No lo llames desobediencia cuando es sabotaje

 

Hace unos días, una serie de concejales del Ayuntamiento de Badalona decidieron incumplir una resolución judicial. Uno de ellos hizo una performance que convertía esa desobediencia en una desobediencia pública y de contenido político. Entre otras cosas, afirmó que el auto que ordenaba unas medidas cautelares en un procedimiento judicial era un golpe de Estado a la autonomía municipal.

Las asociaciones de jueces emitieron ayer un comunicado criticando duramente a los desobedientes. Sin embargo, esa unanimidad se ha roto al aparecer disidentes en una de las asociaciones. Los jueces catalanes de la asociación Jueces para la Democracia han expresado su “total desacuerdo” por las siguientes razones (extracto solo esas partes porque no he encontrado el comunicado completo):

  • Porque el comunicado está “cargado de un claro prejuicio ideológico, prescindiendo de hacer una visión desde la perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos”.
  • Y porque “lo consideramos totalmente innecesario, da una visión parcial e insuficiente del hecho y no aporta ninguna racionalidad al debate sobre la relación deseable entre política y justicia”.

Los argumentos son originales. Por lo visto, existe una perspectiva del ejercicio de los derechos ciudadanos en la que el cumplimiento de todas las resoluciones judiciales dictadas por jueces democráticos en un sistema democrático no se incluye.

Véase que el entrecomillado no se refiere al acto de desobediencia como acto político y como acto ético con consecuencias para el desobediente. Quien cree que una ley es injusta y por ello la incumple, asumiendo la sanción, para provocar un movimiento político que cambie la ley, no ejercita un derecho. No hay un derecho a la desobediencia. En un sistema democrático no existe un derecho al incumplimiento de la ley.

La razón para esto es muy sencilla. El respeto a la ley y a las instituciones no se basa en la “justicia” o la “bondad de las normas, sino en su origen democrático, y en razones prácticas y lógicas. En el momento en el que admitamos que existe un derecho a incumplir la ley, abrimos la puerta a imposibles lógicos: ¿quién decide qué parte de la ley se puede o no cumplir?; ¿cómo se decide qué parte de la ley se puede o no cumplir?; ¿escribimos en una ley quién decide qué se puede cumplir y qué no, y lo votamos?; ¿escribimos en alguna ley cómo, en un momento dado, puede alguien incumplir una ley?; ¿estas leyes de las que acabo de hablar se pueden desobedecer legalmente? Esta última pregunta nos enlaza con el problema lógico: si existe un derecho a incumplir una ley que consideramos injusta y no lo formalizamos, la ley deja de existir, ya que cualquiera de nosotros, en cualquier momento, puede decidir qué cumplimos o no basándonos exclusivamente en nuestra opinión. Podemos, además, unirnos a otros, formar banderías e imponer a los demás nuestros actos de incumplimiento, si chocan con sus particulares opiniones sobre lo que es o no justo. Si, por contra, pretendemos formalizar ese derecho a incumplir la ley, estaremos escribiendo una ley que fijará un procedimiento, atribuirá unas potestades y establecerá un castigo. Esa formalización, esa ley, es contradictoria con el derecho que pretende crear.

Más aún, si cedemos a un “soberano” (por ejemplo, al barbado concejal que rompe el auto) el “ejercicio” de un supuesto derecho a la desobediencia, porque ese concejal es un concejal elegido por los vecinos, estamos cediendo nuestra soberanía al modo hobbesiano. Si el concejal —que denuncia un golpe de Estado— actúa en nombre de los que le nombraron saltándose la ley, su soberanía se convierte en una soberanía absoluta, ya que podría, por ejemplo, escoger no cumplir la ley que le obliga a someterse a nuevas elecciones, ponerse una peluca y decir “El Estado soy yo”.

Para evitar ese peligro, justificación de la monarquía absoluta, el ejercicio del poder político democrático se definió de forma que se encontrase limitado. La limitación no deriva de alguna especie de voluntad “bruta” de los ciudadanos. La limitación se encuentra en la ley que define el edificio institucional y que establece sus propias reglas de modificación. Los límites a la soberanía popular vienen establecidos en los documentos legales en los que esa soberanía popular se define como fuente de derecho; es decir, el lugar en el que se crea ese artificioso y ubérrimo concepto. Uno de esos límites es precisamente que no se puede ceder definitivamente en otro la potestad para decidir el contenido de la ley.

Por todas estas razones, me parece absurdo defender que exista una “perspectiva” que contemple un derecho al incumplimiento de la ley, como se deduce del comunicado de los jueces disidentes. El incumplimiento de la ley es un acto ilegal que lleva aparejada una sanción. Si se hace públicamente, por motivos políticos, esto no cambia su naturaleza. Si el desobediente consigue su objetivo y más tarde se modifica la ley por los procedimientos en ella establecidos, puede que el desobediente se convierta en un héroe ciudadano, pero esto no cambia el pasado y su castigo previo sigue cumpliendo una función esencial.

Hay una vertiente políticamente peligrosa de esto: se ha instalado un cierto discurso —habitual en Podemos y movimientos afines, y en el secesionismo— que dice defender la desobediencia civil apelando directamente al pueblo y a la democracia (que son lo que ellos definen).

Este discurso es ventajista. Siempre ha habido movimientos políticos que buscan un cambio de sistema. Para ellos, la desobediencia no se justifica por el contenido del acto, sino por su naturaleza disolvente, y es un instrumento para el sabotaje, no para la mejora. Es bastante obvio que un sistema legal se desmorona si constantemente se ponen en entredicho sus normas y se pretende que los tribunales de justicia no lo apliquen. Los secesionistas buscan esto abiertamente, ya que saben que la secesión unilateral es ilegal y que la pactada exige un proceso y unas mayorías difíciles de obtener. La única manera de conseguirla, en consecuencia, es romper el sistema desde dentro, cuestionando el propio edificio constitucional. Algo similar sucede con Podemos: el sistema no es democrático y utilizarán todos sus instrumentos para acabar con él (de ahí la apelación constante a la “gente” como forma de justificación) y sustituirlo por otra cosa.

