Información útil. O no.

 

Hoy se ha conocido esta noticia.

No tenemos la sentencia. Solo la nota de prensa.

En su momento escribí un largo artículo sobre el asunto. Lo enlazo por si les interesa el asunto y para contar con algunos antecedentes.

Cuando lea la sentencia, daré mi opinión*

* O no. Depende de las ganas que tenga.

 

 

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Contraindicaciones

 

Ayer —alabado sea el Señor— no leí prensa ni anduve por los mundos de internet, salvo para colgar un par de fotografías de un fantástico lugar que estuve visitando en muy buena compañía. Otro día, si eso, contaré algo más.

El caso es que un amigo me indicó que echase un vistazo al editorial de El País. Ya sabemos que se está ejecutando una estrategia de blanqueamiento del golpe de Estado secesionista. Es obvio en el PSOE y en el Gobierno. No lo es en Podemos, porque los de Podemos nunca han estado en el lado de la ley en este asunto. Podemos no engaña a nadie. Este editorial es, evidentemente, un engranaje más en la máquina de fijar un relato que tiene una doble finalidad: presionar a los fiscales y a los jueces, y, en su caso, legitimar un indulto.

Por eso es tan indecente todo.

«La prisión preventiva constituía un expediente judicial muy frecuente durante el franquismo.»

El comienzo es magistral. Franco aparece en la primera frase. Franco, voy a recordarlo, murió hace 43 años. La Constitución ha cumplido 40 años. ¿Tiene de verdad algún sentido mencionar el franquismo al hablar de prisión preventiva hoy y, en particular, cuando el asunto del editorial no es la prisión preventiva, sino la prisión preventiva de unos pocos? ¿Cuántos editoriales de El País en los últimos, no sé, veinticinco años, han tratado el asunto de la prisión preventiva en general en España?

He preguntado si tiene algún sentido mencionar a Franco. Naturalmente que lo tiene: desde la primera línea se crea la relación entre la prisión de Junqueras y cía y el franquismo. Ya saben, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha. Para que el lector vayas situándose en el lugar correcto.

«Su empleo ha descendido progresivamente desde la Transición y hoy apenas un 14% de la población reclusa española permanece entre rejas antes de que se dicte sentencia, aunque en los dos últimos años se ha producido un pequeño repunte. La tasa está por debajo de la media europea, en torno al 25%, lo que muestra el progreso liberal de nuestra judicatura.»

El País, en este párrafo, nos ofrece su tradicional cara moderada. Reparte primero caramelos, que ya llegará el barro.

«La mayor parte de los presos preventivos se circunscribe a protagonistas de presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas, miembros de organizaciones criminales y autores de robos con violencia.»

Qué cosas. La mayoría de los presos preventivos lo están por su presunta intervención en los delitos más graves habituales. Claro, no suelen ser presuntos asesinos o presuntos agresores sexuales, porque, por suerte, estos delitos son bastante raros en España. Imaginen el porcentaje de presos por delitos de rebelión o de genocidio. Sí, pocos. El dato, ya ven, o es superfluamente idiota o tiene otra finalidad. Sí, exacto, tiene otra finalidad. Ya vamos viendo que lo de la prisión preventiva es franquista y propio de narcos. Aunque, no sé si el autor del editorial habrá caído en que los presos golpistas formaban (forman, en realidad) parte de una gran organización criminal.

«Una singular anomalía suele acontecer con los enjuiciados en asuntos de especial trascendencia mediática: los jueces tienden a dictar para ellos mayor número de autos de prisión provisional, quizá por un exceso de prudencia, por el prurito de no ser criticados por exceso de benignidad o por la permanencia psicológica del antiguo requisito de la alarma social —que ya no está vigente— para imponer este tipo de medida.»

Este párrafo, que es bueno para el convento, me llama la atención. Yo tendería a pensar que puede ser así. Pero lo reconozco como un prejuicio. ¿Tiene El País datos para afirmarlo? ¿Hay algún estudio, por primario que sea, que demuestre que los investigados en asuntos de esos que salen en la prensa van más a prisión por esas posibles razones que enumeran? Porque se da el caso de que los asuntos más mediáticos —cuando no afectan a famosos— suelen ser criminalmente más graves. Personalmente, solo he visto supuestos claros de dureza judicial en la concesión de beneficios tras la condena (normalmente la suspensión).

«La prisión preventiva constituye una medida cautelar destinada a garantizar que los encausados estarán en todo momento a disposición judicial, especialmente en el momento de la vista oral.»

No. Ese es uno de sus fines. Hay más.

«No es en modo alguno una pena anticipada. No lo es incluso aunque deba relacionarse como medida de proporción con la pena asociada al tipo delictivo del que está acusado el delincuente: a mayores penas previsibles, más lógica tiene dicha cautelar, pero siempre y cuando se cumpla alguno de los requisitos previstos en la ley.»

Efectivamente. Lo curioso es que El País no explique aquí la situación práctica, ya que comienza su editorial hablando de la prisión preventiva en España. Por ejemplo, ¿conoce El País alguien investigado por delitos que pueden llevar aparejadas penas de hasta 25 años de prisión que esté en la calle esperando el juicio? Porque la realidad es que los investigados por delitos que lleven aparejadas penas de ese calibre nunca esperan el juicio en la calle: su influencia sobre el riesgo de fuga es tan intensa que los jueces siempre la acuerdan. Eso sin contar el riesgo que supone que personas que han cometido gravísimos delitos reiteren su conducta, bien sobre la víctima, bien sobre otros.

Esta sucinta doctrina general es también aplicable al caso más estentóreo de presos preventivos de hoy, el de los independentistas catalanes que permanecen encarcelados, en algunos casos desde hace ya más de un año. Resulta falaz la acusación de parcialidad que algunos de sus seguidores lanzan sobre el juez instructor y el Tribunal Supremo, por más que sus resoluciones sean susceptibles de examen crítico. Ni es extemporánea una prisión preventiva argumentada jurídicamente ni la judicatura española persigue al movimiento independentista in toto ni los dirigentes de ese sector son los únicos sometidos a medidas similares (el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados estuvo dos años y medio en idéntica situación).

De nuevo, el viejo mecanismo que tan bien conocemos. Primero la palmada en la espalda y el caponcito para los otros —que tampoco son los míos—, para que se perciba que El País habla desde la razón y la moderación. La pregunta, sin embargo, es: ¿a qué cojones viene pedir que se libere a alguien —que esa lo que viene tanta palabrería, ya que lo único que importa es la última frase del texto— si los jueces españoles no persiguen a nadie ni son parciales? Sobre todo, ¿frente a los escritos y recursos de las partes, y a las resoluciones judiciales, qué entidad, que sustancia, tiene un editorial como este, como para que podamos pensar que es un simple ejercicio de examen crítico? Las resoluciones ya explican utilizando muchas más palabras que El País por qué sí consideran que hay riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Naturalmente, el párrafo es un beso de Judas. Porque lo que importa es lo que viene después.

«Todo ello no significa que las medidas cautelares, por esencia efímeras, no puedan o deban ser reexaminadas atendiendo a razones jurídico-judiciales en virtud de las distintas situaciones individuales.»

Bueno, el adjetivo «efímero» para una situación que puede durar hasta cuatro años parece un tanto cachonda. En todo caso, ya que El País dedica medio editorial a explicar una institución jurídica, debería no ponerse estupendo afirmando lo que no solo saben los jueces, sino que han razonado que hacen. Los jueces siempre nos dicen que examinan y reexaminan las situaciones personales. ¿Afirma El País que en este caso no es así? No, claro. Hace lo de siempre: no lo dice, solo lo insinúa.

«De los tres requisitos necesarios para legitimar una prisión preventiva, hay dos que parece que ya no concurren: el riesgo de destrucción de pruebas (obsoleto con el paso del tiempo) y el de reincidencia en el delito (al no ocupar los justiciables sus anteriores responsabilidades).»

Esto es gracioso. En mi opinión —que se va reafirmando cada día que pasa— el riesgo, no de reincidencia (ya que no hay condena), sino de reiteración, no solo concurre, sino que lo hace de una manera intensísima. Se juzga a determinadas personas porque fueron los líderes del golpe de Estado, pero contaban y cuentan con el soporte y apoyo de cientos de miles de personas (y los resortes, de nuevo, de una administración del Estado). Entre esas personas se encuentran los que hoy gobiernan en Cataluña. Esos que han llevado al presidente Sánchez a la Moncloa, y esos que necesita para seguir gobernando. Esas personas no han renunciado a obtener sus objetivos políticos por medios ilegales: consideran legítimo y democrático el golpe de Estado y lo valoran como un momento fundacional de la república catalana. Esto es notorio. De hecho, consideran a uno de los procesados presidente de esa república. Si esta es su conducta con parte de los investigados en prisión y con otra parte fugada de España, de tal forma que no pueden regresar sin ingresar inmediatamente en prisión ¿qué pasaría si se les pusiese en libertad?

Sin embargo, para El País no hay riesgo porque no ocupan ningún cargo (a pesar, por cierto, de que sean diputados y puedan ocuparlos en cuanto salgan de prisión). Como si, además, no fuese lo propio de las organizaciones criminales en las que hay reparto de papeles el que exista una estrategia secreta y una organización paralela y también a menudo desconocida o difícil de probar.

