El Derecho y sus tortuosos caminos (2ª parte)

 

Esta entrada es continuación de lo que escribí aquí.

Se han publicado muchos artículos exponiendo lo que debió dictaminar el tribunal de Schleswig-Holstein o apoyando su decisión (de hoy, por ejemplo, o de hace poco). En la mayoría se exponen cuestiones que ya traté en el artículo que enlazo al comienzo de esta entrada, por lo que no voy a repetirme; sobre todo en lo relativo a la cuestión de la doble incriminación en abstracto o en concreto: el tribunal alemán está —dice— aplicando el criterio de la doble incriminación en abstracto. Muchos articulistas se empeñan en rebatir algo que no aparece en la resolución: el tribunal expresamente excluye que la conducta de Puigdemont en lo relativo a lo que el magistrado Llarena califica como rebelión, sea delito en Alemania; delito de cualquier tipo. Luego desarrollaré esto. El asunto central, a mi juicio, no es que el tribunal no haga lo que debe, sino que dice hacerlo.

También he leído construcciones que me parecen artificiosas, sobre todo referidas a las diferencias entre los hechos analizados en la ya famosa sentencia sobre el aeropuerto de Fráncfort y el golpe de Estado secesionista. Me parecen artificiosas porque el tribunal regional ha extraído de la sentencia del Tribunal Supremo los requisitos aplicables a la alta traición (según establece el propio Tribunal Supremo) y es inevitable observar la aplicación por muchos de una lógica de andar por casa a cuestiones que son de contenido estrictamente técnico jurídico.

Así que, por no ser pesado, voy a centrarme en algo que surgió a raíz del comentario de un tuitero y que, tras meditarlo y estudiarlo, sí me parece relevante.

Para explicarlo, es importante centrar algunas cuestiones:

1.- El tribunal de Schleswig-Holstein dice:

Yo escribí esto en mi entrada anterior:

De lo anterior se deduce que la resolución está bien fundamentada. Los hechos narrados están lejos de cumplir con las exigencias del Tribunal Supremo alemán a los efectos de que se considerasen delictivos en Alemania, tal y como se explica en su texto.

Y el tribunal se refiere a cualquier tipo delictivo. Es decir, la resolución se ajusta a la jurisprudencia del TJUE antes citada.

Naturalmente, puede que exista otra jurisprudencia u otra interpretación. Eso escapa a mis conocimientos. Solo estoy analizando la lógica interna de lo que leo. Y, naturalmente, es posible que el TJUE —si se plantea la cuestión prejudicial y se admite a trámite— quiera ir más allá en el sentido de considerar que la semejanza entre los tipos delictivos sea más abstracta aún, de forma que se prescinda de su configuración jurisprudencial y favorezca las finalidades tan bien explicadas en el artículo enlazado.

Lo recupero porque quiero advertir de las limitaciones de este análisis: a diferencia de miles de tuiteros españoles, no conozco el derecho penal alemán; también a diferencia de algunos juristas españoles (en este segundo caso no ironizo; si ellos creen poder analizar los hechos y aplicar la norma penal alemana, presumo que será porque la conocen).

La cuestión es que el tribunal afirma que esos hechos (esos, no otros; no la malversación, no la desobediencia, por ejemplo) no serían delictivos en Alemania. Prosigamos.

2.- Pese a esa afirmación, sabemos que los sucesos del aeropuerto de Fráncfort finalizaron con condenas: se anuló la condena por la aplicación del artículo 105, pero se consideró que la conducta sí era constitutiva de delitos de los artículos 125 y 240 del Código Penal alemán.

Encontramos aquí, por tanto, una, al menos aparente, discrepancia entre lo que dice el tribunal de Schleswig-Holstein y la información que tenemos sobre el caso: los hechos atribuidos a Puigdemont no serían delito de alta traición, ni tampoco del 105 del CP alemán, pero sí serían delictivos. Y, como resulta de la anterior entrada, esto sí es importante, ya que el control de la doble tipificación se efectúa en abstracto.

3.- Mi primera impresión, al leer la sentencia, fue que el tribunal alemán se refería —al decir que los hechos no serían delictivos en Alemania— a delitos castigados con pena de tres años o más. Es decir, que el tribunal consideraba que los delitos que pudiera haber cometido Puigdemont, al no estar castigados con penas superiores suficientes, no deberían dar lugar a la euroorden.

Esa idea inicial se basaba en el articulo 2.2 de la decisión marco, que dice:

«2. Darán lugar a la entrega, en virtud de una orden de detención europea, en las condiciones que establece la presente Decisión marco y sin control de la doble tipificación de los hechos, los delitos siguientes, siempre que estén castigados en el Estado miembro emisor con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad de un máximo de al menos tres años, (…)»

Y en que el art. 2.4 sería una continuación de este artículo, solo que exigiendo el control de la doble incriminación.

Sin embargo, mi idea inicial era errónea, ya que:

3.a) Los artículos 125 y 240 del CP alemán —los aplicados en el asunto del aeropuerto de marras— castigan con penas de hasta tres años de prisión. Para explicarme: coinciden el máximo de la ley alemana, tres años, con el mínimo de la decisión marco, tres años. Por tanto, nos situaríamos, en abstracto —que es lo que importa—, en el mínimo que establece la decisión marco para que proceda la euroorden conforme al 2.2.

3.b) Ni siquiera hemos de afinar tanto, ya que el art. 2.2. de la Decisión Marco no es el aplicable al caso de la rebelión. El aplicable es el artículo 2.1 de la Decisión, que afirma:

«1. Se podrá dictar una orden de detención europea por aquellos hechos para los que la ley del Estado miembro emisor señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad cuya duración máxima sea al menos de 12 meses»

Es decir, que basta con que el delito esté al menos castigado con un año de prisión cuando se trata de delitos que no están en la lista.

Esta interpretación que hago ahora —corrigiendo la anterior— no solo es la lógica (ya que, de otra forma, el 2.1 sería inaplicable en ese inciso) sino que es la que han efectuado los legisladores nacionales.

Así, en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, española, hoy derogada, se decía:

«Artículo 9. Hechos que dan lugar a la entrega.

1. Cuando la orden europea hubiera sido emitida por un delito que, tal como se define en el derecho del Estado de emisión, pertenezca a una de las categorías de delitos que a continuación se relacionan, y dicho delito estuviera castigado en el Estado de emisión con una pena o una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de tres años, se acordará la entrega de la persona reclamada sin control de la doble tipificación de los hechos (…)

2. En los restantes supuestos no contemplados en el apartado anterior, siempre que estén castigados en el Estado de emisión con una pena o medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de doce meses (…) la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden europea sean constitutivos de un delito conforme a la legislación española, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo.

En idéntico sentido el artículo 47 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, vigente, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Pero es que no solo es así según la ley española. También lo es según la ley alemana. Vean su artículo 81.

La consecuencia de lo anterior es que, si los delitos regulados en los artículos 125 y 240 del CP alemán están castigados con penas de hasta tres años de prisión, y, en casos de doble incriminación, basta con que los hechos estén castigados con una pena de hasta doce meses, resulta más difícil de explicar por qué se deniega, en principio, la ejecución de la orden por los hechos que en España han sido, inicialmente, calificados como de rebelión.

3.c) Y, además, ni siquiera hemos de seguir afinando tanto, ya que la Decisión marco,  en su artículo 2.1 establece que los hechos han de estar castigados con al menos doce meses de prisión en el Estado emisor. Es decir, no es preciso que esa condena posible lo sea en Alemania. Basta con que lo sea en España. Y en España los hechos, al menos en esta fase del proceso, están castigados con decenas de años de prisión.

Y ahora ya hemos llegado al momento en que puedo mencionar el tuit al que me refería al comienzo de la entrada. Es este. Efectivamente, la cuestión se planteó y se resolvió por el TJUE.

Esta decisión es tremendamente interesante, porque se refiere expresamente a la cuestión de si se puede negar la euroorden cuando los hechos no están castigados a esa pena mínima en el Estado de ejecución (en nuestro caso, Alemania). Se resuelve por auto motivado (puesto que el tribunal considera que es análogo a un caso resuelto previamente). A los efectos de lo que importa es esencial considerar estos razonamientos:

«Por lo demás, ni los artículos 2, apartado 4, y 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584 ni ninguna otra disposición de ésta prevén la posibilidad de rehusar la ejecución de una orden de detención europea relativa a un hecho que, aun constituyendo un delito en el Estado miembro de ejecución, no sea punible en éste con una pena privativa de libertad de una duración máxima no inferior a doce meses.» (…)

«A diferencia del régimen de extradición que la Decisión Marco 2002/584 suprimió y reemplazó por un sistema de entrega entre autoridades judiciales, esa Decisión Marco ya no tiene en cuenta la magnitud de las penas aplicables en los Estados miembros de ejecución. Ello corresponde al objetivo primordial que persigue esa Decisión Marco, enunciado en su considerando 5, de asegurar la libre circulación de decisiones judiciales en materia penal en el espacio de libertad, seguridad y justicia.»

