Calla, bobo

 

Ayer escribí esto.

Lo escribí porque creo que mis razonamientos jurídicos son correctos. Puedo estar equivocado, por supuesto. Puede, incluso, que más que equivocado, esta sea una cuestión discutible que admite soluciones diversas y que la que se adopte exija un proceso de interpretación del sentido y la ratio del ordenamiento jurídico en esta materia. Vamos, como se hace tan a menudo por tantos operadores jurídicos. Esto no sería estar equivocado, sino tener razón, obviamente.

Después de escribirlo, leí algunos artículos, hilos de tuiter, opiniones diversas. Las hay muy burdas —algunas hasta ofensivas—, así que no perderé el tiempo con ellas. Otras, aunque me parezcan forzadas, resultan de una aplicación de esos instrumentos interpretativos que utilizamos los que nos dedicamos a esto de las leyes y, por tanto, han de rebatirse usando esos mismos criterios. Pero no quiero hablar de esto.

Quiero hablar de los que consideran que esto está clarísimo. Un querido amigo, incluso atribuye mi análisis a ese defecto que tengo: la búsqueda de la objetividad. Como el defecto es auténtico, me reexamino constantemente (o, al menos, lo intento). ¿Y qué mejor manera de reexaminarme que analizar las objeciones a los argumentos que expongo? Sobre todo, objeciones de personas que aprecio y que utilizan argumentos.

El problema es que no existen.

No existen. Miro a amigos y conocidos. A juristas. Y veo que todos dicen: «está clarísimo, joder». Veo afirmaciones que eluden las cuestiones que planteo.

Comprendo que nadie quiera perder el tiempo rebatiendo mis argumentos. No puedo exigir un trabajo así a nadie, cuando yo mismo no lo hago a menudo. Normalmente, por pereza. Si tengo algo claro, y lo que leo me parece una bobada, ¿para qué cojones perder el tiempo?

Puede que este sea el caso. A lo mejor lo que he escrito es una gilipollez. A lo mejor está clarísimo que Batet está al borde de la prevaricación y la desobediencia. Yo no veo orden ninguna de ningún tribunal que esté desobedeciendo, ni creo imprudente pedir un informe jurídico, sino todo lo contrario, antes de decidir. Pero, otros dicen que sí.

A lo mejor lo que dice este editorial de El Mundo es acertadísimo —me refiero a la cuestión legal, no a la política, en la que no entro—, aunque yo siga sin ver, en absoluto, esa prístina claridad.

Intento, ya ven, reexaminar mis argumentos, pero es imposible por falta de contraste.

Ah, por cierto: que yo crea que una suspensión basada en los reglamentos exija una votación de las cámaras es perfectamente compatible con la obviedad de que las mayorías a favor de esos acuerdos deberían ser estrepitosas. Por dignidad, sobre todo de aquellos que llevan años hablando de los privilegios de los políticos.

De momento, seguiré opinando como un individuo. Con estos antecedentes, con tanta bandería agostándonos, me da que cada vez va a ser más difícil tener un criterio personal. Pero la ventaja de no ser nadie, es que puedo permitirme la soberbia de continuar equivocándome evidentemente.

 

ADENDA:

Vaya. Han hablado los letrados del Congreso. Y tienen exactamente la misma opinión que expuse en mi entrada anterior. Y, además, por razones sustancialmente similares.

Imagino que habrá algunas personas que dirán que los letrados son gilipollas y no saben ver algo que es clarísimo.

 

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Ah, el asesinado es un hombre. Excelente noticia.

 

Esto es extraordinario. Es difícil encontrar una manifestación más cristalina de doble moral. Escúchenlo:

La misma persona dice que Madrid es una ciudad segura porque solo hubo 16 asesinatos en un año. Sin solución de continuidad, manifiesta lo preocupante que es que 5 fuesen mujeres.

Que haya 11 hombres es una señal de extraordinaria seguridad. Que haya 5 mujeres es motivo de alarma.

Naturalmente, todos los asesinatos nos parecen malos, pero hay razones para argumentar que, en una ciudad de casi cuatro millones de habitantes, la cifra de 16 asesinatos es muy pequeña. Que es, en ese sentido, una cifra excelente.

Pero, como no puede admitir que esto desemboque en la inevitable conclusión de que 5 mujeres asesinadas, en una población de casi dos millones, sea una estadística también —más aún— extraordinariamente baja, ya que esto podría poner en duda que los «feminicidios» sean una plaga, un problema de gravedad extrema y que nos esté «matando a todas» una subespecie del terrorismo, se produce la disrupción, el salto en el vacío y el abandono de la razón, y del uso de la estadística se pasa al inmediato «ni una más». A la tolerancia cero.

Los hombres pueden morir violenta e injustamente y que mueran pocos ser una buena noticia porque sigue siendo inevitable un cierto número de crímenes en poblaciones tan grandes; las mujeres, no.

Un todo es bueno. Una parte de ese todo es malo. El todo está definido por una característica: está formado por seres humanos. Las partes por otra: el sexo de esos seres humanos. Podría haber sido la raza o la clase social. Si la parte es mala, la única explicación es que las mujeres valen más que los hombres, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre.

