Día triste

 

Cientos de palabras; en su mayoría, mera cháchara.

Habría bastado con unas decenas: nos vamos; queremos negociar a la vez la salida y las nuevas condiciones, que hay que vender esto a nuestros votantes; vamos a ver si no nos hacemos daño; si eso quedamos un día de estos.

Incluso mejor, habría bastado con dos: nos vamos. Habría sido más digno.

Impropio de tan grande nación.

 

* * * * *

Esta decisión de la Audiencia Nacional me parece un disparate.

Vamos a mentir un poco

 

Al parecer Podemos se ha abstenido en la votación de una Proposición no de ley del PSOE sobre cotización de cuidadores no profesionales de dependientes.

 

No sé por qué se han abstenido.

La reacción de Susana Díaz ha sido esta:

Ahora mismo hay muchas personas que están diciendo precisamente esto, que Podemos es quien ha impedido que esas cotizaciones las pague el Estado.

Lo que se votaba era una proposición NO de ley. Según el Reglamento del Congreso:

Artículo 193 Los Grupos Parlamentarios podrán presentar proposiciones no de ley a través de las cuales formulen propuestas de resolución a la Cámara.

¿Qué es una proposición no de ley? Veamos qué dice el tribunal Constitucional:

Pues bien, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal las proposiciones no de ley: «se configuran como un instrumento para poner en marcha la función de impulso político y control del Gobierno, pero, también, como una vía adecuada para forzar el debate político y obligar a que los distintos Grupos de la Cámara y esta misma tengan que tomar expresa posición sobre un asunto o tema determinado, por lo que, en razón de esta doble naturaleza, las Mesas de las Cámaras, en tanto que órganos de administración y gobierno interior, han de limitar sus facultades de calificación y admisión a trámite al exclusivo examen de los requisitos reglamentariamente establecidos. De lo contrario, no sólo estarían asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión política que sólo al Pleno o a las Comisiones de las Cámaras corresponde, sino, además, y desde la óptica de la representación democrática, estarían obstaculizando la posibilidad de que se celebre un debate público entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, cuyos efectos representativos ante los electores se cumplen con su mera existencia, al margen, claro está, de que la iniciativa, en su caso, prospere»

Más aún, las proposiciones no de ley (es decir, resoluciones sin eficacia normativa) ni siquiera producen efectos (salvo los políticos) fuera del Congreso (como sí ocurre en otros casos —solicitudes de información, los que se regulan en el Título VII [de los que se dice que tienen eficacia jurídica directa], los correspondientes a comisiones de investigación, etc).

Una proposición no de ley no aprobada NO PUEDE IMPEDIR NADA porque es una SIMPLE DECLARACIÓN POLÍTICA.

Y esta señora es la que se supone va a dirigir el PSOE.

Sí, lo llevamos claro.

 

 

La mentira secesionista

 

Puigdemont no ha defraudado en Harvard. Es lógico que alguien instalado en el incumplimiento de la ley y en un proceso de golpe de Estado, quiera justificar sus actos a toda costa. Y si le da igual la Constitución española, ya me contarán lo que le van a preocupar la verdad y la honestidad intelectual.

Ni me planteo rebatir el disparate de comparar los movimientos en favor de los derechos civiles que buscaban acabar con la legislación segregacionista en Estados Unidos con las posiciones a favor de una secesión de Cataluña. Es insultante. Los unos luchaban por derechos individuales, por el derecho a ser como cualquier otro ciudadano de su país; los otros no. Un catalán no tiene menos derechos que cualquier otro ciudadano español que no tenga la vecindad administrativa catalana.

En cuanto al dibujo inane sobre una España negra frente a una Cataluña arcádica qué quieren que les diga. Me remito a esto, para no aburrir a nadie y no caer en la melancolía.

Sin embargo, sí hay algo que me ha llamado la atención. Sobre el 07’20” del vídeo que les enlazo pueden ustedes escuchar a Puigdemont afirmar que la Constitución española es la única (con la turca) que autoriza al ejército a actuar contra sus ciudadanos. Se refiere al artículo 8 de la Constitución española, que dice, en su apartado 1º:

Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Naturalmente, este artículo no puede interpretarse aisladamente, en el sentido de que esas finalidades se ejerzan autónomamente. La dirección del ejército corresponde al Gobierno. Y el Gobierno solo debe utilizarlas cuando sean necesarias y las fuerzas del orden no puedan hacerse cargo de hacer cumplir la ley (algo que se supone solo sucederá en casos extremos).

La comparación es otro insulto más, destinado a introducir en su audiencia la idea de que España es poco menos que un Estado autoritario.

Pero es que sucede, además, que lo que dice Puigdemont es falso. Hago una búsqueda a toda leche en algunas constituciones vigentes (he intentado encontrar textos traducidos; no garantizo que no haya algún error):

1.- Alemania:

Artículo 87 a [Organización y atribuciones de las Fuerzas Armadas] (…)  (4) Para prevenir un peligro inminente para la existencia o el régimen fundamental de libertad y democracia de la Federación o de un Land, el Gobierno Federal podrá, siempre que se den los requisitos del artículo 91, apartado 2, y cuando no resultaren suficientes las fuerzas de la policía y del Cuerpo Federal de Protección de las Fronteras, utilizar las Fuerzas Armadas para apoyar a la policía y al Cuerpo Federal de Protección de las Fronteras en la protección de objetos civiles y para luchar contra sediciosos organizados y militarmente armados. Deberá cesar la actuación de las Fuerzas Armadas cuando así lo exigieran el Bundestag o el Bundesrat.

