Parecer para terminar siendo

 

En un par de días comienza un juicio en el Tribunal Supremo que va a ocupar mucho tiempo en las noticias y en las discusiones, y que, probablemente, termine hastiando a mucha gente. Una buena manera de evitar tan desagradable consecuencia es tener claro qué es y qué no es un juicio, incluso este.

Para empezar, en un juicio se dirige la acción penal contra alguien. Las categorías y definiciones políticas, sociológicas y éticas sobran. No importa si lo que pasó en 2017 fue un golpe de Estado o no, porque no se acusa de eso. No importa si hay algún argumento que no sea jurídico para justificar la aprobación de las «leyes» de desconexión y la celebración de un «referéndum». Tampoco importa lo que sientan o deseen millones de catalanes y de españoles sobre su pertenencia a Cataluña y/o a España, y a lo que se deba decidir en el futuro y quién lo deba decidir.

El juicio tampoco es una ocasión para castigar al «movimiento» secesionista. No se juzga a millones. Tampoco sirve para salvar a España, salvo en un sentido abstracto y periférico: en el de que solo sobreviven los Estados en los que se cumple la ley y funcionan las instituciones. Pero esto último, además, incluye necesariamente la posibilidad de una absolución. Las leyes democráticas están tan relacionadas con el mantenimiento y ejercicio de los derechos individuales que exigir la condena para la supervivencia de la república —y no porque sea lo que proceda conforme a Derecho— es una forma de degradarla.

La defensa del Estado constitucional pasa por el cumplimiento de todas las leyes. No solo de las penales. Siete jueces en un juicio público, con garantías, con contradicción y audiencia, con ejercicio del derecho de defensa, basado en condenas por hechos probados típicos conforme a una descripción legal taxativa, eso nos defiende a todos de la arbitrariedad del poder. Nada menos debemos exigir.

La monedad tiene otra cara. En este juicio no se juzga a España, ni a nuestras leyes, ni a nuestras instituciones, salvo, de nuevo, de una forma abstracta y periférica: en el sentido de que nuestras instituciones son dignas solo si sirven al fin para el que las creamos. El Tribunal Supremo no fue creado para defender a España o a su unidad como fines sin contenido. Esos fines, constitucionalmente sancionados, solo se comprenden rectamente si hacemos referencia a eso que proclama el preámbulo de la Constitución: la justicia, la libertad y la seguridad; la promoción del bien de cuantos la integran; la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; el Estado de Derecho como garantía del imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; la protección de todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos; la protección de nuestra cultura y de su progreso, de nuestras tradiciones, lenguas e instituciones; la promoción del bienestar para asegurar la dignidad de las personas y la democracia; la búsqueda de la paz y de la cooperación con los demás pueblos de la Tierra.

España es una democracia razonable y un lugar en el que los derechos fundamentales no están en cuestión, por más que todo sea mejorable. Pretender juzgar a España en este juicio —de ahí la farsa de los observadores— es simplemente una forma torpe —aunque es quizás el único camino que les queda a algunos— de desviar la atención. Al igual que un juicio legítimo no sirve para la venganza, tampoco debe admitirse su utilización para engordar el argumentario político de los que llevan muchos años intentando vender una imagen falsa de lo que somos y así provocar las condiciones que puedan servir a sus estúpidos fines. Prefieren la degradación de todos hoy para la consecución futura de su fin milenario y religioso, para la venida de su dios. Por eso —y porque hacer otra cosa nos convertiría en lo mismo que son ellos— no debemos caer en la trampa.

Frente a todo lo que no es, recordemos lo que sí es un juicio. Un juicio solo merece ese nombre si se trata a los juzgados con dignidad y respeto. Un juicio es parcial. No trata sobre todo, sino sobre una parcela muy concreta de la realidad y conforme a unas definiciones técnicas. Si se amplía su objeto más allá de sus limites lo contaminamos. En un juicio, son las acusaciones las que tienen que probar que los acusados realizaron algo que es definido como delito en las leyes vigentes y que lo hicieron a sabiendas —o al menos asumiendo que el resultado definido en la ley y ocasionado por su conducta era probable—. En un juicio, la acusación tiene que probar más allá de una cierta frontera, porque si duda, solo cabe la absolución. Las únicas consecuencias posibles de un juicio son las previstas en la ley: otra cosa es tiranía.

En un juicio, los acusados tienen derecho a probar aquello que excluye el delito, o su participación, o que les exonera de responsabilidad o la atenúa. En un juicio no se presume el delito, sino que los hechos objeto de acusación han de quedar acreditados hasta el punto de que esa acreditación permita construir una narración de la realidad suficientemente completa como para atribuir consecuencias personales muy gravosas. No se puede enviar a la cárcel a alguien simplemente porque no nos guste, porque nos parezca dañino, porque defienda algo que nos repugna o porque haya sido un irresponsable.

Un  juicio debe ser, en suma, algo muy serio. No es un plató de televisión. Ni siquiera un parlamento. No es un lugar para ejercer la libertad de expresión, entendida en un sentido amplio. Es uno de esos pocos lugares lleno de reglas en los que la forma es inescindible de su fin natural.