Y, de hecho, El País olvida que para los secesionistas el referéndum ya es y la república ya tuvo lugar. Si se dieran las circunstancias, ¿la ausencia de un nombramiento formal conforme a la «legalidad española» impediría que Puigdemont y Junqueras salieran a un balcón y volviesen a proclamar la república ante miles de personas firmando cualquier papel de esos que acostumbran a perpetrar y que los secesionistas dijesen que todo esto es válido? ¿Tan difícil es entender esto?

Tan solo podría contemplarse el peligro de fuga en caso de que los procesados fuesen liberados. No es un riesgo teóricamente menor para asegurar el buen fin del proceso. Pero es mayor en función de la apariencia: en cuanto que la huida de algunos dirigentes afianza la percepción de que el resto podría seguir su camino.

Aquí El País menciona la apariencia, pero olvida intencionadamente un dato: esa estancia de los procesados que se encuentran en el extranjero no se ha organizado individualmente y utilizando medios particulares de los fugados. Se produjo gracias al apoyo precisamente del aparato secesionista. Es la existencia de ese aparato secesionista el que hace absolutamente probable una fuga al extranjero.

«Pero apariencia y realidad no siempre caminan juntas.»

LOL

«Varios de los hoy encarcelados fueron en su momento puestos en libertad. Descartaron drásticamente utilizar esa ventaja para convertirse en prófugos. Y acudieron a declarar cuantas veces fueron llamados a ello, aun a sabiendas de la probabilidad de ser sometidos a procesamiento por delitos muy graves, y gravemente penados.»

Vean el argumento: no se puede decir que todos huirían porque hayan huido otros, pero cuando hay que valorar si los que están en prisión huirían hay que considerar que otros no han huido. El argumento vale cuando apoya mi tesis; cuando no la apoya, no vale.

Lo gracioso es que se olvide precisamente que las resoluciones analizan —acertada o equivocadamente— la situación personal de cada investigado y su papel en la trama criminal, y que los investigados, como todo hijo de vecino, hacen juicios de probabilidad.

Es un insulto a la inteligencia sostener que no existe riesgo de fuga de los investigados en prisión, más aún ahora que se acerca el juicio. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación de algunos de sus compañeros, que viven confortablemente en países europeos y que, además, saben que la justicia española no les alcanzará salvo que vuelvan a España. Y que el único argumento sea que el tribunal haya acordado la libertad para algunos de los encausados —los que ocuparon puestos de menor relevancia en la trama criminal tal y como se describe provisionalmente en el auto de procesamiento— y estos no se hayan fugado.

«Por ello, teniendo en cuenta que cada una de las conductas y situaciones individuales no son idénticas, que ha transcurrido ya largo tiempo de prisión preventiva y que falta poco tiempo para la apertura del juicio oral, no resultaría contraindicado que el alto tribunal reexaminase la oportunidad de revisar las resoluciones de prisión preventiva.»

Este final es fantástico. Ese «por ello» que, como vemos, no nos remite más que a la nada argumental. ¿En qué consiste el «ello»? ¿Es un «ello» de Junqueras, de Forn, de Sánchez? ¿La cercanía del juicio es un argumento a favor? ¿Lo es la duración cuando llevan un año, una prisión en absoluto de duración inusual en casos de delitos con penas similares? Y también es maravillosa la elección de las palabras: por ejemplo, contraindicado. Parece como si estuviesen recetando un medicamento a los jueces. La prisión preventiva sí es un medicamento; la libertad, no. La libertad es el estado natural y legal. Que los jueces agredan a un bien tan precioso solo debe ocurrir precisamente cuando está indicado para evitar males mayores.

Lo que pasa es que el «ello» sí es de Sánchez, pero de Pedro Sánchez. Y la prisión está contraindicada para que siga en el cargo.

 

Los Franco

 

Esta noticia es un monumento al dislate.

1.- El titular:

Es falso. Y no crean que lo sé porque soy omnisciente. Lo sé porque leo la noticia. Resulta que esas estatuas fueron retiradas en el siglo XVI cuando se sustituyó la parte del Pórtico que daba al exterior por la fachada actual. De hecho, al menos una de las estatuas del conjunto que se conserva está en manos privadas (la noticia no explica quién es su dueño, a lo mejor es una empresa de saneamientos y daría para un buen titular).

Los Franco poseen dos estatuas. Ellos dicen que compradas; el Ayuntamiento de Santiago dice que la mujer del dictador se las llevó por el morro. Ojo, el Ayuntamiento de Santiago había, se supone, comprado las estatuas en 1948, no crean que su propiedad es inmemorial. Los Franco dicen, además, que han adquirido por prescripción. Por el transcurso del tiempo, vamos. No puedo dar una opinión sobre el asunto de fondo, porque no lo conozco con el detalle suficiente, pero para eso están los jueces.

El asunto es que el titular dice que «los Franco» «ocultan» estatuas en «una inmobiliaria». Todo eso es mentira. «Los Franco» son siete herederos. Uno de ellos traspasó sus derechos (no sabemos si todos los derechos hereditarios o una parte o, más específicamente, una cuota parte de propiedad sobre las estatuas) a una sociedad. No sabemos cómo lo ha hecho, ya que se me ocurren varias fórmulas, pero a lo que importa, resulta que solo un Franco de siete ha traspasado algo (lo que provoca el retraso ya que hay que sustituir a una parte en el pleito).

También es mentira que «los Franco» oculten nada. Y, menos aún, «en su inmobiliaria». Lees la noticia y parece que las estatuas están en el sótano de «Pisos y fincas Franco, S.L.» y que nos acabamos de enterar de su existencia, cuando por lo que veo se sabe desde el primer momento que esas estatuas se las había llevado Carmen Polo y que están en el Pazo de Meirás.

2.- La entradilla:

Como ya he dicho, la propia noticia explica que «los Franco», transmutados en una séptima parte de «los Franco» aka «un nieto» solo una línea más abajo, no han traspasado las estatuas. Todo lo más habrán traspasado una séptima parte de las estatuas, si no ha sucedido que en realidad se ha traspasado una séptima parte de toda la herencia, lo que haría aún más falsa la entradilla.

3.- El descojone, digo el cuerpo de la noticia:

Es el descojone porque vean:

No me digan que no es para desbolarse imaginar al maestro Mateo no pudiéndose imaginar que dos de sus esculturas (ya sabemos que esto es mentira, pero a ver) terminarían en Prístina, S.L., una inmobiliaria propiedad de Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco. Aunque, considerando que el maestro Mateo vivió en el siglo XII, fijo que alucinaría imaginándose que el heredero de un mandamás fuese citado ante un plebeyo para responder por la adquisición de unas estatuas esculpidas por él.

Y no me digan que no tiene gracia que el periodista nos comunique que el juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid, al igual que el maestro Mateo, tampoco sabía que un señor había traspasado derechos sobre unos bienes muebles a una sociedad.

Digamos que la retórica del periodista es descojonantemente deficiente.

¿Y esto? ¿Qué me dicen de esto?

¿Y esto?

Puestos a decir gilipolleces, mejor haber dejado la ausencia de profecía en boca de las estatuas. Una de ellas seguro que era un profeta.

Bondad automática

 

Esta noticia es espeluznante.

¿Deben ver a sus hijos los padres incursos en juicios de violencia machista?

Expertos y ONG han redactado un borrador de la Ley frente a la Violencia contra la Infancia en el que proponen que se prohíba por ley “el establecimiento de ningún régimen de estancia, relación o comunicación” con hijos menores a los progenitores condenados o acusados de cualquier delito relacionado con la violencia de género.

Para que entiendan la medida, si se extiende tal y como se propone por esos «expertos y ONG» (según el medio), la consecuencia es que un padre investigado por maltrato puede que esté incluso años sin relacionarse con sus hijos.

Eso sí:

“Lo principal es que no se ponga en riesgo la vida de los niños. Si luego resulta que la persona no es condenada se vuelven a retomar las vistas, pero lo mas importante es evitar el mal mayor, que es perder la vida”.

Claro, años más tarde, cuando la relación del padre con su hijo o hijos está completamente rota, la idea es que se puedan «retomar las visitas». Como si no se pagase un precio.

¿Por qué la prohibición, es decir, el automatismo? Porque los jueces valoran los casos concretos y, pese a estar obligados a investigar si hay indicios, a menudo aprecian que no hay riesgo respecto de los hijos. Y no condenan a los hijos cautelarmente a no ver a sus padres.

¿Por qué pasa esto? No porque los jueces hagan su trabajo —cometiendo errores, por supuesto, porque no son infalibles—, sino porque no cuentan con «perspectiva de género», se nos dice.

Esta medida es un ejemplo de esa perspectiva. Perspectiva de género equivale a establecer presunciones legales incompatibles con la civilización y, por cierto, con el conocimiento de las cosas. Equivale a provocar cambios fácticos gravísimos en la situación de decenas de miles de personas mediante un automatismo legal: la denuncia equivale a una condena anticipada. Hoy, los jueces, al igual que pueden decretar una prisión preventiva pueden establecer cualquier medida de protección respecto de mujeres denunciantes y respecto de los hijos menores (incluso sin denuncia). Pero a la iglesia de la perspectiva de género no le basta: no confía en que los jueces juzguen y prefieren el privilegio. La ley privada para las mujeres, como lo fue el derecho de pernada para los aristócratas. Las mujeres, seres superiores, decidirán, simplemente denunciando, cuál será el futuro inmediato de los denunciados, esos plebeyos, respecto de sus hijos.

