¿Puede ser detenido Puigdemont?

 

Esta pregunta viene a cuento de algo que anduvo planteándose hace unos días: la condición de diputado de Puigdemont implicaría que goce de lo que se denomina inmunidad parcial o limitada y que se regula en el estatuto de autonomía:

Artículo 57. Estatuto de los Diputados

1. Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.

2. En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

(…)

He leído argumentos en contra. Por ejemplo, que la detención a la que se refiere la norma es la policial y no la judicial, que Puigdemont al no comparecer está cometiendo un delito flagrante de obstrucción a la justicia, que aún no ha adquirido la condición de diputado …

Desde luego el supuesto delito de obstrucción a la justicia no se da, porque no encaja con ninguno de los tipos previstos en el Código Penal. Sobre la adquisición de la condición de diputado, es un argumento más sutil, pero me parece dudoso. Exigirlo, una vez celebradas las elecciones, implicaría abrir una ventana de oportunidad al fraude de ley. Imaginad al diputado al que, una vez elegido, detiene la policía, antes de presentar la documentación y jurar el acatamiento a la Constitución por imperativo legal, al Estatuto por imperativo moral y a las normas del imperio galáctico por imperativo sentimental. Tiene mal aspecto, ¿verdad?

El argumento que queda (al margen del que a mí me convence más y que no sé si se ha planteado por alguien o no, y que luego explicaré) es el relativo a la distinción entre la detención policial y judicial.

No creo que sea válido si se refiere a una detención por algunas de las razones que establece los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los que intentan cometer un delito, al que se fuga de un establecimiento penitenciario, al condenado o procesado en rebeldía, al imputado por delito castigado con pena superior a tres años o, de ser inferior, si sus antecedentes o las circunstancias hacen presumir que no comparecerá cuando se le vaya a llamar por el juez).

El estatuto de autonomía no distingue entre detención policial y judicial, por lo que no veo razón para que nosotros distingamos.

Si el magistrado Llarena ordena, ahora, la detención de un diputado (salvo en caso de flagrante delito) por alguna de las razones antedichas, yo creo que esa detención sería ilegal.

Sin embargo, se olvida que el auto del magistrado no es una orden de detención por uno de esos supuestos, sino que es una requisitoria que ordena el ingreso directo en prisión. Es decir, se trata de lo que se conoce como busca y captura. Las requisitorias se regulan en los artículos 512 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se basan en ninguna de las causas previstas para la detención por un particular o una autoridad, sino en el hecho, ya constatado, de que no se halle al presunto reo en su domicilio. Es decir, que se trata de alguien a quien no se puede llevar ante un juez. Y lo que se acuerda es el ingreso en prisión hasta que un juez (el que lleva el caso u otro) resuelva sobre su situación personal.

El diputado puede tener el privilegio de no ser detenido. Lo que no es admisible es que se pretenda que tiene el privilegio de no acudir a un llamamiento realizado por un juez. Salvo, claro está, que gozase de una inmunidad más intensa y su enjuiciamiento solo fuera posible previa autorización de las cámaras (como sucede con los diputados y senadores). En ese caso, cualquier medida cautelar exigiría la concesión previa del suplicatorio (también salvo flagrante delito).

Más aún (y ya paso con mi segundo argumento), se da la circunstancia de que la resolución que acuerda la busca y el ingreso en prisión es previa a las elecciones.

Un diputado no puede ser detenido cuando ya lo es por hechos posteriores o anteriores a adquirir la condición de diputado, siempre que la detención se acuerde cuando ya es diputado. Pero pretender que esto es aplicable a las situaciones producidas antes, nos lleva ante un auténtico fraude de ley que es contrario a la ratio legis del privilegio (que además, por serlo, ha de interpretarse restrictivamente). Veamos en qué consiste en palabras del Tribunal Constitucional (las negritas son mías):

“la inmunidad… se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias respecto de las que tiene, como finalidad primordial, su protección…, de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la Cámara respectiva adopta». Y «esta protección a que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales dirigidas contra los Diputados y Senadores», sino frente a la amenaza de tipo político consistente en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada, injustificada o torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”

(…)

«es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento»

(…)

Así pues, la Sala Segunda del Tribunal Supremo entiende posible, en supuestos como el examinado, una previa investigación judicial en orden a la determinación de la relevancia penal de los hechos y a la participación en los mismos de las personas aforadas contra las que se dirige la querella, dándoles traslado de la denuncia o querella de acuerdo con el art. 118 LECrim al objeto de que puedan ejercer desde el primer momento, como ha sucedido en este caso, el derecho de defensa, y considera que la condición de inculpado, a los efectos del art. 71.2 CE, no se adquiere con la mera admisión de la querella, sino que requiere un juicio judicial de inculpación por la existencia de indicios racionales o sospechas fundadas de su participación en los hechos, de modo que antes de la formalización de ese juicio de inculpación es cuando ha de solicitarse el suplicatorio a la Cámara respectiva .

(…)

Y ello toda vez que el alcance conferido por dicha interpretación al término inculpado a los efectos del art. 71.2 CE, que excluye, obviamente, la posibilidad de adoptar medida cautelar alguna contra la persona del Diputado o Senador hasta que se obtenga, en su caso, la autorización de la Cámara respectiva para su inculpación o procesamiento

Esta sentencia se refiere a un senador (es decir, a alguien que goza de un grado de inmunidad más amplio, pues es preciso suplicatorio para proseguir un procedimiento penal contra él).

Si se observa, la sentencia deja claro que, sin perjuicio de la investigación previa a la solicitud del suplicatorio y de la participación voluntaria del investigado, no caben medidas cautelares (como la prisión provisional) contra un diputado o senador sin la concesión del suplicatorio.

Ahora imaginemos que Puigdemont y Junqueras fuesen diputados del Congreso. Si el auto dictado antes  de adquirir esa condición no justifica la detención de Puigdemont porque la detención en sí se va a producir después, el auto de prisión provisional de Junqueras tampoco justificaría su mantenimiento en prisión una vez elegido diputado. Y el magistrado tendría que dejarlo en libertad hasta que se concediese el suplicatorio.

¿A que es absolutamente absurdo? ¿A que es contrario a la finalidad pretendida con el privilegio de inmunidad, ya que no se puede pretender alterar la voluntad popular, puesto que esta no se había expresado cuando las resoluciones se adoptaron? 

Efectivamente, esa interpretación aberrante es un fraude de ley.

 

En consecuencia, si Puigdemont entra en España y se le localiza, lo único procedente es que los funcionarios de policía, allí donde se encuentre, lo conduzcan por la fuerza hasta la prisión que corresponda, para que luego un juez decida.

Lo normal, en suma.

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Razones jurídicas

 

La única —y poderosa— razón que dio el magistrado Llarena para retirar la euroorden contra el señor Puigdemont fue esta, contenida en el auto dictado el 05/12/2017:

De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco), deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho» que quienes se encuentran fugados.

Bueno, para ser más precisos, antes del párrafo que acabo de copiar había dicho esto:

De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes europeas de detención, los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente.

Ha pasado más de un mes desde el auto y Puigdemont no ha vuelto a España, a pesar de la celebración de las elecciones. Ha demostrado que su intención no es volver.

Por tanto, si la única razón fue la posible denegación parcial de la ejecución (por las particularidades del derecho penal belga y de sus reglas en esta materia) y el riesgo de que Puigdemont se colocase en “mejor” posición que el resto de investigados, una negativa hoy del magistrado a la solicitud de la fiscalía solo podría razonablemente basarse en la misma razón jurídica. Tendría que explicar por qué también cabe que la ejecución de la euroorden se deniegue parcialmente en Dinamarca.

Cualquier razón “política” sobra. Incluso, como se está diciendo, aunque la detención supusiese la posibilidad de que se considere que concurre causa legítima para admitir la delegación del voto. Y aunque esto abriese la posibilidad de que Puigdemont sea nombrado presidente y el Rey tenga que aprobar su nombramiento.

En tal caso, con un presidente en prisión elegido por la mayoría secesionista del parlamento, pese a ser conocida dicha circunstancia, simplemente habría que continuar con la aplicación del artículo 155. Sí, es tan sencillo como esto: no hay elección autonómica que derogue la Constitución. Si los ciudadanos de una autonomía se empeñan en votar a quienes se saltan la ley —entre ellos a un prófugo—, no hay otra alternativa que seguir aplicándola. Hasta el final.

Pero eso no le corresponde al juez. El juez solo tiene que preocuparse por el buen fin del proceso, y si ha adoptado medidas cautelares extremas con otros investigados es porque las consideraba justificadas.

Me consta que hay medios que afirman que no, que Llarena no va a dar curso a esa solicitud.

Espero que, en breve, el propio magistrado desmienta esas noticias.

 

ACTUALIZACIÓN: El magistrado Llarena ha decidido.

El auto es decepcionante. Está repleto de razones políticas, vestidas de razones jurídicas.