Con personas así no cabe la discusión civilizada. Están poseídas por una irracionalidad maligna.

 

In claris no existe, como sabemos todos

 

Escuchaba esta mañana a Carlos Alsina sobre el asunto de la suspensión de los diputados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo y la solicitud hoy inadmitida de un informe por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. También comentaba la parida de Pablo Iglesias: que a los diputados los ha elegido la gente para que sean diputados. Sobre esto último, nada que decir: lo de Iglesias es infumable, aunque coherente en un populista de izquierdas. Ya sabemos que, para ellos, la ley nos obliga mientras no se oponga a lo que dice la gente, es decir, a lo que dice el líder.

Sin embargo, me ha llamado la atención la insistencia de Alsina en que el asunto de la suspensión, por aplicación del Reglamento del Congreso, es clarísimo.

Voy a explicar cómo lo veo para que se entienda por qué no estoy de acuerdo.

En primer lugar, los diputados y el senador procesados por rebelión una vez adquiridos la condición de tales por el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, están suspendidos automáticamente por ministerio de la ley. Hablo del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice:

Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

Que la suspensión es automática resulta del dictado de la ley y coincide con la interpretación efectuada por el magistrado Llarena tras el procesamiento y en relación con los cargos que entonces ostentaban los procesados.

Eso sí, que la suspensión sea automática no excluye que un juez competente, siquiera por razones de seguridad jurídica, declare que estamos en el supuesto de la norma. Es lo que hizo Llarena y es lo que, en mi opinión, debería hacer la sala que está enjuciando. En consecuencia, creo que lo correcto es lo que han hecho los fiscales del Tribunal Supremo, que han pedido esta suspensión por aplicación de esa norma procesal.

Dicho esto, ¿procede además la suspensión por aplicación de los Reglamentos de las Cámaras?

Aunque es discutible, en mi opinión, no, salvo votación de la propia cámara con mayorías idénticas a las que permiten la concesión del suplicatorio. ¿Por qué digo esto?:

Vean lo que dice el Reglamento del Congreso:

Artículo 21

1. El Diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios:

1. En los casos en que así proceda, por aplicación de las normas de disciplina parlamentaria establecidas en el presente Reglamento.

2. Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.

2. El Diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria.

Como vemos, esta norma no coincide con el artículo 384 bis, ya que esta se refiere a delitos concretos, mientras que el Reglamento se refiere a todo tipo de delitos. Además, la suspensión exige un presupuesto habilitante: que se haya concedido la autorización para proceder contra el diputado por medio de suplicatorio.

El suplicatorio es un acto político derivado de un privilegio: la cámara lo concede o no. Es decir, la cámara se pronuncia políticamente.

En el presente caso, esto no ha sucedido. Se puede argüir que no es necesario, como se ha cuidado el Tribunal Supremo de declarar en su auto de 14/05/2019, resolución totalmente ajustada a derecho en mi opinión, pero esto no implica que su innecesariedad para la continuación del juicio lo haga innecesario para provocar la suspensión. La razón es la ya enunciada: el suplicatorio encierra una manifestación de voluntad política de la cámara.

Esto, además, se refuerza considerando el caso del Senado. El artículo 22 del Reglamento del Senado se parece al del Reglamento del Congreso, pero con dos diferencias:

a) La primera es que hace falta mayoría absoluta para acordar la suspensión en una votación diferente de la del suplicatorio.

b) La segunda es que se hace referencia a que esta medida se acordará dependiendo de la «naturaleza de los hechos imputados».

La segunda diferencia es irrelevante, ya que el Senado es soberano. Ahora, la primera supone que, para la suspensión, el Senado deba realizar dos manifestaciones políticas adoptadas por mayoría (además, absoluta, en el segundo caso).

Las consecuencias que extraigo son: la suspensión de la condición de diputado o senador afecta a derechos fundamentales de indudable trascendencia. Al igual que la inmunidad, como privilegio, ha de interpretarse taxativa e incluso restrictivamente, la suspensión de un derecho fundamental ha de producirse solo cuando la ley lo prevea y concurran todos los presupuestos habilitantes.

En consecuencia, para que las cámaras puedan suspender por aplicación del Reglamento respectivo es preciso que, en el caso del Congreso, haya suplicatorio (o votación con cumplimiento de requisitos formales similares) y, en el caso del Senado, votación por mayoría absoluta (podría ser solo una, puesto que con ello las exigencias materiales se cubren).

De esta forma, concurriría, en ambos caso, la voluntad política que exigen ambos reglamentos (recuérdese que las cámaras son soberanas a la hora de articular sus normas de funcionamiento).

Solo queda una cosa por plantear: ¿podrían las cámaras olvidarse de sus reglamentos y simplemente suspender por la concurrencia de lo que establece el art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?: en principio, podrían. Ahora bien, esa norma procesal, conforme a su aplicación natural, aunque es imperativa, tiene como principal destinatario a los jueces y tribunales. Por tanto, no sería ilógico que las cámaras simplemente declinasen en el tribunal la dación de cuenta de que la suspensión automática se ha producido porque en ese tribunal concreto se sigue una causa por los delitos que implican dicha suspensión automática.