2.- Austria:

Artículo 79(1) Incumbe al ejército federal la defensa de las fronteras de la República.
(2) El ejército federal deberá acudir en general y hasta donde requieran su concurso las autoridades civiles legales, a proteger las instituciones constitucionales y a mantener el orden y la seguridad interiores, así como a prestar auxilio en los casos de catástrofes naturales o de desgracias de una importancia extraordinaria.

Vean lo que dice la propia web del ejército austríaco:

Schutz von Einwohnern und Einrichtungen

Während einer Übung bewacht ein Soldat das Donaukraftwerk Melk.

Wenn nötig helfen Soldaten des Bundesheeres, die Ordnung und Sicherheit in Österreich aufrechtzuerhalten. Denkbar ist dabei, dass Einsatzkräfte des Heeres die verfassungsmäßigen Einrichtungen unseres Landes (wie etwa Regierung, Parlament, Landräte oder Bezirkshauptmannschaften) schützen und damit die demokratischen Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger sichern.

Weil derartige Einsätze im Inland aber grundsätzlich die Aufgabe der Exekutive sind, dürfen Soldaten diese Assistenzaufgaben nur auf Ansuchen des Innenministeriums übernehmen.

3.- Francia:

ARTICULO 16. Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las Cámaras y el Consejo Constitucional. Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje. Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello. El Parlamento se reunirá de pleno derecho. No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios. Tras treinta días de ejercicio de los poderes excepcionales, el Consejo Constitucional podrá ser solicitado por el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado, sesenta diputados o sesenta senadores, a efectos de examinar si se siguen cumpliendo las condiciones enunciadas en el primer párrafo. Se pronunciará lo antes posible mediante anuncio público. Procederá de pleno derecho a este examen y se pronunciará en las mismas condiciones al término de sesenta días de ejercicio de los poderes excepcionales y en cualquier momento pasado este plazo.

No voy a enlazarles las numerosas veces que el Presidente de Francia ha usado esta prerrogativa (ya en 1961 lo hizo De Gaulle) y las relativas al Estado de sitio, porque las decisiones de Hollande de 2015 de las que derivan que el ejército francés patrulle por Francia las recordamos todos.

4.- Portugal:

Artículo 19

1. Los órganos de soberanía no pueden suspender, ni conjunta ni separadamente, el ejercicio de los derechos, libertades y garantías, salvo en caso de estado de sitio o de estado de excepción, declarados de la forma prevista en la Constitución.

2. El estado de sitio o el estado de excepción sólo pueden ser declarados, en la totalidad o en parte del territorio nacional, en caso de agresión efectiva o inminente por fuerzas extranjeras, de grave amenaza o alteración del orden constitucional democrático o de calamidad pública.

(…)

6. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción no puede afectar en ningún caso al derecho a la vida, a la integridad personal, a la identidad personal, a la capacidad civil y a la ciudadanía, a la irretroactividad de la ley penal, al derecho de defensa de los imputados y a la libertad de conciencia y de religión.

7. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción sólo puede alterar la normalidad constitucional en los términos previstos en la Constitución y en la ley, no pudiendo, en especial, afectar a la aplicación de las normas constitucionales relativas a la competencia y al funcionamiento de los órganos de soberanía y de gobierno propio de las regiones autónomas ni a los derechos e inmunidades de los titulares respectivos.

8. La declaración del estado de sitio o del estado de excepción confiere a las autoridades competencia para adoptar las medidas necesarias y adecuadas para el rápido restablecimiento de la normalidad constitucional.

5.- Grecia:

Artículo 48

1. El Parlamento, a propuesta del Gobierno, podrá suspender derecho en caso de guerra o de movilización con motivo de peligros exteriores, así como en caso de desórdenes graves o de amenaza manifiesta contra el orden público y la seguridad del Estado con ocasión de peligros internos. Puede establecerse en todo el territorio o en parte de él, suspender en la totalidad o en parte del territorio la vigencia en todo o en parte de los preceptos de los artículos 5.°, párrafo 4; 6.°; 8.°; 9.°; 11; 12, párrafos 1 al 4 inclusive; 14; 19; 22.3; 23; 96.4 y 97 de la Constitución. El Presidente de la República publica la resolución del Parlamento.
Esta resolución determinará la duración y efectos de las medidas impuestas, que no podrán exceder de quince días.

6.- Reino Unido:

Como no existe “una” Constitución podemos consultar su ley menos “invasiva” de los derechos civiles (hay otras, relativas a la ley marcial, etc.), la Civil Contingencies Act de 2004. No

22 Scope of emergency regulations

(1) Emergency regulations may make any provision which the person making the regulations is satisfied is appropriate for the purpose of preventing, controlling or mitigating an aspect or effect of the emergency in respect of which the regulations are made.

(2) In particular, emergency regulations may make any provision which the person making the regulations is satisfied is appropriate for the purpose of (a) protecting human life, health or safety, (b) treating human illness or injury, (c) protecting or restoring property, (d) protecting or restoring a supply of money, food, water, energy or fuel, (e) protecting or restoring a system of communication, (f) protecting or restoring facilities for transport, (g) protecting or restoring the provision of services relating to health, Civil Contingencies Act 2004 (c. 36) Part 2 — Emergency powers 15 (h) protecting or restoring the activities of banks or other financial institutions, (i) preventing, containing or reducing the contamination of land, water or air, (j) preventing, reducing or mitigating the effects of disruption or destruction of plant life or animal life, (k) protecting or restoring activities of Parliament, of the Scottish Parliament, of the Northern Ireland Assembly or of the National Assembly for Wales, or (l) protecting or restoring the performance of public functions.

(3) Emergency regulations may make provision of any kind that could be made by Act of Parliament or by the exercise of the Royal Prerogative; in particular, regulations may— (…)

 (l) enable the Defence Council to authorise the deployment of Her Majesty’s armed forces;

Les he expuesto seis ejemplos. Para no mentir, les diré que he mirado también los casos de Bélgica e Italia y no he encontrado una regulación similar en sus Constituciones, aunque tampoco he visto norma alguna que excluya el uso de las Fuerzas Armadas. Imagino que tendrán leyes que lo regulen.