Y la decisión:

«Los artículos 2, apartado 4, y 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, según su modificación por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la entrega con fundamento en una orden de detención europea se someta en el Estado miembro de ejecución no sólo a la condición de que el hecho por el que se ha emitido esa orden de detención constituya un delito, según el Derecho de ese Estado miembro, sino también a la condición de que sea punible según ese mismo Derecho con una pena privativa de libertad de una duración máxima no inferior a doce meses

 

El resumen de todo lo anterior es el siguiente:

a) Para que proceda la entrega a España de Puigdemont por los hechos calificados por Llarena como rebelión basta con que los hechos en cuestión sean delito en Alemania cualquiera que sea la pena que pudiera corresponder a ese delito allí. Tanto la Decisión marco, como las leyes española y alemana, como la jurisprudencia del TJUE dejan claro que el requisito del mínimo de doce meses de prisión (el aplicable al tratarse de un supuesto de los no incluidos en la lista) se refiere exclusivamente a la ley del país emisor, en este caso, España. En España esos hechos han sido calificados por el tribunal competente (el Tribunal Supremo de España) como delitos con penas en abstracto de hasta veinticinco años de prisión. El requisito se cumple, como puede verse, con creces.

b) En el caso de la malversación, al tratarse de un delito de la lista (no sujeto a la doble incriminación), es preciso que se castigue en abstracto en España con penas de al menos tres años. Da igual qué condena correspondería en Alemania. Algo que también se cumple.

c) Considerando lo anterior, la cuestión es la siguiente: ¿esos hechos, aunque no sean delito de alta traición (81 CP alemán) o de coerción a órganos constitucionales (105 CP alemán) no son en absoluto delictivos? ¿No son tampoco constitutivos de otros delitos como los del art. 113, art. 125 o artículo 242 del CP alemán? A los dos últimos fue condenado el acusado en el ejemplo que utiliza el tribunal de Schleswig-Holstein. Y da igual que al final se le condenase a pocos mese de prisión, porque eso no importa. Lo que importa es que sea delito. Los tribunales alemanes solo deben constatar que esos mismos hechos serían delictivos (en cualquier modalidad) en Alemania. No tienen potestad alguna para controlar cómo los califica el Código Penal español y a qué pena se castiga según nuestras normas.

Visto lo anterior, y visto que la decisión no es definitiva, considero que el trabajo de los fiscales alemanes y el posible planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE, en su caso, se han de centrar en la obtención por parte del tribunal de Schleswig-Holstein de una respuesta motivada a esa pregunta: ¿esos hechos que se narran por el magistrado Llarena no constituyen ningún tipo delictivo en Alemania? Da igual lo leve que este sea.

Si son delictivos, la euroorden ha de ejecutarse.

Me encantaría que a esta pregunta, la única que ya me parece relevante, me diese respuesta un jurista alemán. Porque a los españoles nos asombraría que los hechos atribuidos a Puigdemont no fuesen delito de ningún tipo.

Yo, por desgracia, no puedo ir más lejos.

 

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El Derecho y sus tortuosos caminos (1ª parte)

 

Hasta ahora no había escrito nada sobre la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein relativa a la situación cautelar de Puigdemont porque, sorpréndanse, todo el mundo estaba opinando sobre una nota de prensa y me parecía bastante más razonable opinar sobre la resolución en sí.

Por fin he podido acceder a ella y (con la precaución de que voy a opinar sobre la traducción que efectúa La Vanguardia) como ya puedo decir algo con algo de sentido, voy a ello.

Para comenzar, creo que es útil que lean esta entrada de Adán Nieto, publicada en el blog de Jesús Alfaro. No solo porque esté muy documentada, sea muy razonable, enlace la jurisprudencia del TJUE aplicable y plantee la cuestión en los términos en que debe ser resuelta, sino porque sirve para que cuenten ustedes con los instrumentos que les permitan seguir adelante.

Si ya la han leído, pueden seguir:

1.- Para comenzar, la resolución del tribunal alemán no parece poner fin definitivamente a la orden europea en lo relativo a la rebelión. Si no lo entiendo mal, simplemente ha analizado su viabilidad respecto de los delitos de rebelión y malversación (corrupción, en el catálogo) a los efectos concretos de mantener o no la situación de prisión del afectado. Como es lógico, no parece probable que el tribunal cambie de parecer en el análisis que efectúa, pero al no haberse resuelto aún la orden europea, imagino que esto es en teoría posible. Incluso es posible que, si el fiscal alemán lo solicita, se plantee por el tribunal alemán la cuestión prejudicial relativa a la interpretación del art. 2.4 de la decisión marco, ante el TJUE, en los términos que se exponen en el artículo antes enlazado. Es la única forma de entender ese «de entrada»:Explico esto porque quizás ilumine la celeridad que tanto ha indignado a quienes afirman que el tribunal alemán (¡un tribunal regional, además!) ha resuelto en 48 horas lo que el Tribunal Supremo lleva estudiando meses.

Puesto que se trata de resolver sobre la situación personal del afectado, es lógico que el tribunal, si cree que su decisión final será no admitir la orden europea por rebelión, se dé prisa. Lo que se está discutiendo es que alguien permanezca en prisión o no.

2.- En segundo lugar, se puede comprobar por qué el tribunal considera que no se cumple el requisito de la doble incriminación.

En cuanto a esto, hemos visto —en la entrada antes enlazada— que nos situamos en un espacio difuso en el que se plantea que, de la doble incriminación en concreto (situada en un extremo) a la doble incriminación en lo que se denomina «superabstracto»  (en el otro), podemos tender una línea recta en la que tenemos que situar el lugar en ue nos obliga a posicionarnos la Decisión marco en cada caso. En el extremo, en lo superabstracto, se encontrarían los delitos de la lista; en el otro, en la doble incriminación concreta, el juicio tradicional en materia de extradición, que obligaba a un análisis del caso concreto hasta el punto de examinar las pruebas y prever una sentencia completa conforme al sistema jurídico de quien debía conceder o no la extradición.

Lo verdaderamente interesante de la resolución del tribunal alemán es que su argumentación de fondo (con independencia de la cuestión del análisis de los hechos, a la que luego me referiré) se aproxima al marco teórico que fija el autor del artículo citado. Es decir, que el tribunal alemán analiza la doble incriminación como problema en abstracto más que en concreto y, por tanto, ha estudiado si los hechos serían delictivos en Alemania, no solo como alta traición, sino en cualquier forma. Es decir, prescindiendo del nomen iuris. Lo hace sin discutir los hechos que se le presentan y sin plantearse que la conducta pueda estar justificada, que las pruebas sean débiles o que concurra alguna eximente o causa de justificación o circunstancia que permita limitar la condena —o la pena— o excluirla.

Efectivamente:

Como vemos, el tribunal utiliza un concepto de doble incriminación en el que no basta con que exista una equivalencia sustancial entre los tipos delictivos («comparables en lo fundamental»), sino que es preciso que esa conducta que se narra hubiera, de haberse cometido en Alemania, de ser delito que permita la ejecución de una orden europea, cualquiera que sea ese delito. Esta interpretación se ajusta a lo que dice el TJUE en el asunto Grundza:

Para poder apreciar si se cumple el requisito de la doble tipificación en el asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente, que debe tramitar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia condenatoria, habrá de comprobar, por tanto, si tales hechos, a saber, la conducción de un vehículo de motor infringiendo la prohibición al respecto contenida en una resolución formal, habrían estado sujetos a una sanción penal si se hubieran producido en el territorio del Estado miembro al que pertenece dicho órgano jurisdiccional, con arreglo a su legislación nacional. Si tal fuera el caso, habría de considerar que se cumple el requisito de la doble tipificación.

Dice el tribunal alemán:

Como vemos, el tribunal alemán dice que esa conducta no es punible en Alemania. Aunque después afirme que no es alta traición, se parte de una aseveración previa, que tampoco es otro delito.

De hecho, el tribunal alemán, al analizar qué es «violencia o amenaza de violencia» lo hace refiriéndose a la jurisprudencia de su Tribunal Supremo sobre otro delito, el que regula el artículo 105:

Ese delito se “da un aire” a nuestra sedición, como vemos, aunque con la diferencia de que el tipo del delito alemán (a diferencia de la sedición española) exige violencia.

