¿Puede ser detenido Puigdemont?

 

Esta pregunta viene a cuento de algo que anduvo planteándose hace unos días: la condición de diputado de Puigdemont implicaría que goce de lo que se denomina inmunidad parcial o limitada y que se regula en el estatuto de autonomía:

Artículo 57. Estatuto de los Diputados

1. Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito.

2. En las causas contra los Diputados, es competente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

(…)

He leído argumentos en contra. Por ejemplo, que la detención a la que se refiere la norma es la policial y no la judicial, que Puigdemont al no comparecer está cometiendo un delito flagrante de obstrucción a la justicia, que aún no ha adquirido la condición de diputado …

Desde luego el supuesto delito de obstrucción a la justicia no se da, porque no encaja con ninguno de los tipos previstos en el Código Penal. Sobre la adquisición de la condición de diputado, es un argumento más sutil, pero me parece dudoso. Exigirlo, una vez celebradas las elecciones, implicaría abrir una ventana de oportunidad al fraude de ley. Imaginad al diputado al que, una vez elegido, detiene la policía, antes de presentar la documentación y jurar el acatamiento a la Constitución por imperativo legal, al Estatuto por imperativo moral y a las normas del imperio galáctico por imperativo sentimental. Tiene mal aspecto, ¿verdad?

El argumento que queda (al margen del que a mí me convence más y que no sé si se ha planteado por alguien o no, y que luego explicaré) es el relativo a la distinción entre la detención policial y judicial.

No creo que sea válido si se refiere a una detención por algunas de las razones que establece los artículos 490 y 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (los que intentan cometer un delito, al que se fuga de un establecimiento penitenciario, al condenado o procesado en rebeldía, al imputado por delito castigado con pena superior a tres años o, de ser inferior, si sus antecedentes o las circunstancias hacen presumir que no comparecerá cuando se le vaya a llamar por el juez).

El estatuto de autonomía no distingue entre detención policial y judicial, por lo que no veo razón para que nosotros distingamos.

Si el magistrado Llarena ordena, ahora, la detención de un diputado (salvo en caso de flagrante delito) por alguna de las razones antedichas, yo creo que esa detención sería ilegal.

Sin embargo, se olvida que el auto del magistrado no es una orden de detención por uno de esos supuestos, sino que es una requisitoria que ordena el ingreso directo en prisión. Es decir, se trata de lo que se conoce como busca y captura. Las requisitorias se regulan en los artículos 512 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se basan en ninguna de las causas previstas para la detención por un particular o una autoridad, sino en el hecho, ya constatado, de que no se halle al presunto reo en su domicilio. Es decir, que se trata de alguien a quien no se puede llevar ante un juez. Y lo que se acuerda es el ingreso en prisión hasta que un juez (el que lleva el caso u otro) resuelva sobre su situación personal.

El diputado puede tener el privilegio de no ser detenido. Lo que no es admisible es que se pretenda que tiene el privilegio de no acudir a un llamamiento realizado por un juez. Salvo, claro está, que gozase de una inmunidad más intensa y su enjuiciamiento solo fuera posible previa autorización de las cámaras (como sucede con los diputados y senadores). En ese caso, cualquier medida cautelar exigiría la concesión previa del suplicatorio (también salvo flagrante delito).

Más aún (y ya paso con mi segundo argumento), se da la circunstancia de que la resolución que acuerda la busca y el ingreso en prisión es previa a las elecciones.

Un diputado no puede ser detenido cuando ya lo es por hechos posteriores o anteriores a adquirir la condición de diputado, siempre que la detención se acuerde cuando ya es diputado. Pero pretender que esto es aplicable a las situaciones producidas antes, nos lleva ante un auténtico fraude de ley que es contrario a la ratio legis del privilegio (que además, por serlo, ha de interpretarse restrictivamente). Veamos en qué consiste en palabras del Tribunal Constitucional (las negritas son mías):

“la inmunidad… se justifica en atención al conjunto de funciones parlamentarias respecto de las que tiene, como finalidad primordial, su protección…, de ahí que el ejercicio de la facultad concreta que de la inmunidad deriva se haga en forma de decisión que la totalidad de la Cámara respectiva adopta». Y «esta protección a que la inmunidad se orienta no lo es, sin embargo, frente a la improcedencia o a la falta de fundamentación de las acciones penales dirigidas contra los Diputados y Senadores», sino frente a la amenaza de tipo político consistente en la eventualidad de que la vía penal sea utilizada, injustificada o torticeramente, con la intención de perturbar el funcionamiento de las Cámaras o de alterar la composición que a las mismas ha dado la voluntad popular”

(…)

«es una prerrogativa de naturaleza formal que protege la libertad personal de los representantes populares contra detenciones y procesos judiciales que pueden desembocar en privación de libertad, en tanto que, por manipulaciones políticas, se impida al parlamentario asistir a las reuniones de las Cámaras y, a consecuencia de ello, se altere indebidamente su composición y funcionamiento»

(…)

Así pues, la Sala Segunda del Tribunal Supremo entiende posible, en supuestos como el examinado, una previa investigación judicial en orden a la determinación de la relevancia penal de los hechos y a la participación en los mismos de las personas aforadas contra las que se dirige la querella, dándoles traslado de la denuncia o querella de acuerdo con el art. 118 LECrim al objeto de que puedan ejercer desde el primer momento, como ha sucedido en este caso, el derecho de defensa, y considera que la condición de inculpado, a los efectos del art. 71.2 CE, no se adquiere con la mera admisión de la querella, sino que requiere un juicio judicial de inculpación por la existencia de indicios racionales o sospechas fundadas de su participación en los hechos, de modo que antes de la formalización de ese juicio de inculpación es cuando ha de solicitarse el suplicatorio a la Cámara respectiva .