Quien cree en el sistema democrático, pero lo quiere perfeccionar, asume el riesgo de la desobediencia. El desobediente leal con el sistema democrático no pretende cambiar las reglas del juego en el que está participando. Quiere cambiar las reglas de los juegos que vendrán, y se arriesga para conseguirlo.

El triunfo del que cree en el sistema es la proclamación por el sistema de que tenía razón. El triunfo del que no cree en el sistema es su demolición.

No hagas nada, no sea que te señalen

 

Por lo visto toca darle cera al Tribunal Constitucional. Mira que hay días para hacerlo, por muchas razones, pero hombre, hoy, hoy no.

En el asunto de la secesión catalana y el golpe de Estado en tránsito, había dos vías: la judicial y la política. La judicial es como es, con sus plazos, cruces de caminos, recursos, discusiones, decisiones. Los procesos judiciales son bastante coñazo, hasta para los que nos dedicamos a al noble arte de la mentira, así que comprendo que aburran al personal, que quiere una respuesta inmediata sobre si este hizo aquello y sobre las consecuencias de sus actos. La otra vía, legal y constitucional, pero política, era la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Era la vía lógica. La Constitución estableció un mecanismo de cierre para el caso de que alguien decidiese estar por encima de la soberanía nacional representada en las Cortes. Ese mecanismo no necesitaba otra cosa que una motivación (porque la decisión también se sujeta al control constitucional), un voto y un listado de medidas.

La primera vía es posible y, además, inevitable en algunos casos. Los tribunales están a punto de juzgar a Mas y sus mariachis por el esperpento del 9N. Sea. Y la fiscalía puede que presente una querella contra Forcadell y quizás en unos años también veamos a Forcadell juzgada y absuelta, o juzgada y condenada. Sea también. En esos casos, el mundo será el que se describa en los autos y todo lo que no esté en ellos no estará en el mundo.

Para evitar la segunda vía, se aprobó una nueva redacción del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sobre esa reforma de la ley tendrá que decidir el propio tribunal si es o no constitucional (hay que yo sepa dos recursos presentados) y si las buenas razones que se alegan son suficientes o no. Por eso de las prisas y de los atajos, resulta que se atribuye a un tribunal creado para garantizar la aplicación de la Constitución, para interpretarla, y para defender a los ciudadanos de las actuaciones públicas contrarias a sus derechos fundamentales, unas potestades sancionatorias tremendas sobre personas concretas, en parte innominadas, para ejecución de sus resoluciones. Hay quien sostiene que lo más lógico sería que esas facultades correspondiesen a los tribunales ordinarios a instancia de la fiscalía, la abogacía del Estado o cualquier ciudadano, incluso. Lo triste es que esa reforma es, como digo, un atajo innecesario: la creación de un primo de zumosol como consecuencia de las debilidades de los que han ostentado el poder legislativo.

En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha deducido testimonio a la fiscalía. Ha optado por el “camino judicial”. Sí, el premioso y garantista camino que exige la querella (decisión que incumbe solo a la fiscalía), la admisión a trámite, la práctica de diligencias, las resoluciones, los recursos. No utiliza, hasta que no decida si es constitucional o no, los recursos extraordinarios con los que ahora cuenta. Imaginen que lo hace. Sería legal, pero, ¿podría realmente el Tribunal Constitucional decidir después que la norma es inconstitucional cuando ha hecho uso de ella? En teoría sí, pero qué difícil de explicar. Por cierto, no estaría de más que se incluyese entre los supuestos de inmediata suspensión de la aplicación de una norma, aquellos recursos contra modificaciones de la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Todo esto es simple consecuencia del miedo al uso de la ley. Preferimos que un “tribunal” sea el que tome medidas para parar un golpe de Estado. Es estúpido y, además, es innecesario, por muchas llamadas a la prudencia que se quieran dar. Es estúpido porque las resoluciones de los tribunales terminan necesitando también a un policía que las haga cumplir. Al final, la ley es ley porque detrás de ella hay una fuerza que la impone. Y las sentencias aplican la ley porque si hace falta terminan arrastrándote a una celda, echándote de tu casa, embargando tus cuentas y arrancándote los galones en la plaza de armas.

Si no tuviésemos miedo a la ley, el Senado podría haber adoptado ya medidas que implicasen que toda la administración autonómica catalana estuviese bajo control de la Administración del Estado, de forma que los ciudadanos catalanes y el resto de los españoles no se viesen perjudicados por la deriva de los dirigentes autonómicos. Y una vez fuera de las instituciones, que los tribunales decidiesen, a su ritmo y con todas las garantías. Luego, pasado un tiempo prudencial y previo desmontaje del aparato secesionista, se ordenaría una recuperación progresiva del funcionamiento de las instituciones estatutarias.

Como hacer esto acojona mucho a mucha gente, la solución, al parecer, es que las decisiones no tenga cara. Es el recurso al funcionario anónimo, al colegio de magistrados. Y mientras que los secesionistas se pudran.

Puede que sea mejor, ya que los españoles somos así, alérgicos a la ley. Y también lo son los españoles que viven en Cataluña, incluidos los que al parecer esperan invasiones de los tres ejércitos en alguna diada. Personalmente, me asquea bastante esa estrategia fabiana, pero qué sé yo del futuro y sus obras, cuando no entiendo a la mayoría de los que me rodean. Ahora, lo que no me parece justo es criticar a los únicos que de momento, aunque sea con toda la premiosidad del mundo, están haciendo su trabajo: los señores de las togas.

Es como criticar a los bomberos por no apagar los fuegos cuando ordenas una estrategia de tierra quemada.