Pues bien, el tribunal alemán concluye que, partiendo de los hechos descritos en el auto, la conducta atribuida a Puigdemont no es delito porque el Tribunal Supremo ha considerado que la violencia a que se refieren esas normas es una violencia específica, agravada, que presenta la característica de que:

Es decir, la violencia para convertirse en coacción ha de adquirir un nivel tal que el órgano constitucional se doblegue.

Tras leer la resolución se aprecia mucho mejor la lógica del Tribunal Supremo alemán, en la medida en que su razonamiento se sitúa fundamentalmente en el ámbito de la coacción, más que en de la violencia, y veremos por qué:

a) Para que una coacción a un particular sea coacción es preciso que reúna unas condiciones fácticas (que se imbrican en el propio tipo normativo) que supongan que el particular se ve obligado a actuar; de forma que si el supuestamente coaccionado, simplemente actuando con serenidad, sin exigírsele un comportamiento heroico o fuera de lo normal, puede negarse a hacer aquello a que se le pretende obligar o puede hacer aquello que se le pretende impedir, no habría delito. Esta respuesta se parece mucho a la que sostiene la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo sobre las coacciones.

b) Frente a lo anterior, en el caso de órganos constitucionales (por ejemplo, el gobierno de un Land) la coacción, para ser penalmente relevante, ha de alcanzar una intensidad superior: basta con que el órgano constitucional pueda seguir actuando contra los que le intentan coaccionar para que el delito no se produzca. O, visto desde el otro lado, solo si el órgano constitucional se ve presionado hasta el punto de ceder al “chantaje” para evitar «daños graves a la colectividad» o a «ciudadanos particulares» se completan los delitos del 105 o del 81 del Código penal alemán, ya que el propio Tribunal Supremo considera ambos tipos delictivos relacionados y configura en idénticos términos la violencia o la amenaza de la violencia.

c) El tribunal alemán plantea esta cuestión en términos abstractos, normativos. Considera que el Tribunal Supremo alemán ha definido el tipo delictivo de forma que la violencia o amenaza de violencia ha de tener esa realidad o potencialidad (en el segundo caso). Y es forzado admitir que, de la narración de los hechos que se contiene en el auto de procesamiento del magistrado Llarena, se puede llegar a esa conclusión sin necesidad de forzar la interpretación ni hacerla más estricta. No existió violencia o amenaza de violencia en términos tales que pudiese considerarse que el Gobierno al menos estuviese cerca de capitular ante las exigencias de los secesionistas. De hecho, no lo hizo.

d) El tribunal “regional” está aplicando una sentencia de su Tribunal Supremo que, ciertamente, presenta similitudes con el caso estudiado: miles de personas que de forma violenta intentan obtener concesiones de las autoridades de un Land en un episodio muy característico de sedición (en España).

De lo anterior se deduce que la resolución está bien fundamentada. Los hechos narrados están lejos de cumplir con las exigencias del Tribunal Supremo alemán a los efectos de que se considerasen delictivos en Alemania, tal y como se explica en su texto.

Y el tribunal se refiere a cualquier tipo delictivo. Es decir, la resolución se ajusta a la jurisprudencia del TJUE antes citada.

Naturalmente, puede que exista otra jurisprudencia u otra interpretación. Eso escapa a mis conocimientos. Solo estoy analizando la lógica interna de lo que leo. Y, naturalmente, es posible que el TJUE —si se plantea la cuestión prejudicial y se admite a trámite— quiera ir más allá en el sentido de considerar que la semejanza entre los tipos delictivos sea más abstracta aún, de forma que se prescinda de su configuración jurisprudencial y favorezca las finalidades tan bien explicadas en el artículo enlazado.

3.- En tercer lugar, analizando la resolución se encuentra una respuesta —como era de esperar— a esa pregunta que tanta gente se hacía: si el “golpe” ha de triunfar para que sea delito ¿quién lo va a perseguir?

Desde el primer momento sospeché de esa interpretación simplista. Si alguien afirma que los tribunales de un país están haciendo una interpretación tan estúpida, lo normal es sospechar que quien lo afirma o miente o no se entera.

Y, efectivamente, nos parezca mejor o peor lo que dice el Tribunal Supremo alemán, esa pregunta no se ajusta a su jurisprudencia.

Para ello, nada mejor que citar al Tribunal Supremo alemán, según se recoge en la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein:

No, no es necesario que el golpe triunfe y los alemanes son idiotas. Si la violencia se dirige contra un órgano constitucional directamente esa exigencia de una violencia cualificada tampoco es exigible. Solo se exige que la violencia o amenaza de la violencia sean capaces de torcer la voluntad del órgano constitucional cuando se dirige contra terceros o contra bienes. Es decir, solo se exige que la violencia sea cualificada cuando es el fundamento de una coacción, como ya he explicado.

Por tanto, una rebelión (o alta traición) que consista en la amenaza de violencia directamente contra el órgano constitucional lo es por la simple existencia de la amenaza de violencia. Cuando es contra otros (o contra bienes) ha de tener tal intensidad que el órgano constitucional haya cedido . Y ello aunque se parta de una atribución del origen de esa violencia de forma indirecta a una persona concreta (en este caso, Puigdemont).

Lo anterior, por otro lado, no excluye, como es obvio, que esos actos de violencia sean delictivos y que de ellos deban responder sus autores directos.

Más aún, el Tribunal Supremo alemán no considera la intensidad de la violencia a estos efectos. No es la magnitud lo que importa, sino la capacidad demostrada del órgano constitucional de ceder al chantaje. En cierto sentido, la alta traición se convierte en delito de resultado (cuando no hay violencia directa contra el órgano constitucional) a diferencia de lo que ocurre con la rebelión en España, que es delito de actividad o de resultado truncado.

4.- En cuarto lugar, y partiendo de la narración de hechos (que, como estamos viendo no se discute), se deja constancia de que la responsabilidad por los actos de violencia es atribuible a Puigdemont (pues inicia, promueve y mantiene el referéndum pese a los riesgos de episodios violentos), algo que puede que sea delito en España; se afirma, por contra, que lo importante en Alemania no es el «poder de la masa» en sí, sino si ese poder fue suficiente para torcer la voluntad de algún órgano constitucional. Y el tribunal constata que no lo fue, como es «históricamente» comprobable. Es decir, de nuevo, el tribunal plantea la cuestión en términos no cuantitativos (que exigirían un análisis más concreto de los hechos violentos) sino en términos cualitativos, normativos.

5.- En quinto lugar y respecto de la malversación, el tribunal tiene muy claro que no es aplicable la doble incriminación, pero aplicando su normativa interna, plantea la posibilidad de que la conducta descrita no esté correctamente incluida en la lista conforme al derecho español.

Esto es importante: por más que me parezca que en este punto el tribunal alemán está actuando con una desconfianza inadmisible, considerando la finalidad y el espíritu de la decisión marco —algo que puede que venga motivado no por un “odio” a España o por un prejuicio en el caso concreto sino por la traslación de la normativa europea a la interna—, lo cierto es que formalmente se está moviendo en el marco previsto por la legislación europea, por cuanto lo que está pidiendo a España es esto:

Como puede observarse, lo que el tribunal alemán está planteando es la defensa de Puigdemont: que el hecho de que no hubiera pagos efectivos o que los que existieran lo fueran por particulares implique que no haya malversación conforme a la ley española.

Y piden más información.

Pues bien, tiene que bastar con que el Tribunal Supremo informe de algo muy simple: en España cabe tentativa de malversación y, más aún, ni siquiera es requisito el pago efectivo para que se consume la acción. El Tribunal Supremo en su sentencia 310/2003 de 7 de marzo, establece que:

«La pretensión del recurrente no tiene en cuenta que, en todo caso, su argumentación no se refiere a la acción típica del art. 432 CP, sino al resultado de la misma y que, si su argumentación fuera correcta no cabe duda de que los hechos que se le imputan constituirían, al menos una tentativa acabada de malversación . Pero, se debe señalar, la acción de malversar se consuma cuando se realiza el acto de disposición que genera la disposición de los fondos públicos para una determinada operación. Es claro que el texto legal utiliza el verbo «sustraer», que genera, en una primera lectura, la idea de una malversación de cosas. Sin embargo, el tipo penal no sólo se refiere a «efectos», sino también a caudales y respecto de éstos se debe entender que la infracción del deber del funcionario que se exterioriza en la sustracción se consuma ya cuando se dispone de los fondos públicos. Es preciso tener presente que la acción de sustraer, también característica del delito de hurto, admite diversos sentidos y que uno de ellos es el de la «remotio» o sea la simple remoción de la cosa del lugar que ocupa, lo que, trasladado al manejo de dineros públicos es equivalente a la disposición.

