Un engrudo deletéreo

 

No conocía a Itziar Ituño hasta hoy. Es actriz, vasca, y por lo visto tiene un amigo en prisión.

Este vídeo (de hace cinco años) y otro en el que pide el acercamiento de etarras a prisiones del País Vasco, y su apoyo a un homenaje a Otegi, se están aireando para pedir el boicot a una serie de televisión en la que participa. Hay quien protesta y habla de calumnia.

La actriz, en el pregón, mencionó las semillas de “Txus”, que han florecido.

He buscado información sobre su amigo. Y con esa información (básicamente correcta, aunque contiene algún pequeño error) he encontrado las sentencias que nos explican algo sobre los motivos por los que se encuentra en prisión.

Martín Hernando fue condenado a 3 y 7 años de prisión en Francia por asociación de malhechores con fines terroristas. En España, que yo sepa, no ha sido condenado por pertenencia a banda armada; estuvo huido en Francia (según él) desde 1994. Cuando fue entregado a España, tras cumplir esas penas, se enfrentó a tres causas:

1.- De una de ellas, salió absuelto (se le acusaba un delito de estragos terroristas) por prescripción. La declaración de hechos probados de la sentencia, sin embargo, afirma que puso, en unión de otra persona, una bomba el 6 de septiembre de 1993, en las cercanías de un bar. La bomba no explotó porque fue desactivada por la ertzaintza. La sentencia se basó en la declaración de un coimputado (Koldo Martín Carmona), prestada espontánea y voluntariamente, ante la policía, ante el juez, y en el juicio previo, que se complementa por una serie de datos objetivos (precisos para desvirtuar la presunción de inocencia en aquellos casos en los que la condena se basa precisamente en eso): esencialmente que ambos arrendaron un piso (utilizado para dar apoyo al comando Vizcaya, que fue resgistrado poco después y donde se encontraron pertenencias del acusado), el uso del vehículo de Martín Hernando, al que se refiere por su apodo, para desplazarse al lugar del crimen y la llamada efectuada por este avisando de la existencia del artefacto.

2.- En una segunda, la causa por la que sigue en prisión, se le condenó inicialmente a una pena de 36 años de prisión por su intervención (como coperador necesario, no como autor material) en el asesinato del ertzaintza Joseba Goikoetxea Asla, tiroteado en presencia de su hijo de 16 años, al que el fallecido llevaba a la parada de un autobús. Esa pena fue luego rebajada a 18 años por el Tribunal Supremo, por considerar que la cooperación necesaria que se había establecido en la primera sentencia no concurría (salvo en el robo de un vehículo luego usado en el crimen), y que la actuación de Martín Hernando (uno o varios seguimientos esporádicos y ese robo) lo era solo en condición de cómplice. Nuevamente la prueba esencial fue la declaración de varios coimputados (ante la policía y el juez de instrucción), que también afirmaron no haber sido presionados y que la ratificaron en el juicio inicial sobre los hechos (en el que no participó Martín Hernando, entonces huido), aunque catorce años después (cuando se juzgó a este último), esos terroristas condenados dijeron no acordarse de nada de lo que entonces habían declarado. Y de nuevo nos encontramos con una corroboración de su participación por datos periféricos, similares a los que antes he descrito.

3.- En una tercera causa, se le acusaba de ser el autor material de un asesinato de un guardia civil, José Manuel García Fernández, el 3 de mayo de 1996, en un bar de Ciérvana. En ese atentado intervinieron tres personas: una estaba en un coche, otra en la puerta del bar, y una tercera se introdujo en él y disparó en la nuca del agente, que estaba acompañado de su esposa. Conocemos la identidad de dos de ellos (ambos murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1997). Ignoramos la del tercero. La razón fundamental para considerar que Martín Hernando era ese tercero fue el reconocimiento de un testigo, que tras el atentado siguió al autor fuera del bar (era ya de noche) hasta que este se dio la vuelta y lo amedrentó, para después introducirse en un coche. Esa prueba se veía supuestamente confirmada por ser el acusado natural de Santurce y existir una declaración de otro terrorista que mencionaba que los autores habían sido tres y que uno de ellos era un “chico de Santurce”, así como por la aparición, en 1997, en una vivienda de Basauri, entre otro material, de un papel con matrículas de agentes anotadas a mano. Se introdujo en el juicio una prueba caligráfica de que la letra era de Martín Hernando, y por una de las matrículas en cuestión se sabía que la anotación era coetánea al crimen (lo que supuestamente desmontaba la presencia en Francia del acusado). El tribunal, sin embargo, absolvió en este caso y, más aún, consideró autor material a uno de los etarras muertos en 1997. Les recomiendo que lean la sentencia, porque es un buen ejemplo de una manera “jurídica” de razonar. Lo cierto es que la acusación era tremendamente dudosa, que no había pruebas consistentes de la participación de Martín Hernando en los hechos y que, en realidad, concurren pruebas de descargo de cierta entidad (sobre todo la talla del autor material).

Esto es lo que podemos saber sobre Txus Martín Hernando consultando las sentencias. La prensa también nos indica que en 2010, cuando se encontraba en Francia, intentó suicidarse, tras pasar muchos años en aislamiento. Al parecer, sufre un grave trastorno psiquiátrico.

Ignoro si Itziar Ituño, cuando habla de la semilla y los frutos de su amigo, se refiere a otra cosa, a algo diferente. Quizás el condenado es poeta o tiene hijos o alguien ha plantado en su nombre un rosal. No seguiré haciendo hipótesis. No hace falta; porque es evidente que, incluso en tal caso, la mezcla de lo que falta en el discurso de la pregonera con su énfasis y su emoción se convierte en un engrudo deletéreo. En los datos biográficos a los que puedo acceder solo hay dolor, embrutecimiento, inutilidad. Una biografía de mierda.

No me gustan los boicots organizados y dirigidos contra personas concretas. Desprenden la fetidez de la turba. Solo quería saber algo más, pero no ha servido de mucho.

Sé una cama dura para tu amigo, decía Nietzsche por boca de Zaratustra. No se lo digo a la actriz.

 

Voceros del pueblo

 

No he leído el auto que ha dictado el magistrado Eloy Velasco para justificar la prisión y demás medidas cautelares adoptadas contra diversas personas la semana pasada, porque no lo he encontrado. Ustedes perdonarán mi torpeza. No obstante, esto puede ser una ventaja: avanzará la instrucción y veremos en qué queda todo esto. De momento he leído este artículo de Cayetana Álvarez de Toledo, que me ha gustado por lo sensato y porque, como de costumbre, está muy bien escrito. No puedo, como he dicho, dar una opinión sobre su análisis del auto porque no lo he leído, pero en el artículo se menciona algo que ya había leído en tuiter y que me parece muy llamativo. Se trata de algo que dijo el magistrado Velasco aquí:

P: ¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…

R: Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.