Qué asco: un abogado alegando que su cliente tiene derechos

 

En España no estamos demasiado acostumbrados a tener derechos y ejercerlos con normalidad. Firmamos documentos sin leerlos y sin asesorarnos porque hacer otra cosa es ser un desconfiado; nos cabreamos si antes de firmar un contrato alguien nos pide que exhibamos el DNI; y cuando la policía nos detiene nos ponemos a contar a los amables agentes del orden nuestra biografía completa (incluida la de todos nuestros parientes hasta el grado cuarto colateral por consanguinidad y afinidad), venga o no a cuento, que todo esto ha tenido que ser un error. El que dice “no voy a contestar” termina pasando una noche en los calabozos, pero el que contesta también, normalmente, aunque no tendría por qué influir o no. Y no les digo nada si el acusado no contesta, no ya delante de un policía, sino de un juez. ¡Es intolerable! El que no responde a un juez es un presunto criminal asesorado por uno de esos sujetos indeseables conocidos como abogados y que conoce bien las artimañas que usan los delincuentes habituales para salir bien librados.

Este comportamiento explica que haya tantos que se escandalicen porque un abogado en un juicio penal, al defender a una persona jurídica como responsable civil subsidiario, utilice todos los argumentos legales a su alcance para que su cliente salga absuelto (hoy, por ejemplo, Carlos Alsina le preguntaba a Alfonso Alonso como si esto fuera un despropósito y Alonso no contestaba, porque imagino que está de acuerdo). Porque es un escándalo que un abogado ejercite los derechos que le ley le reconoce y plantee que una instrucción puede estar afectada por una causa de nulidad como consecuencia de un exceso aberrante: que un juez de instrucción ordenase escuchas indiscriminadas que afectaban a un área tan sensible como el de las conversaciones abogado-cliente. Esta práctica, propia de los peores Estados totalitarios, al parecer no puede ser utilizada como argumento legal porque lo que procede es que el abogado, en el juicio, confiese todo, responda a todo, dé todo por bueno, y a ser posible le eche la culpa de todo a alguien que no está siendo juzgado.

Lo que en cualquier lugar civilizado del mundo se vería como una sana expresión de un sistema de garantías, en España es un escándalo. Más aún, si prospera la alegación de nulidad de los abogados, la gente verá esto como un triunfo de los corruptos, cuando sería justo lo contrario: un freno a una corrupción mucho más grave, la de los Estados que no respetan las reglas.

Al parecer, lo normal, es un juicio colectivo en un estadio de fútbol. Un juicio sin límites, en el que se pueda tratar todo, sin orden ni concierto, sin esos pasos previos que aparecen en leyes hechas para amparar a los delincuentes, con sus plazos, sus normas, sus motivaciones, sus hitos. Qué aburrido y qué limitador para la verdad es eso de los procedimientos y los límites al poder coactivo del Estado.

Si no tienes nada que ocultar, claro.

ACTUALIZACIÓN: Como S me indica que Alsina, en su monólogo no se escandaliza, he mirado el monólogo. Es curioso, porque naturalmente que se escandaliza. Inteligentemente vende algo impresentable; y se escandaliza, natrualmente. Es este:

¿De verdad quiere el PP que se anule el juicio de la Gürtel? [¿Y por qué no va a querer?] ¿En serio? [¿Por qué no en serio?] ¿Hace suya el PP la postura que expresó ayer su abogado en la sala de justicia [los abogados representan a sus clientes, hablan por sus clientes, ¿qué pretende insinuar con esto el locutor?], se adhiere a las peticiones de nulidad que han planteado, salvo Correa, todos los otros integrantes de la cabalgata corrupta (presuntamente corrupta) [Muy feo eso de decir corrupto y luego añadir lo de presuntamente corrupto: el locutor ya ha juzgado, aunque diga que no].

El Partido Popular no es un procesado más [ese violador no es un procesado más; ese pederasta no es un procesado más; ese genocida no es un procesado más]. Como todo procesado —en su caso por haberse beneficiado de los delitos que cometían otros (partícipe a título lucrativo)— tiene derecho a intentar salir exonerado(de eso se trata la labor de las defensas) [La frase que se supone justifica todo: justo la que incluye S en su comentario; la frase que va justo antes de toda una gigantesca adversativa]. Pero a diferencia de los demás acusados, el PP, procesado y todo, sigue siendo el partido político que gobierna el país [Vaya, noticia impactante: los ciudadanos que han votado lo saben]. Es el partido que dice haber aprendido la lección. El que presume de estar colaborando, sólo faltaba, con las investigaciones judiciales [Justo lo que digo en la entrada: si denuncias una irregularidad o si ejercitas tus derechos es que algo tienes que ocultar]. El que proclama ya tomó medidas contra los gurtelianos, repudió a Bárcenas, mandó a paseo al Bigotes y el Albondiguilla. El que incorporó a su argumentario la idea de que procesos judiciales como éste demuestran que el sistema funciona y que la impunidad no existe [Cojonudo: cuando usas los resortes del sistema -resortes comunes a todo sistema civilizado- es que impugnas que el sistema funcione. ¿Verdad? Por lo visto denunciar una irregularidad convierte todas esas actuaciones -reales o presuntas- del PP en mendaces. Para que las creamos el abogado del PP (y el PP) tienen que renunciar a sus derechos y confesar lo que el periodista ya sabe que es cierto -presuntamente cierto-].

Es el mismo PP que se incomoda cuando se le recuerda la defensa que hizo en 2009 de su tesorero, la virulencia con que arremetió contra el juez Garzón, al que acusaban —lo recordarán Cospedal o Trillo, porque ambos llevaban la voz cantante— de abrir una causa general por razones políticas, del que recordaban a todas horas que había sido secretario de Estado con Felipe [ah, como se incomoda no se puede decir ya nada de un exmagistrado condenado por vulnerar los derechos fundamentales de presos, que ordenó una escucha inadmisible en cualquier país serio].

