La génesis del actual delito de rebelión

 

Estos días se ha hablado mucho sobre el delito rebelión y la violencia, y sobre qué es violencia o no. En varios artículos he sostenido que (por lo que sabemos hasta ahora) esa violencia (para mí un plus, ya que de no entenderse así su inclusión específica carecería de sentido) no concurre (en un sentido penalmente relevante). A menudo se ve a personas muy preparadas y muy inteligentes discutiendo conceptos jurídicos como si la subsunción de la realidad en una norma solo hubiera de satisfacer criterios gramaticales. Algunos, los más violentos (permítanme la broma), te lanzan definiciones del diccionario como si uno fuera idiota y no se le hubiera ocurrido comprobar qué significa cierta palabra. Pero lo gramatical, que es importante, no es lo único importante cuando hablamos de derecho. Y a veces un término jurídico no equivale a ese mismo término en su acepción más extendida, y las diferencias son importantes. De hecho, ¡los juristas vivimos de buscar diferencias!

El caso es que, entre los criterios que se pueden utilizar a la hora de interpretar una norma, uno que aprecio especialmente es el de la búsqueda no de lo que dijeron, sino de lo que querían decir los señores que parieron esa norma. No voy a entrar en detalles técnicos, ya que este criterio también tiene límites de aplicación y la norma en gran medida, una vez parida, es como un ser vivo, que adquiere independencia, sobre todo cada vez que es manoseada por los que se dedican a aplicarla e interpretarla. Pero, en este caso, y considerando lo poco que se ha discutido qué es o no rebelión, tras la promulgación del Código Penal “de la democracia”, en 1995 (por suerte), creo que es interesante remontarnos a las discusiones sobre esta figura durante su proceso de aprobación.

Lo primero que hay que decir es que este artículo, en su redacción actual, no es igual al artículo que aparecía en el proyecto original: en el proyecto original la rebelión solo exigía que existiese un alzamiento público. Este era el texto original:

Las enmiendas presentadas son interesantes. Al PNV le preocupaba la posibilidad de que se admitiese la apología o conspiración del 451 5º simplemente por pretenderse la “independencia” de una parte del territorio nacional.  La diputada Rahola, en nombre de ERC, pretendía que en ese mismo párrafo 5º se incluyese, tras “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, el inciso “salvo el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos conforme al Derecho Internacional“, aduciendo que ese derecho formaba parte del ordenamiento interno (disparate notorio, por otro lado, ya que España carece de colonias). CiU pretendió incluir a “alzaren públicamente” el término “en armas” y que también fuera rebelión alzarse para derogar un Estatuto de Autonomía.

El texto, en el Congreso, no sufrió modificación alguna. Es interesante, sin embargo, comprobar, qué se entendía por los diputados que defendían ese texto original por “alzarse públicamente” y por qué no comprendían los recelos, en particular, de los representantes del PNV. Lean algunas intervenciones que entresaco (es largo, pero muy jugoso):

Es bastante obvio, que los diputados incluían en el concepto de alzamiento público, el alzamiento violento, en armas. Y que, por eso, veían innecesarias las enmiendas.

Sin embargo, el texto, en el Senado, sufrió un cambio. Se presentaron enmiendas por los grupos de IU y de CiU que fueron admitidas por la ponencia, con el voto en contra del PP. Las enmiendas planteaban la inclusión de la violencia en el tipo delictivo para precisar que solo sería rebelión si los hechos delictivos (es decir, el alzamiento) es violento.

Pues bien, también en este punto hay intervenciones posteriores en comisión que son muy ilustrativas. Esto dijo el senador González Pons:

El asunto es interesante porque creo que sitúa en su lugar el debate actual sobre qué es o no violencia a efectos de la rebelión. El caso catalán presenta alguna particularidad. En mi opinión, es un autogolpe por dejación del Estado.

Me explicaré: el Gobierno podría, una vez constatado el fin secesionista y el proceso ilegal iniciado, haber utilizado el art. 155 de la Constitución. Desde ese momento, el gobierno catalán ya no sería tal gobierno. Habría perdido su “imperium” sobre las instituciones catalanas. Esto habría impedido el autogolpe. Sin embargo, pese a su traicionero y torticero uso de esas instituciones, se permitió que continuase siendo tal gobierno hasta después del pseudoreferéndum. Incluso hasta después de ese esperpento de votación de una DUI en el parlamento catalán. Es cierto que el gobierno catalán y su parlamento se estaban excediendo desde hacía mucho tiempo y que las pseudoleyes aprobadas en septiembre eran en sí una declaración de independencia, pero también lo es que todo autogolpe (en la medida en que desborda el derecho) es un ejemplo de uso ilegal e ilegítimo de las instituciones. El elemento clave no es que el uso sea ilegítimo e ilegal, sino que se efectúe por quien lo ostenta hasta ese momento de forma legal y legítima.

Al no haberse expulsado antes (por el procedimiento constitucional) a los secesionistas de sus cargos, el Estado permitió que el golpe de Estado fuese un autogolpe. Y el autogolpe no violento (es decir, el realizado maliciosamente o mediante una imposición ilegítima), al introducirse la expresión la palabra violencia podía quedar impune, como bien defendía el senador González Pons. Más aún cuando la norma penal es de interpretación estricta, y se había añadido expresamente ese término frente a la dicción previa de la norma.

Esto es lo que explica algo que parece absurdo: que un golpe de Estado pueda no ser delito de rebelión.

La consecuencia es, para mí, la siguiente: solo si se demuestra que ha existido violencia en el hecho secesionista (y el hecho lo es la secesión y no cualquier hito previo -al margen del problema de abusar de la falacia del historiador-) y de esa violencia son responsables los querellados (en alguna de sus formas, o incluso como provocación o conspiración, para lo cual ha de acreditarse que esos hechos violentos estaban claramente incardinados en un proceso diseñado por los querellados, como elementos esenciales del mismo), estaríamos ante un delito de rebelión. En el caso de autogolpe no violento, malicioso y fuera de las vías legales, es decir, con imposición ilegítima, no existiría tal delito. Sin perjuicio de que concurra sedición, desobediencia, prevaricación, malversación o usurpación.

El gobierno catalán se había situado fuera de la ley, pero seguía siéndolo hasta que el Senado autorizó y el Gobierno aplicó el art. 155. Pudo hacerlo antes, pero al parecer hay que cargarse de razones para aplicar la ley. Estoy siendo melancólicamente irónico en este momento.

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¿Poco fundamentado? Veámoslo

 

Ayer mantuve, en tuiter, sobre la prisión de varios exmiembros del gobierno catalán, una conversación con un magistrado instructor con el que he conversado a menudo, y que me parece hombre cabal y sensato. Hoy Rodrigo Tena, en Hay Derecho, escribe este artículo en el que critica el auto de prisión, que califica como poco fundamentado. Como son opiniones que respeto y que son básicamente coincidentes, voy a explicar por qué discrepo de forma muy acusada de lo que ambos sostienen.

Empezaré con una cuestión previa, que me parece se está olvidando. La prisión, efectivamente, como medida cautelar, ha de valorarse caso a caso. Pero no podemos olvidar que esa valoración, que ha de hacerse con los instrumentos que nos da la ley y sujetándonos a sus exigencias, se efectúa a diario en los juzgados españoles. Hay una enorme práctica judicial y una jurisprudencia constitucional sobre la materia. Ahora, antes de entrar en el análisis de lo que se critica del auto, preguntémonos ¿conocen ustedes muchos casos en los que no se haya acordado la prisión preventiva a investigados por delitos a penas que son de 10, 15 y 25 años en abstracto? La rebelión y la sedición son alternativas, en la propia querella. Se dará una u otra. No la malversación. Por tanto, hablamos de investigados que pueden ser condenados a penas de 35 o 25 años solo por dos delitos.

Sí, la pena en abstracto, por sí sola, no implica la prisión. No es una consecuencia automática. Sin embargo, en la práctica de los tribunales españoles penas de esa entidad han supuesto prácticamente siempre la prisión preventiva (digo prácticamente por dejar abierta la pregunta que hice antes; quizás haya algún caso en el que no se haya acordado). En particular al comienzo de la instrucción, cuando los fines constitucionales se suelen justificar más. ¿Ahora ese criterio -la gravedad de la pena- va a perder su importancia, cuando es el que ha justificado la prisión preventiva de muchas personas, muchas de ellas  sin recursos? Si es así, es que abrimos un debate sobre esta institución en España. Sería curioso abrirlo ahora, qué quieren que les diga. Podríamos haberlo hecho cuando muchas  personas acusadas de delitos mucho menos graves están en la cárcel preventivamente por la única razón de la gravedad del delito del que se encuentran acusadas (al deducirse riesgo de fuga solo por eso).

Veamos los argumentos del artículo de Rodrigo Tena:

El auto por el que la juez Lamela ordena el ingreso en prisión incondicional de ocho exconsellers de la Generalitat peca de escasa fundamentación. No vamos a entrar en algunas cuestiones laterales, por muy relevantes que sean, como la debilidad de la acusación por rebelión o la  discusión sobre la posible incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer de este asunto, sino que nos vamos a limitar este análisis de urgencia al auto en cuestión y exclusivamente desde un punto de vista  técnico, como corresponde a la defensa de la separación de poderes que hace este blog  desde hace muchos años. Desde el punto de vista político la valoración que se puede hacer de la incidencia del auto es bastante evidente: se pierde mucho de lo ganado con la rápida convocatoria de elecciones, la huida de Puigdemont y el acatamiento del art. 155 por la Administración Catalana. Pero hay que ser coherente: esa valoración no le corresponde a una Jueza de instrucción. Ni siquiera al Ministerio Fiscal.

Quizás tenga razón el autor en el análisis político y este auto no favorezca la posición “constitucionalista”, pero es obvio que da igual. A mí, al menos, me da igual. Si nos parece mal la politización de la justicia, nos ha de parecer mal siempre. También cuando aparentemente resulte extraño defender que ha existido.

También comparto (ya lo saben) mis dudas sobre la existencia de rebelión. No obstante, también esto es una cuestión menor: los delitos de sedición y malversación justificarían también la prisión, dada la gravedad de sus penas. Únicamente planteo mis dudas sobre la tardía querella y la relación que parece existir entre esta y la DUI, como si esa declaración fuese la espoleta, cuando ninguno de los delitos la exige. Esto no afecta, en todo caso, a la juez: ella decide cuando le llega la causa. En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional, salvo que se pretenda que la magistrada no es independiente, la cuestión es irrelevante a los efectos de lo que discutimos. Dicho esto, la magistrada ha dado, en varias resoluciones, argumentos muy convincentes a favor de su competencia. Ya veremos que se resuelve finalmente tras los recursos. Y si la competencia era más discutible en el caso de los presidentes de Ómnium y la ANC, en este caso lo es mucho menos, ya que se acusa de rebelión, es decir, de un ataque directo contra las instituciones esenciales del Estado.

Pues bien, el auto, de sus diecinueve páginas, dedica apenas tres a lo que constituye el meollo del asunto: si en el caso estudiado concurren o no los requisitos para la prisión provisional. El resto es un relato pormenorizado de un golpe de Estado  institucional que, a estas alturas, todos los españoles medianamente informados conocen a la perfección, pero que, pese a su indudable gravedad, tiene poca conexión –o más aún, incluso entra en cierta contradicción- con la mínima fundamentación que se dedica a justificar la prisión provisional.