La única manera sensata de enfrentarse a un juicio como el que viene, en mi opinión, es asumir de verdad, internamente, todo lo anterior y creer que todos los acusados son inocentes, que el Estado considera que han podido cometer un crimen, que el Estado puede y debe exponer por qué, intentando probarlo a la vista de todos, conforme a las reglas de la razón y con pleno respeto a los ciudadanos juzgados, y que los acusados tienen derecho a negarlo, a no colaborar con el Estado sin sufrir consecuencia alguna, a probar todo lo que venga al caso y les sirva de descargo, y a exigir de los jueces que sean imparciales y solo les castiguen si, sin duda de ningún tipo, son autores de una conducta tan reprochable y tan dañina como para que nuestros representantes las hayan convertido en delito. Asumir todo esto y desechar el resto como ruido.

Alguien me dirá: «qué exageración; a algo así, y como desiderátum, solo están obligados los jueces».

Ah, pero qué lugar más excelente y civilizado sería aquel en el que la mayoría de los ciudadanos se enfrentase a un proceso penal con la actitud exigible a los jueces. Qué lugar más habitable.

Así, aunque fuera por unos pocos días, podríamos disimular y hacer como que somos. Para ver si de tanto disimular, empezamos a serlo de verdad.

 

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Sobre indicios de cosas que estropean el discurso oficial

 

Este artículo escrito por bou@mastodon.elsacodelcoco.net ha dado lugar a muchos comentarios tras su anuncio en tuiter.

Sobre su autor, he de decir que, al margen de que pueda estar o no de acuerdo con algunas de sus tesis o afirmaciones, hasta el momento no he descubierto manipulación por su parte. Si quien lee sus artículos se toma la molestia de seguir los enlaces, verá que cita sus fuentes, que nos muestra de dónde extrae los datos y que lo que afirma (por lo menos hasta donde he llegado) se compadece con una interpretación de esas fuentes.

A lo anterior hay que añadir que el trabajo que ha realizado, sobre el que hablaré a continuación, es lo suficientemente extenso y riguroso como para que, cuanto menos, quien quiera rebatirlo se tome el trabajo de tomarlo en serio y hacerlo usando las fuentes que cita u otras igual de rigurosas. Lo que no es serio, como he visto, es que alguien diga que no te puedes tomar en serio a quien tiene en su avatar una fotografía de El Fary o que los números no importan —que lo que importa es la experiencia personal—, como le he leído a un fiscal al que aprecio, cuando resulta que los números oficiales sobre denuncias falsas son los que se han venido utilizando como martillo pilón para negar que pueda existir un problema sobre un uso espurio de los delitos de violencia doméstica. O valen los números o no (yo creo que no, porque no contamos con ellos, que nadie se ha tomado esto en serio y que el problema existe y es mucho mayor de lo que las instituciones insinúan; en todo caso, yo, como muchos, solo quiero que se investigue de verdad).

Los datos que utiliza se derivan del informe del CGPJ que cita (y de otros informes): en los casos que menciona —los más graves, ya que se juzgan en primera instancia en las audiencias provinciales—, una cuarta parte son absoluciones. De esas absoluciones —47—, él sostiene que cerca del 75% presentan indicios de derivar de una denuncia falsa. En realidad, los números son algo más elevados, pero ha redondeado a la baja. Si aplicamos su tesis al total de sentencias, un 18% de todos los casos juzgados en primera instancia en las audiencias presentarían esos indicios de falsedad.

Un 18% no es ese 0,01% del que tanto se habla.

Antes de entrar en el análisis de las sentencias, me gustaría hacer algunas observaciones:

a) Extrapolar lo que sucede en las audiencias a las condenas, absoluciones y archivos en los juzgados de instrucción y juzgados de lo penal es muy arriesgado por muchas razones. Los casos que se juzgan en las audiencias son más graves y el proceso penal es más reposado y se suelen practicar (o intentar practicar) más pruebas en el proceso. Además, aunque no debiera ser así, es posible que los juicios y las inferencias de los jueces sean más rigurosas en ese tipo de juicios. En primer lugar, porque la pena es más alta y es natural que te lo pienses más a la hora de condenar. En segundo lugar, porque al juicio asisten tres jueces, que ven y piensan más que uno. De ahí se deduce que es posible que haya más absoluciones en este tipo de juicio. Pero, por otro lado, aunque el tipo de asuntos del que hablamos son propicios a la existencia de prueba de cargo directa única —la declaración de la víctima—, al ser los hechos más graves es más racional contar con pruebas periféricas (como lesiones objetivadas durante los hechos), y que se valore su ausencia, algo que es racionalmente menos exigible en delitos de menor entidad (amenazas, coacciones, malos tratos continuados, lesiones del 153 CP) que pueden darse sin esos elementos objetivos, lo que abona que sea más probable la denuncia falsa. Desde el otro lado del espejo, es más fácil que se cometan delitos —que lo son— más leves que aquellos otros más graves (o, por decirlo de otra forma, es mucho más probable que quien nunca lesionaría gravemente, o cometería una agresión sexual, sin embargo, realice una de esas conductas delictivas, sobre todo esporádicamente, que se producen de manera natural en situaciones de conflicto de pareja). Más aún, muchos casos que se deciden en «juicios rápidos» (es decir, por conformidad) se caracterizan por ser resultado de pruebas directas evidentes o importantes (muchos, no todos; a veces, se conforma por el beneficio de la reducción del tercio y un mal consejo de un abogado con prisas). Con todo lo anterior, simplemente quiero decir que veo muy aventurado extrapolar este análisis de sentencias de las audiencias a los casos que se deciden en conformidad en juzgados de violencia o ante el juzgado de lo penal. Algunos factores podrían indicar que en estos casos el número de denuncias falsas pudiera ser superior, otros que pudiera ser inferior. Y ni siquiera tengo claro que el análisis de las sentencias fuese, en estos casos, de mucha ayuda, puesto que suelen ser mucho más escuetas (y, en el caso de la conformidad, esto resultaría directamente inútil, ya que se basa en el reconocimiento de los hechos).