Por lo tanto, la aceptación de la factura es un acto de disposición que infringe el deber del funcionario que constituye el objeto del tipo penal de la malversación.»

Y también, el Tribunal Supremo, en su sentencia 548/2017 de 12 de julio:

«Así es: el delito se consuma con la disposición de hecho de los fondos públicos; incluso antes: con la posibilidad de disposición. Es un delito de resultado.

Si se hubiesen denunciado las irregularidades antes del cierre definitivo y se hubiese reclamado la devolución, no estaríamos ante un delito en grado de tentativa, sino también ante un delito consumado. (…)  Una vez perfeccionado el delito de malversación podremos estar ante acciones de encubrimiento, o ante otras infracciones; pero no ante una participación en un delito ya consumado, que, además, es de consumación instantánea. Serían posibles otras conclusiones en relación a delitos permanentes o de tracto continuado. No es el caso.»

Yo no conozco la causa hasta el punto de poder describir en qué consistieron esas disposiciones; ahora bien, si el magistrado Llarena ha procesado a Puigdemont por malversación, presumo que existen esos indicios y basta con explicar al tribunal alemán que eso, en España, es delito de malversación (incluso consumado), con independencia de que al final el Estado no haya padecido quebranto alguno.

6.- El tribunal alemán es totalmente contundente en lo relativo a la existencia de alguna forma de persecución política. Lo niega de raíz. Y ello no solo porque se parta de que a Puigdemont se le persigue por la imputación de hechos concretos que también son delito en Alemania (la malversación) sino, y esto es lo más importante, porque no se aprecia ninguna de las razones que harían presuponer otra cosa:

 

Termino: la resolución, que es más interlocutoria que definitiva, está justificada internamente. No aparenta el esperpento que se ha querido vender. Se mueve en una interpretación razonable de los parámetros establecidos por la decisión marco que crea la orden europea y por la jurisprudencia del TJUE sobre la misma —y la Decisión Marco 2008/909/JAI sobre reconocimiento mutuo de sentencias—, sin perjuicio de que pueda discutirse e incluso afinarse por el propio TJUE.

Estamos, en suma, en el mundo del Derecho. Tan difícil a menudo de comprender. Ese lugar en el que constantemente expertos en la misma materia llegan a conclusiones diferentes, sobre todo en la zona de grises.

Esta decisión, por lo demás, no nos dice nada sobre si existió o no rebelión; tampoco sobre si existió o no violencia (puesto que aún no ha habido juicio) o malversación; esta decisión no rompe Europa (salvo que nos empeñemos en remar en la dirección que buscan algunos) ni reivindica a los golpistas catalanes (que lo son, puesto que golpe de Estado no es una definición penal sino política); esta decisión no supone afirmación alguna (ni siquiera indirecta) de que existan presos políticos en España; esta decisión no debe cambiar ni un milímetro el propósito de cualquier ciudadano responsable de que se aplique la ley, no la venganza.

Yo no quiero que se condene a nadie si debe ser absuelto. No quiero que se condene a nadie a más pena que la que le corresponda. No quiero que nadie sea privado de sus derechos constitucionales, incluida la presunción de inocencia. Pero tampoco quiero que la ley se convierta en una baratija, se ceda al chantaje de nadie y se vendan mis derechos constitucionales.

Como bien dice el tribunal alemán:

Sigue aquí.

La enmienda de la repatada en la puerta

 

Leo esta noticia.

Rivera ha insistido en que es la Policía quien puede tomar la decisión de entrar en la vivienda o local sin esperar al pronunciamiento de un juez, descartando que eso suponga vulnerar el artículo 18 de la Constitución (“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”). “Hay una cosa fundamental, y es que se dice ‘con indicios claros de delitos’. Si hay alguien que piensa que su vivienda está siendo un narcopiso, es que se está utilizando para vender drogas o su vivienda está siendo utilizada por mafias que chantajean a sus propietarios“.

Para Ciudadanos, la Policía tomaría la iniciativa cuando haya “un indicio de delito”. Y lo hace, según la posición de esta formación, porque ya no se trataría de la vivienda de la persona en cuestión, toda vez que el “problema es que hay gente ocupando de manera ilegal, cogiendo pisos y chantajeando a los propietarios. Eso no es tu domicilio, estás cogiendo el domicilio de otro. Estamos hablando de tramas delictivas, no estamos hablando de que alguien no pueda vivir en una casa porque no puede pagar la factura. Eso es otra cosa”.

Rivera, en una entrevista en la Ser, se ha esforzado por diferenciar estos supuestos, donde hay “indicios delictivos”, de los casos en que familias que no pueden pagar su casa ocupan otra. “Eso está recogido en la Ley Hipotecaria y nosotros apostamos por la dación en pago en estos casos”.

El artículo 21.2 de la vieja Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (la ley Corcuera) decía:

Artículo 21.

(…)

2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. 341/1993 de 18 noviembre sobre la llamada Ley Corcuera dijo lo siguiente:

8. (…)

A) Consideraremos, en primer lugar, si puede el legislador -como, sin duda, ha hecho en el art. 21.2- llevar a cabo una delimitación de la noción de «flagrante delito» a efectos de la entrada forzosa en domicilio.

Según el art. 18.2 de la Constitución, «el domicilio es inviolable» , de tal modo que «ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». Es éste, pues, un derecho fundamental «relativo y limitado» (STC 199/1987, fundamento jurídico 9.º), en el sentido de que la protección que la Constitución dispensa a este espacio vital puede ceder en determinados supuestos (consentimiento del titular, resolución judicial y flagrante delito), previsión constitucional que tiene un carácter rigurosamente «taxativo» (…)  Función delimitadora que, asimismo, corresponde, por tanto, al concepto de «flagrante delito», noción que la Constitución ha utilizado en algún otro precepto (art. 71.2), pero que , como es patente, no ha definido de modo directo o expreso.

Esta circunstancia no supone, sin embargo, que el concepto que examinamos deba considerarse vacío de todo contenido (…) 

Sin embargo, ello no supone que le esté vedado a la Ley desarrollar ese contenido y regular qué deba entenderse por delito flagrante a los efectos de la entrada en domicilio sin autorización judicial. (…)

B) Lo que antecede es sólo, sin embargo, la respuesta genérica a la cuestión (…) El art. 18.2 de la Constitución no ha deferido a la Ley la previsión de aquellas excepciones y tampoco ha utilizado cláusulas de habilitación genéricas para justificar la entrada policial en domicilio, sino que ha establecido un solo supuesto -fuera del consentimiento del titular y de la autorización judicial en el que será posible aquella entrada: «caso de flagrante delito».

(…) resulta inexcusable -y suficiente, a nuestro propósito es reconocer la arraigada imagen de la flagrancia como situación fáctica en la que el delincuente es «sorprendido» -visto directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito. (…), precisamente porque la comisión del delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable una inmediata intervención . Mediante la noción de «flagrante delito» la Constitución no ha apoderado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que sustituyan con la suya propia la valoración judicial a fin de acordar la entrada en domicilio, sino que ha considerado una hipótesis excepcional en la que, por las circunstancias en las que se muestra el delito, se justifica la inmediata intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El art. 21.2 de la LOPSC incorpora alguno de los elementos o rasgos que la jurisprudencia y la doctrina han venido utilizando para identificar el delito flagrante, y así ocurre en el pasaje final del precepto, que requiere «que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparación de los efectos o instrumentos del delito». Urgencia , sin embargo, no es, por sí sola, flagrancia , como llevamos dicho, y a partir de esta advertencia es inevitable constatar que las demás condiciones prescritas por la norma impugnada muestran una amplitud e indeterminación en su enunciado incompatible con el rigor que presenta y requiere,en este punto, el art. 18.2 de la Constitución. Se refiere la Ley, en efecto, al «conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer» alguno de los delitos que menciona, pero estas expresiones legales -«conocimiento fundado» y «constancia» en cuanto no integran necesariamente un conocimiento o percepción evidente van notoriamente más allá de aquello que es esencial o nuclear a la situación de flagrancia. Al utilizar tales términos el precepto permite entradas y registros domiciliarios basados en conjeturas o en sospechas que nunca, por sí mismas. bastarían para configurar una situación de flagrancia. Las expresiones ambiguas e indeterminadas que contiene el art. 21.2 confieren al precepto un alcance que la Constitución no admite. (…)

La delimitación legal del delito flagrante que expresa el impugnado art. 21.2 no es, por cuanto queda dicho, conforme a lo dispuesto en el art. 18.2 de la Constitución, lo que impone declarar la inconstitucionalidad del precepto.

