda existir un problema sobre un uso espurio de los delitos de violencia doméstica. O valen los números o no (yo creo que no, porque no contamos con ellos, que nadie se ha tomado esto en serio y que el problema existe y es mucho mayor de lo que las instituciones insinúan; en todo caso, yo, como muchos, solo quiero que se investigue de verdad).

Los datos que utiliza se derivan del informe del CGPJ que cita (y de otros informes): en los casos que menciona —los más graves, ya que se juzgan en primera instancia en las audiencias provinciales—, una cuarta parte son absoluciones. De esas absoluciones —47—, él sostiene que cerca del 75% presentan indicios de derivar de una denuncia falsa. En realidad, los números son algo más elevados, pero ha redondeado a la baja. Si aplicamos su tesis al total de sentencias, un 18% de todos los casos juzgados en primera instancia en las audiencias presentarían esos indicios de falsedad.

Un 18% no es ese 0,01% del que tanto se habla.

Antes de entrar en el análisis de las sentencias, me gustaría hacer algunas observaciones:

a) Extrapolar lo que sucede en las audiencias a las condenas, absoluciones y archivos en los juzgados de instrucción y juzgados de lo penal es muy arriesgado por muchas razones. Los casos que se juzgan en las audiencias son más graves y el proceso penal es más reposado y se suelen practicar (o intentar practicar) más pruebas en el proceso. Además, aunque no debiera ser así, es posible que los juicios y las inferencias de los jueces sean más rigurosas en ese tipo de juicios. En primer lugar, porque la pena es más alta y es natural que te lo pienses más a la hora de condenar. En segundo lugar, porque al juicio asisten tres jueces, que ven y piensan más que uno. De ahí se deduce que es posible que haya más absoluciones en este tipo de juicio. Pero, por otro lado, aunque el tipo de asuntos del que hablamos son propicios a la existencia de prueba de cargo directa única —la declaración de la víctima—, al ser los hechos más graves es más racional contar con pruebas periféricas (como lesiones objetivadas durante los hechos), y que se valore su ausencia, algo que es racionalmente menos exigible en delitos de menor entidad (amenazas, coacciones, malos tratos continuados, lesiones del 153 CP) que pueden darse sin esos elementos objetivos, lo que abona que sea más probable la denuncia falsa. Desde el otro lado del espejo, es más fácil que se cometan delitos —que lo son— más leves que aquellos otros más graves (o, por decirlo de otra forma, es mucho más probable que quien nunca lesionaría gravemente, o cometería una agresión sexual, sin embargo, realice una de esas conductas delictivas, sobre todo esporádicamente, que se producen de manera natural en situaciones de conflicto de pareja). Más aún, muchos casos que se deciden en «juicios rápidos» (es decir, por conformidad) se caracterizan por ser resultado de pruebas directas evidentes o importantes (muchos, no todos; a veces, se conforma por el beneficio de la reducción del tercio y un mal consejo de un abogado con prisas). Con todo lo anterior, simplemente quiero decir que veo muy aventurado extrapolar este análisis de sentencias de las audiencias a los casos que se deciden en conformidad en juzgados de violencia o ante el juzgado de lo penal. Algunos factores podrían indicar que en estos casos el número de denuncias falsas pudiera ser superior, otros que pudiera ser inferior. Y ni siquiera tengo claro que el análisis de las sentencias fuese, en estos casos, de mucha ayuda, puesto que suelen ser mucho más escuetas (y, en el caso de la conformidad, esto resultaría directamente inútil, ya que se basa en el reconocimiento de los hechos).

b) Llevo muchos años preocupado por la deriva de nuestra jurisprudencia sobre la prueba de cargo basada única o principalmente en la declaración de la víctima. Creo que es un abismo peligroso y que cada vez nos hemos ido asomando más a él, influenciados por la intención loable de perseguir el delito. De hecho, la prueba testifical es una prueba enormemente problemática en todos los casos, como demuestra la literatura sobre la materia, y el apoyo en pruebas periciales, normalmente psicológicas, se ha convertido en una sustitución de la auténtica actividad probatoria, basada en el privilegio y la veneración por la «ciencia», cuando en la práctica constantemente comprobamos cómo especialistas en la misma disciplina difieren de manera incomprensible si de verdad sus disciplinas tuvieran la «dureza» suficiente (algo siempre querido por quien se dedica a algo). Dicho esto, lo cierto es que la labor de los jueces es dificilísima, ya que de llevar los postulados de un derecho penal civilizado a sus formulaciones más puras, la consecuencia real sería la de muchas más absoluciones y la impunidad de muchos delincuentes. Pero que persigamos un equilibrio seguramente imposible no nos debería llevar a olvidarnos de que el mal en ocasiones adopta la forma de la persecución injusta del inocente y a hacer afirmaciones banales sobre su sufrimiento.

Entrando ya en la cuestión de las 37 sentencias que Bou analiza, me ha parecido que lo más justo era examinarlas en su totalidad y no fiarme de sus opiniones ni de las partes que extractaba.

En la tabla que aparece a continuación incluyo el número (están ordenadas al revés del orden que utiliza Bou en su entrada), luego doy mi opinión sobre si hay indicios de denuncia falsa y más tarde explico si un procedimiento penal contra la denunciante sería viable.

Como habría sido desmesurado explicar en cada caso por qué opino esto o aquello (y requeriría 37 entradas como esta), tendrán ustedes que conformarse con mi opinión (aunque, naturalmente, pueden leer la sentencia en cada caso). Pero sí puedo explicar, de una manera más general, qué criterios utilizo.

En todos los casos son absoluciones, por lo que es obvio que el tribunal no ha considerado que exista prueba de cargo suficiente. Como la motivación es también necesaria en la absolución, es probable que el tribunal se extienda más en aquello que le permite absolver, que en lo que le podría haber sustentado una condena. En todo caso, lo importante es si observo —desde los hechos y razonamientos— que lo razonable es pensar que la denuncia es falsa y que lo es a sabiendas (único supuesto que permitiría una condena). Si aprecio un relato confuso en el que es posible la autenticidad de la denuncia —al menos tanto como su falsedad—, excluyo la denuncia falsa como probable; es importante tener en cuenta que esto no implica que no lo sea realmente (si digo que no hay indicios, solo digo que no los hay en esos términos). Si aprecio que la denuncia es falsa, pero creo que puede explicarse por inmadurez, incapacidad, autoengaño u otro mecanismo similar que excluiría el dolo, también excluyo la denuncia falsa.

