Que no, que no es porque seamos más fuertes

He leído varios artículos en los que, para justificar el tratamiento penal desigual entre hombres y mujeres en materia de violencia doméstica, se alude a la diferencia entre el físico de hombres y mujeres. Por ejemplo, lo dice ayer mi querido Jorge Bustos:

«Lo adulto sería reconocer, con el derecho clásico y el TC, que tratar como iguales a los que son diferentes comporta una injusticia. Que la desigualdad física entre varones y hembras aconseja un reequilibrio legal tan antiguo como la civilización. »

Es un error.

En primer lugar, porque la desigualdad física, si desemboca en consecuencias diferentes, será penada de forma diferente, ya que la pena depende de su gravedad. Es decir, si los hombres agreden «más fuerte» y hacen más daño, serán castigados con más dureza, pero por ese dato objetivo, no porque sean hombres. Para que se entienda bien: el artículo 147.1 del Código Penal, por ejemplo, castiga ciertas lesiones (las que requieren para su curación más de una asistencia facultativa). La ley, para castigar, concede al juez bastante margen discrecional (la pena de prisión prevista va de tres meses a tres años), para lo que el juez ha de considerar las circunstancias concretas del caso. El propio Código contiene una serie de circunstancias que permiten que la pena sea aún más grave (de dos años a cinco años de prisión). Por ejemplo, el tipo de objetos utilizados (que sean especialmente peligrosos, como un cuchillo), el ensañamiento, la alevosía, que la víctima sea menor de doce años o con discapacidad, o que sea especialmente vulnerable y conviva con el autor. Todas ellas (que han de atender al resultado producido o al riesgo concurrente) son muy lógicas, ya que el desvalor de la conducta aumenta y supongo que no es preciso explicar por qué en cada caso. Pero es que hay una más: que la víctima sea la esposa o la pareja del autor. Si la víctima es el marido o pareja de la autora, no concurre ese posible agravamiento. Como pueden observar, el agravamiento no es consecuencia de que el hecho sea más grave, de que haya existido más violencia, de que la víctima sea más vulnerable (¡ya existía ese supuesto!), de que concurra alevosía o ensañamiento, o de que se utilizase un medio más peligroso, con el riesgo que esto supone para la salud y la vida. No, la conducta se considera más grave porque el autor es el marido o la pareja de la víctima aunque sea idéntica a otra en la que es la mujer la agresora. Y esta agravación no se produce si la víctima no es mujer o pareja del autor hombre, por lo que es obvio que no depende de la desigualdad física.

Pero tampoco hay que elucubrar. Veamos que dijo el Tribunal Constitucional en una de las sentencias que dictó sobre este tema:

«(…) no resulta reprochable el entendimiento legislativo referente a que una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la disminución de las expectativas futuras de indemnidad, con el temor a ser de nuevo agredida; de otro, para su libertad, para la libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de persona y en tanto que hace más perceptible ante la sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo menospreciado. No resulta irrazonable entender, en suma, que en la agresión del varón hacia la mujer que es o fue su pareja se ve peculiarmente dañada la libertad de ésta; se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y se ve peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece (…)»

¿Ven ustedes en lo anterior alguna referencia a la desigualdad física? No, no hay ninguna referencia.

En realidad, la cuestión es más simple. El legislador (con el aval del Tribunal Constitucional) dice que cualquier agresión de un hombre a su pareja (o expareja) femenina es peor porque todas las agresiones de hombres a mujeres en tal circunstancia son resultado de una pauta cultural universal. Si esto se hubiera incluido como agravante (es decir, que hubiera de ser alegado y probado) podría admitirse. Y podría considerarse que una agresión de este tipo fuese castigada más gravemente, en la medida en que incluye una mayor lesividad, un mayor efecto intimidatorio y un atentado superior a la dignidad de la víctima. Pero no se incluyó como agravante: se presumió en todo caso. Tan aberrante es esto, que el propio tribunal tuvo que admitir que ese desvalor no existiría si se probase que la agresión no se inserta en esa pauta cultural.

Es decir, el autor ha de probar que no concurre algo que agrava su conducta.

Justo lo contrario de lo que habíamos dicho siempre que era civilizado: que el Estado probase que concurría algo que agravaba la pena para poder castigar más duramente.

Claro está: esa prueba es más fácil si él es magistrado y ella notario.

 

Anuncios

Chistes

 

El Gobierno va a solicitar que al menos un fiscal analice un vídeo de un humorista porque en él «desea» la muerte del presidente Sánchez. Desea de manera un tanto enrevesada, utilizando a un niño sobrado de peso al que se le mueren personajes favoritos. O el niño tiene mala suerte o goza de poderes sobrehumanos —como un X-men, su afecto mata a distancia—. También puede que el género sea otro, no el de superhéroes, sino el fantástico, y se cuente una historia de satánico nepotismo: existen los Reyes Magos, se dedican no al bien, sino al mal, el humorista lo sabe y el niño es un enchufado.

Frente a estas alternativas, se alza otra más prosaica: el humorista no desea realmente la muerte de nadie, los personajes favoritos del niño son Bob esponja y su abuelo, y los Reyes Magos son personajes de ficción (en cualquiera de sus versiones, como agentes satánicos o como intermediarios de la industria juguetera). Es decir, a lo mejor el humorista estaba intentando contar un chiste.

A esto va a dedicar su tiempo un fiscal, dentro de su horario laboral. Porque se lo ha pedido el Gobierno, mientras un montón de dirigentes socialistas hablan de líneas rojas.

Aunque, quién sabe, quizás todo sea un chiste del Gobierno y no lo hayamos pillado.

 

* * * * *

 

Por lo visto, ha generado un enorme revuelo este artículo publicado en JotDown por un tal Manuel de Lorenzo. La indignación se ha mostrado especialmente entre los habitantes de la recóndita Asturias.

Siento ser yo el que tenga que revelar el engaño, ya que a veces se ha publicado en ese revista alguno de mis artículos; pero alguien ha de hacerlo: Manuel de Lorenzo no existe.

 

Fachas paradigmáticos

Vean este tuit y escuchen el audio:

Hay dos interpretaciones posibles de lo que dice Ortega Smith:

En una, el tipo no solo es un psicópata, sino un especie de extraterrestre imbécil. Alguien que cree que se puede fusilar en una cuneta a enemigos, con amor. Esta opción nos describe a Ortega como  un fascista rarísimo. Un fascista dadaísta. Un fascista con un discurso de escritura automática. O un imbécil con una imbecilidad imposible.