C) La inconstitucionalidad, así constatada, del art. 21.1 de la LOPSC no hace ociosas, con todo, unas consideraciones últimas (…) Ahora bien, aunque la Constitución no ha singularizado supuesto delictivo alguno para aplicarle, o permitir que le sea aplicado, un concepto ad hoc de flagrancia, no es menos cierto que la noción general de delito flagrante requiere una aplicación jurisdiccional siempre atenta a las singularidades del modo de verificación de cada concreta conducta delictiva, y que bien puede el legislador anticipar en sus normas esa precisión o concreción, para ilícitos determinados, del concepto constitucional que nos ocupa. Tal delimitación selectiva del concepto constitucional sólo podrá reputarse de ilegítima si con ella se pretendiera relativizar o disminuir la garantía dispuesta en el art. 18.2 de la Constitución (…)

Dice el Tribunal Supremo, en sentencia núm. 1089/1995 de 6 noviembre:

Consecuencia de dicha doctrina y en una interpretación ajustada al espíritu de nuestra Constitución, la Sala entiende como «domicilio» «cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar» (Cfr. SS., entre otras, de 14 enero, 3 julio y 5 y 24 octubre 1992 [ RJ 1992\154RJ 1992\6017RJ 1992\7737 y RJ 1992\8515], 14 noviembre 1993 [ RJ 1993\8575] y 18 febrero, 23 mayo y 15 octubre 1994 [ RJ 1994\935RJ 1994\6701 y RJ 1994\7918]), o lo que es lo mismo, que «sirva de habitación o morada a quien en él vive», estimándose que constituye domicilio o morada, cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica, donde vive una persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotes , etc., comprendidas las habitaciones de un hotel u hospedería en la que se viva (Cfr. SS. de 26 junio y 17 septiembre 1993 [ RJ 1993\5253 y RJ 1993\6705] y las precedentemente citadas de 18 febrero, 23 mayo y 15 octubre 1994 [ RJ 1994\935RJ 1994\6701 y RJ 1994\7918]).

También dice el Tribunal Supremo, en sentencia núm. 32/1995 de 19 enero:

(…) el derecho a inviolabilidad del domicilio «constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública. Como se ha dicho acertadamente -continúa la Sentencia del Tribunal Constitucional-, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello -concluye-, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella».

La legislación ordinaria no ha concretado de una manera expresa el concepto constitucional de domicilio, como ámbito de intimidad protegible. Sin embargo, el artículo 87.2 LOPJ demuestra que el ámbito de intimidad que corresponde al derecho fundamental es más amplio que el de habitación o morada. Esta disposición reconoce la existencia de «domicilios» y de otros «edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento del titular», es decir que no constituyen morada en sentido estricto. Es claro, por lo tanto, que el establecimiento de un ámbito de intimidad constitucionalmente protegible no está vinculado a la habitación en sí misma, sino al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, no necesita estar físicamente vinculado al ámbito espacial en el que el ciudadano habita con cierta permanencia.

(…) el derecho fundamental no se limita a la protección de la habitación o morada, sino a la protección de la intimidad y ésta no se reduce al lugar en el que se encuentran el dormitorio, el salón, el despacho, la cocina, etc. como lo ha señalado la STEDH en el caso Niemitz c/Alemania, de 16 diciembre 1992, sino a que se extiende a la protección de la vida privada de los ciudadanos en el sentido antes expuesto. Prueba clara de ello son, por otra parte, los artículos 546 y 547.3.º de la LECrim, en los que se establece que los lugares cerrados que no constituyen domicilio, en el sentido de habitación, sólo pueden ser registrados previa autorización judicial.

¿Va la policía a decidir, sin intervención judicial, cuándo una casa ocupada es domicilio o no de los ocupantes? Domicilio no es propiedad.

Solo conozco la noticia. No conozco la enmienda. Pero, en fin, si lo que pretende Ciudadanos es lo que dice Rivera según lo que acabo de transcribir, en mi opinión eso es aún más inconstitucional que lo que decía la Ley Corcuera. Al menos aquella no basaba la entrada en “indicios”, sino en una definición de flagrancia. Inconstitucional, eso sí.

 

Otro bulo

 

Mientras venía en el coche, he empezado a escuchar una entrevista de Julia Otero sobre la huelga del próximo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Este es el audio.

Antes de comenzar la entrevista, Otero ha afirmado que el día de la mujer trabajadora es una fecha que …

“conmemora otra huelga la que emprendieron en 1909 las trabajadoras de aquella fábrica textil Cotton de Nueva York. Querían unos mínimos derechos laborales. Ya saben que 129 de ellas fueron asesinadas, fueron quemadas vivas cuando el dueño de la fábrica le prendió fuego a la nave, eso sí después de haber cerrado bien las puertas para que nadie huyera, ¿verdad?”

Los hechos a los que supongo se refiere Julia Otero no se produjeron el 8/03/1909, sino el 25/03/1911. Tampoco ocurrieron en la fábrica “Cotton”  (¿curioso nombre para una fábrica textil, ¿eh?), ni en una nave; ocurrieron en el Edificio Asch, en sus plantas 8ª, 9ª y 10ª, plantas en las que se encontraba una fábrica de confección llamada Triangle Shirtwaist. No solo murieron mujeres: murieron 123 mujeres y 22 hombres. Nadie estaba en huelga reclamando nada. Y ningún propietario “cerró” las salidas. Lo que sucedió es que una de las salidas interiores (que estaba abierta) quedó impracticable por el fuego —que según las investigaciones fue accidentado—,  y que la otra estaba cerrada (se supone que por orden de los dueños) para impedir los hurtos por los trabajadores. El capataz que tenía la llave de la escalera cerrada salió por patas y los trabajadores que no habían escapado en ese momento —algunos incluso por los ascensores, que se siguieron utilizando un tiempo después de iniciado el incendio—, aterrorizados, intentaron utilizar una salida exterior, una escalera para incendios metálica, que era una basura, y que quedó rápidamente inutilizada por el fuego, hasta el punto de que se desplomó con una veintena de personas desde lo alto.

Los dueños, que tenían antecedentes sospechosos por incendios y cobros de seguros, fueron acusados por homicidio, pero resultaron absueltos. Al final se los condenó en un proceso civil por homicidio imprudente, ya que no cumplían ni las laxas medidas de seguridad de entonces. Este bestial incidente fue el motor de cambios en la legislación sobre seguridad en factorías de este tipo.

Estos hechos son muy conocidos. Y se relacionan con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque en esos años habían comenzado manifestaciones que son antecedentes de esta jornada y se utilizó, en esas manifestaciones y proclamas, como ejemplo de las lamentables condiciones laborales de las mujeres por todo el mundo.

No se trata de un hecho oscuro, conocido por pocas personas. El auténtico episodio es muy conocido, y por eso me he preguntado de dónde se sacaba esta versión llena de invenciones Julia Otero. He investigado rápidamente en internet y he descubierto que el bulo está extendidísimo. A veces con unos añadidos acojonantes producto de una mezcla de inventiva y pereza.

Unos ejemplos encontrados rápidamente:

http://centros.edu.xunta.es/iesgamallofierros/webantiga/web_filo/8demarzo.htm

http://druzhba.se/druzhba/articulos/politica_39.html

http://www.excelsior.com.mx/global/2013/03/08/887960

http://www.mundosolidario.org/mon.php?var=43

Dicho queda.

 

Menudo cuajo

 

Los obispos catalanes …

Estos

Nota de los obispos de Cataluña

 

… han escrito una nota, por eso de que esta es una época de conversión comunitaria (a saber qué mierda es eso de la conversión comunitaria).

El caso es que, como resulta de interés, yo les traslado las reflexiones, con algunos breves comentarios:

En este tiempo de Cuaresma, cuando se nos invita a la conversión personal y comunitaria, no podemos obviar los acontecimientos políticos y sociales que se han producido en los últimos meses en Cataluña.

Juro que no entiendo qué cojones tienen que ver la cuaresma y la conversión con los acontecimientos políticos. Así, a bote pronto, me da que querían largar del tema y han aprovechado esto de la cuaresma, como podían haber aprovechado la crítica de cine de Gru, mi villano favorito en la conocida revista Cinefórum episcoporum.

Desde esta perspectiva …

Ni puta idea de a qué perspectiva se refieren.

… los obispos de las diócesis catalanas dirigimos un llamamiento a todos para esforzarnos en rehacer la confianza mutua …

Que lleva sin existir un huevo de años.

