La puerta de atrás

 

Por fin hemos conocido la sentencia y los votos particulares (1, 2 y 3) sobre la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (esencialmente confiriendo al Tribunal Constitucional facultades para asegurar la ejecución de sus sentencias que llegan incluso a la suspensión de funciones y la ejecución sustitutoria). La sentencia declara constitucionales los artículos impugnados (aunque se limita a examinar el recurso del Gobierno vasco, dejando el de la Generalidad para más adelante).

No voy a entrar en el análisis de la sentencia ni en el de los tres magistrados que discrepan (Adela Asua, Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol), porque sería muy largo y no sé si serviría de algo. Quien tenga interés puede leerse los documentos (especialmente acertado, de nuevo, el de la magistrada Adaela Asua).

Solo quería dejar constancia de los documentos y enlazarlos, para quien guste, y decir tres o cuatro cosas que me sugieren su lectura:

1.- La primera, que veo en algunas de las últimas sentencias una cierta pereza argumentativa en las decisiones de la mayoría y un exceso en la utilización de argumentos casi circulares, en los que se confunde el instrumento técnico-jurídico con aquello que debe ser objeto de enjuiciamiento. Para explicarme, y dicho de forma burda, se dice que un homicidio lo es porque lo que ha hecho alguien es cometer homicidio.

2.- La segunda, que, en este caso, los votos particulares son mucho más convincentes que la decisión mayoritaria, en particular en lo relativo a la inconcreción e inconstitucionalidad de medidas materialmente sancionatorias que, a la vez, y aunque parezca paradójico, que dan más poder al Tribunal Constitucional, rebajan la auctoritas derivada de su naturaleza arbitral.

3.- La tercera, que esta sentencia y los riesgos que se denuncian amargamente en los votos particulares, son resultado de un comportamiento negligente del PSOE y el PP y, en particular, del Gobierno de Mariano Rajoy. El miedo al uso de las instituciones y a las facultades legítimas reservadas en la Constitución al poder legislativo llevó a no utilizar la medida lógica: el artículo 155 de la Constitución. Razones de supuesta oportunidad han llevado a introducir esas medidas por una puerta trasera que, además, son fáciles de vender a los ciudadanos, que observan asombrados cómo cargos públicos anuncian que van a desobedecer las resoluciones del TC y de otros jueces e incluso las desobedecen sin que, aparentemente, suceda nada (digo aparentemente porque hay procedimientos judiciales abiertos). Sin embargo, esa puerta trasera es un error que distorsiona el edificio constitucional: en Cataluña no hay solo un problema de ejecución de sentencias, sino un anunciado y deliberado plan de insumisión que hay que atajar aplicando la ley, tal y como previeron los españoles al aprobar la Constitución. El subterfugio de hacer frente a esa voluntad rebelde y manifiesta forzando al Tribunal Constitucional a hacer el “trabajo sucio” es, siento tener que decirlo, cobardía disfrazada de sensatez.

Termino: los magistrados hoy discrepantes han firmado las sentencias en las que quedaba clara la inconstitucionalidad grosera de muchas de las decisiones adoptadas a instancias del secesionismo catalán. No hay dudas sobre esa inconstitucionalidad. Si el Gobierno y el Senado hubieran hecho su trabajo no tendríamos que leer las quejas de los magistrados discrepantes.

 

Profesores que transmiten conocimiento

María Antonia Trujillo, antigua consejera de fomento de la Junta de Extremadura, antigua ministra de urbanismo y vivienda, doctora en Derecho y profesora de derecho constitucional en la Universidad de Extremadura ha concedido una estupefaciente entrevista en Onda Cero.

Merece la pena escucharla completa, para poder comprender hasta qué punto están jodidos los alumnos de la señora Trujillo.

Algunas perlas:

“En la universidad de la democracia no se adoctrina al alumnado. El profesor enseña, transmite conocimiento y contribuye a que el alumno tenga un espíritu crítico”.

“La universidad no necesita ningún tipo de control”.

“Ahora estamos casi en otra transición”.

“Hay unas cámaras que se han elegido, que el Congreso de los Diputados no puede llegar a la investidura porque no se requieren las mayorías necesarias, pero todo eso está previsto en la Constitución española”.

“Lo ideal sería que hubiera Gobierno, pero la gente en la calle dice que está muy bien, que no pasa absolutamente nada”.

“La segunda o tercera noticia ha sido la expulsión de inmigrantes que vienen a ganarse la vida a nuestro país”.

[Sobre la impedida conferencia de Cebrián y González] “No ha habido ninguna fuerza ni ninguna violencia. Ha habido una protesta del alumnado”.

“Aquí han sido los conferenciantes quienes han decidido no celebrar la conferencia”.

“Con todo lo que está pasando en el mundo me parece anecdótico”.

“Los alumnos han ejercido la libertad de expresión … Hay mucha jurisprudencia … Los alumnos estaban expresándose, manifestándose”.

Si no se les iba a dejar impartir la conferencia está bien que se hayan marchado, pero es que de verdad, de Felipe González está la gente muy cansada ya en la calle y de Cebrián es que la gente no lo conoce y de verdad como los estamos escuchando todos los días a través de los medios de comunicación … seguro que la imparten en otro sitio y no les va a pasar nada”. “Aquí no ha habido violencia”.

“La gente está hasta el gorro”. “En la calle, en los bares, en las farmacias, en su casa”.

“Todos los días explico en la universidad la libertad de información; más bien la manipulación informativa y la desinformación que pueda existir en muchos medios”

“Hemos tenido editoriales de El País todos los días en un ejercicio nauseabundo y vomitivo de manipulación de la ciudadanía”.

“Se lo voy a explicar como jurista y como profesora universitaria … yo he dicho que los dos ejercían su libertad de expresión, pero sabe usted que el que tiene un cargo público, el que es una persona pública, tiene una servidumbre respecto al ejercicio de determinados derechos; usted, como periodista sabe que puede publicar determinadas cosas respecto de ciertas personas pública y que nunca se le va a plantear una injuria ni una calumnia … pues aquí pasa lo mismo. Cuando hay libertad de expresión, por un lado de alumno,y por otro lado libertad de expresión de personalidades públicas, prevalece la libertad de expresión del alumno”. “Cuando hay dos derechos fundamentales en litigio prevalece uno”. “Prevalece la libertad de expresión del alumnado en una manifestación pacífica”

“No sé qué es estar encapuchado” “Tampoco se les puede reconocer [el rostro] a las monjas ni a las mujeres musulmanas con el velo”.

Hasta Felipe González era Isidoro en el franquismo y estaba escondido por ahí“. Cuando el periodista dice, asombrado, “en el franquismo señora Trujillo” añade: “bueno es que realmente España necesita una nueva transición, una vuelta a las instituciones“.

“Cuando una persona es una persona pública. Felipe González es una personalidad. Cebrián también aunque la gente no lo conoce”.

“En el país están los inmigrantes a punto de ser expulsados y no abren las noticias”.

“Por fin la Universidad se está moviendo”.

“Esto es como cuando se manifiestan delante de su casa pero usted no puede salir ni sacar el coche”. “Aquí ha prevalecido la libertad de expresión de los alumnos que han impedido la celebración de una conferencia, pero no pasa nada, si al señor Felipe González y al señor Cebrián todos los días nos dedican sus editoriales … seguro que mañana en otro lugar podrán impartir esa conferencia y serán otros ciudadanos los beneficiados por su sabiduría …”

“Normalidad democrática en un acto académico” …. “que se pueda celebrar o que haya casos en los que no se pueda celebrar”.