Esta es mi primera discrepancia: la prisión como medida cautelar no solo exige que con ella se busquen fines constitucionalmente admisibles, sino que hay requisitos previos: han de existir hechos con apariencia de delito, con una pena concreta y que los investigados aparezcan prima facie como responsables de ellos. En este caso, la prisión se justifica por la existencia de indicios de delito de rebelión o sedición, así como de malversación. El auto precisa, dado el carácter rarísimo de esos delitos, de una justificación de la existencia del proceso rebelde o sedicioso. Es lo que hace, con más o menos acierto (asumiendo en gran medida el relato de la querella) la magistrada. No deja de ser significativo, por cierto, lo poco que se discute esta narración de hechos. A menudo, cuando se argumenta contra la fundamentación de una prisión, los letrados intentan destruir precisamente este punto, ya que es presupuesto de la prisión. De existir, a mi juicio, un punto débil en el auto, se encontraría aquí: en la existencia de rebelión, y en la acreditación indiciaria de una conexión entre ciertos actos sediciosos (que, en mi opinión, se han dado masivamente) y la conducta concreta atribuible a los querellados. Yo, como letrado, habría centrado ahí mi trabajo. La querella flaquea precisamente en ese punto. Naturalmente, la instrucción puede ampliar esos indicios, pero para acordar la prisión el juez ha de contar ya con ellos y han de ser suficientes. Por resumir: yo habría hecho hincapié en la pregunta ¿qué hechos concretos sediciosos o rebeldes se imputan a mis representados? Hablo en términos penalmente relevantes. Ya sé que los investigados han dado un golpe de Estado, pero dada nuestra legislación, este puede ser impune como rebelión o sedición, sin perjuicio de que sean casos de prevaricación y desobediencia.

Recordemos que como el propio auto indica, de acuerdo con nuestra legislación vigente y con la jurisprudencia del TC, para que pueda ordenarse la prisión provisional debe concurrir al menos una de las siguientes circunstancias:

a)Evitar el riesgo de fuga.

b) Evitar la destrucción de pruebas.

c) Evitar la reincidencia.

Esto es importante: basta con que concurra uno de ellos. Solo uno. Como argumentaré, en mi opinión, concurren los tres.

Veamos que nos dice el auto sobre cada una de ellas:

a) Sobre el riesgo de fuga, señala que los delitos de los que les acusan están severamente penados y que cuanto mayor es la pena, mayor el incentivo para huir; que los acusados tienen medios económicos para vivir en el extranjero o pueden conseguirlos fácilmente; y que algunos de ellos ya han huido (como el Sr. Puigdemont).

Ninguno de estos argumentos tiene mucho peso. Si fuese una mera cuestión de la importancia de la pena, la ley ordenaría la prisión provisional para todos los delitos graves, cosa que no hace. La posibilidad de contar con medios económicos tampoco parece suficiente. Habría que ordenar la prisión provisional de cualquiera que perteneciese a la clase media española o simplemente contase parientes o amigos que han prosperado o han emigrado al extranjero. Y lo de que otros han huido no es un argumento válido puesto que precisamente habiendo presuntamente cometido todos el mismo delito unos han tomado la decisión de huir y otros la de quedarse y someterse voluntariamente a la acción de la justicia. Dicho de otra forma, el argumento sirve para pedir la prisión de Puigdemont, pero no la de Junqueras. No puede decirse tampoco que estemos en presencia de una organización o banda en la que sus componentes actúan conjunta o coordinadamente. Parece obvio que consideraciones de carácter personal o/y político han determinado conductas muy diferentes de los acusados.

Decir que no tienen peso los argumentos del auto me resulta incomprensible.

El propio artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirma que:

“Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley”

Es decir, la propia ley ya nos dice cuales son los criterios que han de considerarse.

Que los hechos son gravísimos y que la pena en abstracto también lo es no parece exigir más argumentación, ¿verdad? Reitero: por esta simple circunstancia se ha decretado prisión provisional en casos de homicidio y lesiones graves, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la salud pública, contra la propiedad, etc.  Y en ocasiones pese a tratarse de personas sin recursos económicos de ningún tipo.

Por otra parte, todo es discutible, pero parece obvio que ser de posición acomodada facilita la huida. Como lo facilita contar con la posibilidad de apoyo (en este caso no solo de familiares, sino de asociaciones con cientos de miles de militantes). ¿En serio esto no es relevante? Y sí, claro que este riesgo aumenta según aumenta tu estatus. Es lo que tiene la posición económica. Al igual que yo no defiendo que una persona de clase baja quede impune por serlo, salvo que concurra un auténtico estado de necesidad, defiendo que se tenga en cuenta seriamente el daño que hacen las personas acomodadas cuando deciden delinquir. Y el riesgo más acusado de que se salgan con la suya. Es la cara B de la moneda. Llevo muchos años protestando por esto: el escándalo es que se trate peor a los pobres incluso cuando ser pobre debería ser un argumento a tu favor. Aquí hay una disonancia cognitiva: los que somos de clase acomodada nos ponemos nerviosos cuando un “trajeado” entra en prisión. Pensamos (quizás de manera informe) que puede ser uno que se dedica a lo mismo que tú, un amigo, un familiar o incluso ¡uno mismo! Hay que salir de esa disonancia: los ciudadanos tienen derecho a un trato igual. El rico tienen ventajas (entre otras cuenta con mejor defensa); no le demos también aquellas que son inadmisibles.

En cuanto a la influencia de la huida de otros querellados, estaría de acuerdo con el articulista si no fuera porque Puigdemont y cía. han anunciado un concierto en su plan de huida con los querellados que sí se han presentado y los querellados no se han molestado en negar ese dato. Si Puigdemont afirma que han decidido repartirse “roles” y que algunos vayan a declarar mientras otros se refugian en Bélgica, parece obvio pensar que su comparecencia obedece a motivos espurios que no tienen que ver con la obediencia a los mandatos judiciales, sino a la propia estrategia (que en el proceso lo es criminal). Y los querellados ni siquiera han dicho: “Puigedemont miente” o “Puigdemoint está loco”. No están obligados a declarar, como es lógico, ni se puede inferir de su silencio ninguna consecuencia perjudicial, pero la magistrada puede tener en cuenta otros hechos documentados y si los querellados no dan una versión alternativa, darlos por buenos. Es lo que hace.

b) En cuanto a la destrucción de pruebas el auto no dice prácticamente nada, solo señala que es posible que se produzca y que  a los acusados les gustaría hacerlo, pero no explica el motivo. Podemos pensar que todo presunto delincuente desea eliminar pruebas que le inculpen, evidentemente, pero la cuestión estriba en si está en condiciones de hacerlo. Y en este caso para los acusados la posibilidad es mínima, primero porque han sido cesados en sus cargos y ya no controlan la Administración catalana y sobre todo porque -como ponen de relieve los primeros 15 folios del auto- si sus actos delictivos han sido tan públicos y clamorosos como parece, borrar ahora su rastro no es posible. Digamos que hacer desaparecer la DUI (o la no DUI según las interpretaciones) no está en su mano.

Discrepo. Naturalmente, el auto no ha de explicar por qué un delincuente presunto ha de querer alterar pruebas: va de suyo. Alguien que presuntamente ha cometido un delito hará lo menos, es decir, hará lo que pueda para quedar impune. No hay que explicarlo; se presume.

En cuanto a la posibilidad de que ocurra (que es lo único relevante) el auto es breve, pero explica perfectamente por qué cabe el riesgo de alteración, ocultación o destrucción de pruebas: por los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal también indica criterios interpretativos sobre este riesgo:

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

En el artículo que comento se hace referencia a que los hoy encarcelados han sido cesados y no controlan la administración catalana y a que los delitos se han realizado notoriamente.

Ambos argumentos son refutables. La ley habla de la capacidad del investigado para acceder “por sí o a través de terceros” a las fuentes de prueba o “para influir” sobre determinadas personas.

¿De verdad creemos que los que han sido gobierno de Cataluña hasta hace poco, y que son cabeza de una serie de partidos y organizaciones muy poderosas, muy numerosas y con un grado extremo de implantación no solo en la sociedad sino en la administración autonómica, han perdido esa capacidad de influir en personas que pueden tener acceso a fuentes de prueba? La instrucción sirve para eso. Por ejemplo, para ver comprobar hasta qué punto existió una organización de los disturbios y de las actividades obstruccionistas que, por sí solas, supondrían sedición. Se trata de saber si lo que es apariencia de concierto, de diseño de un plan, de implementación de ese plan, y del contenido criminal de ese plan, puede o no demostrarse con las exigencias del proceso penal. ¿Pensamos que da igual que los cabecillas puedan libremente actuar o creemos que es mejor limitar ese acceso a esas pruebas, que pueden estar en cualquier lugar de la propia administración?

En cuanto a la cuestión de que los delitos hayan sido públicos o clamorosos, hay ahí una falacia. El proceso ha sido clamoroso, pero también todas sus mentiras. De hecho, es perfectamente razonable que haya muchas partes ocultas del proceso (en realidad, es seguro, ya que los propios secesionistas presumían de ello, de sus planes maquiavélicos para engañar al Estado). Hoy empezamos a saber que muchos opinadores, incluso internacionales, favorables al secesionismo catalán, habían sido engrasados con dinero público, por ejemplo. Ignoramos qué instrucciones se recibieron por los mossos. Hace poco se intervino una posible destrucción de pruebas por la policía nacional. Verán que hablo en condicional, pero es que esa es la cuestión: el fin constitucionalmente legítimo es asegurarnos de que los querellados no hagan lo que se presume harán si se les deja: borrar las huellas de los elementos del tipo. Por ejemplo, de su participación en la organización de hechos violentos, de haber existido.

c)  Lo mismo cabe señalar sobre evitar la reincidencia. Solo indica que los actos se han planeado durante dos años. ¿Y qué tiene eso que ver con el asunto de que se trata? Hay delitos que se planean durante mucho más tiempo y no son susceptibles de reincidencia. En realidad, lo que parece decir el auto, como en el caso anterior, es que les gustaría reincidir (de eso yo tampoco tengo ninguna duda sobre todo si vuelven a ganar las elecciones). Pero de nuevo la cuestión es si pueden hacerlo. Y claramente ahora al menos no pueden hacerlo, porque ya no tienen el poder institucional que han necesitado para llegar hasta aquí.

En este punto, mi discrepancia es absoluta. La rebelión no exige la capacidad institucional. De hecho, lo que puede afectar en mayor medida (ya hablaré más extensamente de esto en otra ocasión) a la consistencia de la rebelión es precisamente que estamos en presencia de una especie de pseudoautogolpe (quizás despenalizado como tal). Es decir, la presencia de los querellados en las instituciones es lo que más ha coadyuvado al uso del engaño y la astucia, porque el miedo y la dejadez del Estado los había mantenido en uso de instituciones con poder coercitivo y legislativo. Ahora, cuando otros querellados siguen afirmando ser miembros de un “gobierno legítimo” y cuando, pese a estar convocadas elecciones autonómicas, los mismos querellados hablan de elecciones plebiscitarias, resulta obvio que el fin último, la secesión contra la ley española, que no se reconoce, sigue manteniéndose. No es una opinión mía: es lo que resulta de sus actos. ¿Por qué hemos de pensar que los que se han pasado por el arco del triunfo la Constitución Española, nuestro ordenamiento jurídico y múltiples resoluciones del tribunal Constitucional no han de intentar movilizar a las personas que comparten sus fines para alzarse violentamente y continuar con su conducta secesionista cuando convenga “estratégicamente”?