Se supone que este PP que está en el banquillo es el de aquella otra época en la que fingía no saber lo que tenía dentro [valiente gilipollez] . El que buscaba la argucia, el truco, para que los procedimientos judiciales naufragaran [la argucia, el truco. Si llego a tener esta pieza cuando escribí mi entrada mis comentarios sobre Alsina habrían sido mucho más duros. Es lo de siempre: putos abogados de mierda, siempre intentando evitar que los malos paguen por sus crímenes]. Pero el PP de ahora sostiene que ya no está en eso. Que nada más lejos de su ánimo que intentar eludir la responsabilidad [la que aún no se ha determinado, pero eso qué más da]. Pero entonces aparece su abogado y vuelve a poner el foco en Peñas, el que grabó conversaciones, y en Garzón, el primer instructor, para pedir que se anule todo el proceso [Todo está aquí. Todo].

Ésta es la paradoja, poco afortunada para el partido que nos gobierna: Correa no ha pedido que se anule el juicio de la Gurtel. El PP, sí.

Lamentable.

 

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN: Envía Carlos Alsina un largo comentario a esta entrada. Por su interés, lo incluyo en la propia entrada:

Estimado Tsevan:

Mi comentario a su comentario podría titularse “ni asco, ni escándalo, ni por un abogado”. O también, “qué necesidad hay de leer un texto al revés pudiéndolo leer tal como está escrito”.

Del primer párrafo que usted escribe (”En España no estamos…”) me limito a decir que no me reconozco en ese país que usted describe. Imagino que su descripción de cómo somos o actuamos en España es fruto de su experiencia personal y que, tal vez, incurre en la tentación de generalizar elevando su percepción a la categoría de diagnóstico patrio. Me abstengo.

Por alusiones, empezaré por aclararle que no considero “indeseables” a los abogados, ni me escandaliza que un abogado ejercite su derechos, ni pretendo que un abogado tenga que dar por bueno todo lo realizado en la fase de instrucción. Tengo presente, por otra parte, que las escuchas ilegalmente ordenadas por el primer juez de instrucción ya fueron anuladas y sacadas de la causa y que será el tribunal quien establezca si existe causa de nulidad. También tengo presente que la petición de nulidad ya fue formulada por diversos abogados en la fase de instrucción y existen pronunciamientos al respecto del juez de instrucción Ruz y de la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia. Ésta última, 2014, rechazó que existiera contaminación procesal, validó la licitud de las demás pruebas practicadas y añadió que obrar de otro modo conduciría a amparar la impunidad. En todo caso, habrá que ver qué dice el tribunal juzgador. Mi pronóstico es que compartirá el criterio de la sección cuarta.

Aclarado que no me escandaliza que un abogado recurra a todos los instrumentos que considere oportunos para hacer su trabajo y que no comparto su idea de que España es un país incivilizado, paso a comentar las apreciaciones que hace al texto de mi monólogo.

Paso por alto su afán en responder usted por el PP a las preguntas que no ha respondido el PP (es usted muy libre de erigirse en portavoz oficioso de quien desee, pero entenderá que yo prefiera esperar a que responda el interpelado). Lo de decir “corrupto” y luego añadir “presuntamente corrupto” es, para usted, “muy feo” porque considera que “el locutor ya ha juzgado”. En cierto modo, tiene usted razón. Decirlo en ese orden significa recordar que no existe aún sentencia en el caso Gurtel, circunstancia que no impide que quien le habla tenga una opinión formada sobre el caso, basada en las actuaciones judiciales y las pruebas aportadas en los siete años de instrucción. Si usted quiere llamar a mi opinión formada sobre este caso “juicio” le concedo que el diccionario le ampara. Naturalmente que yo tengo un juicio formado sobre el caso y sus protagonistas y como tal lo emito. El día que exista sentencia firme podremos usted y yo volver a este punto y valorar su mi juicio era coincidente con el del tribunal o todo lo contrario.

La inclusión que hace usted de “el violador”, “el pederasta”, “el genocida” en su escrito entiendo que es un truco (burdo) para darle pretendida fuerza al texto, pero absurda, en mi opinión, en la medida en que yo mismo explico por qué digo que “el PP no es un procesado cualquiera”. La broma que se permite hacer sobre mi afirmación de que el PP gobierna nuestro país (escribe usted “vaya, noticia impactante”) es simpática, aunque repetida: precisamente con esa broma empecé yo el monólogo, como usted sabe: “Les voy a decir una cosa que ustedes ya saben”. Llega tarde.

A partir de ese punto incurre usted, en mi opinión, en un notable error de apreciación sobre lo que yo estoy diciendo. En primer lugar, porque yo no cuestiono que el abogado pueda actuar como considere oportuno, lo que cuestiono es la coherencia entre el discurso que hace el PP fuera de la sala de justicia y el que su representación hace dentro. Si usted tiene constancia de que el Partido Popular, a través de cualquiera de sus portavoces, ha reclamado la anulación de la instrucción o el juicio del caso Gürtel le agradeceré que me haga llegar la información de que dispone. Yo, hasta el día en que el abogado Santos pidió la nulidad, no tenía noticias de que ésa fuera la posición del PP. me consta que muchos dirigentes de ese partido, tampoco. Bien al contrario, lo que el Partido Popular ha venido diciendo en los últimos años —resuelto ya el asunto de las grabaciones de Garzón— es que los acusados de esta trama se aprovecharon del partido y le perjudicaron con sus actividades corruptas. Si el PP, en su reconocimiento de errores, ha lamentado públicamente no haber detectado, atajado y combatido a esta trama de corrupción, entiendo (espero que no le resulte raro) que está dando por hecha la condición de corruptos de los implicados. No sólo eso, el PP trató —como usted sabe— de personarse como parte afectada en esta causa. Quiso ser acusador, pero el juez instructor rechazó la solicitud y terminó señalándolo como acusado como “partícipe a título lucrativo”.

