¿A quién vais a creer, eh?

 

Sobre lo de las ventosas, lean esto de Antonio Villarreal. Como pueden ver, nos dice que no hay pruebas de que no sea un cuento chino. Y, como sabemos, en medicina, mientras no hay pruebas de que una terapia merezca ese nombre, esa terapia no es una terapia, sino un cuento chino.

Sin embargo, ¿a quién vamos a creer, a Antonio Villarreal o a todo un doctor que además sale en la tele? Y no en una tele cualquieta: ¡en TVE!

Vean esta noticia.

Un médico nos explica que esta terapia es cojonuda, eso sí siempre bajo supervisión médica. Vamos, que hace falta que un galeno cobre por colocar la ventosa, después de calcular el tamaño adecuado, su tiempo y qué tipo de vela aromática hay que usar.

Naturalmente, yo creo en la ciencia. Mucho más que en el periodismo. Y un médico escogido por la tele que pagamos todos para explicar la ventosa puesta de moda por personalidades tan conspicuas como Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow no puede ser un cantamañanas o un chorizo. La deontología de los de la tele impediría que cualquiera saliera diciendo bobadas y falsedades en una materia tan sensible como la salud.

Y efectivamente, su currículum es impresionante:

Naturalia

En fin, menos mal que tenemos la tele, porque si te fías de la sección de ciencia de El Español vas de cráneo.

 

 

Algo sobre la libertad

 

El problema que tengo con este artículo de Cristian Campos lo ha resumido él mismo en este tuit:

Cristian ha sentenciado y ha sido paternalista (como reconoce). Si se refiere a un concepto banal (y erróneo) de libertad, tiene razón. La jugadora no es libre porque ha crecido en una familia, en una sociedad, en un país —sigan añadiendo— que la ha influido hasta el punto de. Tras el “de” añadan lo que quieran. Ese concepto banal es aplicable a todas las sociedades, en mayor o menor grado, aunque es obvio que en las sociedades más abiertas hay más influencias entre las que escoger (y entre las que escogerán tus padres y los que te rodean) y, por definición, es menor la presión del grupo. Por ejemplo, ¿es realmente libre el Papa de ser el Papa y vestir de blanco y rezar y celebrar misas? ¿Si el Papa hubiera nacido en Mongolia o en China iría vestido de blanco? Desde este punto de vista, ¿hay alguien libre? ¿Hay alguien que se haya librado de influencias determinantes que no ha escogido?

Si Cristian utiliza un concepto más restringido y útil (en el tema que nos ocupa) de libertad, lo cierto es que su artículo no demuestra (ni intenta demostrar) que la jugadora sea libre o no. Es decir, que exista una coacción o una presión de una intensidad suficiente en su caso como para que consideremos que una persona media se ve obligada  a hacer algo que no quiere hacer. Yo no sé si concurre una presión así o no, pero veo que Cristian tampoco, ya que afirma …

Tiene suerte Elghobashy de que a ella lo que le guste sea el voley playa y no quitarse el hiyab y vestir un simple vestido a la moda occidental. Veríamos entonces si el hiyab le permitía a Elghobashy no vestir el hiyab.

… y resulta que la propia compañera de la jugadora, también egipcia, no llevaba esa prenda en los Juegos Olímpicos. Yo no sé por qué no la llevaba, y si se arriesga a algo por no llevarla, pero es bastante absurdo hacer presunciones si no puedes demostrar que esa prenda es, en ese caso concreto, producto de una imposición.

En realidad, yo creo que este tema se desenfoca. Hay que buscar una cierta utilidad en nuestros análisis. Sí creo que hay algo criticable en el uso de cierta indumentaria, pero no porque ese uso equivalga siempre a una ausencia de libertad, sino porque esa indumentaria es un símbolo de opresión. Yo, como he dicho, no sé si la jugadora egipcia es libre de ponerse o no el hiyab. Lo que sí sé es que las mujeres se encuentran sometidas en los países islámicos (en la mayoría de ellos su desigualdad es directamente legal) y que, entre las muchas limitaciones a su libertad, se encuentra la imposición de vestir de una determinada forma, en público. Naturalmente que un judío es libre (mientras la ley del país no lo impida) de ponerse una camiseta con una esvástica o un negro de ponerse un capirote blanco con la cruz del klan, pero también lo somos los demás de decir que, al ejercitar su libertad, están esparciendo la semilla de lo que podría provocar su propia destrucción o sometimiento. Por decirlo de otra forma, solo cuando en los países islámicos exista una igualdad formal y legal absoluta entre hombres y mujeres, y solo cuando se demuestre que en los países islámicos las mujeres pueden optar por otros modelos sociales diferentes sin sufrir por ello de forma permanente y continuada persecución, castigo y opresión, esas prendas de vestir dejarán de ser una prueba de las humillaciones a que se ven sometidas.

Ese día me dará igual el pañuelo de marras.

En cualquier caso, quizás en vez de preguntarnos si esa jugadora concreta es libre o no de vestir así, deberíamos centrarnos en el hecho evidente de que cientos de millones (quizás miles de millones) de mujeres no son libres sin ninguna duda en un montón de países del mundo. Centrarnos en la gangrena antes que en la fiebre.