No es a un juez instructor,  por mucho que sea magistrado del Tribunal Supremo, al que le corresponde prevenir actuaciones supuestamente “ilegales” e “inconstitucionales” como las que se enumeran en el auto. Menos aún, cuando es el propio magistrado el que admitió que el encarcelamiento equivalía a la incapacidad al efecto de admitir la delegación del voto. Da igual que sea lo que busque Puigdemont. Da igual que exista un plan para secesionar Cataluña y llevar a la práctica la República fantasma de la casa de los secesionistas y que quieran aprovecharse de la ley. Para evitar eso existen otros instrumentos legales. Para eso existe el artículo 155 de la Constitución. Sobre todo porque aún no se ha juzgado a nadie y todos los investigados gozan de sus derechos civiles y políticos. Más aún, para evitar eso, lo único que puede hacer el magistrado es lo que ha decidido no hacer: llevar al investigado a prisión.

Un juez instructor, para evitar  la reiteración delictiva, ha de asegurarse de que el prófugo sea detenido y encarcelarlo (como sucedió con los demás investigados). Y algo hemos hecho mal, muy mal, si no se puede detener a una persona acusada de gravísimos delitos porque aún no se ha constituido un gobierno autonómico y no conviene.

Por último, la referencia a que la rebelión y la sedición no se encuentran en la lista de delitos enumerados en la lista consensuada y a que el Ministerio Fiscal no ha hecho el trabajo de probar el derecho extranjero es tremenda por dos razones: la primera, porque uno se pregunta cuánto tiempo necesita todo un Estado sobre un tema capital para probarle a un magistrado el derecho de un país de la Unión Europea; la segunda, porque da la sensación de que el magistrado, que habría dicho que no en todo caso, por las razones que enumera previamente, aprovecha para darle una hostia a la fiscalía por ponerle en la tesitura de decidir algo que no le apetece. El espectáculo, en todo caso, es muy poco edificante.

En el mejor de los casos, esta decisión demuestra una preocupante falta de armas de nuestro Estado de derecho. En el peor, demuestra una preocupante utilización táctica de la ley, que solo puede deberse al miedo. Al mismo miedo que impidió que en 2015 se aplicase el artículo 155. Al miedo que nos ha traído hasta aquí.

Con perspectiva. Sí. Claro.

 

He llevado, a lo largo de los últimos veinticinco años, cientos de casos penales de violencia doméstica. De todo tipo. Normalmente soy abogado de ellos, pero no siempre. No obstante, también como abogado de ellos conozco a mujeres maltratadas.

Conozco otros muchos más asuntos similares, que han llevado compañeros de despacho.

He llevado muchos, decenas, de asuntos civiles de familia en los que mi cliente es una mujer que ha denunciado maltrato. En los que, a menudo, la parte contraria ha sido condenada.

Sin embargo, escribes lo que yo escribí ayer, criticando una serie de cuestiones concretas y el circo, sí el circo, montado alrededor de Juana Rivas, y una periodista, supongo que incapaz de decir ni mu sobre la sustancia de mi entrada, se atreve, sin saber nada de mí, a escribir esto:

* * * * *

Hace tiempo leí unos tuits de un hombre que contaba que había sido maltratado por su mujer o pareja, quejándose de determinados sesgos.

La historia me hizo recordar un episodio lamentable. Por suerte pasó hace muchos años, más de veinte.

Yo era abogado de un hombre (bastante cazurro) en un procedimiento de liquidación de gananciales. En mitad del procedimiento, por circunstancias que no vienen al caso, él contó que su mujer, una noche, cuando él llegaba a casa, le arreó un golpe en toda la cara con una figura de un cristo con pie de mármol y lo dejó medio grogui.

Lo acojonante vino después. Nada más contarlo ella empezó a descojonarse. Luego él. Casi inmediatamente todos los presentes: el juez, el agente, el abogado de ella. Mi cliente se reía de una forma extraña, con una especie de orgullo primario.

Yo no me reí. No creo que fuese por conciencia de nada. Solo es que estaba demasiado acojonado ante lo que presenciaba.

Fue en un pueblo de Toledo.

 

Todo es muy injusto y eso

 

No conozco el caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri con el detalle suficiente como para hablar con seriedad acerca de la razonabilidad concreta de la petición del ministerio fiscal de una pena de cinco años de prisión para aquella por dos delitos de sustracción de menores.

De lo que quiero hablar es de esta noticia. Y de esto. Porque son una buena muestra de esos factores ambientales que seguramente han ayudado a la señora Rivas a meterse en un jardín bien jodido. Porque yo creo que tanto la jalearon los medios y los políticos y los asesores concernidos, tanto le dijeron lo mucho que la entendían, lo mucho que se solidarizaban con ella (y siguen, claro, aunque no irán a la trena con ella a hacerle compañía si al final resulta condenada), que a lo mejor terminó pensando que estaba sentándose en la zona reservada para blancos y haciendo historia.

O no, claro. Y habría hecho lo mismo, pese a no contar con ese público entusiasta que luego cobra un montón de pasta por los anuncios televisivos y por los clicks, o se pone chapas molonas para seguir pillando subvenciones, o nos muestra el rostro humano antes de entrar en el despacho oficial. Quién lo sabe. Pero, como todo cristo especula, quién soy yo para no caer en ese nefasto vicio. Al menos, como ven, lo reconozco.

Pues bien, la noticia de Público es una mierda. Quien la escribe no sabe qué es un escrito de acusación y no ha visto uno en su vida (hay otra alternativa, pero como es mucho peor, seguiré en mi línea de optar siempre por la mejor versión). Los escritos de acusación (y los de defensa) suelen ser escuetos. Porque deben centrarse en aquello que puede subsumirse en la norma penal y, como es obvio —porque si no el fiscal no acusaría—, no nos explican las causas que para el acusado excluyen su responsabilidad penal ni nos muestran su “versión”.

Los escritos de acusación, por otra parte, no pretenden exponer la verdad. Entre otras razones porque son previos al puto juicio. Simplemente fijan los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento y la calificación jurídica provisional de los mismos. Sí, el fiscal no debe acusar si cree que esos hechos que menciona no resultan indiciariamente de la fase de instrucción o si conoce que puedan ser falsos (es bastante acojonante tener que explicar esto), pero eso no supone que sean como una sentencia; en realidad, esencialmente fijan un marco para el enjuciamiento, no la verdad material. Y su función es garantizar los derechos de los acusados. ¿Saben por que´? Porque son el escrito de acusación y la resolución judicial posterior los que fijan aquello por lo que te pueden juzgar. Y si el fiscal o el acusador particular meten la gamba, el acusado puede decir, eh, se te olvidó acusar de aquello, pues te jodes, amigo.

Comprenden, imagino, por qué los acusadores suelen pasarse antes que quedarse cortos. Ellos no son los que juzgan.

Y ahora vamos a ver un caso práctico de esto que, miren, tiene que ver con lo que estoy comentando. La cacanoticia de Público dice lo siguiente:

Dureza extrema de la fiscalía.

El escrito del fiscal es, además, tremendamente duro. Según manifestó su abogado, José Estanislao, este lunes en una entrevista en Antena3, la condena a dos sentencias por el mismo hecho. “Existe jurisprudencia de la audiencia de Pamplona, confirmada después por el Tribunal Supremo en un caso similar de dos niños, en el que la condena fue sólo por un delito. Porque el bien jurídico tutelado es el de los derechos y deberes familiares y se trata de un sólo delito, de un sólo bien. Es como si estuviéramos hablando de un impago de pensiones. Si se deja de pagar dos veces, no son dos delitos, sino uno”.

Veamos si es verdad eso de que es tremendamente duro, y veamos por qué un fiscal ha de hacer bien su trabajo.

El letrado de Juana Rivas menciona una sentencia de la Audiencia de Pamplona (es de Navarra, en realidad), que en un caso similar (dos niños secuestrados por su padre) condena por un único delito y no por dos. Y añade que se confirmó por el Tribunal Supremo.

Efectivamente, así es. Esta es la sentencia de casación. Pero no lo cuenta todo. Resulta que en la sentencia de instancia consta que el fiscal no había acusado por sustracción de menores, sino por desobediencia. Y se menciona que, aunque la acusación particular (el abogado de la madre) pedía cinco años de prisión por sustracción de menores, solo acusaba por UN delito (aunque continuado).

¿Saben la consecuencia que se deduce de lo anterior? Que el tribunal sí apreció que había sustracción de menores, no apreció delito continuado y condeno a dos años por un solo delito. el único delito por el que venía acusado. Y cuando luego se recurrió la sentencia en casación, naturalmente, ninguno de los motivos tenía nada que ver con el hecho de que dos sustracciones hubiesen sido castigadas como una. Y el Tribunal Supremo solo se pronunció sobre aquello que era objeto de recurso.

Porque los jueces, en nuestro derecho, están limitados.

¿Comprenden ahora por qué las acusaciones en el caso de Juana Rivas califican los hechos como dos delitos?

Y no critico al letrado de Juana Rivas. Yo mismo he hecho esto en mil ocasiones. Usamos todo lo que tenemos a mano.