Así estamos.

Llevo dos días trabajando en una demanda de modificación de medidas. Les voy a contar algunas cosas sobre ella, con permiso de mi cliente.

Un hombre —mi cliente—  y una mujer tienen una hija, menor de edad. Surgen problemas entre ellos, que no voy a contar, porque no viene al caso y por no crear prejuicios al que lea esto. El caso es que terminan yendo a abogados que presentan demandas. Ella además presenta una denuncia: amenazas, agresiones e incluso agresión sexual. Lo detiene la policía y pasa dos días en un calabozo. Él es muy cuidadoso. Lo anota todo. Lo guarda todo. Lo graba todo. Por suerte, las enormes inconsistencias de ella —y las mentiras— dan lugar a un sobreseimiento inmediato, pese a la gravedad de las acusaciones. Recurre en apelación. La audiencia confirma el archivo. Viven en la misma casa, en habitaciones separadas; pero ella se mete en la cama de él, lo empuja, lo provoca. Él conserva la calma, mientras lo graba todo. Poco tiempo después, unos amigos de ella, a la que creen una víctima, pegan a mi cliente. Mi cliente denuncia y obtiene una sentencia condenatoria contra los agresores. Sigue: la mujer termina marchándose de la vivienda familiar, pero llevándose a la niña con ella e impide al padre que la vea. Presentamos una denuncia por secuestro, a sabiendas de que no prosperará, ya que el conflicto está judicializado. Se archiva la denuncia, pero el padre durante dos meses no ve a su hija. Las pocas veces que logra hablar con ella, la niña carga al padre de reproches: que ya no la quiere, que la ha abandonado. El padre es incapaz de explicar a su hija que tiene que esperar a un juicio que tarda en celebrarse diez meses. Mientras tanto, ella le comunica al padre que puede recoger a la niña: es una trampa. Pretende aprovechar ese momento y provocar un nuevo conflicto. Él lo graba todo y va acompañado de testigos. Ella denuncia, pero el procedimiento se abre y se cierra cuando la fiscal comprueba, por las declaraciones de los testigos y las grabaciones, que la denuncia es una burda mentira, tras «aconsejar» a la madre que retire la denuncia antes de que el asunto pueda perjudicarla. Él se niega a denunciarla por denuncia falsa, a pesar de que en las resoluciones constan los elementos de su falsedad, porque no quiere estropear la mínima posibilidad de establecimiento de un régimen civilizado. Dos denuncias, ambas objetivamente falsas, de esas que no aparecen en las estadísticas de denuncias falsas. Se celebra el juicio por la custodia. Mi cliente ha pedido la custodia para él y, en su defecto, la custodia compartida. Juez y fiscal, ambas mujeres, «abroncan» a la madre, que miente manifiestamente en el juicio, reconociendo los esfuerzos del padre por mantener el contacto con su hija y ocuparse de ella, pese a las maniobras de la madre. A pesar de dos denuncias previas por maltrato, se acuerda un régimen de custodia compartida.

Hoy, más de un año después, y tras aguantar —por mi consejo— incumplimientos constantes del régimen por la madre, además de tras una serie de episodios que no voy a contar, mi cliente va a pedir la custodia para él. Él es un padre responsable y cariñoso. Su hija tiene un hogar estable cuando está con él. Ella es irresponsable y está perjudicando gravemente a su hija, que quiere vivir solo con su padre.

En todo caso, y esta es la moraleja, si esa reforma propuesta estuviese en vigor, si mi cliente no hubiera sido tan cuidadoso y si la madre hubiese sido más habilidosa,  lo normal habría sido que esas denuncias no se hubiesen archivado de plano, sino que se hubiesen abierto procedimientos que quizás más tarde habrían dado lugar a absoluciones (o no, vayan ustedes a saber, que la declaración de la «víctima» puede ser prueba de cargo). En todo caso, mi cliente, en vez de estar separado dos meses de su hija, con la que hoy tiene una relación estupenda, lo habría estado por imposición legal durante todo el tiempo que hubieran tardado en juzgar al padre y dictar una sentencia firme (es decir, incluyendo los recursos). No puedo prever las consecuencias; solo sé que es terrible que se pretenda hacer pasar a decenas de miles de personas por esto, por el hecho de que unos pocos padres maten a sus hijos. Queremos destruir la libertad, supuestamente para asegurar el bien, cuando no hay mayor bien que la libertad. De hecho, la gente arriesga su vida para ser libre. Si, como dice el «experto», lo principal es asegurar la vida de los niños y para ello tenemos que obrar de una manera tan desmesuradamente injusta, casi es mejor prohibir a los hombres, a todos ellos, relacionarse con sus hijos. Así solo morirían asesinados unos pocos niños a manos de sus madres, aunque, ya lo sabemos, siempre como consecuencia de algún trastorno mental, nunca por un acto perverso.

La voracidad de la iglesia de la perspectiva de género es insaciable. Más vale que nos conjuremos para detener esta deriva liberticida.

 

Casado y el Tribunal Supremo

 

La exposición razonada de la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid solicitaba al Tribunal Supremo que se hiciera cargo de una de las piezas separadas de las diligencias previas abiertas en dicho juzgado —como consecuencia del caso del máster de Cristina Cifuentes y el descubrimiento del «chiringuito» del catedrático Enrique Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos—.

La magistrada sostenía que su instrucción ya no podía continuar al afectar a una persona aforada, el diputado del PP, Pablo Casado, y, al ser los hechos inescindibles, el Supremo se tendría que hacer cargo de la instrucción relativa a dicho diputado y a los demás investigados.

Esto suponía practicar una serie de diligencias —declaración de Casado, requerimiento para la entrega de un ordenador portátil que decía conservar en el que aún permanecerían los archivos de los trabajos del máster y, en general, de cualquier documento que acreditase que efectivamente realizó algún tipo de trabajo académico—, de forma que, una vez realizadas, se decidiese si procedía la transformación en procedimiento abreviado contra todos o algunos de los investigados o el sobreseimiento.

Para ello, naturalmente, resultaba imprescindible que Casado fuese investigado.

El Tribunal Supremo ha dicho que no. Veamos los argumentos y, de paso, les voy dando mi opinión.

1.- A Casado se le abriría investigación como se ha hecho con otras cuatro personas del grupo de los «privilegiados».

Para entender esto hay que tener en cuenta que el Master Oficial en Derecho Autonómico y Local que se impartía en el Instituto dirigido por Álvarez Conde, en principio constaba de 60 créditos de un total de 22 asignaturas. El máster era presencial en su planteamiento original, pero además lo fue efectivamente para los alumnos «normales», que estuvieron seis meses asistiendo cuatro horas diarias de lunes a jueves (y esa asistencia se tenía en cuenta a la hora de evaluar las asignaturas). Para evaluar se establecía también una puntuación basada en exámenes escritos y resolución de casos prácticos. Los alumnos «normales» han presentado una documentación abrumadora —según palabras de la magistrada— que incluye diferentes versiones de los trabajos que se iban realizando con las correcciones y observaciones de los profesores (todo por correo electrónico).

A lo anterior hay que añadir que los alumnos «normales» tuvieron que asistir a todas las asignaturas. Es decir, que no se beneficiaron de ninguna convalidación, cuando, de hecho, podrían haber convalidado, en la mayoría de los casos, 40 créditos, ya que eran licenciados. Esto les supuso, como es lógico, pagar el máster íntegramente.

Los alumnos «privilegiados» se caracterizan por:

a) Haber convalidado (en un proceso legal y, en el caso de Casado, por ejemplo, más justificado, ya que era licenciado en derecho, 40 créditos, es decir 2/3 del máster). Esto les suponía solo cursar 4 de las 22 asignaturas (una de ellas tiene 12 créditos). Para que la convalidación tuviese lugar era preciso que se solicitase y se aportase una serie de documentos.

b) No haber asistido a clase.

c) No haber aportado ningún trabajo de ningún tipo. De hecho no han sido capaces de aportar ni un mísero correo electrónico. En uno de los casos, incluso se reconoce abiertamente que desde el primer día se le dijo por Álvarez Conde que no tenía que hacer nada de nada para aprobar esas cuatro asignaturas. Los otros dos investigados que han declarado no conservan nada y entregaban los trabajos en mano, pese a vivir, una de ellas, en Valencia.

d) Haber tenido supuestamente conocimiento oficial de la convalidación de esos 40 créditos solo 15 días antes de que fueran calificados en las restantes asignaturas —salvo una—, lo que solo les dejaba un margen muy pequeño para realizar trabajo académico alguno.

e) Coincidir precisamente (tras la convalidación) en asignaturas impartidas por los profesores investigados (en un patrón que, además, se repite en cursos posteriores).

f) Haber obtenido sobresaliente en las cuatro asignaturas.

g) Pese a existir un plazo de mes y medio para solicitar la convalidación de las asignaturas, tres de las cuatro solicitudes se efectúan el mismo día (de hecho se redactan por una misma persona, una de las investigadas); la de Pablo Casado se presenta cinco días después (la magistrada, en la pág. 23 de la Exposición razonada dice que son simultáneas, cuando no lo son); la última se presenta después de la propuesta de reconocimiento, lo que es obviamente imposible y da a entender la existencia de algún tipo de manipulación.

h) No haber sido convocados a la defensa de un trabajo de fin de máster al que sí son convocados los demás alumnos, aunque al final materialmente no tuviera lugar.

i) Todos ellos presentan características especiales: son alumnos importantes (por el trabajo que realizan para Álvarez Conde) o personas de peso en algún partido político o administración.