Antes de explicar qué pienso de la respuesta del señor Velasco, creo que es interesante mencionar una institución jurídica, la llamada interpretación sociológica. Es la que resulta del artículo 3.1 del Código civil, que dice:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

El Título preliminar del Código civil (lugar en el que se encuadra esa norma) ha sido tradicionalmente considerado (a pesar de que su lugar en la jerarquía normativa no sea formalmente superior) aplicable al conjunto del ordenamiento jurídico, ya que en él se tratan cuestiones generales, como el de las fuentes del derecho y las reglas para su interpretación, o se incluyen principios (buena fe, proscripción del abuso de derecho) que son exigibles en todo el edificio legal. Por tanto, esa norma es también aplicable, en principio, al derecho penal.

Ahora bien, hay que ser muy prudente a la hora de aplicar esos principios interpretativos:

1.- En primer lugar, porque son eso, reglas de interpretación. No pueden ser nunca un cauce para la invención. Y, en el caso de la interpretación sociológica, no debe ser una forma de introducir supuestos cambios cuando la realidad ya existía en el momento de dictarse la norma y era suficientemente mayoritaria.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su sentencia 752/2011, de 20 octubre, dice:

Por otro lado, no cabe invocar, como hace el Abogado del Estado recurrente, la conveniencia de una interpretación sociológica que iría más allá del texto del artículo 1002 del Código Civil (…). La situación creada no es ajena ni extraña al tiempo de promulgación del Código Civil y, sin embargo, el legislador no la tuvo en cuenta a la hora de redactar el precepto.

Esto, por otra parte, es lógico, pues el propio Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente que:

“… esta regla contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquéllas, en relación con los demás elementos hermenéuticos. La misma sentencia advierte que no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente, al caso concreto. Es, pues, la realidad social un elemento de la interpretación de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad. Como tal elemento de interpretación, no puede tergiversar la ley, cambiarle su sentido o darle una aplicación arbitraria”

2.- En segundo lugar, en el ámbito penal, esta regla interpretativa ha de ser utilizado con muchísimo cuidado, y no solo por la aplicación de principios como el de la presunción de inocencia, la regla in dubio pro reo o la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley desfavorable, sino por la existencia de otra regla interpretativa en el propio Título Preliminar del Código civil; esta:

Artículo 4 (…) 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

Por esta razón, la interpretación sociológica solo se ha aplicado tradicionalmente en el ámbito penal cuando se efectuaba a favor del reo (no es extraño que se haya utilizado habitualmente en delitos relacionados con la pornografía, por ejemplo), ya que, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia 654/2009 de 8 junio:

En definitiva, pues, la interpretación de la ley penal debe ser estricta, sin que pueda ser aplicada, en ningún caso, con criterios de analogía “in malam partem”, lo cual no es óbice, sin embargo, según reiterada jurisprudencia, para que, en el ámbito penal, quepa la analogía “in bonam partem” y sea posible la aplicación del principio “favor rei”.

Ahora, con estos mimbres podemos analizar las palabras del magistrado Velasco, a mi juicio muy desafortunadas:

1.- El juez debe aplicar la ley. Para cambiarla están los parlamentos. Y al juez no le deben influir, en la aplicación de la ley, en particular para ser más riguroso, si el “sueldito” de los “pobres” se ha usado para rescatar empresas. Por mucho que privadamente le preocupe.

2.- Los jueces no han de “interpretar conforme al pueblo”. Y menos aún porque el juez se considere parte del pueblo y el pueblo no perdone A) o B). Eso es un auténtico disparate. Los jueces son un poder del Estado y han de utilizar las reglas hermenéuticas previstas en la ley, como hemos visto. Y una de ellas es la relativa a la evolución de la realidad social, en la medida en que haya cambiado respecto de la existente cuando se aprobaron las normas que se aplican. Esa modificación no se refiere a cambios de humor de la opinión pública, producto de ciclos de crisis o políticos, sino a algo más estable y profundo (por eso suele utilizarse con normas que no se han modificado en décadas). Más aún: ¿pretende el magistrado afirmar que las conductas descritas en los tipos penales (todos ellos vigentes antes de la crisis) se consideraron delictivas pese a que a la mayoría de los españoles no les pareciera una chorizada eso por lo que se está condenando y enviando a gente a prisión hoy? Esa es una de las preguntas claves: ¿ha cambiado la sociedad española y ahora cree que debe ser delito algo que antes no lo era, o simplemente como resultado de la crisis ahora exige caras concretas en prisión a los que echar la culpa de su situación?

3.-  El juez dice literalmente algo muy perturbador: “Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual“. Ahí falta lo más importante: el legislador. Si hay nuevas “necesidades penales”, es decir, si el “pueblo” quiere ser más exigente en el ámbito penal, no hay más que un camino: se reforma la ley y desde ese momento esas conductas estarán castigadas o se castigarán de forma más grave. Y ahí el juez no tiene que interpretar ninguna realidad social, le basta aplicar esa ley nueva. Si los jueces interpretan la ley penal existente para castigar más duramente porque la gente ahora quiere más sangre (que hace cinco años), o se exceden o esto supone un reconocimiento de que antes no la aplicaban correctamente. Porque la única manera de interpretar, conforme a derecho, esas palabras, sería la siguiente: aunque el legislador aprobó en 1995 (y en las sucesivas reformas del Código Penal) unas leyes que castigaban ciertas conductas (delitos económicos esencialmente) de una determinada manera, como la “realidad social” era mucho más laxa con estas conductas que ahora, los jueces las aplicaban con benevolencia. Esto es inadmisible, a mi juicio, por dos razones: porque yo no creo que esa realidad (insisto la realidad sociológica, no las encuestas, la opinión de los tertulianos o tuiter) de la sociedad española en 2017 sea tan diferente de la de 1995, 2000, 2005 o 2010, como para justificar esta vuelta de tuerca; y porque la realidad es la referida al castigo en abstracto de ciertas conductas no a la política criminal sobre su persecución (la ley penal castiga conductas, no ordena que la policía, los fiscales o los jueces inviertan más o menos tiempo o esfuerzos en perseguir ciertas conductas). En realidad, esta terrible interpretación de sus palabras casi se deduce del texto: ya no se perdonan cosas que antes se perdonaban. Yo pregunto: ¿quién las perdonaba?, ¿ellos, los jueces? ¿Antes perdonaban “desfalcos”? ¿Desfalcos?