(…)

Y ello toda vez que el alcance conferido por dicha interpretación al término inculpado a los efectos del art. 71.2 CE, que excluye, obviamente, la posibilidad de adoptar medida cautelar alguna contra la persona del Diputado o Senador hasta que se obtenga, en su caso, la autorización de la Cámara respectiva para su inculpación o procesamiento

Esta sentencia se refiere a un senador (es decir, a alguien que goza de un grado de inmunidad más amplio, pues es preciso suplicatorio para proseguir un procedimiento penal contra él).

Si se observa, la sentencia deja claro que, sin perjuicio de la investigación previa a la solicitud del suplicatorio y de la participación voluntaria del investigado, no caben medidas cautelares (como la prisión provisional) contra un diputado o senador sin la concesión del suplicatorio.

Ahora imaginemos que Puigdemont y Junqueras fuesen diputados del Congreso. Si el auto dictado antes  de adquirir esa condición no justifica la detención de Puigdemont porque la detención en sí se va a producir después, el auto de prisión provisional de Junqueras tampoco justificaría su mantenimiento en prisión una vez elegido diputado. Y el magistrado tendría que dejarlo en libertad hasta que se concediese el suplicatorio.

¿A que es absolutamente absurdo? ¿A que es contrario a la finalidad pretendida con el privilegio de inmunidad, ya que no se puede pretender alterar la voluntad popular, puesto que esta no se había expresado cuando las resoluciones se adoptaron? 

Efectivamente, esa interpretación aberrante es un fraude de ley.

 

En consecuencia, si Puigdemont entra en España y se le localiza, lo único procedente es que los funcionarios de policía, allí donde se encuentre, lo conduzcan por la fuerza hasta la prisión que corresponda, para que luego un juez decida.

Lo normal, en suma.

Anuncios

Noticia de alcance: un gilipollas ventosea

 

Echo un vistazo a los periódicos y me encuentro, en casi todos, una “noticia” que consiste en un vídeo grabado por un tipo que se dedica a molestar a Puigdemont con una bandera de España.

Está, ahora mismo, en portada de los periódicos que suelo leer, y en radios y televisiones. Son los medios más importantes de España. Salvo error u omisión, solo El País [lo tengo que corregir: también aparece en El País] ha decidido no incluir en su web esa puta mierda que no debería ser noticia ni el diario de un colegio de primaria.

Ya no sé si me importa de quién es la culpa de esta degradación. Si de los medios, si de la gente que lo consume. Si de todos.

Lo único que sé es que estamos, desde hace mucho tiempo, incentivando la coprofagia masiva y que nos está pasando factura. El listón está cada vez más bajo y cosas así ya no son anécdotas.

Un día alguien querrá hacer algo parecido a periodismo de calidad y será imposible. Por falta de costumbre.

 

Razones jurídicas

 

La única —y poderosa— razón que dio el magistrado Llarena para retirar la euroorden contra el señor Puigdemont fue esta, contenida en el auto dictado el 05/12/2017:

De este modo, el actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido (en aplicación de los artículos 3 a 5 de la Decisión Marco), deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho» que quienes se encuentran fugados.

Bueno, para ser más precisos, antes del párrafo que acabo de copiar había dicho esto:

De un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes europeas de detención, los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente.

Ha pasado más de un mes desde el auto y Puigdemont no ha vuelto a España, a pesar de la celebración de las elecciones. Ha demostrado que su intención no es volver.

Por tanto, si la única razón fue la posible denegación parcial de la ejecución (por las particularidades del derecho penal belga y de sus reglas en esta materia) y el riesgo de que Puigdemont se colocase en “mejor” posición que el resto de investigados, una negativa hoy del magistrado a la solicitud de la fiscalía solo podría razonablemente basarse en la misma razón jurídica. Tendría que explicar por qué también cabe que la ejecución de la euroorden se deniegue parcialmente en Dinamarca.

Cualquier razón “política” sobra. Incluso, como se está diciendo, aunque la detención supusiese la posibilidad de que se considere que concurre causa legítima para admitir la delegación del voto. Y aunque esto abriese la posibilidad de que Puigdemont sea nombrado presidente y el Rey tenga que aprobar su nombramiento.

En tal caso, con un presidente en prisión elegido por la mayoría secesionista del parlamento, pese a ser conocida dicha circunstancia, simplemente habría que continuar con la aplicación del artículo 155. Sí, es tan sencillo como esto: no hay elección autonómica que derogue la Constitución. Si los ciudadanos de una autonomía se empeñan en votar a quienes se saltan la ley —entre ellos a un prófugo—, no hay otra alternativa que seguir aplicándola. Hasta el final.

Pero eso no le corresponde al juez. El juez solo tiene que preocuparse por el buen fin del proceso, y si ha adoptado medidas cautelares extremas con otros investigados es porque las consideraba justificadas.

Me consta que hay medios que afirman que no, que Llarena no va a dar curso a esa solicitud.

Espero que, en breve, el propio magistrado desmienta esas noticias.

 

ACTUALIZACIÓN: El magistrado Llarena ha decidido.

El auto es decepcionante. Está repleto de razones políticas, vestidas de razones jurídicas.

No es a un juez instructor,  por mucho que sea magistrado del Tribunal Supremo, al que le corresponde prevenir actuaciones supuestamente “ilegales” e “inconstitucionales” como las que se enumeran en el auto. Menos aún, cuando es el propio magistrado el que admitió que el encarcelamiento equivalía a la incapacidad al efecto de admitir la delegación del voto. Da igual que sea lo que busque Puigdemont. Da igual que exista un plan para secesionar Cataluña y llevar a la práctica la República fantasma de la casa de los secesionistas y que quieran aprovecharse de la ley. Para evitar eso existen otros instrumentos legales. Para eso existe el artículo 155 de la Constitución. Sobre todo porque aún no se ha juzgado a nadie y todos los investigados gozan de sus derechos civiles y políticos. Más aún, para evitar eso, lo único que puede hacer el magistrado es lo que ha decidido no hacer: llevar al investigado a prisión.