Como puede observarse, la calificación de este grupo como alumnos «privilegiados» está más que justificada.

2.- Los delitos que se imputan son cohecho pasivo impropio y prevaricación administrativa.

A) El cohecho consiste en la aceptación por una autoridad o funcionario de un regalo que se efectúa en consideración precisamente al hecho de que esa autoridad o funcionario lo sea (es decir, no es necesario que el regalo se efectúe para obtener «algo en concreto»).

La magistrada dice que el máster es un regalo que se efectúa a Casado porque es diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP (partido gobernante de la CAM en aquel momento).

Este delito está prescrito desde hace ya muchos años, sin duda, por lo que carecería de sentido abrir causa por él, salvo que exista concurso con otro delito que tenga un plazo de prescripción mayor (por tanto, sin prevaricación no hay causa). El Tribunal Supremo ha añadido, en su resolución, que la exposición no razona la relación entre las funciones de un diputado autonómico y el regalo. Coincido. El cargo de Casado en el PP no lo convierte en autoridad o funcionario (he leído algunas derivaciones sobre relaciones de Casado con la Consejería de Justicia, pero están tan llenas de saltos que son indefendibles: de hecho, es posible que el favor se hiciera en consideración a la condición de funcionario o autoridad de un tercero, lo que plantea problemas indudables a la hora de defender la comisión del delito).

También, como es obvio, que el delito esté prescrito implica que no se puede perseguir, no que los hechos sean falsos.

B) La prevaricación resulta de la resolución administrativa que otorga un título oficial a quien no ha cumplido los requisitos para obtenerla.

La prevaricación la comete el funcionario, pero aquel que no reúne la condición de funcionario (extraneus) debe responder también cuando sea inductor o cooperador necesario.

No hay en la causa ni sospechas ni indicios de que los investigados sean inductores (de hecho, lo sensato es entender que la «idea» nace en el ámbito universitario, lugar en el que se crea el chiringuito que se investiga).

Sin embargo, la magistrada sí cree que los investigados (entre ellos, Casado) son cooperadores necesarios y expone sus razones.

Para que se entienda, la cooperación necesaria exige —de manera simplificada a los efectos de lo que aquí se discute— que el cooperador realice actos sin los que el delito no podría haberse ejecutado, pero que, además, esos actos no sean neutros, cotidianos, normales o propios de otro en su misma situación, sino que revelen una finalidad delictiva o un encaje con el plan delictivo del autor aumentando el riesgo de que el bien jurídico protegido se vea dañado. Lógicamente, la cooperación exige además que haya un concierto de voluntades criminales entre el autor y el cooperador y que en el cooperador concurra un doble dolo: tiene que conocer el plan criminal y tiene que saber que con los actos que aporta favorece ese plan criminal.

El Tribunal Supremo discrepa de la magistrada por las siguientes razones:

1.- Matricularse, pagar las tasas, aportar la documentación para la convalidación y solicitarla son actos neutros. De hecho, algunos de ellos los hacen otros alumnos del máster. Y, en el caso de la convalidación, la propia magistrada concluye que el proceso fue legal (aunque resulte sorprendente la manga ancha de la universidad).

Y, se nos dice, además de neutros no demuestran el acuerdo de voluntades.

Efectivamente, esto es así. Incluso en el caso más llamativo: la solicitud de convalidación. Por eso, el Tribunal Supremo, en una expresión que comprendo que sorprenda, afirma que puede haber trato de favor sin que haya delito. Imaginemos que solo a los «privilegiados» se les sopla que pueden fumarse 2/3 del máster y pagar menos. Es el caso del que conoce una regulación muy específica o los entresijos de una administración. No puede ser delito solicitar algo legal. Incluso hacerlo el mismo día o usando el mismo formulario. Incluso hacerlo a instancias de quién ha de hacer la propuesta.

Dicho esto, luego añadiré por qué sí pueden ser hechos relevantes.

2.- Solicitar el título, recogerlo y usarlo, no puede ser un acto de cooperación porque son actos posteriores al delito. Es una obviedad y, por eso, extraña que la magistrada incluyera esta referencia.

3.- No asistir a clase, nos dice el Tribunal Supremo, ni acreditar que se hayan hechos los restantes trabajos que permiten la calificación es algo imputable al que valora la asignatura, aunque el alumno se beneficie, por lo que no demuestra el acuerdo de voluntades.

En principio, podría ser así. Imaginemos que los alumnos se matriculan en un máster, que piden una convalidación (porque les soplan que existe) y que luego deciden no asistir, ni entregar un solo trabajo. Y que más tarde reciben un título porque el profesor, que ya les ha favorecido con ese soplo inicial que facilitaba enormemente la obtención del título, aunque ve que ni asisten, decide añadir a los favores previos la concesión del máster.

4.- El TS no valora la declaración inculpatoria de una investigada, que «canta». No me parece mal. Esa investigada es especial por partida doble, ya que trabajaba codo con codo con el principal investigado, y fue despedida por pedir una baja maternal. Sorprendentemente, la magistrada excluye un móvil espurio simplemente por el hecho de que no afirme nada sobre el resto de investigados.

Ahora es cuando llegamos, en mi opinión, al aspecto más discutible del auto del Tribunal Supremo.

A ver si logro explicarme. La exposición de la magistrada no pretende una condena de Casado. Pretende que se investigue al actual presidente del PP. Es cierto que no es admisible una investigación prospectiva basada en sospechas, sino que es precisa la existencia de indicios. Uno de los problemas cotidianos en todos los juzgados de instrucción es precisamente deslindar la sospecha del indicio, y hay casos límite en los que esto resulta muy difícil.

Es una estrategia habitual de los abogados defensores lo que hace el Tribunal Supremo: analizamos los supuestos indicios de uno en uno, como si se produjeran aisladamente, para minimizarlos y buscar una interpretación exculpatoria. Cogemos a), b), c) y d) y le damos una interpretación correlativa a’), b’), c’) y d’) que sea admisible y decimos: si hay una interpretación posible de los hechos que excluya el delito tiene usted que sobreseer, señor juez.  La trampa es esa: discutir el análisis uno a uno y no atender al conjunto. Veamos el conjunto.

Para que los hechos que conocemos nos impidan hablar de, al menos, indicios para abrir causa contra Pablo Casado por prevaricación, es preciso que se dé la circunstancia de que, a la vez:

1.- Varias personas «especiales», tras apuntarse a un máster presencial con 60 créditos y pagarlo, pidan el mismo día (o en el lapso de una semana) una convalidación ventajosa de 2/3 de un máster, lo que facilita mucho la obtención del título, mientras que otras muchas no se enteren, a pesar de reunir las mismas condiciones que aquellas.

2.- Todas esas convalidaciones dependan  del director del máster.

3.- Todas esas personas, tras las convalidaciones «caigan» precisamente en asignaturas impartidas por el director del máster (o por una discípula).

4.- Todos esas personas decidan simultáneamente no hacer trabajos ni asistir a las cuatro clases, a diferencia del resto de alumnos. Lo de que han realizado trabajos que se entregaban en mano es simplemente increíble. Y se desmonta precisamente por el hecho de que el resto de alumnos sí presentan trabajos, correos, comunicaciones, etc.

5.- Ninguna de esas personas sea citada a la defensa del trabajo de fin de máster, se efectuase o no.

Si sumamos todo lo anterior es indiscutible que existen muy sólidos indicios de que el director del máster (que controlaba las convalidaciones e impartía algunas de las asignaturas) ofreció a alumnos «especiales» obtener un título que se facilitaba por una convalidación masiva y el hecho de que él mismo (o su discípula) terminarían poniendo la nota de las cuatro únicas asignaturas que se supone tenían que cursar. Otra explicación es inverosímil.

La matriculación, entrega de expediente y convalidación masiva y facilitada (está acreditado en tres casos que se presenta el mismo día y que se rellena el formulario por la misma persona) son indicios de relación cercana con el director de la tesis. La inasistencia a clase y ausencia de trabajos académicos de los que se benefician los alumnos abundan en la misma dirección. De hecho, el resto de los alumnos sí asisten a clase y sí entregan sus trabajos.

Es decir, hay indicios de que Casado y los restantes investigados se concertaron con el director del máster para matricularse y pagar y, sin asistir a clase, recibir su título.

Quizás piensen ustedes que esto implica que el Tribunal Supremo se haya equivocado. Hay una manera de defender que no. Veamos:

1.- No se puede deducir la existencia de cohecho, como he dicho, porque no se explica de manera mínima la relación del regalo con la condición de diputado autonómico.

2.- A diferencia de lo que afirma el Tribunal Supremo, existen indicios de concierto entre Casado y los demás alumnos «especiales» y el director del máster. Sin embargo, se puede sostener que para que haya cooperación necesaria es preciso que, además del concierto, los actos que se aportan no sean neutros y, precisamente, todos los actos sin los que el título no podía regalarse que aportan Casado y los restantes investigados lo son. Las que no son neutras en absoluto son precisamente las omisiones. Las omisiones (la inasistencia a clase, la inexistencia de trabajo académico) son indicios de concierto, pero no aportan nada a la prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa existe porque los alumnos no van a clase ni entregan trabajo alguno (es obvio que, de haberlo hecho, no habría existido), pero eso tiene que ver con el hecho de que la conducta completa sea penalmente relevante, no con la aportación de algo sin lo que no existiría el delito. Dicho de otra forma: solo la matriculación, el pago de las tasas, la aportación de documentos y la solicitud de convalidación son actos sin los que es imposible obtener el máster, pero en sí no pueden ser actos de cooperación, porque esos mismos actos, de haber asistido luego a clase y entregado los trabajos, nunca serían delictivos.