Por tanto, no tiene razón Batet en pedir informe de ningún tipo. Esto es un disparate. Pero no resultaría absurdo que las cámaras esperen a una resolución expresa del tribunal que deje constancia de la aplicabilidad de esa norma.

Dos últimos incisos para que quede claro hasta qué punto el asunto es discutible:  en cierto sentido ya hay una resolución que dice que los diputados y el senador tienen sus cargos suspendidos. La que dictó Llarena. El segundo inciso: se ha dicho que el auto de 14/05/2019 (antes enlazado) ya contiene la postura del tribunal. Pues yo no sé dónde. Lo que dice el auto es:

Basta su lectura para darnos cuenta de que la mención del reglamento es obiter dicta como argumento añadido a otros que se refieren a la condición posible de preso preventivo y diputado o senador conforme a derecho.

Y el auto no dice que la situación de preso preventivo, por sí sola, implique que el diputado sea suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios.

Espero, en consecuencia, que el Tribunal Supremo dicte una resolución que simplemente declare que los presos diputados y senador están suspendidos por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que así se lo comuniquen a las cámaras para su cumplimiento. O que, si las cámaras hacen esto, lo hagan por aplicación exclusivamente de esta norma.

Y que, si se pretende que la suspensión tenga lugar por aplicación de los Reglamentos, haya una votación al efecto en el pleno del Congreso y otra en el del Senado.

 

Recuerdos

 

Ayer, al contemplar la obra de los españoles y sus dirigentes, esa mezcla afectada de vacuidades enfáticas e imposturas, recordé un capítulo extraordinario de una obra memorable —pese a estar salpicada de tributos pagados a su época—. Se trata de los «Recuerdos de la Revolución de 1848» de Tocqueville. El libro está repleto de genialidades, sobre todo en su análisis político, sociológico y psicológico. Eché un vistazo y rescaté tres. El capítulo es posterior a los hechos de febrero y a las elecciones de la que nacería la cámara constituyente (la traducción es de Jon Rouco):

«Observé, por tanto, un esfuerzo universal para sacar el máximo provecho del nuevo estado de cosas y por ganarse al nuevo amo. Los grandes terratenientes se alegraban de recordar que ellos siempre habían sido hostiles a la clase media, y que siempre habían favorecido al pueblo. [Los sacerdotes encontraron de nuevo el dogma de la igualdad en los Evangelios, y nos aseguraban que ellos siempre lo habían visto allí]; los propios burgueses recordaban con un cierto orgullo que sus padres habían sido trabajadores, y cuando no podían, debido a la inevitable oscuridad de sus genealogías, rastrear su ascendencia hasta un obrero que hubiera trabajado con sus manos, al menos se esforzaban por descubrir algún antepasado plebeyo que hubiera sido arquitecto de su propia fortuna. Se tomaban tantas molestias por hacer ostentación de este último como, no mucho antes, se las habrían tomado para ocultar su existencia: así de cierto es que la vanidad humana, sin cambiar de naturaleza, puede mostrarse bajo los más diversos aspectos. Tiene un anverso y un reverso, pero es siempre la misma medalla. Como ya no quedaba ningún sentimiento genuino salvo el miedo, lejos de romper con aquellos parientes que se habían lanzado a la Revolución, cada cual se esforzaba por acercarse a ellos. Había llegado el momento de tratar de sacar partido de cualquier pobre diablo que tuviera uno en la familia. Si uno tenía la suerte de contar con un primo, un hermano o un hijo que se hubiese arruinado por su vida desordenada, uno podía estar seguro de estar en el camino del éxito; y si éste era conocido por la promulgación de alguna que otra teoría extravagante, uno podía albergar esperanzas de llegar hasta lo más alto. La mayoría de los comisarios y subcomisarios del Gobierno eran hombres de esta especie. [Aquellos parientes a los que uno evitaba mencionar, esos que en otros tiempos habrían sido enviados a la Bastilla y que en nuestros días habrían sido enviados como funcionarios públicos a Argelia, se convirtieron de pronto en el centro de atención y en el sostén de sus familias.]»

(…)

«Y en cuanto a confraternizar con los hombres, yo no podría hacerlo de un modo habitual y general, porque nunca reconozco más que a unos pocos. A menos que una persona me sorprenda por algo fuera de lo común en su intelecto o en sus opiniones, yo, por así decirlo, no lo veo. Siempre he dado por sentado que los mediocres, al igual que los hombres de mérito, tienen una nariz, una boca y ojos; pero nunca he sido capaz, en su caso, de fijar en mi memoria la forma particular de estos rasgos. Constantemente estoy preguntando el nombre de extraños que veo a diario, e igual de constantemente los olvido; y, sin embargo, no es que los desprecie, es sólo que apenas los frecuento, y los trato como constantes en una ecuación. Los respeto, porque son la materia de la que se compone el mundo, pero me agotan profundamente.»