Estoy absolutamente seguro de que si continuase mirando en las constituciones de los restantes Estados europeos, aumentaría el número de ejemplos. No obstante, para lo que pretendía, me vale con lo anterior. Recuerden, decía Puigdemont:

Una Constitución que autoriza al Ejército a actuar contra sus propios ciudadanos, algo que solo aparece en otra constitución en Europa: la de Turquía 

No pueden ser más trileros y mendaces.

 

 

Felicidades, compatriotas europeos

 

Estos días celebramos el sexagésimo aniversario de los tratados de Roma.

Muchas veces he afirmado que la Unión Europea es indestructible. Aprovecho esta efeméride para volver a repetirlo. La idea es tan inequívocamente buena, ha producido unos frutos tan extraordinarios, y es tan estúpida y dañina cualquier alternativa, que no concibo la posibilidad de que se pueda desmantelar. No hablo solo de buenos deseos, creo que ese desmantelamiento, por la inercia histórica y la enormidad de las tramas nacidas, es materialmente imposible —y si hablamos de él es porque no nos hemos puesto a ello—. Nada de lo que ha ocurrido me hace cambiar de opinión. Tampoco el brexit, ese accidente histórico, que se terminará revirtiendo. Europa es inexplicable sin el Reino Unido. Pasa que les gusta dar la nota. Pero volverán a la casa común, más tarde o temprano.

Solo espero que seamos lo bastante inteligentes como para no poner obstáculos a un proceso histórico irreversible a largo plazo. Seguirá adelante, pero lo podemos hacer fácil o difícil.

En todo caso, enhorabuena. Y ojalá lo antes posible dejemos de ser ciudadanos españoles y todos seamos ciudadanos europeos exclusivamente. No se me ocurre mejor herencia para nuestros descendientes.

 

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Esto de Perroantonio.

El diputado Iglesias

Hoy, en el programa de Carlos Alsina, Pablo Iglesias ha demostrado hasta qué punto es un irresponsable.

Y no tanto por su ignorancia. Ha afirmado que los hechos de Alsasua podrían ser una falta (por dos veces) o un delito de lesiones (“falta o delito lo que diga el juez”), cuando ya no existen las faltas de lesiones (tras la última reforma del Código Penal, las faltas de lesiones se convirtieron en delitos leves de lesiones), para después afirmar que sabía que las faltas ya no existían. ¿Lo sabía o no? Si no lo sabía es un ignorante y un mentiroso; si lo sabía, el uso de la palabra “falta” solo puede tener una finalidad, rebajar la gravedad de los hechos, trasladando a la gente la idea de que fue algo de poca importancia. En un momento de la entrevista llega incluso a utilizar la expresión “o, en este caso, un ilícito civil o penal”. Un ilícito civil, con un agente de la Guardia civil intervenido quirúrgicamente por una fractura.

No, señor Iglesias, ningún juez puede decir que un ilícito penal es una falta porque las faltas no existen.

Su irresponsabilidad es resultado de su biografía. Se ha acostado tanto tiempo con los mensajes de los filoetarras que se ha quedado embarazado y ha parido (él y muchos de su partido) una criatura deforme y siamesa en la que conviven la supuesta denuncia de los hechos (“fuimos los primeros”) y sus adversativas.

Y esa bazofia intelectual se manifiesta en la manera que tiene de acortar la realidad y falsearla. Por ejemplo, al afirmar que es inadmisible que convirtamos cualquier agresión contra un policía o un guardia civil en el País Vasco en delito de terrorismo. Esa afirmación es falsa y la realidad está a la vista: hay sentencias por delitos de atentado dictadas por la Audiencia Provincial de Navarra y si fuera cierto lo que dice Iglesias no podrían existir.

Naturalmente, eso es falso. Un delito de atentado (pare ser más exactos, un delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos,  y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías) se convierten en delito terrorista no porque tengan lugar aquí o allí  o porque lo sean contra personas concretas, sino porque se hagan con la finalidad de:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Como pueden ver, cuando Iglesias (el ignorante Iglesias o el mentiroso Iglesias) se pone a dar clases de derecho al periodista, solo menciona una de las ocho alternativas que se contiene en esos cuatro números, ocultando que también hay terrorismo si se pretende por ejemplo obligar al Estado, por medio de esos delitos, a que la Guardia Civil salga de Navarra. Solo una de las ocho.

Y además lo hace afirmando que no conoce el auto de procesamiento y que no sabe si fue una “pelea” o una agresión ni qué les pasó a los agentes que sufrieron esas lesiones.

No lo conoce, pero opina que es un exceso que los magistrados de la Audiencia —los magistrados, no el Gobierno, ni la policía— hayan calificado hasta ahora esos indicios como posible delito terrorista. No le creo. Yo creo que lo conoce.

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Las lesiones que se describen en el auto de procesamiento son las propias de un delito grave de lesiones (nunca de un delito leve, la antigua falta) porque una intervención quirúrgica es un tratamiento médico:

Artículo 147.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Así que ya sabemos que Iglesias es un ignorante, un irresponsable y/o un embustero. Y su aparente preocupación por supuestos excesos judiciales son eso, mera fachada.

Porque sí existe una manera jurídica (y, en consecuencia, política) de abordar este asunto (algo difícil en mi caso, ya que no he podido leer el auto de conclusión del sumario ni los de la Sala que resolvían diferentes recursos, ni conozco los informes que se mencionan en ella). Esa manera necesariamente pasa por lo siguiente:

1.- Por plantear dudas sobre el delito de atentado, puesto que los agentes no estaban en el ejercicio de sus funciones.