Un juez instructor, para evitar  la reiteración delictiva, ha de asegurarse de que el prófugo sea detenido y encarcelarlo (como sucedió con los demás investigados). Y algo hemos hecho mal, muy mal, si no se puede detener a una persona acusada de gravísimos delitos porque aún no se ha constituido un gobierno autonómico y no conviene.

Por último, la referencia a que la rebelión y la sedición no se encuentran en la lista de delitos enumerados en la lista consensuada y a que el Ministerio Fiscal no ha hecho el trabajo de probar el derecho extranjero es tremenda por dos razones: la primera, porque uno se pregunta cuánto tiempo necesita todo un Estado sobre un tema capital para probarle a un magistrado el derecho de un país de la Unión Europea; la segunda, porque da la sensación de que el magistrado, que habría dicho que no en todo caso, por las razones que enumera previamente, aprovecha para darle una hostia a la fiscalía por ponerle en la tesitura de decidir algo que no le apetece. El espectáculo, en todo caso, es muy poco edificante.

En el mejor de los casos, esta decisión demuestra una preocupante falta de armas de nuestro Estado de derecho. En el peor, demuestra una preocupante utilización táctica de la ley, que solo puede deberse al miedo. Al mismo miedo que impidió que en 2015 se aplicase el artículo 155. Al miedo que nos ha traído hasta aquí.

Pronto dirán que no obraron por malicia, que los engañó Satanás

 

Cuando en 2014 el NYT publicó la carta en la que Dylan Farrow reabría la acusación de abusos contra Woody Allen (contándolos, ya como mujer adulta, en primera persona) empecé a leer lo que se había ido publicando sobre el asunto. Y hay mucho. En internet. Sobre el asunto y sobre los protagonistas. Y sobre el entorno.

Empecé a leer porque siempre me ha interesado la cuestión de la posibilidad de construcción de falsos recuerdos en niños (y en adultos, por cierto). Y por el problema secular de la fiabilidad de los testigos (no hablo de la mentira, sino de lo que ellos creen que es verdad).

Hace muchos años, en mi despacho se llevó la defensa de una profesora acusada de haber abusado de niños a los que daba clase. Se trataba de dos niños pequeños (niño y niña), de cuatro años. Básicamente la acusación se basaba en un relato supuestamente espontáneo de la niña a la madre y en ciertos rastros físicos (que eran ambiguos, pero compatibles con la acusación). El informe de psicólogos forenses nos llevó hasta el juicio oral. Llevamos nuestra propia pericial, realizada, no con la niña, sino con las grabaciones y el informe de los psicólogos. Los psicólogos afirmaban que el relato de la niña era veraz, que no se observaba ningún tipo de fabulación. Cuando preguntamos al redactor del informe si mantendría esa posición de acreditarse que alguna de las partes del relato eran falsas, dijo que no la mantendría, pero que no tenía ninguna razón para creer que eran falsas. Sin embargo, lo cierto es que en el relato de la niña había dos detalles objetivos que eran falsos (sobre las circunstancias del lugar en el que se suponía habían tenido lugar los hechos) y se podía demostrar que lo eran. Uno en particular, muy significativo. Al demostrarlo, el perito empezó a dudar. La tesis de nuestro perito era que la madre, involuntariamente, había creado el recuerdo al preguntar insistentemente a la hija si alguien la había tocado “ahí”. La madre no pensaba en la profesora, sino en el padre. Pero la respuesta de la niña provocó dos años de proceso penal. Por suerte para la acusada, el caso no salió en prensa y no tuvo que añadir más daño que el propio de la angustia de no saber si iba a ser condenada o no. Aclaro algo: yo no sé si sucedió; sé que no había pruebas suficientes. En un caso así, lo que debemos hacer, a falta de pruebas, es creer que no sucedió. Es la única manera civilizada de actuar.

Hace poco presencié otro caso verdaderamente terrorífico. En una pelea entre guardias de seguridad y jóvenes, uno de los jóvenes es golpeado gravemente en un ojo. Todos los jóvenes afirman que el que golpea es un guardia concreto, al que describen con detalle (ojo, se lo dicen a los guardias civiles que llegan al lugar casi inmediatamente y por separado). Se trata del guardia de seguridad con el que “empieza” la trifulca. Cinco testigos. Sin embargo, tras examinar horas de cámaras de seguridad, descubrimos un plano que dura apenas tres segundos en el que se ve perfectamente el momento de la agresión. El autor es otro. Ni siquiera se parece físicamente. Todos los testigos, espontáneamente, se habían convencido de haber visto algo que no habían visto. Se habían convencido de que el guardia con el que habían discutido, ese que se “había puesto chulo”, era el que había golpeado. Todos habían visto perfectamente el golpe con la porra.

He contado estos dos ejemplos porque son especialmente clarificadores.

El caso es que he leído sobre el tema Farrow no porque crea poder encontrar alguna verdad. Demasiados intereses y demasiado ruido como para pretender algo así. No es un caso claro. Es tremendamente turbio y cuanto más lees más turbio parece.

Por eso me produce esto tanto asco.

La denuncia de los hechos se conoce desde hace veinticinco años. La carta de Dylan Farrow es de 2014. Los libros publicados (a favor y en contra), las respuestas de Allen, las reflexiones de Moses, las historias (muchas de ellas trágicas) de los otros hijos. La dura (contra Allen) sentencia de custodia, la reprobación verbal del comportamiento del fiscal, que pese a no acusar, habló de la existencia de causa probable (y le remitió esa opinión al juez que iba a decidir sobre la custodia). Se conocen las declaraciones de Soon-Yi Previn (madre, junto con Allen, de dos hijos adoptivos: con adopciones autorizadas tras todos estos hechos).