(…)

«La mayoría de los hombres de partido no se dejan afligir ni enervar por dudas de este tipo; muchos incluso nunca las han conocido, o han dejado ya de conocerlas. A menudo se les acusa de actuar sin convicción, pero mi experiencia ha demostrado que esto era mucho menos frecuentemente el caso de lo que uno podría pensar. Lo que ocurre es que poseen la preciosa facultad, que en política es a veces incluso necesaria, de crearse convicciones transitorias para sí mismos, conforme a las pasiones e intereses del momento, y así logran llevar a cabo, de forma suficientemente honorable, acciones que en sí mismas no son demasiado honrosas. Desafortunadamente, yo nunca he podido iluminar mi inteligencia con esas peculiares luces artificiales, ni tampoco convencerme tan fácilmente de que mi propio provecho era exactamente la misma cosa que el bien general.»

 

¡Urgente! Se descubre que España tiene un código penal

 

Estoy leyendo algunas opiniones sorprendentes sobre el caso del hombre que ayudó a su mujer a suicidarse.

Su conducta está tipificada en el Código penal:

Artículo 143.

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.

No solo lo está, sino que expresamente, tal y como pueden ver,  se aprobó un subtipo atenuado en aquellos supuestos en los que exista enfermedad grave que va a conducir a la víctima a la muerte o una enfermedad que produce padecimientos permanentes y difíciles de soportar. Vean que, además, se incluye tanto la cooperación al suicidio como lo que debería calificarse como auténtico homicidio («el que causare»).

Es decir, el caso que aparentemente nos ocupa está regulado así desde hace veinticuatro años.

De hecho, el texto finalmente aprobado es casi exactamente el propuesto originalmente en el proyecto de ley (solo se cambió la expresión «hubiera conducido» por «conduciría»). Ninguna enmienda fue admitida. Las había, digamos, de dos tipos:

a) Las de IU y ERC, que o despenalizaban el supuesto (incluyendo, en el primer caso, un 143 bis que expresamente declaraba la exención de pena —es decir una cusa de justificación—, mientras que el segundo grupo, en enmienda de Rahola, técnicamente más razonable, remitía a una ley especial qué supuestos de suicidio asistido serían admisibles y con qué requisitos).

b) Las de PP y Coalición canaria, que intentaban limitar el subtipo aplicándolo el primero como sujeto activo solo a médicos y estableciendo como requisitos tanto la naturaleza terminal de la enfermedad como los padecimientos que deberían ser «insoportables» y, además, admitiendo solo la rebaja en un grado de la pena, mientras que en el caso de Cc también se pretendía aplicarlo solo a médicos, exigiendo presencia de un testigo y, además, que los requisitos fueran cumulativos (enfermedad mortal más padecimiento).

Es, por tanto, incomprensible la sorpresa de muchas personas por el hecho de que se abra un procedimiento penal. De hecho, salvo que se acredite alguna circunstancia eximente, lo más probable es que este hombre, que además ha actuado abiertamente y ha dado publicidad a su conducta, sea condenado a una pena de entre un año y medio y tres años de prisión.

Sobre la posibilidad de un indulto, resultaría paradójico que el mismo se base en que este hombre ayudó a su mujer a suicidarse tras una enfermedad incurable, de muchos años, que le causaba padecimientos. Y que haya hecho esto por razones humanitarias. Digo que sería paradójico porque esa precisamente es la razón por la que su conducta encaja en subtipo atenuado (es decir, esa es la razón por la que se castigan con penas menos severas).

O la conducta tiene que seguir siendo delictiva (y, en tal caso, es difícil comprender por qué se ha de indultar a este ciudadano) o se ha de despenalizar. En este último caso, y por razón de la más elemental seguridad jurídica, la despenalización debería efectuarse mediante la aprobación simultánea de una ley que estableciese el procedimiento de auxilio al suicidio de determinadas personas. Más que nada, para controlar este tipo de situaciones y evitar que se produjesen casos límite dudosos en ámbitos privados.

La otra cuestión que leo y que me sorprende es la relativa a la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Como si esto fuese raro o siniestro.

Veamos, una vez aceptada la cuestión de la existencia de este tipo de juzgados (algo discutible en términos generales) es perfectamente lógico que una conducta que se incluye dentro del título relativo al homicidio y sus formas (y el legislador decidió incluir aquí el suicidio, en sus formas de inducción y cooperación, algo razonable, ya que el que induce y/o coopera al suicidio lo hace con la vida de otro) si víctima y autor son cónyuges (o han mantenido una relación de afectividad, etc.) sea instruida por el Juzgado de Violencia.

El Juzgado de Violencia no juzga. Es un juzgado de instrucción especializado. De hecho, el juez puede sobreseer y archivar. Por cierto, una de las funciones del juzgado es investigar si se trata de una cooperación al suicidio, porque podría resultar que no. Que sea un asesinato.

Más aún, en este caso concreto, ni siquiera existe la asimetría penal que sí se da en otros supuestos de violencia doméstica (algo, ya lo saben, que me parece inadmisible). Así que, ¿qué más da que el juzgado competente para instruir sea este? ¿O es que el nombre del juzgado, su etiqueta, ya implica algún tipo de tacha?

Es agotador que estemos indignados todo el día por todo tipo de cuestiones, la mayoría de ellas absolutamente intrascendentes.

 

Creer o no creer, he ahí el problema

 

Ayer, un músico mexicano se suicidó y publicó en twitter una nota en la que explicaba sus motivos:

Esto ha generado discusión y acusaciones recíprocas entre los que apoyan este tipo de denuncias —aparentemente, el propio suicida es uno de ellos— y los que los acusan de caza de brujas.