Fuera de la entrevista, vean este tuit:

No creo que haga falta explicar gran cosa. Como es evidente, la libertad de expresión no ampara la violencia ni la coacción. Como es evidente, la libertad de expresión consiste en expresar opiniones, ideas, creencias, y en transmitir información libremente, pero no en impedir a otros que hagan eso mismo. Más aún cuando alguien ha reservado un espacio y anunciado que en él va a exponer esas ideas u opiniones. Y sí, es cierto que hay numerosa jurisprudencia civil, constitucional e internacional sobre cuál ha de ser la solución cuando hay conflicto de derechos, pero la señora Trujillo manipula esa jurisprudencia cuando la aplica a este caso. Esa jurisprudencia se creó para casos típicos (libertad de manifestación vs libertad deambulatoria y, sobre todo, libertad de expresión vs derecho al honor). Esos casos típicos son resultado de una realidad: hay supuestos en los que es imposible ejercer una libertad sin afectar a la libertad de otros. Sin embargo, aquí no hay un conflicto entre derechos fundamentales distintos. Felipe González y Juan Luis Cebrián pueden dar esa conferencia y los estudiantes pueden protestar contra ella sin que haya colisión de ningún tipo. La colisión es resultado de la invasión del espacio ajeno y de la coacción. Y, en todo caso, aquí no hay conflicto entre derechos diferentes, por cuanto, en ambos casos se “estaría ejerciendo” el mismo derecho fundamental: el derecho a la libertad de expresión (aunque yo sostengo que no: que los manifestantes no ejercitan un derecho, sino que sobrepasan su límite al coaccionar a otros). La propia señora Trujillo lo admite, cuando afirma cosas como las siguientes:

a) Que esos señores pueden hablar en otro lugar. Es decir, que su libertad de expresión consiste en hablar donde la señora Trujillo y esos “manifestantes” deciden.

b) Que el propio González se ocultaba bajo una identidad falsa durante un régimen autoritario y que necesitamos una segunda transición. La comparación demuestra que la señora Trujillo considera la coacción de los estudiantes como una respuesta a una falta de libertad.

c) Que es perfectamente normal (“no pasa nada”) que unos señores impidan a otros hablar. Por lo visto, habría sido normal también que los señores González y Cebrián acudiesen al acto acompañados de tres mil simpatizantes con los rostros ocultos y que se dedicasen a gritar más que los estudiantes, a empujar más que los estudiantes y a insultar más que los estudiantes. Es decir, que parece que el asunto (en el planteamiento “técnico” que realiza la señora Trujillo) va de quién tiene más capacidad de coacción.

Termino. Por si alguien tiene interés en saber qué dice la jurisprudencia sobre colisión de derechos, vean una cita paradigmática (en este caso de una sentencia del Trubunal Supremo, Sentencia núm. 798/2013 de 30 diciembre) y díganme si tiene algo que ver con este caso:

TERCERO

Libertad de expresión y derecho al honor.

A) El artículo 20.1.a ) y. d)  CE  … reconoce como derecho fundamental … el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el  artículo 18.1  CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

La libertad de expresión, reconocida en el  artículo 20  CE , tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información … porque no comprende como esta la comunicación de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

(…)

El artículo 7.7  LPDH  (RCL 1982, 1197)  define el derecho al honor en un sentido negativo, desde el punto de vista de considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona. (… )

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor por las libertades de expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (…)

B) La técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde este punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.° 1457/2006 ). La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción (…) Este criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente por el artículo 11 CDFUE  (LCEur 2007, 2329), el cual, al reconocer los derechos a la libertad de expresión y a recibir y comunicar información, hace una referencia específica al respeto a la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo; (ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige (…) pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe «sociedad democrática (…)

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde esta perspectiva, (i) la ponderación debe tener en cuenta si la información o la critica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública (…) pues entonces el peso de la libertad de información e expresión es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH, en relación con el derecho a la propia imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la «proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado; (ii) la libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones; (iii) la protección del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella (…)

En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables (el artículo 2.1 LPDH se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor).

La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política (…)

Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. (…)

CUARTO

.- Aplicación de la doctrina al caso enjuiciado.

La aplicación de los criterios enunciados al caso examinado, aun en contra del dictamen del Ministerio Fiscal, lleva a la conclusión de que en el pertinente juicio de ponderación entre ambos derechos debemos inclinarnos a favor de la prevalencia de la protección del Derecho al Honor del demandante.

En efecto, en el presente caso, atendido el contexto en el que se producen las expresiones, la proyección pública e interés general de las declaraciones objeto de controversia, así como el refuerzo de la prevalencia de lalibertad de expresión en contextos de contienda política, la ponderación del peso relativo de los derechos fundamentales que entran en liza se centra, primordialmente, en la gravedad de las expresiones declaradas y su posible extralimitación del marco de la libertad de expresión . Al respecto, como señala la sentencia de Primera Instancia, las declaraciones vertidas, particularmente las referidas a su condición o función de “sádico” o de “menospreciador” de las mujeres, objetivamente analizadas, esto es, ya en sí mismas consideradas, como en su contexto, resultan inequívocamente expresivas del menosprecio personal, la vejación injustificada y el insulto, transgrediéndose el límite de las manifestaciones protegidas por la libertad de expresión , aún en un contexto de contienda política, y resultando innecesarias para expresar, libremente, la opinión o valoración de la cuestión o ámbito tratado.

 

 

Sentencias a mí

El Tribunal Constitucional declara nula una norma que prohibía las corridas de toros en Cataluña. No conocemos la sentencia, ni el voto particular que se anuncia. Solo la nota de prensa. El asunto enjuiciado no tiene que ver con la bondad o maldad de la fiesta de toros, sino con la competencia para prohibirla. Sin leer la sentencia y los votos particulares es absurdo anticipar una opinión sobre los argumentos utilizados. Los que aparecen en la nota de prensa son un resumen (y no se dice en ella prácticamente nada del voto particular). Por tanto, ya comentaré la sentencia cuando la conozcamos.

Esta prevención no ha afectado, sin embargo, a nuestros amigos los políticos. En concreto a aquellos a los que la sentencia no ha gustado. Las reacciones que aparecen en El País son las esperadas. Así, Ada Colau:

La alcaldesa de Barcelona ha decidido que las “normativas” se encuentran por encima del Tribunal Constitucional, órgano encargado de velar precisamente por que esas normas sean válidas y se ajusten a la norma suprema, la Constitución. A la alcaldesa, “lo que diga” el Tribunal Constitucional se la sopla, que ella es más chula que un ocho y ella decide qué normativa hay que cumplir y cuál no.

Este señor, que es abogado y consejero de justicia de la Generalidad, dice lo que sigue:

No. No es verdad. Esa protesta hay que dirigirla al parlamento español, a las normas vigentes y a la propia jurisprudencia que consideran la fiesta de toros como producto cultural. Por cierto, es indudable que es un producto cultural (como lo era la lucha de gladiadores). Otra cosa es que deba ser prohibida. Y eso es lo que no aparece en el tuit: quién puede o no prohibir los toros, eso es lo que se decidía en la sentencia.

No voy a mencionar a los representantes de los partidos secesionistas. Para qué perder el tiempo con gente que hace mucho decidió pasarse la ley por el forro. No obstante, me ha hecho gracia algo que ha dicho Josep Rull:

“no volverán a haber corridas de toros diga lo que diga el Tribunal Constitucional”. En su opinión, la Generalitat tiene “capacidad de regulación y es muy fácil” evitar la celebración de corridas. Rull ha evitado concretar qué medidas se pueden tomar, pero ha explicado que en los próximos días analizarán la sentencia para decidir qué opciones hay “para hacer imposible que haya corridas de todos”.