En cuanto a la viabilidad de su persecución, esto supone un paso más allá. Solo en aquellos casos en los que puede preverse como razonable que pudiera probarse en un juicio con todas las garantías admito que exista. Como verán en la tabla, en muy pocos casos creo que esto se desprenda con claridad de los hechos probados. En algunos sería imposible legalmente (por ejemplo, por falta de edad penal de la acusada).

Explicado lo anterior, aquí tienen la tabla:

Conclusión

Proced. por denuncia falsa

DF

Viable

596/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
229/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
233/12 Indicios claros de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
528/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
68/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
390/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
493/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
294/12 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
397/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
276/13 Caso dudoso / Sentencia confusa, difícil de valorar Inviable
496/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
215/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
52/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
216/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
348/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
353/14 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
333/12 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
220/14 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
363/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
47/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
587/14 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
447/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
75/13 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
72/12 Indicios claros de denuncia falsa Inviable 1
360/14 Caso muy dudoso / Denunciante de 13 años Inviable (no tiene edad penal)
  1/14 Indicios de denuncia falsa/Denunciante con 60 de CI Inviable 1
176/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
306/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
213/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
77/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
232/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
536/14 Indicios de denuncia falsa / la denunciante es menor Inviable 1
285/13 Indicios claros de denuncia falsa (pero para sustentar legítima defensa) Inviable 1
25/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
155/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
316/12 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
7/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
20 7

Como pueden observar, las 37 sentencias en las que Bou veía indicios de falsedad (como para proceder contra la denunciante), yo las reduzco a 20. De estas, solo en siete casos creo que sería viable un procedimiento penal contra la denunciante y solo en 3 de esos casos creo que lo probable es que pudiese llegar a juicio y condena.

Conforme a lo anterior, un 42% de las sentencias absolutorias me parece que contienen indicios suficientes de falsedad en la denuncia por lo que, sobre el total de sentencias, un 10% podrían ser consideradas presuntamente denuncias falsas. Considerando la viabilidad de un proceso en esos casos, en un 3% el proceso sería viable, y en un 1% la condena sería probable.

Estas son mis conclusiones con estas premisas —las que he explicado—. Como es obvio, otro jurista puede leer la misma sentencia y concluir algo completamente diferente.

Recuerden, eso sí, que:

a) También algunas sentencias condenatorias (que no han sido analizadas) pueden haberse basado en denuncias falsas: a veces los malos ganan.

b) No es igual un sobreseimiento o un archivo que una absolución. Para bien y para mal. Pudiera pensarse que un asunto que llega a juicio se presume como más probablemente cierto, pero afirmar esto sería un error. En muchas ocasiones, los delitos se cometen y las partes se conjuran para que, pasado el primer momento, no terminen en condena (y esto ocurre no solo en casos en los que la víctima no declara), bien por miedo, bien por interés. Sí, a veces las víctimas, libre y conscientemente ayudan a los autores a librarse porque les interesa a ellas (y no porque sufran trauma o tengan perfil de ningún tipo). La realidad, a menudo, es bastante puta y compleja.

Nada más. Solo espero que algún día alguien con recursos diseñe un estudio serio que nos permita acercarnos a la verdad. Y que nadie vuelva a utilizar esa ridícula cifra de denuncias con condena como si implicase algo, como si fuese algo más que una estúpida manera de creer que este año llegaremos a los diez millones de toneladas de azúcar porque así lo afirma la autoridad.

 

Bah

 

Leo esto:

El juicio será fiscalizado por observadores nacionales e internacionales. Una plataforma de entidades a favor de los derechos humanos se ha organizado bajo el nombre de International Trial Watch-Catalan Referendum para gestionar su presencia. “Pretendemos que las sesiones sean supervisadas por especialistas de todo el mundo”, explica a este diario una de sus promotoras, la catedrática de Derecho Constitucional Mercè Barceló.

Esta organización facilitará apoyo técnico y material a entre 10 y 12 juristas extranjeros, además de unos 12 catedráticos de distintas universidades españolas, que custodiarán las sesiones en el Tribunal Supremo y publicarán distintos informes. “La presencia de observadores internacionales garantiza que haya un árbitro“, zanja Barceló.

Y esto:

Amnistía Internacional ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que pide tener un espacio dentro de la sala del juicio del 1-O. Desde la entidad quieren que los miembros de la organización puedan seguir el juicio para evaluar que se cumplen todas las garantías para un juicio justo, según ha avanzado el diario ‘El Confidencial’ y ha confirmado la ACN.

La entidad quiere supervisar en primera persona que el procedimiento se hace correctamente y, varias defensas de los independentistas presos como Oriol Junqueras, Raül Romeva o Carme Forcadell, también han solicitado cinco plazas para observadores nacionales e internacionales.

Como es obvio, el Tribunal Supremo puede decidir hacer caso a esas solicitudes. No seré yo quien critique una decisión así, pero si de mi dependiera simplemente respondería con esto:

Con la Constitución:

Artículo 120
    1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

    2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

    3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Con la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Artículo 186.

Los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicación de las sentencias dictadas y demás actos que señale la ley.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Artículo 680.

Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Supongo, por otra parte, que, dada la naturaleza del juicio y que no hay razón alguna de las restricciones de los artículos 681 y 682 de la misma ley, puesto que no hay menores y la víctima ha sido el Estado español, y será un juicio al que mucha gente querrá asistir, el propio tribunal acordará que todas las sesiones se emitan por televisión.

A mayor abundamiento, la sala va a estar repleta de abogados de los acusados, que seguro harán lo que corresponda si perciben que se está cometiendo alguna irregularidad, conforme establecen las leyes de procedimiento. No solo lo harán, sino que con total seguridad denunciarán irregularidades inexistentes o dudosas para poder contar con armas en los recursos que vendrán sin que, por supuesto, esos letrados tengan nada que temer.

Pedir la presencia de observadores en un juicio que puede ser observado por cualquiera, y pedir además que sean «internacionales» no debería tener otra respuesta que un simple no. Sin levantar la voz. Y sin temer, por supuesto, la respuesta de los solicitantes o de esa organización internacional, antaño respetable, que sabe perfectamente todo esto que expongo, pero que ha decidido jugar a mostrar nuestro país como si fuera una república bananera.