Lo paradójico es que el suicidio no añade nada. En realidad, es perfectamente deletéreo y nos sitúa en el mismo marco mental del #MeToo. Por lo visto, hay quien piensa que tenemos que creer al músico. Por el hecho de cometer algo tan aparentemente inequívoco. Como piensan otros que tenemos que creer a la denunciante, anónima o con nombre, que se atreve a denunciar hechos horribles señalando a alguien.

Ahí está la enfermedad. En un mundo civilizado no se deben producir consecuencias cuando hay una denuncia sin pruebas. Por eso es tan difícil que exista y llevamos siglos construyéndolo. Porque la denuncia puede ser también una forma de hacer el mal. Tan espantosa como el más espantoso de los actos. Puede convertirte en un muerto en vida, en un fantasma civil. La única consecuencia civilizada de una denuncia debería ser la prevista en la ley, tras la declaración legal de certidumbre —que puede ser errónea; el mundo es imperfecto—.

El músico se suicida y muchos dicen «yo sí te creo». Sin embargo, el suicidio no prueba nada sobre la acusación. No prueba que fuera cierta. No prueba que fuera falsa. Ni siquiera prueba que sea la causa, por más que el suicida lo ponga por escrito. Sí, los suicidas a veces mienten. Los suicidas, a veces, se mienten a sí mismos.

Lo que queda es el ruido. La discusión religiosa. Banderías echándose a la cara sus fes respectivas. Vociferantes.

 

Carcasas vacías

 

Dice Carmen Calvo:

«Es que, antes lo estaba diciendo, la Constitución española en el artículo 14 solo dice que está prohibida la discriminación por sexo pero nuestra Constitución no tiene planteado todavía el principio fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres como la tienen otras Constituciones europeas»

No, el artículo 14 de la Constitución Española dice algo más. Dice «Los españoles son iguales ante la ley«.

No hay ninguna manera de interpretar esa frase que no suponga que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Ninguna.

El artículo continúa diciendo:

«… sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

La coletilla final es la cláusula de cierre. Lo anterior son los ejemplos concretos que se decidió considerar. Es decir que, para la Constitución española:

a) Los nacidos dentro del matrimonio y los nacidos fuera son iguales.

b) Los blancos, los negros, los asiáticos, los gitanos, lo [incluya su raza favorita] son iguales.

c) Los hombres y las mujeres son iguales.

d) Los ateos y los católicos y los musulmanes son iguales.

e) Los comunistas y los liberales son iguales.

Además, hay que tener en cuenta que (art. 9.2):

«Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social

Lo demás es retórica. Énfasis. Sí, en otras constituciones se dice de otra manera. ¿Y qué?

Vivimos una época en la que muchas guerras ideológicas y culturales ya no tienen sustancia. Son pura carcasa vacía. Guerra por la presencia utilizando polémicas imbéciles. O peor, en la que se pelea por imponer por la puerta de atrás la división social en grupos, en lobbies, a menudo inventados, para atribuirles derechos, intereses y padecimientos impostados, supuestas injusticias y estabular a la gente metiéndola en su cajita correspondiente conforme a su sexo, a su raza, a su condición social, a la lengua que usa o a la penúltima gilipollez que te permita identificar una tribu en la que puedas sentirte como en casa y con razón. Que permita a esta generación ociosa jugar a las naciones y a la atribución de maldad.

En realidad, esos movimientos no buscan la igualdad de los individuos, sino la aplicación de ingenierías. No quieren categorías que nos incluyan a todos. Palabras como ciudadano o ser humano o ser libre les producen alergias. Porque nos incluyen a todos y nos permiten identificar la injusticia concreta. Y ellos no quieren resolver injusticias concretas. Eso es muy aburrido. Es mucho más divertido formar parte de los elegidos.

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Hay algo pasmoso en esto:

AOC afirma que la 22ª enmienda se aprobó para evitar que Roosevelt fuera reelegido. Pero la enmienda no se presentó en el Congreso hasta 1947, es decir, dos años después del fallecimiento de Roosevelt

Claro, el asunto de los mandatos surgió en las anteriores elecciones; en particular, en la última reelección de Roosevelt, Dewey, el rival republicano alertó sobre el peligro de un mandato presidencial de 16 años (que no se completaron por la muerte de aquel). Pero era un argumento de campaña. Un argumento para que no se eligiera por cuarta vez al presidente demócrata. Un argumento que no le sirvió a Dewey para evitar la derrota.

Lo acojonante es que, cuando los congresistas republicanos, que en su campaña de 1946 (en muchos casos) habían prometido iniciar esta reforma plantean la iniciativa expresamente incluyeron una salvedad: que la enmienda no podía afectar al presidente en el cargo, que era demócrata:

Section 1. No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of the President more than once. But this Article shall not apply to any person holding the office of President when this Article was proposed by the Congress, and shall not prevent any person who may be holding the office of President, or acting as President, during the term within which this Article becomes operative from holding the office of President or acting as President during the remainder of such term.

Es decir, que esta enmienda no solo no podía tratar de evitar la reelección de Roosevelt, ya fallecido, sino que tampoco se habría aplicado a Truman, su sucesor. O al propio Roosevelt, de haber estado vivo.