Porque seguro que conoce esta sentencia, posterior a la de la Audiencia de Navarra, de la sección 6ª Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia núm. 691/2016 de 7 diciembre) que se refiere a un padre condenado por tres delitos de sustracción ilegal a una pena de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES:

La cuestión fue asimismo objeto de debate en tanto que las conclusiones finales de la acusación lo solicitaron expresamente frente a las alegaciones de la defensa. Y con cabal fundamento, si tenemos en cuenta la conducta delictiva que aquí se ha cometido y la clase de tipo penal aplicado. La sentencia también argumenta al respecto con apoyo en diversas sentencias del TS mencionadas en una sentencia de la AP Madrid, Sec.1º de 15 de febrero de 2011 , a las que podrían añadirse otras, más recientes, en la misma línea ( AN 21/2015 de 2 de noviembre ) que el bien jurídico protegido determina la aplicabilidad de una u otra figura concursal, pues si atendemos a la desobediencia específica a la resolución judicial es claro que solo se produce una infracción y no tres. Pero al margen de que habiendo quedado incluso cuestionado por el propio recurrente que aquí estuviera vigente la atribución judicial de la guarda y custodia de los menores en la fecha de los hechos, es decir, que concurra realmente la sustracción por desobediencia a una resolución judicial, la conducta de sustracción por la que se ha condenado es más que un mero delito de desobediencia y como tal fue tipificado especificamente por el legislador, como recoge la sentencia mencionada: “Es doble, pues, el bien jurídico protegido en cuanto se sanciona la desobediencia pero porque esta afecta al bienestar integral del menor (físico y psíquico). Por consiguiente, el presupuesto jurídico para la aplicación de este artículo es que un Tribunal haya determinado con qué cónyuge se logra dicho bienestar integral del menor”. Siendo tres los menores, y tratándose del bienestar familiar de cada uno de ellos el que quedó lesionado, al margen de que aquí sin duda también se afectó su seguridad personal, es claro que tres víctimas diferentes dan lugar a tres conductas distintas aun cuando el acto materialmente se produzca a la vez. (…) . En el caso objeto de nuestra atención, el tipo penal refiere la sustracción de un hijo menor por parte de su progenitor, lo que da idea de un único sujeto pasivo. En consecuencia, siendo tres los menores que fueron trasladados al extranjero, y tres los titulares de bienes jurídicos lesionados resulta inasumible la tesis de la unidad natural de acción que se pretende.

¿Que es dura la calificación? Hombre, considerando que la norma establece penas de cuatro a ocho años de prisión, yo no diría que pedir cinco sea “tremendamente” duro.

También es verdad que yo no tengo que justificarme, ahora que se acabó el circo del verano.

 

Tres asuntos

 

Un abogado no debe aceptar un asunto penal tras someter su aceptación a una serie de condiciones y hacer esto público. Vean que escribo “y”. Menos aún hacer declaraciones explicando por qué renuncias a seguir con tu defensa, de forma que perjudiques a quien fue tu cliente.

De hecho, mi posición personal es que los abogados no deben hacer ninguna declaración en la que emitan una opinión personal sobre un asunto que se les ha encomendado profesionalmente, y deberían evitar afirmaciones sobre lo que se va a juzgar.

Sospecho inmediatamente de aquel que se aparta de esto que acabo de enunciar. Es mi punto de vista, claro.

Algo más: si no estás dispuesto a defender a alguien culpable de un delito y hacer todo lo posible para evitar que sea condenado, mejor dedícate a otra profesión más decente.

* * * * *

He leído comentarios fascinantes sobre la resolución dictada por el magistrado Llarena acerca de la solicitud de Oriol Junqueras de traslado a una prisión cercana a Cataluña y su excarcelación para asistir a una serie de plenos en el parlamento. Me refiero a los argumentos sobre la falta de título habilitante en la ley para limitar derechos fundamentales del señor Junqueras y sobre la injerencia del instructor en competencias de la mesa de dicho parlamento, al declarar la incapacidad prolongada del señor Junqueras conforme al artículo 93 del reglamento.

Lo curioso de esos argumentos es que caen en la paradoja de acusar al magistrado por su benevolencia. Nadie —espero— discute que el tribunal que instruye puede acordar la prisión sin más. Y que esa sí es una limitación de enjundia a un buen montón de derechos fundamentales. Y que la ley le habilita para ello en los casos previstos en nuestras normas de procedimiento criminal. Y que no hay ninguna norma que nos diga que haya de prevalecer el derecho al ejercicio de derechos políticos —incluido el de representar a otros— cuando esto supone la necesidad de excarcelar al ciudadano en cuestión (considerando además que la lista se construye y la votación por los ciudadanos se produce cuando ya está en prisión). Ya, ya sé que, en buena técnica, más que de ponderación de derechos, hay que hablar de máxima efectividad de todos ellos. Pero si es constitucionalmente legítima la prisión como medida cautelar, también lo son todas sus consecuencias, salvo que el juez crea que los fines de esa medida cautelar no se ven perjudicados por excepciones (por ejemplo, por permisos). Puede creerlo o no. Motivadamente. Y puede considerar que el fin (evitar la reiteración) peligra si se permite la asistencia a determinados plenos (con fecha, hora y recorrido). A lo mejor se equivoca, pero puede hacerlo sin que esto implique una ponderación prohibida.

Así las cosas, lo que el magistrado hace es explicar que esos derechos políticos sí pueden ejercitarse (en parte), aplicando la norma (el reglamento) conforme a una determinada interpretación, y que, puesto que a él le corresponde enjuiciar el conflicto de derechos, aplica el ordenamiento jurídico en su conjunto a aquello que le viene atribuido.

Bien. Pongamos que el magistrado hubiera seguido el criterio de esos que insisten en que se extralimita. La consecuencia es simple: Junqueras sigue en prisión y no acude al parlamento, porque el juez que acuerda esa prisión considera que prevalecen los fines constitucionales legítimos que le permiten acordarla.

Más aún: esto mismo pueden hacer los integrantes de la mesa. Pueden, en su primera reunión, decirle al magistrado que él no es quién para invadir sus competencias y que no aceptan que Junqueras esté incapacitado a los efectos del art. 93 y que no admiten la delegación [criterio que defienden los letrados del parlamento en este informe, bien razonado]. Todo lo más se puede plantear un conflicto que solo podría resolver el Tribunal Constitucional.

Pero, por la misma razón, el parlamento no puede obligar al juez a que Junqueras salga de prisión. ¿Verdad?

El juez, en su resolución, simplemente ha manifestado que la situación de Junqueras encaja en lo previsto en esa norma (el art. 93), es decir, está incapacitado. Y que si se delega su voto por el procedimiento que se establezca, se minimiza la consecuencia de la privación de libertad. Se minimiza incluso respecto de otra previsión más intensa (la suspensión prevista en el 384 bis de la Lecrim), que aún no se da formalmente, aunque el juicio de imputación actual se acerque bastante. Por cierto, sí, a la mesa le corresponde interpretar esa norma, pero no puede hacerlo arbitrariamente y además, ha de interpretarla también en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales (y sus decisiones están sometidas al control judicial).

Lo interesante es que los que claman contra la decisión aludiendo a excesos del juez, en realidad con lo que están en desacuerdo es con la decisión de mantener la medida cautelar. La consecuencia de sus argumentos parece ser: o sale de la cárcel o nada.  Prefieren nada al voto delegado a otro compañero de partido. La nada vende mejor, claro, si tratas de explicar el terrible riesgo de la deriva autoritaria del Estado español a la hora de reprimir a unos simpáticos golpistas.

Importa más la retórica que la sustancia. Lo de siempre, vamos.

* * * * *

Los tribunales españoles y el TEDH han explicado reiteradamente que no hay un derecho fundamental a ingresar en prisión cerca del lugar en que vivías, y que la política penitenciaria, aunque ha de aplicarse individualizamente, puede atender a fines diversos, entre los que se incluye facilitar la reinserción de los miembros de bandas terroristas y de grupos criminales, así como impedir que se cree, dentro de las prisiones, un control de hecho sobre los internos por esas bandas.

No existe, por tanto, una vulneración de derechos fundamentales por la dispersión de los presos etarras. Ahora, la dispersión debe obedecer a esos fines. No es admisible que sea un castigo añadido. La pena es la que es.

Sin embargo, cuando se plantea esta cuestión, se suele colocar en la balanza a los “hijos” de los presos vs los “hijos” de los asesinados. Como si estos tuvieran mayor valor que aquellos. Como si el sufrimiento injustificado de estos (muy superior, ya que han perdido a sus padres) frente al sufrimiento justificado de aquellos (justificado porque sus padres están en prisión por los actos que cometieron) permitiese incrementar el daño más allá de lo que decidió la sociedad española democráticamente.

Discutir así es entrar en un terreno moralmente erróneo. Si la dispersión sigue estando justificada (como lo estuvo indiscutiblemente en el pasado) hay que explicar y probar por qué. Si hay razones, que se mantenga. Si no las hay, que se acabe con ella. Si la dispersión no fue un castigo, sino una medida justificada, terminar con ella por haber cesado sus razones tampoco sería un premio.

Todo lo más, sería una victoria. Otra más.

 

No. No se presume que sea culpable. Si se presumiera, no habría habido ni juicio.

 

De aquí: 

Durante el juicio a La Manada, el grupo de cinco jóvenes acusados por una chica de 18 años de violarla en San Fermín, se ha producido una confusión interesada: quien criticase la estrategia de los abogados de La Manada estaba condenando a los acusados.