b) Llevo muchos años preocupado por la deriva de nuestra jurisprudencia sobre la prueba de cargo basada única o principalmente en la declaración de la víctima. Creo que es un abismo peligroso y que cada vez nos hemos ido asomando más a él, influenciados por la intención loable de perseguir el delito. De hecho, la prueba testifical es una prueba enormemente problemática en todos los casos, como demuestra la literatura sobre la materia, y el apoyo en pruebas periciales, normalmente psicológicas, se ha convertido en una sustitución de la auténtica actividad probatoria, basada en el privilegio y la veneración por la «ciencia», cuando en la práctica constantemente comprobamos cómo especialistas en la misma disciplina difieren de manera incomprensible si de verdad sus disciplinas tuvieran la «dureza» suficiente (algo siempre querido por quien se dedica a algo). Dicho esto, lo cierto es que la labor de los jueces es dificilísima, ya que de llevar los postulados de un derecho penal civilizado a sus formulaciones más puras, la consecuencia real sería la de muchas más absoluciones y la impunidad de muchos delincuentes. Pero que persigamos un equilibrio seguramente imposible no nos debería llevar a olvidarnos de que el mal en ocasiones adopta la forma de la persecución injusta del inocente y a hacer afirmaciones banales sobre su sufrimiento.

Entrando ya en la cuestión de las 37 sentencias que Bou analiza, me ha parecido que lo más justo era examinarlas en su totalidad y no fiarme de sus opiniones ni de las partes que extractaba.

En la tabla que aparece a continuación incluyo el número (están ordenadas al revés del orden que utiliza Bou en su entrada), luego doy mi opinión sobre si hay indicios de denuncia falsa y más tarde explico si un procedimiento penal contra la denunciante sería viable.

Como habría sido desmesurado explicar en cada caso por qué opino esto o aquello (y requeriría 37 entradas como esta), tendrán ustedes que conformarse con mi opinión (aunque, naturalmente, pueden leer la sentencia en cada caso). Pero sí puedo explicar, de una manera más general, qué criterios utilizo.

En todos los casos son absoluciones, por lo que es obvio que el tribunal no ha considerado que exista prueba de cargo suficiente. Como la motivación es también necesaria en la absolución, es probable que el tribunal se extienda más en aquello que le permite absolver, que en lo que le podría haber sustentado una condena. En todo caso, lo importante es si observo —desde los hechos y razonamientos— que lo razonable es pensar que la denuncia es falsa y que lo es a sabiendas (único supuesto que permitiría una condena). Si aprecio un relato confuso en el que es posible la autenticidad de la denuncia —al menos tanto como su falsedad—, excluyo la denuncia falsa como probable; es importante tener en cuenta que esto no implica que no lo sea realmente (si digo que no hay indicios, solo digo que no los hay en esos términos). Si aprecio que la denuncia es falsa, pero creo que puede explicarse por inmadurez, incapacidad, autoengaño u otro mecanismo similar que excluiría el dolo, también excluyo la denuncia falsa.

En cuanto a la viabilidad de su persecución, esto supone un paso más allá. Solo en aquellos casos en los que puede preverse como razonable que pudiera probarse en un juicio con todas las garantías admito que exista. Como verán en la tabla, en muy pocos casos creo que esto se desprenda con claridad de los hechos probados. En algunos sería imposible legalmente (por ejemplo, por falta de edad penal de la acusada).

Explicado lo anterior, aquí tienen la tabla:

Conclusión

Proced. por denuncia falsa

DF

Viable

596/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
229/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
233/12 Indicios claros de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
528/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
68/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
390/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
493/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
294/12 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
397/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
276/13 Caso dudoso / Sentencia confusa, difícil de valorar Inviable
496/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
215/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
52/14 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
216/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
348/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
353/14 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
333/12 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
220/14 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
363/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
47/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
587/14 Indicios de denuncia falsa Dudosamente viable 1 1
447/13 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
75/13 Caso muy dudoso / Posible incapacidad en la denunciante Inviable
72/12 Indicios claros de denuncia falsa Inviable 1
360/14 Caso muy dudoso / Denunciante de 13 años Inviable (no tiene edad penal)
  1/14 Indicios de denuncia falsa/Denunciante con 60 de CI Inviable 1
176/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
306/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
213/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
77/13 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
232/13 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
536/14 Indicios de denuncia falsa / la denunciante es menor Inviable 1
285/13 Indicios claros de denuncia falsa (pero para sustentar legítima defensa) Inviable 1
25/12 No prueba de cargo / No hay indicios de denuncia falsa Inviable
155/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
316/12 Indicios claros de denuncia falsa Viable 1 1
7/12 Indicios de denuncia falsa Inviable 1
20 7

Como pueden observar, las 37 sentencias en las que Bou veía indicios de falsedad (como para proceder contra la denunciante), yo las reduzco a 20. De estas, solo en siete casos creo que sería viable un procedimiento penal contra la denunciante y solo en 3 de esos casos creo que lo probable es que pudiese llegar a juicio y condena.