En resumen: es muy preocupante que a un magistrado le preocupe que la gente lo esté pasando mal, que él lo este pasando mal (pues él es pueblo, es gente, y tiene un sueldito) y que, por esta razón, se convierta en un intérprete de una supuesta voluntad inexistente (no hay un “pueblo” al que preguntar, el “pueblo” no quiere X o Y: hay parlamentos elegidos por los ciudadanos que aprueban las leyes), con la finalidad, además, de castigar más duramente a los que no son “pueblo”, es decir, a los mismos tipos a los que precisamente él puede enviar a prisión y a los que antes se les “perdonaban” cosas. La realidad social NO es la supuesta voluntad de la nación (entre otras cosas, como he dicho, porque tal voluntad no existe).

No soy un ingenuo. No deduzcan eso de lo que acaban de leer. Sé bien que es posible que antes se persiguiera menos la corrupción y que esto fuera corrupción. Pero, ojo, la arbitrariedad del Estado es muy peligrosa cualquiera que sea su sentido. Los jueces no son “gente” con sueldecillos, son personas con un gigantesco poder. Y yo siempre espero que lo usen con responsabilidad y moderación, y no abusen de él porque los españoles necesiten que se represente un psicodrama. Hace unos días escribí que era una excelente noticia que un expresidente de la Comunidad de Madrid ingrese en prisión, porque presumo que el fiscal que pidió la medida y el juez que la adoptó tenían serias y solventes razones para tomar esa decisión, y es bueno que a los poderosos se les aplique la ley como a todo hijo de vecino. Lo mantengo. Pero con entrevistas así, el señor Velasco me lo pone más difícil.

No sé si Cristo rio, pero yo ayer me descojoné un rato

 

Ayer, mientras conducía, me puse a escuchar la radio y pillé, en Onda Cero, una especie de diálogo siniestro sobre Giordano Bruno.  Por favor, escúchenlo porque es extremadamente descojonante: las voces impostadas, serias, entristecidas; la música fúnebre de fondo; las máximas sobre la verdad y la ciencia. Su punto culminante se encuentra en el momento en el que, para ilustrar el proceso, contra Bruno, en el que intervino Belarmino, escuchamos de fondo el diálogo de una escena de la película El nombre de la rosa, justo ese en el que el monje Salvatore, el inculto, procaz y contrahecho Salvatore confiesa todos sus crímenes en su lengua pseudoadánica, a la vez que afirma que es un hombre inculto, un simple, que no entiende de cosas de teología. Ni entro a comentar la historia final, sobre ese supuesto desaparecido brasileño.

Naturalmente, que Bruno no merezca el nombre de científico (ni siquiera en términos laxos), pues fue un filósofo y teólogo; que las cuestiones cosmológicas fueran absolutamente secundarias en su condena; que Bruno no fuera ningún simple contrahecho, sino un tipo ilustrado, con posibles, y con muy buenos amigos y protectores en la Iglesia; que el caso de Giordano Bruno (a diferencia del caso de Galileo) no tengo nada que ver con la verdad científica (Bruno decía tantas trolas y era tan dogmático como el que más), ni desde luego con la libertad de pensamiento ni el progreso de la ciencia; y que Belarmino no fuera el “tonto’lhaba” que se vende desde hace siglos, sino un personaje interesante (muy de su época), con muy amplios conocimientos, no solo de teología y filosofía, sino de matemática y cosmología (la de entonces, claro); nada de eso, digo, le importa al que ha ideado y creado la cosa esa que ayer dramatizaron en ese programa de radio.

Seré prudente. No es raro que en un programa de radio metan la gamba, cuando en uno escrito por personas que supuestamente sí saben de qué hablan, producen algo tan sonrojante como lo que pueden ver aquí  a partir del 16’15”:

 

El color y el sexo de la opresión

 

A raíz de un tuit bastante desafortunado publicado por Amarna Miller sobre esclavos y mujeres del que luego se desdijo o matizó (afirmó haberse expresado incorrectamente), recordé algunos datos que había leído hace tiempo. Hay mucha gente empeñada en que la esclavitud (y más concretamente, el discurso racista que fundamenta ciertas formas de esclavitud) es un fenómeno propio de la cultura “blanca”. Y, cuando se mezcla lo anterior con el feminismo y el sometimiento tradicional de la mujer a los hombres, a la cuestión se le añaden más capas y peleas por saber quién ha sido más víctima (a veces, como es natural, con la intención de usar ese discurso como instrumento de poder, como sucede con todos los que se autoatribuyen la condición de víctimas vicarias por el pasado de sufrimiento de personas que pertenecen a ciertos colectivos).

Yo creo que tanto la esclavitud como el sometimiento de las mujeres tienen un fundamento básicamente biológico. Y que esa es la razón por la que se da en prácticamente todas las culturas y épocas. En el caso de la esclavitud basta con la aparición de excedentes, y de especialistas religiosos y militares. Hay pruebas y ejemplos para aburrir. A menudo (aunque no siempre), a este hecho de poder se le añade una justificación religiosa o ideológica racista. Pero esto también ha ocurrido en todo tipo de culturas y con personas de cualquier raza. Lo asombroso es que mucha gente ignora esto.

En cualquier caso, les decía que recordé cierta historia y ciertos datos. Se trata de esto:

Antoine Auguste Dubuclet II nació en 1774 en Bayou Goula, Iberville, Luisiana. Era negro y libre. Su padre, llevado a Luisiana en 1748, de nombre Antoine Dubuclet I, también era negro, pero no sabemos si libre o, si lo era, desde cuándo y cómo fue liberado (recuerden que Luisiana fue francesa, luego española, luego de nuevo francesa y, finalmente, fue vendida a los Estados Unidos en 1803).

Rosalie Belly era mulata y libre. Su padre, un francés, de nombre Pierre Belly, un hombre rico, propietario de casi cien esclavos y de una gran plantación, se casó, tras manumitirla, con una esclava jamaicana de su propiedad, llamada Rose Marie, y tuvo con ella seis hijas. La ley de Luisiana no admitía la legalidad del matrimonio y la fortuna de Pierre fue repartida: la mitad para sus hermanos, una cuarta parte para Rose Marie y la otra cuarta parte para sus seis hijas. Una de ellas era Rosalie Belly.