[depende. En algunos casos, no; en otros, sí. En particular, en todos aquellos que no comprendían que la admisión de ciertos medios de prueba no implicaba nada en absoluto acerca del resultado final del procedimiento. En cierto sentido, el propio Jabois incurre en este vicio. Si no se cree a la presunta víctima, dice, se la presume culpable de mentir. Ese es el error: a la víctima no se la cree o no. Se la escucha y si su historia es simplemente verosímil y se apoya en algunos datos objetivos, se activa una maquinaria muy cara, que incluye policía, servicios sociales, peritos, instituciones penitenciarias, fiscales y jueces. Pero concluimos hace mucho que no basta con eso: que con todo ese apoyo del Estado es preciso que la víctima —de forma mediata— demuestre que lo que dice es cierto. Si no lo demuestra, esto no implica que mienta. Suspendemos el juicio. Porque, para afirmar que miente, para afirmar que es culpable, los miembros de la Manada tendrían que probarlo. Y presumiríamos, en tal caso, que ella es inocente. Esas son las reglas y no hay otras que sean civilizadas]

Es evidente que la obligación de la defensa es desacreditar a la denunciante: al fin y al cabo la chica, según su versión, se ha inventado una violación para enviar a cinco inocentes a la cárcel.

[me interesa en particular esta afirmación porque en ella se encuentra el meollo del asunto: si ninguno de los acusados hubiese dado su versión, si no hubiesen siquiera hablado, bastaría con que los abogados discutiesen con éxito que el Estado ha demostrado la comisión de hechos delictivos para que no se pudiese condenar. Si se entiende esto que acabo de explicar, se entiende el asunto. Si no se entiende, no se entiende nada. Por cierto, los tribunales también valoran la cuestión problemática: ¿por que´alguien se inventaría una violación para llevar a la cárcel a cinco inocentes? Por eso hay criterios sobre credibilidad de los testigos. Lo curioso es que, a veces, denuncias falsas así se demuestran, pero nunca llegamos a saber por qué].

El problema, sin embargo, no es que la intentasen desacreditar, sino cómo, a qué se debe y a quién afecta esa estrategia.

[De nuevo, depende. Si la prueba que se pretende es ilegal o impertinente no se debe admitir. Y todo acusado tiene derecho a utilizar medios para su defensa legales y pertinentes. Y se parte de una interpretación laxa de este principio, porque creemos que a diferencia del violador o del asesino o del secuestrador, cuando el Estado priva a alguien de libertad ha de hacerlo con justicia, no con injusticia].

Para convencer al tribunal de que la violación nunca se produjo …

[dudo de que pretendiesen eso: porque de haber existido prueba no se habría llegado a juicio. Considerando los hechos, seguramente solo intentaban que el tribunal no se convenciese de lo contrario]

… y que las relaciones sexuales de la denunciante con los acusados fueron deseadas por ambas partes, la defensa ha usado el comportamiento de la chica como prueba: no tanto su comportamiento durante los 96 segundos grabados del supuesto delito como el de antes y el de después, incluida su declaración en el Palacio de Justicia.

[las defensas habrán usado todo lo que pueda introducir una duda. Espero. Porque de no hacerlo, no habrían hecho bien su trabajo].

Esto ha producido el siguiente resultado. Sentarse con un pie debajo del trasero ante el juez y mostrarse jovial reduce las posibilidades de haber sido violada, como colgar en Instagram la foto de una camiseta que dice “Hagas lo que hagas, quítate las bragas”. Si la chica está sola a las tres de la mañana en una noche de fiesta, es menos probable que alguien se crea que ha sido violada. Si ve un reality de jóvenes de su edad que beben y tienen sexo su credibilidad es menor, menos aún si su personaje favorito es “muy fogoso” y no una chica más recatada, en cuyo caso sí tiene más probabilidades de haber sido víctima de una violación.

[No voy a entrar en las motivaciones de la defensa. Hablaré en general. Creo que esto está muy desenfocado. En realidad, es justo al revés. Una violación es mucho más probable si tienes un determinado comportamiento. Esto es algo que a menudo se entiende mal. Si esquías es más probable que te rompas una pierna que si juegas al mus. Si estás en sanfermines a las doce de la noche y has bebido mucho alcohol, y vas de parranda con cinco desconocidos, es más probable que sufras una agresión sexual que si estás en casa viendo tu serie favorita de HBO. Ni el esquiador ni la víctima son culpables. Hablamos de pura estadística. Entonces, ¿por qué la defensa puede haber intentado utilizar ciertos datos? No porque esos datos demuestren por sí solos que no ha existido violación, sino porque, a falta de una prueba indiscutible de la violación —sigo especulando, ya nos dirán los jueces si realmente la había o no— es razonable intentar demostrar que lo que se dice fue una violación, fue sexo consentido. Hagamos la pregunta: ¿pudo ser sexo consentido? ¿pudo la víctima haber admitido tener relaciones sexuales con cinco desconocidos en un portal a altas horas de la noche? Si demuestras que una conducta así encaja con el perfil de la victima, el simple hecho de las relaciones sexuales no bastará como prueba de violación. La fiscal, en su informe —según contaba el propio Jabois— hizo hincapié en el sometimiento, en que era de tal naturaleza que la víctima ni siquiera manifestó una negativa que se deducía de las circunstancias. Si la fiscal plantea esto, estamos muy cerca de defender que cualquier situación similar es violación. Sin embargo, sí existe el sexo en grupo consentido. Ese es el terreno de juego. Recordemos que a la defensa le basta con que no se pruebe que el consentimiento no existió].

Esta estrategia de defensa no afecta sólo a la víctima de La Manada. Esa estrategia y la consideración que de ella tome el tribunal es que una víctima de violación sólo lo será en tanto haya creado las condiciones necesarias para tener credibilidad en caso de haber sido violada.

[Completamente en desacuerdo. Esa estrategia es ad hoc. Siempre es ad hoc. El abogado coge el caso y busca costuras. Ya se trate de un obispo, de un ministro, de un yonqui, de una prostituta, o de un abogado. No hace tesis ni estudios generales. Puede basarse en prejuicios, en falacias lógicas. De hecho intentará engañar al tribunal y puede que lo consiga. Pero la frase que comento es terrible porque, además, da a entender que pueda bastar la “credibilidad” para condenar. Y no. Siempre debería haber algo más. De hecho, en este caso, hay más pruebas. De no haberlas, el delito, de haberse cometido, quedaría impune. Porque presumimos la inocencia y si bastase la declaración de la víctima estaríamos muy cerca de saltarnos ese principio sagrado —algo que, por cierto, sucede en ocasiones—].

Es decir, adecuar su vida privada a una eventual violación para que, si ésta se produce, sea una violada perfecta: una persona de la que nadie dude.

[insisto: no debería bastar la declaración, pero llevemos el ejemplo de Jabois al extremo absurdo: una niña de dos años es la violada perfecta. Nadie duda de que, si un adulto la agrede sexualmente, se ha cometido un delito. Tan obvio es que ahí es la propia ley la que presume la culpabilidad. También lo es una mujer que sufre un trastorno mental que la deja completamente indefensa. ¿Si no debemos valorar ningún elemento exterior por qué valoramos la edad o la capacidad de entender y querer? Naturalmente, claro que valoramos esos elementos exteriores. No todas las violaciones son iguales. En ocasiones, la valoración la hace la propia ley, defendiendo más intensamente a los niños, a las personas vulnerables, a las que padecen estas infamias de personas cercanas, como los propios padres, a las que son sometidas a actos especialmente vejatorios dentro de una categoría general especialmente degradante, a las mujeres violadas por grupos de hombres. Y, en todos ellos, si un elemento esencial de la violación es la declaración de la presunta víctima la defensa siempre intentará acreditar que la relación pudo ser consentida. Porque basta que pueda haberlo sido para que no sea delito. Habla Jabois de la adecuación de la vida privada en este caso, pero se olvida de la puta realidad. Por ejemplo, si nos planteamos adecuar la vida privada a los perfiles de la víctima perfecta, qué mal lo tienen los que son feos, los torvos, los que se expresan mal, los tímidos, los extranjeros. Constantemente hay víctimas que tienen que subir un Everest de prejuicios en un juzgado para que se los crea. Se olvida, por ejemplo, de los propios acusados. De los tipos esos a los que ha condenado todo cristo. Imaginemos que apareciera una prueba indudable de que no existió violación. ¿Diría Jabois lo mismo, que algunos hombres deberían adecuar su vida privada para que si alguien les acusa en falso —también es un delito, y quien lo sufre también es una víctima— parezcan la víctima perfecta?]

Este es el resultado en crudo del alegato de la defensa de La Manada: si la chica no fuese fan del programa de televisión Super Shore (MTV), si estuviese acompañada la noche del suceso, si no se enrollase con nadie, si se sentase como una joven normal, si llorase en su declaración y si colgase en redes sociales frases depresivas daría mejor imagen como violada. “No le cuentes a nadie que veo porno por si un día me violan” como resultado final.

[Sí, hay personas que dan mejor imagen como víctimas. También como violadores. Pero este no es el “resultado en crudo del alegato”. Ese, todo lo más, será el prejuicio que intenta utilizar. Pero los prejuicios a menudo son como vampiros, se alimentan de trozos de realidad. Puede que el abogado defensor, al decir, mira lo que le gusta, mira cómo es, intente dar un paso más allá; que no solo quiera plantear la sencilla cuestión de la posibilidad de sexo grupal consentido, sino que intente desacreditar el testimonio de la víctima apelando a un juicio de carácter. Pero esto a veces es peligroso: se supone que, si te pasas de frenada, un juez profesional te va a castigar. Lo curioso es que eso mismo se puede decir de la fiscal: al defender que los actos objetivamente son una violación por la superioridad física de sus presuntos agresores, pese a que no exista ninguna resistencia aparente de la víctima, también puede estar intentando utilizar un prejuicio muy potente: ninguna mujer tendrá relaciones sexuales consentidas con cinco desconocidos en el portal de una casa, de madrugada].