Yo, sin embargo, sostengo que actos neutrales que se realizan para facilitar un plan criminal con conocimiento de ese plan criminal y conocimiento de que esos actos son precisos para que el plan criminal tenga éxito, pasan a ser penalmente relevantes en la medida en que aumentan el riesgo de que el bien jurídicamente protegido se vea afectado. Las omisiones, efectivamente, no añaden nada a la prevaricación —no asistir a clase ni entregar trabajos no son requisitos para el acto administrativo—, pero los actos neutrales dejan de serlo cuando se hacen con conocimiento de que esas omisiones van a tener lugar y, pese a ellos, se dictará la resolución administrativa groseramente ilegal. En cierto sentido, se puede decir que matricularse «para no ir»,  pagar «para no ir»,  pedir convalidaciones «para no ir», ya no son actos neutrales, si sabes que sin ir vas a obtener el título que exige que vayas.

En resumen: discrepo del auto. Casado debió ser, al menos, investigado. Hay indicios suficientes para ello.

 

Vuelve la primavera, vuelven los manifiestos

 

Ya sabemos que el error esencial con los partidos secesionistas y nacionalistas ha sido obviar su naturaleza y pensar que, cediendo, ellos iban a renunciar a ser lo que son. Que se podía pagar un precio para que parasen, cuando resultaba que el precio era precisamente el aviso de que podían pedir más. Esta manera insólita de pensar y actuar, tras varias décadas, es la que nos ha llevado desde el apoyo masivo a la Constitución en el referéndum de 1978 en Cataluña a la situación actual, con golpe de Estado incluido.

Por más que se pretenda, no existe un punto intermedio —en el que se resuelven los problemas— entre la legalidad constitucional y el golpe de Estado. Plantear la cuestión en estos términos es legitimar la vía de hecho y la ilegalidad. Tal cual. Como es obvio, cualquiera puede plantear una reforma constitucional. Incluso una reforma que introduzca una cláusula que permita la secesión de parte del territorio; pero lo que es inadmisible es que se insista, una y otra vez, en que solo reformando la Constitución en un determinado sentido y solo atendiendo a las expectativas de determinados sectores, se llegará a una solución. Y no exclusivamente porque personalmente crea que es hecho probado que no se pararán ahí, sino que, pasado un tiempo, volverán a pedir más, sino porque es la manera de deslegitimar al que sostenga lo contrario: al que crea, por ejemplo, que hay que centralizar más España, y esté dispuesto a perder, a asumir que no tiene los números para lograrlo. Porque el problema esencial no es qué postura mantenga uno, sino si está dispuesto a saltarse la ley o no para ganar o, al menos, para intentar el chantaje.

Naturalmente, para esto, también hay que construir un relato falso. Veamos el manifiesto

 

RENOVAR EL PACTO CONSTITUCIONAL

Hasta hoy el independentismo ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta.

Primera línea y primera falsedad: la primera respuesta contra el secesionismo catalán ha sido la mitad de los catalanes, que se oponen a él.

Pero los errores de los dirigentes catalanes no pueden seguir sirviendo de excusa al inmovilismo.

El inmovilismo es no saltarse la ley, por lo visto.

Más pronto que tarde será necesario empezar a hacer autocrítica.

Siempre hay que hacer autocrítica. Como este manifiesto se parece un huevo a otros anteriores (y a ciertos editoriales) y sus argumentos sirvieron a la construcción falsa de un incumplimiento que justificase el victimismo que dio gasolina a los secesionistas, podían los firmantes hacer autocrítica sobre la inexistente referencia a la ausencia de lealtad constitucional y a la necesidad de cumplir la ley.

Con ocasión del referéndum escocés, desde Inglaterra se emitieron estos mensajes: “We love you Scotland”, “We’re better together in UK”. No son palabras de amor ni de reconocimiento lo que se han escuchado entre nosotros. En lugar de tender puentes, hemos ido ahondando en el desencuentro.

Esto es pura pornografía sentimental. En todo caso, volvemos al principio: los firmantes del manifiesto acusan a la mitad de los catalanes de no querer a Cataluña. Es obsceno.

Las reivindicaciones nacionales catalanas, vascas,gallegas o de otros territorios con demandas de carácter identitario (Comunitat Valenciana, Illes Balears…) no deben entenderse como una amenaza a la democracia española ni a la unidad del Estado sino como aspiraciones legítimas de una parte de la ciudadanía libremente expresadas en una sociedad plural y democrática …

Esto es descacharrante. ¿Cómo no van a ser eso que llama reivindicaciones nacionales una amenaza a la unidad de España si su fin natural es el reconocimiento de soberanías parciales y, por tanto, la posibilidad de la secesión? En cuanto a si son o no una amenaza a la democracia, depende, claro, de si respetan o no la ley. De momento, el secesionismo catalán ha dado un golpe de Estado, y ciertos secesionistas vascos se dedicaron durante décadas a asesinar gente.

… que, como tales, han de ser atendidas por todos y entre todos, procurando acomodos que no violenten la convivencia en común.

Aquí está el meollo del asunto: eso de que una reivindicación, si es legítima, ha de ser atendida. Pues no. Lo que hace legítima una reivindicación es que sea democrática, legal y pacífica. Pero luego se atiende o no. A esto se le llama democracia. Yo puedo empeñarme en que los comercios cierren los domingos o en que se establezca una renta universal. Y eso sería legítimo como reivindicación. Pero no por eso tienes derecho a que se atienda tu reivindicación. Y el problema es que hay muchos millones de españoles que no están conformes con que esas aspiraciones legítimas de sus compatriotas vayan más lejos de lo que fueron cuando se aprobó la Constitución y se votó en referéndum. Y también aspiran legítimamente a que no se atiendan las aspiraciones de otros. Menos aún a que se impongan gracias al chantaje.

Si ha sido posible modificar la Constitución para reconocer el derecho de sufragio pasivo de quienes ostentan la ciudadanía europea o para establecer una nueva regla del déficit, con mayor razón deberíamos poder reformar la Constitución de 1978 en un sentido federal, …

O en el contrario. Si el argumento es que se ha hecho, no sé por qué no se va a poder defender que se haga para que el Estado central recupere competencias. Naturalmente, el problema es que el argumento es una gilipollez.

… para, profundizando en su espíritu de integración, acomodar mejor esas reivindicaciones de naturaleza identitaria que, bien entendidas y gestionadas, han de conducir a una España más cohesionada, más estable.

Los que han dejado de profundizar en el espíritu de integración constitucional, son los que han sido desleales con el sistema constitucional. Lo demás es puro blablabla.

Nada hay de antidemocrático en todo ello.

Ni en lo contrario.

Los procedimientos de reforma (art. 167 CE) y de revisión (art. 168 CE) no figuran en la Constitución para que ésta pueda ser reformada, sino para que sea reformada.

Falso. Que algo pueda reformarse no implica que deba ser reformado.

El origen más inmediato del actual conflicto con Cataluña tiene uno de sus referentes en la sentencia constitucional 31/2010. Esta sentencia desconoció un pacto que se sitúa en el corazón de la Constitución de 1978, a saber: las comunidades históricas aceptan que carecen de poder constituyente (nunca tendrían una constitución propia como en los estados federales) y, a cambio, los Estatutos de Autonomía aprobados por la mayoría absoluta de las Cortes Generales no podrían aplicarse si no eran previamente refrendados por el pueblo de la comunidad autónoma destinataria de cada uno de ellos. Era un acuerdo de equilibrio, un pacto entre personas que, teniendo sentimientos identitarios distintos, buscaban una fórmula de compromiso para seguir viviendo juntos y ganarse un futuro en democracia.

El recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP, al recurrir un estatuto aprobado por la mayoría absoluta del parlamento que representa al pueblo español y votado favorablemente por la ciudadanía de Cataluña, dinamitó ese acuerdo esencial. El TC desconoció ese pacto y como consecuencia de ello entró en el fondo del recurso mediante una sentencia interpretativa de amplio alcance que no contentó a nadie y, como consecuencia de todo ello, la ciudadanía catalana se sintió con razón engañada, pues el Estatuto que “España” le había dado y que ella había aceptado, resultaba ser mucho más reducido de lo que se había dialogado y acordado, sin dar opción a que el legislador catalán pudiese interpretar su Estatuto en el sentido constitucionalmente más adecuado. El TC impuso una visión unilateral del pacto constitucional, que dejó a Cataluña sin un texto aprobado por las Cortes Generales y por su propio cuerpo electoral.