Que su abogado desempolve a Garzón y pida la nulidad es muy legítimo. Tan legítimo como que yo me pregunte cuál es entonces la postura verdadera del PP, si la de dentro o la de fuera de la sala. Porque, desde mi punto de vista, es coherente con la posición oficial del PP defender en el juicio que no se benefició de las actividades de los otros procesados y que la investigación no ha acreditado que ese beneficio se produjera. Pedir la nulidad de todo el proceso va bastante más allá de eso y tendría, de conseguirse, el paradójico efecto de dejar libre de castigo a aquellos a los que el mismo partido quería acusar por haberle perjudicado gravemente. La absolución puede buscarse sin necesidad de que se anule el proceso. Ésta era la postura del PP. Hasta ahora.

Usted, naturalmente, puede tener un punto de vista diferente al mío, sólo faltaba. Y está en su derecho a emplear expresiones tan enjundiosas como “valiente gilipollez”. Lo que me incomoda es que me atribuya usted opiniones y estados de ánimo que ni he expresado ni tengo. No opino que los “putos abogados de mierda” estén “siempre intentando evitar que los malos paguen por sus crímenes” (exhibe usted gran soltura para hacer juicios de intenciones desnortados) ni que el que “no responda al juez sea un presunto criminal asesorado por un indeseable”. Entiéndame, todo eso está en su cabeza, no en la mía. De argucias y trucos hablamos otro día, si usted quiere. 2009 fue un año muy ilustrativo en esa materia.

Concluyo. Mi pretensión, estimado Tsevan, es modesta: que el Partido Popular explique si, como ha dicho el abogado que le representa, está reclamando la nulidad de este juicio. Y si es así, cuando y por qué cambió de criterio. Y sí, Alfonso Alonso se resistió a contestar porque en absoluto desea que esa nulidad se produzca. Creo que Feijoo lo expresó aún con más claridad hace unas horas.

Espero haber contribuido a aclararle qué sostengo y qué no. Le agradeceré que no me use como ejemplo de esa España que describe al comienzo porque yo no soy representativo ni nada, y porque ese país del que habla usted me resulta ajeno.

Un cordial saludo.
Carlos Alsina.

 

Por qué pagó Messi o el tertuliano ignorante

 

Veo esto en tuiter:

He leído otros comentarios similares. Por lo visto es inexplicable que el jugador hubiese pagado lo que debía (en realidad faltaban por pagar algo más de 25.000 €, aunque esto no es nada en relación al importe defraudado) antes del juicio y que, pese a todo, haya sido condenado.

Por lo visto, Messi no es el único que se apunta a la “ignorancia deliberada”. Un montón de tertulianos y periodistas —véase Juan Cruz— siguen su ejemplo. Porque es facilísimo explicar lo que parece tan inexplicable. Yo, que soy un tío enrollado, lo voy a hacer, para que no caigan en el vicio del que se acusa al astro del Barcelona.

La explicación:

1.- A Messi se le acusa de defraudar IRPF en los ejercicios de 2007 (más de un millón de euros defraudado), 2008 y 2009 (más de un millón y medio de euros defraudado en cada año). Es decir de tres delitos del artículo 305 del Código Penal.

2.- A Messi no se le aplica el artículo 305 del Código Penal vigente en ese momento porque una redacción posterior es más beneficiosa para él. Efectivamente, si se le aplica la redacción actual, la pena por cada delito es de un mínimo de dos años. En la redacción vigente cuando defraudó lo sería de dos años y medio por cada delito.

3.- Es decir, en principio, a Messi se le acusaba de delitos que, como mínimo, implicaban una condena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN.

4.- Messi no regularizó a tiempo. El Código Penal permite evitar el delito siempre que se haga:

“… antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

5.- Los abogados de Messi, con buen criterio (ya ven, a veces se asesora bien —sí, estoy de chufla—), aconsejaron al jugador PAGAR. Pagar todo, lo antes posible. ¿Por qué? Porque la ley atribuye consecuencias favorables a dicho comportamiento. Efectivamente, el Código Penal establece, en su artículo 21, que es circunstancia atenuante:

(… )

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

Vean ahora. El tribunal ha determinado que, en el caso de Messi, esa atenuante es muy cualificada (parece razonable, dada la reparación). Al ser muy cualificada, el tribunal rebaja la pena en uno o dos grados. Si la rebaja hubiera sido de UN GRADO, A MESSI LE HABRÍAN CONDENADO AL MENOS A TRES AÑOS DE PRISIÓN. Es decir, habría ingresado obligatoriamente en prisión.

Sin embargo, el tribunal (discrecionalmente) ha decidido rebajar la pena EN DOS GRADOS. Es decir, que lo que al principio eran dos años por cada delito (es decir, un mínimo —MÍNIMO— de seis años), se convierten en siete meses por cada delito. Por tanto, al final, la pena es de 21 meses, POR LO QUE ES LEGALMENTE POSIBLE NO INGRESAR EN PRISIÓN.

Resumamos: Messi no ha pagado porque sea muy majo, sino porque HA OBTENIDO UN BENEFICIO MUY IMPORTANTE DEL PAGO. De no haber pagado y haber sido condenado, la sentencia lo llevaría de cabeza a la cárcel. Ahora puede que la evite. El tribunal (una vez que lo considera responsable de los tres delitos) ha sido todo lo generoso que podía ser con la ley en la mano. Podría haber sido menos generoso (recordemos que el fraude en esos tres años es superior a 4.000.000 de euros —solo contando las cuotas y sin incluir multas e intereses) y, pese al pago, haberlo condenado a tres años de prisión como mínimo, lo que habría implicado su ingreso en la cárcel.