 

El gran negociador

 

Todos los días leo y escucho, a pensadores de todo origen y pertenecientes a las más diversas tribus, decir que en España no hay una negociación política para formar gobierno porque nadie quiere negociar. Esta afirmación, tan válida como hipótesis como la contraria (que no hay negociación porque no hay dos o más que quieran negociar), descarrila en cuanto la contrastamos con los hechos.

Hace mucho tiempo conocí a un abogado que se intitulaba “el gran negociador”. Se trasladó al común ese autoapodo gracias a un antiguo compañero de despacho algo cabroncete. Su estrategia siempre consistía en negarse a negociar de entrada. No niego que esto pueda servir a veces, pero si lo pensamos con calma, veremos que la mejor manera de no negociar —si ese es tu objetivo— es empezar a negociar algo y luego empantanar la discusión hasta que aparezca eso que los cursis llaman tu ventana de oportunidad. Si te niegas a iniciar una negociación, gastas tus balas, por lo que más te vale que la ventana esté allí, delante, abierta a un prado feliz y el otro se baje los pantalones automáticamente. Si te niegas a negociar y luego negocias, sin embargo, ya le estás diciendo al otro que tu fortaleza era una impostura. Ceder se convierte en una rendición. Para el que admite iniciar una negociación, sin embargo, ceder es un acto procesal natural y cada cesión un despliegue de trebejos.

Todo esto viene a cuento de lo que sigue: el PSOE nunca, en la anterior legislatura, quiso sentarse a hablar con el PP. El PP sí quiso hacerlo con el PSOE. Aclaro, para los que vendrán con matices, que me refiero a lo que dijeron abiertamente y con profusión de énfasis. Si el PSOE no quería negociar nada, hizo lo correcto. Luego hubo elecciones, ya sabemos lo que pasó y se repiten sus respuestas. En cuanto a Ciudadanos, no sé bien qué pretenden sus dirigentes. Afirman que no negocian nada (nada que tenga que ver con formar gobierno), pero a la vez conceden —como el sacerdote que hace una ofrenda— la abstención. Parece que se trata de hacer lo mismo que el PSOE: contentar a sus votantes con un mínimo. Es decir, abrir y cerrar el proceso con un solo acto que les etiquete, en vez de influir de verdad. Para el PSOE el acto equivale a un nunca con la derecha (ahora las derechas), para Ciudadanos es un nunca con Rajoy.

Si esto es así, y vuelvo al principio, efectivamente no hay negociación, pero no porque nadie quiera, sino porque el PSOE y Ciudadanos no quieren. No podemos afirmar esto del PP. No hay ningún test que demuestre que el PP se niega a negociar, puesto que afirma estar dispuesto a formar un gobierno de gran coalición. Solo podríamos afirmar esto si se iniciasen unas negociaciones y viéramos que la posición del PP, de tan intolerante y tan exigente (considerando su propia fuerza parlamentaria en comparación con las de otros), es una prueba de que realmente no tiene interés en negociar. Nada de esto ha ocurrido.

La razón fundamental es puramente dramática. La llamada negociación no es, en este momento, más que una función teatral abortada. Hay tres autores (bastante malos, por cierto) de la obra, pero no se ponen de acuerdo en la trama porque tienen miedo a los abucheos del público, de partes diferentes del público. Todos quieren adueñarse del relato, pero solo hay un relato, el del PP, en el que es posible negociar.

Decir que Rajoy es también culpable de que no se negocie cuando los otros ni siquiera están dispuestos a discutir la posibilidad de un acuerdo es absurdo. No, es algo peor: es un ejercicio de equidistancia.

Cuando, además, sería fácil poner la cara colorada al PP y a Rajoy si es cierto que no quieren realmente negociar. Bastaría con hacerlo.

Como ni el PSOE ni Ciudadanos hacen esto, yo me limito a no ir más allá con mis interpretaciones y creer exactamente lo que dicen. No quieren negociar con el PP, Ciudadanos se abstendrá, el PSOE votará no, habrá terceras elecciones y estaremos durante unos meses soportando el coñazo de los que quieren vender sus ficciones como realidades.

Salvo que descubramos que la obra es, en realidad,  una comedia francesa de esa con puertas que se abren y cierran, en la que uno de los personajes se cree un gran negociador. En tal caso, las risas estarán garantizadas y la obra seguirá en cartel muchos años, con abundante éxito entre las clases medias y la población adulta.

 

Ver para saber de qué hablamos

 

Cada vez que se produce algún hecho espantoso como el de ayer, en particular cuando la muerte es resultado de un crimen o de la guerra, nos ponemos a discutir sobre si es o no correcto que nos muestren las imágenes de los cuerpos destrozados, de los niños despanzurrados, de la sangre, las vísceras, de la amputación.

Yo ya no necesito una sola imagen, una vez he visto una cualquiera que me sirva de icono. Puedo representarme a los muertos de ayer sin necesidad de verlos, porque los he visto antes, muchas veces, y los detalles accidentales no añaden nada.