Hay otra interpretación en la que Ortega, cuando dice «con amor», se refiere al recuerdo de hechos tristes por medio de una cruz. La cruz, con amor, recuerda un crimen, algo que no debió suceder.

Escuchen ahora el audio pensando en que pueda estar diciendo esto.

¿A qué interpretación se han apuntado un montón de personas? Exacto. A la primera.

Por ejemplo:

Luego, todos estos premios Nobel se extrañarán de las consecuencias.

Una comparación chunga

 

Hoy, mi querido Manuel Jabois, ha escrito esto

Hay comparaciones chungas y esta es una de ellas. Los proetarras no condenaban todas las violencias, sino que se negaban a condenar los crímenes de ETA porque estaban de acuerdo con ellos. Si Vox dice que un asesinato de un marido a manos de su esposa es igual al asesinato de una esposa a manos de su marido lo que afirma es tan robusto que Manuel va a tener difícil rebatirlo.

Para que se me entienda mejor, dos consideraciones:

La primera, a mí los asesinatos de ETA me parecían muy mal, como es natural. Los asesinatos por el terrorismo de Estado (sí, para mí lo fue), me parecían peor. ETA era una basura, pero me da mucho más miedo un Estado que mata que esos hijosdeputa, por organizados que estuvieran. Creo que ninguna persona de bien habría tenido problemas en condenar el asesinato de un guardia civil a manos de los etarras y condenar después el de Lasa y Zabala, a manos de un guardia civil. Vean que a los asesinados por un guardia civil les pongo apellidos de memoria. Es fácil, ETA mató a centenares de guardias civiles y muy pocos se acuerdan de sus nombres.

La segunda consideración: para comprobar si afinas moralmente con una comparación, nada mejor que intentar averiguar si se sostiene.

No hay crimen de ETA condenado por los proetarras mientras ETA actuaba. Condenados sin peros. Condenados diciendo ETA asesina. Vean que el cocinilla Otegi no se atrevió a condenar el terrorismo ni siquiera en esos últimos juicios en los que se le acusaba de cosas feas, a pesar de que, según nos cuentan, ya estaba «promoviendo» la paz. Para los etarras y sus amiguitos, los crímenes de ETA eran consecuencia del conflicto, un resultado no deseado de una violencia política nacida de la ausencia de democracia y de libertad. Sí, amigos, hemos estado comiendo esa asquerosa basura durante décadas. Y hasta había quien les compraba parte del discurso fuera de la secta.

Ahora vean esto: es lo que decía VOX en julio de 2016 sobre las decisiones que se estaban adoptando en el Congreso de los Diputados en materia de violencia doméstica. Díganme dónde dice Vox que los asesinatos de mujeres sean consecuencia de los asesinatos de hombres u otras víctimas vulnerables. Exacto, en ninguna parte. De hecho, dicen:

«Desde VOX estamos radicalmente en contra de este Pacto de Estado que no va a
erradicar la violencia que pretende combatir»

«1º El hecho de ampliar los supuestos de una violencia específica a todo caso de
violencia de los hombres contra las mujeres, aumenta la desigualdad jurídica entre
ciudadanos (…)»

«2º Las medidas extraordinarias de tratamiento de posibles víctimas de este tipo de
violencia, (…)»

«Los recursos asignados a erradicar esta violencia se malgastan en casos
instrumentales dejando desprotegidas a las mujeres en verdadera situación de
maltrato.»

«4º La ingente inversión en la última década de fondos públicos contra este tipo de
violencia no ha mejorado la situación, por lo que es evidente que se aplican medidas
ineficaces. La violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja se ha incrementado o
disminuido aleatoriamente cada año al margen de la inversión pública destinada a
combatirla. El abordaje del problema ha de hacerse analizando, sin prejuicios
ideológicos, las causa.»

«5º La intromisión en los centros educativos de una ideología que criminaliza al
varón acusándolo de maltratador por su sexo y que olvida otras violencias, lejos de
facilitar el respeto entre los sexos, dificulta las relaciones de los menores, invisibiliza
otras víctimas de violencia y crea nuevas situaciones de injusticia.»

Como es evidente, te podrá gustar o no lo que proponen en esta materia y sus análisis, pero ¿dónde dice Vox que no hay asesinatos de mujeres y que no deban castigarse? ¿Dónde justifica Vox esos asesinatos hablando de legítima defensa —eso es «las violencias»—?

¿Dónde ha pedido Vox la amnistía para los asesinos de mujeres? ¿Dónde ha homenajeado Vox a un asesino de mujeres que sale de prisión con algún bailecito de mierda y aplausos de sus vecinos?

Exacto, en ninguna parte.

De hecho, es facilísimo para Manuel Jabois, que es periodista, demostrar su tesis: que le pregunte a cualquier dirigente de Vox si condena el último asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja y si apoya que el tipo se pudra en la cárcel.

 

NOTA: Me escribe Manuel y responde lo que viene a continuación:

Querido Tse, no sé si no encuentro la manera de dejar comentarios en tu blog o es que los has quitado, no me aclaro.

Como sabes, no suelo contestar desde hace años a las entradas de tu blog Las cuatroesquinas de Jabois. Primero porque me resulta difícil seguir el ritmo y, segundo,  porque he comprendido, después de leernos tanto, que hay ironías, figuras literarias o esquemas extremadamente sencillos que o bien no detectas o, simplemente, acaban convirtiéndose en algo más complejo de lo que son, otorgándome un talento oculto que no tengo: contestas la sandez del sabio que no soy en lugar de la ironía del chistoso por el que sí paso.

Otras veces me has dado en los morros y aprendo, que es como mejor se aprende, a golpes; te lo agradezco. Esas veces son por datos que yo desconocía; las otras, en las que te me pierdes, es por el sentido que tú le das a mis frases y el sentido que le doy yo. Ninguno es el caso de hoy, creo, así que van unas líneas.

Como sabes, el 95% de los condenados por violencia en la pareja son hombres. Además, prácticamente el 100% de los agresores sexuales son hombres. Observo una constante; llámalo algo estructural, llámalo tendencia. Cuando Vox dice que hay que suprimir las leyes de violencia de género y sustituirlas por una ley de violencia intrafamiliar que considere igual de víctimas a mujeres y hombres, sin distinción de género, yo digo en la radio que eso es apartar el foco de un problema y disolverlo al modo en que los proetarras, efectivamente, no querían condenar a ETA sino “a todas las violencias” para no tener que señalar la gravedad de una violencia concreta. Puedes estar de acuerdo o no, y podemos discrepar en que cada crimen pese más o menos, que discrepamos.