Conforme a lo anterior, un 42% de las sentencias absolutorias me parece que contienen indicios suficientes de falsedad en la denuncia por lo que, sobre el total de sentencias, un 10% podrían ser consideradas presuntamente denuncias falsas. Considerando la viabilidad de un proceso en esos casos, en un 3% el proceso sería viable, y en un 1% la condena sería probable.

Estas son mis conclusiones con estas premisas —las que he explicado—. Como es obvio, otro jurista puede leer la misma sentencia y concluir algo completamente diferente.

Recuerden, eso sí, que:

a) También algunas sentencias condenatorias (que no han sido analizadas) pueden haberse basado en denuncias falsas: a veces los malos ganan.

b) No es igual un sobreseimiento o un archivo que una absolución. Para bien y para mal. Pudiera pensarse que un asunto que llega a juicio se presume como más probablemente cierto, pero afirmar esto sería un error. En muchas ocasiones, los delitos se cometen y las partes se conjuran para que, pasado el primer momento, no terminen en condena (y esto ocurre no solo en casos en los que la víctima no declara), bien por miedo, bien por interés. Sí, a veces las víctimas, libre y conscientemente ayudan a los autores a librarse porque les interesa a ellas (y no porque sufran trauma o tengan perfil de ningún tipo). La realidad, a menudo, es bastante puta y compleja.

Nada más. Solo espero que algún día alguien con recursos diseñe un estudio serio que nos permita acercarnos a la verdad. Y que nadie vuelva a utilizar esa ridícula cifra de denuncias con condena como si implicase algo, como si fuese algo más que una estúpida manera de creer que este año llegaremos a los diez millones de toneladas de azúcar porque así lo afirma la autoridad.

 

Bah

 

Leo esto:

El juicio será fiscalizado por observadores nacionales e internacionales. Una plataforma de entidades a favor de los derechos humanos se ha organizado bajo el nombre de International Trial Watch-Catalan Referendum para gestionar su presencia. “Pretendemos que las sesiones sean supervisadas por especialistas de todo el mundo”, explica a este diario una de sus promotoras, la catedrática de Derecho Constitucional Mercè Barceló.

Esta organización facilitará apoyo técnico y material a entre 10 y 12 juristas extranjeros, además de unos 12 catedráticos de distintas universidades españolas, que custodiarán las sesiones en el Tribunal Supremo y publicarán distintos informes. “La presencia de observadores internacionales garantiza que haya un árbitro“, zanja Barceló.

Y esto:

Amnistía Internacional ha enviado un escrito al Tribunal Supremo en el que pide tener un espacio dentro de la sala del juicio del 1-O. Desde la entidad quieren que los miembros de la organización puedan seguir el juicio para evaluar que se cumplen todas las garantías para un juicio justo, según ha avanzado el diario ‘El Confidencial’ y ha confirmado la ACN.

La entidad quiere supervisar en primera persona que el procedimiento se hace correctamente y, varias defensas de los independentistas presos como Oriol Junqueras, Raül Romeva o Carme Forcadell, también han solicitado cinco plazas para observadores nacionales e internacionales.

Como es obvio, el Tribunal Supremo puede decidir hacer caso a esas solicitudes. No seré yo quien critique una decisión así, pero si de mi dependiera simplemente respondería con esto:

Con la Constitución:

Artículo 120
    1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

    2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

    3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

Con la Ley Orgánica del Poder Judicial:

Artículo 186.

Los Juzgados y Tribunales celebrarán audiencia pública todos los días hábiles para la práctica de pruebas, las vistas de los pleitos y causas, la publicación de las sentencias dictadas y demás actos que señale la ley.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal:

Artículo 680.

Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Supongo, por otra parte, que, dada la naturaleza del juicio y que no hay razón alguna de las restricciones de los artículos 681 y 682 de la misma ley, puesto que no hay menores y la víctima ha sido el Estado español, y será un juicio al que mucha gente querrá asistir, el propio tribunal acordará que todas las sesiones se emitan por televisión.

A mayor abundamiento, la sala va a estar repleta de abogados de los acusados, que seguro harán lo que corresponda si perciben que se está cometiendo alguna irregularidad, conforme establecen las leyes de procedimiento. No solo lo harán, sino que con total seguridad denunciarán irregularidades inexistentes o dudosas para poder contar con armas en los recursos que vendrán sin que, por supuesto, esos letrados tengan nada que temer.