Antoine Auguste Dubuclet II y Rosalie Belly se casaron y tuvieron diez hijos. Al morir Antoine Auguste Dubuclet II, en 1838, el hijo varón de más edad Antoine Solide Dubuclet se hizo cargo de la plantación familiar, Cedar Grove (la madre fue a vivir a Nueva Orleans con los hijos pequeños).

Antoine Solide Dubuclet, en 1830, se casó con Claire Pollard. Claire era negra, libre y dueña de tierras y esclavos. Tuvieron nueve hijos. Claire murió en 1852. Antoine Solide Dubuclet volvió a casarse, casi una década después con una mujer llamada Mary Ann Walsh, con la que tuvo tres hijos más. Los hijos fueron educados en Francia.

las habilidades de Antoine Solide Dubuclet lo convirtieron en uno de los plantadores más ricos del sur. Era dueño de más de un centenar de esclavos y sus propiedades estaban valoradas en la época de la Guerra de Secesión en alrededor de cien mil dólares de entonces. Una fortuna enorme. Muy superior a la media de los propietarios blancos.

Tras la Guerra de Secesión fue designado secretario del Tesoro del Estado de Luisiana por los republicanos. Murió en 1878.

Hombres y mujeres, negros. Y propietarios de esclavos.

Puede que piensen que se trata de un caso raro, pero algunos estudios sugieren que no lo fue tanto. Según el censo de  1830, uno de cada ocho negros era libre y 3.775 negros libres eran dueños de 12.740 esclavos.

Larry Koger, en una obra sobre los propietarios negros de esclavos en Carolina menciona que había negros esclavistas desde Nueva York hasta Florida, aunque la mayoría vivía en Luisiana, y que era muy habitual, antes de 1860, que mujeres negras libres heredasen esclavos de hombres blancos y que los utilizasen como base para negocios de éxito. Tanto, que en Charleston, sobre 1860, el 70 % de los esclavos eran propiedad de mujeres negras.

Y aunque muchos de estos propietarios (hombres y mujeres) fueron “buenos amos” con sus esclavos (permitan esa inadmisible expresión), otros como John Carruthers Stanly o Justus Angel y Miss. L. Horry (propietarios en ambos casos de más de cien esclavos) fueron ejemplo —incluso entre tanto hijo de puta— de crueldad y de esas prácticas que tanto asco nos producen, como la venta separada de niños y padres.

Y esto en el mismo centro del esclavismo y el racismo blancos: los Estados Unidos de América del siglo XIX.

La visita al esclavismo y racismo africanos y asiáticos la dejamos para otro día.

Dramatis personae

 

A todos nos gustan las buenas historias. Una subespecie de las buenas historias son las historias con héroes “anónimos”. Hace poco me encontré con una. Para explicarme, sin embargo, esta vez voy a contar cómo fui descubriéndola (con todas sus ramificaciones). Así lo hago, porque la historia no necesita épica, pero algunos han cedido a la tentación de inventársela.

Todo comienza en un libro que leo sobre la invasión de Italia en la Segunda Guerra Mundial. En él se dedica un buen espacio al “pequeño Pearl Harbor”, el ataque aéreo alemán sobre Bari. La ciudad había sido conquistada tres meses antes por el ejército británico y su puerto se encontraba repleto de buques, sobre todo cargueros. Mal defendida, en una de esas coñas del destino, el mariscal Sir Arthur Coningham había afirmado cuatro días antes del ataque que consideraría una ofensa personal que la Luftwaffe intentase llevar a cabo una acción significativa en la zona.

El bombardeo fue de tal calibre que casi treinta mercantes terminaron hundidos y murió un millar de soldados. En cuanto a las bajas civiles, es imposible saber el número.

El ataque, además, es famoso porque uno de los buques hundidos fue el SS John Harvey, un mercante artillado de la clase Liberty.

Prácticamente nadie en Bari sabía cuál era la carga real de ese buque. Tan secreto era su contenido que llevaba cuatro días en el muelle, esperando a ser descargado; se había dado preferencia a otros buques que llevaban pertrechos médicos o munición. Lo terrible era que el buque sí llevaba munición: concretamente dos mil bombas M47A1 cargadas con gas mostaza. La explicación de la carga se encuentra en la información cada vez más alarmante recibida por Eisenhower y Churchill acerca del posible uso por los nazis de armas químicas, algunas supuestamente de nueva creación y más terroríficas. Las armas químicas no llegaron a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial, pero todos los dirigentes de la época recordaban los estragos que habían causado en la primera (más de un millón de soldados heridos). Esa fue la razón de que los estadounidenses establecieran depósitos en el norte de África y de que hubiesen decidido trasladar las primeras bombas a Italia.

Como casi nadie conocía el contenido del barco, cuando explotó (matando a su capitán y a sus setenta y siete tripulantes) y expulsó su carga tóxica (al aire, en forma de gas, y al agua, en forma líquida), nadie tomó la más mínima precaución. Personas con heridas leves ingresaron en los hospitales improvisados y los médicos empezaron a comprobar cómo aparecían síntomas inexplicables: ojos llorosos, ceguera, baja presión sanguínea, ampollas en la piel, etc. Pronto empezaron a morir y los médicos sospecharon que eso que llamaban dermatitis no diagnosticada tenía que obedecer a alguna causa, y se empezó a extender el rumor de que quizás habían sido atacados con armas químicas o que ese “olor a ajo” que desprendían los barcos hundidos en el puerto quizás explicase lo que sucedía. Los altos mandos que conocían la verdad (apenas una decena) decidieron ocultarla y no informaron a los médicos. La razón, al parecer, era el miedo a la represalia nazi sobre Reino Unido si Hitler llegaba a saber que se estaban descargando esas armas, aunque, a los pocos días, Axis Sally ya estaba riéndose de los soldados aliados con frases como, “eh, chicos, por lo visto os han quemado con vuestra propia mostaza”.