Da la sensación de que existe algo así como una especie de alivio. Al final lo que se preveía como un choque civil, incluso como disturbios, se convirtió en un ratón. Y, claro, hay miedo de tocarlo, no sea que se rompa. Pero esto es también es peligroso: como esto ha ido tan lejos, pero al final no ha pasado nada más grave, parece que lo enormemente grave sucedido antes no hubiese ocurrido. Y como si casi hubiera que agradecer a estos hombres que no se hayan sentido con la fuerza suficiente para haber intentado encabezar, tras la DUI, una rebelión civil apoyándose en sus partidarios. Es un error. Lo ya sucedido es tan grave que es ajustado a derecho y proporcional que el Estado adopte las medidas precisas para evitar el riesgo de que se repita. Y sí, los querellados tienen capacidad para ello. Seguramente no para que la secesión tenga realmente lugar, pero es que el delito de rebelión se produce aunque no sea exitoso. De hecho, si tiene éxito suele ser impune. Los golpistas victoriosos no suelen juzgarse a sí mismos.

En fin, el auto no llega a los extremos del famoso auto de los titiriteros que comentamos en este blog en su momento, pero demuestra la tendencia de la Audiencia Nacional (será deformación profesional de tanto tratar con narcotraficantes y bandas armadas) a primero disparar y luego preguntar. Y la verdad es que sin hacer de menos a los titiriteros, este caso hubiera merecido más reflexión y justificación. Esperemos que, como ocurrió con aquél, sea rápidamente corregido previa interposición de los recursos correspondientes. Nuestro Estado de Derecho ante un ataque tan grave se merece una defensa un poco más rigurosa y un poco más trabajada.

Como es obvio, este párrafo final me parece absolutamente inadecuado. Comparar un espectáculo de títeres con uno de los episodios más graves de nuestra historia, sí me resulta poco riguroso.

Entremeses

 

De esto de Espada, me ha hecho mucha gracia la frase: Leer está al alcance de cualquiera, y leer reseñas y contraportadas, específicamente, al alcance de la izquierda española. (Sobre la derecha nada debe decirse porque está claro que la derecha no lee, y cuando lee es que lee de verdad).

Por lo demás, el discurso de Fernández es correcto. Si a algunos les parece brillante sospecho que es por comparación. Esto explica alguna reacción airada que he visto contra el discurso, por lo demás tan moderado y crepuscular. Espada da en la diana: ¿se imaginan algo similar producido por Pedro Sánchez? Solo menciono al líder del PSOE porque Fernández es algo así como su antecesor.

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Racional, prudente y didáctico, Ignacio Gomá: aquí.

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El artículo 155 debería haberse utilizado ya. Hace al menos dos años que se dan sus supuestos de hecho. No se ha utilizado porque los españoles no tienen interiorizado que hay que respetar la ley siempre. Es así de simple. Hemos comprado todos los principios, nos hemos dado la pátina, pero solo nos separa una generación del hambre, como a Clarice Starling y se nota: nuestro bolso es caro, pero los zapatos nos delatan.

 

 

Papel para envolver pescado

 

Desde hace unos días me he hecho cargo de un asunto penal que está pendiente de juicio. No voy a dar muchos detalles y seguro que ustedes lo comprenden. Sí puedo, sin embargo, hablar de algo más general.

En asuntos de esta naturaleza siempre troceamos el negativo de la vida de unas cuantas personas, construimos un relato y, al hacerlo, empaquetamos aquellos pedazos. Si eres profesional, actúas con cuidado. Hace mucho que no aspiro a buscar la verdad. Hablaba hace poco con un familiar del acusado, hoy preso preventivo, y, ante sus protestas sobre la inocencia y rectitud de este, le explicaba que me daba igual: trabajo con los datos y, con ellos, con la parte que más me conviene, construyo versiones. Intento que resulten coherentes, rocosas, pero a menudo fracaso. Esto es lógico: mis versiones (cuando soy defensor) buscan exculpar y, a veces, son poco compatibles con la sombra de la realidad que llamamos pruebas. En todo caso, incluso en esos momentos en los que esa compatibilidad es muy alta, evito dar el paso de convencerme de que estoy contando la verdad. No todas las personas reaccionan igual cuando les explico esto. Estoy seguro de que muchas se preocupan. Pero es mi forma de ser sincero.

En todo caso, es un trabajo que me gusta. Busco fallos y los encuentro. Busco discordancias y las encuentro. Busco al entusiasta y al literato, y siempre lo encuentro. Estamos infectados por el énfasis y por la literatura. No es extraño que las personas que tienen alguna participación en un hecho criminal —como autores, como testigos, como investigadores— se dediquen a la creación. A veces a la microcreación. Cada vez que lo hacen nos facilitan el trabajo a los abogados, aunque lo ignoren.

También busco mi propio argumento. El argumento que lo será pronto de mi cliente, si me hace caso. Hay también un material de base inventado, un fondo que no utilizas completamente, precisamente para que parezca real. Un elemento esencial es el azar. Incluso el azar debe encajar. También el error. Una buena versión debe incluir pequeños errores inocuos (los demás también buscan mis pequeños fallos, así que es mejor que los cree yo para que, una vez los encuentren, desistan de buscar otros involuntarios).

Llevo pocos días con el asunto que comentaba al principio, pero he disfrutado. He creado una línea de defensa que quizás funcione cuando parecía un caso perdido. Además, tengo un plan B y un plan C. En todos ellos minimizo el daño y son muy potentes.

Los que se preocuparon cuando se encontraron con alguien que identificaron con un cínico, han empezado a olvidarse de si lo soy o no. Empiezan a convertirse voluntariamente en personajes del relato. Se ha abierto el telón y las tablas se han convertido en un plaza de Verona. La obra empieza con una introducción que es una biografía. Para ganarme al público, es preciso que el torpe, y a la vez avieso, criminal se transmute en un pobre hombre trastornado, víctima de décadas de abuso, un fracasado al que condenan las apariencias, hasta que excavas en su pasado y ves que pueden explicarse de otra forma. Si lo consigues es más fácil que compren tu argumentario, esas interpretaciones a veces rebuscadas de artículos o de principios generales.

Les cuento esto por dos razones: en primer lugar, les quería transmitir un esbozo de una de las partes más divertidas de mi trabajo. En Philadelphia, el abogado enfermo de SIDA, Andy Beckett, responde en el juicio que lo mejor de ser abogado es que, muy de vez en cuando, participas en un acto en el que se imparte justicia. Concuerdo: lo mejor de ser abogado es escribir un guión en el que un personaje dice esto y los demás se emocionan. A veces, ese guión parece escribirse solo; pero, aun así, si lo haces bien, termina pareciéndose al toque final del maestro relojero. En esas pocas ocasiones, muy de vez en cuando, eres poderoso.

Hay una segunda razón. Esta misma historia fue contada en un periódico. Casi el mismo día en que sucedieron los hechos. La noticia, tal y como se cuenta —basada en fuentes policiales—, no solo es la peor versión, la más perjudicial para mi cliente (algo quizás lógico), sino que incluye también una gran cantidad de literatura. La periodista no se limita a contar. También inventa. Solo que su invención es grosera. Hace más: especula abiertamente sobre el perfil criminal de alguien de quien no sabe nada, utilizando como argumento precisamente la ignorancia. Esa inmoralidad tan habitual: cuando no sabemos, rellenamos los vacíos, imaginando lo peor. Lo hace, por cierto, dando el nombre y los apellidos del acusado. Estoy absolutamente convencido de que la periodista ni se planteó, al hacerlo, que pudiera estar jodiendo —jodiendo mucho— a alguien con su literatura. Las personas suelen tener familias, amigos, vecinos, conocidos.

Un día quizás pueda mostrar una sentencia y pueda enlazar ese artículo de prensa, para que puedan juzgar. Si llega ese día, y quien tiene que autorizarme me autoriza, cuando enseñe ambos también sabrán ustedes los nombres y los apellidos. Pero no solo del hombre al que aun no han juzgado en un tribunal, aunque en la prensa aparezca como un depravado.

Como verán, no puedo ser más sincero. Ese día, si llega, leerán dos relatos. En uno de ellos habrán trabajado durante meses policías, abogados, fiscales, jueces y médicos. En el otro, habrá trabajado una periodista un par de horas, como mucho. Los dos serán falsos. Pero es seguro que uno de ellos lo será mucho más.

 

No es una consulta: es un referéndum ilegal

 

Leo este artículo de Víctor Lapuente en El País. Es un artículo que imagino gustará a muchas personas que buscan una especie de vía intermedia, equidistante o ecuánime (incluyo lo tres epítetos para que no se piense que prejuzgo) entre la postura secesionista y lo que perciben como inmovilismo del Estado. Por esa misma razón, imagino que es un artículo que desagradará a los secesionistas y a (usemos ese lenguaje) los inmovilistas.

Mi postura es muy clara; no es un secreto. No soy partidario de ningún referéndum de ningún tipo y en ningún ámbito territorial sobre la cuestión pretendida por los secesionistas. No lo soy por razones legales y por razones políticas. No obstante, de superarse las razones legales (constitucionales), solo me quedarían las razones políticas y ahí admito que mi posición puede ser perdedora: cabe que los españoles mayoritariamente admitan alguna fórmula que permita legalmente a los secesionistas plantear la secesión, bien a todos los españoles, bien exclusivamente a los habitantes de algún lugar de España. Me opongo, en consecuencia, a un cambio legal que permita esto, aunque admito naturalmente que existe esa posibilidad y acepto el resultado, siempre que sea constitucional.

Lo que no admito, en ningún caso, por ilegal, inconstitucional y antidemocrático, es un cambio que se base en procedimientos que se vistan como democráticos, pero que no lo sean en la medida en que eluden su regla clave: el respeto a la ley (no estamos en una situación de crisis democrática o en un momento de transición de un régimen no democrático a uno que lo pretenda ser, supuestos en los que podría ser necesario acudir a “estándares” o reglas genéricas). Y ese es el problema de muchas posiciones “intermedias”, que pretenden rebajar las exigencias para encontrar una fórmula que termina siendo una ruptura con el ordenamiento constitucional y, por tanto, con la democracia, y que implica, en la práctica, la concesión a los secesionistas, por vías inadmisibles, de lo que pretenden sustancialmente: la modificación del sujeto constituyente. Estas posturas cortan el nudo gordiano saltándose de forma encubierta la ley. No son peligrosas solo por esa razón; lo son en la medida en que admiten ese procedimiento como forma para la resolución de tensiones. Abierta la veda, ¿por qué no aplicarlo a todo?

Veamos el artículo en la parte que se refiere a esta cuestión.

Para ello, las Cortes Generales deberían permitir, primero, una consulta no vinculante en Cataluña sobre si sus ciudadanos desean un cambio en el modelo territorial o no. En el caso de existir una amplia respuesta afirmativa, se abriría un proceso participativo en el que se verían obligados a posicionarse hasta los más escépticos, como Ciudadanos y el PP.

La propuesta de Víctor Lapuente pasa por ese primer referéndum. Qué problemas veo:

1.- La consulta es un referéndum. No está de más que llamemos a las cosas por su nombre. El hecho de que se plantee como no vinculante no afecta a su naturaleza, ya que la mayoría de los referéndum previstos en la ley (con excepción de los de reforma constitucional y los de aprobación estatutaria) son precisamente no vinculantes.

2.- Un referéndum no vinculante en Cataluña para plantear si sus ciudadanos desean un cambio en el modelo territorial o no es, en mi opinión, ilegal por inconstitucional. En mi opinión y en la opinión del Tribunal Constitucional.

3.- Un referéndum de esa naturaleza reconocería de hecho la existencia de un sujeto soberano formado por los ciudadanos de Cataluña, ya que ellos, con independencia del resto de los españoles, decidirían sobre la apertura de la cuestión territorial. 