Pedir la presencia de observadores en un juicio que puede ser observado por cualquiera, y pedir además que sean «internacionales» no debería tener otra respuesta que un simple no. Sin levantar la voz. Y sin temer, por supuesto, la respuesta de los solicitantes o de esa organización internacional, antaño respetable, que sabe perfectamente todo esto que expongo, pero que ha decidido jugar a mostrar nuestro país como si fuera una república bananera.

Por cierto, que no se engañe nadie: los defendidos piden esto porque esto es ya un recurso de la defensa. Quieren hacer creer a los despistados de por ahí fuera y a los tontos útiles de por aquí dentro que en España no hay democracia y Estado de derecho y que por eso se les juzga. Trasladar la posible necesidad de «observadores internacionales» y que alguien se lo crea es el primer intento de probar que tienen razón. Si la respuesta es sí o si es no. Da igual. Da igual, aunque hasta el más fanático enajenado pueda ver el juicio completo desde el salón de su casa.

Es este un viejo truco de los secesionistas, ya utilizado con el referéndum de secesión: admitir que se produzca es ya la prueba de que existe un sujeto de soberanía.

Contra estos trucos mendaces, tan propios de los secesionistas, esos que juegan con cosas muy graves y luego se ponen a decir que todo era broma, solo cabe una respuesta: bah.

Y seguir adelante.

 

Pseudónimos

 

Unos tipos llevan tres días publicando la identidad real de algunos tuiteros jueces que usan pseudónimos. Como ese sitio quiere denunciar el supuesto anticatalanismo de esos jueces, es decir, como pretende señalarlos para que su grey sepa quiénes son, parece bastante obvio que es poco probable que se haya accedido legalmente a los datos que han permitido la identificación. Por tanto, es probable que alguien haya hecho algo irregular para obtenerlos, y también probablemente que ese algo sea delictivo. El sitio en cuestión afirma haberlos obtenido de un anónimo de esos a los que se la pone dura la careta de Guy Fawkes y que piensa que haciendo estas cosas a lo mejor folla con alguna Natalie Portman.

¿Hay interés público relevante en conocer la identidad de alguien que escribe en una red social con pesudónimo? Esto importa porque existe un derecho a su uso a la hora de publicar cualquier obra, y un tuit lo es. Por tanto, que un medio publique la identidad tras un pseudónimo, aunque la hayas obtenido de un tercero, puede ser un ilícito administrativo o civil. De hecho, obsérvese que no solo regulación sobre protección de datos da una base a este tipo de sanciones, sino que el propio Reglamento de Propiedad Intelectual restringe expresamente el acceso a los datos de quien publica bajo pseudónimo precisamente a quien demuestre interés directo en su conocimiento.La única manera, por tanto, de defender que se publique por un periódico la identidad de quien escribe bajo pseudónimo es el del interés informativo.

Como es obvio, cuando se trata de interés informativo, deberíamos preguntar por el caso concreto, pero, pese a ello, hay algunas generalizaciones interesantes.

Los autores que usan pseudónimo pueden obrar así por razones de lo más variopinto. Pero lo que importa no son tanto estas razones como el porqué de que sus opiniones, pese a su origen, adquieran notoriedad. No importa si los tuiteros truchos se avergüenzan de ellas, si tienen miedo a sus jefes, a sus parejas, a sus amigos, o a su madre, si quieren fantasear o renunciar a la alabanza ad hominem, si quieren demostrar algo sin estar presionados por su biografía. Lo que importa es por qué prestamos atención a lo que opine alguien que se hace llamar Mercutio, por ejemplo.

Todos sabemos que alguien en una red social que escribe con un pseudónimo puede hacerse pasar por quien no es. De hecho —permítanme el sarcasmo—, que se conozca tu identidad tampoco impide que intentes hacerte pasar por quien no eres. La mayoría de las biografías están construidas sobre décadas de esfuerzos para convencer a los otros de que eres lo que no eres. En todo caso, cuando se apunta uno directamente al pseudónimo, es perfectamente lógico que el interlocutor ponga aún más en entredicho eso que afirmas sobre cuestiones personales: por ejemplo, que eres un espía o que estás en Siria viendo como caen las bombas.

Sin embargo, hay personas que son capaces de mantener un discurso (insisto, quizás falso) que sea muy convincente pese al uso del pseudónimo. Puede que esa capacidad obedezca a la demostración de conocimientos, a la coherencia durante años, al uso de datos que puedan —más o menos— contrastarse. Pero también puede que sea solo producto de la inteligencia, del esfuerzo y del engaño. No hay garantías de que algún «genio del mal» no te esté estafando haciéndote creer sus mierdas.

Por tanto, lo primero que todos deberíamos considerar es lo siguiente: el uso honesto de un pseudónimo (salvo que estés haciendo literatura) debe implicar un esfuerzo añadido a la hora de argumentar. Alguien del que no sabemos nada arriesga menos que alguien que escribe con su nombre y apellidos. Da igual que el que usa pseudónimo lleve diez años «haciéndolo bien» y construyendo una especie de autoridad virtual: el uso de esa protección legítima le hace menos creíble, por definición y para siempre.