Yo no sé por qué todos esos actores y actrices van a saber del asunto más que los que han investigado sobre el tema. Tanto como para tener una opinión sobre lo que realmente sucedió. Pero, al menos, si iban a tenerla, deberían haberla tenido desde hace muchos años, porque no hay nada nuevo.

Perdón. Me equivoco. Sí hay algo nuevo. La tribu ha iniciado una cruzada y se va a llevar por delante a los hijos de puta, a los grises, y a los inocentes. Porque Dios, el Dios de la puta fama, ya distinguirá después de su muerte (física o civil).

Los concernidos “artistas” de Hollywood, con sus maravillosos trajes y vestidos negros, han decidido, ahora, creer a Dylan Farrow. Y emocionarse mucho. Y donar dinero. Y no coger el teléfono cuando llame Allen.

Normal: si no te sumas a la multitud que lincha, a lo mejor te conviertes en su objetivo. Tanto, que los medios se están llenado de autocríticas.

Menuda panda de cobardes de mierda. Antes y ahora.

Con perspectiva. Sí. Claro.

 

He llevado, a lo largo de los últimos veinticinco años, cientos de casos penales de violencia doméstica. De todo tipo. Normalmente soy abogado de ellos, pero no siempre. No obstante, también como abogado de ellos conozco a mujeres maltratadas.

Conozco otros muchos más asuntos similares, que han llevado compañeros de despacho.

He llevado muchos, decenas, de asuntos civiles de familia en los que mi cliente es una mujer que ha denunciado maltrato. En los que, a menudo, la parte contraria ha sido condenada.

Sin embargo, escribes lo que yo escribí ayer, criticando una serie de cuestiones concretas y el circo, sí el circo, montado alrededor de Juana Rivas, y una periodista, supongo que incapaz de decir ni mu sobre la sustancia de mi entrada, se atreve, sin saber nada de mí, a escribir esto:

* * * * *

Hace tiempo leí unos tuits de un hombre que contaba que había sido maltratado por su mujer o pareja, quejándose de determinados sesgos.

La historia me hizo recordar un episodio lamentable. Por suerte pasó hace muchos años, más de veinte.

Yo era abogado de un hombre (bastante cazurro) en un procedimiento de liquidación de gananciales. En mitad del procedimiento, por circunstancias que no vienen al caso, él contó que su mujer, una noche, cuando él llegaba a casa, le arreó un golpe en toda la cara con una figura de un cristo con pie de mármol y lo dejó medio grogui.

Lo acojonante vino después. Nada más contarlo ella empezó a descojonarse. Luego él. Casi inmediatamente todos los presentes: el juez, el agente, el abogado de ella. Mi cliente se reía de una forma extraña, con una especie de orgullo primario.

Yo no me reí. No creo que fuese por conciencia de nada. Solo es que estaba demasiado acojonado ante lo que presenciaba.

Fue en un pueblo de Toledo.

 

Todo es muy injusto y eso

 

No conozco el caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri con el detalle suficiente como para hablar con seriedad acerca de la razonabilidad concreta de la petición del ministerio fiscal de una pena de cinco años de prisión para aquella por dos delitos de sustracción de menores.

De lo que quiero hablar es de esta noticia. Y de esto. Porque son una buena muestra de esos factores ambientales que seguramente han ayudado a la señora Rivas a meterse en un jardín bien jodido. Porque yo creo que tanto la jalearon los medios y los políticos y los asesores concernidos, tanto le dijeron lo mucho que la entendían, lo mucho que se solidarizaban con ella (y siguen, claro, aunque no irán a la trena con ella a hacerle compañía si al final resulta condenada), que a lo mejor terminó pensando que estaba sentándose en la zona reservada para blancos y haciendo historia.

O no, claro. Y habría hecho lo mismo, pese a no contar con ese público entusiasta que luego cobra un montón de pasta por los anuncios televisivos y por los clicks, o se pone chapas molonas para seguir pillando subvenciones, o nos muestra el rostro humano antes de entrar en el despacho oficial. Quién lo sabe. Pero, como todo cristo especula, quién soy yo para no caer en ese nefasto vicio. Al menos, como ven, lo reconozco.

Pues bien, la noticia de Público es una mierda. Quien la escribe no sabe qué es un escrito de acusación y no ha visto uno en su vida (hay otra alternativa, pero como es mucho peor, seguiré en mi línea de optar siempre por la mejor versión). Los escritos de acusación (y los de defensa) suelen ser escuetos. Porque deben centrarse en aquello que puede subsumirse en la norma penal y, como es obvio —porque si no el fiscal no acusaría—, no nos explican las causas que para el acusado excluyen su responsabilidad penal ni nos muestran su “versión”.

Los escritos de acusación, por otra parte, no pretenden exponer la verdad. Entre otras razones porque son previos al puto juicio. Simplemente fijan los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento y la calificación jurídica provisional de los mismos. Sí, el fiscal no debe acusar si cree que esos hechos que menciona no resultan indiciariamente de la fase de instrucción o si conoce que puedan ser falsos (es bastante acojonante tener que explicar esto), pero eso no supone que sean como una sentencia; en realidad, esencialmente fijan un marco para el enjuciamiento, no la verdad material. Y su función es garantizar los derechos de los acusados. ¿Saben por que´? Porque son el escrito de acusación y la resolución judicial posterior los que fijan aquello por lo que te pueden juzgar. Y si el fiscal o el acusador particular meten la gamba, el acusado puede decir, eh, se te olvidó acusar de aquello, pues te jodes, amigo.

Comprenden, imagino, por qué los acusadores suelen pasarse antes que quedarse cortos. Ellos no son los que juzgan.

Y ahora vamos a ver un caso práctico de esto que, miren, tiene que ver con lo que estoy comentando. La cacanoticia de Público dice lo siguiente:

Dureza extrema de la fiscalía.