Aquí aparece el Dr. Alexander. El 6 de diciembre de 1991 murió Stewart Francis Alexander, como consecuencia de un cáncer en la piel. Era cardiólogo e internista, pero también había sido teniente coronel y experto en guerra química. Fue enviado a Bari urgentemente para investigar lo sucedido. Pásmense: nadie le informó de que en el barco hundido había bombas con gas mostaza e incluso se le negó que fuera así. Dio igual: su conclusión fue la única que se correspondía con los hechos. La causa de la extraña enfermedad era la exposición a la “mostaza sulfurada” y llegó a localizar el foco de la contaminación: el barco hundido. Allí se encontró con fragmentos de las bombas. Rápidamente se aplicaron medidas sencillas que podían haber evitado la mayoría de las muertes de haberse adoptado antes. Quitarse la ropa empapada con la sustancia, lavarse, etc. Murieron 83 de los 623 militares hospitalizados. El médico escribió un memorándum, aprobado por Eisenhower y rápidamente clasificado. Churchill ordenó que se suprimiera toda referencia al gas. Hasta décadas después no se supo la verdad. Hubo que esperar a los ochenta del siglo pasado para que el gobierno británico reconociera los hechos y concediese a los veteranos las pensiones que les correspondían.

El Dr. Alexander me intrigaba porque, en numerosas páginas (y en el propio libro citado al principio), se hacía referencia al hecho de que las biopsias y análisis realizados como consecuencia de la exposición al gas mostaza le habían llevado a la conclusión de que el gas tenía un efecto citotóxico en los glóbulos blancos y que ese trabajo era el origen de la quimioterapia como tratamiento contra el cáncer (concretamente del uso de la mecloretamina en varios tipos de tumores como en el linfoma de Hodgkin).

Es decir, que el SS John Harvey había salvado a millones de personas, como titula enfáticamente este blog.

Al investigar al Dr. Alexander me encontré con otra historia curiosa: la de Nick Sparck. Este escritor y director de documentales había logrado, en 1988, con solo 18 años, un premio nacional otorgado por la National History Day gracias a un trabajo de investigación precisamente sobre el bombardeo de Bari y el papel del Dr. Alexander. Como consecuencia de dicho trabajo, el Dr. Alexander fue homenajeado, cuarenta años tarde, por el ejército norteamericano.

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Léanlo. Es estupendo.

Sin embargo, seguía pendiente la cuestión del papel del bombardeo de Bari y la contaminación por gas mostaza en el origen de la quimioterapia.

Y —ya se lo imaginan— aparecen dos nuevos personajes en la historia. Uno es Alfred Gilman sr (junior, su hijo, es más famoso que su padre, ya que ganó el premio Nobel) y el otro es Louis S. Goodman. Ambos eran farmacólogos, de Yale, y autores, al parecer, de un manual sobre farmacología que recibió en su momento el apoco de “biblia” de la disciplina. Imagino que habrá quitado el sueño a más de un estudiante.

Efectivamente, ambos realizaron investigaciones secretas por encargo del gobierno norteamericano, pero al leer sobre sus trabajos, la hermosa historia sobre el no hay mal que por bien no venga empezó a hacer aguas. Pero, ah, la historia auténtica es también muy interesante.

Digo que hace aguas porque el encargo a los dos prestigiosos médicos es de 1942 (el ataque a Bari se produjo a finales de 1943), y los estudios, primero en animales, y luego en un paciente humano son de ese mismo año. Como se trataba de una investigación secreta, los autores (que no publicaron un estudio hasta 1946) usaban el término “X” para hablar de los componentes del gas mostaza que estaban estudiando.

Y la inspiración de los farmacólogos no se encontraba en un ataque que no se había producido aún, ni en un memorándum todavía no escrito, sino en el trabajo de un matrimonio —¡más personajes!—, el doctor Edward Krumbhaar y su esposa, Helen, realizado en 1919, precisamente ¡sobre el efecto del gas mostaza en veteranos de la Primera Guerra Mundial! Cito dos párrafos de esta estupenda entrada de un médico colombiano:

Pero el hallazgo que ofrece mayores paradojas tiene que ver con la quimioterapia contra el cáncer. La noche del 12 de julio de 1917 cientos de obuses marcados con cruces de color amarillo cayeron sobre el ejército británico que se encontraba ubicado en la ciudad belga de Ypres. Se trataba del conocido gas mostaza. A causa del gas esa noche murieron o resultaron heridos cerca de 2.000 soldados de una manera terrible. Pero solo hasta 1919 Edward y Helen Krumbhaar, estudiaron a los sobrevivientes y encontraron que sus glóbulos blancos estaban muy bajos, las células normales se habían secado, estaban anémicos y necesitaban transfusiones una vez al mes. El gas había barrido solo algunas poblaciones específicas de células de la médula ósea.

Si no hubiera muerto cuatro años antes, el macabro hallazgo de los Krumbhaar habría emocionado profundamente a Ehrlich quien llevaba años buscando una nueva “bala mágica”, diferente al salvarsán, que atacara específicamente algunas células malignas de la sangre, respetando a las benignas. No obstante, tuvo que ocurrir un “incidente” en Bari, durante la Segunda Guerra Mundial, para que se iniciara una mayor investigación acerca de los efectos del gas mostaza. Goodman y Gilman se preguntaron años después sobre el efecto Krumbhaar, o la especificidad del gas para diezmar específicamente a los glóbulos blancos: ¿Podría ese efecto o algún primo etiolado explotarse en un entorno controlado, un hospital, con dosis minúsculas y monitorizadas para hacer diana contra los glóbulos blancos malignos?

Aún nos queda un personaje más. Como habrán visto, si han seguido los enlaces, el primer paciente tratado con quimioterapia, en 1942, era un tal JD.

Se ignoraba todo acerca del misterioso paciente. No se conocía su nombre, su fecha de nacimiento, el número de su historia clínica o las fechas en las que había sido tratado. Sin embargo, en 2010, dos médicos de Yale dieron con su historial, que se había traspapelado. JD había padecido un linfosarcoma. Tratado primero con radioterapia, aceptó cometerse a un tratamiento experimental que, al principio, fue exitoso, pero que no impidió su muerte, un año y un día antes del ataque a Bari.

Los autores de la investigación la presentaron en 2011 con ocasión del bicentenario de Yale.

 

 

Día triste

 

Cientos de palabras; en su mayoría, mera cháchara.

Habría bastado con unas decenas: nos vamos; queremos negociar a la vez la salida y las nuevas condiciones, que hay que vender esto a nuestros votantes; vamos a ver si no nos hacemos daño; si eso quedamos un día de estos.

Incluso mejor, habría bastado con dos: nos vamos. Habría sido más digno.

Impropio de tan grande nación.

 

* * * * *

Esta decisión de la Audiencia Nacional me parece un disparate.

Vamos a mentir un poco

 

Al parecer Podemos se ha abstenido en la votación de una Proposición no de ley del PSOE sobre cotización de cuidadores no profesionales de dependientes.