Eso sí, creo que hay que verlas al menos una vez en la vida. Las consecuencias de la muerte, la inanición, la mutilación, el horror, la ausencia de libertad, el trato inhumano. No las versiones falsas del cine, que no nos asustan porque sabemos que lo son. Y hay que mascar y deglutir los datos, reflexionando hasta que nos sangren los pensamientos. Más aún, debería formar parte de la educación de los jóvenes, porque tenemos la obligación de enseñarles la realidad.

Por eso es lícito y quizás necesario que podamos ver los cuerpos de los niños muertos. No para alimentar algún bajo instinto o para echar gasolina al odio, sino porque quizás alguien lo necesite para representarse de qué hablamos cuando hablamos de un camión que golpea con violencia el cuerpo de un pobre crío y lo revienta. Quizás esas personas necesiten verlo o incluso acercarse a él y poder tocarlo y olerlo, para dejar hacer chistes …

chiste

… o para pensar primero en ese pobre crío y en sus familiares, antes de culpar a alguna construcción ideológica del dolor y del mal. O quizás lo necesiten para seguir comportándose así y para que los demás certifiquemos que no tienen solución y que son imbéciles morales sin coartada.

Comprendo a los que dicen que la presencia constante de las consecuencias de la violencia nos entumecerá y hará insensibles, pero ese es el precio que pagamos al pasar de la infancia a la madurez. La violencia existe y sus frutos no desaparecen porque apaguemos la televisión. También comprendo a los que se asquean por el negocio del morbo, pero el pus es un producto de la infección; poco podemos hacer para evitarlo, salvo señalar a los que se pasan de la raya y despreciarlos.

Yo voy a evitar ver las imágenes si puedo, porque no necesito verlas, pero quizás haya quien necesite verlas. Incluso aunque sea para mostrarse como lo que son. Para eso han de estar disponibles.

 

No matarás

 

Esta noticia y sus reflexiones es curiosa, sobre todo si consideramos el tuit con el que el medio la publicita:

Es interesante incluir el tuit, que utiliza la palabra asesinar, porque creo que pone en evidencia lo que hay detrás, el discurso que hay detrás (por cierto, la policía asesina y el francotirador mata).

La idea de que un robot se acerque al que debería ser detenido y lo mate, nos repugna. Nos parece más propio de una situación de guerra que de una situación de orden público. Pero esa repugnancia exige un análisis racional posterior. Si nos damos cuenta, todos admitimos que el delincuente (usemos esta expresión) pueda ser reducido. Incluso que pueda morir, ya que partimos de que la ley le exige su rendición y sometimiento a las fuerzas policiales, y se legitima el que estas se “defiendan”, evitando en lo posible arriesgarse. Si admitimos esto, ¿qué diferencia hay con una situación en la que, en vez de unos policías, el que se acerca al delincuente es un robot? Desde el punto de vista del delincuente, ninguna: todos consideramos lógico que el delincuente pueda ser abatido por un policía “humano”. La única diferencia se da desde el punto de vista del policía: desaparece el riesgo de muerte.

Es como si echásemos de menos una “buena lid”. La muerte del delincuente como precio admisible por el riesgo para el policía.

Sin embargo, este concepto, un refugio romántico de la literatura mundial sobre la guerra (el caballero que se enfrenta a su igual  y que evita el sufrimiento de terceros, jugando al juego de la guerra en un cuadrilátero escogido), siempre fue falso, una referencia literaria (falso y, además, una “superestructura” justificativa del predominio de las élites guerreras). Y lo es más aún cuando la guerra se “democratiza”. Los ejércitos ciudadanos, con cientos de miles de efectivos, que usan la tecnología moderna para desplazarse, organizarse y matar, y que se fundamentan en los valores de la nación en armas (y más tarde de la civilización en armas —como petición de principio partidista, claro—), basculan desde el noble oficio de la guerra a la nobleza del fin perseguido. Eso justifica el bombardeo masivo y, al final, la búsqueda de la máxima protección para el soldado profesional.

Por eso, al final, la cuestión desnuda es si había o no riesgo para las personas y los bienes, y cuánto hay que esperar para que un delincuente se rinda, si resulta que está armado hasta los dientes y puede llevar explosivos. Salvo que pensemos que el riesgo para la vida del policía puede funcionar como un freno para la arbitrariedad y el exceso. Este último argumento, sin embargo, es de doble filo: el riesgo puede frenar el exceso o actuar como acelerante.

Es decir, la conclusión final es que no hay cuestión general. Solo importa si la medida estuvo justificada y no el método.

En la repugnancia inicial asoma el argumento del miedo a “ser Dios”. La conclusión es, sin embargo, la misma que con la ingeniería genética: no importa qué puedas hacer; importa lo que hagas. Sobre todo porque ya lo hemos hecho antes.

El dilema es el mismo que existía cuando un primate afiló una piedra o un agricultor domesticó una planta. Solo hay una pequeña diferencia de grado y el excedente que nos permite el lujo de discutir.