El escrito del fiscal es, además, tremendamente duro. Según manifestó su abogado, José Estanislao, este lunes en una entrevista en Antena3, la condena a dos sentencias por el mismo hecho. “Existe jurisprudencia de la audiencia de Pamplona, confirmada después por el Tribunal Supremo en un caso similar de dos niños, en el que la condena fue sólo por un delito. Porque el bien jurídico tutelado es el de los derechos y deberes familiares y se trata de un sólo delito, de un sólo bien. Es como si estuviéramos hablando de un impago de pensiones. Si se deja de pagar dos veces, no son dos delitos, sino uno”.

Veamos si es verdad eso de que es tremendamente duro, y veamos por qué un fiscal ha de hacer bien su trabajo.

El letrado de Juana Rivas menciona una sentencia de la Audiencia de Pamplona (es de Navarra, en realidad), que en un caso similar (dos niños secuestrados por su padre) condena por un único delito y no por dos. Y añade que se confirmó por el Tribunal Supremo.

Efectivamente, así es. Esta es la sentencia de casación. Pero no lo cuenta todo. Resulta que en la sentencia de instancia consta que el fiscal no había acusado por sustracción de menores, sino por desobediencia. Y se menciona que, aunque la acusación particular (el abogado de la madre) pedía cinco años de prisión por sustracción de menores, solo acusaba por UN delito (aunque continuado).

¿Saben la consecuencia que se deduce de lo anterior? Que el tribunal sí apreció que había sustracción de menores, no apreció delito continuado y condeno a dos años por un solo delito. el único delito por el que venía acusado. Y cuando luego se recurrió la sentencia en casación, naturalmente, ninguno de los motivos tenía nada que ver con el hecho de que dos sustracciones hubiesen sido castigadas como una. Y el Tribunal Supremo solo se pronunció sobre aquello que era objeto de recurso.

Porque los jueces, en nuestro derecho, están limitados.

¿Comprenden ahora por qué las acusaciones en el caso de Juana Rivas califican los hechos como dos delitos?

Y no critico al letrado de Juana Rivas. Yo mismo he hecho esto en mil ocasiones. Usamos todo lo que tenemos a mano.

Porque seguro que conoce esta sentencia, posterior a la de la Audiencia de Navarra, de la sección 6ª Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia núm. 691/2016 de 7 diciembre) que se refiere a un padre condenado por tres delitos de sustracción ilegal a una pena de DIEZ AÑOS Y SEIS MESES:

La cuestión fue asimismo objeto de debate en tanto que las conclusiones finales de la acusación lo solicitaron expresamente frente a las alegaciones de la defensa. Y con cabal fundamento, si tenemos en cuenta la conducta delictiva que aquí se ha cometido y la clase de tipo penal aplicado. La sentencia también argumenta al respecto con apoyo en diversas sentencias del TS mencionadas en una sentencia de la AP Madrid, Sec.1º de 15 de febrero de 2011 , a las que podrían añadirse otras, más recientes, en la misma línea ( AN 21/2015 de 2 de noviembre ) que el bien jurídico protegido determina la aplicabilidad de una u otra figura concursal, pues si atendemos a la desobediencia específica a la resolución judicial es claro que solo se produce una infracción y no tres. Pero al margen de que habiendo quedado incluso cuestionado por el propio recurrente que aquí estuviera vigente la atribución judicial de la guarda y custodia de los menores en la fecha de los hechos, es decir, que concurra realmente la sustracción por desobediencia a una resolución judicial, la conducta de sustracción por la que se ha condenado es más que un mero delito de desobediencia y como tal fue tipificado especificamente por el legislador, como recoge la sentencia mencionada: “Es doble, pues, el bien jurídico protegido en cuanto se sanciona la desobediencia pero porque esta afecta al bienestar integral del menor (físico y psíquico). Por consiguiente, el presupuesto jurídico para la aplicación de este artículo es que un Tribunal haya determinado con qué cónyuge se logra dicho bienestar integral del menor”. Siendo tres los menores, y tratándose del bienestar familiar de cada uno de ellos el que quedó lesionado, al margen de que aquí sin duda también se afectó su seguridad personal, es claro que tres víctimas diferentes dan lugar a tres conductas distintas aun cuando el acto materialmente se produzca a la vez. (…) . En el caso objeto de nuestra atención, el tipo penal refiere la sustracción de un hijo menor por parte de su progenitor, lo que da idea de un único sujeto pasivo. En consecuencia, siendo tres los menores que fueron trasladados al extranjero, y tres los titulares de bienes jurídicos lesionados resulta inasumible la tesis de la unidad natural de acción que se pretende.

¿Que es dura la calificación? Hombre, considerando que la norma establece penas de cuatro a ocho años de prisión, yo no diría que pedir cinco sea “tremendamente” duro.

También es verdad que yo no tengo que justificarme, ahora que se acabó el circo del verano.

 

El tiempo no pasa

 

Para mi querida Marcela

Johann Gotlieb Goldberg era alumno de Johann Sebastian Bach. Vivía en la corte de Dresde, a sueldo del embajador ruso, el conde Carl Von Kayserling. El conde era insomne y despertaba a su clavecinista y le hacía tocar dulces melodías para conciliar el sueño.

El Aria con variaciones diversas para clave con dos manuales, las universalmente conocidas como Variaciones Goldberg, fue un encargo del discípulo al maestro. Por la obra el conde pagó un centenar de luises de oro a Bach.

Esta famosa obra comienza con un aria, el tema que Bach toma del Notenbuch, escrito para su segunda esposa, Ana Magdalena. Se trata de una zarabanda, una melodía con una estructura armónica sencilla sobre la que construir las veintinueve variaciones. Digo veintinueve porque la treinta en realidad es un quodlibet, una broma musical, también llamada ensalada, como las que hacían los Bach en las reuniones familiares. La mayoría eran músicos y apostaban a improvisar mezclando piezas polifónicamente, algunas religiosas, otras profanas, de forma cada vez más compleja y divertida. Eso hará Bach, utilizando canciones populares alemanas.