4.- Si se me dice que ese referéndum es no vinculante y que por eso no es cierto lo que indico en el punto anterior, simplemente dejo constancia de que “se abriría un proceso participativo en el que se verían obligados a posicionarse hasta los más escépticos, como Ciudadanos y el PP“. El propio articulista admite que ese supuesto carácter no vinculante es una ficción, como ven. De hecho, uno de los argumentos más utilizados para atacar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es que ya había sido votado por los catalanes y que es distorsionador que se llame al pueblo a referéndum y luego unas élites (llámese a esas élites partidos o tribunales) decidan no someterse a la voluntad popular.

5.- Ese referéndum no solo es de hecho vinculante, sino que plantea un problema de legitimidad. ¿Qué sucede si el resto de los españoles desean no abrir la cuestión territorial y los catalanes sí? No sucede nada si lo evitamos, claro (soy irónico). Véase que el articulista comienza su proceso por un referéndum solo en Cataluña. ¿Por qué no plantea un referéndum en toda España, ya que se puede saber el resultado por comunidades? Yo creo que se referéndum también sería inconstitucional, pero al menos se estaría llamando a todo el pueblo soberano. No voy a juzgar intenciones, pero de hecho, la solución propuesta implica que existe un sujeto soberano independiente en Cataluña, ya que por la simple decisión de los catalanes hay que abrir paso a una reforma constitucional. El conjunto de los españoles no se podría oponer a lo que decide una parte.

6.- Por cierto, si el referéndum lo es sobre sobre si los catalanes “desean un cambio en el modelo territorial o no”, como propone el articulista, ¿cómo interpretamos una respuesta afirmativa? A lo mejor desean un Estado sin autonomías, totalmente centralizado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el problema no es de deseos abstractos sino de modelos territoriales. Es una frivolidad preguntar a los ciudadanos sin exponerles con total claridad sobre el modelo que se les pregunta. En ese sentido, un referéndum que plantee si desean un Estado independiente o no, al menos es claro. La pregunta que propone el articulista no es clara, solo es una puerta trasera ilegal para dar por sentado que hay que poner sobre la mesa dos propuestas bien concretas: una que suponga una supuesta “tercera vía” (esa propuesta de relación territorial con Cataluña, que podría incluir un pacto fiscal y algunas delegaciones de competencias) y la simple independencia.

7.- Como vemos, la llamada consulta no vinculante sería un camino para que obligatoriamente las Cortes tuvieran que proponer un cambio de lo que hay. Cambiarlo mediante una reforma constitucional, no nos engañemos. Y que tuvieran que hacerlo porque una parte de los españoles lo deciden, sin que se consulte al resto. Porque de las Cortes no podría salir una “propuesta de relación territorial con Cataluña” que supusiese, por ejemplo, la desaparición de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿a que no? No, tiene que salir algo en la línea que está ya proponiendo, por mencionar a alguien, el PSOE. Si alguien me dice que suprimir la Comunidad Autonóma de Cataluña es inconstitucional, yo recuerdo que cambiar la Constitución de hecho por una puerta trasera también lo es. ¿O solo podemos jugar a la “ley blanda” en cierta dirección?

8.- Más aún, el referéndum dual (la consulta ya se ha convertido en referéndum) también es inconstitucional. Es curioso que el autor no nos explique si ese referéndum sería vinculante o no. Hay constitucionalistas que admiten que ese referéndum sería válido como referéndum no vinculante. Yo discrepo. En las entradas que antes enlacé explico por qué. Pero lo que es obvio es que como referéndum vinculante sería ilegal. Previamente haría falta una reforma constitucional del 168 CE. ¡Y lo que plantea el articulista es que esta pueda ser una de las preguntas, si abrir o no esa vía! Por tanto, aunque no dicho expresamente, doy por sentado que su postura es la de plantear un referéndum no vinculante. Bien, en tal caso, sería preciso que, tras el referéndum, las Cortes abrieran el proceso de reforma, que se obtuviesen las mayorías exigidas por la Constitución, que se disolviesen las Cortes, que las nuevas aprobasen la reforma y que se sometiese esta a un referéndum, esta vez SÍ vinculante. Imaginemos que el proceso encalla en alguno de esos puntos. Recuérdese que el proceso de reforma constitucional no tiene que referirse exclusivamente a la cuestión territorial. Puede que contemple otras partes de la Constitución; y se vota completa: con un sí o un no. Y recuérdese que hay unas elecciones generales obligatorias. ¿Qué hacemos si por la razón que sea el proceso no llega a su fin? Quien crea que eso supondría una “desactivación” de la opción rupturista es un ingenuo: los catalanes ya habrían votado en referéndum y su opinión se convertiría en vinculante. De hecho los secesionistas buscan esencialmente esto. Una vez admitido que los catalanes pueden abrir el melón territorial, aunque el resto de los españoles no quiera, la posición expresada por el conjunto de los españoles en las urnas de que todo siga igual deviene inadmisible. ¿Quiénes somos para oponernos a lo que ya han expresado en las urnas? De hecho, ya, simplemente por encuestas, manifestaciones, una “consulta” ilegal y sin garantías, y una mayoría absoluta en un parlamento autonómico (sin siquiera mayoría de voto, no ya del censo) los secesionistas hablan en nombre de la “nación catalana”. Y, de hecho, el propio articulista plantea su artículo en clave política: los “inmovilistas” tendrían que hacer concesiones para evitar ese escenario (un escenario que se da precisamente porque el primer paso es consultar a los catalanes).

9.- Ni siquiera los españoles en su conjunto (a través de sus representantes en el Congreso y el Senado, o directamente en referéndum) pueden modificar la Constitución sin cumplir con sus reglas. Un enemigo de la pena de muerte puede legítimamente oponerse a que el Congreso y el Senado o el 51% de los españoles en referéndum puedan aprobar una ley que admita la pena de muerte en tiempo de paz. No solo no hay ninguna razón para que no se pueda cambiar la prohibición de la pena de muerte y sí los artículos de la Constitución sobre su propia reforma, sino que esto sería incluso aún más grave, ya que supone un cambio en el propio sujeto de soberanía.

No aspiro a convencer a nadie. Creo que muchas personas están empeñadas en facilitar un proceso porque creen sinceramente que hay que encontrar un punto intermedio entre los secesionistas y los inmovilistas (sigo admitiendo ese lenguaje; total, también soy inmovilista en la prohibición de la pena de muerte). Como si esos puntos de vista fuesen iguales, cuando uno es ilegal (no hablo de la aspiración, sino del proceso sin reforma constitucional), mientras que el otro se basa en la ley. Yo digo abiertamente que soy contrario a ese proceso y que prefiero hacer todo lo posible para entorpecerlo. Dicho esto —y asumo que no se me crea—, aunque fuese partidario —y vive dios que he sentido la tentación, de lo cansino que es esto— nunca admitiría hacerlo saltándonos la ley, torciendo la ley, cometiendo un fraude de ley.

Y esta es la clave. Solo hay un camino. La reforma constitucional. Que los partidos favorables la incluyan en sus propuestas políticas. Que se abra una comisión constitucional si hay mayorías. Que se vote un texto concreto. Que se alcancen las mayorías constitucionales en votación. Que se disuelvan las Cortes. Que se vote la reforma. Y si sale que sí y es constitucional, que se vote la secesión.

Ese orden no es baladí. Ese orden es el que decidieron los españoles al aprobar la Constitución.

Ese orden es el que yo reclamo. Yo, individualmente, como ciudadano. Es mi derecho. Y aunque estén en contra todos los demás españoles. A ver si así se entiende.

Negroblanco

 

Esta noticia.

Hace tiempo habría gastado más tiempo en esta noticia, para demostrar hasta qué punto la información que se da en los medios (venga, diré en algunos medios) sobre ciertos asuntos es pura manipulación. Pero estoy muy cansado, así que voy a ser muy escueto:

1.- Primera mentira del titular: “Ascensión, la víctima del robo de bebés”. Para ser una víctima tendría que poder demostrar que lo es. Al menos empezar a demostrarlo.

Esto dice la sentencia que resolvió su recurso de apelación:

“La recurrente no ha acreditado, ni tan siquiera de forma mínimamente indiciaria, la adopción ilegal que falsamente y a sabiendas de su inexactitud, o al menos con temerario desprecio a la verdad, atribuye a la perjudicada, por cuanto la apelante a pesar de conocer el expediente de adopción comprobando la verdad mantuvo sus falaces manifestaciones. (…) Es mas en una entrevista en el canal interalmeria transcrita, folio 23, la acusada de manera consciente llego a declarar que todo lo que había dicho previamente lo tenia documentado, habiéndose por tanto representado sin duda la fiabilidad y viabilidad de la información proporcionada.

2.- Segunda mentira del titular: No fue condenada por injurias, sino por calumnias. Es decir, por imputar a otro un delito a sabiendas de su falsedad. Esto es tan importante que, de haber demostrado el ilícito no se la habría condenado.

3.- Tercera mentira del titular: no pagar 43.000 € no aboca a una prisión de cinco meses. Para empezar, para evitar la prisión basta con que pague 3.000 € (es decir la multa). Para que quede claro, la sentencia es de septiembre de 2015 y hablamos de 300 € mensuales durante 10 meses. Han pasado casi dos años desde la sentencia. 

Porque, los 40.000 € restantes son de indemnización. Y esto puede importar a efectos de una posible suspensión de la pena salvo que la condenada sea realmente insolvente. Me pregunto por qué no nos cuentan nada acerca de esto en la noticia. A ver si es que la señora sí tiene patrimonio.

Para seguir, el artículo 53 permite sustituir la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago (la prisión de 1 día por cada dos días de multa) por trabajos en beneficio de la comunidad. Todo esto al margen de los mil remedios que se prevén en el Código Penal (los hechos además son anteriores a la reforma de 2015) y que se pueden incluso pactar en ejecutoria para evitar el ingreso en prisión, insisto, siempre que hablemos de auténtica insolvencia. No me voy a poner a explicarlo, que esto ya me aburre.

En cuanto a la noticia en sí, me parece una enorme caca. Lean simplemente algunas de las cosas que se dicen en la sentencia de apelación:

“Se declara probado que la acusada Edurne desde el mes de octubre de 2.013, como Presidenta de la Asociación “SOS Bebes robados” de Almería, en el contexto de programas de televisión y entrevistas en prensa realizadas a consecuencia de los supuestos casos y noticias de niños robados y adopciones ilegales, e identificando con nombre y apellidos a Doña Lorena (se trata de la monja), religiosa, Hermana de la Caridad y Presidenta de la Asociación Nuevo Rumbo, ha hecho las siguientes manifestaciones: ” La monja Lorena organizó mi adopción por 250.000 pesetas (La Voz de Almería de fecha 26/10/2013), “Sor Lorena , sobrina de mi padre adoptivo organizó mi adopción por la que se pagó 250.000 ptas.”. “En Sevilla hay varias madres que a rman que Sor Lorena fue la monja que se llevó a sus hijos recién nacidos” (Teleprensa de fecha 25/10/2013); “Es que no existe solamente una Sor Erica , sino que en cada ciudad hay una Sor Erica y es una trama que lleva todos sus tentáculos por todas partes a todos los rincones. Hoy sí puedo decir que Sor Lorena es la monja que organizó mi adopción y por la que se pagaron 250.000 pesetas del 64. Es más, es la persona que sabe quién es mi familia biológica y bueno, pues llevo casi 50 años intentado que me lo diga y sistemáticamente se siega a decírmelo”… “Una de ellas, pues, es una mujer que ya tenía siete hijos, era la primera vez que daba a luz en un hospital y la respuesta de la monja fue que por qué lloraba sí ya tenía Siete, que se dedicara a ellos y que se olvidara de éste” (Programa de televisión “Abierto hasta el atardecer de fecha 28/10/2013); “De hecho, mi madre, que ella en ese momento no quería ser madre, se enteró que me iban a adoptar una semana antes porque recibe una llamada de Sor Lorena, Hija de la Caridad, y sobrina de mi padre adoptivo. Ella estaba en el Hospital de las Cinco Llagas en ese momento y le dice: veniros para Sevilla que hay una que está al caer. Mi madre cuando llega mi padre a casa le pregunta que qué sígni caba eso y le dice que van a Sevilla porque no saben Si van a adoptar una niña o un niño y estaban esperando una semana a que yo nazca. Pagaron por mi 250.000 pesetas…. Sor Lorena. En El hospital de las Cinco Llagas hay otras madres que han reconocido a ella como la monja que se llevó a su hijo en el momento de nacer”. (Entrevista dada en Telecinco en el programa “Niños Robados” de fecha 23 de octubre de 2.013)

Más:

Partiendo pues de la colisión con la libertad de expresión, que no de información como invoca el recurrente, la imputación que recoge los hechos probados de la sentencia, de adopción ilegal del art 221 cp , no puede ser justificada invocando el derecho a la libertad de expresión , uno de cuyos límites es precisamente la imputación calumniosa tipificada en el art. 205 que aquí se aplica. Ello se sitúa en un plano exorbitante respecto del ámbito y límites del derecho fundamental aludido.