2.- Por plantear dudas sobre la concurrencia de los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, puesto que resulta difícil su encaje en el tipo descrito en la norma.

3.- Por discutir esos informes policiales y las pruebas en que se apoyen sobre la existencia de esos grupos organizados, dotados de cierta estabilidad, que tienen esa finalidad (obligar al Estado a destinar a los guardias civiles fuera de Navarra) utilizando para ello el acoso, la intimidación, para obtener el aislamiento de los agentes y sus familias. A menudo estos informes presentan debilidades y se demuestran más como construcciones que como auténticas pruebas. Para eso, naturalmente, hay que leer esos informes y analizarlos.

Y todas esas críticas o dudas se pueden articular sobre la base de un discurso coherente que pretenda evitar un uso excesivo del tipo penal de terrorismo, algo perfectamente justificable, ya que las penas previstas para este tipo de delitos, y los miembros de esos grupos y organizaciones son mucho más duras. Sí, el Estado a veces se excede; a veces es arbitrario; a veces usa sus instrumentos de manera exagerada, provocando daños a los ciudadanos.

El problema es que yo no creo a Iglesias. No creo que esa sea su preocupación. Es el mismo hombre que mira hacia otro lado cuando un pseudotribunal encarcela más de diez años a un líder político en Venezuela vomitando una sentencia grotesca.

Y, por la misma razón, yo no tendría ningún inconveniente en que diputados españoles recibieran a las familias de unas personas encarceladas que protestan por una respuesta que dicen excesiva de las instituciones del Estado, si creyera que esa es su preocupación real. Y no por eso los llamaría amigos de los terroristas. Pero no les creo. No a las familias. Ignoro qué hicieron realmente los acusados. Ignoro qué sucedió y si, en su caso, tenían esa finalidad perseguida por la ley como terrorista. Y si piensan que una campaña pública puede ayudar a sus familiares es lógico que la emprendan. Ahora, si pretenden tener cierta credibilidad, es imprescindible que se basen en pruebas y en argumentos.

Cuando digo que no les creo, me refiero a los que los recibieron en el Congreso. Esa es la gente que lleva años comprando el discurso de mierda, el que se denuncia magníficamente aquí.

Ya termino. El retórico Iglesias, el de las preguntitas, muestra lo que es al preguntar a Carlos Alsina si cree que en el caso de que alguien agrediese al periodista porque no le gusta lo que dice o al propio Iglesias porque no le gusta lo que piensa, si, en ese caso, le parecería bien que se acusase a los agresores de delito terrorista y se juzgase en la Audiencia Nacional.

Eso ya pasó, diputado Iglesias. Y la respuesta es que sí, si con ello se pretende, por ejemplo, que los diputados de Podemos no puedan expresarse o se pretende coaccionarlos para que se queden en su casa o que tengan que salir a la calle escoltados. Sí, diputado Iglesias, si unas personas te agredieran con la intención de desestabilizar gravemente el funcionamiento del Congreso, o de obligarte a que no puedas emitir tu opinión libremente, o de alterar gravemente la paz pública, o de provocar un estado de terror entre los que te votan o entre los miembros o dirigentes de tu partido, naturalmente que sería terrorismo, y los ciudadanos normales y decentes querríamos que los autores de ese acto criminal fuesen castigados como terroristas y juzgados en la Audiencia Nacional.

Tú, diputado Iglesias, no harías lo mismo si el diputado agredido fuese del PP, o del PSOE, o de Ciudadanos. Por eso te haces esas preguntas de mierda.

 

 

¿De qué nos protegemos?

 

Tengo pendiente escribir sobre la sentencia que condenó a César Strawberry. El asunto lo merece, y esa sentencia no es la decisión absurda que se ha vendido por muchos (lo único sin nivel en la sentencia es cierto voto particular). Al contrario, la sentencia (y sus argumentos) trasciende precisamente porque es un excelente punto de partida para preguntarnos qué debemos hacer con la regulación que se contiene en este momento en el Código Penal sobre determinados delitos de “opinión”. Lo haré, un día de estos.

Ahora bien, hoy es noticia el juicio de cierta tuitera que publicó tuits sobre Carrero Blanco y su atentado. He leído comparaciones entre este caso y el de Strawberry. Comparaciones con la finalidad de justificar una sanción penal en ambos y con la de justificar una absolución en ambos casos. Lo que no he leído hasta ahora es una argumentación como la que voy a exponer (no digo que no exista). Por eso la escribo.

Cuando hablo del discurso del odio y de la persecución de aquellos que justifican o legitiman el terrorismo, siempre parto de esto (me cito):

Antes de entrar en algunas cuestiones, les diré que tengo muchas reservas acerca de delitos como este (y de ciertas agravantes como las del artículo 22.4, que agrava la pena si se actúa por motivos racistas, antisemitas o que impliquen, en general, discriminación). También incluiría aquí lo que se denomina a veces delito de negacionismo, es decir, el previsto en artículo 607.2.

Sin embargo, mis reservas, que se basan en una idea de la libertad de expresión que solo encontraría límites en el atentado contra personas concretas (es decir, en la injuria y la calumnia) no me llevan al punto de negar que existe una base ética y un desarrollo conceptual justificativo de la existencia de estos delitos y de esas agravantes extremadamente sólidos. El horror de los totalitarismos genocidas, los crímenes contra la Humanidad y las diferentes formas de terrorismo son un punto de partida muy poderoso para justificar la penalización de lo que se conoce como discurso del odio.

En consecuencia, mis dudas no me impiden admitir que la penalización de esas conductas no puede considerarse con facilidad arbitraria o injustificada. Estamos, seguramente, en los límites más delicados del propio derecho penal.