Por cierto, que no se engañe nadie: los defendidos piden esto porque esto es ya un recurso de la defensa. Quieren hacer creer a los despistados de por ahí fuera y a los tontos útiles de por aquí dentro que en España no hay democracia y Estado de derecho y que por eso se les juzga. Trasladar la posible necesidad de «observadores internacionales» y que alguien se lo crea es el primer intento de probar que tienen razón. Si la respuesta es sí o si es no. Da igual. Da igual, aunque hasta el más fanático enajenado pueda ver el juicio completo desde el salón de su casa.

Es este un viejo truco de los secesionistas, ya utilizado con el referéndum de secesión: admitir que se produzca es ya la prueba de que existe un sujeto de soberanía.

Contra estos trucos mendaces, tan propios de los secesionistas, esos que juegan con cosas muy graves y luego se ponen a decir que todo era broma, solo cabe una respuesta: bah.

Y seguir adelante.

 

Delitos imaginarios en tiempo real

 

Leo que la Fiscalía va a abrir diligencias contra Arcadi Espada por el artículo en el que algunos dicen que llamó mariconazo al diputado Rufián. Es una trola, claro. Espada no le llamó mariconazo, algo que solo puede sostenerse demostrando una muy deficiente capacidad de comprensión.

Verán que digo «por llamar» y no por usar la palabra «mariconazo» (que es lo que narra la noticia). Lo digo porque aún intento distinguir grados dentro la chaladura contemporánea. Solo faltaría que se pudieran abrir diligencias por usar esa palabra. De ser así, yo habría presuntamente cometido ya tres veces el delito. Y el DRAE.

En todo caso, al leer la noticia me imaginaba la posibilidad de que el asunto le correspondiese al mismo fiscal que va a investigar si el humorista que movía al muñeco Adolfito había amenazado de muerte al presidente del Gobierno. Me lo imaginaba echando la vista atrás, recordando sus años de estudio y su dura oposición, y preguntándose cuándo su digna profesión había empezado a ocuparse de los delitos cometidos en mundos imaginarios.

Claro, esto también es imaginación mía.

Tres meses son como seis meses y e=mc2 es una ecuación sexista

 

No voy a comentar la sentencia del Tribunal Supremo de ayer, porque ya lo he hecho en una tribuna que publicará El Mundo.

Solo quiero comentar algo que he visto estos días pasados, ahora que se ha recrudecido la cuestión de la regulación penal de este tipo de delitos. He visto a muchas personas y a algunos juristas negar insistentemente que existe asimetría penal entre hombres y mujeres.

Lo han dicho a pesar de, por ejemplo, esto:

Artículo 153.

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 [su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados], exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

Es decir, si cierto delito lo comete un hombre y la víctima es una mujer la pena mínima es de seis meses. Si lo comete una mujer y la víctima es un hombre es de tres meses.

Es el mismo delito. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque la propia norma dice «del delito previsto en el apartado anterior».

No pasa nada. Algunos seguirán negándolo.

 

Extremistas

 

Varias personas, a raíz de este artículo (lo llamo así en el propio texto porque no lo escribí para que fuera una entrada de un blog) me dijeron que quizás tuviera razón en alguna de las cuestiones que exponía, pero que el momento era equivocado, ahora que se ha convertido la cuestión de la legislación sobre violencia doméstica en materia de discusión política por la irrupción de Vox tras las elecciones andaluzas. Que abonar esta discusión equivale a dar argumentos a la extrema derecha. También alguien me comentó que el momento era inadecuado porque el día en que planteaba publicarlo había sido asesinada una mujer en un episodio aparentemente de violencia doméstica.

Siempre he sido muy tozudo con mis ideas. Sobre todo con las más queridas. Las defiendo aunque el momento pueda parecer inadecuado, porque casi siempre el mejor momento para defenderlas es cuando parece más inadecuado (no hay mejor manera de defender, por ejemplo, la presunción de inocencia que cuando protege al aparentemente más indigno y dañino de los hombres). Por otra parte, llevo más de una década diciendo cosas parecidas. La única diferencia es que antes sobre esto escribíamos tres.

Pero hay otra razón que ya expuse en ese articulo, sobre la que quiero volver, y que es de oportunidad. Si la gente razonable y moderada no se apropia del debate, dejando de lado posiciones ideológicas y descripciones definitivas y admite la discusión abierta y leal, con datos y sin apriorismos, vamos a ir de cráneo. Dentro del concepto «gente razonable» hay que incluir a personas que afirman cosas que no nos gustan o nos convencen, siempre que se atisbe en ellas predisposición para la discusión racional y para cambiar de opinión.

Por ejemplo, una persona irrazonable es nuestra vicepresidenta:

Irrazonable es afirmar esto:

«La violencia familiar existe, la violencia doméstica existe, la violencia machista es otra cosa. En el caso de los feminicidios determinados por el azar, es puro terrorismo ciego. En el caso de los asesinos que consideran que sus esposas son objetos de su propiedad, es la manifestación terrorista de una tradición criminal, que ha esclavizado, maltratado y excluido durante siglos a la mitad de la población a favor de la otra mitad. Aunque las cifras sean abrumadoras, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Tratar todas las violencias de la misma manera es posicionarse a favor de la violencia machista, quitarle importancia, avalar las razones de los asesinos de mujeres.»

El problema es, de nuevo, de asimetría. Se ha impuesto, dentro de la «oficialidá», el discurso del que acabo de exponer dos muestras, que se ha terminado haciendo hegemónico. No solo se ha convertido en verdad oficial, sino que se ha despreciado a quienes lo discutían, introduciendo el más pequeño matiz, convirtiéndolos en cómplices de los criminales. Yo soy, para el discurso oficial, una persona que se posiciona a favor de la violencia machista, que le quita importancia y que avala las razones de los asesinos de mujeres. De los potenciales asesinos de mis dos hijas.

Esto no solo es insultante, sino que es francamente estúpido.

No creo que Carmen Calvo o Almudena Grandes sean recuperables para la discusión racional. Pero imagino que muchas personas que crean que estoy totalmente equivocado en este asunto sean capaces de plantearse si no es mejor discutir con personas como yo, admitiendo al menos el debate y la posibilidad del paso atrás, antes de que esto se convierta en una guerra entre los «amigos de los asesinos de mujeres» y «los amigos de las feminazis», y tengamos que echarnos a llorar por la victoria de unos u otros.

 

Que no, que no es porque seamos más fuertes

He leído varios artículos en los que, para justificar el tratamiento penal desigual entre hombres y mujeres en materia de violencia doméstica, se alude a la diferencia entre el físico de hombres y mujeres. Por ejemplo, lo dice ayer mi querido Jorge Bustos:

«Lo adulto sería reconocer, con el derecho clásico y el TC, que tratar como iguales a los que son diferentes comporta una injusticia. Que la desigualdad física entre varones y hembras aconseja un reequilibrio legal tan antiguo como la civilización. »

Es un error.