Más:

En este caso el simple análisis de la sentencia recurrida y de la grabación en que se refleja el resultado del juicio celebrado, llevan a la conclusión de que la convicción judicial acerca de la ocurrencia de los hechos que se relacionan como probados se encuentra lógicamente apoyada en la prueba practicada, explicándose clara y razonadamente su inferencia, pues la Juez de lo Penal, viene a relatar los hechos probados de su sentencia, apoyada en los testimonios de la perjudicada y en la abundante documental aportada, asi como las manifestaciones de la acusada Sra. Asunción, (…)  En efecto tanto de los recortes de periódico de la voz de Almeria, teleprensa como de la cinta de grabación de la entrevista en televisión, telecinco, resulta la imputación falsa de un delito de adopción ilegal que se pone de manifiesto en relación con el expediente de adopción que obra en Autos, folios 39 y ss.

Y más:

En el supuesto de autos se dan todos los elementos referidos como razona la sentencia de instancia, y la claridad de las expresiones utilizadas excluye, desde luego la posibilidad de que la acusada no fuera consciente de su significado, pues son expresiones perfectamente entendibles para cualquier persona, llegando en el plenario a decir que “quizas no se explico bien por su falta de cultura” pero encontramos que las expresiones utilizadas son claras y fácilmente entendibles. Se dice que la finalidad era averiguar su identidad y la de sus padres, pero ante el expediente de adopción solo cabe concluir que esta fue legal pese a lo cual siguió diciendo que en la misma intervino dinero, 250.000 pts en concreto.

Las expresiones no se ven amparadas por el derecho a la crítica ni a la información que alega la defensa, por cuanto es doctrina reiterada la de que este no puede justificar sin más el empleo de expresiones atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto o a la imputacion falsa de delitos.

Esto escribí en 2010. Yo no tengo ni puta idea de la vida de esta persona. Pero está feo contar trolas para que la percibamos como una víctima, cuando hasta ahora y por lo que consta, la única víctima ha sido una señora a la que han acusado de cometer delitos muy graves y a la que, quizás por ser monja, parece que podemos tratar como a la mierda, sin aportar ni una sola prueba.

 

 

Sobre la acusación en los hechos de Alsasua

Después de leer el escrito de acusación del fiscal en el asunto de Alsasua (y de leer algunos comentarios), os dejo algunas opiniones:

A) En primer lugar, es un escrito de acusación. No es una sentencia. Lo que afirma el fiscal que ocurrió tendrá que probarlo en un juicio y a él le corresponde la carga de la prueba. Sobre esto, será importante el trabajo de los abogados defensores. Las lesiones son más o menos objetivas (entiéndase, hay lesiones psicológicas y aquí cabe más margen para su discusión), pero la atribución de esas lesiones a personas concretas se basará fundamentalmente en la declaración de los testigos que son, esencialmente, las víctimas. Los abogados pueden intentar que los testigos se contradigan y pueden intentar demostrar que hay animadversión, ya que son guardias civiles (y sus parejas) y los acusados son vecinos y no muy amistosos (dada la profesión de aquellos).

B) En segundo lugar, es trabajo del fiscal acreditar que los delitos son delitos terroristas. He leído a algunas personas que la reforma de 2015 es la causa de la petición tan importante de pena que se solicita. Esto requiere algunas matizaciones.

NOTA 1 (léala si quiere ampliar información)

El Código Penal tras la reforma de 2015 incluye una definición de los fines que se califican como terroristas muy similar a la de la Decisión Marco de la UE de 13-06-2002. Hay un agravamiento en las penas (por cierto, me acuerdo de cierta discusión con el señor Garicano y la supuesta blandura de nuestro Código Penal), y hay supuestos que antes no eran delito terrorista y hoy lo son (las lesiones leves —antiguas faltas—, o los delitos de los artículos 575 y ss que se refieren a capacitación, ciertas formas de colaboración o adoctrinamiento, etc., pensadas para el perfil de los llamados lobos solitarios), pero los hechos de Alsasua habrían podido considerarse terroristas antes de la reforma de 2015, en alguna de estas dos modalidades:

1.- Como lesiones del 147 cometidas al servicio de una organización terrorista, con penas de diez a quince años por cada delito de lesiones.

2.- Como lesiones del 147 cometidas con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, con una pena de un año y nueve meses a tres años por cada delito.

No obstante, antes de la reforma los hechos parecen encajar más en el caso 2.- y lo presumible es que la pena solicitada (al margen de los delitos de atentado y desórdenes públicos) hubiera sido la que he mencionado en segundo lugar.

C) En muchas ocasiones se han considerado organizaciones terroristas aquellas que realizaban eso que se llamó terrorismo de “baja intensidad” por comparación con los asesinatos o secuestros que cometía ETA.

No obstante, hay una cuestión que me parece importante: esas organizaciones eran satélites de la propia ETA, que existía y actuaba. No bastaba con compartir los fines, naturalmente: siempre hubo partidos secesionistas legales. El añadido se encontraba en el apoyo, aliento y justificación del salvajismo etarra como fórmula para la consecución de esos fines.

ETA no actúa desde hace unos años. Las referencias en el escrito del fiscal a hechos sucedidos en Alsasua antes de 2009 son, por esta razón, problemáticas. Cuando se trata de hechos de 2017, es preciso que las organizaciones que se mencionan (el llamado movimiento “Ospa”) reúnan autónomamente los rasgos de una organización terrorista. Sin embargo, en el escrito de acusación yo no aprecio (en los pocos hechos que se menciona) ninguno de esos rasgos característicos. Es legal crear una asociación que tenga por objeto que la Guardia Civil abandone un territorio concreto. Véase que en el escrito solo se menciona (antes de los hechos objeto de acusación) como hechos que puedan considerarse delictivos estos:

“Al objeto de intimidar y coaccionar con su sola presencia” es una expresión bastante significativa de la muy discutible materia penal. No se puede condenar a alguien por “estar”, por mucho que sospechemos de su intención.

La cuestión, por tanto, se convierte en cronológica: si los actos previos (incluso la animadversión manifiesta) no son delictivos, es muy complicado utilizarlos para calificar los hechos objeto de acusación como prueba de la existencia de una concertación que buscaba la realización de actos de naturaleza terrorista (salvo que exista alguna prueba independiente de esa concertación).

Con el escrito de acusación en la mano (y a falta de lo más importante, el juicio), veo muy complicado mantener que estamos en presencia de una organización terrorista.

D) También veo complicado defender que estamos en presencia de delitos terroristas (con independencia de la existencia de un grupo terrorista) por la comisión de delitos de lesiones con alguna de esas finalidades previstas en el artículo 573 (insisto, a falta de la prueba). Intentaré explicarme: dada la gravedad de las penas, basadas en la naturaleza del bien jurídico protegido, no basta con que los hechos vengan acompañados de amenazas y de expresiones relativas al derecho de las víctimas a estar o no en ese local (como manifestación de los fines terroristas). El tribunal tiene que valorar que esos elementos colaterales tengan la entidad suficiente como para considerar acreditado, de manera suficientemente intensa, la voluntad de obtener los fines “terroristas” por medio de esos hechos. El contexto en que se produce es, en este sentido, esencial. Lo fundamental es probar (es un proceso penal) si el delitos se comete para conseguir ciertos fines, o si lo que sucede es que se comete y aparecen, con ocasión de su comisión, expresiones que simplemente demuestran la ideología y los demonios de los autores. Parte del relato favorece a los acusados. Otra parte, no. Los delitos de odio a veces surgen de forma muy rápida, como expresión de sentimientos latentes. El terrorismo es una forma de odio escanciado y reposado. En todo caso, es labor de las acusaciones probar que existía esa finalidad; y no basta con hacer referencia a la ideología de los acusados.

E) Se ha dicho que el fiscal pedía la pena legal y que la culpa es de los legisladores. También hay que matizar esto. Yo creo que el legislador dio (desde 1995 y más aún tras las sucesivas reformas) instrumentos muy poderosos a nuestros jueces. Esto es peligroso. También es lo que permite que estemos encarcelando a mansalva a islamistas y que muchos silben pensando en los atentados que se cometen fuera y que, por suerte, no se han cometido últimamente en España. En todo caso, en el mismo Código Penal existe este artículo, el 579 bis 4:

4. Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido.

Los fiscales no suelen calificar utilizando estas modalidades menos agravadas que dependen en gran medida de la discrecionalidad de los jueces. Normalmente califican con la pena más grave que les permite la norma, y utilizan esto para forzar conformidades y acuerdos. Pero, como ven, el Código permite bajar hasta en dos grados la pena. Esto supone reducirla a una cuarta parte si es preciso. Podían haber pedido menos pena.

F) Dicho lo anterior, lo que se narra en el escrito de acusación no es una pelea de bar. Es una agresión concertada en toda regla. Insisto, es labor de la acusación probarlo, pero lo que ahí se narra no es un altercado entre varias personas, sino algo muy similar a un intento de linchamiento.

Por otra parte, Pablo Iglesias (me vale como ejemplo), en el progama de Carlos Alsina planteó que podríamos estar ante simples de las antiguas faltas.

Sobre esto hay que decir que: en primer lugar, que aunque no hubiera lesiones, la conducta que se describe encaja perfectamente en el delito de desórdenes públicos; en segundo lugar, que puede haber dos delitos de atentado, ya que los agentes son agentes y se los agrede por serlo, aunque no estaban en el ejercicio de sus funciones (por lo que el asunto es discutible); y tercero y más importante, estas son las lesiones objetivadas en el escrito de acusación:

– El Teniente de la Guardia Civil con nº D12312P, sufrió contusiones múltiples, fractura bimaleolar de tobillo derecho desplazada y herida en labio de 0.5 cm que precisó sutura. Fue intervenido quirúrgicamente, practicándose osteosíntesis. Fue dado de alta el día 17 de octubre de 2016 con una férula posterior y prohibición de apoyar pie derecho. Se retiraron los puntos del labio a los 7 días y permaneció escayolado hasta el 15 de noviembre de 2016. Precisó tratamiento médico-quirúrgico y tardó en curar de las lesiones 92 días, estando hospitalizado 2 días e impedido para sus ocupaciones habituales los 90 días restantes hasta que curó.