Eso sí, aunque los datos no solo no confirman lo que dice Ocasio-Cortez, sino que la hacen quedar como una ignorante o una trolera, seguro que moralmente tiene razón.

Y además, el rojo de sus labios es poderosísimo.

Lastra es portavoz del PSOE

 

Adriana Lastra, portavoz del PSOE ha escrito un tuit que ha dado lugar a polémica y a una acusación de mentirosa.

Pero lo mejor es que vean la secuencia completa, porque tiene mucha gracia. Todo viene de una entrevista a Albert Rivera:

1.- Primero veamos qué dice Rivera. Por favor escúchenlo completo. Es obvio que Rivera cuando menciona que la gestación es «sin dinero de por medio» se está refiriendo precisamente al planteamiento inicial de Julia Otero: vientres de alquiler. Es decir, a que una mujer cobre una remuneración COMO PRECIO por gestar y dar a luz. Todos sabemos qué es eso. Yo, en mis presupuestos, explico que mis servicios como abogado valen XXX € y que, además y al margen, el cliente me pagará los gastos de hotel o de restaurantes o de transporte, pero no porque yo gane dinero con esto, sino para no perderlo. No sigo, que dar más explicaciones es como llamarle a usted, querido lector, idiota.

2.- Más tarde, esta tuitera —a la que no conozco— publica este tuit:

Es un tuit o imbécil o malintencionado. Pero que demuestra que ha escuchado la entrevista, porque esa expresión («dinero de por medio») surge en la entrevista. Por cierto, no la usa Rivera inicialmente, sino que se incluye en la pregunta de una periodista y es evidente que se refiere a la existencia de una remuneración. La tuitera, o sabe esto y manipula, o cae en el imbécil vicio del literalismo y salta: ¡que sí, que sí, que hay dinero y Rivera miente!

Lo curioso es que, al citar la proposición de ley, remarca en amarillo y borra alguna parte interesante de la propuesta de Cs.

Sí, no se ve eso de cubrir los gastos «estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento« y otras partes. Pero, vamos, que leyendo el resto, cualquier persona alfabetizada sabe de qué se trata, ya que se lee en el propio título que es de naturaleza altruista, que la compensación es resarcitoria (es decir, que resarce gastos, por lo que NO HAY BENEFICIO) y que hay que aprobar un reglamento que asegure que esto no sea un coladero que desvirtúe la naturaleza altruista de la gestación subrogada.

Vean también el detalle de que la tuitera menciona que «plantean una compensación económica», pero sin poner comillas, ya que no cita a Rivera. ESo es obra de ella.

3.- La portavoz Lastra retuitea a la tuitera, pero hace algo más, escribe su propio tuit, y ya no queda claro si ha escuchado a Rivera, porque dice que Rivera miente al negar que exista una «compensación económica»:

Sin embargo, Rivera no ha negado eso. En absoluto. Ojo, y dice QUE ES LO PEOR QUE HA DICHO. Algo que no ha dicho es lo peor que ha dicho. Así que, o Lastra miente y manipula o Lastra hace la del teléfono escacharrado y toma como literal lo que en el tuit anterior no es literal. Pueden escoger si es una irresponsable, si es una manipuladora o si es ambas cosas.

Más aún, Lastra conoce perfectamente el proyecto de ley. Perdón —qué tonto—, debería conocerlo, que uno ya no sabe lo que nuestros políticos saben. Sobre todo algunos.

Algo más, la captura con trozos ilegibles por la marca amarilla no es de Lastra, es de la tuitera.

4.- Y el final es que un montón de gente se lanza al cuello de la portavoz. Sobre todo gente de Cs o cercana a Cs. Y la acusa de poner las tachaduras en esos lugares aposta.

Que conste que se lo merece. Pero lo verdaderamente gracioso es que es posible que se trate de simple negligencia, por lo que he dicho: cualquier persona con dos dedos de frente y que sepa leer en español, leyendo lo que no está tachado, sabe que no se propone que se pague una renta por el alquiler de un vientre. Que es lo que se hace CUANDO SE ALQUILA ALGO, obtener un beneficio. Que se pretende compensar una labor altruista.

O, para que se comprenda, en Canadá, pagar un vientre de alquiler te puede llevar a la cárcel 10 años, pero se admite la gestación subrogada y el pago de lo siguiente:

  • travel expenditures, including for transportation, parking, meals and accommodation
  • expenditures for the care of dependents
  • counselling services
  • legal services
  • drug costs, as defined in Section 2 of the Food and Drugs Act
  • expenditures for products or services that are provided to assess, monitor and provide healthcare to a woman during her pregnancy, delivery or the post-partum period
  • maternity clothes
  • costs related to the delivery
  • costs for health, disability or life insurance coverage
  • costs for obtaining or confirming medical or other records

Esto es lo más divertido: una vez más Lastra actúa y uno no sabe con qué versión quedarse. Yo creo que no tiene escrúpulos, que es manipuladora, que tiene la estructura de un cubo de playa y que no comprende un porcentaje elevadísimo de las cosas sobre las que habla. El cóctel es tremendo y es una apuesta arriesgadísima optar por una u otra versión de la génesis de los hechos.