Glenn Gould es un misterio. Pianista estrafalario, técnicamente superdotado. Sus peripecias vitales son conocidas: su amor por Bach, su retirada de las salas de conciertos. Ha sido el intérprete más interpretado de la historia. Objeto de culto y de odios sarracenos. Materia para mala y buena literatura. Capaz de declarar su aversión por Beethoven y de grabar una appassionata demente, con un tempo que desfigura la obra, como si quisiera demostrar que sólo Bach resiste sus volubles cambios de velocidad.

Cruza las piernas y canta. Su postura —agazapado— ante el piano parece la de un anciano, con esas manos fuera del teclado, tan bajas que presiento a un imaginario profesor corrigiendo el gesto.

Sus veleidades y caprichos, sus opiniones, te podrían llevar a preguntarte si no estás en presencia de un divo en el peor sentido de la palabra.

Si no fuera por el sonido.

Las variaciones están escritas para clave. Oigan a Hantäi o a Leonhardt, no se queden solo en Gould. Puede que su Bach sea incluso un Bach más auténtico, si algo así pudiera decirse. Pero Gould es especial. Es un misterio. Grabó dos veces las Variaciones Goldberg, con veinticinco años de diferencia. Esa obra le obsesionaba. La primera grabación lo convirtió en un superventas; la segunda se vendió retroactivamente como un testamento. El mismo Gould explicó cómo, año a año, en su cabeza, eran cada vez más lentas, más reposadas, menos románticas, más desnudas. Así hasta alargarse los más de quince minutos de la segunda grabación. Comparen el tempo de unas y otras, su carácter, el uso de repeticiones. Es extraordinario. No hay piano en el que las voces de Bach hayan sonado así, tan puras, tan cristalinas, tan imposibles. No sabes si no hay intérprete o si hay varios, simultáneos, ocupado cada uno de una voz diferente. Se llegó a afirmar que padecía asperger. Ese, el desorden hasta la obsesión por el orden, será el consuelo para los que no comprendemos cómo es posible el milagro de Gould.

* * * * *

Hace muchos años, B me hizo un doble regalo: los dos libros del clave bien temperado y las grabaciones de Gould, en vinilo. En el salón, de madrugada, en casa de mis padres, las escuchaba, 48 preludios y 48 fugas. Muerto de sueño, hasta el final.

* * * * *

Año 2000. He comprado en Oviedo las suites inglesas de Bach. Llueve. Mis hijas, un mes y tres años, duermen en el asiento de atrás, yo escucho a Gould, la carretera está vacía y el tiempo no pasa.

 

Ahora sí usa palabras

 

Lo que me parece más asombroso de la denuncia de “Grace” contra Aziz Anzari se resume muy bien en este artículo.

Me explicaré: hay un montón de gente hablando de algo que no presenciaron; haciendo comentarios sobre si fueron equívocos o inequívocos determinados “signos” verbales y no verbales, cuando solo saben de ellos a través de dos versiones diferentes, una dada por un actor muy conocido, otra por una denunciante anónima en internet; planteando incluso si la actividad sexual que se describe en ese escrito anónimo fue una agresión o una coacción, cuando ni siquiera sabemos si la versión subjetiva de la denunciante sería admitida por un jurado de doce hombres y mujeres justos que hubiesen presenciado toda la escena en una esquina del apartamento, bien formales ellos, y accediendo a todas las pruebas (incluidos los pensamientos de él y de ella).

Todo esto es, como digo, asombroso. Más aún lo es el cansino y estúpido rollo sobre el lenguaje no verbal y lo que los hombres pueden entender o no cuando hablamos de algo tan importante como la libertad sexual. Atentar contra la libertad es una cosa muy seria. Tanto que se considera delito en muchas de sus formas (lo son las coacciones, la detención ilegal, el abuso, la violación). Hacemos a menudo cosas que quizás no nos interesan o incluso nos dan asco por muchas razones. Puede que me repugne esa cena con mi suegra o reír los chistes del jefe o incluso que mi esposa me dé repelús, pero a lo mejor sopeso lo que pierdo si soy sincero y decido hacer cosas que no son divertidas. Sí, no es tan raro tragar sapos durante todo el puto día y durante años. Pero si lo hago, no es serio que sostenga después que mi suegra, mi jefe o mi esposa me tienen secuestrado o coaccionado. Lo hago porque quiero. Porque me conviene de alguna forma, a lo mejor cobarde y oscura.

Y si pretendes que no quieres, el asco que puedas sentir no es suficiente. Es preciso demostrar que el otro sabía que tú no querías y aun así te obligó a hacerlo. Te obligó usando la violencia o amenazándote con un mal injusto. Y para demostrar que el otro sabía, hay un procedimiento muy sencillo: lo dices. Lo dices inequívoca y seriamente, y evitas cualquier posible ambigüedad. Eso es ser adulto. Y por eso nuestras exigencias se hacen más laxas cuando se trata de menores, o de personas con capacidad reducida.

¿O hemos de pensar que las mujeres son inferiores y no son capaces de decir que no de forma que ese jurado sentado en la esquina afirme sin duda alguna: está claro, no quiere y él lo sabe?

Además, si el consentimiento que vale es el que vale subjetivamente para ellas, que son de Venus, ¿cuánto dura la validez del consentimiento prestado incluso formalmente? Si ella dice sí, y firma el modelo X-28 en presencia de dos testigos, ¿puede revocarlo usando el lenguaje no verbal en medio de una relación sexual?

Por cierto, ¿para follar hay que tener determinado CI? ¿Hay que tener algún título universitario? ¿Puede un imbécil follar sin la asistencia de un representante que complete su capacidad? Lo pregunto porque todos conocemos a gente que difícilmente entiende lo que le dices; imaginad adiestrarla en este mundo ignoto de lo “que está en el aire”.