– El Sargento de la Guardia Civil con nº N84761Q sufrió policontusiones consistentes en cefalohematoma en región mastoidea izquierda, erosiones múltiples en espalda, contusión en codo izquierdo con erosión asociada, edema de muñeca derecha con dolor intenso e impotencia funcional, dolor en región lumbar baja que irradia a muslo izquierdo, hematoma en cara posterior de muslo izquierdo y hueco poplíteo. Fue diagnosticado de lumbociática postraumática. Y se aprecia rectificación de lordosis cervical y hematoma de partes blandas en cara posterior de muslo. Se aprecia también una contractura muscular paravertebral lumbar y cervical. Y cicatriz de 1 cm. en codo izquierdo. Precisó tratamiento médico y tardó en curar de las lesiones 53 días, estando hospitalizado 1 día, estando impedido para sus ocupaciones habituales 22 días y 30 días no estuvo impedido para dichas ocupaciones.

– María José NARANJO CARRILLO sufrió dolor osteomuscular en zona dorsal y abdomen, tendinitis en hombro izquierdo y un cuadro de ansiedad importante. Precisó tratamiento médico y tardó en curar de las lesiones 61 días, estando hospitalizada 1 día e impedida para sus ocupaciones habituales los 60 días restantes hasta que curó. En fecha 1 de febrero de 2017 presenta un cuadro de ansiedad importante debido a recuerdos recurrentes de la agresión sufrida, con llanto e hiperventilación. Dicha situación se vio agravada al cruzarse por la calle con uno de sus agresores y por la situación que viven sus padres en Alsasua, donde residen y reciben amenazas e insultos.

– Pilar PÉREZ ORTIZ DE GALISTEO sufrió contractura paravertebral a nivel cervical izquierdo y hematoma en muslo izquierdo, otro en región suprarotuliana, otro en cara anterior de pierna en su tercio medio y en brazo izquierdo esquímosis en cara anterior y tercio medio. Así mismo, sufrió reacción a estrés agudo moderada. Precisó tratamiento médico y tardó en curar de las lesiones 61 días, estando hospitalizada 1 día e impedido para sus ocupaciones habituales los 60 días restantes hasta que curó. Ha seguido bajo control psicológico con visitas programadas cada 15 días por estrés postraumático.

Todas esas lesiones encajan dentro del tipo de lesiones del 147 del Código Penal antes de la reforma (nunca habrían sido faltas). Es decir, de acreditarse la autoría, por cada delito de lesiones (de no ser delitos terroristas) se podría pedir una pena de 3 meses a 3 años; por el delito de desórdenes público se podría pedir una pena de 6 meses a 3 años; por cada delito de atentado, de 1 a 4 años. Sumen.

Por cierto, si alguien pretende burlarse de las lesiones de las novias de los guardias civiles agredidos, que, antes de hacerlo, piense en qué diría si esas dos mujeres hubiesen sido víctimas de una agresión por violencia doméstica.

G) Termino: el escrito es conforme a derecho y es duro, pero ahora corresponde al fiscal probar aquello en lo que se fundamenta. En mi opinión y por lo que leo, lo tendrá bastante complicado. Tanto en lo relativo a la participación como en lo relativo a la naturaleza de los hechos.

Por otra parte, tenemos una legislación penal muy dura. A ver si se enteran los que se empeñan en decir lo contrario. Es tarea de los jueces, en todo caso, aplicar estas figuras delictivas con enorme prudencia y siempre que se acredite con claridad que el bien jurídico protegido se ve afectado. Los hechos objeto de acusación, en cualquier caso, son muy graves y da asco la alegría con la que algunos hablan de los “muchachos” de Alsasua y de una “pelea de bar”.

H) Los acusados continúan siendo inocentes.

NOTA 1:

Antes de la reforma de 2015 el Código penal afirmaba que una organización terrorista era aquella que tenía por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, siempre que fuese estable o por tiempo indefinido, y que sus miembros (al menos, dos), de manera concertada y coordinada, se repartiesen tareas o funciones con el fin de cometer delitos o faltas. Por su parte, un grupo terrorista era aquel que, aun no reuniendo las características de una organización, tuviera por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos o faltas. A su vez, antes de la reforma de 2010 el Código Penal hablaba de banda armada, grupo u organización terrorista, como una forma de asociación ilícita, sin definirla; la jurisprudencia se remitía a una serie de tratados internacionales, entre los que destaca la Decisión Marco de 13-06-02 que dice en su artículo 1 que son delitos terroristas los siguientes:

a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte;

b) atentados graves contra la integridad física de una persona;

c) secuestro o toma de rehenes;

d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico;

e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías;

f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo
de armas biológicas y químicas;

g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;

i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h).

Siempre que la finalidad fuese:

— intimidar gravemente a una población,

— obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,

— o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional

El artículo 2 de la Decisión Marco define grupo terrorista como la organización estructurada de más de dos personas, establecida durante cierto período de tiempo, que actúa de manera concertada con el fin de cometer delitos de terrorismo.

Por organización estructurada entiende aquella no formada fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en la que no necesariamente se ha asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni hay continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada.

Al margen de esto, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional llevaban décadas configurando el concepto legal de terrorismo y de grupo u organización terrorista.

Promover, dirigir o estar integrado en una banda armada o grupo u organización terrorista siempre fue delito muy grave. También la colaboración.

Por otro lado, cuando se cometían ciertos delitos formando parte, actuando al servicio o colaborando con grupos terroristas la condena era muy elevada. Por ejemplo, unas lesiones como las de Alsasua, de ser terroristas, en el Código Penal de 1995 en su redacción  desde 2000 también estarían castigadas con penas de 10 a 15 años.

Tras la reforma de 2015, se adoptan algunas ideas de la Decisión Marco y se define el delito de terrorismo con independencia del delito de pertenencia o integración  la organización terrorista. La cuestión es que fundar, dirigir o participar en una organización terrorista es delito, pero también pasa a serlo, con carácter general, realizar ciertos actos con una finalidad determinada aunque formalmente no formes parte de una organización terrorista.

Por esta razón desaparece un artículo del Código Penal que preveía una condena mayor (en su mitad superior) para los delitos causados por personas no pertenecientes a grupos terroristas cuando se hacían con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública. Este artículo, el 577, en su versión original, no incluía lesiones como las de los hechos de Alsasua, pero desde 2000 sí incluye las lesiones del art. 147 (es decir, las padecidas por las víctimas de dichos hechos).

Hoy, el actual artículo 573 define el delito de terrorismo como cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Sí, el ocupa tiene derechos

 

Accedí a esta noticia por este tuit de Cristian Campos:

Voy a comentarla porque mucha gente la está retuiteando y observo el estupor en muchos comentarios escritos en respuesta al tuit original. Además, en una de esas respuestas me he encontrado con esto.

En realidad, la noticia contiene todos los datos que explican por qué es perfectamente correcta la actuación de la policía catalana.

Voy a explicarlo:

1.- Ocupar una propiedad ajena es delito en España. Hablo de ocupar o usurpar, no de entrar. Entrar también es delito cuando esa propiedad es la vivienda de alguien o el domicilio de una persona jurídica (o establecimiento mercantil o despacho u oficina, o local abierto al público, incluso fuera de sus horas de apertura). Me centraré en la usurpación porque es el tipo delictivo que se “ajustaría” más a lo que nos okupa (perdonen la coña, no he podido evitarlo). Lo regula el Código penal en su artículo 245:

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Como pueden observar, hay dos modalidades. En la primera se utiliza violencia o intimidación, mientras que en la segunda no concurren ni la una ni la otra.

Ahora bien, la ocupación, para ser delictiva tiene que reunir una serie de requisitos, que han sido establecidos por los tribunales analizando el precepto. Así, partiendo de que el bien jurídico protegido es la protección de los derechos reales sobre inmuebles (propiedad, usufructo, uso, habitación), han especificado que es preciso:

a) Que se ocupe un inmueble sin violencia o intimidación, y que el inmueble no sea morada de nadie.

b) Que lleve consigo un riesgo relevante para el titular de los derechos, por lo que se viene exigiendo tradicionalmente que la ocupación no sea ocasional (es decir, sin vocación de permanencia).

c) Que la persone que ocupe no tenga un título jurídico. Ojo, el título jurídico no ha de ser de la misma naturaleza que el del perjudicado. Por ejemplo, un arrendatario no comete este delito, aunque no pague. Tampoco aquel que ocupó el inmueble por mera tolerancia del dueño (lo que tradicionalmente se conoce como precarista). Ya que, en tal caso, lo que ha de hacer el titular es acudir a la vía civil.

d) Que el titular del derecho real exteriorice su voluntad contraria a la ocupación puesto que la norma expresamente la exige.

e) Que, como siempre sucede, concurra dolo en el autor: es decir, conciencia de la ajenidad, de la ausencia de autorización y de la voluntad contraria del dueño al acto de desposesión inicial.

2.- Si se fijan en la noticia, se da la circunstancia de que los ocupantes llevan tres años en la vivienda. No me extrañaría (aunque el dato no consta) que estén empadronados en ella y que paguen los suministros. Aunque les parezca extraño, yo tengo clientes en esa situación. Más aún, la vivienda era propiedad de un banco y la venta se hizo (así se deduce de la noticia) especificando el banco que la vivienda estaba ocupada por una familia. No consta ninguna denuncia (en vía penal) efectuada por el banco (cuando tuviese conocimiento de la ocupación). O, si la hubo, fue sobreseída (y no puedo valorar por qué, ya que ignoro los detalles). Esa es la situación que se debe analizar, la previa a la compra, porque lo que está claro es que, tras tres años de posesión de una vivienda, frente al ocupante, la persona que compra (y que además conoce la existencia de la ocupación) no puede sostener que el acto de ocupación se efectuó contra su voluntad (ya que entonces no era dueño). Y el ocupante puede defender (con más o menos éxito) que es un precarista y que ocupó la vivienda por la tolerancia o la dejadez del propietario (el banco) o, al menos, sin que le constase su expresa voluntad de oposición a la ocupación.

3.- Lo que es indiscutible es que la vivienda es morada de los ocupantes. Y, por serlo, no se les puede desposeeer más que en ejecución de una resolución dictada por un juez competente. La policía no puede desalojar a personas que poseen un inmueble. Todo lo más, si se produce una situación de flagrante delito puede detener a esas personas, entregar la posesión a los que aparentemente sean sus legítimos poseedores y, más tarde, el juez de instrucción avalará o no esas medidas primeras. Pero sucede, en este caso, que la apariencia es favorable a los ocupantes, porque llevan allí tres años.

4.- El titular del derecho real (el nuevo propietario) no solo no puede ocupar la casa contra el derecho a la posesión de los ocupantes actuales (pues comete un delito), sino que tampoco puede utilizar contra ellos ninguna medida coactiva, pues la coacción y la realización arbitraria del propio derecho también son delitos. El nuevo propietario tiene, naturalmente, abierta la vía legal: acudir al procedimiento civil. Y si el ocupante carece de título del tipo que sea para ocupar la vivienda más allá de un cierto momento, la resolución judicial ordenará su desalojo, que será efectuado por la fuerza si el ocupante se opone a ello (pudiendo cometer un delito). Esa vía civil se abre desde el momento en que el propietario decide que no quiere que el mero ocupante siga ocupando lo que es suyo. También se abre cuando un arrendamiento se extingue o cuando el arrendatario no paga la renta, por ejemplo. Como es obvio, a falta de acuerdo, es un juez el que decide que cualquiera de esos supuestos concurre. 