 

No sé por qué se han abstenido.

La reacción de Susana Díaz ha sido esta:

Ahora mismo hay muchas personas que están diciendo precisamente esto, que Podemos es quien ha impedido que esas cotizaciones las pague el Estado.

Lo que se votaba era una proposición NO de ley. Según el Reglamento del Congreso:

Artículo 193 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar proposiciones no de ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la Cámara.

¿Qué es una proposición no de ley? Veamos qué dice el tribunal Constitucional:

Pues bien, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal las proposiciones no de ley: «se configuran como un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno, pero, también, como una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado, por lo que, en razón de esta doble naturaleza, las Mesas de las Cámaras, en tanto que órganos de administración y gobierno interior, han de limitar sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente establecidos. De lo contrario, no sólo estarían asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política que sólo al Pleno o a las Comisiones de las Cámaras corresponde, sino, además, y desde la óptica de la representación democrática, estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, cuyos efectos representativos ante los electores se cumplen con su mera existencia, al margen, claro está, de que la iniciativa, en su caso, prospere»

Más aún, las proposiciones no de ley (es decir, resoluciones sin eficacia normativa) ni siquiera producen efectos (salvo los políticos) fuera del Congreso (como sí ocurre en otros casos —solicitudes de información, los que se regulan en el Título VII [de los que se dice que tienen eficacia jurídica directa], los correspondientes a comisiones de investigación, etc).

Una proposición no de ley no aprobada NO PUEDE IMPEDIR NADA porque es una SIMPLE DECLARACIÓN POLÍTICA.

Y esta señora es la que se supone va a dirigir el PSOE.

Sí, lo llevamos claro.

 

 

La mentira secesionista

 

Puigdemont no ha defraudado en Harvard. Es lógico que alguien instalado en el incumplimiento de la ley y en un proceso de golpe de Estado, quiera justificar sus actos a toda costa. Y si le da igual la Constitución española, ya me contarán lo que le van a preocupar la verdad y la honestidad intelectual.

Ni me planteo rebatir el disparate de comparar los movimientos en favor de los derechos civiles que buscaban acabar con la legislación segregacionista en Estados Unidos con las posiciones a favor de una secesión de Cataluña. Es insultante. Los unos luchaban por derechos individuales, por el derecho a ser como cualquier otro ciudadano de su país; los otros no. Un catalán no tiene menos derechos que cualquier otro ciudadano español que no tenga la vecindad administrativa catalana.

En cuanto al dibujo inane sobre una España negra frente a una Cataluña arcádica qué quieren que les diga. Me remito a esto, para no aburrir a nadie y no caer en la melancolía.

Sin embargo, sí hay algo que me ha llamado la atención. Sobre el 07’20” del vídeo que les enlazo pueden ustedes escuchar a Puigdemont afirmar que la Constitución española es la única (con la turca) que autoriza al ejército a actuar contra sus ciudadanos. Se refiere al artículo 8 de la Constitución española, que dice, en su apartado 1º:

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Naturalmente, este artículo no puede interpretarse aisladamente, en el sentido de que esas finalidades se ejerzan autónomamente. La dirección del ejército corresponde al Gobierno. Y el Gobierno solo debe utilizarlas cuando sean necesarias y las fuerzas del orden no puedan hacerse cargo de hacer cumplir la ley (algo que se supone solo sucederá en casos extremos).

La comparación es otro insulto más, destinado a introducir en su audiencia la idea de que España es poco menos que un Estado autoritario.

Pero es que sucede, además, que lo que dice Puigdemont es falso. Hago una búsqueda a toda leche en algunas constituciones vigentes (he intentado encontrar textos traducidos; no garantizo que no haya algún error):

1.- Alemania:

Artículo 87 a [Organización y atribuciones de las Fuerzas Armadas] (…)  (4) Para prevenir un peligro inminente para la existencia o el régimen fundamental de libertad y democracia de la Federación o de un Land, el Gobierno Federal podrá, siempre que se den los requisitos del artículo 91, apartado 2, y cuando no resultaren suficientes las fuerzas de la policía y del Cuerpo Federal de Protección de las Fronteras, utilizar las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía y al Cuerpo Federal de Protección de las Fronteras en la protección de objetos civiles y para luchar contra sediciosos organizados y militarmente armados. Deberá cesar la actuación de las Fuerzas Armadas cuando así lo exigieran el Bundestag o el Bundesrat.

2.- Austria:

Artículo 79(1) Incumbe al ejército federal la defensa de las fronteras de la República.
(2) El ejército federal deberá acudir en general y hasta donde requieran su concurso las autoridades civiles legales, a proteger las instituciones constitucionales y a mantener el orden y la seguridad interiores, así como a prestar auxilio en los casos de catástrofes naturales o de desgracias de una importancia extraordinaria.

Vean lo que dice la propia web del ejército austríaco:

Schutz von Einwohnern und Einrichtungen

Während einer Übung bewacht ein Soldat das Donaukraftwerk Melk.

Wenn nötig helfen Soldaten des Bundesheeres, die Ordnung und Sicherheit in Österreich aufrechtzuerhalten. Denkbar ist dabei, dass Einsatzkräfte des Heeres die verfassungsmäßigen Einrichtungen unseres Landes (wie etwa Regierung, Parlament, Landräte oder Bezirkshauptmannschaften) schützen und damit die demokratischen Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger sichern.

Weil derartige Einsätze im Inland aber grundsätzlich die Aufgabe der Exekutive sind, dürfen Soldaten diese Assistenzaufgaben nur auf Ansuchen des Innenministeriums übernehmen.

3.- Francia:

ARTICULO 16. Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras y el Consejo Constitucional. Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje. Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello. El Parlamento se reunirá de pleno derecho. No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios. Tras treinta días de ejercicio de los poderes excepcionales, el Consejo Constitucional podrá ser solicitado por el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores, a efectos de examinar si se siguen cumpliendo las condiciones enunciadas en el primer párrafo. Se pronunciará lo antes posible mediante anuncio público. Procederá de pleno derecho a este examen y se pronunciará en las mismas condiciones al término de sesenta días de ejercicio de los poderes excepcionales y en cualquier momento pasado este plazo.

No voy a enlazarles las numerosas veces que el Presidente de Francia ha usado esta prerrogativa (ya en 1961 lo hizo De Gaulle) y las relativas al Estado de sitio, porque las decisiones de Hollande de 2015 de las que derivan que el ejército francés patrulle por Francia las recordamos todos.