… en el seno de una sociedad como la nuestra en la que se da una gran pluralidad cultural, política y también religiosa. La cohesión social, la concordia, la cercanía mutua y el respeto a los derechos de todas las personas que viven en Cataluña deben ser uno de nuestros objetivos prioritarios en este momento.

Completamente de acuerdo. También era objetivo prioritario antes de este momento, para evitar precisamente que se llegase a este momento.

No podemos ignorar ni menospreciar que en relación a Cataluña existe un problema político de primer orden que obliga a buscar una solución justa a la situación creada …

No digamos por quién, no sea que alguien acuse a los obispos catalanes de partidistas.

… que sea mínimamente aceptable para todos, con un gran esfuerzo de diálogo desde la verdad, con generosidad y búsqueda del bien común de todos.

Es imposible: no existe el bien común de todos. Como mucho (y es discutible) existe el bien común. Pero no es de todos. Meter a un violador en la cárcel no le hace al violador ningún bien (preguntemos al violador), salvo que creas en la parida hegeliana de que es el delincuente el que tiene derecho a que se le condene. Naturalmente, tras esto hay algo más profundo. La idea de que hay bienes colectivos y derechos colectivos, entes reales y no simples construcciones útiles para no matarnos y para no matar a los de la tribu de enfrente.

Por ello, tal como hemos pedido repetidamente, en palabras del papa Francisco con las que nos sentimos comprometidos, decimos a los católicos y a todos los que nos quieran escuchar que «es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones». (Evangelii Gaudium 239).

Es gracioso. Ya existe. Se llama democracia liberal y la Iglesia, tras condenarla agriamente durante mucho tiempo, se termino apuntando a regañadientes para no quedarse sin sitio en el carro.

El pasado 21 de diciembre se celebraron elecciones al Parlamento con gran participación de electores. Es necesario que, con voluntad de servicio, los parlamentarios elegidos impulsen los mecanismos democráticos …

¿Se referirán con eso de los mecanismos democráticos al cumplimiento de la ley? Quién lo sabe, maestros de la ambigüedad como son, los simpáticos obispos.

… para la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat que actúe con sentido de responsabilidad para con todos los colectivos del país, y especialmente los más necesitados de superar las consecuencias de la crisis institucional, económica y social que vivimos. 

Observen: NO DICEN NADA. No explican qué son “mecanismo democráticos” y no aclaran qué es para ellos actuar “con responsabilidad”. Todo son vaguedades hasta que …

Queremos mencionar una cuestión concreta que nos preocupa. En cuanto a la prisión preventiva de algunos antiguos miembros del gobierno y de algunos dirigentes de organizaciones sociales, sin entrar en debates jurídicos, pedimos una reflexión serena sobre este hecho, en vistas a propiciar el clima de diálogo que tanto necesitamos y en la que no se dejen de considerar las circunstancias personales de los afectados.

Ay, qué pillines. Tampoco es que digan nada. Lean de nuevo el párrafo. “En cuanto a la prisión preventiva” piden “una reflexión serena” “en vistas a propiciar” “un clima de diálogo” considerando “las circunstancias personales de los afectados”. Vean, es una obra maestra. Es un gigantesco flatus vocis. Su única función es mencionar, entre un montón de vaguedades inconcretas que hay unos señores en prisión. Algo concreto (lo único concreto) que les preocupa.

Como ciudadanos de este país y pastores de la Iglesia que camina en Cataluña, nuevamente reafirmamos que, aunque no nos corresponde a nosotros optar por una determinada propuesta a los nuevos escenarios que en los últimos tiempos se han planteado, defendemos la legitimidad moral de las diversas opciones sobre la estructura política de Cataluña que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos y sean defendidas de forma pacífica y democrática.

Puaj. Lean y vean. Ni una sola mención a la ley. Hablan de paz, de dignidad, de democracia y de moral; pero nada de mentar la bicha. Es obvio por qué: si mencionan la ley tienen que mencionar su incumplimiento. Tienen que hablar de eso que no les preocupa ni en concreto ni en abstracto: el intento de golpe de Estado en el que han intervenido algunos y que han apoyado muchos de sus feligreses (también algunos de los “pastores”), resultado final de tanta porquería supremacista y milenaria. ¿Y qué me dicen de eso de la dignidad de los pueblos, ese eufemismo bobo para justificar que la peña se pueda mear en la dignidad de los individuos que no quieren ser incluidos en “su” pueblo?

Finalmente, pedimos a los católicos que, descubriendo el paso de Dios por la vida en estos momentos de complejidad, seamos instrumentos de paz y reconciliación en medio de la sociedad catalana, y no dejemos de orar al buen Dios por la paz y la justicia en Cataluña.

Yo propongo que esta exhortación se vote en la iglesias catalanas. Más aún, que se vote poniendo urnas de cartón. Sería la leche de democrático.

El último comentario de mi blog

 

Acabo de recibir este comentario. Por su interés, lo publico.

Me alegro de que ya no acepte comentarios, don Tsevan. ¿Para qué?

Así podrá recluirse, ponerse a buen recaudo, mecerse en su autosuficiencia. Ya no tendrá que enfrentarse a algún comentario que no quiere leer, y mucho menos contestar. Podrá seguir discutiendo con los más tontos, sin contrariar su costumbre: nacionalistas catalanes, podemitas, femilocas, vascos que sólo ligeramente ocultan ser apologetas del terrorismo y la yihad equidistaní que todo lo impregna con su repugnante olor. Y para esto lo mejor es er tuister. Allí podrá derrotarlos a todos haciendo el mínimo gasto de energía, en menos de 280 caracteres, escogiendo de entre todos al más tonto de ellos: «¡miren, fologüers, mire, mi fiel Mercucio, lo que ha dicho esté mermao iupodemitavenesolanoflexiveganososialistanasionalistagandalú de CI <85! Jijiji ;)».

Le será fácil, estoy seguro de ello. Podrá «debatir» acerca de qué sistema electoral proporcional es el mejor y más conveniente, si el dichoso e injustamente vilipendiado d’Hondt o el recién desenterrado Saint-Laguë (qué nombre tan cool y refrescante, qué sofisticado), si el de cociente o el de resto mayor, &c. Del mayoritario ni hablar, sólo una vaga referencia inaudible a que es el de su preferencia. Pero todos representan igual, ojo, que nadie se llame a engaño. Qué sabrá ese despendolado de Gerhard Leibholz. Era un criptomermao de esos.

Cataluña bien y todo bajo control kelsenianamente. Siguiendo el procedimiento, además, es admisible que España se rompa. A España la creó el santísimo procedimiento, y también él la puede romper, en buena lógica, procediendo adecuadamente por el dédalo de lo que los sabios doctores tengan a bien tener por Derecho, tras arduas cogitaciones y ucases mediante. Si me permite la desfachatez de darle un consejo: haga el favor de ir mitigando las críticas al nacionalismo catalán; o, mejor aún, distinga entre uno fetén y otro, el de estos últimos años, bárbaro e inaceptable. Viene de arriba: lo manda la superioridad (sic). Será más fácil aceptar entonces la absolución, el indulto, la derogación del tipo de sedición, la amnistía o/y la bula «pro futuro», todo dentro del más exquisito respeto a la ley y al Estado de Derecho® (que Dios lo tenga en su gloria), que les llegará con seguridad a los fingidores secesionistas. Son una patita más de nuestro sistema político, la patita rota, y habrá que mimarla. Vaya preparándose, que no lo pille en bragas el volantazo que se atisba.

De verdad que causa dolor verlo en estas condiciones. Destila usted inteligencia y buen juicio por los cuatro costados. Sus análisis jurídicos y su búsqueda desapasionada de la objetividad son encomiables. Es usted una referencia en ese aspecto, que es, además, el más importante y lo que justifica seguirlo en todas sus intervenciones. Pero en materia política no puede estar usted más equivocado, y uno no puede dejar de preguntarse cómo es posible.