Esto, en román paladino, quiere decir que cualquiera que diga que castigar esas conductas supone un atentado contra la libertad de expresión lo lleva crudo. Hay muy buenas razones para que la sociedad ponga ahí límites si con esos límites nos protegemos de algunas de las versiones más malignas del comportamiento humano.

Naturalmente, esto solo es predicable de las sociedades democráticas. El monopolio de la violencia por el Estado solo se puede justificar plenamente en una sociedad democrática. Es muy antigua la discusión sobre el tiranicidio y sobre la justificación de la revolución popular y la revuelta, en el caso de regímenes liberticidas. La discusión plantea no solo el conflicto ético, sino su oportunidad. Es decir, si ciertos caminos intrínsecamente violentos sirven o no para la instauración de un régimen democrático. Hay ejemplos para todos los gustos. A favor, en contra y mediopensionistas. Incluso hay ejemplos de personajes históricos que lavaron su pasado terrorista convirtiéndose en mandatarios solo porque triunfaron. La historia de las naciones está repleta de ictus semejantes, muchas veces convenientemente ocultos, para no perturbar los pensamientos monolíticos.

Franco era un dictador criminal. Su régimen era autoritario y criminal. Luis Carrero Blanco no solo era el presidente de su gobierno, sino que era la primera persona que ocupaba ese puesto desde la Guerra Civil que no fuera el propio Franco. Carrero Blanco era un hombre con única ideología, según sus propias palabras: el franquismo. Esa era su única agenda política. A todos los efectos, Carrero Blanco era un doppelgänger de Franco. Tan obvio es esto que, incluso con el tabú extremo de lo que supone justificar cualquier actuación de ETA (precisamente porque tras la dictadura siguió matando, lesionando, secuestrando y coaccionando), se discute si el atentado facilitó o no la llegada de la democracia (discusión, por otra parte, destinada al fracaso, como sucede con tantos contrafácticos históricos).

La cuestión a la que voy es la siguiente: la persecución del discurso del odio, una vez que nos encontramos en una sociedad democrática en la que existen vías pacíficas y legales para la exposición de ideas y opiniones y para el desarrollo de proyectos políticos, se basa precisamente en la necesidad de defendernos contra los que quieren acabar con nuestro sistema de libertades. Pero esa justificación, ese bien jurídico protegido, solo es pleno precisamente cuando se trata de aquellos que defienden el uso de la violencia en un régimen de libertades y democrático. Cuando se trata de situaciones excepcionales y de regímenes que no respetan la vida y la libertad, esa legitimidad desaparece (o al menos se difumina gravemente). Se trata de la misma justificación que se encuentra detrás de la legítima defensa.

¿Habría sido legítimo asesinar a Hitler? ¿A Stalin? ¿A Pol Pot? ¿A Bin Laden? ¿Fue legítimo el bombardeo de Dresde o el lanzamiento de las bombas atómicas? No podemos eludir estas preguntas.

Y si no podemos eludir estas preguntas, es un exceso injustificable pretender que comentarios sobre el asesinato de un dictador (y Carrero Blanco lo era) sean delictivos porque se pueden enmarcar en el discurso del odio.

Recordemos que, como consecuencia de la llamada Ley de Amnistía, personas que utilizaron la violencia ilegítima desde las instituciones del Estado franquista, vieron cómo su conducta previa devenía impune. Y esa misma ley afectó a los que se encontraban encerrados en las cárceles por delitos de terrorismo. Más aún, el mismo atentado contra Carrero Blanco no pudo perseguirse porque lo prohibía la Ley de Amnistía.

Ya sé que en la noticia que enlacé al principio se menciona que el Tribunal Supremo ha condenado a varias personas por tuits o mensajes sobre Carrero Blanco. Bueno, esto es una media verdad, es decir, una falsedad. Esas personas no solo se refirieron a Carrero Blanco. Vean un caso. Otro. Y otro. Como pueden ver, las condenas estaban absolutamente justificadas. En todos esos casos se enaltece o justifica el terrorismo etarra durante la democracia.

En resumen, si es cierto que el juicio se refiere exclusivamente a esos trece tuits sobre Carrero Blanco, una condena me parecería un disparate.

 

El tío Jeroen con la rebaja

 

Se ha montado cierto escándalo por una expresión supuestamente usada por Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de los Países Bajos, en una entrevista en el Frankfurter Allgemeine.

En esa declaración decía que la solidaridad le parece muy importante y que los países del norte de Europa han sido solidarios con los del sur, pero que los que reclaman la solidaridad también tienen obligaciones. Concretamente, que uno no puede gastarse todo el dinero en aguardiente y mujeres y luego pedir que se le ayude.

Me llaman la atención dos cosas:

1.- La primera, que el político niega haberlo dicho. Vean esto:

 

Las preguntas las hace un eurodiputado español: Ernest Urtasun.

Si el político niega haber dicho eso, ¿por qué la polémica y la petición de dimisión? Primero tendrán que demostrar que es cierto que lo dijo.

2.- La segunda: ¿por qué la polémica aunque lo dijera? Vean la intervención completa en la que explica sus declaraciones:

 

Por lo visto, las declaraciones son “racistas” y “machistas”. También es “ofensivo”, “ignorante” y “arrogante”. Un par de ejemplos:

Hemos llegado a un punto en el que una expresión cotidiana y vulgar (recuerden, él niega haberla usado), utilizada para ilustrar una opinión, se convierte en un alegato machista y racista. Es bastante obvio que no está llamando a los ciudadanos del sur de Europa borrachos y puteros (aclaro, digo puteros por ilustrar mi opinión, sin excluir que la expresión pueda referirse a otro tipo de individuos de sexo femenino de la especie humana simplemente dispuestos a admitir graciosos presentes por razones variopintas de personas de sexo masculino). ¿Lo es, verdad? Porque si no lo es, habremos de interpretar que literalmente se está refiriendo a sí mismo (“uno no puede”) y, en todo caso, a una sola persona. ¿Solo vive un hombre en el sur de Europa?