La lista de falsedades interesadas de estos párrafos es impresionante. Para empezar, no hay un conflicto con Cataluña. Hay un conflicto de los secesionistas con los catalanes que no lo son y con la mayoría del resto de los españoles. Y hay una voluntad rebelde y criminal de incumplir la ley. En segundo lugar, ese supuesto pacto con las comunidades históricas es un dislate, una invención. Las «comunidades históricas» no discutieron con España un acuerdo (por cierto, esto diferencia el caso escocés del catalán). Cuando se discutió la Constitución, había muchos diputados catalanes en el Congreso que formaban parte de UCD y del PSOE. De hecho, UCD ganó en Tarragona y el PSOE en Barcelona. El PDC solo ganó en Gerona y Lérida. Y los españoles que votaron en Cataluña de forma absolutamente mayoritaria por la Constitución lo hicieron por toda ella, por todos sus artículos, no solo por una parte. También por la parte que creaba un Tribunal Constitucional o la que afirmaba que España es indivisible. Y los españoles que votaron en Madrid o en Albacete también votaron una Constitución que introducía un sistema autonómico. No hubo ningún pacto entre comunidades, históricas o no. Esta es la vieja trola decimonónica. Hubo un montón de ciudadanos españoles diciendo que sí a un sistema en su conjunto que partía de que la soberanía nacional le corresponde a todos los españoles.

Por esta razón, las referencias a que un Estatuto pudiera estar al margen de la Constitución (para eso está el Tribunal Constitucional) es inadmisible. ¿Cómo se iba a dinamitar nada por el hecho de que una institución constitucional hiciera su trabajo? Todo esto es una pura invención para justificar a los que sí han intentado dinamitar nuestro sistema, legitimando un incumplimiento más falso que la donación de Constantino. Por cierto, la «ciudadanía catalana» no se sintió engañada. De nuevo se empeñan en convertir a los secesionistas (que por cierto pasaron como de las heces de votar el amado Estatuto, hoy convertido en texto fundacional) en los catalanes.

Ah, lo del legislador catalán como intérprete de la Constitución es simple delirio.

A partir de aquel día el Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte. La ulterior jurisprudencia constitucional solo ha venido a reafirmar aquella desafortunada decisión y sus efectos más involucionistas. La pésima gestión de la crisis catalana y de la crisis económica han conducido a una imparable e intensa recentralización. El Estado de las Autonomías se ha convertido en una apariencia, en envoltorio vacío de contenidos inciertos. Salvo en aspectos simbólicos y organizativos puntuales, las CCAA carecen de facultades para desarrollar políticas públicas propias: el estado se ha apoderado de las competencias compartidas, los títulos horizontales se han multiplicado exponencialmente, las bases ya no son un mínimo común denominador, sino regulaciones uniformes que se imponen en todo el territorio… Todo camina hacia atrás, como si el diseño territorial de 1978 hubiese sido un error que debe ser corregido devolviendo poderes al centro.

Más trolas, hijas de la trola original. Tienen que inventarse un proceso que solo existe en su imaginación (el problema fundamental de las políticas públicas estos últimos años fue producto de que nos habíamos gastado la pasta que no teníamos) y que supuestamente se originaba en una sentencia que tocó muy pocos artículos (la mayoría relativos, por cierto, al poder judicial). Como si existiese una conspiración anticatalana. Todo para vender la moto de que los males de la gente no son producto de la gestión, sino de Madrid. El viejo truco que atribuye los problemas a los otros y que está tan presente en todas las versiones del supremacismo catalán. Por cierto, esta trola también sirve para ocultar a los que en esas mismas comunidades protestaban por políticas que les parecían injustas (como la inmersión, por ejemplo).

Frente a esa tendencia que desconoce que una España en libertad es una España en la que deben convivir los diferentes, somos muchos los que creemos que es posible renovar el pacto constitucional dentro de un espíritu de concordia, sin humillaciones, sin vencedores ni vencidos.

Más porquería. En España ya podían convivir los diferentes. De hecho, ¡no solo conviven los diferentes, sino que obtienen gobiernos! En cuanto a lo de los vencedores y los vencidos, dos cosas. Lo primero, que ese lenguaje bélico es otra forma de vender la burra de Cataluña frente a España. Como si el problema no fuera entre los catalanes que quieren dar una conferencia sobre Cervantes y los que la revientan a hostias. Lo segundo, que si se trata de una metáfora inocua, no sé por qué no va a haber vencedores y vencidos. De hecho, que le pregunten a los votantes del PP qué piensan del Gobierno del PSOE. Y viceversa. Lo que olvidan los firmantes del manifiesto, es que lo que es inadmisible es vencer fuera de la ley. Cuando alguien quiere «vencer» saltándose la ley sí tiene que haber vencidos. Lo extraordinario es tener que recordar esto.

Somos muchas personas los que apostamos por una salida civilizada del contencioso en el que se encuentra España, …

Nada más civilizado que respetar la ley democrática.

… en la que se reconozca su diversidad identitaria. Somos muchos los que creemos que es posible, como en otras muchas democracias de nuestros días, avanzar hacia una “unión” en la que estén todos, mediante un proyecto político federal, en el que el respeto a la diferencia sea una fortaleza que a todos nos iguale.

Y también somos muchos los que creemos que tan democrático como eso que plantean es no avanzar hacia eso que llaman proyecto federal (como si, por cierto, España no fuera ya en realidad un Estado federal) y que, en realidad, es lo de siempre: un intento inútil de cuadrar el círculo, entregando más a los que solo estarán contentos cuando España desaparezca, para ver si así renuncian a su naturaleza. Y encima dando a entender que los que pensamos así no respetamos «la diferencia». Como si la única manera de respetar a los que piensan diferente es concederles todo lo que pidan.

En su sentencia de 1998 sobre el conflicto del Quebec, el Tribunal Supremo de Canadá emitió una sentencia modélica por la forma en que reconcilió constitucionalismo y democracia, satisfaciendo a todas las partes. El principio democrático queda definido de esta manera en el punto 64 de la sentencia: La democracia no se agota en la forma en la que se ejerce el gobierno. Al contrario, la democracia mantiene una conexión fundamental con objetivos sustantivos, el más importante de los cuales es el autogobierno. La democracia da cobijo a las identidades culturales y grupales. Dicho de otra manera, el pueblo soberano ejerce su derecho al auto-gobierno a través de la democracia.

Es curioso cómo todos los que citan la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá se olvidan de las adversativas. Poco después de esa misma cita, el tribunal dice:

«Sin embargo, la democracia en el verdadero sentido de su término no puede existir sin el principio de primacía del derecho. Es la ley la que crea el entorno en el que la “voluntad soberana” se determina y se activa. Para ser legítimas, las instituciones democráticas deben fundamentarse, en definitiva, en fundamentos jurídicos. Esto significa que deben permitir la participación del pueblo y la responsabilidad ante el pueblo a través de las instituciones públicas creadas en virtud de la Constitución.»

Este párrafo es una refutación de todo lo que sobre el Estatuto catalán y el Tribunal Constitucional dice el manifiesto.

De hecho, esa sentencia, tan admirable en muchos sentidos, solo recuerda que las instituciones deben permitir que se expresen las aspiraciones de los ciudadanos, sin que se ahoguen por la tiranía mayoritaria, pero siempre dentro del respeto a la ley y a la Constitución. Pero el error es confundir la expresión de las aspiraciones con la imposición de un determinado modelo contra la mayoría. La tiranía mayoritaria no es legítima, pero menos aún lo es la minoritaria.

Sobre la base de ese principio la CE podría ofrecer una propuesta constitucional inclusiva que asegurase la concordia y ofreciese estabilidad y seguridad para una generación. Azotados por las noticias que a diario se suceden, vivimos ahora en un tiempo en que no se ve la luz. La confrontación, el desencuentro, la herida, se amplían ante nuestros ojos. Sin embargo, antes o después, esa sucesión de infortunios tiene que dejar paso a un momento de calma en que se pueda hablar de todo, de modo inclusivo, en el mutuo reconocimiento y la solidaridad interterritorial, con una solución constitucional válida para todos

Este párrafo es extraordinario. La CE ya contiene un marco que permite la concordia, la estabilidad y la seguridad. Y que permite el autogobierno en términos muy profundos. La cuestión es que hay quiénes quieren destrozarla para imponerse sobre sus vecinos de edificio. Por eso es tan repugnante este final que habla de «infortunios», como si estuviésemos en presencia de una inundación o un terremoto, y no ante comportamientos irresponsables y criminales.

De nuevo, como en tantas otras ocasiones, presenciamos el lenguaje equidistante que se sitúa en punto intermedio entre los golpistas y los que queremos cumplir con la ley.

Pretender una reforma constitucional —¿por cierto, en vez de manifiestos, por qué no escriben un texto que podamos analizar?— es legítimo. Pero está feo fundamentarla en tanta mentira.

 

Lógica secesionista: Llarena no es imparcial porque no admite ser un delincuente

 

El chiste del día es esta noticia.

Al parecer, Puigdemont y otros de los exconsejeros fugados han presentado en Bélgica una demanda contra el magistrado Llarena en la que piden un euro de indemnización por «haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia». Como no he encontrado la demanda, me tengo que basar en las informaciones de los medios (he consultado cinco o seis diferentes).

Como el artículo 219.8º de la LOPJ establece como causa de abstención y recusación «tener pleito pendiente con alguna» de las partes, una vez presentada la demanda han procedido a recusar al magistrado instructor.

Es un chiste por muchas razones. Yo creo que los jueces deben ser especialmente rigurosos con su imparcialidad (por causas subjetivas y objetivas) y que deben incluso, en caso de duda, tender más a abstenerse que a lo contrario.