El Derecho es la puerta de entrada al conocimiento de la política, aderezado con muchos otros, sí, como los de la Historia, la Sociología, la Psicología social, &c. Pero el Derecho es en esto lo principal. Y yo no creo que se pueda saber Derecho sin saber también de política. Por eso creo que es usted igualmente, como los nacionalistas catalanes y salvando todas las distancias que haya que salvar en su favor, un fingidor. Finge no saber lo que una lista de partidos es (encerrándose, aunque lo aburra, como a todos, en la estéril discusión sobre sistemas electorales, siempre proporcionales, por supuesto), y cómo desconecta al electo de los electores, vinculándolo servilmente con la cúpula del partido que lo nombra. De ahí que voten los parlamentarios siempre en bloque, siguiendo las directrices de su partido («por mandato imperativo», según declararon impúdicamente los psoístas en la investidura de Rajoy, a fin de justificar su abstención; véase el art. 67.2 CE). Finge también usted que hay separación de poderes, y que el ejecutivo no da órdenes a la mayoría parlamentaria que formalmente lo ha puesto en el Gobierno (en realidad, el ha puesto al legislativo al designar las listas; y ha pactado con la cúpula de otro partido en caso de que no haya mayoría absoluta). Finge usted que hay independencia judicial, cuando el CGPJ (enésimo disfraz de las cúpulas de los partidos) elige a todos los cargos judiciales desde el Presidente de las Audiencias Provinciales hasta el TS. Y el TC, también designado por los partidos, es otro invento del bobalicón de Kelsen que sólo tienen Estados que atravesaron por la crisis del Estado liberal rindiéndose a un totalitarismo, padeciendo tras ello una dictadura. No hay policía judicial (porque, aunque depende funcionalmente de los jueces, orgánicamente, que es lo más importante, esto es, a efectos de su carrera profesional, la policía depende del Ministerio del Interior o de las Consejerías Autonómicas). Y los fiscales son perros del Gobierno, redundantes con el Cuerpo de Abogados del Estado cuando se dirime en los tribunales casos de relevancia política. Los verdaderos órganos del Estado son los partidos políticos, y el resto es un atrezzo.

Dirá usted que esto es así en toda Europa. Es cierto. ¿Y? ¿Qué complejos son esos? No hay en Europa ninguna democracia. La diferencia con EE.UU. es abismal. Y eso que ellos tampoco tienen independencia judicial. Pero tienen representación política (defectuosa, sin doble vuelta) y separación de poderes (atenuada por el veto, incompresiblemente). Estos datos elementales, que usted conoce perfectamente, elige ignorarlos cada vez que trata algo acerca de la política. Yerra adrede a cada paso. No quiere mostrarse en franca discrepancia con el sistema político vigente en su país. Comprensible, pero entonces para qué opinar en público. Para posar. Para salir guapo en la foto.

Lo dicho, una pena. Una mente válida que elige seguir en el estado de servidumbre voluntaria, actitud quizá azuzada porque ya dispone de libertad personal, económica, como profesional liberal de éxito: para qué meterse en ‘fregaos’ en aras de conquistar esa vagarosa libertad colectiva que es la libertad política. Total: nadie parece quererla. Una mente lúcida obnubilada por una pasión de liberto. ¿Para qué escribir sobre política sin atreverse a decir ni una sola verdad profunda? ¿Para tratar con esa plebe de los sentidos constituida por los ya mentados podemitas, nacionalistas, la berdadera hiskierda y otros pobres imbéciles y víctimas de la LOGSE? ¿Para que el tirano de turno no sea un tontarrón podemita filochavista o un psoecialista, y sí uno igual de tonto pero que parezca de derechas? ¿Por qué se respeta usted tan poco como para ser un tierno socialdemócrata? Sin libertad política no se puede ser de derechas ni de izquierdas, sólo socialdemócrata, nombre formal y de gala de los inveterados progres de culo ‘cagao’ de siempre. La ideología del gris, del todo vale, del doblepensar. El pensamiento líquido y la postmodernidad.

Usted también doblepiensa. No es usted de derechas, por más que así lo crea y se precie de ello. Es un socialdemócrata, la ideología genérica que sobre su piel y su cerebro ha impreso su tiempo. En el siglo de Oro español sería usted católico; en la Alemania weimariana, un nazi. Hoy toca socialdemócrata. Mañana quizá se haga usted incluso podemita, si se adecentan un poco y se echan colonia. Por esto no soporto leerle nada de lo que escribe acerca de política. Note que no le reconozco la posibilidad de estar legítimamente equivocado: lo acuso de obrar de mala fe, de conocer el sistema político en que se encuentra, la oligarquía, y de justificarlo conscientemente. Sus buenos análisis en materia jurídica lo delatan: uno no puede ser muy bueno en ellos y pésimamente malo, casi subnormal, en sus juicios políticos. Sería algo extravagante, incomprensible.

Reciba un cordial saludo a modo de despedida. 😉

El hedor

 

Ignoro si esto que cuenta Anabel Díez es cierto, pero como no tengo ninguna razón para dudar (y, además, que yo sepa no ha sido desmentido) voy a presuponer su exactitud.

Pues bien, simplemente quiero decir que lo que aquí se cuenta …

Los ministros, y el propio Rajoy, en primera línea, según fuentes del Ejecutivo, transmitieron a quienes tenían que tomar la decisión, la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la Cámara catalana. “No hubo presiones porque ningún miembro del Tribunal Constitucional lo permitiría, pero sí trasladaron el dramático cuadro en el que quedarían enmarcadas las instituciones democráticas con Puigdemont investido y obligadas a actuar después”, señalan fuentes conocedoras de las intenciones de Rajoy y otros miembros del Gobierno al ponerse en contacto con magistrados del Constitucional. “Se apeló a razones de Estado”, continúan estas fuentes.

… es de tal entidad, que solo se me ocurre un remedio: la dimisión del Gobierno en pleno.

Naturalmente, no solo no pasará nada de esto, sino que imagino que a la mayoría le parecerá estupendo, con tal de no dar una oportunidad al golpista.

Eso sí, contadme otra vez que estaba equivocado aquí, aquí, aquí y, sobre todo, aquí.

Y explicadme si merece la pena perder el tiempo en analizar las resoluciones que vengan de esos tribunales y los actos del Gobierno, sobre esta materia, para ver si son ajustados a derecho o no, sin sospechar que no se busca aplicar la ley, sino retorcerla lo que haga falta para lograr un fin determinado.

Sí, eso es lo que han conseguido los responsables y los inteligentes. Con su putrefacta razón de “Estado” han contaminado las instituciones democráticas. Las que dicen que querían salvar.

NOTA: Hoy Rajoy ha desmentido la noticia. La entrada está sujeta a la condición de que la noticia sea cierta.

Si no es cierta, ténganla por no escrita.

Incumbe a los que afirmen que lo es probar su realidad.

Otra vez

 

Los culpables de los golpes de Estado son los golpistas. Los culpables del golpe de Estado en Cataluña son, por tanto, los golpistas.

Dicho esto, hablemos de otras responsabilidades. De más a menos.

En la deriva criminal y liberticida que se está produciendo en Cataluña tienen una responsabilidad enorme los millones de catalanes que han seguido a los líderes golpistas y que los han vuelto a apoyar después del golpe de Estado. Lo son por fabricar y deglutir una ideología supremacista y xenófoba, y por apoyar que se quebrante la ley democrática y se demuelan las instituciones. Es igual que sean muchos. No es la primera vez que muchos deciden convencerse de que son mejores por alguna razón imbécil, como la raza, la lengua que hablan, los apellidos o las putas canciones que escuchan, y deducen de ello que pueden privar a los demás de sus derechos como ciudadanos.

También son responsables los mandatarios no secesionistas. Los españoles no creemos demasiado en las instituciones. Si crees en ellas, aceptas que hay que pagar un precio. Por eso los que nos mandan o nos quieren mandar —que lo saben— metieron la mano en la caja sin problemas mientras fluía la pasta o se subieron al carro del populismo de moda cuando las cosas se ponían difíciles y había que buscar un muñeco al que dar de hostias, no fuese que nos mirásemos a nosotros mismos.

Sí, es obvio, también nosotros somos responsables.

Si creyéramos en lo que decimos creer, hace años que el Estado habría acabado con los golpistas. Habían anunciado el golpe, subidos a una ola en la que no sé si militan realmente o de la que ya no sabían bajar. Es igual, que más dan los motivos. Pero no. Ni siquiera los llamábamos así. Incluso hoy, cuando hay un montón de tipos en prisión, los más valientes hablan de “golpe a la democracia”, inventando eufemismos. ¿Cómo se iba a parar el golpe de Estado en ciernes si tenían hasta miedo de llamarlo por su nombre?

Qué lamentable cobardía. De los que gobernaban y de los que querían gobernar. Estos —qué asco, coño— no solo no ayudaban en nada, sino que han jugado durante años a pillar tajada entre los millones de irresponsables que se han tragado la propaganda infecta que los hace creerse más altos, más guapos y más rubios. Para no tener que pactar con los “fachas”, han preferido meterse en la cama con los que nos trataban a los demás como siervos de la gleba a los que podían restregar su generosidad.