En primer lugar, porque la desigualdad física, si desemboca en consecuencias diferentes, será penada de forma diferente, ya que la pena depende de su gravedad. Es decir, si los hombres agreden «más fuerte» y hacen más daño, serán castigados con más dureza, pero por ese dato objetivo, no porque sean hombres. Para que se entienda bien: el artículo 147.1 del Código Penal, por ejemplo, castiga ciertas lesiones (las que requieren para su curación más de una asistencia facultativa). La ley, para castigar, concede al juez bastante margen discrecional (la pena de prisión prevista va de tres meses a tres años), para lo que el juez ha de considerar las circunstancias concretas del caso. El propio Código contiene una serie de circunstancias que permiten que la pena sea aún más grave (de dos años a cinco años de prisión). Por ejemplo, el tipo de objetos utilizados (que sean especialmente peligrosos, como un cuchillo), el ensañamiento, la alevosía, que la víctima sea menor de doce años o con discapacidad, o que sea especialmente vulnerable y conviva con el autor. Todas ellas (que han de atender al resultado producido o al riesgo concurrente) son muy lógicas, ya que el desvalor de la conducta aumenta y supongo que no es preciso explicar por qué en cada caso. Pero es que hay una más: que la víctima sea la esposa o la pareja del autor. Si la víctima es el marido o pareja de la autora, no concurre ese posible agravamiento. Como pueden observar, el agravamiento no es consecuencia de que el hecho sea más grave, de que haya existido más violencia, de que la víctima sea más vulnerable (¡ya existía ese supuesto!), de que concurra alevosía o ensañamiento, o de que se utilizase un medio más peligroso, con el riesgo que esto supone para la salud y la vida. No, la conducta se considera más grave porque el autor es el marido o la pareja de la víctima aunque sea idéntica a otra en la que es la mujer la agresora. Y esta agravación no se produce si la víctima no es mujer o pareja del autor hombre, por lo que es obvio que no depende de la desigualdad física.

Pero tampoco hay que elucubrar. Veamos que dijo el Tribunal Constitucional en una de las sentencias que dictó sobre este tema:

«(…) no resulta reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; de otro, para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto que hace más perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo menospreciado. No resulta irrazonable entender, en suma, que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la libertad de ésta; se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y se ve peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece (…)»

¿Ven ustedes en lo anterior alguna referencia a la desigualdad física? No, no hay ninguna referencia.

En realidad, la cuestión es más simple. El legislador (con el aval del Tribunal Constitucional) dice que cualquier agresión de un hombre a su pareja (o expareja) femenina es peor porque todas las agresiones de hombres a mujeres en tal circunstancia son resultado de una pauta cultural universal. Si esto se hubiera incluido como agravante (es decir, que hubiera de ser alegado y probado) podría admitirse. Y podría considerarse que una agresión de este tipo fuese castigada más gravemente, en la medida en que incluye una mayor lesividad, un mayor efecto intimidatorio y un atentado superior a la dignidad de la víctima. Pero no se incluyó como agravante: se presumió en todo caso. Tan aberrante es esto, que el propio tribunal tuvo que admitir que ese desvalor no existiría si se probase que la agresión no se inserta en esa pauta cultural.

Es decir, el autor ha de probar que no concurre algo que agrava su conducta.

Justo lo contrario de lo que habíamos dicho siempre que era civilizado: que el Estado probase que concurría algo que agravaba la pena para poder castigar más duramente.

Claro está: esa prueba es más fácil si él es magistrado y ella notario.

 

Un error histórico

 

El 22 de diciembre de 2004 se produjo la última votación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En esa ocasión se hallaban presentes 325 de 350 diputados. El resultado de la votación fue unánime. Todos los diputados presentes, todos los grupos, todos los partidos de la cámara dijeron que sí, que esa ley era correcta y necesaria. Todos se auparon en una sincera ola de indignación moral por la estadística anual de asesinatos de mujeres a manos de hombres. No de cualesquier hombres, sino de los que habían sido o eran sus maridos o sus parejas.

Sin embargo, con parte de esa ley se cometió un error histórico que hay que corregir.

Aunque los que estudian esta materia llevan décadas discutiendo sin ponerse de acuerdo, cada vez parece más difícil sostener, con datos, que exista una causa concreta, identificable, de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. De hecho, esta forma concreta de violencia —y otras, de mujeres contra hombres o contra otras mujeres, de hombres entre sí, de personas unidas por vínculos familiares, pero no sentimentales o sexuales, etc.—  son fenómenos complejos, en los que confluyen, se compensan y se acumulan muchos factores, y una aproximación inteligente nos exige una descripción detallada de sus elementos, de sus detonantes y un diagnóstico sobre sus causas últimas, antes de siquiera plantearnos si existe una solución y, de existir, de empezar a calcular sus costes. La expresión «tolerancia cero» es admisible como desiderátum, pero para saber si su corolario, «ni una más», es posible como objetivo, en un sentido práctico, debemos conocer cuánto nos va a costar, en términos económicos y humanos, qué debemos pagar a cambio. Esto solo parece frío si tenemos una visión inocente de la existencia. Es lo mismo que consideramos cuando nos preguntamos por medidas para alejar la muerte natural o accidental, para eliminar el crimen en general, acabar con la enfermedad, la ignorancia, la deficiente alimentación, la desigualdad, o para limar las aristas que surgen con la vejez, por enumerar  algunos males a los que querríamos poner remedio.

En todo caso, el error histórico que da título a este artículo no es el de definir este mal concreto que nos ocupa como una consecuencia de estructuras heteropatriarcales de origen social, cultural, que podrían removerse con una decidida acción del Estado. Yo creo que esta explicación es simplista, seguramente equivocada —en lo que se refiere a su exclusivo o predominante origen cultural, y en lo relativo a su acierto como descripción actual en los países más avanzados socialmente—, pero esto tampoco importaría tanto si no se hubiese convertido en un dogma y si las posiciones no hubiesen alcanzado el grado actual de crispación y animosidad. Es decir, si se admitiese la discusión leal y racional de sus postulados y de las consecuencias de las políticas implantadas. Sin embargo, esa explicación se ha vuelto dogmática precisamente porque elude la puesta en cuestión de sus paradigmas, que se han vuelto intocables, sin importar hechos, métodos o mediciones. Solo hay una explicación válida y el que la matiza o la discute, siquiera parcialmente, es un neomachista. Es decir, el discurso ha desembocado en magia o religión: no solo contiene una explicación de por qué existe la violencia contra las mujeres —o las diferencias salariales o las disparidades sociales—, sino que incluye un sistema de seguridad, que desactiva cualquier discusión crítica por el simple procedimiento de etiquetar al discrepante como un ejemplo más del mal que hay que eliminar.