Hay más conclusiones de una estrategia así: si una chica practica sexo en grupo, si sale sola o si supera rápidamente sus traumas, es una víctima idónea para un violador.

[Invierte el orden temporal. Pero, incluso aunque el violador escogiera a la víctima atendiendo a la posibilidad de salir impune, esto solo sería consecuencia de un sistema para el que no existe alternativa razonable. De hecho, todos los delincuentes intentan salir impunes, utilizando a su favor la ocultación, el engaño, el poder y la apariencia. Cientos de mujeres, muchas de ellas millonarias, nos explican que durante décadas han estado soportando abusos de actores y productores, la mayoría de ellos ejemplo del perfecto progresista. La cuestión es si eran víctimas idóneas porque eran más libres o por alguna otra razón. Yo creo que el problema no es de libertad, sino de hipocresía]

Y una conclusión escandalosa más: con cuanta menos libertad viva una mujer, más posibilidades tiene de ser creída si la violan.

[Confunde la libertad con los productos de la libertad. Una mujer puede ser perfectamente libre no practicando sexo en grupo, no saliendo sola o superando más tarde sus traumas. Basta con que lo decida así. Pero, en todo, caso, si se refiere a personas realmente menos libres, tiene razón. Claro, cuanto menos libre eres menos posibilidades hay de que alguien restrinja tu libertad. No es escandaloso. Es perfectamente lógico. De hecho, las sociedades civilizadas han ido ampliando la libertad de sus ciudadanos en determinadas direcciones, restringiéndolas en otras, precisamente para minimizar estos riesgos. Por eso hay tantas regulaciones].

Es sabido que las mujeres son menos libres que los hombres por muchas razones, una de ellas para que los hombres no las violen; …

[los hombres son los que violan. Los hombres son un peligro para la libertad sexual de las mujeres en mucha mayor medida que las mujeres para la libertad sexual de los hombres. Como es así, y es conocido, las sociedades —los hombres y las mujeres— han ido creando parapetos para protegerlas. ¿Son menos libres los obreros de la construcción por llevar cascos y sujeciones obligatoriamente? Quizás sí. Pero no dejamos que decidan si pueden llevarlos o no. ¿Lo son los conductores por tener que llevar cinturón de seguridad? Hay que tener cuidado con ciertas defensas de la libertad individual: llevadas al extremo producen monstruos]

… una defensa así trata de reducir aún más esas libertades para que, en el caso de que los hombres las violen, la justicia las crea.

[No. Ya no insisto más. Una defensa así no quiere reducir nada. Solo quiere cumplir con su obligación]

Esto no tiene nada que ver con la presunción de inocencia de los acusados, sino con la presunción de culpabilidad de la denunciante.

[Claro que tiene que ver con aquella y claro que no tiene que ver con esta]

Tampoco tiene tanto que ver con la defensa de La Manada como parece: para demostrar que el sexo fue consentido busca presentar a la denunciante con las características que la sociedad supone que debe de tener una chica que participa en orgías espontáneas; sin embargo, esa defensa ha conseguido que en el juicio no apareciesen, probadas, las características que la sociedad percibe que puede tener un violador.

[Me temo que no puedo rebatir ni coincidir: pasa que no hemos visto el juicio completo]

En realidad tanto unas como otras pueden ser falsas; de hecho, qué sería de los juicios sin las apariencias.

[Efectivamente]

Las certezas se reducen a que los acusados de violar a una chica en Pamplona tienen derecho a un juicio justo y la chica que los ha denunciado tiene derecho a no ser juzgada … 

[no se la juzga, este es el error básico de todo el artículo. Todo juicio es una ficción, un relato. Por eso tenemos que atender a las formalidades: para saber a quién se juzga hay que mirar los escritos de acusación y de defensa. Otra cosa es lo que haga la prensa. Y la gente. Otra cosa es que esto sea noticia. Ahí está la clave de todo. En una sociedad perfecta, no habría noticia hasta la sentencia. Y aun entonces simplemente se diría: A ha sido absuelto o condenado. En un mundo perfecto entenderíamos para qué sirve un abogado y no lo convertiríamos en un predicador o un profeta]

… bajo unos criterios machistas según los cuales existe una conducta en la vida de una mujer que la hace más o menos propicia a ser creída si es víctima de una agresión sexual.

[no es machista, amigo Jabois. Es simple sentido común. ¿sabes por qué? Porque no existe el derecho a ser creído. Ni porque seas mujer, ni porque seas hombre. Por tanto, claro que hay conductas en las mujeres y en los hombres que hacen más propicio que se te crea o no en determinadas circunstancias. De hecho, en nuestra conducta diaria tenemos esto en cuenta constantemente. Tú también. Y no siempre nos equivocamos. La selección natural nos ha hecho extremadamente buenos en nuestras predicciones, por más que llevemos siglos localizando nuestros prejuicios y describiendo los sesgos: aun con ellos somos eficacísimos juzgando. Y en todo caso, nada de esto tiene que ver con la culpa, sino con la carga de la prueba en abstracto. Si las mujeres, los blancos, los ricos son más creíbles —y pueden serlo si no cuestionamos su credibilidad considerando su conducta concreta— ya sabemos cuál es la consecuencia para los hombres, los negros y los pobres. Bastante jodido y lleno de mugre es el asunto, como para no asumir de frente las imperfecciones de un sistema que es así porque su alternativa sería peor].

La génesis del actual delito de rebelión

 

Estos días se ha hablado mucho sobre el delito rebelión y la violencia, y sobre qué es violencia o no. En varios artículos he sostenido que (por lo que sabemos hasta ahora) esa violencia (para mí un plus, ya que de no entenderse así su inclusión específica carecería de sentido) no concurre (en un sentido penalmente relevante). A menudo se ve a personas muy preparadas y muy inteligentes discutiendo conceptos jurídicos como si la subsunción de la realidad en una norma solo hubiera de satisfacer criterios gramaticales. Algunos, los más violentos (permítanme la broma), te lanzan definiciones del diccionario como si uno fuera idiota y no se le hubiera ocurrido comprobar qué significa cierta palabra. Pero lo gramatical, que es importante, no es lo único importante cuando hablamos de derecho. Y a veces un término jurídico no equivale a ese mismo término en su acepción más extendida, y las diferencias son importantes. De hecho, ¡los juristas vivimos de buscar diferencias!

El caso es que, entre los criterios que se pueden utilizar a la hora de interpretar una norma, uno que aprecio especialmente es el de la búsqueda no de lo que dijeron, sino de lo que querían decir los señores que parieron esa norma. No voy a entrar en detalles técnicos, ya que este criterio también tiene límites de aplicación y la norma en gran medida, una vez parida, es como un ser vivo, que adquiere independencia, sobre todo cada vez que es manoseada por los que se dedican a aplicarla e interpretarla. Pero, en este caso, y considerando lo poco que se ha discutido qué es o no rebelión, tras la promulgación del Código Penal “de la democracia”, en 1995 (por suerte), creo que es interesante remontarnos a las discusiones sobre esta figura durante su proceso de aprobación.

Lo primero que hay que decir es que este artículo, en su redacción actual, no es igual al artículo que aparecía en el proyecto original: en el proyecto original la rebelión solo exigía que existiese un alzamiento público. Este era el texto original:

Las enmiendas presentadas son interesantes. Al PNV le preocupaba la posibilidad de que se admitiese la apología o conspiración del 451 5º simplemente por pretenderse la “independencia” de una parte del territorio nacional.  La diputada Rahola, en nombre de ERC, pretendía que en ese mismo párrafo 5º se incluyese, tras “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, el inciso “salvo el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos conforme al Derecho Internacional“, aduciendo que ese derecho formaba parte del ordenamiento interno (disparate notorio, por otro lado, ya que España carece de colonias). CiU pretendió incluir a “alzaren públicamente” el término “en armas” y que también fuera rebelión alzarse para derogar un Estatuto de Autonomía.

El texto, en el Congreso, no sufrió modificación alguna. Es interesante, sin embargo, comprobar, qué se entendía por los diputados que defendían ese texto original por “alzarse públicamente” y por qué no comprendían los recelos, en particular, de los representantes del PNV. Lean algunas intervenciones que entresaco (es largo, pero muy jugoso):

Es bastante obvio, que los diputados incluían en el concepto de alzamiento público, el alzamiento violento, en armas. Y que, por eso, veían innecesarias las enmiendas.

Sin embargo, el texto, en el Senado, sufrió un cambio. Se presentaron enmiendas por los grupos de IU y de CiU que fueron admitidas por la ponencia, con el voto en contra del PP. Las enmiendas planteaban la inclusión de la violencia en el tipo delictivo para precisar que solo sería rebelión si los hechos delictivos (es decir, el alzamiento) es violento.