Sí, leyendo la noticia descubrimos que el dueño ha de ser desalojado (aunque puede que no haya cometido el delito, ya que su ocupación fue esporádica) y que su poseedor actual tiene derecho a recuperarla, hasta que un juez (en vía civil) no diga algo diferente. Y, en todo caso, aunque el actual dueño escoja la vía penal (que parece desaconsejable) tampoco puede entrar en la casa y cambiar la cerradura, porque es el juez competente el que ha de decidir esto, si considera que se ha producido un delito (algo en este caso muy dudoso, como ya he explicado).

Y sí, no tengo nada en contra de que la policía vigile que no se utilicen procedimientos extrajudiciales de naturaleza coactiva para la expulsión de los ocupas. Cómo no van a hacerlo, si les corresponde impedir la comisión de delitos.

Como es obvio, en gran medida la protección práctica (no teórica) de los derechos de titulares de inmuebles en España es deficiente. Pero esto no es consecuencia de nada de lo que cuenta esta noticia. Aunque fuese extraordinariamente eficiente, la respuesta legal habría sido (y debe ser) la misma. La cuestión es previa. Tiene que ver con la tolerancia (desde hace años) a la ocupación de viviendas propiedad de bancos (y de grandes empresas inmobiliarias), con la propia inactividad de los bancos (abrazados a papá Estado —socializando, por tanto, sus pérdidas—, a la vez que intentaban ocultar sus miserias), y con la enorme y desesperante lentitud de la justicia. Lo repito, con la tolerancia a la ocupación, porque el caso del deudor hipotecado que no puede pagar y que ve ejecutada su hipoteca es un caso diferente (de hecho la ley está permitiendo el mantenimiento en la posesión tras la subasta). Y tiene que ver con la tolerancia hacia ciertos movimientos sociales organizados, afines a determinadas organizaciones políticas. La solución no es nunca la tolerancia con la ocupación, por muchas razones, entre ellas por lo que supone precisamente de estímulo a la ilegalidad y, por tanto, a la aparición de mafias. El Estado debería facilitar la respuesta rápida a este tipo de situaciones. Lleva demasiado tiempo sin hacerlo.

Pero a la ilegalidad no se la combate con la ilegalidad.

Y por eso esta noticia no debería escandalizarnos. Insisto, esta noticia.

Los elogios de Corcuera

 

En esta entrevista de hoy de Carlos Herrera al exministro José Luis Corcuera, a raíz de la captura de la cúpula de ETA en Bidart en marzo de 1992, el entrevistado menciona en varias ocasiones al exgeneral Rodríguez Galindo en términos muy elogiosos, llegando incluso a reprochar a los españoles que hayan caído en el olvido los logros del mencionado por nuestra falta de memoria.

Como el señor Corcuera nos reprocha nuestra falta de memoria y nuestro desagradecimiento, vamos a recordar todos los logros del exgeneral:

«En el año 1983 la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián estaba situada en la calle Zumalacárregui, y en Inchaurrondo se encontraban los pabellones-vivienda de los guardias; la mandaba un Teniente Coronel, que actuaba como primer Jefe. En el mes de octubre de ese año acababa de ser destinado a ese cargo el “Teniente Coronel Julio M. M.”. El segundo Jefe era el entonces Comandante Enrique R. G., mayor de edad, sin antecedentes penales, que llevaba destinado en esa Comandancia desde 1980, anteriormente como tercer Jefe. Los oficiales del servicio de información, en el que se encontraban destinados unos treinta hombres, eran entonces el Capitán Angel V. H., mayor de edad, sin antecedentes penales, y el Teniente Fidel H. C. En ese servicio se hallaban encuadrados Enrique D. V., Cabo 1º, mayor de edad, entonces sin antecedentes penales, y Felipe B. L., Guardia, mayor de edad, entonces sin antecedentes penales. Para el desempeño de sus funciones los miembros del servicio de información actuaban divididos en tres grupos, delitos comunes, delitos fiscales y de tráfico de drogas y delitos de terrorismo. En función de cada misión se constituían subgrupos y se daban los distintivos. En 1983 era Gobernador Civil de Guipúzcoa José Julián E. G., mayor de edad, sin antecedentes penales; cargo que desempeñaba desde finales de diciembre de 1982. A mediados de 1983 José Julián E. G. solicitó del entonces Comandante del Cuerpo de Policía Nacional, Paulino G. D., el mando del cuartel de Aldapeta, la adscripción de un funcionario de ese cuerpo al Gobierno Civil, para desarrollar funciones burocráticas y de enlace, nombrándose a Angel L. C., quien pasó a ocupar una dependencia dentro del Gobierno Civil y, además de recoger toda la información que se publicaba que pudiese tener interés policial, para informar al Gobernador Civil, tenía encomendadas funciones de contrapropaganda en relación con actuaciones de ETA. A lo largo de ese año el Comandante Enrique R. G. y el Gobernador Civil José Julián E. G., al tener conocimiento de que en el Ministerio de Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en el Sur de Francia, como una vía para acabar con la actividad terrorista de ese grupo, entonces tremendamente cruenta, decidieron que ellos debían intervenir, tratando de lograr la detención en Francia y el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fuesen descubiertos, valiéndose de algunos de los Guardias Civiles destinados en el servicio de información de esa Comandancia, entre ellos el Capitán Angel V. H., el Cabo Enrique D. V. y el Guardia Felipe B. L., quienes se mostraron de acuerdo con todo ello. Para mantener custodiados y bajo control a los miembros de ETA que lograsen traer de Francia, eligieron la villa llamada La Cumbre, entonces en situación de semiabandono, propiedad del Estado, que se encontraba a disposición del Gobierno Civil. Esa villa, sita en el Alto de Aldapeta de San Sebastián, consistía en un edificio rodeado de un jardín, con piscina y pista de tenis y era utilizada esporádicamente por miembros de las fuerzas policiales para guardar motocicletas y perros o incluso para jugar al tenis. José Julián E. G. facilitó que accediera al recinto y al edificio el Comandante Enrique R. G. La detención en Francia y el traslado a San Sebastián de los miembros de ETA fue encomendada por el Comandante Enrique R. G. a personas cuya identidad no consta. Estas personas el día 15 de octubre de 1983 estuvieron en Bayona, siguiendo a José Antonio L. A. y a José Ignacio Z. A., y, cuando sobre las 0.30 horas, ya del día 16, los vieron solos en la calle Tonneliers, dirigiéndose a un coche, les abordaron y lograron inmovilizarlos e introducirlos en los coches que llevaban; y, con ellos ocultos, pasaron la frontera y llegaron a San Sebastián. En el año 1981, José Antonio L. A., nacido en Tolosa, el 21-3-1963, hijo de José Mª y de Mª Jesús, soltero, y su amigo José Ignacio Z. A., nacido en la misma localidad, el 5-1-1963, hijo de Juan y de Felipa, también soltero, se encontraban integrados en ETA, rama militar, formando parte, junto con Iñigo A. U. y otra persona, del comando denominado Gorki. El día 6 de noviembre de 1981 Iñigo A. U. fue detenido cuando, con sus compañeros de comando, acababa de realizar un atraco en la Caja Laboral Popular de la calle San Francisco de Tolosa, mientras que los demás, armados y encapuchados, tras enfrentarse a tiros con los miembros del Cuerpo Superior de Policía, lograban darse a la fuga. A raíz de estos hechos José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. abandonaron sus domicilios y huyeron de España. En el año 1983 se encontraban en Francia, residiendo en la localidad de Bayona; allí estaban en contacto con el denominado Comité de Refugiados, habían formulado peticiones de asilo político y, mientras se tramitaban, habían ido solicitando permisos de residencia, que les habían sido concedidos por distintos períodos de tiempo. En la noche del sábado 15 de octubre de 1983, José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A., que ese día habían estado acompañados de un hermano de José Antonio, llamado Miguel, fueron después de cenar al domicilio de Mariano M. C., sito en el núm. … de la calle Tonneliers de Bayona, y después, junto con la mujer de Mariano, estuvieron recorriendo algunos bares de la localidad. Sobre las 0.30 h, ya del día 16, Mariano M. C. dejó las llaves de su coche, un Renault 4L, verde, matrícula SS-…-M, a José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A., para que pudiesen trasladarse esa misma noche a las fiestas de la localidad cercana de Arcangues, y se separaron; quedándose Mariano M. C. y su esposa en el domicilio y dirigiéndose José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. a recoger el coche, que se encontraba aparcado en la misma calle Tonneliers, en un solar cercano. En ese momento es cuando José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. fueron abordados en la forma antes mencionada. En la mañana del lunes, 17 de octubre de 1983, al extrañarse Mariano M. C. de que no le hubiesen devuelto las llaves del coche, comprobó que el vehículo se encontraba en el mismo lugar donde él lo había dejado aparcado, sin signos de haber sido movido, pero con las puertas sin cerrar con llave, y que en su interior se encontraba la cazadora que en la noche del sábado llevaba José Ignacio Z. A., conteniendo en el bolsillo un puro, que Mariano le había dado esa noche, y que aparecía roto. Al enterarse de que José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. tampoco se encontraban en su domicilio y no habían sido vistos desde esa noche, puso su desaparición en conocimiento de la policía, acudiendo acompañado de Juan Ramón N. A., miembro del Comité de Refugiados, quien precisamente en la mañana de ese día tenía una cita con aquéllos para tramitarles los permisos de residencia, que ya se encontraban caducados. En Guipúzcoa, el día 15 de octubre de 1983, sobre las 22.50 h, se produjo un atentado, que inmediatamente se pudo atribuir a ETA, contra una patrulla de la Guardia Civil de Oñate, al hacerse explotar, mediante mando a distancia, un artefacto colocado en la pared de un huerto, junto a la carretera local San Prudencio-Oñate-Zumárraga, L-38, kilómetro 4; resultando herido el Guardia Civil R. C., que ocupaba el asiento trasero de uno de los vehículos, al golpearle una piedra, que como consecuencia de la explosión había entrado por el cristal trasero y aunque pudo ser inmediatamente trasladado, en el propio vehículo, al Hospital Comarcal del Alto Deva, en la localidad de Mondragón, ingresó en él cadáver sobre las 23 h. También resultó herido el guardia civil Antonio R. R., de carácter leve, por lo que, tras ser asistido en el mismo hospital, fue dado de alta. El Gobernador Civil, José Julián E. G., que escuchó por la radio la noticia de lo ocurrido, se dirigió solo, por no localizar a sus escoltas, al lugar donde se había producido el atentado, conduciendo el vehículo oficial, un Ford Granada blindado. José Julián E. G. estuvo en el escenario del suceso y visitó tanto el Hospital de Mondragón como el cuartel de Oñate, donde se instalaría la capilla ardiente. Encontró al Comandante R. G., con el que regresaba hacia San Sebastián, seguido ya por sus escoltas, después de las 5 h de la madrugada, cuando le pasaron al Comandante el aviso de que llamase por teléfono a Inchaurrondo, siendo informado así de la llegada de José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. a La Cumbre. Enrique R. G. le dijo a José Julián E. G. que habían caído dos peces medianos en Francia, lo que fue oído por Angel L. C., que había ido a reunirse con el Gobernador Civil al enterarse de que había salido solo. Desde el día 16 de octubre de 1983 José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. estuvieron detenidos en La Cumbre y su custodia, siguiendo las ordenes del Comandante Enrique R. G., fue encomendada por el Capitán Angel V. H., a Enrique D. V. y a Felipe B. L., llevándose a cabo, por turnos, en los que también intervinieron otras personas. A lo largo de varios días José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. fueron interrogados por Enrique D. V. y Felipe B. L., y visitados con frecuencia por Angel V. H., y el primer día por Enrique R. G. y José Julián E. G. Una vez concluidos los interrogatorios a que fueron sometidos José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A., y resueltos Enrique R. G., José Julián E. G., Angel V. H., Enrique D. V. y Felipe B. L. en darles muerte para hacerlos desaparecer, decidieron llevarlo a cabo en un paraje aislado, que les permitiese deshacerse de los cuerpos, enterrándolos en cal viva, para lo cual fue elegida la Foya de Coves, término municipal de Busot , Alicante. Enrique D. V. y Felipe B. L., junto con otras personas, trasladaron a José Antonio L. A. y a José Ignacio Z. A., atados y amordazados, y con los ojos vendados, a aquel lugar, que tenía acceso por un camino de tierra que partía de la carretera local A-182 ( Busot -Aguas de Busot ), km 12.100, por el que circularon unos 15 km, después abandonaron los coches y se introdujeron andando por la zona de monte unos 200 m. Allí, con una pistola Browning, hicieron un disparo a José Antonio L. en la cabeza, y dos a José Ignacio Z., también en la cabeza, lo que les causó la muerte inmediata. Después arrojaron los cuerpos, sin ropa, aún amordazados y con unas vendas a una fosa que habían preparado, de unos 180 cm de largo, por 80 de ancho y 90 de profundidad, y los cubrieron con tierra y con más de 50 kilos de cal viva. Sobre las 16.15 h del día 20 de enero de 1984 una voz masculina llamó al teléfono de la Cadena Ser de Alicante, y cuando le contestó la locutora Mª Nieves M. M., le dijo que hablaba en nombre de los Grupos Antiterroristas de Liberación, que prestase atención, que no lo iba a repetir, que ese día habían asesinado a José Antonio L. A. y a José Ignacio Z. A., que habían muerto pidiendo un sacerdote, pero que no se lo habían dado, porque no se lo merecían, y que se encontraban sus cuerpos en Busot ; colgando a continuación. El día 20 de enero de 1985, Ramón S. P., cuando se encontraba cazando por la Foya de Coves, encontró, esparcidos por las alimañas, restos humanos y la fosa en la que parecía hallarse un cuerpo, por lo que procedió a dar aviso al puesto de la Guardia Civil de Busot . Personados en ese lugar los miembros de ese puesto y comprobada la realidad del hallazgo, se comunicó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante y al equipo de investigación de la Guardia Civil. Una vez abierta la fosa resultó contener no uno sino dos cadáveres, que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante y aún conservaban restos de vendas. Al primero de los cadáveres le faltaban las extremidades inferiores, lo que se correspondía con los restos que se encontraban esparcidos por el exterior, en un radio de unos 20 metros. A tres metros se encontró un casquillo, Geco 9 mm Parabellum, y unos días después, al cribar la tierra y la cal, un proyectil del calibre 9 mm Parabellum. Los cadáveres no fueron identificados y quedaron depositados en el Cementerio Municipal de Alicante, hasta que en 1995 el funcionario del CNP…, Jesús G. G., Jefe de Grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, ante las noticias aparecidas en la prensa del momento sobre las actuaciones de los GAL, la relación de personas desaparecidas que se les atribuían y los comentarios de personas procesadas en otros procesos respecto a utilización de cal, para hacer desaparecer cadáveres, empezó a sospechar que podía tratarse de los restos de José Antonio L. A. y de José Ignacio Z. A. Las gestiones iniciadas concluyeron con la identificación de los cadáveres. Entonces se realizó nueva inspección ocular, que permitió localizar otro proyectil semejante al anterior y nuevos exámenes de autopsia con el resultado de que José Antonio L. A. tenía un tiro en la cabeza, que no se había apreciado en la primera, y José Ignacio Z. A. dos, cuando en la primera sólo se había localizado uno.