La historia, sin embargo, demuestra que las deficientes descripciones de la realidad no suelen durar, y que cuanto más rígidos son sus postulados y más se utiliza la coacción para sostenerlas, más fácil es que se produzca finalmente un rechazo total, incluso en aquello que pudieran tener de valiosas o acertadas. Lo exacerbado y dogmático es veleidoso, y la memoria de sus defensores frágil. Lo que en un momento fue mayoritario por moda, puede dejar de serlo por la misma razón. En mi opinión, este fenómeno pendular se empieza a manifestar con fuerza. Sin embargo, aún estamos a tiempo de aminorar las consecuencias de un cambio poco meditado. Para lograrlo debemos dar una serie de pasos.

En primer lugar, hay que modificar las normas penales que han desigualado a hombres y mujeres, castigando conductas iguales con penas diferentes. Las desafortunadas y erróneas decisiones —a mi juicio— que adoptó el Tribunal Constitucional sobre estos preceptos se refieren a su constitucionalidad, no a su oportunidad. Yo sostengo que no son constitucionales y que el tribunal se equivocó, sobre todo porque la justificación de la desigualdad es —pese al encubrimiento que se contiene en la jurisprudencia constitucional— un ejemplo manifiesto del derecho penal de autor, al atribuir a un grupo de personas, los hombres, un reproche añadido cuando perpetran delitos exteriormente idénticos a los de otros ciudadanos, que son castigados más levemente por ser mujeres. Estoy simplificando, ya sé que hay diversas posibilidades en cuanto a actores y víctimas y no quiero detenerme demasiado en esto, que daría para un artículo aún más largo que este. No quiero detenerme porque, en todo caso, y al margen de su constitucionalidad, la solución adoptada fue un disparate. El derecho penal es una forma de agresión autorizada contra los derechos y libertades. Se admite porque nos protege a todos de las conductas que más nos repugnan y dañan, pero, por esa misma razón, es un instrumento inadecuado para las políticas activas. La propia política criminal debe caracterizarse siempre por la prudencia y la humildad. Las prisiones, las multas, las prohibiciones graves son respuestas defensivas, que deben promover el bien de forma refleja, porque suponen siempre la existencia de alguien que sufre consecuencias personales y reputacionales. Toleramos esta agresión autorizada si no la percibimos como algo arbitrario: la pena ha de ser como la muerte, alcanzar al rico o al pobre, al rey y al plebeyo. No hay nada más disolvente para su eficacia que la sensación de arbitrariedad, de que la misma conducta no recibe la misma respuesta.

Además, al introducir la desigualdad en el ámbito penal disfrazada de artificio sobre el desvalor de esquemas colectivos milenarios que se decía reproducían los autores de los delitos, se abrió una brecha muy peligrosa. Si los crímenes siguen produciéndose, pero no se puede discutir la explicación última ni el remedio, la única solución para la disminución de las cifras es la huida hacia delante. Hemos visto como se han efectuado propuestas aberrantes que pretenden relajar la presunción de inocencia, incluso invirtiendo la carga de la prueba. De ahí la insistencia en convertir a todas las denunciantes en miembros de un colectivo uniforme. Todas dicen la verdad, todas somos hermanas, no hay intereses personales, sino una especie de nación de víctimas. Cada vez que se agrede a una se agrede a todas. Esta negación de la realidad —tan obvia y adulta como que cada mujer es un ciudadano único con sus propios intereses— basada en una descripción grupal que encierra una desigualdad asimétrica (las mujeres son víctimas en potencia y los hombres criminales en potencia, por lo que a ellas les une un factor valioso moralmente y a nosotros nos une un factor moralmente despreciable) también tiene los pies de barro. Tras las movilizaciones, los linchamientos y los cambios legislativos, muchas mujeres terminarán votando a partidos que quieren derogar «todo esto», porque, sorpréndanse, tienen padres, hermanos, maridos, parejas varones, hijos y, además, saben por su experiencia cotidiana que hay mujeres que hacen daño, que denuncian en falso, y que intentan beneficiarse cuando se las coloca en una situación de poder. Sí, eso que se supone sabemos todos, pero que negamos cuando el discurso identitario nos carcome el cerebro o nos convierte en activistas. Exactamente el mismo discurso del que cree que todo español blanco es su aliado frente al africano negro o magrebí, a pesar de que la experiencia le debiera haber enseñado que esa generalización es, no solo ofensiva, sino estúpida. Esto explica además esa insistencia en el argumento de la cifra oficial de denuncias falsas en materia de violencia doméstica, que nadie con dos dedos de frente cree que refleje la realidad.

Esta misma dinámica es la que explica la creencia en que los jueces son un obstáculo por su falta de fe. La perspectiva de género como materia obligatoria para los jueces atenta también contra otra institución civilizada. Escogemos a expertos en derecho, a los que dotamos de dignidad e independencia, para que apliquen la ley, con la asistencia de otros operadores jurídicos y de expertos en otras materias. No tengo mayor problema en que alguien intente introducir en el debate concreto en un juzgado la perspectiva de género como explicación de lo sucedido, por medio de un experto en esa materia. Pero, en tal caso, yo, como abogado, también podré proponer a un perito que discuta sus postulados y que intente, en resumidas cuentas, convencer al juez de que son débiles o contrarios a la experiencia y los datos, en particular, en el caso concreto. Esto sucede constantemente. Sin embargo, esto, que es razonable, se ha sustituido por la imposición de un discurso único que ha de aplicar el juez directa y necesariamente y que además es tendencial: al igual que este artículo es machista desde esa misma perspectiva, se nos dice que decisiones polémicas —para los que promueven esta «solución»— dejarán de producirse si los jueces piensan correctamente.