Como consecuencia de lo anterior, es muy difícil argumentar que pueda existir, en abstracto, un interés periodístico real por conocer quién está detrás de uno de esos nombres de pega. El tipo del pseudónimo es una especie de «embustero de entrada», ya que no nos dice quién es. Ese embuste, por definición, hay que extenderlo a todo lo que no podemos contrastar (su profesión, su estado civil, su capacidad para la cocina tradicional). Es alguien que decide poner una barrera para, en un sentido muy concreto, no hacer suyas sus propias opiniones. Con algunas salvedades:

1.- Que el que utiliza el pseudónimo esté haciendo uso de información cierta que no esté disponible para todos y esa información tenga relevancia.

2.- Que esté cometiendo delitos.

No se me ocurre otro caso en el que la identidad sea relevante. Salvo que pretendamos que es relevante todo lo que le sucede a alguien con interés público. Por ejemplo, a qué hora defeca o si le gusta el reguetón. Por tanto, si Pedro Sánchez utilizase un pseudónimo para escribir en tuiter, salvo que estuviera en el punto 1.- o 2.-, no habría interés público que justificase desvelar su identidad, porque no estaría escribiendo Pedro Sánchez sino @elpivotdelMaeztu. Y esto lo creo con independencia de las consecuencias que pudiera tener el hecho de que se hiciese pública esa identidad (por ejemplo, en la recusación de un juez).

Lo anterior, en lo que creo, sin embargo, es un desiderátum, por dos razones. Nos la cuelan en la vida real constantemente. Y nos la cuelan tipos con nombres y apellidos. A veces muy cercanos. A veces muy importantes. Esas mentiras a menudo no tienen consecuencias, por lo que hemos desprestigiado el honor como marca personal. Así que, como reacción ante este estado calamitoso de cosas, podemos caer en el error de terminar creyendo en personas que actúan bajo un nombre falso, solo por su simple apariencia, cuando lo inteligente es solo creer en lo que esas personas dicen por la fuerza de sus argumentos, sin construir prestigios a los que el propio autor renuncia al no hacer disponible su yo en la discusión.

La segunda razón es más prosaica: la gente que razona bien, que no miente, que usa datos contrastables, suele recibir atención. Y esto molesta a los que están en contra de sus argumentos o posiciones, que pueden terminar optando por jugar sucio. En primer lugar, porque nos encanta el argumento ad hominem y el pseudónimo nos lo jode. En segundo lugar, por hacerles daño y coaccionarlos. Ese sitio que revela la identidad de esos jueces, está, paradójicamente, demostrando su impotencia. A falta de razones, caza de brujas.

El uso del pseudónimo es legítimo precisamente porque decidimos en su momento que, en una sociedad libre, lo que importa es el intercambio libre de opiniones. Y por eso limitamos todas las trabas a lo más obvio: la actividad delictiva. Gracias a esto, muchas personas han podido contar con las explicaciones expertas de quienes, de otro modo, puede que no hubiesen escrito nada. Pero no necesariamente porque supiéramos que son jueces o fiscales —un juez o un fiscal también goza de libertad de expresión, por más que uno les recomiende cierta mesura, dada su función—, sino por alguna de esas razones personales que afectan a bomberos, directivos o autócratas dzúngaros.

Sí, una de esas razones personales que no son de su incumbencia, so cotilla.

 

Claro. Porque nos acordamos.

 

Esta estupenda tribuna de Óscar Monsalvo —ojalá publique muchas más en El Mundo— creo que, sin embargo, minusvalora el problema que plantea Arkaitz Rodríguez, que puede tratarse en sus justos términos (por cierto, Óscar comete un error. Afirma: «Es decir, si alguien de la izquierda abertzale hubiera realizado un disparo por motivaciones políticas»; lo que pasa es que lo contrario de lo sucedido no es eso: lo contrario sería que alguien desconocido disparase contra la casa de, por ejemplo, Arkaitz Rodríguez). Yo creo saber a qué se refiere. Viene a decir que, si ese disparo se hubiera realizado contra la casa de alguien al que no le guste la gente como él, hoy muchas personas estarían hablando de terrorismo y de que vuelve ETA —o de que nunca se ha ido—. Como bien dice Óscar, los planteamientos imaginarios padecen de la debilidad de la libertad. Al analizar hechos, nuestras invenciones —o nuestra libertad para interpretar, venga, seamos positivos— se encuentran más restringidas. Cuando lo que analizamos es lo que hemos imaginado antes, podemos invertir el proceso: primero imaginamos el discurso y luego, ya con las conclusiones, inventamos los presupuestos que nos convengan. Pero, ¿por qué no jugar al juego que propone Rodríguez? Yo no tengo problema en intentarlo y hasta en darle la razón. Si hubiera sido al revés, puede que se hubiera producido esa asimetría que insinúa.

Lo divertido es que no se pregunte por qué. Exacto, esa reacción habría sido consecuencia de que los españoles aún recordamos lo que fue ETA y lo que ha sido Arkaitz Rodríguez. Y sabemos que una invitación a cenar de Hannibal el caníbal no es igual a una invitación a cenar de tu abuelita.

Lo recordamos aún y espero que sigamos recordándolo gracias a personas como Óscar Monsalvo.