 

Ojalá sea solo un timo más

 

El PSOE, en su programa electoral para estas elecciones, incluye este disparate:

Dejaré de lado eso de que la supresión del delito de abuso sexual —algo que, además, es mentira con seguridad, solo van a cambiar el nombre: las conductas no se «suprimen» como delito— no transmite «adecuadamente» el carácter coactivo de los delitos contra la libertad sexual —cuando el abuso precisamente es un delito CONTRA LA LIBERTAD sexual—; por lo visto hay que hacer un código penal con dibujitos, marionetas, vídeos o alguna putamierda de hashtag.

Voy a centrarme en eso de que el consentimiento en cualquier relación sexual deba ser «explícito» y que «si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no».

Hay dos maneras de entender esto:

La primera: cuando usan la palabra «dice» y hablan de consentimiento explícito se refieren a cualquier forma de expresión. Puede ser hablada, escrita, por lengua de signos, por gestos o por comportamientos inequívocos. Por ejemplo, ella no verbaliza nada, ni escribe sí en una libreta o en un correo electrónico, pero a la pregunta de él acerca de si le apetece mantener una relación de índole sexual, sin decir ni mu, le baja la bragueta a él y le hace una felación. Vamos, que explícito incluye también implícito. Es implícito porque la conducta que ella realiza incluye el consentimiento, sin expresarlo. Pues bien, si se refieren a esto, NO HAY QUE CAMBIAR NADA. La ley actual ya habla de ausencia de consentimiento (que se presume inexistente en niños o en una persona inconsciente) o de un consentimiento viciado en los casos de abusos. Ya está. Por tanto, lo que se promete es una trola para que las mujeres crean que cambia algo.

La segunda: que es la que más se ajusta a la literalidad de lo que afirman, que solo se considerará que una mujer dice sí cuando diga sí. Y si no dice que sí, TODO LO DEMÁS ES NO y no hay consentimiento. En este caso, en el ejemplo que he expuesto, él habría cometido un delito.

Analicemos esta segunda opción. En primer lugar, resulta contrario a una serie de principios básicos en materia penal. Por ejemplo, al de que debe buscarse la verdad material. Es decir, debe procurarse saber si ella consintió; no saber si consintió explícitamente. Lo segundo, que la norma penal solo debe castigar conductas que afecten a un bien jurídico. En el caso de los delitos contra la libertad sexual, EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO ES PRECISAMENTE LA LIBERTAD SEXUAL. Solo una conducta que afecte a la libertad de las mujeres —hablo y seguiré hablando de mujeres porque, aunque parezca acojonante, el programa habla SOLO de mujeres— debe ser delictiva. En tercer lugar, que las presunciones, en general, y más aún si son iuris et de iure, en materia penal, son un recurso incivilizado salvo en circunstancias extraordinarias y muy justificadas (como lo es presumir que un bebé de dos años no puede prestar un consentimiento válido para una actividad sexual, por ejemplo). Por tanto, presumir, sin posibilidad de prueba en contrario, que un consentimiento para mantener relaciones sexuales no existió por no ser explícito en esos términos atenta contra esa regla básica.

Y esto sin tener en cuenta otras cuestiones como el error de hecho o el que las agresiones sexuales solo son delitos si son dolosas (es decir, voluntarias). En la segunda versión, el dolo exigible implicaría que un hombre comete un delito al admitir mantener relaciones sexuales con una mujer incluso estando seguro de que ella quiere (por ejemplo, deduciéndolo de su comportamiento) e incluso aunque estuviese conforme con esa apreciación cualquier tercero objetivo en abstracto, por la circunstancia de que ella no lo hubiese dicho explícitamente, y por el hecho de saber esto y aun así seguir adelante.

Es decir, en vez de atender a la realidad tal y como la percibiría cualquier observador objetivo, atenderíamos a la voluntad de la víctima (no antes, en el momento de la relación sexual —en el que es indiscutible que solo importa su libertad—, sino después, a la hora de que se decida si es o no delictiva); es decir, podría decidir si algo es o no delito en su esfera interna y con independencia de sus actos. Esto abriría la puerta a que algo no fuese delito en el momento de los hechos (ella consiente en su fuero interno y lo sabe), pero que pasase a serlo cuando denuncia (al no existir un consentimiento explícito y hacerlo valer).

Incluso se podría dar el supuesto de que ella denunciase y que, más tarde, reconociera haber consentido (solo implícitamente) y, por tanto, haber actuado libremente. Este reconocimiento carecería de valor alguno, ya que se trata de delitos semipúblicos, no disponibles por la víctima, una vez denuncia. Y él debería ser condenado.

En realidad, esta reforma anunciada es tan descabellada (en su versión b) que solo puede interpretarse en un sentido más prosaico, pero igual de grave. Dirán que estoy ridiculizando y que por supuesto que cualquier consentimiento claro que resulte de la conducta de una mujer es válido y que eso es lo que significa explícito y que el ejemplo que pongo es una caricatura. Añadirán que el problema lo tenemos con situaciones dudosas en las que él puede haber creído que sí, pero en las que ella dice que no existió consentimiento. Y que, en estos casos, lo que hay es que partir de que no existió el consentimiento. Véase, de entrada, que esto no es lo que se anuncia, sino otra cosa.