¿Pero es tan difícil de entender la comparación? Pues mira tu respuesta:

Como es evidente, te podrá gustar o no lo que proponen en esta materia y sus análisis, pero ¿dónde dice Vox que no hay asesinatos de mujeres y que no deban castigarse? ¿Dónde justifica Vox esos asesinatos hablando de legítima defensa —eso es «las violencias»—?

¿Dónde ha pedido Vox la amnistía para los asesinos de mujeres? ¿Dónde ha homenajeado Vox a un asesino de mujeres que sale de prisión con algún bailecito de mierda y aplausos de sus vecinos?

Exacto, en ninguna parte.

De hecho, es facilísimo para Manuel Jabois, que es periodista, demostrar su tesis: que le pregunte a cualquier dirigente de Vox si condena el último asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja y si apoya que el tipo se pudra en la cárcel.

Me preguntas dónde dice y pide Vox todo eso y respondes que en ninguna parte. Ahora te pregunto dónde digo yo todo eso que atribuyo a Vox: exacto, en ninguna parte.

Para mí, como periodista, hubiera sido facilísimo demostrar una tesis que no expongo. Para ti, como abogado, hubiera sido mucho más fácil no construir un hombre de paja que no cabe por la puerta de un juzgado.

El abrazo y la admiración de siempre, y felices fiestas, si sigues en ellas.

M.

 

Un error histórico

 

El 22 de diciembre de 2004 se produjo la última votación de la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En esa ocasión se hallaban presentes 325 de 350 diputados. El resultado de la votación fue unánime. Todos los diputados presentes, todos los grupos, todos los partidos de la cámara dijeron que sí, que esa ley era correcta y necesaria. Todos se auparon en una sincera ola de indignación moral por la estadística anual de asesinatos de mujeres a manos de hombres. No de cualesquier hombres, sino de los que habían sido o eran sus maridos o sus parejas.

Sin embargo, con parte de esa ley se cometió un error histórico que hay que corregir.

Aunque los que estudian esta materia llevan décadas discutiendo sin ponerse de acuerdo, cada vez parece más difícil sostener, con datos, que exista una causa concreta, identificable, de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. De hecho, esta forma concreta de violencia —y otras, de mujeres contra hombres o contra otras mujeres, de hombres entre sí, de personas unidas por vínculos familiares, pero no sentimentales o sexuales, etc.—  son fenómenos complejos, en los que confluyen, se compensan y se acumulan muchos factores, y una aproximación inteligente nos exige una descripción detallada de sus elementos, de sus detonantes y un diagnóstico sobre sus causas últimas, antes de siquiera plantearnos si existe una solución y, de existir, de empezar a calcular sus costes. La expresión «tolerancia cero» es admisible como desiderátum, pero para saber si su corolario, «ni una más», es posible como objetivo, en un sentido práctico, debemos conocer cuánto nos va a costar, en términos económicos y humanos, qué debemos pagar a cambio. Esto solo parece frío si tenemos una visión inocente de la existencia. Es lo mismo que consideramos cuando nos preguntamos por medidas para alejar la muerte natural o accidental, para eliminar el crimen en general, acabar con la enfermedad, la ignorancia, la deficiente alimentación, la desigualdad, o para limar las aristas que surgen con la vejez, por enumerar  algunos males a los que querríamos poner remedio.

En todo caso, el error histórico que da título a este artículo no es el de definir este mal concreto que nos ocupa como una consecuencia de estructuras heteropatriarcales de origen social, cultural, que podrían removerse con una decidida acción del Estado. Yo creo que esta explicación es simplista, seguramente equivocada —en lo que se refiere a su exclusivo o predominante origen cultural, y en lo relativo a su acierto como descripción actual en los países más avanzados socialmente—, pero esto tampoco importaría tanto si no se hubiese convertido en un dogma y si las posiciones no hubiesen alcanzado el grado actual de crispación y animosidad. Es decir, si se admitiese la discusión leal y racional de sus postulados y de las consecuencias de las políticas implantadas. Sin embargo, esa explicación se ha vuelto dogmática precisamente porque elude la puesta en cuestión de sus paradigmas, que se han vuelto intocables, sin importar hechos, métodos o mediciones. Solo hay una explicación válida y el que la matiza o la discute, siquiera parcialmente, es un neomachista. Es decir, el discurso ha desembocado en magia o religión: no solo contiene una explicación de por qué existe la violencia contra las mujeres —o las diferencias salariales o las disparidades sociales—, sino que incluye un sistema de seguridad, que desactiva cualquier discusión crítica por el simple procedimiento de etiquetar al discrepante como un ejemplo más del mal que hay que eliminar.

La historia, sin embargo, demuestra que las deficientes descripciones de la realidad no suelen durar, y que cuanto más rígidos son sus postulados y más se utiliza la coacción para sostenerlas, más fácil es que se produzca finalmente un rechazo total, incluso en aquello que pudieran tener de valiosas o acertadas. Lo exacerbado y dogmático es veleidoso, y la memoria de sus defensores frágil. Lo que en un momento fue mayoritario por moda, puede dejar de serlo por la misma razón. En mi opinión, este fenómeno pendular se empieza a manifestar con fuerza. Sin embargo, aún estamos a tiempo de aminorar las consecuencias de un cambio poco meditado. Para lograrlo debemos dar una serie de pasos.

En primer lugar, hay que modificar las normas penales que han desigualado a hombres y mujeres, castigando conductas iguales con penas diferentes. Las desafortunadas y erróneas decisiones —a mi juicio— que adoptó el Tribunal Constitucional sobre estos preceptos se refieren a su constitucionalidad, no a su oportunidad. Yo sostengo que no son constitucionales y que el tribunal se equivocó, sobre todo porque la justificación de la desigualdad es —pese al encubrimiento que se contiene en la jurisprudencia constitucional— un ejemplo manifiesto del derecho penal de autor, al atribuir a un grupo de personas, los hombres, un reproche añadido cuando perpetran delitos exteriormente idénticos a los de otros ciudadanos, que son castigados más levemente por ser mujeres. Estoy simplificando, ya sé que hay diversas posibilidades en cuanto a actores y víctimas y no quiero detenerme demasiado en esto, que daría para un artículo aún más largo que este. No quiero detenerme porque, en todo caso, y al margen de su constitucionalidad, la solución adoptada fue un disparate. El derecho penal es una forma de agresión autorizada contra los derechos y libertades. Se admite porque nos protege a todos de las conductas que más nos repugnan y dañan, pero, por esa misma razón, es un instrumento inadecuado para las políticas activas. La propia política criminal debe caracterizarse siempre por la prudencia y la humildad. Las prisiones, las multas, las prohibiciones graves son respuestas defensivas, que deben promover el bien de forma refleja, porque suponen siempre la existencia de alguien que sufre consecuencias personales y reputacionales. Toleramos esta agresión autorizada si no la percibimos como algo arbitrario: la pena ha de ser como la muerte, alcanzar al rico o al pobre, al rey y al plebeyo. No hay nada más disolvente para su eficacia que la sensación de arbitrariedad, de que la misma conducta no recibe la misma respuesta.