Pues bien, también en este punto hay intervenciones posteriores en comisión que son muy ilustrativas. Esto dijo el senador González Pons:

El asunto es interesante porque creo que sitúa en su lugar el debate actual sobre qué es o no violencia a efectos de la rebelión. El caso catalán presenta alguna particularidad. En mi opinión, es un autogolpe por dejación del Estado.

Me explicaré: el Gobierno podría, una vez constatado el fin secesionista y el proceso ilegal iniciado, haber utilizado el art. 155 de la Constitución. Desde ese momento, el gobierno catalán ya no sería tal gobierno. Habría perdido su “imperium” sobre las instituciones catalanas. Esto habría impedido el autogolpe. Sin embargo, pese a su traicionero y torticero uso de esas instituciones, se permitió que continuase siendo tal gobierno hasta después del pseudoreferéndum. Incluso hasta después de ese esperpento de votación de una DUI en el parlamento catalán. Es cierto que el gobierno catalán y su parlamento se estaban excediendo desde hacía mucho tiempo y que las pseudoleyes aprobadas en septiembre eran en sí una declaración de independencia, pero también lo es que todo autogolpe (en la medida en que desborda el derecho) es un ejemplo de uso ilegal e ilegítimo de las instituciones. El elemento clave no es que el uso sea ilegítimo e ilegal, sino que se efectúe por quien lo ostenta hasta ese momento de forma legal y legítima.

Al no haberse expulsado antes (por el procedimiento constitucional) a los secesionistas de sus cargos, el Estado permitió que el golpe de Estado fuese un autogolpe. Y el autogolpe no violento (es decir, el realizado maliciosamente o mediante una imposición ilegítima), al introducirse la expresión la palabra violencia podía quedar impune, como bien defendía el senador González Pons. Más aún cuando la norma penal es de interpretación estricta, y se había añadido expresamente ese término frente a la dicción previa de la norma.

Esto es lo que explica algo que parece absurdo: que un golpe de Estado pueda no ser delito de rebelión.

La consecuencia es, para mí, la siguiente: solo si se demuestra que ha existido violencia en el hecho secesionista (y el hecho lo es la secesión y no cualquier hito previo -al margen del problema de abusar de la falacia del historiador-) y de esa violencia son responsables los querellados (en alguna de sus formas, o incluso como provocación o conspiración, para lo cual ha de acreditarse que esos hechos violentos estaban claramente incardinados en un proceso diseñado por los querellados, como elementos esenciales del mismo), estaríamos ante un delito de rebelión. En el caso de autogolpe no violento, malicioso y fuera de las vías legales, es decir, con imposición ilegítima, no existiría tal delito. Sin perjuicio de que concurra sedición, desobediencia, prevaricación, malversación o usurpación.

El gobierno catalán se había situado fuera de la ley, pero seguía siéndolo hasta que el Senado autorizó y el Gobierno aplicó el art. 155. Pudo hacerlo antes, pero al parecer hay que cargarse de razones para aplicar la ley. Estoy siendo melancólicamente irónico en este momento.

¿Poco fundamentado? Veámoslo

 

Ayer mantuve, en tuiter, sobre la prisión de varios exmiembros del gobierno catalán, una conversación con un magistrado instructor con el que he conversado a menudo, y que me parece hombre cabal y sensato. Hoy Rodrigo Tena, en Hay Derecho, escribe este artículo en el que critica el auto de prisión, que califica como poco fundamentado. Como son opiniones que respeto y que son básicamente coincidentes, voy a explicar por qué discrepo de forma muy acusada de lo que ambos sostienen.

Empezaré con una cuestión previa, que me parece se está olvidando. La prisión, efectivamente, como medida cautelar, ha de valorarse caso a caso. Pero no podemos olvidar que esa valoración, que ha de hacerse con los instrumentos que nos da la ley y sujetándonos a sus exigencias, se efectúa a diario en los juzgados españoles. Hay una enorme práctica judicial y una jurisprudencia constitucional sobre la materia. Ahora, antes de entrar en el análisis de lo que se critica del auto, preguntémonos ¿conocen ustedes muchos casos en los que no se haya acordado la prisión preventiva a investigados por delitos a penas que son de 10, 15 y 25 años en abstracto? La rebelión y la sedición son alternativas, en la propia querella. Se dará una u otra. No la malversación. Por tanto, hablamos de investigados que pueden ser condenados a penas de 35 o 25 años solo por dos delitos.

Sí, la pena en abstracto, por sí sola, no implica la prisión. No es una consecuencia automática. Sin embargo, en la práctica de los tribunales españoles penas de esa entidad han supuesto prácticamente siempre la prisión preventiva (digo prácticamente por dejar abierta la pregunta que hice antes; quizás haya algún caso en el que no se haya acordado). En particular al comienzo de la instrucción, cuando los fines constitucionales se suelen justificar más. ¿Ahora ese criterio -la gravedad de la pena- va a perder su importancia, cuando es el que ha justificado la prisión preventiva de muchas personas, muchas de ellas  sin recursos? Si es así, es que abrimos un debate sobre esta institución en España. Sería curioso abrirlo ahora, qué quieren que les diga. Podríamos haberlo hecho cuando muchas  personas acusadas de delitos mucho menos graves están en la cárcel preventivamente por la única razón de la gravedad del delito del que se encuentran acusadas (al deducirse riesgo de fuga solo por eso).

Veamos los argumentos del artículo de Rodrigo Tena:

El auto por el que la juez Lamela ordena el ingreso en prisión incondicional de ocho exconsellers de la Generalitat peca de escasa fundamentación. No vamos a entrar en algunas cuestiones laterales, por muy relevantes que sean, como la debilidad de la acusación por rebelión o la  discusión sobre la posible incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer de este asunto, sino que nos vamos a limitar este análisis de urgencia al auto en cuestión y exclusivamente desde un punto de vista  técnico, como corresponde a la defensa de la separación de poderes que hace este blog  desde hace muchos años. Desde el punto de vista político la valoración que se puede hacer de la incidencia del auto es bastante evidente: se pierde mucho de lo ganado con la rápida convocatoria de elecciones, la huida de Puigdemont y el acatamiento del art. 155 por la Administración Catalana. Pero hay que ser coherente: esa valoración no le corresponde a una Jueza de instrucción. Ni siquiera al Ministerio Fiscal.

Quizás tenga razón el autor en el análisis político y este auto no favorezca la posición “constitucionalista”, pero es obvio que da igual. A mí, al menos, me da igual. Si nos parece mal la politización de la justicia, nos ha de parecer mal siempre. También cuando aparentemente resulte extraño defender que ha existido.

También comparto (ya lo saben) mis dudas sobre la existencia de rebelión. No obstante, también esto es una cuestión menor: los delitos de sedición y malversación justificarían también la prisión, dada la gravedad de sus penas. Únicamente planteo mis dudas sobre la tardía querella y la relación que parece existir entre esta y la DUI, como si esa declaración fuese la espoleta, cuando ninguno de los delitos la exige. Esto no afecta, en todo caso, a la juez: ella decide cuando le llega la causa. En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional, salvo que se pretenda que la magistrada no es independiente, la cuestión es irrelevante a los efectos de lo que discutimos. Dicho esto, la magistrada ha dado, en varias resoluciones, argumentos muy convincentes a favor de su competencia. Ya veremos que se resuelve finalmente tras los recursos. Y si la competencia era más discutible en el caso de los presidentes de Ómnium y la ANC, en este caso lo es mucho menos, ya que se acusa de rebelión, es decir, de un ataque directo contra las instituciones esenciales del Estado.

Pues bien, el auto, de sus diecinueve páginas, dedica apenas tres a lo que constituye el meollo del asunto: si en el caso estudiado concurren o no los requisitos para la prisión provisional. El resto es un relato pormenorizado de un golpe de Estado  institucional que, a estas alturas, todos los españoles medianamente informados conocen a la perfección, pero que, pese a su indudable gravedad, tiene poca conexión –o más aún, incluso entra en cierta contradicción- con la mínima fundamentación que se dedica a justificar la prisión provisional.

Esta es mi primera discrepancia: la prisión como medida cautelar no solo exige que con ella se busquen fines constitucionalmente admisibles, sino que hay requisitos previos: han de existir hechos con apariencia de delito, con una pena concreta y que los investigados aparezcan prima facie como responsables de ellos. En este caso, la prisión se justifica por la existencia de indicios de delito de rebelión o sedición, así como de malversación. El auto precisa, dado el carácter rarísimo de esos delitos, de una justificación de la existencia del proceso rebelde o sedicioso. Es lo que hace, con más o menos acierto (asumiendo en gran medida el relato de la querella) la magistrada. No deja de ser significativo, por cierto, lo poco que se discute esta narración de hechos. A menudo, cuando se argumenta contra la fundamentación de una prisión, los letrados intentan destruir precisamente este punto, ya que es presupuesto de la prisión. De existir, a mi juicio, un punto débil en el auto, se encontraría aquí: en la existencia de rebelión, y en la acreditación indiciaria de una conexión entre ciertos actos sediciosos (que, en mi opinión, se han dado masivamente) y la conducta concreta atribuible a los querellados. Yo, como letrado, habría centrado ahí mi trabajo. La querella flaquea precisamente en ese punto. Naturalmente, la instrucción puede ampliar esos indicios, pero para acordar la prisión el juez ha de contar ya con ellos y han de ser suficientes. Por resumir: yo habría hecho hincapié en la pregunta ¿qué hechos concretos sediciosos o rebeldes se imputan a mis representados? Hablo en términos penalmente relevantes. Ya sé que los investigados han dado un golpe de Estado, pero dada nuestra legislación, este puede ser impune como rebelión o sedición, sin perjuicio de que sean casos de prevaricación y desobediencia.