Lo malo es que el problema sigue siendo peliagudo porque existe un principio civilizado básico en derecho penal que es el de presunción de inocencia. Se presume la inocencia y el que acusa ha de probar. Esto no implica que se presuma el consentimiento, sino que no se presume el delito. Es decir, implica que quien acusa a otro de haber realizado una conducta (sexo sin consentimiento) ha de probar que el sexo existió y ha de probar de alguna forma admitida en derecho que no fue consentido. Y esto segundo es preciso porque LAS PERSONAS MANTIENE RELACIONES SEXUALES CONSENTIDAS CONSTANTEMENTE. Es decir, el asunto se convierte en un problema no de fijación de la conducta penada, sino en un problema de prueba. En el viejo problema de prueba. De hecho, y aunque a veces se diga que no, la prueba testifical de la víctima, por sí sola, puede ser —y es, a veces— prueba de cargo suficiente en nuestro derecho para condenar (en una práctica que personalmente me preocupa mucho como jurista).

¿Qué es lo que hay aquí, por tanto? O un timo o la cuadratura del círculo o una renuncia a uno de los principios más sagrados de la civilización: la inversión de la carga de la prueba sobre uno de los elementos centrales del delito, la ausencia de consentimiento. Se busca un comodín, un yo sí te creo, una carta de «salga usted de la cárcel»: si ella afirma «hubo consentimiento», aunque no fuese explícito, no hay problema; si ella dice «no hubo consentimiento», se invierte la carga de la prueba y es él quien ha de demostrar que hubo un sí explícito porque cualquier otra cosa es un no, aunque esa otra cosa equivalga a un consentimiento PARA CUALQUIER TERCERO OBJETIVO.

Esta es la deriva.

Lo gracioso es que los del PSOE acusan a Vox de ser un peligro público —con razón—, cuando ellos también lo son cuando promueven cosas así.

 

 

¡Y si hace un pedido ahora mismo, le damos un segundo programa económico gratis y un cd con los grandes éxitos de Manolo Escobar!

 

En 2015 cogí el programa de Podemos y, de una forma muy grosera, intenté calificar sus propuestas desde el punto de vista de incremento del gasto. Sobre todo porque se cuidaban de cuantificar el coste de sus medidas.

Claro está: como no iban a gobernar y tenían que demostrar que ellos sí representaban de verdad a la sufrida gente frente a los malvados mercados, a la troika, al Ibex y al SIM, prometieron como si no hubiera un mañana. O como hacía cierta persona que conocí, que siempre explicaba a sus hijos los regalos que iban a recibir si le tocaba la lotería.

Los políticos por definición siempre sueltan trolas y se callan o minimizan la parte fea de sus programas (que no es cosa de asustar). Pero hay grados. Los políticos populistas no se caracterizan por soltar algunas trolas, sino porque todo lo que dicen es una trola que nunca se llevará a la práctica porque será sustituido por otra trola nueva que, además, culpabilice de las trolas previas a los demás. La trola no es, para ellos, un problema del sistema que han de sobrellevar, poniéndose más o menos amarillos, sino su manera de hacer política. Por eso son tan excelentes en ese mundo. Mentir no solo les da igual, sino que solo saben mentir, manipular y prometer lo que sea necesario para seguir en la bicicleta.

Pronto podremos hacer el mismo ejercicio con el programa económico de Vox. De momento, tenemos este disparate:

Lo más divertido es lo de la reducción «drástica» del gasto público (algo imprescindible considerando la salvaje pérdida de ingresos que supondrían esas rebajas de impuestos) que, según ese avance, se lograría recentralizando (como si la recentralización por sí sola pudiera suponer una rebaja de entidad en el gasto) y cerrando las televisiones.

Salvo, claro está, que «quitar competencias» incluya tener menos prestaciones sanitarias, peores juzgados (de los que ya tenemos, que son muy deficientes) y que nuestro sistema educativo empeore aún más, detrayendo recursos. Porque si se pretende mantener el mismo nivel de prestaciones, la recentralización solo supondría una reducción del gasto (y no sería muy significativo) con una gestión más eficiente, ya que la administración central tendría que hacer lo que ahora hace la autonómica (por cierto, tras una reforma constitucional y estatutaria).

En cuanto a las televisiones, las autonómicas cuestan unos mil millones de euros al año. En cuanto a RTVE, nos cuesta 343 millones anuales.

Para hacernos una idea: los ingresos tributarios estatales ascendieron a 193.000 millones de euros en 2017. Por IRPF se recaudaron 77.038 millones de euros. Por Impuesto de Sociedades 23.143 millones de euros.

Todo esto sin considerar cuestiones como el déficit público (y su aumento si se rebajan los ingresos) y la necesidad de ir aminorando la deuda pública (en el 100% del PIB).

Ahora, consideren el impacto de la medida estrella (es estrella porque es la única que mencionan) de ahorro, el cierre de las televisiones, por importe de 1.400 millones de euros (a lo bruto, que el cierre tendría un coste enorme) en comparación con las consecuencias de medidas fiscales como las propuestas.

Nah. Mejor no lo hagan. Total, para qué. Si ya sabemos que es una trola.