Si esa expresión no es literal (“aquí o follamos todos o matamos a la puta”), habremos de admitir que no nos estaba llamando lo que literalmente aparece en esa expresión. Y, si nos movemos en el ámbito de los ejemplos, habremos de admitir que el hombre solo quería decir que para recibir ayuda, el ayudado ha de asumir obligaciones. 

Vaya, se trata justo de la explicación que da el holandés en el vídeo.

Por tanto, lo más que podría decirse de quien utilizase esa frase es que es algo vulgar y que mejor podría haber acudido, para ilustrar su opinión, a otras expresiones de mucho más nivel, como la española “ser cornudo y poner la cama” o esa otra de “cornudos y apaleados” (frase utilizada incluso en el Congreso de los Diputados).

Sin embargo, nos hemos indignado.

 

 

 

Hola, no tengo ni puta idea, pero escribo tuices de El Mundo

Los periodistas se suelen preguntar por qué la prensa está en crisis.

Veamos:

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Los condenados, señores Mas, Rigau y Ortega no pueden apelar una sentencia del TSJC. Pueden recurrirla en casación. Y no pueden  recurrirla ante el “Constitucional”, sino ante el Tribunal Supremo.

Es decir, en el tuit que copio solo es correcto el nombre de los tres recurrentes. Uno, viendo el tuit, y conociendo el paño, imagina que en el recurso de casación que habrán anunciado (y que terminará, de ser admitido, en el Tribunal Supremo) mencionarán la infracción de preceptos constitucionales. Algo, por otra parte, habitualísimo.

¿Por qué está en crisis la prensa? De eso, si quieren, hablamos otro día.

 

 

 

La batalla de Portugal

 

Gracias a este artículo, publicado en El País, he descubierto que Portugal participó en la Segunda Guerra Mundial y fue bombardeada por lo nazis:

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Uno no deja nunca de aprender cosas nuevas.

Por lo demás, lo de Franco y Reino Unido ni lo comento. Mejor lean este hilo de twitter. Si quieren claro.

Este artículo pretende engañarlo

Puigdemont y Junqueras han escrito un artículo que han titulado “Que gane el diálogo, que las urnas decidan”. Las autoridades sanitarias deberían recomendar que un artículo así se publicase con una advertencia, veamos por qué:

El Gobierno de Reino Unido y Escocia pactaron un referéndum. La pregunta, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Electoral de Reino Unido, fue: “¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o no”. Sin más. Hubo acuerdo porque hubo voluntad política de convocar y permitir el referéndum [primera falsedad: hubo acuerdo porque hubo voluntad política y porque la Constitución del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo permitía, ya que la nación es resultado de diversos textos legales de rango constitucional que se denominan en conjunto Acta de Unión. Todos esos textos permanecen en vigor]  No se dejó en manos de tribunales lo que se pudo resolver políticamente [se podía, no resolver, sino pactar, porque era legal hacerlo; de hecho, los tribunales británicos han corregido al Gobierno británico en lo relativo a la necesidad de que el Brexit tuviese que apoyarse en un acuerdo parlamentario. ¿Saben por qué? Exacto, porque no era constitucionalY todo parece indicar que Escocia y Reino Unido volverán a pactar la celebración de un nuevo referéndum de independencia. El segundo en tres años. No está mal para algo que en España no puede ni tan solo formar parte de una mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán [Tercera falacia: pensar que lo que es válido en Reino Unido debe ser válido también aquí. ¿Por qué no escogemos el caso norteamericano, por ejemplo, Estado federal. ¿Puede Nueva York secesionarse? El Tribunal Supremo norteamericano dice que no. Es el problema de los ejemplos, que todos tenemos los nuestros, aunque curiosamente, los que pueden usar los secesionistas son escasísimos. Por eso, en vez de ejemplos, apliquemos NUESTRAS NORMAS, que son democráticas y estándares entre las naciones democráticas y civilizadas].

Pactar la forma de resolver las diferencias políticas siempre une [Incumplir la ley siempre desune]. Las diferencias sólo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de resolverlas [¿cómo se acuerda resolver las diferencias entre los que quieren imponer su punto de vista a la mayoría de forma que nos mantengamos más unidos? ¿Une pactar una solución con los que quieren prohibir el matrimonio homosexual, por ejemplo, concediéndoles algo —que no se llame así, o que los homosexuales no puedan adoptar—? Por otra parte YA HAY UNA FORMA DE RESOLVER LAS DIFERENCIAS: se llama Constitución Española y democracia española] las diferencias son consustanciales en la sociedad democrática, no son negativas, hay incluso que tratarlas con delicadeza si se trata de diferencias cuya defensa es más difícil y comprometida [¿hay que tratar con delicadez al nazi? ¿todas las diferencias hay que tratarlas con delicadeza?]. Ahí es donde la democracia se robustece y se afianza ante la pulsión populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación [Gigantesca falacia: la primera seña del populista es precisamente pretender QUE SE INCUMPLA LA LEY, apoyándose en las masas que desfilan. ¿Les recuerda a alguien?]. Señalar al diferente como amenaza, como elemento de división de una sociedad que vivía tan tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas, es, aparte de terriblemente injusto, un grave obstáculo para la búsqueda de soluciones [Nadie está señalando a nadie como amenaza. Lo que se señala como amenaza es la conducta de ciertas personas, que basan sus exigencias en el incumplimiento de la ley básica. Y, por cierto, ellos hablan del diferente porque AQUÍ se refieren a España, porque según su propio discurso el diferente, el minoritario, en Cataluña es el OTRO —aunque esto no se refleje en las elecciones—]