Recordemos que como el propio auto indica, de acuerdo con nuestra legislación vigente y con la jurisprudencia del TC, para que pueda ordenarse la prisión provisional debe concurrir al menos una de las siguientes circunstancias:

a)Evitar el riesgo de fuga.

b) Evitar la destrucción de pruebas.

c) Evitar la reincidencia.

Esto es importante: basta con que concurra uno de ellos. Solo uno. Como argumentaré, en mi opinión, concurren los tres.

Veamos que nos dice el auto sobre cada una de ellas:

a) Sobre el riesgo de fuga, señala que los delitos de los que les acusan están severamente penados y que cuanto mayor es la pena, mayor el incentivo para huir; que los acusados tienen medios económicos para vivir en el extranjero o pueden conseguirlos fácilmente; y que algunos de ellos ya han huido (como el Sr. Puigdemont).

Ninguno de estos argumentos tiene mucho peso. Si fuese una mera cuestión de la importancia de la pena, la ley ordenaría la prisión provisional para todos los delitos graves, cosa que no hace. La posibilidad de contar con medios económicos tampoco parece suficiente. Habría que ordenar la prisión provisional de cualquiera que perteneciese a la clase media española o simplemente contase parientes o amigos que han prosperado o han emigrado al extranjero. Y lo de que otros han huido no es un argumento válido puesto que precisamente habiendo presuntamente cometido todos el mismo delito unos han tomado la decisión de huir y otros la de quedarse y someterse voluntariamente a la acción de la justicia. Dicho de otra forma, el argumento sirve para pedir la prisión de Puigdemont, pero no la de Junqueras. No puede decirse tampoco que estemos en presencia de una organización o banda en la que sus componentes actúan conjunta o coordinadamente. Parece obvio que consideraciones de carácter personal o/y político han determinado conductas muy diferentes de los acusados.

Decir que no tienen peso los argumentos del auto me resulta incomprensible.

El propio artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirma que:

“Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley”

Es decir, la propia ley ya nos dice cuales son los criterios que han de considerarse.

Que los hechos son gravísimos y que la pena en abstracto también lo es no parece exigir más argumentación, ¿verdad? Reitero: por esta simple circunstancia se ha decretado prisión provisional en casos de homicidio y lesiones graves, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la salud pública, contra la propiedad, etc.  Y en ocasiones pese a tratarse de personas sin recursos económicos de ningún tipo.

Por otra parte, todo es discutible, pero parece obvio que ser de posición acomodada facilita la huida. Como lo facilita contar con la posibilidad de apoyo (en este caso no solo de familiares, sino de asociaciones con cientos de miles de militantes). ¿En serio esto no es relevante? Y sí, claro que este riesgo aumenta según aumenta tu estatus. Es lo que tiene la posición económica. Al igual que yo no defiendo que una persona de clase baja quede impune por serlo, salvo que concurra un auténtico estado de necesidad, defiendo que se tenga en cuenta seriamente el daño que hacen las personas acomodadas cuando deciden delinquir. Y el riesgo más acusado de que se salgan con la suya. Es la cara B de la moneda. Llevo muchos años protestando por esto: el escándalo es que se trate peor a los pobres incluso cuando ser pobre debería ser un argumento a tu favor. Aquí hay una disonancia cognitiva: los que somos de clase acomodada nos ponemos nerviosos cuando un “trajeado” entra en prisión. Pensamos (quizás de manera informe) que puede ser uno que se dedica a lo mismo que tú, un amigo, un familiar o incluso ¡uno mismo! Hay que salir de esa disonancia: los ciudadanos tienen derecho a un trato igual. El rico tienen ventajas (entre otras cuenta con mejor defensa); no le demos también aquellas que son inadmisibles.

En cuanto a la influencia de la huida de otros querellados, estaría de acuerdo con el articulista si no fuera porque Puigdemont y cía. han anunciado un concierto en su plan de huida con los querellados que sí se han presentado y los querellados no se han molestado en negar ese dato. Si Puigdemont afirma que han decidido repartirse “roles” y que algunos vayan a declarar mientras otros se refugian en Bélgica, parece obvio pensar que su comparecencia obedece a motivos espurios que no tienen que ver con la obediencia a los mandatos judiciales, sino a la propia estrategia (que en el proceso lo es criminal). Y los querellados ni siquiera han dicho: “Puigedemont miente” o “Puigdemoint está loco”. No están obligados a declarar, como es lógico, ni se puede inferir de su silencio ninguna consecuencia perjudicial, pero la magistrada puede tener en cuenta otros hechos documentados y si los querellados no dan una versión alternativa, darlos por buenos. Es lo que hace.

b) En cuanto a la destrucción de pruebas el auto no dice prácticamente nada, solo señala que es posible que se produzca y que  a los acusados les gustaría hacerlo, pero no explica el motivo. Podemos pensar que todo presunto delincuente desea eliminar pruebas que le inculpen, evidentemente, pero la cuestión estriba en si está en condiciones de hacerlo. Y en este caso para los acusados la posibilidad es mínima, primero porque han sido cesados en sus cargos y ya no controlan la Administración catalana y sobre todo porque -como ponen de relieve los primeros 15 folios del auto- si sus actos delictivos han sido tan públicos y clamorosos como parece, borrar ahora su rastro no es posible. Digamos que hacer desaparecer la DUI (o la no DUI según las interpretaciones) no está en su mano.

Discrepo. Naturalmente, el auto no ha de explicar por qué un delincuente presunto ha de querer alterar pruebas: va de suyo. Alguien que presuntamente ha cometido un delito hará lo menos, es decir, hará lo que pueda para quedar impune. No hay que explicarlo; se presume.

En cuanto a la posibilidad de que ocurra (que es lo único relevante) el auto es breve, pero explica perfectamente por qué cabe el riesgo de alteración, ocultación o destrucción de pruebas: por los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal también indica criterios interpretativos sobre este riesgo:

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

En el artículo que comento se hace referencia a que los hoy encarcelados han sido cesados y no controlan la administración catalana y a que los delitos se han realizado notoriamente.

Ambos argumentos son refutables. La ley habla de la capacidad del investigado para acceder “por sí o a través de terceros” a las fuentes de prueba o “para influir” sobre determinadas personas.

¿De verdad creemos que los que han sido gobierno de Cataluña hasta hace poco, y que son cabeza de una serie de partidos y organizaciones muy poderosas, muy numerosas y con un grado extremo de implantación no solo en la sociedad sino en la administración autonómica, han perdido esa capacidad de influir en personas que pueden tener acceso a fuentes de prueba? La instrucción sirve para eso. Por ejemplo, para ver comprobar hasta qué punto existió una organización de los disturbios y de las actividades obstruccionistas que, por sí solas, supondrían sedición. Se trata de saber si lo que es apariencia de concierto, de diseño de un plan, de implementación de ese plan, y del contenido criminal de ese plan, puede o no demostrarse con las exigencias del proceso penal. ¿Pensamos que da igual que los cabecillas puedan libremente actuar o creemos que es mejor limitar ese acceso a esas pruebas, que pueden estar en cualquier lugar de la propia administración?

En cuanto a la cuestión de que los delitos hayan sido públicos o clamorosos, hay ahí una falacia. El proceso ha sido clamoroso, pero también todas sus mentiras. De hecho, es perfectamente razonable que haya muchas partes ocultas del proceso (en realidad, es seguro, ya que los propios secesionistas presumían de ello, de sus planes maquiavélicos para engañar al Estado). Hoy empezamos a saber que muchos opinadores, incluso internacionales, favorables al secesionismo catalán, habían sido engrasados con dinero público, por ejemplo. Ignoramos qué instrucciones se recibieron por los mossos. Hace poco se intervino una posible destrucción de pruebas por la policía nacional. Verán que hablo en condicional, pero es que esa es la cuestión: el fin constitucionalmente legítimo es asegurarnos de que los querellados no hagan lo que se presume harán si se les deja: borrar las huellas de los elementos del tipo. Por ejemplo, de su participación en la organización de hechos violentos, de haber existido.

c)  Lo mismo cabe señalar sobre evitar la reincidencia. Solo indica que los actos se han planeado durante dos años. ¿Y qué tiene eso que ver con el asunto de que se trata? Hay delitos que se planean durante mucho más tiempo y no son susceptibles de reincidencia. En realidad, lo que parece decir el auto, como en el caso anterior, es que les gustaría reincidir (de eso yo tampoco tengo ninguna duda sobre todo si vuelven a ganar las elecciones). Pero de nuevo la cuestión es si pueden hacerlo. Y claramente ahora al menos no pueden hacerlo, porque ya no tienen el poder institucional que han necesitado para llegar hasta aquí.