La contrapartida es que los abogados deben ser serios. Estas son las declaraciones de Llarena. Por lo visto el magistrado dijo que los señores que están en prisión no son presos políticos y un abogado de los demandantes, de nombre Paul Bekaert dice que esto supone que Llarena ha emitido una opinión «antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó».

Hay que tener unas gónadas del tamaño de Flandes para decir algo así y no descojonarse.

Por lo visto el magistrado Llarena (que no va a participar en ningún juicio contra los que le demandan) ha de callarse cuando le preguntan si prevarica (y más cosas) y si es juez de un Estado democrático. Porque esa es la cuestión. Venga, hagamos literatura e inventemos un diálogo ficticio que evitaría esta demanda:

PERIODISTA: ¡Juez, juez! ¿Es Puigdemont un preso político y, por tanto, usted que lo ha metido en prisión ha cometido varios delitos y ha ordenado prisión contra él solo por sus ideas y no por existir indicios de delitos gravísimos previstos en el Código penal?

LLARENA: Perdón, ¿cómo dice?

PERIODISTA: ¿Que si es usted, como dice Puigdemont, un secuestrador que infringe la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Vamos, ¿que si es poco más que un carcelero a sueldo de un Gobierno autoritario?

LLARENA: Ah, eso. Mire no puedo contestarle porque de hacerlo prejuzgaría un juicio en el que no voy a intervenir.

Lo divertido es que, si Llarena, en un rapto de locura, hubiera contestado esto, los secesionistas dirían: ¡¡Llarena no niega ser un secuestrador y un carcelero a sueldo de un Gobierno no democrático!!

 

NOTA: En atención a lo que antecede, no voy a extenderme en las razones por las que esta recusación es un abuso de derecho manifiesto (no es un procedimiento civil ajeno a la causa —por ejemplo, que Llarena le debiera pasta a Puigdemont— sino que nace, por decir algo, directamente de ella), es posterior a la designación de Llarena como instructor (hay tribunales que solo aprecian la recusación cuando el pleito es previo), y se tramita en Bélgica, cuando la supuesta causa debería plantearse directamente ante el instructor precisamente como causa de recusación (de existir), lo que supone un evidente fraude de ley, se tramita allí forzando probablemente la competencia (ya que el domicilio de Llarena está en España) y, en todo caso, el magistrado puede no comparecer si tiene claro que las autoridades belgas no son competentes (y, en este caso, el tribunal belga, si no lo es conforme al Reglamento 1215/2012, ha de cerrar el caso) o, si no lo tiene claro, puede comparecer a los simples efectos de discutir la competencia de los tribunales belgas, lo que supondría que el pleito ni siquiera debería considerarse iniciado a los efectos de una recusación.

 

Sobre dimisiones truchas

 

Estoy leyendo cosas muy variopintas sobre dimisiones de última hora del presidente del Gobierno, su sustitución por la vicepresidenta y el decaimiento de la moción de censura por ello.

Por partes, si Rajoy dimite, el Gobierno cesa (art. 101 de la CE).

Pero el Gobierno, por el cese, pasa a ser Gobierno en funciones. Y, como es obvio, el presidente del Gobierno en funciones sigue siendo Rajoy. Con las siguientes excepciones que establece la Ley del Gobierno:

Artículo 13. De la suplencia.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos. 

Si se fijan, en el artículo anterior también se incluye, por ejemplo, la muerte del presidente.

Además, hay cosas que ni el presidente ni el Gobierno en funciones pueden hacer:

Artículo 21. Del Gobierno en funciones.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley.

3. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.

4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.

b) Plantear la cuestión de confianza.

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

6. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales.

Algo lógico, porque uno de los casos en que el Gobierno pasa a estar en funciones es la moción de confianza perdida.

Dicho esto, paso a la segunda parte —eso de que si Rajoy dimite la moción de censura decae— y me pregunto por qué. Sobre todo porque la moción de censura se ha presentado antes de que el Gobierno estuviera en funciones.

Más aún, la consecuencia “normal” de la dimisión es que se abre un nuevo período de consultas para la elección de nuevo presidente del Gobierno, que puede ser elegido por mayoría simple. ¿Por qué considerar que los legisladores constitucionales no habrían querido que se mantuviera una moción ya presentada que exige una votación por mayoría absoluta?

En mi opinión, presentada la moción de censura en el registro y admitida a trámite, se produce una especie de perpetuatio iurisdictionis que se retrotrae al momento en que se registra. Desde ese momento, ha de considerarse fraudulenta cualquier maniobra que impida a aquel que se presenta como candidato no obtener una votación en el Congreso. Con una excepción: que la retiren los que la presentaron en número suficiente para que no se llegue a la décima parte que exige la Constitución. Cuando se dice que «no hace falta» censura porque ya no hay Gobierno, se obvia que la moción de censura es constructiva y que precisamente exige que haya un candidato que proponga un programa de Gobierno. Si no fuera así, sí sería natural que la dimisión acabase con la moción.

Hay un argumento más que no debe olvidarse: en la investidura usual, es el Rey el que propone un candidato. En la moción de censura, el candidato lo propone un determinado número de diputados.

En fin, que yo creo que no queda otra (salvo que los socialistas retiren la moción) que llevarla hasta el final. Haga lo que haga Rajoy.

 

Un juez no es un profeta

 

Como ya he leído a muchas personas criticar las palabras de María Dolores de Cospedal hoy por algo muy concreto que ha afirmado, creo que es interesante hacer algún comentario sobre lo que dice. Es esto:

Voy a utilizar, a modo de ejemplo, este comentario de Teodoro León Gross, precisamente por que se trata de una persona que me parece solvente e intelectualmente honesta. Utilizando a los mejores es más fácil extender lo que voy a decir a muchos más. Vean el tuit:

Por partes:

a) La pregunta a Cospedal es la siguiente: «¿Qué sabía usted de la existencia de una Caja B en el Partido Popular?»

Ella contesta no admitiendo que exista, pese a la sentencia. Sobre esto hay tres cosas que se pueden decir:

Una primera, que la señora Cospedal falta a la verdad cuando afirma que no hay una relación directa entre la sentencia y la existencia de una Caja B. La sentencia afirma que existió desde al menos 1989, aunque hay que precisar que no indica una fecha final, pero nosotros sabemos que no puede extenderse esa declaración a más allá de 2005 (por los hechos que son enjuiciados). Y condena a una persona por apropiación indebida de fondos de esa Caja B (a Bárcenas).

Una segunda, que cuando la señora Cospedal afirma que ella accede a la Secretaría General del PP en julio de 2008 y que desde ese momento no hay una Caja B y que a ella no le consta que haya una Caja B antes, esto es perfectamente compatible con lo que sentencia declara, como es obvio.

Una tercera, que cualquier ciudadano (y también cualquier político) puede estar totalmente en contra del criterio de un juez sobre lo que es verdad o mentira y someter al escrutinio de los ciudadanos sus argumentos. Por tanto, cuando la señora Cospedal afirma que ella no está de acuerdo con que los papeles de Bárcenas sean una prueba de una contabilidad paralela o B hace algo absolutamente legítimo. Y con esto voy a la segunda parte.

b) Nos dice Teodoro: «Ahora vete y discútele su argumentario extrajudicial a los indepes.». Y yo pregunto: ¿es que la señora Cospedal ha dicho que no va a admitir las consecuencias obligatorias de las sentencias?

Es un error pensar que el Estado de Derecho consiste en asumir lo que se afirma probado en las resoluciones judiciales firmes. En absoluto. El sistema judicial no establece la verdad. Existe porque existen conflictos. También porque existen conflictos existe la ley. Ni la ley, ni las decisiones judiciales son la verdad. Es cierto que las resoluciones judiciales deben buscar una cierta verdad …

Antes de seguir voy a explicar esto. La ley no se refiere a toda la realidad. Menos aún los procesos judiciales. De hecho, las reglas del proceso asumen como necesario que solo una parte de la realidad (y además de forma mediata) acceda al proceso. Además, el acceso al proceso se hace conforme a reglas preestablecidas, siguiendo plazos y fijando hitos que hacen muy difícil la vuelta atrás. Esta es la única manera de conciliar la búsqueda de la verdad con la seguridad jurídica (que exige tomar decisiones) y con el respeto a los derechos y libertades. Incluso en el ejemplo más potente de búsqueda de la verdad material (el proceso penal) se aplican estas reglas que tanto desesperan a los que querrían admitir un proceso infinito, sin orden, sin plazos, sin expertos y sin intermediarios, por creer adánicamente que ese sistema sería mejor. Los tribunales, en suma, buscan una verdad ahormada por sus reglas de funcionamiento y por sus límites. Por definición fracasan a la hora de conseguir alcanzar toda la verdad.

… pero lo que importa no es que logren alcanzarla (algo además casi siempre imposible de decidir), sino que resuelvan. Para que el Estado de Derecho funcione, lo importante no es que los ciudadanos y las instituciones asuman el relato de las resoluciones judiciales, sino que se sometan a sus consecuencias. No importa quién jugó mejor, algo sobre lo que es imposible ponerse de acuerdo tantas veces, sino asumir que ganó el Real Madrid.