Ahora piensen, por un instante, que el que hubiese defraudado los 4.000.000 € hubiese sido otro. No pongo nombres, escojan a su personaje odiado favorito.

La ley llegó a Cádiz

 

Leo en Libertad Digital que el alcalde de Cádiz (su Junta de Gobierno) ha aprobado unos presupuestos para el año que viene, apoyándose en una “argucia”: utilizar la disposición adicional decimosexta de la Ley de Bases del Régimen Local que introdujo esta ley y que ha sido declarado nula e inconstitucional por el Tribunal Constitucional en esta sentencia (la segunda sobre la materia) que aún no se ha publicado en el BOE.

El diario llega a decir que “Kichi da un golpe municipal”.

La noticia me interesa por dos razones:

La primera tiene que ver con la manipulación. Ya saben, una de mis obsesiones. Cuando Libertad Digital explica la maniobra de los podemitas gaditanos publica supuestamente parte de la sentencia (que sí, es de 9 de junio, pero se conoce desde el 29):

Kichi

Hay más. Al final de la noticia, el periódico incluye este párrafo:

Kichi2

La manipulación que realiza Libertad Digital se comprueba con facilidad. Busquen el párrafo entrecomillado (dentro de la noticia) como de la sentencia. Yo no lo he encontrado en la sentencia. Pero esto es lo de menos, porque lo que más importa no es lo que publican, sino lo que falta.

Lo más parecido en la sentencia a lo que han publicado es esto:

f) Procede, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 16ª LBRL, introducida por el art. 1.38 LRSAL. De conformidad con el art. 40.1 LOTC, esta declaración “no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada” en los que se haya hecho aplicación de la mencionada disposición. Correspondiendo a este Tribunal precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 20 de febrero), razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) imponen en este caso acotar todavía más esos efectos: la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa.

Fíjense ahora en que la propia sentencia establece los efectos de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad. Lo repito:

“… la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa.

Es decir, los señores de Libertad Digital, entrecomillan una parte del texto de la sentencia que yo no encuentro en la sentencia (a ver si ustedes tienen más suerte) y se olvidan justo de la parte del texto de la sentencia que expresamente dice que los presupuestos aprobados por la Junta de Gobierno de Cádiz son válidos porque esta no se ha publicado en el BOE.

Ahora vayamos a la segunda parte, que es graciosísima. Los podemitas gaditanos se ajustan a la ley, a pesar de saber que están aplicando una norma que ya se ha declarado nula e inconstitucional. Además, ¡es una ley del PP, de la casta! Una ley que permitía a los de la casta, a los que gobiernan, aprobar presupuestos (siguiendo los dictados de Merkel, la Troika, el FMI y los Señores del Mundo) en contra de la gente. Porque ¿quién es la gente? ¡La gente es la que está representada en el pleno! Recordemos que los actuales ayuntamientos españoles fueron elegidos tras el despertar de la gente y que, gracias a las últimas elecciones municipales, llegó la democracia a España (Carmena dixit).

Sin embargo, el Excelentísimo Señor D. José María González Santos, aka “Kichi”, usa una norma moribunda, pronto ilegal por inconstitucional, además de antidemocrática y pepera, con nocturnidad, alevosía, disfraz y en compañía de otros, para saltarse la voluntad democrática expresada en el pleno municipal.

Es maravilloso.

Sí, la ley obra milagros.

 

El proceso

 

He leído el auto dictado, en el asunto de la mascarada del 9N, por el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la transformación del procedimiento y, por tanto, el traslado de la causa a las partes acusadoras para que pidan, si así lo consideran, la apertura de juicio oral. En cristiano, esto implica que no archiva, sino que considera hay indicios ya documentados en la causa de que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega cometieron delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, en una doble modalidad, de comisión por omisión, al no haber dictado las resoluciones administrativas destinadas a parar el proceso de consulta, y de comisión mediante instrucciones verbales dirigidas a evitar la constancia de resoluciones administrativas prevaricadoras expresas. Ahora le toca a las acusaciones acusar y al tribunal, a continuación, decretar la apertura de juicio oral. Cosas, ambas, de lo más probable.

El auto es tan de cajón que parece asombroso que alguien pueda defender otra cosa. En una añeja entrada ya comenté hasta qué punto era absurdo el circo montado para negar la evidencia. Es tan ridículo que simplemente demuestra la falta de dignidad de los encausados. En vez de comportarse como lo hicieron, deberían haber dado instrucciones expresas y haber asumido las consecuencias. Las consecuencias penales: es lo que pasa cuando uno desobedece algo que cree que es injusto. Qué va. Se comportaron como trileros estúpidos, pensando que podían protegerse detrás de unos argumentos tan falaces y de cartón piedra que hasta un idiota de esos que defienden que ha habido un pucherazo en las últimas elecciones generales podría darse cuenta.

Al contrario, dejaron todo perdido, repleto de manchas de grasa, con esas facturas, esas partidas presupuestarias, esas reuniones en las que nadie pone nada por escrito y esas ruedas de prensa fatuas en las que se presentaban como una mezcla de Moisés, Rosa Parks, Muhammad Alí y el “niño de yo no he sido”.

Ahí están los datos, en la causa, y ahí están enumerados en el auto. Y ahí van quedando los argumentos idiotas que pretenden que hacía falta una orden expresa a Mas para que este se enterara de lo que sabía toda España y que “todo” fue cosa de voluntarios, incluso la instalación de programas informáticos en miles de ordenadores, la apertura de centros públicos, la contratación y pago de seguros  y la apertura de un centro para la prensa internacional, la que debía levitar con el evento inexistente.

Eso es lo peor. La puta y asquerosa mendacidad. La conducta del que se cisca en la ley y en el contribuyente, y no tiene los cojones de asumir abiertamente las consecuencias de sus actos.

Solo una cosa más. Vemos el proceso. Sigue su camino, despacio, sí, pero sigue su camino.