 

Por qué pagó Messi o el tertuliano ignorante

 

Veo esto en tuiter:

He leído otros comentarios similares. Por lo visto es inexplicable que el jugador hubiese pagado lo que debía (en realidad faltaban por pagar algo más de 25.000 €, aunque esto no es nada en relación al importe defraudado) antes del juicio y que, pese a todo, haya sido condenado.

Por lo visto, Messi no es el único que se apunta a la “ignorancia deliberada”. Un montón de tertulianos y periodistas —véase Juan Cruz— siguen su ejemplo. Porque es facilísimo explicar lo que parece tan inexplicable. Yo, que soy un tío enrollado, lo voy a hacer, para que no caigan en el vicio del que se acusa al astro del Barcelona.

La explicación:

1.- A Messi se le acusa de defraudar IRPF en los ejercicios de 2007 (más de un millón de euros defraudado), 2008 y 2009 (más de un millón y medio de euros defraudado en cada año). Es decir de tres delitos del artículo 305 del Código Penal.

2.- A Messi no se le aplica el artículo 305 del Código Penal vigente en ese momento porque una redacción posterior es más beneficiosa para él. Efectivamente, si se le aplica la redacción actual, la pena por cada delito es de un mínimo de dos años. En la redacción vigente cuando defraudó lo sería de dos años y medio por cada delito.

3.- Es decir, en principio, a Messi se le acusaba de delitos que, como mínimo, implicaban una condena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN.

4.- Messi no regularizó a tiempo. El Código Penal permite evitar el delito siempre que se haga:

“… antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.

5.- Los abogados de Messi, con buen criterio (ya ven, a veces se asesora bien —sí, estoy de chufla—), aconsejaron al jugador PAGAR. Pagar todo, lo antes posible. ¿Por qué? Porque la ley atribuye consecuencias favorables a dicho comportamiento. Efectivamente, el Código Penal establece, en su artículo 21, que es circunstancia atenuante:

(… )

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

Vean ahora. El tribunal ha determinado que, en el caso de Messi, esa atenuante es muy cualificada (parece razonable, dada la reparación). Al ser muy cualificada, el tribunal rebaja la pena en uno o dos grados. Si la rebaja hubiera sido de UN GRADO, A MESSI LE HABRÍAN CONDENADO AL MENOS A TRES AÑOS DE PRISIÓN. Es decir, habría ingresado obligatoriamente en prisión.

Sin embargo, el tribunal (discrecionalmente) ha decidido rebajar la pena EN DOS GRADOS. Es decir, que lo que al principio eran dos años por cada delito (es decir, un mínimo —MÍNIMO— de seis años), se convierten en siete meses por cada delito. Por tanto, al final, la pena es de 21 meses, POR LO QUE ES LEGALMENTE POSIBLE NO INGRESAR EN PRISIÓN.

Resumamos: Messi no ha pagado porque sea muy majo, sino porque HA OBTENIDO UN BENEFICIO MUY IMPORTANTE DEL PAGO. De no haber pagado y haber sido condenado, la sentencia lo llevaría de cabeza a la cárcel. Ahora puede que la evite. El tribunal (una vez que lo considera responsable de los tres delitos) ha sido todo lo generoso que podía ser con la ley en la mano. Podría haber sido menos generoso (recordemos que el fraude en esos tres años es superior a 4.000.000 de euros —solo contando las cuotas y sin incluir multas e intereses) y, pese al pago, haberlo condenado a tres años de prisión como mínimo, lo que habría implicado su ingreso en la cárcel.

Ahora piensen, por un instante, que el que hubiese defraudado los 4.000.000 € hubiese sido otro. No pongo nombres, escojan a su personaje odiado favorito.

La ley llegó a Cádiz

 

Leo en Libertad Digital que el alcalde de Cádiz (su Junta de Gobierno) ha aprobado unos presupuestos para el año que viene, apoyándose en una “argucia”: utilizar la disposición adicional decimosexta de la Ley de Bases del Régimen Local que introdujo esta ley y que ha sido declarado nula e inconstitucional por el Tribunal Constitucional en esta sentencia (la segunda sobre la materia) que aún no se ha publicado en el BOE.

El diario llega a decir que “Kichi da un golpe municipal”.

La noticia me interesa por dos razones:

La primera tiene que ver con la manipulación. Ya saben, una de mis obsesiones. Cuando Libertad Digital explica la maniobra de los podemitas gaditanos publica supuestamente parte de la sentencia (que sí, es de 9 de junio, pero se conoce desde el 29):

Kichi

Hay más. Al final de la noticia, el periódico incluye este párrafo:

Kichi2

La manipulación que realiza Libertad Digital se comprueba con facilidad. Busquen el párrafo entrecomillado (dentro de la noticia) como de la sentencia. Yo no lo he encontrado en la sentencia. Pero esto es lo de menos, porque lo que más importa no es lo que publican, sino lo que falta.