El señor Rull ha dado muestras, mucho antes, de su facilidad para poner sus argumentos al servicio del fraude de ley. De nuevo vuelve a soltar una parrafada guiñando el ojo como si fuese lo más natural del mundo utilizar las competencias autonómicas para hacer imposible el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional. Más aún, lo dice abiertamente. Es tal su desfachatez que, en vez de callar y desarrollar una normativa que haga más exigente (por ejemplo) la regulación, justificándola en la necesidad de proteger a las reses bravas hasta el momento de la corrida, incluso llegando al punto de que sean inviables económicamente, saca pecho y dice que se inventará lo que haga falta (“es muy fácil”) para descojonarse en la cara de los magistrados taurinos y peperos. Luego, cuando alguien impugne en los tribunales esas normas, pondrá cara de sorprendido, dirá que la norma no busca que no se cumpla la sentencia, sino otra cosa muy bien argumentada, y eso a pesar de que anunció el fraude de ley el mismo día de la sentencia. Es como lo de los presuntos desobedientes Artur Mas y compañía, que, después de anunciar públicamente que estaban dispuestos al martirio, ahora van por todas partes diciendo, “¿desobedecer? ¿yo? No sé de qué me habla”.

La señora Hortènsia Grau, diputada de Catalunya Sí que Es Pot ha dicho que mucha gente está en Cataluña en contra de los toros. Que son mayoría, vamos. No sé si es cierto, pero en cualquier caso da igual. Nadie ha dicho que la ley no contase con mayoría en el parlamento catalán.

El diputado socialista Jordi Terrades dice que “desde el PSC no compartimos la sentencia del TC”. Por lo visto ya la tienen (aunque no sé si se ha redactado completa) y se la han leído. No solo ha afirmado esto: ha dicho que los del PSC quieren  “acompañar” a la Generalitat a “buscar la fórmula que haga imposible” que en Cataluña se vuelvan a celebrar corridas de toros. El PSC nunca falla: a la hora de decidir entre que se cumpla la ley y una buena felación en grupo, siempre opta por la felación en grupo. Que no quieren parecer aguafiestas.

Tampoco podía faltar Alberto Garzón: “El Tribunal Constitucional tumba la prohibición de los toros en Cataluña. El TC respalda así la barbarie y la tortura animal”. Otro que tal baila: por lo visto los magistrados del Tribunal Constitucional, afectados por el horror de la “tortura” a los animales, tendrían que haber encontrado un argumento para dejar de cumplir su función constitucional: decidir sobre aquello concreto que se les plantea (en este caso una cuestión de competencias).

Una vez más va a dar igual lo que diga la sentencia. La deslealtad es rentable y el desprestigio de las instituciones un objetivo político. Y nosotros somos su coartada.

 

 

El internamiento de extranjeros en la ley española

 

Yo no sé si deben existir o no Centros de Internamiento de Extranjeros. No soy un experto en política migratoria. No sé si son útiles o no. Ignoro si con su supresión (al igual que con la supresión de la devolución en frontera) se produciría un efecto llamada. Tengo una opinión superficial sobre el asunto y, puesto que la apertura total de las fronteras me parece imposible, por la diferencia de renta y de servicios entre Europa y los países de África (y de otros continentes), es evidente que hay que establecer limitaciones que tienen que ser coactivas, considerando los terribles riesgos personales que ya corren tantos inmigrantes. Si arriesgan su vida y las vidas de sus familias e hijos, con la regulación actual, imaginen lo que sucedería si resultase más sencillo entrar en Europa y permanecer aquí. Hasta dónde lleguen esas medidas coactivas es una cuestión que será discutible, pero que han de existir por lo que acabo de explicar es bastante obvio. Salvo que seas un iluso. Al margen, naturalmente, de un factor que suele ignorarse: el propio efecto de una inmigración abundante en los electores europeos, una vez comprueben que han de repartir el pastel con más personas. En Europa hay democracias; la gente vota y votará a partidos que tengan un mensaje duro contra la inmigración en mayor medida, cuanto más evidente sea esta en sus respectivos países.

No obstante, insisto, estoy dispuesto a escuchar argumentos sobre el alcance de las medidas coactivas existentes, si han de ser más o menos intensas, ya que esto que he dicho no pasa de ser una opinión superficial.

Ahora, hay cuestiones que sí es importante reseñar y que no son discutibles.

En primer lugar, la expulsión en frontera no es contraria a los derechos humanos (excluyo el supuesto de asilo). No existe un derecho humano que obligue a una nación a permitir a un extranjero la entrada y permanencia en su territorio.

En segundo lugar, el internamiento en un CIE no es contrario a los derechos humanos, aunque el extranjero no haya cometido ningún delito ni esté siendo investigado como posible partícipe en la comisión de un delito. Este internamiento, como es lógico, ha de producirse por un plazo máximo, pero no hay ninguna norma internacional que impida a un Estado, durante un plazo determinado, internar a un extranjero en un centro (y, por tanto, someter al inmigrante a una limitación de su libertad) para asegurarse de que su expulsión (caso de dictarse una resolución administrativa) sea efectiva. Naturalmente, ese internamiento ha de respetar los derechos humanos del interno, pero esto es aplicable a cualquier régimen de privación de libertad. Además, el único requisito razonable es que ese centro este sujeto a formas efectivas de control judicial.

En España, el internamiento está previsto en una Ley Orgánica (artículos 61 y ss.), que es perfectamente constitucional, ya que nuestra Constitución expresamente prevé que los extranjeros tendrán en España las libertades que se establecen para los españoles, pero en los términos que establezcan las leyes y los tratados. La ley se desarrolla en un reglamento reciente.

Lo esencial es que el internamiento siempre ha de producirse por orden de un juez (el competente es el de instrucción del lugar donde se haya detenido al extranjero) y que el control de cada centro (en particular en lo relativo a las quejas de los internos) corresponde a otro juez. El internamiento no se puede acordar en todo caso, ni siquiera en todos los supuestos en los que pueda dictarse una orden de expulsión. Las causas por las que un juez puede autorizar un internamiento son:

1.- Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.

2.- El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.

3.- La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves o muy graves en la ley de seguridad ciudadana.

4.- Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países.

5.- Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.

6.- Que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

Esas son las causas legales, pero el juez puede acordar el internamiento o denegarlo. Muchas veces concurren causas de expulsión y ni siquiera se solicita (a menudo porque no hay plaza libre en el CIE del lugar). De hecho, he sido y soy abogado de muchos extranjeros en situación irregular, con causas penales abiertas o con sentencia dictada en un procedimiento penal (firme o ya recurrida), para los que o no se solicitó el internamiento en el CIE o se denegó por el juez. A veces se trata de personas reincidentes o con múltiples detenciones.

El internamiento no puede durar más de sesenta días. Si transcurre ese plazo sin la expulsión, hay que dejar en libertad al interno. La ley impide que se interne a menores, salvo que se trate de unidades familiares y con el visto del Fiscal (en módulos especiales, por lo que imagino que esta situación no se debe dar). Los internos condenados por la comisión de un delito pendientes de expulsión deben estar separados de aquellos que lo están por otras razones. Existe un listado de derechos que se les comunica en el momento de la detención y cuando se les ingresa. El esencial es el derecho a un abogado de oficio que les represente en el expediente administrativo y con el que tienen derecho a comunicarse en privado. Hay muchos otros derechos, pueden examinarlos en el Reglamento.