¿O pretendemos que el asunto del consentimiento se convierta en una forma de la paradoja del gilipollas de Schrödinger?

Ah, ¿el lenguaje no verbal para decir no no es machista? ¿No es una forma de decir que no, sin tener que decirlo para así no contrariar al macho? ¿O es que el mensaje es: chicas no renunciéis a las falsas excusas y al silencio conveniente, porque es un vudú muy poderoso que podéis activar en cualquier momento?

Todo lo anterior, por lo demás, a pesar del tiempo que ya le he dedicado, no es lo más grave de este asunto.

No. Lo más grave es que la discusión se centra en lo que supuestamente sucedió y casi nadie considera la enorme responsabilidad de la denunciante: puedes joder la carrera de un actor, que vive de una imagen pública, contando esta historia en internet. Como no se denuncia que haya delito, parece que no importa que él quede retratado como un cerdo asqueroso. Y como la cuestión se centra en este asunto, que se está convirtiendo en tabú, nadie discutirá tu derecho a dibujarlo así. Anónimamente.

Por lo visto, está muy feo que el actor no entendiera los mensajes de ella, si es que de verdad existieron de forma comprensible para un “buen padre de familia”, pero está muy bien que ella, anónimamente, cuente a gritos meses después un episodio íntimo (no delictivo), con la evidente intención de mostrarle como un puto hipócrita y hacerle daño.

Eso sí: lo que cuenta lo cuenta usando palabras. Porque, claro, así se entiende perfectamente. ¿A que sí?

 

Test de Rorschach

 

En el número 17 de la calle de los Plateros de Madrid, bien al fondo del portal, tras una crujía interminable, llena de recovecos y penumbra, un mudo vendía carbón y compraba secretos. Me lo contó Amparo, mi abuela, que en paz descanse, un fin de año en que el anís le soltó la lengua y le desató los malos recuerdos. Venía al caso de una noticia aparecida en Pueblo la víspera. El hurto de un semanario de oro se había resuelto casualmente por la mezcla de la peste de un gato muerto y la cháchara de una alcahueta con un descuidero.

— A ver si creéis que es la primera vez que el mal olor destapa un crimen —usaba el plural porque hablaba a varios de sus nietos—. Recién acabada la guerra, metieron preso a un carbonero malaje por enterrar niños bajo el carbón.

— ¡Venga abuela, te lo estás inventando!

Pero no se lo inventaba. En la hemeroteca de ABC, pueden encontrar la noticia. En el invierno de 1941, la policía armada descubrió bajo una carbonera, las tumbas de cinco niños pequeños. Ocurrió cuando el reparto; un chucho indiscreto había medio desenterrado uno de los cadáveres y empezado a comérselo. El olor alertó a una vecina. Los policías, asqueados, esperaron al carbonero, del que se dice en la noticia que había sido regular, y que había quedado mudo por una herida de guerra, y le dieron una somanta de hostias tal que casi lo llevó al otro barrio. Puede que el silencio del carbonero, pese a los golpes, los enrabietase más. Como se imaginarán, la noticia no cuenta ni la paliza ni la sorpresa de los policías al descubrir que el detenido era mudo. Esto lo sé por mi abuela.

— Yo lo conocí algo —nos contó después—. Trabajaba entonces en la casa del embajador cubano, de cocinera, y el mudo traía carbón a la casa. Lo dejaba en un chiscón que había junto a la puerta de servicio. Llevaba una libreta pequeña, con un lápiz atado al alambre, en la que apuntaba lo que quería decir. Daba mucho repelús.

Solo he encontrado esa noticia y sé por qué. Al asunto se le dio carpetazo en la prensa porque dejaba mal al régimen. Condenaron al carbonero por inhumación ilegal, pero es inútil buscar algún suelto con la noticia de la sentencia. La muerte natural de los niños no se había comunicado a las autoridades porque los padres no querían perder la asignación familiar. Un chaval, mancebo del carbonero, lo convenció para enterrar al primer crío bajo el carbón. El muchacho era hermano del muerto. Se corrió la voz y el mudo no supo o no pudo negarse a los que vinieron después. Pese a la miseria de la época, era tanta la sordidez de esta historia que el primer impulso de escarmiento público se enterró bajo una pila de carbón.

A los pocos días, fui con mi hermano pequeño a vender periódicos. Los guardábamos en casa, los atábamos y, cuando teníamos un buen montón, los llevábamos a un sujeto que regentaba en un tabuco un negocio infecto, una especie de paraíso del síndrome de Diógenes, lleno de cacharros, chatarra, harapos y papel. El tipo, en camiseta en verano, con una chaqueta grasienta de lana en invierno, pesaba los periódicos con una romana y nos daba dos o tres duros. Para que se hagan una idea, décadas después, al leer Watchmen, me lo encontré dibujado.

Siempre me había parecido repugnante, pero ese día me pregunté por vez primera si, bajo el montón de desechos, no habría más niños muertos.

(Todo lo que se cuenta en esta entrada es ficticio, salvo alguna cosa)

Tres asuntos

 

Un abogado no debe aceptar un asunto penal tras someter su aceptación a una serie de condiciones y hacer esto público. Vean que escribo “y”. Menos aún hacer declaraciones explicando por qué renuncias a seguir con tu defensa, de forma que perjudiques a quien fue tu cliente.

De hecho, mi posición personal es que los abogados no deben hacer ninguna declaración en la que emitan una opinión personal sobre un asunto que se les ha encomendado profesionalmente, y deberían evitar afirmaciones sobre lo que se va a juzgar.

Sospecho inmediatamente de aquel que se aparta de esto que acabo de enunciar. Es mi punto de vista, claro.

Algo más: si no estás dispuesto a defender a alguien culpable de un delito y hacer todo lo posible para evitar que sea condenado, mejor dedícate a otra profesión más decente.