Sabemos que los jueces pueden equivocarse, ser unos inútiles, ser vagos o descuidados, ser unos corruptos. Por eso el sistema introduce controles, que también generan error. De nuevo, eliminar esas disfunciones por completo es enormemente difícil considerando los recursos disponibles, e intentamos adoptar soluciones inteligentes y moderadas para minimizarlos. Algunas medidas introducidas (tratamiento especializado, protocolos concretos) pretenden automatizar la respuesta del Estado, limitando la discrecionalidad de policía, fiscales y jueces, y esto puede ser bueno y adecuado, siempre que quepa la discusión sobre su eficacia y su coste (no solo el económico). Lo que, en mi opinión, es inadmisible es que se afecte al núcleo de lo que entendemos por sociedad civilizada: igualdad ante la ley y presunción de inocencia.

Reformar la ley penal para reintroducir la igualdad enviaría un mensaje de moderación y racionalidad. Como suprimir la agravante de género y mantener la referida al sexo u orientación sexual —aunque no soy partidario de este tipo de agravantes, comprendo las razones de los que las defienden y no me parecen aberrantes—. Porque actuar por razones de sexo, orientación sexual o raza permite en abstracto incluir a aquel que agrede a un hombre o a un blanco o a un heterosexual por serlo. La ventaja de la norma abstracta igualitaria es que admite el caso inusual. La inmensa mayoría de condenas por delitos en el ámbito familiar o doméstico se continuarán produciendo en supuestos en los que el hombre agrede a una mujer. La inmensa mayoría de condenados serán hombres. Y si se alega y se demuestra que la agresión se produjo en consideración específica al sexo de la víctima —por ejemplo, por considerar que le pertenece por ser mujer— es admisible que la pena se agrave, pero sin partir de un desvalor abstracto y general que ha de afectarnos a todos los hombres —y solo a nosotros— como herederos de una especie de pecado original que se transmite de padres a hijos.

Hablaba de lo que creo que hay que hacer. Hay algo más. El discurso dogmático y casi unánime que llevó a la aprobación de esa ley en 2004 recuerda en gran medida al discurso puritano que llevó a la prohibición de las drogas —de algunas, claro—. En ellos late la idea de la pendiente resbaladiza. El consumo de marihuana lleva a una espiral de drogadicción que se inicia con el joven fumando un canuto y termina con él, pocos años más tarde, caído en las redes de la cocaína o la heroína, y el crimen. La tolerancia cero se relaciona también con esto. Si no se produce ni una mala voz, ni un insulto, ni una amenaza leve, ni una agresión, por pequeña que sea, evitaremos los asesinatos. El asesinato es, se razona, el producto inevitable alimentado por el humus del machismo cotidiano. Como leíamos hace poco, extrapolando esta manera de razonar, el violador y asesino no lo es, se le ha educado así. A él y a todos. Estamos en presencia del viejo discurso ultramoralista que cree que la juventud se corrompe si escucha cierta música, si se deja llevar por conductas promiscuas, si lee cierta literatura, si ve cine violento o si juega a matar con un ordenador. Sin embargo, esto es y ha sido siempre falso, y estos discursos moralistas contienen una pulsión liberticida y homogeneizadora: como me molesta el melenudo, el gordo, el grosero, el diferente, lo convierto en vector del mal, para asustarnos con el depredador que viene.

Este discurso moralizante también es estúpido aplicado a la violencia familiar. La familia —incluyo aquí la familia potencial— genera una malla de relaciones personales y patrimoniales complicadísima, repleta de beneficios, pero también de intereses contrapuestos y cargas. Esa malla de intereses, en los supuestos de crisis, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las conductas inmorales y antisociales. De hecho, en mi opinión, y al margen de que la gente, en esos casos, carezca de imaginación a la hora de hacer lo que no debe —también a la hora de agredirse y de hacerse la vida imposible—, reproduciendo una y otra vez la misma porquería, resulta inteligente deshacer esa malla con gran velocidad, reduciéndola al mínimo inevitable.

Es decir, el Estado debería invertir recursos en acelerar y facilitar respuestas en casos de crisis familiar para eliminar ese fango tan peligroso, en vez de aplicar una ley seca. Para empezar, deberíamos incentivar el uso de remedios, incluso preventivos, como la terapia familiar, que eviten que esas crisis vayan a más, cuando sea posible. Deberíamos favorecer la separación de bienes, estableciéndola con carácter supletorio, como ya sucede en algunas zonas de España. En todo proceso de ruptura familiar, se debería facilitar el reparto de los patrimonios existentes (incluida la vivienda familiar), evitando las limitaciones que impiden que puedan hacerse efectivos y fácilmente disponibles (como los derechos de uso o la eliminación de garantías reales). Se debería, en todo proceso en el que, por haber hijos, se establezcan regímenes sobre custodia, visitas y pago de alimentos, nombrar a un mediador profesional —pagado por los afectados, si lo utilizan, o por el Estado en caso de justicia gratuita— al que puedan acudir los padres para plantear conflictos cotidianos. Una persona con autoridad para sugerir soluciones, que no pudieran eludirse sin un coste procesal, evitando la intervención judicial salvo en casos extremos (y siempre con el informe del mediador). Se debería castigar intensamente la utilización espuria de los hijos en los procesos de ruptura familiar, igual que se ha vuelto imprescindible la valoración, a la hora de atribuir la custodia, de conductas que se producen en presencia de los hijos y que con seguridad les afectan negativamente, como agresiones, amenazas y vejaciones. También debería tener consecuencias, no solo penales, la instrumentalización de los procesos penales y de los protocolos en esta materia para obtener beneficios en procesos matrimoniales. Aunque solo sea para evitar la sensación de impunidad.

Y, por supuesto, deberíamos facilitar la recolección de datos, su sistematización y su estudio a largo plazo. Todo diagnóstico y toda respuesta debería considerarse provisional, a resultas del análisis de sus consecuencias. Sin estigmatizar al discrepante. Al fin y al cabo, se supone que, pese a todo el ruido, todos estamos de acuerdo en que la violencia familiar es una lacra y en que debemos hacer lo razonable para que cada vez resulte menos frecuente.

Verán que no he hablado de la eliminación de toda la legislación en la materia. Ni de la supresión de ayudas o recursos. Tampoco creo que sea preciso renunciar a los protocolos actuales, aunque deberían ser sometidos a escrutinio y afinados. No comulgo con que exista una dictadura de género o que aquellos que reivindiquen este discurso sean nazis encubiertos, aunque muchos me incluirán en la bolsa de los que sí lo creen solo por escribir esto. Creo que se han cometido excesos, que, de buena fe, hemos abierto puertas que hemos de cerrar y que hay que parar, echar marcha atrás en algunos aspectos, pensar un poco más en qué debemos hacer y rebajar el tono de la discusión. Es seguramente la mejor manera de evitar que se imponga un discurso dogmático especular que termine blanqueando a los culpables y victimizando a las víctimas. Hemos mejorado. Muchas conductas socialmente toleradas antes, hoy son repudiadas. Construyamos sobre aquello en lo que estamos de acuerdo.