También hay deberes y son perfectamente razonables. Un CIE no es un lugar en el que se esté voluntariamente. El extranjero que ha pagado tanto (en todos los sentidos de la palabra) para llegar a nuestro país está sometido a una situación forzosa de privación de libertad y, para garantizar su seguridad y la de los demás internos, así como la de las personas que los vigilan y los atienden, es inevitable que existan normas rígidas, que se le han de comunicar a cada interno en un idioma que comprenda. Los deberes y el régimen constan también en el Reglamento.

Como hay un juez de instrucción en cada localidad con CIE que se ocupa de la estancia, es ese juez el que debe velar por que no se violen los derechos de los internos, por que se cumpla la ley y por resolver sobre las quejas, que, según se prevé en la norma, pueden efectuar los internos. Ignoro si hay denuncias fundadas de malos tratos o de simple incumplimiento de la ley. Es posible, naturalmente. Pero lo que no puede decirse es que se trata de lugares excluidos de control en los que son posibles todo tipo de tropelías por su oscurantismo. Insisto, toda persona interna tiene derecho a un abogado de oficio, está interna porque lo pide un funcionario, pero fundamentalmente porque, con asistencia del fiscal y del abogado, hay una “vistilla” en la que un juez acuerda el internamiento, y hay otro juez diferente obligado a controlar que lo que sucede en el centro se ajuste a lo previsto en las normas.

En la norma también está previsto que asociaciones e instituciones que tengan por fin la asistencia social y el asesoramiento y ayuda a inmigrantes, puedan prestar sus servicios, visitar las instalaciones y entrevistarse con los internos. Hay que cumplir una serie de requisitos previos de acreditación, todos perfectamente razonables (art. 59 del Reglamento). Ignoro cuántas de estas asociaciones e instituciones están acreditadas, así como si realizan estas labores. Nada impide que, caso de producirse violaciones de la ley y de los derechos humanos, puedan presentar las denuncias que correspondan. Sobre esto hay que recordar que, al margen del control por el juez antes indicado, cualquier delito cometido en un CIE puede ser denunciado y se abrirá el correspondiente proceso penal que corresponderá al juez de instrucción “natural”.

Como es evidente, cualquier denuncia basada en una ilegalidad y, en particular, cualquiera por violación de los derechos humanos, hay que perseguirla y castigarla. España no tiene un Código penal bananero. Nuestro Código penal no distingue, a la hora de castigar, si la víctima es española o extranjera, ni si está libre o privada de libertad.

Hay normas, hay jueces, hay abogados, hay asociaciones en defensa de los inmigrantes. Si hay abusos, hay formas de perseguirlos y castigarlos.

No lo llames desobediencia cuando es sabotaje

 

Hace unos días, una serie de concejales del Ayuntamiento de Badalona decidieron incumplir una resolución judicial. Uno de ellos hizo una performance que convertía esa desobediencia en una desobediencia pública y de contenido político. Entre otras cosas, afirmó que el auto que ordenaba unas medidas cautelares en un procedimiento judicial era un golpe de Estado a la autonomía municipal.

Las asociaciones de jueces emitieron ayer un comunicado criticando duramente a los desobedientes. Sin embargo, esa unanimidad se ha roto al aparecer disidentes en una de las asociaciones. Los jueces catalanes de la asociación Jueces para la Democracia han expresado su “total desacuerdo” por las siguientes razones (extracto solo esas partes porque no he encontrado el comunicado completo):

  • Porque el comunicado está “cargado de un claro prejuicio ideológico, prescindiendo de hacer una visión desde la perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos”.
  • Y porque “lo consideramos totalmente innecesario, da una visión parcial e insuficiente del hecho y no aporta ninguna racionalidad al debate sobre la relación deseable entre política y justicia”.

Los argumentos son originales. Por lo visto, existe una perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos en la que el cumplimiento de todas las resoluciones judiciales dictadas por jueces democráticos en un sistema democrático no se incluye.

Véase que el entrecomillado no se refiere al acto de desobediencia como acto político y como acto ético con consecuencias para el desobediente. Quien cree que una ley es injusta y por ello la incumple, asumiendo la sanción, para provocar un movimiento político que cambie la ley, no ejercita un derecho. No hay un derecho a la desobediencia. En un sistema democrático no existe un derecho al incumplimiento de la ley.

La razón para esto es muy sencilla. El respeto a la ley y a las instituciones no se basa en la “justicia” o la “bondad de las normas, sino en su origen democrático, y en razones prácticas y lógicas. En el momento en el que admitamos que existe un derecho a incumplir la ley, abrimos la puerta a imposibles lógicos: ¿quién decide qué parte de la ley se puede o no cumplir?; ¿cómo se decide qué parte de la ley se puede o no cumplir?; ¿escribimos en una ley quién decide qué se puede cumplir y qué no, y lo votamos?; ¿escribimos en alguna ley cómo, en un momento dado, puede alguien incumplir una ley?; ¿estas leyes de las que acabo de hablar se pueden desobedecer legalmente? Esta última pregunta nos enlaza con el problema lógico: si existe un derecho a incumplir una ley que consideramos injusta y no lo formalizamos, la ley deja de existir, ya que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede decidir qué cumplimos o no basándonos exclusivamente en nuestra opinión. Podemos, además, unirnos a otros, formar banderías e imponer a los demás nuestros actos de incumplimiento, si chocan con sus particulares opiniones sobre lo que es o no justo. Si, por contra, pretendemos formalizar ese derecho a incumplir la ley, estaremos escribiendo una ley que fijará un procedimiento, atribuirá unas potestades y establecerá un castigo. Esa formalización, esa ley, es contradictoria con el derecho que pretende crear.

Más aún, si cedemos a un “soberano” (por ejemplo, al barbado concejal que rompe el auto) el “ejercicio” de un supuesto derecho a la desobediencia, porque ese concejal es un concejal elegido por los vecinos, estamos cediendo nuestra soberanía al modo hobbesiano. Si el concejal —que denuncia un golpe de Estado— actúa en nombre de los que le nombraron saltándose la ley, su soberanía se convierte en una soberanía absoluta, ya que podría, por ejemplo, escoger no cumplir la ley que le obliga a someterse a nuevas elecciones, ponerse una peluca y decir “El Estado soy yo”.

Para evitar ese peligro, justificación de la monarquía absoluta, el ejercicio del poder político democrático se definió de forma que se encontrase limitado. La limitación no deriva de alguna especie de voluntad “bruta” de los ciudadanos. La limitación se encuentra en la ley que define el edificio institucional y que establece sus propias reglas de modificación. Los límites a la soberanía popular vienen establecidos en los documentos legales en los que esa soberanía popular se define como fuente de derecho; es decir, el lugar en el que se crea ese artificioso y ubérrimo concepto. Uno de esos límites es precisamente que no se puede ceder definitivamente en otro la potestad para decidir el contenido de la ley.

Por todas estas razones, me parece absurdo defender que exista una “perspectiva” que contemple un derecho al incumplimiento de la ley, como se deduce del comunicado de los jueces disidentes. El incumplimiento de la ley es un acto ilegal que lleva aparejada una sanción. Si se hace públicamente, por motivos políticos, esto no cambia su naturaleza. Si el desobediente consigue su objetivo y más tarde se modifica la ley por los procedimientos en ella establecidos, puede que el desobediente se convierta en un héroe ciudadano, pero esto no cambia el pasado y su castigo previo sigue cumpliendo una función esencial.