Además, al introducir la desigualdad en el ámbito penal disfrazada de artificio sobre el desvalor de esquemas colectivos milenarios que se decía reproducían los autores de los delitos, se abrió una brecha muy peligrosa. Si los crímenes siguen produciéndose, pero no se puede discutir la explicación última ni el remedio, la única solución para la disminución de las cifras es la huida hacia delante. Hemos visto como se han efectuado propuestas aberrantes que pretenden relajar la presunción de inocencia, incluso invirtiendo la carga de la prueba. De ahí la insistencia en convertir a todas las denunciantes en miembros de un colectivo uniforme. Todas dicen la verdad, todas somos hermanas, no hay intereses personales, sino una especie de nación de víctimas. Cada vez que se agrede a una se agrede a todas. Esta negación de la realidad —tan obvia y adulta como que cada mujer es un ciudadano único con sus propios intereses— basada en una descripción grupal que encierra una desigualdad asimétrica (las mujeres son víctimas en potencia y los hombres criminales en potencia, por lo que a ellas les une un factor valioso moralmente y a nosotros nos une un factor moralmente despreciable) también tiene los pies de barro. Tras las movilizaciones, los linchamientos y los cambios legislativos, muchas mujeres terminarán votando a partidos que quieren derogar «todo esto», porque, sorpréndanse, tienen padres, hermanos, maridos, parejas varones, hijos y, además, saben por su experiencia cotidiana que hay mujeres que hacen daño, que denuncian en falso, y que intentan beneficiarse cuando se las coloca en una situación de poder. Sí, eso que se supone sabemos todos, pero que negamos cuando el discurso identitario nos carcome el cerebro o nos convierte en activistas. Exactamente el mismo discurso del que cree que todo español blanco es su aliado frente al africano negro o magrebí, a pesar de que la experiencia le debiera haber enseñado que esa generalización es, no solo ofensiva, sino estúpida. Esto explica además esa insistencia en el argumento de la cifra oficial de denuncias falsas en materia de violencia doméstica, que nadie con dos dedos de frente cree que refleje la realidad.

Esta misma dinámica es la que explica la creencia en que los jueces son un obstáculo por su falta de fe. La perspectiva de género como materia obligatoria para los jueces atenta también contra otra institución civilizada. Escogemos a expertos en derecho, a los que dotamos de dignidad e independencia, para que apliquen la ley, con la asistencia de otros operadores jurídicos y de expertos en otras materias. No tengo mayor problema en que alguien intente introducir en el debate concreto en un juzgado la perspectiva de género como explicación de lo sucedido, por medio de un experto en esa materia. Pero, en tal caso, yo, como abogado, también podré proponer a un perito que discuta sus postulados y que intente, en resumidas cuentas, convencer al juez de que son débiles o contrarios a la experiencia y los datos, en particular, en el caso concreto. Esto sucede constantemente. Sin embargo, esto, que es razonable, se ha sustituido por la imposición de un discurso único que ha de aplicar el juez directa y necesariamente y que además es tendencial: al igual que este artículo es machista desde esa misma perspectiva, se nos dice que decisiones polémicas —para los que promueven esta «solución»— dejarán de producirse si los jueces piensan correctamente.

Sabemos que los jueces pueden equivocarse, ser unos inútiles, ser vagos o descuidados, ser unos corruptos. Por eso el sistema introduce controles, que también generan error. De nuevo, eliminar esas disfunciones por completo es enormemente difícil considerando los recursos disponibles, e intentamos adoptar soluciones inteligentes y moderadas para minimizarlos. Algunas medidas introducidas (tratamiento especializado, protocolos concretos) pretenden automatizar la respuesta del Estado, limitando la discrecionalidad de policía, fiscales y jueces, y esto puede ser bueno y adecuado, siempre que quepa la discusión sobre su eficacia y su coste (no solo el económico). Lo que, en mi opinión, es inadmisible es que se afecte al núcleo de lo que entendemos por sociedad civilizada: igualdad ante la ley y presunción de inocencia.

Reformar la ley penal para reintroducir la igualdad enviaría un mensaje de moderación y racionalidad. Como suprimir la agravante de género y mantener la referida al sexo u orientación sexual —aunque no soy partidario de este tipo de agravantes, comprendo las razones de los que las defienden y no me parecen aberrantes—. Porque actuar por razones de sexo, orientación sexual o raza permite en abstracto incluir a aquel que agrede a un hombre o a un blanco o a un heterosexual por serlo. La ventaja de la norma abstracta igualitaria es que admite el caso inusual. La inmensa mayoría de condenas por delitos en el ámbito familiar o doméstico se continuarán produciendo en supuestos en los que el hombre agrede a una mujer. La inmensa mayoría de condenados serán hombres. Y si se alega y se demuestra que la agresión se produjo en consideración específica al sexo de la víctima —por ejemplo, por considerar que le pertenece por ser mujer— es admisible que la pena se agrave, pero sin partir de un desvalor abstracto y general que ha de afectarnos a todos los hombres —y solo a nosotros— como herederos de una especie de pecado original que se transmite de padres a hijos.

Hablaba de lo que creo que hay que hacer. Hay algo más. El discurso dogmático y casi unánime que llevó a la aprobación de esa ley en 2004 recuerda en gran medida al discurso puritano que llevó a la prohibición de las drogas —de algunas, claro—. En ellos late la idea de la pendiente resbaladiza. El consumo de marihuana lleva a una espiral de drogadicción que se inicia con el joven fumando un canuto y termina con él, pocos años más tarde, caído en las redes de la cocaína o la heroína, y el crimen. La tolerancia cero se relaciona también con esto. Si no se produce ni una mala voz, ni un insulto, ni una amenaza leve, ni una agresión, por pequeña que sea, evitaremos los asesinatos. El asesinato es, se razona, el producto inevitable alimentado por el humus del machismo cotidiano. Como leíamos hace poco, extrapolando esta manera de razonar, el violador y asesino no lo es, se le ha educado así. A él y a todos. Estamos en presencia del viejo discurso ultramoralista que cree que la juventud se corrompe si escucha cierta música, si se deja llevar por conductas promiscuas, si lee cierta literatura, si ve cine violento o si juega a matar con un ordenador. Sin embargo, esto es y ha sido siempre falso, y estos discursos moralistas contienen una pulsión liberticida y homogeneizadora: como me molesta el melenudo, el gordo, el grosero, el diferente, lo convierto en vector del mal, para asustarnos con el depredador que viene.