Contraindicaciones

 

Ayer —alabado sea el Señor— no leí prensa ni anduve por los mundos de internet, salvo para colgar un par de fotografías de un fantástico lugar que estuve visitando en muy buena compañía. Otro día, si eso, contaré algo más.

El caso es que un amigo me indicó que echase un vistazo al editorial de El País. Ya sabemos que se está ejecutando una estrategia de blanqueamiento del golpe de Estado secesionista. Es obvio en el PSOE y en el Gobierno. No lo es en Podemos, porque los de Podemos nunca han estado en el lado de la ley en este asunto. Podemos no engaña a nadie. Este editorial es, evidentemente, un engranaje más en la máquina de fijar un relato que tiene una doble finalidad: presionar a los fiscales y a los jueces, y, en su caso, legitimar un indulto.

Por eso es tan indecente todo.

«La prisión preventiva constituía un expediente judicial muy frecuente durante el franquismo.»

El comienzo es magistral. Franco aparece en la primera frase. Franco, voy a recordarlo, murió hace 43 años. La Constitución ha cumplido 40 años. ¿Tiene de verdad algún sentido mencionar el franquismo al hablar de prisión preventiva hoy y, en particular, cuando el asunto del editorial no es la prisión preventiva, sino la prisión preventiva de unos pocos? ¿Cuántos editoriales de El País en los últimos, no sé, veinticinco años, han tratado el asunto de la prisión preventiva en general en España?

He preguntado si tiene algún sentido mencionar a Franco. Naturalmente que lo tiene: desde la primera línea se crea la relación entre la prisión de Junqueras y cía y el franquismo. Ya saben, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Para que el lector vayas situándose en el lugar correcto.

«Su empleo ha descendido progresivamente desde la Transición y hoy apenas un 14% de la población reclusa española permanece entre rejas antes de que se dicte sentencia, aunque en los dos últimos años se ha producido un pequeño repunte. La tasa está por debajo de la media europea, en torno al 25%, lo que muestra el progreso liberal de nuestra judicatura.»

El País, en este párrafo, nos ofrece su tradicional cara moderada. Reparte primero caramelos, que ya llegará el barro.

«La mayor parte de los presos preventivos se circunscribe a protagonistas de presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, miembros de organizaciones criminales y autores de robos con violencia.»

Qué cosas. La mayoría de los presos preventivos lo están por su presunta intervención en los delitos más graves habituales. Claro, no suelen ser presuntos asesinos o presuntos agresores sexuales, porque, por suerte, estos delitos son bastante raros en España. Imaginen el porcentaje de presos por delitos de rebelión o de genocidio. Sí, pocos. El dato, ya ven, o es superfluamente idiota o tiene otra finalidad. Sí, exacto, tiene otra finalidad. Ya vamos viendo que lo de la prisión preventiva es franquista y propio de narcos. Aunque, no sé si el autor del editorial habrá caído en que los presos golpistas formaban (forman, en realidad) parte de una gran organización criminal.

«Una singular anomalía suele acontecer con los enjuiciados en asuntos de especial trascendencia mediática: los jueces tienden a dictar para ellos mayor número de autos de prisión provisional, quizá por un exceso de prudencia, por el prurito de no ser criticados por exceso de benignidad o por la permanencia psicológica del antiguo requisito de la alarma social —que ya no está vigente— para imponer este tipo de medida.»

Este párrafo, que es bueno para el convento, me llama la atención. Yo tendería a pensar que puede ser así. Pero lo reconozco como un prejuicio. ¿Tiene El País datos para afirmarlo? ¿Hay algún estudio, por primario que sea, que demuestre que los investigados en asuntos de esos que salen en la prensa van más a prisión por esas posibles razones que enumeran? Porque se da el caso de que los asuntos más mediáticos —cuando no afectan a famosos— suelen ser criminalmente más graves. Personalmente, solo he visto supuestos claros de dureza judicial en la concesión de beneficios tras la condena (normalmente la suspensión).

«La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar que los encausados estarán en todo momento a disposición judicial, especialmente en el momento de la vista oral.»

No. Ese es uno de sus fines. Hay más.

«No es en modo alguno una pena anticipada. No lo es incluso aunque deba relacionarse como medida de proporción con la pena asociada al tipo delictivo del que está acusado el delincuente: a mayores penas previsibles, más lógica tiene dicha cautelar, pero siempre y cuando se cumpla alguno de los requisitos previstos en la ley.»

Efectivamente. Lo curioso es que El País no explique aquí la situación práctica, ya que comienza su editorial hablando de la prisión preventiva en España. Por ejemplo, ¿conoce El País alguien investigado por delitos que pueden llevar aparejadas penas de hasta 25 años de prisión que esté en la calle esperando el juicio? Porque la realidad es que los investigados por delitos que lleven aparejadas penas de ese calibre nunca esperan el juicio en la calle: su influencia sobre el riesgo de fuga es tan intensa que los jueces siempre la acuerdan. Eso sin contar el riesgo que supone que personas que han cometido gravísimos delitos reiteren su conducta, bien sobre la víctima, bien sobre otros.

Esta sucinta doctrina general es también aplicable al caso más estentóreo de presos preventivos de hoy, el de los independentistas catalanes que permanecen encarcelados, en algunos casos desde hace ya más de un año. Resulta falaz la acusación de parcialidad que algunos de sus seguidores lanzan sobre el juez instructor y el Tribunal Supremo, por más que sus resoluciones sean susceptibles de examen crítico. Ni es extemporánea una prisión preventiva argumentada jurídicamente ni la judicatura española persigue al movimiento independentista in toto ni los dirigentes de ese sector son los únicos sometidos a medidas similares (el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados estuvo dos años y medio en idéntica situación).

De nuevo, el viejo mecanismo que tan bien conocemos. Primero la palmada en la espalda y el caponcito para los otros —que tampoco son los míos—, para que se perciba que El País habla desde la razón y la moderación. La pregunta, sin embargo, es: ¿a qué cojones viene pedir que se libere a alguien —que esa lo que viene tanta palabrería, ya que lo único que importa es la última frase del texto— si los jueces españoles no persiguen a nadie ni son parciales? Sobre todo, ¿frente a los escritos y recursos de las partes, y a las resoluciones judiciales, qué entidad, que sustancia, tiene un editorial como este, como para que podamos pensar que es un simple ejercicio de examen crítico? Las resoluciones ya explican utilizando muchas más palabras que El País por qué sí consideran que hay riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Naturalmente, el párrafo es un beso de Judas. Porque lo que importa es lo que viene después.