Hay una vertiente políticamente peligrosa de esto: se ha instalado un cierto discurso —habitual en Podemos y movimientos afines, y en el secesionismo— que dice defender la desobediencia civil apelando directamente al pueblo y a la democracia (que son lo que ellos definen).

Este discurso es ventajista. Siempre ha habido movimientos políticos que buscan un cambio de sistema. Para ellos, la desobediencia no se justifica por el contenido del acto, sino por su naturaleza disolvente, y es un instrumento para el sabotaje, no para la mejora. Es bastante obvio que un sistema legal se desmorona si constantemente se ponen en entredicho sus normas y se pretende que los tribunales de justicia no lo apliquen. Los secesionistas buscan esto abiertamente, ya que saben que la secesión unilateral es ilegal y que la pactada exige un proceso y unas mayorías difíciles de obtener. La única manera de conseguirla, en consecuencia, es romper el sistema desde dentro, cuestionando el propio edificio constitucional. Algo similar sucede con Podemos: el sistema no es democrático y utilizarán todos sus instrumentos para acabar con él (de ahí la apelación constante a la “gente” como forma de justificación) y sustituirlo por otra cosa.

Quien cree en el sistema democrático, pero lo quiere perfeccionar, asume el riesgo de la desobediencia. El desobediente leal con el sistema democrático no pretende cambiar las reglas del juego en el que está participando. Quiere cambiar las reglas de los juegos que vendrán, y se arriesga para conseguirlo.

El triunfo del que cree en el sistema es la proclamación por el sistema de que tenía razón. El triunfo del que no cree en el sistema es su demolición.

No hagas nada, no sea que te señalen

 

Por lo visto toca darle cera al Tribunal Constitucional. Mira que hay días para hacerlo, por muchas razones, pero hombre, hoy, hoy no.

En el asunto de la secesión catalana y el golpe de Estado en tránsito, había dos vías: la judicial y la política. La judicial es como es, con sus plazos, cruces de caminos, recursos, discusiones, decisiones. Los procesos judiciales son bastante coñazo, hasta para los que nos dedicamos a al noble arte de la mentira, así que comprendo que aburran al personal, que quiere una respuesta inmediata sobre si este hizo aquello y sobre las consecuencias de sus actos. La otra vía, legal y constitucional, pero política, era la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Era la vía lógica. La Constitución estableció un mecanismo de cierre para el caso de que alguien decidiese estar por encima de la soberanía nacional representada en las Cortes. Ese mecanismo no necesitaba otra cosa que una motivación (porque la decisión también se sujeta al control constitucional), un voto y un listado de medidas.

La primera vía es posible y, además, inevitable en algunos casos. Los tribunales están a punto de juzgar a Mas y sus mariachis por el esperpento del 9N. Sea. Y la fiscalía puede que presente una querella contra Forcadell y quizás en unos años también veamos a Forcadell juzgada y absuelta, o juzgada y condenada. Sea también. En esos casos, el mundo será el que se describa en los autos y todo lo que no esté en ellos no estará en el mundo.

Para evitar la segunda vía, se aprobó una nueva redacción del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sobre esa reforma de la ley tendrá que decidir el propio tribunal si es o no constitucional (hay que yo sepa dos recursos presentados) y si las buenas razones que se alegan son suficientes o no. Por eso de las prisas y de los atajos, resulta que se atribuye a un tribunal creado para garantizar la aplicación de la Constitución, para interpretarla, y para defender a los ciudadanos de las actuaciones públicas contrarias a sus derechos fundamentales, unas potestades sancionatorias tremendas sobre personas concretas, en parte innominadas, para ejecución de sus resoluciones. Hay quien sostiene que lo más lógico sería que esas facultades correspondiesen a los tribunales ordinarios a instancia de la fiscalía, la abogacía del Estado o cualquier ciudadano, incluso. Lo triste es que esa reforma es, como digo, un atajo innecesario: la creación de un primo de zumosol como consecuencia de las debilidades de los que han ostentado el poder legislativo.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha deducido testimonio a la fiscalía. Ha optado por el “camino judicial”. Sí, el premioso y garantista camino que exige la querella (decisión que incumbe solo a la fiscalía), la admisión a trámite, la práctica de diligencias, las resoluciones, los recursos. No utiliza, hasta que no decida si es constitucional o no, los recursos extraordinarios con los que ahora cuenta. Imaginen que lo hace. Sería legal, pero, ¿podría realmente el Tribunal Constitucional decidir después que la norma es inconstitucional cuando ha hecho uso de ella? En teoría sí, pero qué difícil de explicar. Por cierto, no estaría de más que se incluyese entre los supuestos de inmediata suspensión de la aplicación de una norma, aquellos recursos contra modificaciones de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Todo esto es simple consecuencia del miedo al uso de la ley. Preferimos que un “tribunal” sea el que tome medidas para parar un golpe de Estado. Es estúpido y, además, es innecesario, por muchas llamadas a la prudencia que se quieran dar. Es estúpido porque las resoluciones de los tribunales terminan necesitando también a un policía que las haga cumplir. Al final, la ley es ley porque detrás de ella hay una fuerza que la impone. Y las sentencias aplican la ley porque si hace falta terminan arrastrándote a una celda, echándote de tu casa, embargando tus cuentas y arrancándote los galones en la plaza de armas.

Si no tuviésemos miedo a la ley, el Senado podría haber adoptado ya medidas que implicasen que toda la administración autonómica catalana estuviese bajo control de la Administración del Estado, de forma que los ciudadanos catalanes y el resto de los españoles no se viesen perjudicados por la deriva de los dirigentes autonómicos. Y una vez fuera de las instituciones, que los tribunales decidiesen, a su ritmo y con todas las garantías. Luego, pasado un tiempo prudencial y previo desmontaje del aparato secesionista, se ordenaría una recuperación progresiva del funcionamiento de las instituciones estatutarias.

Como hacer esto acojona mucho a mucha gente, la solución, al parecer, es que las decisiones no tenga cara. Es el recurso al funcionario anónimo, al colegio de magistrados. Y mientras que los secesionistas se pudran.

Puede que sea mejor, ya que los españoles somos así, alérgicos a la ley. Y también lo son los españoles que viven en Cataluña, incluidos los que al parecer esperan invasiones de los tres ejércitos en alguna diada. Personalmente, me asquea bastante esa estrategia fabiana, pero qué sé yo del futuro y sus obras, cuando no entiendo a la mayoría de los que me rodean. Ahora, lo que no me parece justo es criticar a los únicos que de momento, aunque sea con toda la premiosidad del mundo, están haciendo su trabajo: los señores de las togas.

Es como criticar a los bomberos por no apagar los fuegos cuando ordenas una estrategia de tierra quemada.

Qué asco: un abogado alegando que su cliente tiene derechos

 

En España no estamos demasiado acostumbrados a tener derechos y ejercerlos con normalidad. Firmamos documentos sin leerlos y sin asesorarnos porque hacer otra cosa es ser un desconfiado; nos cabreamos si antes de firmar un contrato alguien nos pide que exhibamos el DNI; y cuando la policía nos detiene nos ponemos a contar a los amables agentes del orden nuestra biografía completa (incluida la de todos nuestros parientes hasta el grado cuarto colateral por consanguinidad y afinidad), venga o no a cuento, que todo esto ha tenido que ser un error. El que dice “no voy a contestar” termina pasando una noche en los calabozos, pero el que contesta también, normalmente, aunque no tendría por qué influir o no. Y no les digo nada si el acusado no contesta, no ya delante de un policía, sino de un juez. ¡Es intolerable! El que no responde a un juez es un presunto criminal asesorado por uno de esos sujetos indeseables conocidos como abogados y que conoce bien las artimañas que usan los delincuentes habituales para salir bien librados.