La cobardía llegó al punto de renunciar, hasta el momento en que el las aguas fecales estaban a punto de ahogarnos, a utilizar la ley para lo que habíamos decidido los ciudadanos. El Estado podría haberse hecho mucho antes con el control de la autonomía catalana y haber mantenido ese control hasta que quedase meridianamente claro que no se iba a consentir que nadie se saltase la Constitución y se mease en las instituciones. También en las catalanas. Pero es que no creen en las instituciones. Si crees en ellas, estás dispuesto a pagar el precio de explicarle a la gente, con la fuerza que sea precisa, que ninguna mayoría, local o no, puede imponerse sobre la ley. Que la democracia no existe sin ley democrática. Y que la ley democrática solo puede cambiarse por sus procedimientos. Que una turba, por grande que sea, no tiene derecho a colgar a nadie de un pino.

Y ha empezado la gangrena. Por la renuncia a hacer lo que había que hacer, hemos asistido a una utilización fraudulenta de la justicia. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han empezado a atender a razones de oportunidad política. Eso es ácido para la ley y para las instituciones.

El auto del tribunal Constitucional de ayer es un desastre. El órgano del Estado, que tanto vela supuestamente por que se motiven las decisiones, ha adoptado una completamente original —medidas cautelares que nadie ha pedido—. Lo ha hecho admitiendo a trámite un procedimiento (lo que debería implicar la suspensión), pero sin admitirlo, salvo para explicar cómo sería constitucional una investidura que no se ha producido aún, no de forma didáctica, sino declarando previamente la nulidad de un acto futuro, y estableciendo consecuencias incluso penales.

Y no es que no sea correcto la sustancia de lo acordado. Lo es, sin duda. Y esto demuestra de nuevo el grave comportamiento de Puigdemont y su cuadrilla de golpistas. La sustancia es correcta, pero no el procedimiento. Y si no hay democracia sin ley democrática, no hay ley sin respeto a los procedimientos.

Por desgracia, muchos creerán que no pasa nada. Que es solo la puntita. Ya nos están lanzando la razón de Estado a los aguafiestas. Lo hemos visto muchas veces. La razón de Estado es la que creó la doctrina Parot. No se podía protestar contra ella, no fuera que te tomasen por un amigo de los etarras o, ahora, de los violadores múltiples. La razón de Estado es la que habla de la “inteligencia” de la jugada del Tribunal Constitucional, para justificar que sus magistrados estén haciendo el trabajo que no les corresponde, cavando bajo sus propios pies.

Estoy seguro de que esto joderá a muchos de los que me lean. Y que me acusarán de darle argumentos a los secesionistas. Nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que, tras leer la demanda y el auto, yo me habría alegrado de que la demanda no se hubiera presentado y el auto no se hubiera dictado. Y de que, si los golpistas decidían nombrar de nuevo a Puigdemont, se hubiera presentado una demanda, se hubiese acordado la suspensión del nombramiento y se hubiese continuado, por el tiempo que fuera preciso, con la aplicación del artículo 155. Y habría estado encantado de que, de presentarse el señor Puigdemont, se le hubiese engrilletado allí donde se encontrase, aunque fuese en la puta tribuna de oradores. Porque hay una orden de busca y captura legal y legítima dictada por un juez español.

Pero no. Las fuerzas vivas han optado, como en tantas ocasiones, por el atajo. Pura cobardía. Y no hay esperanza. Hoy he descubierto que esto, que era un tuit de Albert Rivera, ha desaparecido. Era un tuit laudatorio del auto del Tribunal Constitucional, a la vez que le daba un palo al Gobierno por “hacerlo mal”. Es algo que se viene repitiendo desde anoche, cuando el auto —que es una resolución judicial— tiene mucho menos fundamento jurídico que la demanda. Claro, el auto es de “sentido común”. Sí, y la democracia va de votar.

¿Quién se va a ocupar del Estado en España? ¿Los sinvergüenzas trileros golpistas y sus amigos? ¿Los cobardes? ¿Los populistas? ¿Los que se apuntan a cualquier moda si creen que les dará votos, llenándose la boca con palabras solemnes?

Nuestras élites apestan. Son un concentrado de nuestros peores defectos.

Aparentar que somos mejores, para ver si lo vamos siendo

 

Soy partidario de que todos los que escriban algo en internet estén identificados por el sistema. Entiéndase esto en el sentido de que exista siempre un rastro que lleve a un nombre y unos apellidos. Un rastro difícil de falsificar, pero a la vez protegido. De esta forma, la discusión es más libre, pero sin los enormes grados de irresponsabilidad actuales.

No obstante, admito que mi opinión se enfrenta con el mismo problema que la permisión del tráfico de drogas estupefacientes (de la que soy partidario). Es difícil defender esto, cuando en la misma red actúan tipos desde países pirata en los que no hay control o, incluso peor, en los que la falsificación y el volcado de mierda es política de Estado.  Además, esto solo sería aplicable a democracias con un grado de calidad, en cuanto tales, mínimo.

De lo anterior se deduce por qué no soy partidario de la existencia de un derecho al anonimato en internet. Me explico: no exijo que sea obligatorio que los perfiles públicos incluyan datos identificativos, pero no veo por qué hay que dar el paso de exigir que los otros no puedan decir que tú eres tal o cual persona (siempre que no se trate de datos sensibles). No entro en el modo de acceso a esa información: ese es un hecho independiente que ha de juzgarse de forma independiente.

De hecho, la facilidad que dan las redes sociales al mensaje anónimo provoca un efecto pernicioso. Internet se ha convertido en un remedo del panfleto. El mensaje tosco, a menudo falso, pero eficaz por su enorme fuerza bruta. Ya sabemos que a muchas personas no les interesa tener razón, en el más noble sentido de la palabra, sino aplastar al que discrepa. A esas personas no les interesan los razonamientos, les interesa la eficacia. Si son sutiles, apostarán por la falacia sutil y difícil de desmontar. Si no lo son, apostarán por la avalancha masiva y el orgasmo que produce en los necios. El anonimato no es condición sine qua non, pero favorece el “panfletismo”.

Dicho esto, hay algo muy plebeyo en la caza y captura del que te toca los huevos en internet. El que participa en eso es turba cobarde. Dan igual las justificaciones. Si el acosado es tan dañino —como dirás para justificarte—, que actúen las autoridades. Si además tienes poder o influencia, la caza te convierte en aprendiz de tirano.

Hay algo más profundo tras esto. Si crees en la libertad, eres individualista en el mejor sentido. Es decir, crees que hay un reducto en todo ser humano, más o menos amplio, que es intocable, cualquiera que sea la razón o el bien que se aduzca. Y, por esta razón, no admites los procesos de “autocrítica”, ni las cazas de brujas, ni los linchamientos. Tampoco en una forma light. Hay muchos, sin embargo, que piensan que el señalamiento del enemigo y su muerte civil, por el procedimiento que sea, es admisible porque el otro es eso, un miembro de otra tribu. Estas personas creen que la comunidad vale más que el individuo y que, por tanto, no hay bien individual, por íntimo que sea, que nos deba frenar cuando el bien de la tribu nos exige actuar. Como somos tribales por instinto, es fácil que se nos convenza para participar en la cacería. Basta con hacernos creer que estamos en el bando justo, que el otro es menos que un ser humano (es una cucaracha, un traidor a la patria, un enemigo del pueblo) y que “se merece” que con él no seamos civilizados, porque la civilización es para los nuestros.

La triste noticia es que si la civilización es solo para los nuestros, ya no es tan civilizada.

No es extraño que haya personas partidarias, por su ideología, del escrache, de la persecución, del linchamiento, del acoso. Creen estar del lado bueno de la historia. Creen ser los perseguidos (por los ricos, los poderosos, los ajenos, los vectores de la enfermedad, los adoradores de algún ídolo pagano) que ahora persiguen al perseguidor. Estas personas no ven a los individuos. Menos aún son capaces de juzgar solo los actos de los individuos. Estas personas solo ven categorías abstractas, cajas para clasificar. Y ni siquiera están obligados a la sinceridad: como el buen musulmán que bebe alcohol entre infieles, asumirán falsamente las cáscaras vacías del discurso ajeno para acabar con él.

Tampoco es extraño que muchos otros compren esa mercancía. Se ajusta como un guante a nuestros instintos.

Por eso es tan difícil el discurso civilizatorio. Exige explicación, perseverancia y frenos. No nos satisface, salvo intelectualmente, y para eso hay que llegar a comprenderlo. ¡Y es tan difícil comprender por qué un violador y asesino de niños merece ser tratado como un individuo dotado con derechos inalienables y una parcela íntima que no debemos invadir bajo ningún concepto!

No hablo de absolutos. No creo en el derecho natural o en la moral natural. Mis motivaciones son seculares y prácticas. Quizás también estéticas. Tienen que ver con una hermosa aristocracia de las ideas y de las buenas costumbres. Con una cierta forma de ser hombres.