Lo más parecido en la sentencia a lo que han publicado es esto:

f) Procede, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 16ª LBRL, introducida por el art. 1.38 LRSAL. De conformidad con el art. 40.1 LOTC, esta declaración “no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada” en los que se haya hecho aplicación de la mencionada disposición. Correspondiendo a este Tribunal precisar los efectos de la nulidad (STC 45/1989, de 20 de febrero), razones de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) imponen en este caso acotar todavía más esos efectos: la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa.

Fíjense ahora en que la propia sentencia establece los efectos de la declaración de nulidad e inconstitucionalidad. Lo repito:

“… la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición controvertida habrá de producir efectos ex nunc, a partir de la publicación de la presente Sentencia, sin que, por tanto, resulten afectados por ésta los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni los actos sucesivos adoptados en aplicación de los anteriores, hayan o no devenido firmes en la vía administrativa.

Es decir, los señores de Libertad Digital, entrecomillan una parte del texto de la sentencia que yo no encuentro en la sentencia (a ver si ustedes tienen más suerte) y se olvidan justo de la parte del texto de la sentencia que expresamente dice que los presupuestos aprobados por la Junta de Gobierno de Cádiz son válidos porque esta no se ha publicado en el BOE.

Ahora vayamos a la segunda parte, que es graciosísima. Los podemitas gaditanos se ajustan a la ley, a pesar de saber que están aplicando una norma que ya se ha declarado nula e inconstitucional. Además, ¡es una ley del PP, de la casta! Una ley que permitía a los de la casta, a los que gobiernan, aprobar presupuestos (siguiendo los dictados de Merkel, la Troika, el FMI y los Señores del Mundo) en contra de la gente. Porque ¿quién es la gente? ¡La gente es la que está representada en el pleno! Recordemos que los actuales ayuntamientos españoles fueron elegidos tras el despertar de la gente y que, gracias a las últimas elecciones municipales, llegó la democracia a España (Carmena dixit).

Sin embargo, el Excelentísimo Señor D. José María González Santos, aka “Kichi”, usa una norma moribunda, pronto ilegal por inconstitucional, además de antidemocrática y pepera, con nocturnidad, alevosía, disfraz y en compañía de otros, para saltarse la voluntad democrática expresada en el pleno municipal.

Es maravilloso.

Sí, la ley obra milagros.

 

El proceso

 

He leído el auto dictado, en el asunto de la mascarada del 9N, por el magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordena la transformación del procedimiento y, por tanto, el traslado de la causa a las partes acusadoras para que pidan, si así lo consideran, la apertura de juicio oral. En cristiano, esto implica que no archiva, sino que considera hay indicios ya documentados en la causa de que Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega cometieron delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, en una doble modalidad, de comisión por omisión, al no haber dictado las resoluciones administrativas destinadas a parar el proceso de consulta, y de comisión mediante instrucciones verbales dirigidas a evitar la constancia de resoluciones administrativas prevaricadoras expresas. Ahora le toca a las acusaciones acusar y al tribunal, a continuación, decretar la apertura de juicio oral. Cosas, ambas, de lo más probable.

El auto es tan de cajón que parece asombroso que alguien pueda defender otra cosa. En una añeja entrada ya comenté hasta qué punto era absurdo el circo montado para negar la evidencia. Es tan ridículo que simplemente demuestra la falta de dignidad de los encausados. En vez de comportarse como lo hicieron, deberían haber dado instrucciones expresas y haber asumido las consecuencias. Las consecuencias penales: es lo que pasa cuando uno desobedece algo que cree que es injusto. Qué va. Se comportaron como trileros estúpidos, pensando que podían protegerse detrás de unos argumentos tan falaces y de cartón piedra que hasta un idiota de esos que defienden que ha habido un pucherazo en las últimas elecciones generales podría darse cuenta.

Al contrario, dejaron todo perdido, repleto de manchas de grasa, con esas facturas, esas partidas presupuestarias, esas reuniones en las que nadie pone nada por escrito y esas ruedas de prensa fatuas en las que se presentaban como una mezcla de Moisés, Rosa Parks, Muhammad Alí y el “niño de yo no he sido”.

Ahí están los datos, en la causa, y ahí están enumerados en el auto. Y ahí van quedando los argumentos idiotas que pretenden que hacía falta una orden expresa a Mas para que este se enterara de lo que sabía toda España y que “todo” fue cosa de voluntarios, incluso la instalación de programas informáticos en miles de ordenadores, la apertura de centros públicos, la contratación y pago de seguros  y la apertura de un centro para la prensa internacional, la que debía levitar con el evento inexistente.

Eso es lo peor. La puta y asquerosa mendacidad. La conducta del que se cisca en la ley y en el contribuyente, y no tiene los cojones de asumir abiertamente las consecuencias de sus actos.

Solo una cosa más. Vemos el proceso. Sigue su camino, despacio, sí, pero sigue su camino.

El proceso judicial, el de la ley, aclaro.

 

Esto no es noticia

 

Esta tampoco es una entrada sobre política.

Ayer, Alberto Garzón se preguntaba, en un tuit, si hacían falta observadores internacionales en las próximas elecciones. Como era un tuit, podíamos hasta pensar que se trataba de un chascarrillo.