En este punto, mi discrepancia es absoluta. La rebelión no exige la capacidad institucional. De hecho, lo que puede afectar en mayor medida (ya hablaré más extensamente de esto en otra ocasión) a la consistencia de la rebelión es precisamente que estamos en presencia de una especie de pseudoautogolpe (quizás despenalizado como tal). Es decir, la presencia de los querellados en las instituciones es lo que más ha coadyuvado al uso del engaño y la astucia, porque el miedo y la dejadez del Estado los había mantenido en uso de instituciones con poder coercitivo y legislativo. Ahora, cuando otros querellados siguen afirmando ser miembros de un “gobierno legítimo” y cuando, pese a estar convocadas elecciones autonómicas, los mismos querellados hablan de elecciones plebiscitarias, resulta obvio que el fin último, la secesión contra la ley española, que no se reconoce, sigue manteniéndose. No es una opinión mía: es lo que resulta de sus actos. ¿Por qué hemos de pensar que los que se han pasado por el arco del triunfo la Constitución Española, nuestro ordenamiento jurídico y múltiples resoluciones del tribunal Constitucional no han de intentar movilizar a las personas que comparten sus fines para alzarse violentamente y continuar con su conducta secesionista cuando convenga “estratégicamente”?

Da la sensación de que existe algo así como una especie de alivio. Al final lo que se preveía como un choque civil, incluso como disturbios, se convirtió en un ratón. Y, claro, hay miedo de tocarlo, no sea que se rompa. Pero esto es también es peligroso: como esto ha ido tan lejos, pero al final no ha pasado nada más grave, parece que lo enormemente grave sucedido antes no hubiese ocurrido. Y como si casi hubiera que agradecer a estos hombres que no se hayan sentido con la fuerza suficiente para haber intentado encabezar, tras la DUI, una rebelión civil apoyándose en sus partidarios. Es un error. Lo ya sucedido es tan grave que es ajustado a derecho y proporcional que el Estado adopte las medidas precisas para evitar el riesgo de que se repita. Y sí, los querellados tienen capacidad para ello. Seguramente no para que la secesión tenga realmente lugar, pero es que el delito de rebelión se produce aunque no sea exitoso. De hecho, si tiene éxito suele ser impune. Los golpistas victoriosos no suelen juzgarse a sí mismos.

En fin, el auto no llega a los extremos del famoso auto de los titiriteros que comentamos en este blog en su momento, pero demuestra la tendencia de la Audiencia Nacional (será deformación profesional de tanto tratar con narcotraficantes y bandas armadas) a primero disparar y luego preguntar. Y la verdad es que sin hacer de menos a los titiriteros, este caso hubiera merecido más reflexión y justificación. Esperemos que, como ocurrió con aquél, sea rápidamente corregido previa interposición de los recursos correspondientes. Nuestro Estado de Derecho ante un ataque tan grave se merece una defensa un poco más rigurosa y un poco más trabajada.

Como es obvio, este párrafo final me parece absolutamente inadecuado. Comparar un espectáculo de títeres con uno de los episodios más graves de nuestra historia, sí me resulta poco riguroso.

Entremeses

 

De esto de Espada, me ha hecho mucha gracia la frase: Leer está al alcance de cualquiera, y leer reseñas y contraportadas, específicamente, al alcance de la izquierda española. (Sobre la derecha nada debe decirse porque está claro que la derecha no lee, y cuando lee es que lee de verdad).

Por lo demás, el discurso de Fernández es correcto. Si a algunos les parece brillante sospecho que es por comparación. Esto explica alguna reacción airada que he visto contra el discurso, por lo demás tan moderado y crepuscular. Espada da en la diana: ¿se imaginan algo similar producido por Pedro Sánchez? Solo menciono al líder del PSOE porque Fernández es algo así como su antecesor.

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Racional, prudente y didáctico, Ignacio Gomá: aquí.

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El artículo 155 debería haberse utilizado ya. Hace al menos dos años que se dan sus supuestos de hecho. No se ha utilizado porque los españoles no tienen interiorizado que hay que respetar la ley siempre. Es así de simple. Hemos comprado todos los principios, nos hemos dado la pátina, pero solo nos separa una generación del hambre, como a Clarice Starling y se nota: nuestro bolso es caro, pero los zapatos nos delatan.

 

 

Papel para envolver pescado

 

Desde hace unos días me he hecho cargo de un asunto penal que está pendiente de juicio. No voy a dar muchos detalles y seguro que ustedes lo comprenden. Sí puedo, sin embargo, hablar de algo más general.

En asuntos de esta naturaleza siempre troceamos el negativo de la vida de unas cuantas personas, construimos un relato y, al hacerlo, empaquetamos aquellos pedazos. Si eres profesional, actúas con cuidado. Hace mucho que no aspiro a buscar la verdad. Hablaba hace poco con un familiar del acusado, hoy preso preventivo, y, ante sus protestas sobre la inocencia y rectitud de este, le explicaba que me daba igual: trabajo con los datos y, con ellos, con la parte que más me conviene, construyo versiones. Intento que resulten coherentes, rocosas, pero a menudo fracaso. Esto es lógico: mis versiones (cuando soy defensor) buscan exculpar y, a veces, son poco compatibles con la sombra de la realidad que llamamos pruebas. En todo caso, incluso en esos momentos en los que esa compatibilidad es muy alta, evito dar el paso de convencerme de que estoy contando la verdad. No todas las personas reaccionan igual cuando les explico esto. Estoy seguro de que muchas se preocupan. Pero es mi forma de ser sincero.

En todo caso, es un trabajo que me gusta. Busco fallos y los encuentro. Busco discordancias y las encuentro. Busco al entusiasta y al literato, y siempre lo encuentro. Estamos infectados por el énfasis y por la literatura. No es extraño que las personas que tienen alguna participación en un hecho criminal —como autores, como testigos, como investigadores— se dediquen a la creación. A veces a la microcreación. Cada vez que lo hacen nos facilitan el trabajo a los abogados, aunque lo ignoren.

También busco mi propio argumento. El argumento que lo será pronto de mi cliente, si me hace caso. Hay también un material de base inventado, un fondo que no utilizas completamente, precisamente para que parezca real. Un elemento esencial es el azar. Incluso el azar debe encajar. También el error. Una buena versión debe incluir pequeños errores inocuos (los demás también buscan mis pequeños fallos, así que es mejor que los cree yo para que, una vez los encuentren, desistan de buscar otros involuntarios).

Llevo pocos días con el asunto que comentaba al principio, pero he disfrutado. He creado una línea de defensa que quizás funcione cuando parecía un caso perdido. Además, tengo un plan B y un plan C. En todos ellos minimizo el daño y son muy potentes.

Los que se preocuparon cuando se encontraron con alguien que identificaron con un cínico, han empezado a olvidarse de si lo soy o no. Empiezan a convertirse voluntariamente en personajes del relato. Se ha abierto el telón y las tablas se han convertido en un plaza de Verona. La obra empieza con una introducción que es una biografía. Para ganarme al público, es preciso que el torpe, y a la vez avieso, criminal se transmute en un pobre hombre trastornado, víctima de décadas de abuso, un fracasado al que condenan las apariencias, hasta que excavas en su pasado y ves que pueden explicarse de otra forma. Si lo consigues es más fácil que compren tu argumentario, esas interpretaciones a veces rebuscadas de artículos o de principios generales.

Les cuento esto por dos razones: en primer lugar, les quería transmitir un esbozo de una de las partes más divertidas de mi trabajo. En Philadelphia, el abogado enfermo de SIDA, Andy Beckett, responde en el juicio que lo mejor de ser abogado es que, muy de vez en cuando, participas en un acto en el que se imparte justicia. Concuerdo: lo mejor de ser abogado es escribir un guión en el que un personaje dice esto y los demás se emocionan. A veces, ese guión parece escribirse solo; pero, aun así, si lo haces bien, termina pareciéndose al toque final del maestro relojero. En esas pocas ocasiones, muy de vez en cuando, eres poderoso.

Hay una segunda razón. Esta misma historia fue contada en un periódico. Casi el mismo día en que sucedieron los hechos. La noticia, tal y como se cuenta —basada en fuentes policiales—, no solo es la peor versión, la más perjudicial para mi cliente (algo quizás lógico), sino que incluye también una gran cantidad de literatura. La periodista no se limita a contar. También inventa. Solo que su invención es grosera. Hace más: especula abiertamente sobre el perfil criminal de alguien de quien no sabe nada, utilizando como argumento precisamente la ignorancia. Esa inmoralidad tan habitual: cuando no sabemos, rellenamos los vacíos, imaginando lo peor. Lo hace, por cierto, dando el nombre y los apellidos del acusado. Estoy absolutamente convencido de que la periodista ni se planteó, al hacerlo, que pudiera estar jodiendo —jodiendo mucho— a alguien con su literatura. Las personas suelen tener familias, amigos, vecinos, conocidos.

Un día quizás pueda mostrar una sentencia y pueda enlazar ese artículo de prensa, para que puedan juzgar. Si llega ese día, y quien tiene que autorizarme me autoriza, cuando enseñe ambos también sabrán ustedes los nombres y los apellidos. Pero no solo del hombre al que aun no han juzgado en un tribunal, aunque en la prensa aparezca como un depravado.

Como verán, no puedo ser más sincero. Ese día, si llega, leerán dos relatos. En uno de ellos habrán trabajado durante meses policías, abogados, fiscales, jueces y médicos. En el otro, habrá trabajado una periodista un par de horas, como mucho. Los dos serán falsos. Pero es seguro que uno de ellos lo será mucho más.