Delitos imaginarios en tiempo real

 

Leo que la Fiscalía va a abrir diligencias contra Arcadi Espada por el artículo en el que algunos dicen que llamó mariconazo al diputado Rufián. Es una trola, claro. Espada no le llamó mariconazo, algo que solo puede sostenerse demostrando una muy deficiente capacidad de comprensión.

Verán que digo «por llamar» y no por usar la palabra «mariconazo» (que es lo que narra la noticia). Lo digo porque aún intento distinguir grados dentro la chaladura contemporánea. Solo faltaría que se pudieran abrir diligencias por usar esa palabra. De ser así, yo habría presuntamente cometido ya tres veces el delito. Y el DRAE.

En todo caso, al leer la noticia me imaginaba la posibilidad de que el asunto le correspondiese al mismo fiscal que va a investigar si el humorista que movía al muñeco Adolfito había amenazado de muerte al presidente del Gobierno. Me lo imaginaba echando la vista atrás, recordando sus años de estudio y su dura oposición, y preguntándose cuándo su digna profesión había empezado a ocuparse de los delitos cometidos en mundos imaginarios.

Claro, esto también es imaginación mía.

Apártate, que me tiznas

 

Me parece una pésima noticia que Vox y el PP hayan llegado a un acuerdo para que el candidato del PP pueda ser presidente de Andalucía.

Pésima.

Cómo no voy a decir esto si llevo años criticando que el PSOE haya llegado a pactos con Podemos y con los secesionistas, algo que, siendo generosos, es igual de malo.

Pero que los que han llegado a acuerdos con Podemos y con los secesionistas critiquen al PP y a Ciudadanos porque acepten los votos de Vox es un puto chiste. Sin gracia.

Lo que no es un chiste es que los que gobiernan con los votos de Bildu tenga los cojones de afear a nadie que acepte los votos de Vox.

Voy a recuperar parte de lo que escribí el 01/06/2018:

 

(…) Decía que había que hacer diferencias, porque, a pesar de todo, los secesionistas no son Bildu, aunque se hagan fotografías con Otegi.

Seguro que alguien me dirá: Sánchez no necesitaba los votos de Bildu. Claro, no los necesitaba, pero estos días se trataba de no hacer ruido. De ahí la bazofia intelectual sobre los «territorios» que quieren ser cosas. De ahí los asentimientos al portavoz de Puigdemont mientras este acusaba al PSOE de partido autoritario heredero del franquismo. De ahí las referencias al dolor y a lo que Sánchez «opina» sobre la condición de los golpistas encarcelados como «presos políticos». Por lo visto, el ya presidente del Gobierno opina que no lo son. Lo opina. Como opina que es mejor la tortilla de patatas con cebolla que sin ella. Joder, qué principios más arraigados los suyos.

Lo que yo esperaba, al menos, era que dijera a los herederos de la ETA y a los que toda su vida han estado aplaudiendo a los asesinos: «no quiero sus votos. No quiero ser presidente con sus votos. Son ustedes muy libres de votar sí, por supuesto. Pero, por mucho que me parezca mal lo que ha hecho Rajoy, antes me corto un brazo que entrar en la Moncloa de su mano. Y si no me diese la mayoría y necesitase sus votos, preferiría que continuase gobernando el PP. Para que les quede claro».

Sin embargo, el señor presidente del Gobierno se ha puesto a hablar de pensiones y de lo conforme que está con la portavoz de Bildu sobre la necesidad de derogar la llamada ley mordaza.

Esto es todo lo que Sánchez le ha dicho a la portavoz de Bildu, en sus dos intervenciones. No les pido que lo vean; no merece la pena. Lo pongo solo para que no tengan que creer mi palabra.

 

 

Imaginen a un candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno que recibiera el apoyo de un partido nazi.

Imaginen que el candidato le dijera al tipo en cuestión unas palabras sobre lo importante que es reformar la ley hipotecaria, pero olvidase eso de «da usted asco, amigo nazi, y se puede meter sus votos por el culo».

Sí, imaginad lo que andarían diciendo los intensos que llevan un día tan indignados porque Rajoy estaba en un bar y no por la amnesia repentina del candidato estos dos días.

Aunque quizás lo que le haya pasado a Sánchez y al PSOE no es que estén padeciendo amnesia. Sino lo contrario: que acaben de recuperar la memoria.

 

 

Tres meses son como seis meses y e=mc2 es una ecuación sexista

 

No voy a comentar la sentencia del Tribunal Supremo de ayer, porque ya lo he hecho en una tribuna que publicará El Mundo.

Solo quiero comentar algo que he visto estos días pasados, ahora que se ha recrudecido la cuestión de la regulación penal de este tipo de delitos. He visto a muchas personas y a algunos juristas negar insistentemente que existe asimetría penal entre hombres y mujeres.

Lo han dicho a pesar de, por ejemplo, esto:

Artículo 153.

1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 [su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados], exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.

Es decir, si cierto delito lo comete un hombre y la víctima es una mujer la pena mínima es de seis meses. Si lo comete una mujer y la víctima es un hombre es de tres meses.

Es el mismo delito. ¿Saben por qué lo sabemos? Porque la propia norma dice «del delito previsto en el apartado anterior».

No pasa nada. Algunos seguirán negándolo.