Hoy, Pablo Iglesias ha dicho esto. Aquí se le puede escuchar.

No parece una gracieta o un discurso improvisado. El líder de Podemos está afirmando que hay que estar preocupados por la “seguridad de las votaciones” y cuando expresamente se le pregunta si cree posible una manipulación del resultado electoral dice “espero que no“, pero que la garantía para que no pase es que el ministerio del Interior funcione y que, por lo que parece, no funciona muy bien.

Un candidato a la presidencia del Gobierno que plantea que en España puede haber un pucherazo. Recuerden: no todos los españoles tienen por qué saber hasta qué punto es esto imposible y hasta qué punto Iglesias miente y enmierda.

Pero esto no es noticia.

 

NOTA:

Como alguien me ha preguntado por qué no va a ser posible un fraude electoral que llegue a la categoría de “pucherazo”, copio algunas disposiciones de la LOREG. Vean que solo he marcado un párrafo en negrita, pero lean todos los artículos:

Artículo noventa y cinco

1. Terminada la votación, comienza, acto seguido, el escrutinio.

2. El escrutinio es público y no se suspenderá, salvo causas de fuerza mayor, aunque concurran varias elecciones. El Presidente ordenará la inmediata expulsión de las personas que de cualquier modo entorpezcan o perturben su desarrollo.

3. En el supuesto de coincidencia de varias elecciones se procede, de acuerdo con el siguiente orden, a escrutar las papeletas que en cada caso corresponda: Primero, las del Parlamento Europeo; después, las del Congreso de los Diputados; después, las del Senado; después, las de las Entidades Locales; después, las de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma; después, las de los Cabildos Insulares.

4. El escrutinio se realiza extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna correspondiente y leyendo en alta voz la denominación de la candidatura o, en su caso, el nombre de los candidatos votados. El Presidente pondrá de manifiesto cada papeleta, una vez leída, a los vocales, interventores y apoderados.

5. Si algún notario en ejercicio de sus funciones, representante de la lista o miembro de alguna candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta leída por el Presidente, podrá pedirla en el acto para su examen y deberá concedérsele que la examine.

Artículo noventa y siete

1. Terminado el recuento, se confrontará el total de sobres con el de votantes anotados en los términos del artículo 86.4 de la presente Ley.

2. A continuación, el Presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio y, no habiendo ninguna o después de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubieran presentado, anunciará en voz alta su resultado, especificando el número de electores censados, el de certificaciones censales aportadas, el número de votantes, el de papeletas nulas, el de votos en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura.

3. Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por los miembros de la Mesa.

Artículo noventa y ocho

1. La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados por medio de un acta de escrutinio que contenga los datos expresados en el artículo 97.2, y la fijará sin demora alguna en la parte exterior o en la entrada del local. Una copia de dicha acta será entregada a los respectivos representantes de cada candidatura que, hallándose presentes, la soliciten o, en su caso, a los Interventores, Apoderados o candidatos. No se expedirá más de una copia por candidatura.

2. Se expedirá asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona designada por la Administración para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de la elección que ha de proporcionar el Gobierno.

Artículo noventa y nueve

1. Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente, los Vocales y los Interventores de la Mesa firmarán el acta de la sesión, en la cual se expresará detalladamente el número de electores que haya en la Mesa según las listas del censo electoral o las certificaciones censales aportadas, el de los electores que hubieren votado, el de los interventores que hubieren votado no figurando en la lista de la Mesa, el de las papeletas nulas, el de las papeletas en blanco y el de los votos obtenidos por cada candidatura y se consignarán sumariamente las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus Apoderados e Interventores y por los electores sobre la votación y el escrutinio, así como las resoluciones motivadas de la Mesa sobre ellas, con los votos particulares si los hubiera. Asimismo, se consignará cualquier incidente de los que se hace mención en el artículo 94.

2. Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas, así como sus apoderados e Interventores tienen derecho a que se les expida gratuita e inmediatamente copia del acta, no pudiendo la Mesa excusarse del cumplimiento de esta obligación.

Artículo ciento

1. Acto seguido, la Mesa procede a la preparación de la documentación electoral, que se distribuirá en tres sobres.

2. El primer sobre contendrá el expediente electoral, compuesto por los siguientes documentos:

a) El original del Acta de Constitución de la Mesa.

b) El original del Acta de la sesión.

c) Los documentos a que esta última haga referencia y, en particular, la lista numerada de votantes y las papeletas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación.

d) La lista del Censo electoral utilizada.

e) Las certificaciones censales aportadas.

3. El segundo y el tercer sobre contendrán respectivas copias del acta de constitución de la Mesa y del acta de la sesión.

4. Una vez cerrados todos los sobres, el Presidente, Vocales e interventores pondrán sus firmas en ellos, de forma que crucen la parte por la que en su día deban abrirse.