Este discurso moralizante también es estúpido aplicado a la violencia familiar. La familia —incluyo aquí la familia potencial— genera una malla de relaciones personales y patrimoniales complicadísima, repleta de beneficios, pero también de intereses contrapuestos y cargas. Esa malla de intereses, en los supuestos de crisis, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las conductas inmorales y antisociales. De hecho, en mi opinión, y al margen de que la gente, en esos casos, carezca de imaginación a la hora de hacer lo que no debe —también a la hora de agredirse y de hacerse la vida imposible—, reproduciendo una y otra vez la misma porquería, resulta inteligente deshacer esa malla con gran velocidad, reduciéndola al mínimo inevitable.

Es decir, el Estado debería invertir recursos en acelerar y facilitar respuestas en casos de crisis familiar para eliminar ese fango tan peligroso, en vez de aplicar una ley seca. Para empezar, deberíamos incentivar el uso de remedios, incluso preventivos, como la terapia familiar, que eviten que esas crisis vayan a más, cuando sea posible. Deberíamos favorecer la separación de bienes, estableciéndola con carácter supletorio, como ya sucede en algunas zonas de España. En todo proceso de ruptura familiar, se debería facilitar el reparto de los patrimonios existentes (incluida la vivienda familiar), evitando las limitaciones que impiden que puedan hacerse efectivos y fácilmente disponibles (como los derechos de uso o la eliminación de garantías reales). Se debería, en todo proceso en el que, por haber hijos, se establezcan regímenes sobre custodia, visitas y pago de alimentos, nombrar a un mediador profesional —pagado por los afectados, si lo utilizan, o por el Estado en caso de justicia gratuita— al que puedan acudir los padres para plantear conflictos cotidianos. Una persona con autoridad para sugerir soluciones, que no pudieran eludirse sin un coste procesal, evitando la intervención judicial salvo en casos extremos (y siempre con el informe del mediador). Se debería castigar intensamente la utilización espuria de los hijos en los procesos de ruptura familiar, igual que se ha vuelto imprescindible la valoración, a la hora de atribuir la custodia, de conductas que se producen en presencia de los hijos y que con seguridad les afectan negativamente, como agresiones, amenazas y vejaciones. También debería tener consecuencias, no solo penales, la instrumentalización de los procesos penales y de los protocolos en esta materia para obtener beneficios en procesos matrimoniales. Aunque solo sea para evitar la sensación de impunidad.

Y, por supuesto, deberíamos facilitar la recolección de datos, su sistematización y su estudio a largo plazo. Todo diagnóstico y toda respuesta debería considerarse provisional, a resultas del análisis de sus consecuencias. Sin estigmatizar al discrepante. Al fin y al cabo, se supone que, pese a todo el ruido, todos estamos de acuerdo en que la violencia familiar es una lacra y en que debemos hacer lo razonable para que cada vez resulte menos frecuente.

Verán que no he hablado de la eliminación de toda la legislación en la materia. Ni de la supresión de ayudas o recursos. Tampoco creo que sea preciso renunciar a los protocolos actuales, aunque deberían ser sometidos a escrutinio y afinados. No comulgo con que exista una dictadura de género o que aquellos que reivindiquen este discurso sean nazis encubiertos, aunque muchos me incluirán en la bolsa de los que sí lo creen solo por escribir esto. Creo que se han cometido excesos, que, de buena fe, hemos abierto puertas que hemos de cerrar y que hay que parar, echar marcha atrás en algunos aspectos, pensar un poco más en qué debemos hacer y rebajar el tono de la discusión. Es seguramente la mejor manera de evitar que se imponga un discurso dogmático especular que termine blanqueando a los culpables y victimizando a las víctimas. Hemos mejorado. Muchas conductas socialmente toleradas antes, hoy son repudiadas. Construyamos sobre aquello en lo que estamos de acuerdo.

Una trola

 

Leo esto:

El 3/12/2018 se publicó en Libre Mercado un resumen del «programa» de Vox para Andalucía (al parecer es un extracto de un documento de cinco folios que no he logrado encontrar tal cual). Dentro del programa se incluye esto:

«- Derogar leyes con un marcado carácter ideológico o que atenten contra la libertad de pensamiento y la igualdad. Estas leyes son:

  • Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Esta ley parte de una interpretación ideologizada de la violencia intrafamiliar, basada en premisas de “guerra de sexos” y de criminalización del varón. También vulnera el principio constitucional de no discriminación por razón de sexo. Se propone sustituirla por una ley de Violencia Doméstica que no discrimine al varón y atienda por igual a todas las formas de violencia intrafamiliar.
  • Ley de Derechos LGTB“andaluza (Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía). Suprimir las subvenciones a asociaciones claramente ideologizadas (feministas radicales, LGTBI).
  • Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía” (Ley 2/2017 de 28 de marzo). Esta ley impone, de forma totalitaria, una “versión oficial” muy sesgada de la historia andaluza en el periodo 1931-75, interfiriendo en la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación y de cátedra»

Como puede observarse, todas esas leyes son leyes andaluzas. En ninguna de ellas, por supuesto, se contiene ninguna definición sobre delitos y penas, ya que esa materia está reservada al Estado y debe regularse por ley orgánica. Si no me creen, pueden echar un vistazo a la ley y ver de qué trata.

Así que, también por definición, lo que pide Vox para Andalucía no puede ser lo que pedía Cs para toda España, ya que Cs se refería a algo que solo puede aprobarse en las Cortes. Por cierto, he buscado esa propuesta en el enlace de El Diario en 2015 al programa de Ciudadanos y no la encuentro. Sospecho que se debió modificar (o el periódico mentía entonces). Si se modificó, es lamentable. Los partidos deberían conservar sus programas electorales íntegros, aunque luego cambien de opinión.

Cuestión distinta es lo que plantea Vox para toda España:

70. Derogación ley de violencia de género y de toda norma que discrimine a un sexo
de otro. En su lugar, promulgar una ley de violencia intrafamiliar que proteja por
igual a ancianos, hombres, mujeres y niños. Supresión de organismos feministas
radicales subvencionados, persecución efectiva de denuncias falsas. Protección del
menor en los procesos de divorcio.