4.- Portugal:

Artículo 19

1. Los órganos de soberanía no pueden suspender, ni conjunta ni separadamente, el ejercicio de los derechos, libertades y garantías, salvo en caso de estado de sitio o de estado de excepción, declarados de la forma prevista en la Constitución.

2. El estado de sitio o el estado de excepción sólo pueden ser declarados, en la totalidad o en parte del territorio nacional, en caso de agresión efectiva o inminente por fuerzas extranjeras, de grave amenaza o alteración del orden constitucional democrático o de calamidad pública.

(…)

6. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción no puede afectar en ningún caso al derecho a la vida, a la integridad personal, a la identidad personal, a la capacidad civil y a la ciudadanía, a la irretroactividad de la ley penal, al derecho de defensa de los imputados y a la libertad de conciencia y de religión.

7. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción sólo puede alterar la normalidad constitucional en los términos previstos en la Constitución y en la ley, no pudiendo, en especial, afectar a la aplicación de las normas constitucionales relativas a la competencia y al funcionamiento de los órganos de soberanía y de gobierno propio de las regiones autónomas ni a los derechos e inmunidades de los titulares respectivos.

8. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción confiere a las autoridades competencia para adoptar las medidas necesarias y adecuadas para el rápido restablecimiento de la normalidad constitucional.

5.- Grecia:

Artículo 48

1. El Parlamento, a propuesta del Gobierno, podrá suspender derecho en caso de guerra o de movilización con motivo de peligros exteriores, así como en caso de desórdenes graves o de amenaza manifiesta contra el orden público y la seguridad del Estado con ocasión de peligros internos. Puede establecerse en todo el territorio o en parte de él, suspender en la totalidad o en parte del territorio la vigencia en todo o en parte de los preceptos de los artículos 5.°, párrafo 4; 6.°; 8.°; 9.°; 11; 12, párrafos 1 al 4 inclusive; 14; 19; 22.3; 23; 96.4 y 97 de la Constitución. El Presidente de la República publica la resolución del Parlamento.
Esta resolución determinará la duración y efectos de las medidas impuestas, que no podrán exceder de quince días.

6.- Reino Unido:

Como no existe “una” Constitución podemos consultar su ley menos “invasiva” de los derechos civiles (hay otras, relativas a la ley marcial, etc.), la Civil Contingencies Act de 2004. No

22 Scope of emergency regulations

(1) Emergency regulations may make any provision which the person making the regulations is satisfied is appropriate for the purpose of preventing, controlling or mitigating an aspect or effect of the emergency in respect of which the regulations are made.

(2) In particular, emergency regulations may make any provision which the person making the regulations is satisfied is appropriate for the purpose of (a) protecting human life, health or safety, (b) treating human illness or injury, (c) protecting or restoring property, (d) protecting or restoring a supply of money, food, water, energy or fuel, (e) protecting or restoring a system of communication, (f) protecting or restoring facilities for transport, (g) protecting or restoring the provision of services relating to health, Civil Contingencies Act 2004 (c. 36) Part 2 — Emergency powers 15 (h) protecting or restoring the activities of banks or other financial institutions, (i) preventing, containing or reducing the contamination of land, water or air, (j) preventing, reducing or mitigating the effects of disruption or destruction of plant life or animal life, (k) protecting or restoring activities of Parliament, of the Scottish Parliament, of the Northern Ireland Assembly or of the National Assembly for Wales, or (l) protecting or restoring the performance of public functions.

(3) Emergency regulations may make provision of any kind that could be made by Act of Parliament or by the exercise of the Royal Prerogative; in particular, regulations may— (…)

 (l) enable the Defence Council to authorise the deployment of Her Majesty’s armed forces;

Les he expuesto seis ejemplos. Para no mentir, les diré que he mirado también los casos de Bélgica e Italia y no he encontrado una regulación similar en sus Constituciones, aunque tampoco he visto norma alguna que excluya el uso de las Fuerzas Armadas. Imagino que tendrán leyes que lo regulen.

Estoy absolutamente seguro de que si continuase mirando en las constituciones de los restantes Estados europeos, aumentaría el número de ejemplos. No obstante, para lo que pretendía, me vale con lo anterior. Recuerden, decía Puigdemont:

Una Constitución que autoriza al Ejército a actuar contra sus propios ciudadanos, algo que solo aparece en otra constitución en Europa: la de Turquía 

No pueden ser más trileros y mendaces.

 

 

Felicidades, compatriotas europeos

 

Estos días celebramos el sexagésimo aniversario de los tratados de Roma.

Muchas veces he afirmado que la Unión Europea es indestructible. Aprovecho esta efeméride para volver a repetirlo. La idea es tan inequívocamente buena, ha producido unos frutos tan extraordinarios, y es tan estúpida y dañina cualquier alternativa, que no concibo la posibilidad de que se pueda desmantelar. No hablo solo de buenos deseos, creo que ese desmantelamiento, por la inercia histórica y la enormidad de las tramas nacidas, es materialmente imposible —y si hablamos de él es porque no nos hemos puesto a ello—. Nada de lo que ha ocurrido me hace cambiar de opinión. Tampoco el brexit, ese accidente histórico, que se terminará revirtiendo. Europa es inexplicable sin el Reino Unido. Pasa que les gusta dar la nota. Pero volverán a la casa común, más tarde o temprano.

Solo espero que seamos lo bastante inteligentes como para no poner obstáculos a un proceso histórico irreversible a largo plazo. Seguirá adelante, pero lo podemos hacer fácil o difícil.

En todo caso, enhorabuena. Y ojalá lo antes posible dejemos de ser ciudadanos españoles y todos seamos ciudadanos europeos exclusivamente. No se me ocurre mejor herencia para nuestros descendientes.

 

* * * * *

Esto de Perroantonio.

El diputado Iglesias

Hoy, en el programa de Carlos Alsina, Pablo Iglesias ha demostrado hasta qué punto es un irresponsable.

Y no tanto por su ignorancia. Ha afirmado que los hechos de Alsasua podrían ser una falta (por dos veces) o un delito de lesiones (“falta o delito lo que diga el juez”), cuando ya no existen las faltas de lesiones (tras la última reforma del Código Penal, las faltas de lesiones se convirtieron en delitos leves de lesiones), para después afirmar que sabía que las faltas ya no existían. ¿Lo sabía o no? Si no lo sabía es un ignorante y un mentiroso; si lo sabía, el uso de la palabra “falta” solo puede tener una finalidad, rebajar la gravedad de los hechos, trasladando a la gente la idea de que fue algo de poca importancia. En un momento de la entrevista llega incluso a utilizar la expresión “o, en este caso, un ilícito civil o penal”. Un ilícito civil, con un agente de la Guardia civil intervenido quirúrgicamente por una fractura.