Este comportamiento explica que haya tantos que se escandalicen porque un abogado en un juicio penal, al defender a una persona jurídica como responsable civil subsidiario, utilice todos los argumentos legales a su alcance para que su cliente salga absuelto (hoy, por ejemplo, Carlos Alsina le preguntaba a Alfonso Alonso como si esto fuera un despropósito y Alonso no contestaba, porque imagino que está de acuerdo). Porque es un escándalo que un abogado ejercite los derechos que le ley le reconoce y plantee que una instrucción puede estar afectada por una causa de nulidad como consecuencia de un exceso aberrante: que un juez de instrucción ordenase escuchas indiscriminadas que afectaban a un área tan sensible como el de las conversaciones abogado-cliente. Esta práctica, propia de los peores Estados totalitarios, al parecer no puede ser utilizada como argumento legal porque lo que procede es que el abogado, en el juicio, confiese todo, responda a todo, dé todo por bueno, y a ser posible le eche la culpa de todo a alguien que no está siendo juzgado.

Lo que en cualquier lugar civilizado del mundo se vería como una sana expresión de un sistema de garantías, en España es un escándalo. Más aún, si prospera la alegación de nulidad de los abogados, la gente verá esto como un triunfo de los corruptos, cuando sería justo lo contrario: un freno a una corrupción mucho más grave, la de los Estados que no respetan las reglas.

Al parecer, lo normal, es un juicio colectivo en un estadio de fútbol. Un juicio sin límites, en el que se pueda tratar todo, sin orden ni concierto, sin esos pasos previos que aparecen en leyes hechas para amparar a los delincuentes, con sus plazos, sus normas, sus motivaciones, sus hitos. Qué aburrido y qué limitador para la verdad es eso de los procedimientos y los límites al poder coactivo del Estado.

Si no tienes nada que ocultar, claro.

ACTUALIZACIÓN: Como S me indica que Alsina, en su monólogo no se escandaliza, he mirado el monólogo. Es curioso, porque naturalmente que se escandaliza. Inteligentemente vende algo impresentable; y se escandaliza, natrualmente. Es este:

¿De verdad quiere el PP que se anule el juicio de la Gürtel? [¿Y por qué no va a querer?] ¿En serio? [¿Por qué no en serio?] ¿Hace suya el PP la postura que expresó ayer su abogado en la sala de justicia [los abogados representan a sus clientes, hablan por sus clientes, ¿qué pretende insinuar con esto el locutor?], se adhiere a las peticiones de nulidad que han planteado, salvo Correa, todos los otros integrantes de la cabalgata corrupta (presuntamente corrupta) [Muy feo eso de decir corrupto y luego añadir lo de presuntamente corrupto: el locutor ya ha juzgado, aunque diga que no].

El Partido Popular no es un procesado más [ese violador no es un procesado más; ese pederasta no es un procesado más; ese genocida no es un procesado más]. Como todo procesado —en su caso por haberse beneficiado de los delitos que cometían otros (partícipe a título lucrativo)— tiene derecho a intentar salir exonerado(de eso se trata la labor de las defensas) [La frase que se supone justifica todo: justo la que incluye S en su comentario; la frase que va justo antes de toda una gigantesca adversativa]. Pero a diferencia de los demás acusados, el PP, procesado y todo, sigue siendo el partido político que gobierna el país [Vaya, noticia impactante: los ciudadanos que han votado lo saben]. Es el partido que dice haber aprendido la lección. El que presume de estar colaborando, sólo faltaba, con las investigaciones judiciales [Justo lo que digo en la entrada: si denuncias una irregularidad o si ejercitas tus derechos es que algo tienes que ocultar]. El que proclama ya tomó medidas contra los gurtelianos, repudió a Bárcenas, mandó a paseo al Bigotes y el Albondiguilla. El que incorporó a su argumentario la idea de que procesos judiciales como éste demuestran que el sistema funciona y que la impunidad no existe [Cojonudo: cuando usas los resortes del sistema -resortes comunes a todo sistema civilizado- es que impugnas que el sistema funcione. ¿Verdad? Por lo visto denunciar una irregularidad convierte todas esas actuaciones -reales o presuntas- del PP en mendaces. Para que las creamos el abogado del PP (y el PP) tienen que renunciar a sus derechos y confesar lo que el periodista ya sabe que es cierto -presuntamente cierto-].

Es el mismo PP que se incomoda cuando se le recuerda la defensa que hizo en 2009 de su tesorero, la virulencia con que arremetió contra el juez Garzón, al que acusaban —lo recordarán Cospedal o Trillo, porque ambos llevaban la voz cantante— de abrir una causa general por razones políticas, del que recordaban a todas horas que había sido secretario de Estado con Felipe [ah, como se incomoda no se puede decir ya nada de un exmagistrado condenado por vulnerar los derechos fundamentales de presos, que ordenó una escucha inadmisible en cualquier país serio].

Se supone que este PP que está en el banquillo es el de aquella otra época en la que fingía no saber lo que tenía dentro [valiente gilipollez] . El que buscaba la argucia, el truco, para que los procedimientos judiciales naufragaran [la argucia, el truco. Si llego a tener esta pieza cuando escribí mi entrada mis comentarios sobre Alsina habrían sido mucho más duros. Es lo de siempre: putos abogados de mierda, siempre intentando evitar que los malos paguen por sus crímenes]. Pero el PP de ahora sostiene que ya no está en eso. Que nada más lejos de su ánimo que intentar eludir la responsabilidad [la que aún no se ha determinado, pero eso qué más da]. Pero entonces aparece su abogado y vuelve a poner el foco en Peñas, el que grabó conversaciones, y en Garzón, el primer instructor, para pedir que se anule todo el proceso [Todo está aquí. Todo].

Ésta es la paradoja, poco afortunada para el partido que nos gobierna: Correa no ha pedido que se anule el juicio de la Gurtel. El PP, sí.

Lamentable.

 

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN: Envía Carlos Alsina un largo comentario a esta entrada. Por su interés, lo incluyo en la propia entrada:

Estimado Tsevan:

Mi comentario a su comentario podría titularse “ni asco, ni escándalo, ni por un abogado”. O también, “qué necesidad hay de leer un texto al revés pudiéndolo leer tal como está escrito”.

Del primer párrafo que usted escribe (”En España no estamos…”) me limito a decir que no me reconozco en ese país que usted describe. Imagino que su descripción de cómo somos o actuamos en España es fruto de su experiencia personal y que, tal vez, incurre en la tentación de generalizar elevando su percepción a la categoría de diagnóstico patrio. Me abstengo.

Por alusiones, empezaré por aclararle que no considero “indeseables” a los abogados, ni me escandaliza que un abogado ejercite su derechos, ni pretendo que un abogado tenga que dar por bueno todo lo realizado en la fase de instrucción. Tengo presente, por otra parte, que las escuchas ilegalmente ordenadas por el primer juez de instrucción ya fueron anuladas y sacadas de la causa y que será el tribunal quien establezca si existe causa de nulidad. También tengo presente que la petición de nulidad ya fue formulada por diversos abogados en la fase de instrucción y existen pronunciamientos al respecto del juez de instrucción Ruz y de la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia. Ésta última, 2014, rechazó que existiera contaminación procesal, validó la licitud de las demás pruebas practicadas y añadió que obrar de otro modo conduciría a amparar la impunidad. En todo caso, habrá que ver qué dice el tribunal juzgador. Mi pronóstico es que compartirá el criterio de la sección cuarta.