Esto, que podría hacer si tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados (o la logra con los votos de otros partidos) tampoco es lo que aparece en esa noticia de El Diario, ya que Cs solo hablaba de la asimetría penal.

En todo caso, el tuit, tal cual, es una trola.

Sin novedad, por otra parte.

 

No eres Laura. Estás viva.

 

Hay algo curioso en este tuit:

Lo escribe una periodista con muchos años de experiencia, que ocupa una de las corresponsalías más importantes. Hay que presumir, por tanto, que a) es una persona muy capaz y b) es una persona especialmente informada.

Estas son las estadísticas de homicidios dolosos en España de 2016 del Ministerio del Interior:

La comparación no es perfecta, porque usa datos de 2013 y 2014 para otros países, pero no puede ser mucha la desviación.

En todo caso, la evolución, en esta materia, desde 2005 es bastante evidente (y, en 2005, España ya era uno de los países con menos homicidios dolosos del mundo):

He leído muchas críticas al tuit que comparan estas estadísticas con las de la ciudad de Nueva York (solo en la ciudad de Nueva York hubo más homicidios dolosos que en toda España en 2016; concretamente 335, un 3,4 por 100.000 habitantes, es decir, 5,4 veces más que en España). En parte, las críticas son injustas: la periodista no afirma que Nueva York sea más segura. Sin embargo, el tuit encierra algo perturbador y ese es el motivo de esta entrada.

Los sentimientos colectivos son peligrosos. No solo sirven para esclavizar a la gente, sino que suplantan al análisis racional y solo el análisis racional nos permite abordar problemas complejos. Hay pocos problemas más complejos que el de lograr un equilibrio entre libertad individual y seguridad en sociedades con millones de habitantes. De hecho, es curioso que se hable siempre de seguridad colectiva cuando se aborda el crimen, porque ese término parece más apropiado para conflictos en los que de verdad la seguridad de la mayoría se pone en peligro (por ejemplo, una guerra, o una situación de inexistencia real del Estado, a pesar de su existencia nominal). La expresión seguridad colectiva solo debería utilizarse fría, estadísticamente. Cada año, en España, una persona de cada 160.000 será asesinada (la gran mayoría serán hombres, por otra parte). Una de las más bajas cifras del mundo. De hecho, es milagroso que la civilización haya llegado aquí, si examinamos las sociedades del pasado. Estas cifras pueden retorcerse. En el análisis de las agresiones sexuales se retuerce cuando se utiliza la expresión «una mujer cada ocho horas es violada en España» porque, para hacer hincapié en el sufrimiento de la víctima y enfatizar la gravedad de los datos, se opta por una visión que encubre que las violaciones en 2015 ascendieron a 1.127, un 2,42 por cada 100.000 habitantes o 4,76 si solo consideramos la población femenina. 1.127 de 23.692.000 suena bien diferente de una mujer es violada cada ocho horas. Como el añejo uso de los campos de fútbol como medida, el número de víctimas por hora, sin mostrar el dato de la población incluida en la medida, es un espejo deformante.

Cuando se exponen los datos, siempre contesta alguien: «un solo caso es terrible». Y ahí es donde entra el peligro de sustituir la razón por los sentimientos. Esta entrada no es una apología del señor Spock. No voy a discutir la la importancia de los sentimientos en nuestra vida personal. De hecho, en gran medida la gobiernan, para bien o para mal. Pero lo que puede incluso ser positivo en la vida individual es siempre un error gravísimo a la hora de gobernarnos. Los sentimientos privados, individuales, tienen corto alcance. Mi enamoramiento o mi odio, mi exaltación al escuchar esa pieza de Bach o mi tristeza delante de ese cuadro de Velázquez, poco daño pueden hacer a un señor que vive en Cádiz. De hecho, los sentimientos individuales son de adición o resta complicadas porque suelen ser complejos, con perfiles propios. Sin embargo, en ocasiones se simplifican y empiezan a sumarse a los de otros. Es algo conocido: en un concierto en el que hay cien mil personas o en un estadio de fútbol, vemos a miles llorar o reír o excitarse al unísono. Y el hecho de verlos nos lleva a sincronizarnos con ellos, a «no ser menos». Esos sentimientos son además especialmente intensos porque la sensación —no la idea— de que los míos tienen razón, de que somos mejores, provoca un placer físico. Esa suma, esa ola de sentimientos, se basa necesariamente en la simplificación.

Esos sentimientos colectivos, tribales, están en el origen del nacionalismo y el racismo. Han sido fuente de las peores tragedias de la humanidad. Por eso lentamente fuimos colocando barreras, procedimientos, instituciones. Para responder a la inflamación no hay nada como la sala de espera de un médico. Eso son nuestras instituciones, salas de espera para las malas pasiones.

Por desgracia, estas cosas se olvidan recurrentemente. Casi nadie se da cuenta de que la gente que sustituye la razón por los sentimientos —aunque los disfrace de razones— siempre cree que «tiene razón». También cuando habla del «enemigo». Sí, el enemigo también cree que tiene razón y te percibe a ti como enemigo. Y, como la posición de unos y otros no se basa en el análisis racional, sino en los sentimientos, todos son inmunes a la posibilidad de cuestionárselos.

Todo esto se complica cuando usamos la razón y los procedimientos, cuando analizamos, con todos los marcadores éticos que queramos, la realidad relativizándola. Decir «un solo caso es terrible» es, desde este punto de vista, una estupidez. En una sala en la que se razona, al que dice eso, se le quita la palabra. Las medidas solo se pueden adoptar tras un diagnóstico serio, tras medir su coste —los recursos son limitados y hay límites infranqueables, como esos tan olvidados que tienen que ver con la libertad y la dignidad— y tras intentar prever sus consecuencias. Sí, es un coñazo hacer todo esto y, además, muchos nos perderemos. Resulta que, en ocasiones, te tienes que fiar del experto porque ni siquiera eres capaz de entender sus cálculos.

Pero es que, además, las olas sentimentales no solo no sirven para resolver nada, sino que a menudo provocan efectos terribles por su resonancia. Si repetimos constantemente que hay que tener miedo, que hay que hacer algo, que el mal está a punto de engullirnos, si reforzamos esto con millones de mensajes simplistas que repiten consignas y hashtags para lograr esa suma que nos sitúa en el bando de los buenos, podemos terminar provocando la venida del año mil y el fin de los tiempos. Los sentimientos colectivos producen efectos reales: te hacen creer que Alemania perdió la guerra por una conspiración judía mundial como dice el tipo ese del bigote y que es buenos matar a millones para lograr la aparición del reino de los cielos en forma de paraíso comunista.