* * * * *

He leído comentarios fascinantes sobre la resolución dictada por el magistrado Llarena acerca de la solicitud de Oriol Junqueras de traslado a una prisión cercana a Cataluña y su excarcelación para asistir a una serie de plenos en el parlamento. Me refiero a los argumentos sobre la falta de título habilitante en la ley para limitar derechos fundamentales del señor Junqueras y sobre la injerencia del instructor en competencias de la mesa de dicho parlamento, al declarar la incapacidad prolongada del señor Junqueras conforme al artículo 93 del reglamento.

Lo curioso de esos argumentos es que caen en la paradoja de acusar al magistrado por su benevolencia. Nadie —espero— discute que el tribunal que instruye puede acordar la prisión sin más. Y que esa sí es una limitación de enjundia a un buen montón de derechos fundamentales. Y que la ley le habilita para ello en los casos previstos en nuestras normas de procedimiento criminal. Y que no hay ninguna norma que nos diga que haya de prevalecer el derecho al ejercicio de derechos políticos —incluido el de representar a otros— cuando esto supone la necesidad de excarcelar al ciudadano en cuestión (considerando además que la lista se construye y la votación por los ciudadanos se produce cuando ya está en prisión). Ya, ya sé que, en buena técnica, más que de ponderación de derechos, hay que hablar de máxima efectividad de todos ellos. Pero si es constitucionalmente legítima la prisión como medida cautelar, también lo son todas sus consecuencias, salvo que el juez crea que los fines de esa medida cautelar no se ven perjudicados por excepciones (por ejemplo, por permisos). Puede creerlo o no. Motivadamente. Y puede considerar que el fin (evitar la reiteración) peligra si se permite la asistencia a determinados plenos (con fecha, hora y recorrido). A lo mejor se equivoca, pero puede hacerlo sin que esto implique una ponderación prohibida.

Así las cosas, lo que el magistrado hace es explicar que esos derechos políticos sí pueden ejercitarse (en parte), aplicando la norma (el reglamento) conforme a una determinada interpretación, y que, puesto que a él le corresponde enjuiciar el conflicto de derechos, aplica el ordenamiento jurídico en su conjunto a aquello que le viene atribuido.

Bien. Pongamos que el magistrado hubiera seguido el criterio de esos que insisten en que se extralimita. La consecuencia es simple: Junqueras sigue en prisión y no acude al parlamento, porque el juez que acuerda esa prisión considera que prevalecen los fines constitucionales legítimos que le permiten acordarla.

Más aún: esto mismo pueden hacer los integrantes de la mesa. Pueden, en su primera reunión, decirle al magistrado que él no es quién para invadir sus competencias y que no aceptan que Junqueras esté incapacitado a los efectos del art. 93 y que no admiten la delegación [criterio que defienden los letrados del parlamento en este informe, bien razonado]. Todo lo más se puede plantear un conflicto que solo podría resolver el Tribunal Constitucional.

Pero, por la misma razón, el parlamento no puede obligar al juez a que Junqueras salga de prisión. ¿Verdad?

El juez, en su resolución, simplemente ha manifestado que la situación de Junqueras encaja en lo previsto en esa norma (el art. 93), es decir, está incapacitado. Y que si se delega su voto por el procedimiento que se establezca, se minimiza la consecuencia de la privación de libertad. Se minimiza incluso respecto de otra previsión más intensa (la suspensión prevista en el 384 bis de la Lecrim), que aún no se da formalmente, aunque el juicio de imputación actual se acerque bastante. Por cierto, sí, a la mesa le corresponde interpretar esa norma, pero no puede hacerlo arbitrariamente y además, ha de interpretarla también en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales (y sus decisiones están sometidas al control judicial).

Lo interesante es que los que claman contra la decisión aludiendo a excesos del juez, en realidad con lo que están en desacuerdo es con la decisión de mantener la medida cautelar. La consecuencia de sus argumentos parece ser: o sale de la cárcel o nada.  Prefieren nada al voto delegado a otro compañero de partido. La nada vende mejor, claro, si tratas de explicar el terrible riesgo de la deriva autoritaria del Estado español a la hora de reprimir a unos simpáticos golpistas.

Importa más la retórica que la sustancia. Lo de siempre, vamos.

* * * * *

Los tribunales españoles y el TEDH han explicado reiteradamente que no hay un derecho fundamental a ingresar en prisión cerca del lugar en que vivías, y que la política penitenciaria, aunque ha de aplicarse individualizamente, puede atender a fines diversos, entre los que se incluye facilitar la reinserción de los miembros de bandas terroristas y de grupos criminales, así como impedir que se cree, dentro de las prisiones, un control de hecho sobre los internos por esas bandas.

No existe, por tanto, una vulneración de derechos fundamentales por la dispersión de los presos etarras. Ahora, la dispersión debe obedecer a esos fines. No es admisible que sea un castigo añadido. La pena es la que es.

Sin embargo, cuando se plantea esta cuestión, se suele colocar en la balanza a los “hijos” de los presos vs los “hijos” de los asesinados. Como si estos tuvieran mayor valor que aquellos. Como si el sufrimiento injustificado de estos (muy superior, ya que han perdido a sus padres) frente al sufrimiento justificado de aquellos (justificado porque sus padres están en prisión por los actos que cometieron) permitiese incrementar el daño más allá de lo que decidió la sociedad española democráticamente.

Discutir así es entrar en un terreno moralmente erróneo. Si la dispersión sigue estando justificada (como lo estuvo indiscutiblemente en el pasado) hay que explicar y probar por qué. Si hay razones, que se mantenga. Si no las hay, que se acabe con ella. Si la dispersión no fue un castigo, sino una medida justificada, terminar con ella por haber cesado sus razones tampoco sería un premio.

Todo lo más, sería una victoria. Otra más.