Como consecuencia del acuerdo entre Escocia y Reino Unido se produjo un amplio debate, un debate de ideas [En España llevamos debatiendo sobre la secesión toda la vida; a nadie se le ha impedido opinar]. Finalmente, una mayoría de escoceses optó por el no, de acuerdo con las tesis del Gobierno de Londres [optaron porque el referéndum era constitucional y se basaba en leyes aprobadas por los respectivos parlamentos; de no haberlo sido no habrían podido optar sin el concurso del resto de sus conciudadanos británicos]. Fue así, sin más. La vida siguió en Escocia y en Reino Unido, como hubiera seguido con la victoria del sí. El referéndum de independencia contó con una participación récord del 84,59%, 12 puntos más que en el referéndum del Brexit, que fue del 72,2%, una cifra que se consideró un hito puesto que era la más elevada en una votación en los últimos 25 años. Estos datos describen algo muy relevante que deberían anotar quienes acusan a los partidarios de cambios como una especie de agentes al servicio de la división de la sociedad: los campos separados en una disputa democrática se unen sin ningún género de dudas en las urnas [deducir de una alta participación la consecuencia de la unidad es un disparate que se comenta por sí mismo. En las guerras civiles TAMBIÉN SUELE HABER UNA ALTA PARTICIPACIÓN]. Insistimos: no separan las diferencias, lo que separa es la ausencia de acuerdo para resolverlas [Falso: lo que separa es la imposición. Es decir, la ruptura de la ley democrática. En España esa ley es la Constitución Española. Y falso: en España hay mecanismos, no para resolver, sino para decidir. El problema es que no coinciden con los que defienden los articulistas, que quieren imponer al resto de españoles y a muchos catalanes otro].

El escenario escocés de un referéndum acordado es el que desearíamos en Cataluña [nos consta, pero es inconstitucional] En consecuencia, el escenario del referéndum acordado es el que desearíamos en Catalunya [nueva falacia: lo que quieren no es un escenario “acordado”, sino que quieren un escenario que presupone la existencia de un sujeto de soberanía, llamado Cataluña, que carece de existencia. Es decir, no buscan un acuerdo, pretenden una imposición]. Queremos recordar que lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello. Tal vez sea injusto atribuir al presidente Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva. Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos. [No está de más recordar que ninguno de esos partidos puede, legalmente, pactar un referéndum de secesión, puesto que lo prohíbe la Constitución. Tampoco podrían pactar que se hiciera un referéndum en toda España para que se apruebe la pena de muerte].

Así las cosas, parece bastante indiscutible que la actitud del Gobierno catalán y del Parlament de Catalunya se asemeja a la posición escocesa (dialogar y acordar un referéndum) [gigantesca falsedad: la posición escocesa se basa en SU CONSTITUCIÓN, la del Parlamento catalán —de su mayoría— se basa en el desconocimiento de la norma de la que se derivan sus limitadas facultades; los secesionistas no quieren dialogar, sino imponer la existencia de un sujeto de soberanía inconstitucional al resto de españoles no secesionistas], pero que la actitud del Gobierno español y las Cortes Generales no se parece en lo más mínimo a la del Gobierno y el Parlamento británicos [puestos, donde sí hay semejanza es entre el Gobierno y el Parlamento españoles y los homólogos británicos, ya que sus posiciones políticas parten precisamente de aquello que pueden legal y constitucionalmente hacer] .No sólo hay una preocupante ausencia de voluntad de diálogo [diálogo es, para los articulistas, pasar por sus horcas caudinas; cada vez que lean “diálogo” en el artículo sustitúyanlo por “tragar con lo que quiero imponer”], sino que camina en la dirección exactamente inversa: querellas, judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, etcétera. [cristalino: toda respuesta legal —excluyo lo de guerra sucia, algo siempre ilegal— va en la “mala dirección”. La conclusión es obvia: lo bueno es incumplir la ley] Y ya hay los primeros resultados: primeras condenas de inhabilitación a cargos públicos para el presidente Artur Mas y las consejeras Ortega y Rigau, mientras se está a la espera de la sentencia contra Francesc Homs. Todos ellos por haber cometido el delito de dar voz a los ciudadanos [nueva falacia: los ciudadanos catalanes tienen “voz”: la misma que el resto de ciudadanos españoles. De hecho los articulistas ejercen cargos públicos porque los han elegido ciudadanos catalanes. Los condenados por delitos no lo están por “dar voz” —por cierto, ridículo ego—, sino por incumplir la ley democrática].

En sintonía con la voluntad de Gobierno, Parlament y sociedad, se ha puesto en marcha en Catalunya el Pacto Nacional por el Referéndum, del que participa una pluralidad aplastante de la sociedad catalana [el recurso del populista: enseñar sus divisiones], incluidos agentes económicos y sociales. Sondeos de todo tipo y procedencia señalan que alrededor del 80% de los catalanes querrían ser consultados acerca del futuro político de Catalunya en relación con España [los sondeos no gobiernan las naciones avanzadas con instituciones y leyes democráticas]. El Pacto tiene como propósito reiterar la voluntad de celebrar un referéndum, acordado [falso: no es un referéndum acordado porque se basa en la imposición de un inexistente sujeto de soberanía], como prioridad. Tal vez alguien nos considere ilusos. Es mejor ser iluso que irresponsable, es mejor esforzarse para hallar soluciones que optar por no desgastarse y hacer del quietismo virtud [ilusos no, irresponsables. Defender el incumplimiento de la ley es enormemente irresponsable].