En estos juegos peligrosos caerán los ciudadanos corrientes. Lo triste y terrible es que caigan personas informadas y con opiniones influyentes. Sobre todo cuando suponemos que esas personas no quieren que la ola sentimental sea utilizada por algún líder sin escrúpulos, como ya ha ocurrido en el pasado.

Por desgracia, el énfasis en el uso de los sentimientos colectivos se utiliza en las democracias por todos los partidos. Pero son nocivos. Siempre. Sí, también cuando se refieren a una mujer asesinada.

 

El precio

 

Los escritos de acusación de los fiscales y de los abogados del Estado me interesan, pero no tanto por la calificación jurídica como por la fijación de los hechos en que fundamentan sus acusaciones.

Se suele olvidar que se acusa por la participación en hechos indiciariamente delictivos y que la calificación de esos hechos, no solo durante la fase de instrucción, sino también en los escritos de acusación es provisional, instrumental.

Si fuéramos racionales, aplicaríamos el manual. Lo importante en el escrito de acusación es fijar las fronteras fácticas: los hechos no incluidos en él solo en casos muy concretos pueden añadirse tras el juicio en la acusación definitiva e influir en la condena contenida en la sentencia (*).

La cuestión es que la decisión, incluso la provisional, incumbe a un jurista. A alguien con formación que se supone hace su trabajo basándose solamente en su propio análisis jurídico de los hechos. La guitarra es suya y puede que no te guste cómo la toca, pero él es el artista invitado.

Lo inadmisible es la intrusión. El Gobierno del PSOE lo es porque contó con el apoyo de los batasunos y de los secesionistas. Es decir, con el apoyo de los que quieren acabar con España. Nadie en sus cabales, que no sea un embustero, negará esto.

La pregunta que nos hicimos todos el día en que el PSOE echó a Rajoy fue: ¿a qué precio? Ellos negaban haber pagado ninguno. Hoy sabemos —como sospechábamos entonces— que es mentira. Que estamos en manos de personas sin escrúpulos que han puesto a la venta el Estado para seguir ocupándolo.

Habrá un juicio: podremos presenciar las pruebas, escuchar a acusados, testigos y peritos. También a abogados y fiscales. Y podremos analizar la sentencia que se dicte. La que sea. También la absolutoria. Pero ya nadie puede negar que el precio se está pagando, torpemente, a trompicones.

Quizás en un momento dejen de pagar y vuelva Sánchez a envolverse en la bandera. Por cálculo. No porque la ley y las instituciones le importen. Así es esta desgracia que nos ha caído encima.

 

 

NOTA:

Dice el Tribunal Supremo:

«De acuerdo a reiterada jurisprudencia en esta Sala, el principio acusatorio aparece íntimamente unido al derecho de defensa, de manera que la acusación debe ser comunicada a la defensa con antelación suficiente para que ésta pueda preparar su participación en el proceso en defensa del imputado. Esto excluye acusaciones sorpresivas que lesionen o impidan el derecho de defensa. Por otra parte, el objeto del proceso -decíamos en nuestras  SSTS 1143/2011, 28 de octubre  (RJ 2012, 1280)  ;  651/2009, 9 de junio  (RJ 2009, 4901)  y  777/2009, 24 de junio  (RJ 2009, 4713)  – es de cristalización progresiva. Las conclusiones provisionales (art. 650 LECrim (LEG 1882, 16)) permiten definir los términos de los debates del juicio oral. Pero son las conclusiones definitivas las que delimitan el objeto del proceso, tanto en su dimensión objetiva como subjetiva. Y son precisamente tales conclusiones definitivas, formuladas una vez practicada las pruebas en el juicio oral, las que han de ser tomadas como referencia para determinar la ineludible correlación entre la acusación y el fallo, presupuesto inderogable del principio acusatorio.

(…) La posibilidad de modificación de conclusiones al formularse la calificación definitiva a la vista del resultado probatorio viene ofrecida por el  artículo 732   de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal  (LEG 1882, 16), siendo en esta definitiva calificación donde queda fijado el objeto del proceso y se establece la exigencia de correlato entre acusación y fallo. Es por ello que la ley habilite la posibilidad de suspender el enjuiciamiento para tomar conocimiento de una modificación de las conclusiones definitivas que suponga una alteración del objeto del proceso, quedando vedado a la acusación una modificación que supongan alteración sustancial del objeto dentro del proceso como precisamente por la adhesión al derecho de defensa. (…)

La correspondencia con ese hecho es el tipo penal objeto la acusación por lo que la inclusión en la acusación sin una modificación fáctica, sino jurídica, de algo que ya ha sido objeto de prueba en el desarrollo del juicio oral no supone una alteración sustancial del escrito de calificación causante de indefensión. En todo caso, la cuestión que ahora se plantea pudo, y debió, ser objeto de análisis en el momento procesal oportuno conforme dispone el artículo 732 y el 788.4 de la Ley procesal penal , que posibilita la concesión del aplazamiento de la sesión para preparar adecuadamente las alegaciones y, en su caso, aportar elementos probatorios de descargo que estimen conveniente y eso fue lo que ocurrió. (…)

En la  STS 58/2018, de 1 de febrero  (RJ 2018, 300), recordamos que nada impide introducir un nuevo titulo de condena y no se produce un apartamiento del objeto procesal por introducir en el debate esa novedosa perspectiva jurídica.

El Fiscal en el trámite de conclusiones definitivas sin apartarse del objeto de la causa (los hechos punibles que resulten del sumario) puede extender, con ciertos límites, la acusación a hechos distintos pero conectados, así como ampliarla subjetivamente frente a quienes ya están imputados y acusados. Y también -y esto es lo que sucede aquí- puede introducir nuevas alternativas de subsunción jurídica siempre que no comporte alteraciones competenciales o procedimentales (en cuyo caso habrían de hacerse algunas matizaciones) o no haya sido ya definitivamente excluida (v.gr. por haberse estimado un recurso contra el procesamiento). No sería posible más que con condiciones muy estrictas la introducción de unos hechos nuevos ajenos a la fase de investigación. Pero si se trata de conductas investigadas, objeto del proceso y no excluidas del mismo, no hay obstáculo para modificar el título de imputación o efectuar otras alteraciones de esa índole.