La Audiencia Nacional condenó a Enrique Rodríguez Galindo, como autor de dos delitos de asesinato, con la agravante de prevalerse del carácter público, a la pena de 28 años y 6 meses de reclusión mayor, por cada uno de ellos, y, como autor de dos delitos de detención ilegal a la pena de 7 años de prisión mayor, por cada uno de ellos. Más tarde, la pena por detención ilegal se incrementó a 9 años y un día. Es decir, fue condenado a 75 años de prisión. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos tribunales desestimaron los recursos.

El diputado Iglesias

Hoy, en el programa de Carlos Alsina, Pablo Iglesias ha demostrado hasta qué punto es un irresponsable.

Y no tanto por su ignorancia. Ha afirmado que los hechos de Alsasua podrían ser una falta (por dos veces) o un delito de lesiones (“falta o delito lo que diga el juez”), cuando ya no existen las faltas de lesiones (tras la última reforma del Código Penal, las faltas de lesiones se convirtieron en delitos leves de lesiones), para después afirmar que sabía que las faltas ya no existían. ¿Lo sabía o no? Si no lo sabía es un ignorante y un mentiroso; si lo sabía, el uso de la palabra “falta” solo puede tener una finalidad, rebajar la gravedad de los hechos, trasladando a la gente la idea de que fue algo de poca importancia. En un momento de la entrevista llega incluso a utilizar la expresión “o, en este caso, un ilícito civil o penal”. Un ilícito civil, con un agente de la Guardia civil intervenido quirúrgicamente por una fractura.

No, señor Iglesias, ningún juez puede decir que un ilícito penal es una falta porque las faltas no existen.

Su irresponsabilidad es resultado de su biografía. Se ha acostado tanto tiempo con los mensajes de los filoetarras que se ha quedado embarazado y ha parido (él y muchos de su partido) una criatura deforme y siamesa en la que conviven la supuesta denuncia de los hechos (“fuimos los primeros”) y sus adversativas.

Y esa bazofia intelectual se manifiesta en la manera que tiene de acortar la realidad y falsearla. Por ejemplo, al afirmar que es inadmisible que convirtamos cualquier agresión contra un policía o un guardia civil en el País Vasco en delito de terrorismo. Esa afirmación es falsa y la realidad está a la vista: hay sentencias por delitos de atentado dictadas por la Audiencia Provincial de Navarra y si fuera cierto lo que dice Iglesias no podrían existir.

Naturalmente, eso es falso. Un delito de atentado (pare ser más exactos, un delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos,  y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías) se convierten en delito terrorista no porque tengan lugar aquí o allí  o porque lo sean contra personas concretas, sino porque se hagan con la finalidad de:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Como pueden ver, cuando Iglesias (el ignorante Iglesias o el mentiroso Iglesias) se pone a dar clases de derecho al periodista, solo menciona una de las ocho alternativas que se contiene en esos cuatro números, ocultando que también hay terrorismo si se pretende por ejemplo obligar al Estado, por medio de esos delitos, a que la Guardia Civil salga de Navarra. Solo una de las ocho.

Y además lo hace afirmando que no conoce el auto de procesamiento y que no sabe si fue una “pelea” o una agresión ni qué les pasó a los agentes que sufrieron esas lesiones.

No lo conoce, pero opina que es un exceso que los magistrados de la Audiencia —los magistrados, no el Gobierno, ni la policía— hayan calificado hasta ahora esos indicios como posible delito terrorista. No le creo. Yo creo que lo conoce.

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Las lesiones que se describen en el auto de procesamiento son las propias de un delito grave de lesiones (nunca de un delito leve, la antigua falta) porque una intervención quirúrgica es un tratamiento médico:

Artículo 147.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Así que ya sabemos que Iglesias es un ignorante, un irresponsable y/o un embustero. Y su aparente preocupación por supuestos excesos judiciales son eso, mera fachada.

Porque sí existe una manera jurídica (y, en consecuencia, política) de abordar este asunto (algo difícil en mi caso, ya que no he podido leer el auto de conclusión del sumario ni los de la Sala que resolvían diferentes recursos, ni conozco los informes que se mencionan en ella). Esa manera necesariamente pasa por lo siguiente:

1.- Por plantear dudas sobre el delito de atentado, puesto que los agentes no estaban en el ejercicio de sus funciones.

2.- Por plantear dudas sobre la concurrencia de los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, puesto que resulta difícil su encaje en el tipo descrito en la norma.

3.- Por discutir esos informes policiales y las pruebas en que se apoyen sobre la existencia de esos grupos organizados, dotados de cierta estabilidad, que tienen esa finalidad (obligar al Estado a destinar a los guardias civiles fuera de Navarra) utilizando para ello el acoso, la intimidación, para obtener el aislamiento de los agentes y sus familias. A menudo estos informes presentan debilidades y se demuestran más como construcciones que como auténticas pruebas. Para eso, naturalmente, hay que leer esos informes y analizarlos.

Y todas esas críticas o dudas se pueden articular sobre la base de un discurso coherente que pretenda evitar un uso excesivo del tipo penal de terrorismo, algo perfectamente justificable, ya que las penas previstas para este tipo de delitos, y los miembros de esos grupos y organizaciones son mucho más duras. Sí, el Estado a veces se excede; a veces es arbitrario; a veces usa sus instrumentos de manera exagerada, provocando daños a los ciudadanos.

El problema es que yo no creo a Iglesias. No creo que esa sea su preocupación. Es el mismo hombre que mira hacia otro lado cuando un pseudotribunal encarcela más de diez años a un líder político en Venezuela vomitando una sentencia grotesca.

Y, por la misma razón, yo no tendría ningún inconveniente en que diputados españoles recibieran a las familias de unas personas encarceladas que protestan por una respuesta que dicen excesiva de las instituciones del Estado, si creyera que esa es su preocupación real. Y no por eso los llamaría amigos de los terroristas. Pero no les creo. No a las familias. Ignoro qué hicieron realmente los acusados. Ignoro qué sucedió y si, en su caso, tenían esa finalidad perseguida por la ley como terrorista. Y si piensan que una campaña pública puede ayudar a sus familiares es lógico que la emprendan. Ahora, si pretenden tener cierta credibilidad, es imprescindible que se basen en pruebas y en argumentos.

Cuando digo que no les creo, me refiero a los que los recibieron en el Congreso. Esa es la gente que lleva años comprando el discurso de mierda, el que se denuncia magníficamente aquí.

Ya termino. El retórico Iglesias, el de las preguntitas, muestra lo que es al preguntar a Carlos Alsina si cree que en el caso de que alguien agrediese al periodista porque no le gusta lo que dice o al propio Iglesias porque no le gusta lo que piensa, si, en ese caso, le parecería bien que se acusase a los agresores de delito terrorista y se juzgase en la Audiencia Nacional.

Eso ya pasó, diputado Iglesias. Y la respuesta es que sí, si con ello se pretende, por ejemplo, que los diputados de Podemos no puedan expresarse o se pretende coaccionarlos para que se queden en su casa o que tengan que salir a la calle escoltados. Sí, diputado Iglesias, si unas personas te agredieran con la intención de desestabilizar gravemente el funcionamiento del Congreso, o de obligarte a que no puedas emitir tu opinión libremente, o de alterar gravemente la paz pública, o de provocar un estado de terror entre los que te votan o entre los miembros o dirigentes de tu partido, naturalmente que sería terrorismo, y los ciudadanos normales y decentes querríamos que los autores de ese acto criminal fuesen castigados como terroristas y juzgados en la Audiencia Nacional.

Tú, diputado Iglesias, no harías lo mismo si el diputado agredido fuese del PP, o del PSOE, o de Ciudadanos. Por eso te haces esas preguntas de mierda.