 

Contesten a las preguntas del final

 

Veo este tuit:

 

Abro el enlace, buscando una ENTREVISTA y me encuentro con un refrito de declaraciones. No hay preguntas y respuestas separadas. Ni siquiera está claro si ha existido la entrevista, ya que el vídeo que aparece al principio incluye declaraciones en momentos diferentes. La parte del principio del vídeo, una entrevista de Europa Press, es de julio de 2018, y más tarde se incluyen declaraciones efectuadas a Telemadrid en una fecha ignota.

Todo esto ha provocado que se active mi sentido arácnido y más tratándose de El País. ¿Ha existido la entrevista o Natalia Junquera se ha puesto a buscar trocitos que pudiera entrecomillar? Podría ser, ya que algunas de las cosas que aparecen las he encontrado en otros lugares. Aunque siempre cabría que aparezcan porque Díaz Ayuso las repita a todas horas. Además, en la «ENTREVISTA» se incluyen declaraciones de otras personas (como Aguirre, Garrido, Serrano y mi favorito: un «veterano cargo del PP madrileño»), por lo que más que una entrevista, parece un reportaje sobre la dirigente pepera.

En particular, me ha llamado la atención el propio titular:

Isabel Díaz-Ayuso, embajadora del PP sin complejos: “Para ser mejor mujer no tengo que ser feminista”

He buscado si Díaz Ayuso había dicho eso literalmente en algún otro lugar y no lo he encontrado. En la pieza que nos ocupa, en esa «ENTREVISTA», se dice que esto lo «declara a El País». Lo declara y en el artículo aparece de la siguiente forma:

«Lleva casi 15 años en política, pero sus polémicas declaraciones sobre Vox o el feminismo han disparado su protagonismo en los últimos días. “Para ser mejor mujer no tengo que ser feminista”, declara a EL PAÍS. Para ella, la ley es “mejorable”.»

Puesto que la declaración se considera tan importante como para servir de titular, lo lógico es que la periodista hubiera incluido literalmente toda la pregunta y la respuesta completa. Porque eso de que para ser mejor mujer no tiene que ser feminista suena muy raro, sobre todo considerando esto. Vayan al minuto 3’30” y escuchen desde ahí hasta el final:

Ella habla de lo que denomina «feminismo radical», «feminisimo exacerbado», «feminismo politizado», «feminismo malentendido», «feminismo enloquecido». Me remito a las explicaciones que da y que pueden ustedes escuchar en el vídeo sobre eso que no le gusta. De hecho afirma literalmente (5’10”) que «el feminismo entendido como la igualdad entre hombres y mujeres evidentemente quién no lo quiere».

Ahora, escuchado esto y vista la extraña naturaleza de la «ENTREVISTA» que publica hoy El País, les propongo dos preguntas:

La primera: ¿creen a la vista de lo anterior que ese titular de El País es una exposición fiel de lo que opina Isabel Díaz Ayuso?

La segunda: ¿creen ustedes que tengo razones objetivas para sospechar que alguien nos está contando una trola en forma de frase sacada de contexto y manipulada para poder vender que la señora esta —a la que acabo de conocer y escuchar y que, por cierto, dice cosas que me gustan más bien poco— es una troglodita?

 

El libre albedrío es un engaño y me han obligado a escribir un libro para denunciarlo

 

Este artículo es inconsistente y simplista, está repleto de contradicciones y utiliza definiciones infantiles y categorías propias de Liberalismo para dummies. De hecho, recuerda más al trabajo «brillante» de un estudiante de bachillerato que a la síntesis de la posición sobre el liberalismo, el libre albedrío y el futuro que nos acecha de un autor solvente.

Empiezo a explicarme el éxito de Harari.

Por cierto, esto es maravilloso:

«Es posible que este descubrimiento otorgue a los seres humanos un tipo de libertad completamente nuevo. Hasta ahora, nos identificábamos firmemente con nuestros deseos y buscábamos la libertad necesaria para cumplirlos. Cuando surgía una idea en nuestra cabeza, nos apresurábamos a obedecerla. Pasábamos el tiempo corriendo como locos, espoleados, subidos a una furibunda montaña rusa de pensamientos, sentimientos y deseos, que hemos creído, erróneamente, que representaban nuestro libre albedrío. ¿Qué sucederá si dejamos de identificarnos con esa montaña rusa? ¿Qué sucederá cuando observemos con cuidado la próxima idea que surja en nuestra mente y nos preguntemos de dónde ha venido

¿Qué sucederá? Nada, hombre, nada. No sucederá nada porque cómo va a suceder nada si el libre albedrío es una tomadura de pelo y yo he pinchado en el artículo de El País creyendo que lo hacía libremente, cuando en realidad estaba siendo manejado por los que quieren que compre libros de Harari.

Paladeen la frase:  «¿Qué sucederá cuando observemos con cuidado la próxima idea que surja en nuestra mente (…)?». A ver, Yuval, ¿quién va a observar con cuidado la próxima idea que surja en nuestra mente? ¿Hay alguien dentro de nosotros, Yuval? ¿Un Yuval chiquitito?

En fin, pensaba tirarme un rato con el artículo, pero tengo cosas mejores que hacer, así que me remito a esto.