(…)  STS 1185/2004 de 22 de octubre  (RJ 2004, 6850), con cita de abundantes precedentes, enseña que… “si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia… no existe indefensión”, ya que ningún elemento nuevo sirve de base a la nueva calificación. (…)

Abunda en esas ideas la  STS de 5 de diciembre de 2005  (RJ 2005, 10184)  en la que leemos: «…carece de todo fundamento legal y doctrinal la alegación de que la modificación de las conclusiones acusatorias efectuadas en el acto del Juicio Oral, signifique una reducción de los derechos de defensa del acusado. Dicho trámite, como es notorio, está previsto tanto en el art. 732 como en el 793.6  LECrim  (LEG 1882, 16), y, en términos generales, su inexistencia convertiría poco menos que en inútil toda la actividad procesal que se desarrolla en el acto trascendental del Juicio Oral y que constituye la fase esencial de todo el proceso (…). De ahí que en dichas resoluciones se haya mantenido que el verdadero instrumento procesal de la acusación es el escrito de conclusiones definitivas, por lo que la sentencia debe resolver sobre ellas y no sobre las provisionales. (…)  El conocimiento de la acusación se garantiza inicialmente mediante las conclusiones provisionales y, una vez finalizada la actividad probatoria en el acto del juicio oral, mediante las definitivas en las que, naturalmente, se pueden introducir las modificaciones fácticas y jurídicas demandadas por aquella actividad, siempre que se respete la identidad esencial de los hechos que han constituido el objeto del proceso. (…)

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también encontramos afirmaciones generales sobre la posibilidad de modificación de las conclusiones provisionales. Por todas, la  STC 40/2004, de 22 de marzo  (RTC 2004, 40)  enseña lo siguiente: “…Por ello, hemos sostenido que una modificación de los hechos y de la calificación jurídica del escrito de calificaciones provisionales, al fijar las definitivas, puede ocasionar la lesión del derecho de defensa contradictoria, “pues si, como acabamos de recordar, no puede contradecirse lo que se desconoce y la defensa se ejerce primeramente en el juicio oral, el acusado no habrá podido ejercer de forma plena su defensa, respecto de las modificaciones fácticas y jurídicas introducidas en las calificaciones definitivas, al final del juicio oral” (  STC 33/2003, de 13 de febrero  (RTC 2003, 33) , FJ 4).

Ahora bien, como también afirmábamos en esta Sentencia, ha de recordarse que dicha vulneración no se produce con carácter automático por la mera introducción de cualquier modificación en el escrito de calificación definitiva, sino que se requiere que dichas modificaciones sean esenciales respecto de la concreta figura delictiva por la que finalmente se condena, porque las diferentes garantías conectadas con el principio acusatorio se asientan en la inalterabilidad de los elementos esenciales del hecho constitutivo de infracción penal a partir de la fijación formal de la acusación en las calificaciones provisionales (…). En consecuencia, la existencia de diferencias sobre elementos no esenciales del hecho constitutivo de delito entre las calificaciones provisionales y las definitivas no suponen la vulneración del derecho de defensa (STC 33/2003, de 13 de febrero  (RTC 2003, 33) , FJ 4).

E incluso en el supuesto de que se introduzcan modificaciones que incidan sobre elementos esenciales del hecho constitutivo de delito o que impliquen una nueva calificación jurídica, para declarar vulnerado el derecho de defensa hemos exigido que el acusado ejerza las facultades que le otorga la Ley de enjuiciamiento criminal (…), solicitando la suspensión del juicio, para poder articular debidamente su defensa (…), exigencia que responde a la aplicación de la doctrina general de que la indefensión constitucionalmente proscrita es la que deriva de la actuación del órgano judicial y no la que ocasiona la falta de diligencia procesal de la parte en la defensa de sus intereses (…)

 

Pobre tonto con bandera

 

Un cómico se limpia los mocos con la bandera de España después de leer el prospecto de un medicamento a modo de consti trucha.

Es un patriota. Si de verdad se la sudasen tanto las banderas, no perdería el tiempo intentando ofender a los que creen que esa bandera (y la Constitución) merecen algún respeto reverencial.

Es un patriota, pero el muy gilipollas se cree un librepensador. Lleva años pudiéndose sonar los mocos con otras banderas con las que sí nos han estado dando por culo. Ya sabemos por qué no lo ha hecho: porque la patria y sus símbolos son muy importantes para los patriotas.

Las patrias son una entelequia que cuanto más llenamos de contenido, más peligrosas se vuelven. Por eso no soy un patriota, ni en la más civilizada de las versiones. Y temo a los patriotas aunque traigan regalos.

Pero, en fin, prefiero a uno que al menos sepa que lo es. De él puedo reírme fácilmente. Siempre me ha dado pudor reírme de alguien que no sabe lo que hace.

 

Artículo franco emparedado

 

He escuchado esta mañana a Pablo Iglesias hablar de los bolsonaros españoles (o algo así). Me congratula comprobar que ya podemos introducir de nuevo claves internacionales en el discurso político patrio y que no se nos acusará de sacar a Venezuela a pasear.

Eso sí, Bolsonaro es una promesa, Maduro una realidad. De lo mismo.

Sobre esto, leí el otro día que Bolsonaro era la respuesta de muchos brasileños al miedo a que su país se convirtiera en Venezuela. Menudos ilusos: para evitar la tiranía y el liberticidio, eligen a un prototirano liberticida. A un Maduro.

******

El País se ha convertido en un agregador de noticias sobre Franco. Lo más gracioso es que la mayoría de las noticias las crea el propio periódico con un procedimiento que recuerda a la maravillosa máquina de creación de textos posmodernos, solo que la máquina del periódico es mucho más burda, ya que la randomización no más utiliza Franco, franquismo y algún otro término equivalente, lo que produce cierta indigestión.

Esto es la versión especular, por cierto, de lo que hacía la dictadura franquista. En alguna ocasión, he contado que viendo Las sandalias del pescador descubrí que la versión doblada incluía una escena en la que a un operario que realiza trabajos en el Vaticano se le había cambiado el nombre: dejó de ser Franco y pasó a ser Paolo, o algo similar.

Como el divertimento no puede fundamentarse en la combinación, tan paupérrima ella, se limita a la conexión disparatada. No me extrañaría que hubiera en la redacción del medio un premio a la inclusión más descacharrante. Podríamos, incluso, convertirlo en un concurso nacional; un «ponga a Franco en la sopa».

Estoy por participar. Escribir una entrada en la que ponga Franco en cada párrafo, y obligarles a ustedes a consumir el engrudo.

Voy a ser franco: como me caen bien, mejor les evito el mal trago.

******

Hoy Rivera le ha preguntado a Sánchez machaconamente si ha prometido el indulto a los golpistas secesionistas para el caso de condena.

Sánchez se ha amparado en su derecho constitucional y ha decidido no incriminarse.