No, señor Iglesias, ningún juez puede decir que un ilícito penal es una falta porque las faltas no existen.

Su irresponsabilidad es resultado de su biografía. Se ha acostado tanto tiempo con los mensajes de los filoetarras que se ha quedado embarazado y ha parido (él y muchos de su partido) una criatura deforme y siamesa en la que conviven la supuesta denuncia de los hechos (“fuimos los primeros”) y sus adversativas.

Y esa bazofia intelectual se manifiesta en la manera que tiene de acortar la realidad y falsearla. Por ejemplo, al afirmar que es inadmisible que convirtamos cualquier agresión contra un policía o un guardia civil en el País Vasco en delito de terrorismo. Esa afirmación es falsa y la realidad está a la vista: hay sentencias por delitos de atentado dictadas por la Audiencia Provincial de Navarra y si fuera cierto lo que dice Iglesias no podrían existir.

Naturalmente, eso es falso. Un delito de atentado (pare ser más exactos, un delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos,  y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías) se convierten en delito terrorista no porque tengan lugar aquí o allí  o porque lo sean contra personas concretas, sino porque se hagan con la finalidad de:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Como pueden ver, cuando Iglesias (el ignorante Iglesias o el mentiroso Iglesias) se pone a dar clases de derecho al periodista, solo menciona una de las ocho alternativas que se contiene en esos cuatro números, ocultando que también hay terrorismo si se pretende por ejemplo obligar al Estado, por medio de esos delitos, a que la Guardia Civil salga de Navarra. Solo una de las ocho.

Y además lo hace afirmando que no conoce el auto de procesamiento y que no sabe si fue una “pelea” o una agresión ni qué les pasó a los agentes que sufrieron esas lesiones.

No lo conoce, pero opina que es un exceso que los magistrados de la Audiencia —los magistrados, no el Gobierno, ni la policía— hayan calificado hasta ahora esos indicios como posible delito terrorista. No le creo. Yo creo que lo conoce.

1

Las lesiones que se describen en el auto de procesamiento son las propias de un delito grave de lesiones (nunca de un delito leve, la antigua falta) porque una intervención quirúrgica es un tratamiento médico:

Artículo 147.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Así que ya sabemos que Iglesias es un ignorante, un irresponsable y/o un embustero. Y su aparente preocupación por supuestos excesos judiciales son eso, mera fachada.

Porque sí existe una manera jurídica (y, en consecuencia, política) de abordar este asunto (algo difícil en mi caso, ya que no he podido leer el auto de conclusión del sumario ni los de la Sala que resolvían diferentes recursos, ni conozco los informes que se mencionan en ella). Esa manera necesariamente pasa por lo siguiente:

1.- Por plantear dudas sobre el delito de atentado, puesto que los agentes no estaban en el ejercicio de sus funciones.

2.- Por plantear dudas sobre la concurrencia de los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, puesto que resulta difícil su encaje en el tipo descrito en la norma.

3.- Por discutir esos informes policiales y las pruebas en que se apoyen sobre la existencia de esos grupos organizados, dotados de cierta estabilidad, que tienen esa finalidad (obligar al Estado a destinar a los guardias civiles fuera de Navarra) utilizando para ello el acoso, la intimidación, para obtener el aislamiento de los agentes y sus familias. A menudo estos informes presentan debilidades y se demuestran más como construcciones que como auténticas pruebas. Para eso, naturalmente, hay que leer esos informes y analizarlos.

Y todas esas críticas o dudas se pueden articular sobre la base de un discurso coherente que pretenda evitar un uso excesivo del tipo penal de terrorismo, algo perfectamente justificable, ya que las penas previstas para este tipo de delitos, y los miembros de esos grupos y organizaciones son mucho más duras. Sí, el Estado a veces se excede; a veces es arbitrario; a veces usa sus instrumentos de manera exagerada, provocando daños a los ciudadanos.

El problema es que yo no creo a Iglesias. No creo que esa sea su preocupación. Es el mismo hombre que mira hacia otro lado cuando un pseudotribunal encarcela más de diez años a un líder político en Venezuela vomitando una sentencia grotesca.

Y, por la misma razón, yo no tendría ningún inconveniente en que diputados españoles recibieran a las familias de unas personas encarceladas que protestan por una respuesta que dicen excesiva de las instituciones del Estado, si creyera que esa es su preocupación real. Y no por eso los llamaría amigos de los terroristas. Pero no les creo. No a las familias. Ignoro qué hicieron realmente los acusados. Ignoro qué sucedió y si, en su caso, tenían esa finalidad perseguida por la ley como terrorista. Y si piensan que una campaña pública puede ayudar a sus familiares es lógico que la emprendan. Ahora, si pretenden tener cierta credibilidad, es imprescindible que se basen en pruebas y en argumentos.

Cuando digo que no les creo, me refiero a los que los recibieron en el Congreso. Esa es la gente que lleva años comprando el discurso de mierda, el que se denuncia magníficamente aquí.

Ya termino. El retórico Iglesias, el de las preguntitas, muestra lo que es al preguntar a Carlos Alsina si cree que en el caso de que alguien agrediese al periodista porque no le gusta lo que dice o al propio Iglesias porque no le gusta lo que piensa, si, en ese caso, le parecería bien que se acusase a los agresores de delito terrorista y se juzgase en la Audiencia Nacional.

Eso ya pasó, diputado Iglesias. Y la respuesta es que sí, si con ello se pretende, por ejemplo, que los diputados de Podemos no puedan expresarse o se pretende coaccionarlos para que se queden en su casa o que tengan que salir a la calle escoltados. Sí, diputado Iglesias, si unas personas te agredieran con la intención de desestabilizar gravemente el funcionamiento del Congreso, o de obligarte a que no puedas emitir tu opinión libremente, o de alterar gravemente la paz pública, o de provocar un estado de terror entre los que te votan o entre los miembros o dirigentes de tu partido, naturalmente que sería terrorismo, y los ciudadanos normales y decentes querríamos que los autores de ese acto criminal fuesen castigados como terroristas y juzgados en la Audiencia Nacional.

Tú, diputado Iglesias, no harías lo mismo si el diputado agredido fuese del PP, o del PSOE, o de Ciudadanos. Por eso te haces esas preguntas de mierda.