Aclarado que no me escandaliza que un abogado recurra a todos los instrumentos que considere oportunos para hacer su trabajo y que no comparto su idea de que España es un país incivilizado, paso a comentar las apreciaciones que hace al texto de mi monólogo.

Paso por alto su afán en responder usted por el PP a las preguntas que no ha respondido el PP (es usted muy libre de erigirse en portavoz oficioso de quien desee, pero entenderá que yo prefiera esperar a que responda el interpelado). Lo de decir “corrupto” y luego añadir “presuntamente corrupto” es, para usted, “muy feo” porque considera que “el locutor ya ha juzgado”. En cierto modo, tiene usted razón. Decirlo en ese orden significa recordar que no existe aún sentencia en el caso Gurtel, circunstancia que no impide que quien le habla tenga una opinión formada sobre el caso, basada en las actuaciones judiciales y las pruebas aportadas en los siete años de instrucción. Si usted quiere llamar a mi opinión formada sobre este caso “juicio” le concedo que el diccionario le ampara. Naturalmente que yo tengo un juicio formado sobre el caso y sus protagonistas y como tal lo emito. El día que exista sentencia firme podremos usted y yo volver a este punto y valorar su mi juicio era coincidente con el del tribunal o todo lo contrario.

La inclusión que hace usted de “el violador”, “el pederasta”, “el genocida” en su escrito entiendo que es un truco (burdo) para darle pretendida fuerza al texto, pero absurda, en mi opinión, en la medida en que yo mismo explico por qué digo que “el PP no es un procesado cualquiera”. La broma que se permite hacer sobre mi afirmación de que el PP gobierna nuestro país (escribe usted “vaya, noticia impactante”) es simpática, aunque repetida: precisamente con esa broma empecé yo el monólogo, como usted sabe: “Les voy a decir una cosa que ustedes ya saben”. Llega tarde.

A partir de ese punto incurre usted, en mi opinión, en un notable error de apreciación sobre lo que yo estoy diciendo. En primer lugar, porque yo no cuestiono que el abogado pueda actuar como considere oportuno, lo que cuestiono es la coherencia entre el discurso que hace el PP fuera de la sala de justicia y el que su representación hace dentro. Si usted tiene constancia de que el Partido Popular, a través de cualquiera de sus portavoces, ha reclamado la anulación de la instrucción o el juicio del caso Gürtel le agradeceré que me haga llegar la información de que dispone. Yo, hasta el día en que el abogado Santos pidió la nulidad, no tenía noticias de que ésa fuera la posición del PP. me consta que muchos dirigentes de ese partido, tampoco. Bien al contrario, lo que el Partido Popular ha venido diciendo en los últimos años —resuelto ya el asunto de las grabaciones de Garzón— es que los acusados de esta trama se aprovecharon del partido y le perjudicaron con sus actividades corruptas. Si el PP, en su reconocimiento de errores, ha lamentado públicamente no haber detectado, atajado y combatido a esta trama de corrupción, entiendo (espero que no le resulte raro) que está dando por hecha la condición de corruptos de los implicados. No sólo eso, el PP trató —como usted sabe— de personarse como parte afectada en esta causa. Quiso ser acusador, pero el juez instructor rechazó la solicitud y terminó señalándolo como acusado como “partícipe a título lucrativo”.

Que su abogado desempolve a Garzón y pida la nulidad es muy legítimo. Tan legítimo como que yo me pregunte cuál es entonces la postura verdadera del PP, si la de dentro o la de fuera de la sala. Porque, desde mi punto de vista, es coherente con la posición oficial del PP defender en el juicio que no se benefició de las actividades de los otros procesados y que la investigación no ha acreditado que ese beneficio se produjera. Pedir la nulidad de todo el proceso va bastante más allá de eso y tendría, de conseguirse, el paradójico efecto de dejar libre de castigo a aquellos a los que el mismo partido quería acusar por haberle perjudicado gravemente. La absolución puede buscarse sin necesidad de que se anule el proceso. Ésta era la postura del PP. Hasta ahora.

Usted, naturalmente, puede tener un punto de vista diferente al mío, sólo faltaba. Y está en su derecho a emplear expresiones tan enjundiosas como “valiente gilipollez”. Lo que me incomoda es que me atribuya usted opiniones y estados de ánimo que ni he expresado ni tengo. No opino que los “putos abogados de mierda” estén “siempre intentando evitar que los malos paguen por sus crímenes” (exhibe usted gran soltura para hacer juicios de intenciones desnortados) ni que el que “no responda al juez sea un presunto criminal asesorado por un indeseable”. Entiéndame, todo eso está en su cabeza, no en la mía. De argucias y trucos hablamos otro día, si usted quiere. 2009 fue un año muy ilustrativo en esa materia.

Concluyo. Mi pretensión, estimado Tsevan, es modesta: que el Partido Popular explique si, como ha dicho el abogado que le representa, está reclamando la nulidad de este juicio. Y si es así, cuando y por qué cambió de criterio. Y sí, Alfonso Alonso se resistió a contestar porque en absoluto desea que esa nulidad se produzca. Creo que Feijoo lo expresó aún con más claridad hace unas horas.

Espero haber contribuido a aclararle qué sostengo y qué no. Le agradeceré que no me use como ejemplo de esa España que describe al comienzo porque yo no soy representativo ni nada, y porque ese país del que habla usted me resulta ajeno.

Un cordial saludo.
Carlos Alsina.

 

Por qué pagó Messi o el tertuliano ignorante

 

Veo esto en tuiter:

He leído otros comentarios similares. Por lo visto es inexplicable que el jugador hubiese pagado lo que debía (en realidad faltaban por pagar algo más de 25.000 €, aunque esto no es nada en relación al importe defraudado) antes del juicio y que, pese a todo, haya sido condenado.

Por lo visto, Messi no es el único que se apunta a la “ignorancia deliberada”. Un montón de tertulianos y periodistas —véase Juan Cruz— siguen su ejemplo. Porque es facilísimo explicar lo que parece tan inexplicable. Yo, que soy un tío enrollado, lo voy a hacer, para que no caigan en el vicio del que se acusa al astro del Barcelona.

La explicación:

1.- A Messi se le acusa de defraudar IRPF en los ejercicios de 2007 (más de un millón de euros defraudado), 2008 y 2009 (más de un millón y medio de euros defraudado en cada año). Es decir de tres delitos del artículo 305 del Código Penal.

2.- A Messi no se le aplica el artículo 305 del Código Penal vigente en ese momento porque una redacción posterior es más beneficiosa para él. Efectivamente, si se le aplica la redacción actual, la pena por cada delito es de un mínimo de dos años. En la redacción vigente cuando defraudó lo sería de dos años y medio por cada delito.

3.- Es decir, en principio, a Messi se le acusaba de delitos que, como mínimo, implicaban una condena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN.