El proceso judicial, el de la ley, aclaro.

 

El chiringuito judicial le da la razón a Jiménez Losantos

 

El TEDH le ha dado a Federico Jiménez Losantos la razón en su recurso por la condena en el asunto aquel de las críticas a Ruiz Gallardón.

He leído la sentencia y no la comparto. Comparto el voto particular de la juez española: Losantos no se limitó a opinar, sino que de manera reiterada y extendida en el tiempo (es decir, con la posibilidad de rectificar) afirmó que Ruiz Gallardón había dicho algo que no había dicho (cuando constaba literalmente lo que sí había dicho) y sobre ello construyó un discurso injurioso. Además, ese algo que no dijo (la decisión de Ruiz Gallardón de no investigar el atentado del 11 M) es muy grave. El tribunal se limita a calificar esto (y lo posterior) como faltas a la deontología periodística. Para mí no es solo eso.

En cualquier caso, ahí está la sentencia y hay que cumplirla.

Eso sí, ya puestos, es interesante recordar lo que dijo Jiménez Losantos del tribunal que ahora le da la razón.

Sí, lo que Losantos calificó como “bar” y “chiringuito judicial”, y los jueces a los que llamó “judas” a lo que deberían entregar la pasta, el precio por los crímenes de los etarras, seguro que ahora ya se han transformado en un tribunal.

Por cierto, los jueces que actuaron al dictado del “juez español” en el caso Parot, según palabras de Losantos, por lo visto esta vez han decidido no hacer caso a la “juez española”. Seguro que el locutor no ve incongruencia alguna.

 

NOTA: Sin sorpresas. Para Losantos, el TEDH se ha convertido en el lugar al que van los españoles a obtener justicia (a pesar de la juez española puesta por Ruiz Gallardón, según escucharán en el audio). Así de coherente es el buen hombre. Es casi patético ver cómo repite “¡han condenado a España! ¡han condenado a la justicia española!”

 

Derecho penal

 

Esta es la sentencia que absuelve a los mossos de las lesiones que llevaron a una ciudadana catalana a perder un ojo.

Había dos acusados: un mosso que dijo haber disparado una salva siguiendo instrucciones de su jefe, y el propio jefe.

La víctima perdió el ojo por un objeto contundente, romo, que impactó en el globo ocular a gran velocidad.

De la sentencia se deduce que:

1.- Los responsables del departamento de interior hicieron una investigación como mínimo chapucera, influida por la tesis exculpatoria de sus jefes políticos que negaron credibilidad a la víctima y a otros testigos.

2.- Pese a contar con GPS, los responsables de ese departamento fueron incapaces de determinar el itinerario y posición de tres vehículos policiales, cuando, por ejemplo, la guardia urbana lo hace sin problemas.

3.- En los incidentes intervienen tres vehículos policiales y todos los mossos que iban en ellos han mentido. El tribunal no lo dice así, pero otorga nula credibilidad a sus declaraciones. Por contra, da total credibilidad a las declaraciones de la víctima y explica por qué. Esto debería tener consecuencias. Tengamos en cuenta que, salvo los dos acusados, todos los demás son testigos.

4.- Pese a todo lo anterior, el tribunal absuelve porque:

A) En el caso del jefe, no hay una sola prueba que acredite que dio orden de disparar otra cosa que no fueran salvas (pelotas de goma —más peligros y dañinos— o foam —más precisos y menos dañinos—) y tampoco que realmente tuviera oportunidad de evitar un comportamiento delictivo de algún agente —por la velocidad de lo que sucede y por el lugar que ocupaba, delante de los agentes— debido a la posición de garante del jefe.

B) En el caso del agente porque aunque se acredita que disparó, existe el problema de que se escuchan dos disparos (que suenan diferentes, el segundo más intenso) con un intervalo de dos segundos. El tribunal da validez a un informe pericial de la guardia civil que dice que es imposible que el mismo agente hiciese ambos disparos en menos de entre cinco y quince segundos, lo que implicaría que hay dos agentes que intervienen: el acusado y un agente desconocido. El tribunal admite la cadena de custodia, aunque esto sí que está más cogido por los pelos. Los hechos son de noviembre de 2012, pero hasta febrero de 2013 no se ordena por el Jefe de la Brigada Móvil intervenir el arma para hacer una prueba pericial. Lo normal es que, al existir una persona herida, ese mismo día se hubieran intervenido las armas de todos los agentes. El mismo día, no meses después. Claro, para eso, los responsables del Departamento de Interior deberían preocuparse más por los ciudadanos que por exculpar a los agentes antes de hacer una investigación.

Además, yo creo que hay un factor que, aunque se menciona de pasada, explica por qué hay absolución: creo que los magistrados sospechan que el agente que hizo el disparo que provocó la lesión, no era el acusado porque iba en otro vehículo policial, situado cerca de la fuente en el cruce del Pº de Gracia y Gran Vía, conforme cuenta la propia víctima y otro testigo, que mencionan a un agente que lleva una escopeta. Es decir, los magistrados no han llegado a la convicción de que el mosso sea quien disparó.

5.- Por cierto, la sentencia dice que los hechos son dolosos como decía la acusación particular. Nada de imprudencia como sostiene el fiscal. Lo son por dolo eventual. Es decir, el agente que disparó tenía que ser consciente del daño que podía causar, por la distancia desde la que disparó (según las declaraciones testificales), incumpliendo los protocolos de la policía catalana y haciéndolo en un entorno que no justificaba el uso del arma. De haber existido condena, el agente habría terminado en prisión.

En resumen, una sentencia razonada. Que deja al Departamento de Interior por el suelo. Que deja a los agentes a la altura del betún. Que tendría que tener consecuencias, ya que muchos eran testigos. Pero que no condena porque los magistrados no han visto que se demuestre que el agente que se sentaba en el banquillo no pudiera terminar siendo una cabeza de turco por los hechos de otros.