El problema de los secesionistas no es que estén en desacuerdo con la unidad de España o con que el sujeto de la soberanía sea el pueblo español. De hecho, la ley permite cambiar esto. El problema de los secesionistas (en cuanto a lo que dice el tuit, que tienen otros problemas más) es que no asumen las consecuencias de la ley y de quienes tienen la función de interpretarla y aplicarla. Y con esto voy al tercer apartado.

c) ¿Cuál es la consecuencia de la sentencia para el Partido Popular según la propia sentencia? Que tiene que devolver un dinero que se dice recibió —usado en actos electorales— y que no le corresponde (por cierto, efectivamente, no sabemos bien a quién le va a entregar ese dinero el tribunal, lo que no deja de tener su gracia).

Porque resulta que, aunque la señora Cospedal afirmase no asumir lo que dice el juez, algo que es legítimo, podríamos decir que es igual, que las consecuencias de la sentencia, sus consecuencias obligatorias, obligan al PP a hacer a) o b). Imaginemos que Rajoy hubiera sido condenado y saliera diciendo: ¡soy inocente! ¿Podría hacerlo? Sin duda, y tendría derecho a ello, pero a la vez la consecuencia del sistema, el puto peso de la ley, lo enviaría directamente a la calle, por más que gritase. Es lo que ha pasado, por ejemplo con Junqueras. Él dice que no ha hecho nada malo. Que de hecho es un demócrata y que esto es una persecución. Pero está en prisión preventiva, porque esa es la consecuencia del sistema. El problema de Junqueras, lo que hace su discurso inadmisible, no es que no esté de acuerdo con la decisión es que no asume el sistema mismo. Por eso necesitan los secesionistas repetir que España no es una democracia y un Estado de Derecho.

Ahora apliquemos esto al PP y Cospedal: ¿dónde está la grave consecuencia del sistema para el PP o para la propia Cospedal? Ella dice que no está de acuerdo con lo que un juez afirma en una sentencia, no dice que no tenga derecho el juez a afirmarlo y no dice que no asuma las consecuencias de las afirmaciones de los jueces en aquello que es propio de su función: decidir algo que tiene consecuencias legales.

Y ahí nos encontramos con el meollo, con lo jodido de esta sentencia: los magistrados de la Audiencia Nacional han decidido en aquello que pueden decidir que el PP tiene que devolver un dinero porque no es suyo, aunque sin que haya constancia de que supieran que no era suyo y que tuviera un origen ilícito. Esa es la consecuencia jurídica. Como he dicho hoy mismo, el problema de ciertos párrafos de la sentencia no es que sean ciertos o falsos, es que son, como los mismos magistrados dicen, contexto sobre algo que escapa a su conocimiento.

Termino: como he escrito esto y esto a ello me remito. Quizás un día una sentencia (firme, por cierto) que tenga que conocer específicamente sobre los papeles de Bárcenas (algo posible ya que hay una causa que se está instruyendo) diga que hubo una contabilidad B del PP y nos diga en qué época. Y quizás nos diga algo más: que la contabilidad B que se declara probada sea precisamente la que aparece en esos papeles, afirmando que todo lo que allí consta es cierto y qué consecuencias jurídicas tiene. Puede que, en ese momento, tras la prueba y la contradicción, quede claro que los papeles no son, como dicen algunos peperos, un pastiche en el que se incluyeron partes que aparecen en la contabilidad oficial y otros apuntes inventados para dar cobertura a las chorizadas o para chantajear a alguien. Porque esos papeles —más desde el punto de vista de la presunción de inocencia— se tambalearán si se demuestra que son falsos en alguna parte, como es lógico. Y la sentencia tendrá que entrar a fondo sobre ellos, explicando y motivando la decisión.

Mientras eso sucede o no, no me parece razonable comparar a Cospedal con un secesionista. Y lo triste es que, en gran medida, todo esto es producto de los excesos de dos magistrados. Porque, de no haberlos cometido, en vez de esas preguntas, podríamos haber presenciado otras más interesantes. Voy a improvisar una: ¿qué sistemas de control mantenían ustedes sobre el partido y sobre las administraciones que han gobernado que permitían el amaño masivo de contratos públicos y la obtención de dinero sucio por los que ocupaban despachos situados al lado del suyo? ¿Cómo se consigue que cientos, quizás miles de afiliados y funcionarios miren para otro lado y no hagan preguntas?

 

Apostillas al Gran Hedor

 

En 1902, durante uno de los últimos brotes de peste bubónica, cuando ya era conocida la relación entre la transmisión de la enfermedad y las pulgas, la administración colonial en Hanói decidió pagar por rata muerta. La socialdemócrata medida, sin embargo, tuvo una consecuencia indeseada: muchos ciudadanos descubrieron el negocio y empezaron a criar ratas en sus casas para luego matarlas y cobrar por sus despojos.

Para lograr el bien, incentivaron el mal. Y, en este caso, ni siquiera se puede afirmar que estuvieran haciendo algo incorrecto. Simplemente obviaron el factor humano.

Aquí he contado algunas cosas. Y me quejo por un exceso que no puedo compartir, incluso presuponiendo que no haya en los magistrados ningún interés espurio. No eran ellos los que tenían que ponerse a pagar dinero por las ratas y, sin embargo, al ofrecer un botín en forma de discurso utilizable, puede que terminen consiguiendo algo peligroso: que los jueces se animen y empiecen a hacer literatura política en sus sentencias, incluyendo consideraciones y declarando probados hechos que no tienen consecuencias jurídicas y esparciendo miguitas que los ciudadanos, aplicados y confiados ante la autoridad (eso es un magistratus, alguien mejor, alguien que sabe más), seguirán con diligencia. Las nefastas consecuencias de esto son obvias y, de extenderse, provocarán, tras la alegría inicial de aquellos a los que favorezca el caso concreto, el descrédito del poder judicial. Solo piensen en los miles de jueces con miles de biografías y miles de posiciones políticas y vitales no solo explicando lo que creen sobre la vida y el arte, sino instruyéndonos sobre las soluciones que ellos, tan preparados, encontrarán para cada problema. Sí, esta plaga ya infectó a los militares en el pasado y sabemos perfectamente qué pasó.

Entonces, ¿por qué esto?:

Se me ocurren tres explicaciones. Escojan la que prefieran;

1.- La primera es que el autor es un poco pastelero y ha decidido nadar y guardar la ropa, dando un poco de qué disfrutar a las diferentes aficiones. Es una hipótesis solvente, porque el hecho de que termine por no agradar a nadie no sería sino muestra de torpeza y no excluiría la equidistante intención inicial, que además le sirve de impulso en el proceloso intento de mantenerse en el mundo del opinador profesional.

2.- La segunda es que lo primero que se le ocurrió al autor fue relacionar el asunto con una anécdota histórica tan excelente (dando muestra además de una vasta cultura —esto es emic—), para lo que era impresindible introducir lo del Gran Hedor como fuera y, como ya no encajaba bien con la historia tras leer la sentencia, se agarró al calzador de la adversativa y a otra cosa.

3.- La tercera nos lleva al texto:

«Quien carece de argumentos morales para discrepar, sin embargo, es el PP. En el verano de 1858 (…)

Aun sin esos pasajes tan desafortunados, la sentencia del caso Gürtel es otra enorme carretada de estiércol. Sus páginas nos muestran la porquería fluyendo sin obstáculo en los alrededores y dentro del partido. Nos revelan una política de omertá ante la mugre, de ignorancia deliberada. Eso, en la mejor de las hipótesis. Cómo creer las protestas y la indignación de los que hablaban de casos aislados cuando los hemos pillado cubriendo las alcantarillas con alfombras perfumadas.

El gran hedor es la herencia de una generación de políticos del PP y cada vez es más inverosímil que corra el agua, limpie los establos y quede alguien para contarlo.»

Si lo criticable en la sentencia es precisamente lo que casi sin excepción han utilizado los políticos y periodistas de este país para declarar la emergencia nacional —innúmeras veces he escuchado y leído que la sentencia declara que el PP como tal es corrupto y que los jueces no creen a Rajoy y esto es gravísimo— una solución que habría evitado el Gran Salto sería expurgar esos párrafos del artículo y decir que los políticos y periodistas, sin ellos, se habrían quedado sin las divisiones soviéticas y Rajoy podría continuar fumándose un puro y saludando a los barcos al pasar. El artículo, además, serviría para denunciar el mal uso de las instituciones por unos —presumámoslo así— bienintencionados magistrados. ¡Olé!

Esa solución presenta un problema: habría incongruencia omisiva. Para empezar, el autor no es juez: no está obligado a limitarse a analizar lo que dice y lo que no debe decir la sentencia, puede ir más allá. En segundo lugar, y por eso reproduzco los párrafos del artículo, el autor está explicando qué conclusiones se extraen de la sentencia después de borrar lo que no está justificado. Esto es lo más divertido: los jueces han decidido facilitar la labor a los que necesitan titulares, pero para la “verdad” no era necesario. Los miles de folios apestan. Al menos, apestan a ignorancia deliberada, a mirar para otro lado, a un no hay nadie que me libre de ese molesto sacerdote. Apestan a necesitamos pasta y no vamos a preguntar de dónde sale. Apestan a colaboracionistas sin cara. Muchos. Cientos de facilitadores que, en el mejor de los casos, no hacían preguntas cuando les pedían ayuda nuestros hijoputas.

Y esto, además, envuelto ya en un mar de cieno. El legajo flota entre la mierda. En esta tercera hipótesis, el autor del artículo simplemente habría hecho su trabajo.

Escojan ustedes la hipótesis que más les guste.

Por cierto, sí, la anécdota que abre estas apostillas está metida con fórceps, pero es que es tan cojonuda que no me he resistido a incluirla.