4.- Messi no regularizó a tiempo. El Código Penal permite evitar el delito siempre que se haga:

“… antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

5.- Los abogados de Messi, con buen criterio (ya ven, a veces se asesora bien —sí, estoy de chufla—), aconsejaron al jugador PAGAR. Pagar todo, lo antes posible. ¿Por qué? Porque la ley atribuye consecuencias favorables a dicho comportamiento. Efectivamente, el Código Penal establece, en su artículo 21, que es circunstancia atenuante:

(… )

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

Vean ahora. El tribunal ha determinado que, en el caso de Messi, esa atenuante es muy cualificada (parece razonable, dada la reparación). Al ser muy cualificada, el tribunal rebaja la pena en uno o dos grados. Si la rebaja hubiera sido de UN GRADO, A MESSI LE HABRÍAN CONDENADO AL MENOS A TRES AÑOS DE PRISIÓN. Es decir, habría ingresado obligatoriamente en prisión.

Sin embargo, el tribunal (discrecionalmente) ha decidido rebajar la pena EN DOS GRADOS. Es decir, que lo que al principio eran dos años por cada delito (es decir, un mínimo —MÍNIMO— de seis años), se convierten en siete meses por cada delito. Por tanto, al final, la pena es de 21 meses, POR LO QUE ES LEGALMENTE POSIBLE NO INGRESAR EN PRISIÓN.

Resumamos: Messi no ha pagado porque sea muy majo, sino porque HA OBTENIDO UN BENEFICIO MUY IMPORTANTE DEL PAGO. De no haber pagado y haber sido condenado, la sentencia lo llevaría de cabeza a la cárcel. Ahora puede que la evite. El tribunal (una vez que lo considera responsable de los tres delitos) ha sido todo lo generoso que podía ser con la ley en la mano. Podría haber sido menos generoso (recordemos que el fraude en esos tres años es superior a 4.000.000 de euros —solo contando las cuotas y sin incluir multas e intereses) y, pese al pago, haberlo condenado a tres años de prisión como mínimo, lo que habría implicado su ingreso en la cárcel.

Ahora piensen, por un instante, que el que hubiese defraudado los 4.000.000 € hubiese sido otro. No pongo nombres, escojan a su personaje odiado favorito.

La ley llegó a Cádiz

 

Leo en Libertad Digital que el alcalde de Cádiz (su Junta de Gobierno) ha aprobado unos presupuestos para el año que viene, apoyándose en una “argucia”: utilizar la disposición adicional decimosexta de la Ley de Bases del Régimen Local que introdujo esta ley y que ha sido declarado nula e inconstitucional por el Tribunal Constitucional en esta sentencia (la segunda sobre la materia) que aún no se ha publicado en el BOE.

El diario llega a decir que “Kichi da un golpe municipal”.

La noticia me interesa por dos razones:

La primera tiene que ver con la manipulación. Ya saben, una de mis obsesiones. Cuando Libertad Digital explica la maniobra de los podemitas gaditanos publica supuestamente parte de la sentencia (que sí, es de 9 de junio, pero se conoce desde el 29):

Kichi

Hay más. Al final de la noticia, el periódico incluye este párrafo:

Kichi2

La manipulación que realiza Libertad Digital se comprueba con facilidad. Busquen el párrafo entrecomillado (dentro de la noticia) como de la sentencia. Yo no lo he encontrado en la sentencia. Pero esto es lo de menos, porque lo que más importa no es lo que publican, sino lo que falta.

Lo más parecido en la sentencia a lo que han publicado es esto:

f) Procede, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 16ª LBRL, introducida por el art. 1.38 LRSAL. De conformidad con el art. 40.1 LOTC, esta declaración “no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada” en los que se haya hecho aplicación de la mencionada disposición. Correspondiendo a este Tribunal precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 20 de febrero), razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) imponen en este caso acotar todavía más esos efectos: la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa.

Fíjense ahora en que la propia sentencia establece los efectos de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad. Lo repito:

“… la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa.

Es decir, los señores de Libertad Digital, entrecomillan una parte del texto de la sentencia que yo no encuentro en la sentencia (a ver si ustedes tienen más suerte) y se olvidan justo de la parte del texto de la sentencia que expresamente dice que los presupuestos aprobados por la Junta de Gobierno de Cádiz son válidos porque esta no se ha publicado en el BOE.

Ahora vayamos a la segunda parte, que es graciosísima. Los podemitas gaditanos se ajustan a la ley, a pesar de saber que están aplicando una norma que ya se ha declarado nula e inconstitucional. Además, ¡es una ley del PP, de la casta! Una ley que permitía a los de la casta, a los que gobiernan, aprobar presupuestos (siguiendo los dictados de Merkel, la Troika, el FMI y los Señores del Mundo) en contra de la gente. Porque ¿quién es la gente? ¡La gente es la que está representada en el pleno! Recordemos que los actuales ayuntamientos españoles fueron elegidos tras el despertar de la gente y que, gracias a las últimas elecciones municipales, llegó la democracia a España (Carmena dixit).

Sin embargo, el Excelentísimo Señor D. José María González Santos, aka “Kichi”, usa una norma moribunda, pronto ilegal por inconstitucional, además de antidemocrática y pepera, con nocturnidad, alevosía, disfraz y en compañía de otros, para saltarse la voluntad democrática expresada en el pleno municipal.

Es maravilloso.

Sí, la ley obra milagros.

 

El proceso

 

He leído el auto dictado, en el asunto de la mascarada del 9N, por el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la transformación del procedimiento y, por tanto, el traslado de la causa a las partes acusadoras para que pidan, si así lo consideran, la apertura de juicio oral. En cristiano, esto implica que no archiva, sino que considera hay indicios ya documentados en la causa de que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega cometieron delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, en una doble modalidad, de comisión por omisión, al no haber dictado las resoluciones administrativas destinadas a parar el proceso de consulta, y de comisión mediante instrucciones verbales dirigidas a evitar la constancia de resoluciones administrativas prevaricadoras expresas. Ahora le toca a las acusaciones acusar y al tribunal, a continuación, decretar la apertura de juicio oral. Cosas, ambas, de lo más probable.

El auto es tan de cajón que parece asombroso que alguien pueda defender otra cosa. En una añeja entrada ya comenté hasta qué punto era absurdo el circo montado para negar la evidencia. Es tan ridículo que simplemente demuestra la falta de dignidad de los encausados. En vez de comportarse como lo hicieron, deberían haber dado instrucciones expresas y haber asumido las consecuencias. Las consecuencias penales: es lo que pasa cuando uno desobedece algo que cree que es injusto. Qué va. Se comportaron como trileros estúpidos, pensando que podían protegerse detrás de unos argumentos tan falaces y de cartón piedra que hasta un idiota de esos que defienden que ha habido un pucherazo en las últimas elecciones generales podría darse cuenta.

Al contrario, dejaron todo perdido, repleto de manchas de grasa, con esas facturas, esas partidas presupuestarias, esas reuniones en las que nadie pone nada por escrito y esas ruedas de prensa fatuas en las que se presentaban como una mezcla de Moisés, Rosa Parks, Muhammad Alí y el “niño de yo no he sido”.

Ahí están los datos, en la causa, y ahí están enumerados en el auto. Y ahí van quedando los argumentos idiotas que pretenden que hacía falta una orden expresa a Mas para que este se enterara de lo que sabía toda España y que “todo” fue cosa de voluntarios, incluso la instalación de programas informáticos en miles de ordenadores, la apertura de centros públicos, la contratación y pago de seguros  y la apertura de un centro para la prensa internacional, la que debía levitar con el evento inexistente.

Eso es lo peor. La puta y asquerosa mendacidad. La conducta del que se cisca en la ley y en el contribuyente, y no tiene los cojones de asumir abiertamente las consecuencias de sus actos.

Solo una cosa más. Vemos el proceso. Sigue su camino, despacio, sí, pero sigue su camino.

El proceso judicial, el de la ley, aclaro.