Que me lo expliquen

 

Estos día hemos sabido que el PP tiene que pagar una fianza para cubrir una posible responsabilidad subsidiaria en unas diligencias previas de 2008, referidas a una serie de delitos fiscales relacionados (en lo que se refiere al PP) por las obras realizadas en su sede.

La suma, superior a un millón doscientos mil euros, es resultado de lo que dejó de pagar el PP por el Impuesto de Sociedades de 2008 (algo más de doscientos mil euros) y por el Impuesto de Sociedades de 2007 de la sociedad mercantil del arquitecto que hizo esas obras (en este caso, algo más un millón de euros). He estado releyendo el auto y hay una serie de cuestiones interesantes de tipo jurídico que pueden plantearse, pero las dejaré para otra ocasión, ya que un día se abrirá juicio (por cierto, es un escándalo que este asunto lleve más de ocho años —la mayoría en instrucción— y aún no se haya juzgado).

Escribo esto por que los peperos se han empezado a quejar de que estas cosas salgan precisamente antes de unas elecciones (véase Cifuentes), incluso criticando al juez por creerse absolutamente la versión de Bárcenas.

Es un chiste y los del PP son muy torpes.

Es un chiste porque el juez (y lo explica en el auto) se basa en bastantes cosas más que las declaraciones de Bárcenas. Y los del PP son muy torpes porque ¿cómo es posible que ese dinero no esté ya depositado en el juzgado, aun sin necesidad de esperar a un requerimiento que, al parecer, les acaba de llegar?

El auto es de mayo de 2015. Este auto es por ley irrecurrible, salvo en lo relativo a cuestiones que nada tienen que ver con la fianza. Sabiendo como tienen que saber los letrados del PP que ninguno de los responsables civiles directos ha depositado la fianza, ¿cómo se han tirado un año sin ingresar voluntariamente ese dinero y han esperado a que se lo requieran?

No parece que sean muy espabilados, no.

La unidad indisoluble de España es perfectamente disoluble

 

Leo esto en twitter:

Y esto:

 

El argumento es que la Ley 19/2007, de 11 de julio, define, en su artículo 2 como actos racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte estos:

d) La entonación, en los recintos deportivos con motivo de la celebración de actos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte públicos en los que se puedan desplazar a los mismos, de cánticos, sonidos o consignas así como la exhibición de pancartas, banderas, símbolos u otras señales, que contengan mensajes vejatorios o intimidatorios, para cualquier persona por razón del origen racial, étnico, geográfico o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la Constitución.

Y que, al ser la unidad de España un valor constitucional, una bandera secesionista se puede prohibir.

Voy a explicar por qué es un error. Yo no creo que la unidad de España sea un “valor” constitucional, como sí lo son la libertad de expresión, el derecho a la vida o a un juicio justo, por ejemplo.

La unidad de España no es un valor, sino que es su base. Es decir, el elemento que determina el demos del que surge y del que puede derivarse su modificación.

Tampoco es un valor que la capital de España sea Madrid o que la bandera sea rojigualda, elementos estos que también aparecen en el título preliminar de la propia constitución. Los valores de una constitución democrático se enlazan directamente con las libertades y los derechos fundamentales que se recogen en ella. Nada hay antidemocrático o que afecte a los derechos y libertades en la hipótesis de que existan dos Estados diferentes: Cataluña y Restoespaña.

Voy a repetirlo de nuevo: la estelada no es ilegal ni anticonstitucional. La estelada simplemente no es una bandera oficial.

Hay más. Lo que sí es un valor constitucional es el proceso democrático basado en la ley. Toda la norma suprema se asienta sobre esto. Por esa razón, defender que se cambie la constitución (por ejemplo, mediante la secesión de una parte de España) no solo no es inconstitucional sino que es perfectamente constitucional, siempre que se haga por procedimientos democráticos y basados en la propia reforma prevista en la norma.

Vean lo que viene diciendo nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia núm. 42/2014 de 25 marzo) desde siempre:

Ahora bien, la primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de «democracia militante», esto es, «un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución»STC 48/2003  [RTC 2003, 48] , FJ 7; doctrina reiterada, entre otras, en las  SSTC 5/2004, de 16 de enero  [RTC 2004, 5] , FJ 17;  235/2007  [RTC 2007, 235] , FJ 4; 12/2008  [RTC 2008, 12] , FJ 6, y  31/2009, de 29 de enero  [RTC 2009, 31] , FJ 13). Este Tribunal ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse y que «no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional» (entre otras, STC 31/2009, FJ 13).

El planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusableSTC 103/2008  [RTC 2008, 103] , FJ 4).

La apertura de un proceso de tales características no está predeterminada en cuanto al resultado. Ahora bien, el deber de lealtad constitucional, que como este Tribunal ha señalado se traduce en un «deber de auxilio recíproco», de «recíproco apoyo y mutua lealtad», «concreción, a su vez el más amplio deber de fidelidad a la Constitución» ( STC 247/2007, de 12 diciembre  [RTC 2007, 247] , FJ 4) por parte de los poderes públicos, requiere que si la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de reforma constitucional (artículos 87.2 y 166 CE), formulase una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá entrar a considerarla.

Llevar una estelada es constitucional porque llevar una bandera que expresa el deseo de que Cataluña se secesione, por sí solo, no vulnera principio democrático o derecho fundamental o mandato constitucional alguno. Repito, por sí solo. Y llevar una estelada no es un intento de consecución efectiva de la secesión por procedimientos inconstitucionales. 

Y lo que es constitucional no puede ser un ataque a un valor constitucional. Es bastante obvio.

Y también sería arbitrario prohibir a un tipo de Valladolid que intente entrar a un estadio con una camiseta que diga: Valladolid, capital de España. Por mucho que esto contradiga lo que dice el artículo 5 de la Constitución.