Artículo ciento uno

1. Cuando tengan preparada la correspondiente documentación, el Presidente y los Vocales e interventores que lo deseen se desplazarán inmediatamente a la sede del Juzgado de Primera Instancia o de Paz, dentro de cuya demarcación esté situada la Mesa, para hacer entrega del primer y del segundo sobre. La Fuerza Pública acompañará y, si fuera preciso, facilitará el desplazamiento de estas personas.

2. Previa identificación del Presidente y, en su caso, de los Vocales e interventores, el Juez recibirá la documentación y expedirá el correspondiente recibo, en el que hará mención del día y hora en que se produce la entrega.

3. Dentro de las diez horas siguientes a la recepción de la última documentación, el Juez se desplazará personalmente a la sede de la Junta Electoral que deba realizar el escrutinio, donde hará entrega, bajo recibo detallado, de los primeros sobres.

4. Los segundos sobres quedarán archivados en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz correspondiente, pudiendo ser reclamados por las Juntas Electorales en las operaciones de escrutinio general, y por los Tribunales competentes en los procesos contencioso-electorales.

5. La Junta Electoral Provincial adoptará las medidas necesarias para facilitar el desplazamiento de los Jueces a que hace mención el párrafo tercero de este artículo.

Artículo ciento dos

1. El tercer sobre será entregado al funcionario del Servicio de Correos, que se personará en la Mesa Electoral para recogerlo. Al menos un Vocal debe permanecer allí hasta haber realizado la entrega.

2. Al día siguiente de la elección, el Servicio de Correos cursará todos estos sobres a la Junta Electoral que haya de realizar el escrutinio.

Artículo ciento tres

1. El escrutinio general se realiza el tercer día siguiente al de la votación, por la Junta Electoral que corresponda, según lo establecido en las disposiciones especiales de esta Ley.

2. El escrutinio general es un acto único y tiene carácter público.

Artículo ciento cuatro

1. Cada Junta se reúne, con los representantes y apoderados de las candidaturas que se presenten, en la sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario. El Presidente extiende el acta de constitución de la Junta, firmada por él mismo, los Vocales y el Secretario, así como por los representantes y apoderados de las candidaturas debidamente acreditados.

2. La sesión se inicia a las diez horas del día fijado para el escrutinio y si no concurren la mitad más uno de los miembros de la Junta se aplaza hasta las doce del medio día. Si por cualquier razón tampoco pudiera celebrarse la reunión a esa hora, el Presidente la convoca de nuevo para el día siguiente, anunciándolo a los presentes y al público y comunicándolo a la Junta Central. A la hora fijada en está convocatoria, la reunión se celebrará cualquiera que sea el número de los concurrentes.

Artículo ciento cinco

1. La sesión de escrutinio se indica leyendo el Secretario las disposiciones legales relativas al acto.

2. A continuación, el personal al servicio de la Junta proceden bajo la supervisión de ésta, a la apertura sucesiva de los sobres referidos en el artículo 100, párrafo segundo, de esta Ley.

3. Si faltase el correspondiente sobre de alguna Mesa o si su contenido fuera incompleto se suplirá con el tercer sobre a que se refiere el artículo 102. En su defecto y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 101, se utilizará la copia del acta de la sesión que presente en forma un representante de candidatura o Apoderado suyo. Si se presentan copias contradictorias no se tendrá en cuenta ninguna de y ellas.

4. En caso de que en alguna Mesa hubiera actas dobles y diferentes o cuando el número de votos que figure en un acta exceda al de los electores que haya en la Mesa según las listas del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, con la salvedad del voto emitido por los Interventores, la Junta tampoco hará cómputo de ellas, salvo que existiera error material o de hecho o aritmético, en cuyo caso procederá a su subsanación.

5. El Secretario de la junta dará cuenta de los resúmenes de votación de cada Mesa, y el personal al servicio de la Junta realizará las correspondientes anotaciones, si fuera preciso mediante un instrumento técnico que deje constancia documental de lo anotado.

6. Cuando el número de Mesas a escrutar así lo aconseje, la Junta Electoral puede dividirse en dos Secciones para efectuar las operaciones referidas en los párrafos anteriores. En tal caso un Vocal actuará en condición de Secretario de una de las Secciones.

Artículo ciento seis

1. Durante el escrutinio la Junta no puede anular ningún acta ni voto. Sus atribuciones se limitan a verificar sin discusión alguna el recuento y la suma de los votos admitidos en las correspondientes Mesas según las actas o las copias de las actas de las Mesas, salvo los casos previstos en el apartado 4 del artículo anterior, pudiendo tan sólo subsanar los meros errores materiales o de hecho y los aritméticos.

2. A medida que se vayan examinando las actas los representantes o apoderados de las candidaturas no pueden presentar reclamación ni protesta alguna, excepto aquellas observaciones puntuales que se refieran a la exactitud de los datos leídos.

Artículo ciento siete

1. El acto del escrutinio general no puede interrumpirse. No obstante, transcurridas doce horas de sesión, las Juntas podrán suspender el escrutinio hasta el día siguiente, no dejando sin concluir el cómputo de los votos correspondientes a una Sección.