«Todo ello no significa que las medidas cautelares, por esencia efímeras, no puedan o deban ser reexaminadas atendiendo a razones jurídico-judiciales en virtud de las distintas situaciones individuales.»

Bueno, el adjetivo «efímero» para una situación que puede durar hasta cuatro años parece un tanto cachonda. En todo caso, ya que El País dedica medio editorial a explicar una institución jurídica, debería no ponerse estupendo afirmando lo que no solo saben los jueces, sino que han razonado que hacen. Los jueces siempre nos dicen que examinan y reexaminan las situaciones personales. ¿Afirma El País que en este caso no es así? No, claro. Hace lo de siempre: no lo dice, solo lo insinúa.

«De los tres requisitos necesarios para legitimar una prisión preventiva, hay dos que parece que ya no concurren: el riesgo de destrucción de pruebas (obsoleto con el paso del tiempo) y el de reincidencia en el delito (al no ocupar los justiciables sus anteriores responsabilidades).»

Esto es gracioso. En mi opinión —que se va reafirmando cada día que pasa— el riesgo, no de reincidencia (ya que no hay condena), sino de reiteración, no solo concurre, sino que lo hace de una manera intensísima. Se juzga a determinadas personas porque fueron los líderes del golpe de Estado, pero contaban y cuentan con el soporte y apoyo de cientos de miles de personas (y los resortes, de nuevo, de una administración del Estado). Entre esas personas se encuentran los que hoy gobiernan en Cataluña. Esos que han llevado al presidente Sánchez a la Moncloa, y esos que necesita para seguir gobernando. Esas personas no han renunciado a obtener sus objetivos políticos por medios ilegales: consideran legítimo y democrático el golpe de Estado y lo valoran como un momento fundacional de la república catalana. Esto es notorio. De hecho, consideran a uno de los procesados presidente de esa república. Si esta es su conducta con parte de los investigados en prisión y con otra parte fugada de España, de tal forma que no pueden regresar sin ingresar inmediatamente en prisión ¿qué pasaría si se les pusiese en libertad?

Sin embargo, para El País no hay riesgo porque no ocupan ningún cargo (a pesar, por cierto, de que sean diputados y puedan ocuparlos en cuanto salgan de prisión). Como si, además, no fuese lo propio de las organizaciones criminales en las que hay reparto de papeles el que exista una estrategia secreta y una organización paralela y también a menudo desconocida o difícil de probar.

Y, de hecho, El País olvida que para los secesionistas el referéndum ya es y la república ya tuvo lugar. Si se dieran las circunstancias, ¿la ausencia de un nombramiento formal conforme a la «legalidad española» impediría que Puigdemont y Junqueras salieran a un balcón y volviesen a proclamar la república ante miles de personas firmando cualquier papel de esos que acostumbran a perpetrar y que los secesionistas dijesen que todo esto es válido? ¿Tan difícil es entender esto?

Tan solo podría contemplarse el peligro de fuga en caso de que los procesados fuesen liberados. No es un riesgo teóricamente menor para asegurar el buen fin del proceso. Pero es mayor en función de la apariencia: en cuanto que la huida de algunos dirigentes afianza la percepción de que el resto podría seguir su camino.

Aquí El País menciona la apariencia, pero olvida intencionadamente un dato: esa estancia de los procesados que se encuentran en el extranjero no se ha organizado individualmente y utilizando medios particulares de los fugados. Se produjo gracias al apoyo precisamente del aparato secesionista. Es la existencia de ese aparato secesionista el que hace absolutamente probable una fuga al extranjero.

«Pero apariencia y realidad no siempre caminan juntas.»

LOL

«Varios de los hoy encarcelados fueron en su momento puestos en libertad. Descartaron drásticamente utilizar esa ventaja para convertirse en prófugos. Y acudieron a declarar cuantas veces fueron llamados a ello, aun a sabiendas de la probabilidad de ser sometidos a procesamiento por delitos muy graves, y gravemente penados.»

Vean el argumento: no se puede decir que todos huirían porque hayan huido otros, pero cuando hay que valorar si los que están en prisión huirían hay que considerar que otros no han huido. El argumento vale cuando apoya mi tesis; cuando no la apoya, no vale.

Lo gracioso es que se olvide precisamente que las resoluciones analizan —acertada o equivocadamente— la situación personal de cada investigado y su papel en la trama criminal, y que los investigados, como todo hijo de vecino, hacen juicios de probabilidad.

Es un insulto a la inteligencia sostener que no existe riesgo de fuga de los investigados en prisión, más aún ahora que se acerca el juicio. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de algunos de sus compañeros, que viven confortablemente en países europeos y que, además, saben que la justicia española no les alcanzará salvo que vuelvan a España. Y que el único argumento sea que el tribunal haya acordado la libertad para algunos de los encausados —los que ocuparon puestos de menor relevancia en la trama criminal tal y como se describe provisionalmente en el auto de procesamiento— y estos no se hayan fugado.

«Por ello, teniendo en cuenta que cada una de las conductas y situaciones individuales no son idénticas, que ha transcurrido ya largo tiempo de prisión preventiva y que falta poco tiempo para la apertura del juicio oral, no resultaría contraindicado que el alto tribunal reexaminase la oportunidad de revisar las resoluciones de prisión preventiva.»

Este final es fantástico. Ese «por ello» que, como vemos, no nos remite más que a la nada argumental. ¿En qué consiste el «ello»? ¿Es un «ello» de Junqueras, de Forn, de Sánchez? ¿La cercanía del juicio es un argumento a favor? ¿Lo es la duración cuando llevan un año, una prisión en absoluto de duración inusual en casos de delitos con penas similares? Y también es maravillosa la elección de las palabras: por ejemplo, contraindicado. Parece como si estuviesen recetando un medicamento a los jueces. La prisión preventiva sí es un medicamento; la libertad, no. La libertad es el estado natural y legal. Que los jueces agredan a un bien tan precioso solo debe ocurrir precisamente cuando está indicado para evitar males mayores.

Lo que pasa es que el «ello» sí es de Sánchez, pero de Pedro Sánchez. Y la prisión está contraindicada para que siga en el cargo.