Si se mantiene el rechazo frontal no es ninguna sorpresa que reiteremos que no vamos a renunciar a ejercer ese derecho [por fin una afirmación que no es falsa: admiten que no pretenden ningún acuerdo, porque tienen derecho. Y este es un interesante punto, porque SI TIENEN DERECHO YA NO ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA SINO JUDICIAL. Su problema es sencillo: los tribunales ya les han dicho que no, que no tienen ese derecho]. Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Catalunya puedan votar en 2017, en un referéndum de autodeterminación [¿indecible? Es maravilloso]. Estamos en esto por convicción y compromiso, rindiendo cuentas ante los electores [los “electores” a los que rinden cuentas son los ciudadanos de Cataluña LLAMADOS PARA ELEGIR PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS, no para asumir competencias que no les corresponden —las promesas electorales, en esto, DAN IGUAL—. Porque las instituciones solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. Por eso los diputados nacionales también rinden cuentas FRENTE A LOS CIUDADANOS CATALANES que los escogen, y por eso los ciudadanos catalanes forman parte de ese sujeto de soberanía que llamamos pueblo español]. Y no se nos ocurre pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y sí el Gobierno español [estratosférica falacia: el Gobierno español no es un ente invisible designado por la sinarquía, sino que lo designan los ciudadanos de Cataluña junto con el resto de los ciudadanos españoles. Lo que no pueden los ciudadanos de Cataluña es decidir el futuro de Cataluña como entidad política secesionada y con capacidad soberana plena, con independencia del resto de españoles]. El mismo Gobierno que, con su habitual proceder, ha logrado un hartazgo muy mayoritario en la sociedad catalana, incluso en sectores que no comparten, muy legítimamente, que Catalunya se convierta en un Estado independiente [Ese Gobierno es el Gobierno elegido por los españoles. Se puede cambiar. Si los españoles, entre ellos los catalanes, quieren].

Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en 2017 [Sí debe ser indecible, que lo repiten]. El Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, pero aman a Catalunya como el que más y sufren, por tanto, cuando su país sufre [Vomitivo populismo lacrimógeno de manual: hablo por todos los catalanes y personifico a un ente artificial para que pueda sufrir]. Que no sean independentistas no significa que la desatención de Catalunya no la sientan profundamente y paguen también las consecuencias [La dicotomía Estado vs Cataluña es otra falsedad populista que busca crear un monigote al que convertir en enemigo exterior: la Generalidad y el Parlamento de Cataluña son también Estado español]. El Estado ha abandonado también a los catalanes que hubieran querido ver en el español aquel Estado propio que no es ajeno a sus demandas [Francamente repugnante, en la misma línea]. Y para esos catalanes y también para todos los demás, el Gobierno de la Generalitat va a poner las urnas [El Estado abandona a los catalanes porque cumple la ley, pero Cataluña, sus piedras, sus ríos, su paisaje modelado, su lengua, dejará de sufrir porque algunas instituciones del Estado en Cataluña, van a incumplir la ley subiéndose en los hombros de la gente común, a la que han decidido engañar] Que decidan. Es su derecho, y lo van a ejercer [Es su derecho PORQUE YO LO DIGO, y lo van a ejercer PORQUE YO LO DIGO].

Hace tiempo que es la hora de la política [la hora de la ley ya pasó por lo visto]. En Catalunya la hacemos, y seguro que no siempre lo hacemos bien [Por lo visto en el resto de España no se hace política]. También hay que estar dispuesto a escuchar y hablar de ello [Traducción de escuchar: tragar con lo que te exijo]. Sin embargo, otros han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política [pero ¿no teníais derecho?]. Se esconden detrás del Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Supremo, comprometiendo la labor y la independencia del poder judicial. Europa ya se ha percatado de ello y ha mostrado sin ambigüedades su preocupación por esa deriva que compromete seriamente un poder fundamental para la salud del Estado de derecho, como se desprende del reciente informe de la Comisión de Venecia [Continúan con su personificaciones falaces: “Europa” ya se ha dado cuenta]. Y se escuchan voces del exterior cada vez más claras abogando por un diálogo político y una solución política. Como el informe de la Fundación Konrad Adenauer. O como el propio Parlamento británico, donde se ha formalizado un Grupo de Discusión sobre Catalunya en el que participan miembros de todos los partidos. Algo, por cierto, que es posible en Westminster y no en las Cortes [Sinécdoques diarreicas]. Hace pocos días, en Madrid, un veterano demócrata español como Antonio Garrigues Walker recordaba algo con lo que estamos de acuerdo los demócratas en general, partidarios o contrarios a la independencia: en democracia no existe el derecho a no dialogar [No sé si afirmó eso, pero si lo hizo es una boutade: si no existe ese “derecho”, esto quiere decir que cualquier político debe SIEMPRE discutir CUALQUIER ASUNTO que se le plantee por OTROS. Y que esos asuntos NO SE PUEDEN CERRAR. Porque una cosa es que una actitud dialogante y aperturista sea razonable y beneficiosa y otra es que SE DEBA ADMITIR LA IMPOSICIÓN DE LA AGENDA DE OTRO PERMANENTEMENTE HASTA QUE ESE OTRO QUEDE SATISFECHO. Por eso existen reglas y procedimientos y mayorías]. Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo [Falso de toda falsedad, como es obvio: solo admiten un diálogo que implique sus premisas]. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por favor, no nos miren a nosotros [Otro signo del populista: la amenaza velada]. Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros todos estos años en que desde el rechazo a la sentencia contra el Estatut hemos consolidado una amplia mayoría favorable a que los catalanes decidan su futuro en referéndum [Cuando obtengan una mayoría favorable en toda España, cumpliendo los requisitos constitucionales, verán cómo no es preciso ningún artículo así. Y los que nunca querríamos, no una secesión de ninguna parte de España, sino la posibilidad de que esto se vote en un referéndum, tendremos que aceptarlo. Porque entonces será legal].