2. El escrutinio deberá concluir no más tarde del sexto día posterior al de las elecciones.

Artículo ciento ocho

1. Concluido el escrutinio, la Junta Electoral extenderá por triplicado un acta de escrutinio de la circunscripción correspondiente que contendrá mención expresa del número de electores que haya en las Mesas según las listas del censo electoral y las certificaciones censales presentadas, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en blanco y de los votos nulos. Finalizada la sesión, se extenderá también un acta de la misma en la que se harán constar todas las incidencias acaecidas durante el escrutinio. El acta de sesión y la de escrutinio serán firmadas por el Presidente, los Vocales y el Secretario de la Junta y por los representantes y apoderados generales de las candidaturas debidamente acreditados.

2. Los representantes y apoderados de las candidaturas disponen de un plazo de un día para presentar las reclamaciones y protestas, que sólo podrán referirse a incidencias recogidas en las actas de sesión de las Mesas electorales o en el acta de la sesión de escrutinio de la Junta Electoral.

3. La Junta Electoral resuelve por escrito sobre las mismas en el plazo de un día, comunicándolo inmediatamente a los representantes y apoderados de las candidaturas. Dicha resolución podrá ser recurrida por los representantes y apoderados generales de las candidaturas ante la propia Junta Electoral en el plazo de un día. Al día siguiente de haberse interpuesto un recurso, la Junta Electoral remitirá el expediente, con su informe, a la Junta Electoral Central. La resolución que ordena la remisión se notificará, inmediatamente después de su cumplimiento, a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción, emplazándoles para que puedan comparecer ante la Junta Electoral Central dentro del día siguiente. La Junta Electoral Central, previa audiencia de las partes por plazo no superior a dos días, resolverá el recurso dentro del día siguiente, dando traslado de dicha resolución a las Juntas Electorales competentes para que efectúen la proclamación de electos.

4. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se produzcan reclamaciones o protestas, o resueltas las mismas por la Junta Electoral Central, las Juntas Electorales competentes procederán, dentro del día siguiente, a la proclamación de electos, a cuyos efectos se computarán como votos válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en blanco.

4 bis. Desde la votación hasta la proclamación de electos, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, un escrito motivado anunciando la presentación, en un plazo no superior a quince días, de la demanda de ilegalización o del incidente de ejecución previstos en los artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, solicitando la suspensión cautelar de la proclamación de los electos que hubieran concurrido en las candidaturas del partido afectado o en las federaciones o coaliciones por él integradas. Asimismo, podrán solicitar la suspensión cautelar de la proclamación de los electos que hubieran concurrido en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores que pudieran estar vinculadas al partido contra el que se dirija la demanda de ilegalización o el incidente de ejecución, o a un partido declarado ilegal por resolución judicial firme. La Sala resolverá sobre la suspensión en los dos días siguientes a la presentación de dicho escrito.

Una vez presentada la demanda o instado el incidente, la Sala, al resolver el trámite de admisión, se pronunciará sobre la continuidad o no de la suspensión cautelar hasta la finalización del procedimiento. Prorrogada la suspensión, si la resolución que ponga fin al procedimiento declarase la ilegalización del partido o su condición de sucesor de otro ilegalizado, declarará también la no proclamación de los electos que hubieran concurrido en sus candidaturas o en las de federaciones o coaliciones por él integradas. El pago de las subvenciones a que se refiere el artículo 127.2 no procederá mientras subsista la medida de suspensión adoptada y sólo se llevará a efecto si la resolución que ponga fin al procedimiento judicial sea desestimatoria de la demanda de ilegalización o del incidente de ejecución.

En cualquier momento del mandato electoral de los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores, el Gobierno a través de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal podrán presentar ante la Sala Especial del Tribunal Supremo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda o el incidente de ejecución previstos en los artículos 11 y 12.3 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, solicitando que se declare la vinculación de dichas agrupaciones con un partido ilegalizado o con el partido cuya ilegalización se pretende.

5. El acta de proclamación se extenderá por triplicado y será suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta y contendrá mención expresa del número de electores que haya en las Secciones, de votantes, de los votos obtenidos por cada candidatura, de los votos en blanco, de los votos válidos y de los votos nulos, de los escaños obtenidos por cada candidatura, así como la relación nominal de los electos. Se reseñarán también las reclamaciones y protestas ante la Junta Electoral, su resolución, el recurso ante la Junta Electoral Central, si lo hubiere, y su correspondiente resolución.

6. La Junta archivará uno de los tres ejemplares del acta. Remitirá el segundo a la Cámara o Corporación de la que vayan a formar parte los electos y el tercero a la Junta Electoral Central, que en el periodo de cuarenta días, procederá a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» los resultados generales y por circunscripciones, sin perjuicio de los recursos contencioso-electorales contra la proclamación de electos.

7. Se entregarán copias certificadas del acta de escrutinio general a los representantes de las candidaturas que lo soliciten. Asimismo, se expedirán a los electos credenciales de su proclamación. La Junta podrá acordar que dichas certificaciones y credenciales sean remitidas inmediatamente a los interesados a través del representante de la candidatura.

8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o reglamentos respectivos.