Los niños del Brasil

 

A las personas a las que he escuchado hablar peor de los andaluces es a andaluces. Y a las que he escuchado hablar peor de los españoles es a españoles. Y lo más gracioso del asunto es lo que siempre se olvida: que no solo no conocemos a todos los andaluces o españoles, sino que ni siquiera conocemos a una ínfima parte de ellos. Y esto es aplicable a todo el mundo.

Por eso esto es una sandez:

Además, ¿cómo van a ser todos los niños andaluces de diez? ¿Para que sirve una «nota» si todos los niños obtienen la misma? Una de dos, o el diez del señor Moreno equivale a la nota que obtiene el «peor» niño andaluz (lo entrecomillo porque no quiero ponerme a explicar qué significa peor) y los demás no obtienen mejor nota porque está prohibido —en cuyo caso, decir esto equivale a decir «todos los niños andaluces tienen mitocondrias»— o, en realidad, la peli Los niños del Brasil no se desarrolló en Brasil, sino en Andalucía, y todos los infantes andaluces son clones sometidos a un entorno absolutamente idéntico y controlado.

Bueno, hay otras dos opciones: la primera, que el señor Moreno no sabía lo que decía —pese a que fue un niño andaluz— por algún problema, transitorio o prolongado en el tiempo; la segunda, que se puso a hacer una acrobática felación colectiva a los andaluces profesores o con hijos.

Por las mismas razones, es insufrible leer a todos los que se empeñan en decir que García Tejerina insultaba a los andaluces, a los niños andaluces o a la patria andaluza. Yo creo que esa legión de indignados enfáticos saben perfectamente que no estaba insultando a nadie. Lo saben, pero les da igual. Que, acertada o no, que no lo sé, se estaba refiriendo a unos datos de los que deducía que, de media y conforme a unas determinadas pruebas, los niños andaluces de diez años han adquirido competencias equivalentes a otros más jóvenes de Castilla y León. Esto o es falso o es verdadero o está por ahí, entre medias, pero no es un insulto.

De hecho, la reacción de los indignados es o irracional o interesada. De la irracional no digo nada. Para qué. En cuanto al interés, el PSOE lleva décadas gobernando en Andalucía. Cuando se mencionan los elementos estructurales —algunos muy antiguos— que pueden explicar los niveles económicos y sociales de Andalucía, parece olvidarse que ese gobierno de décadas es uno de ellos. Sin embargo, una reacción habitual excluye de cualquier análisis la influencia de las políticas públicas en manos de la Comunidad Autónoma, es decir, en manos del PSOE, ¡precisamente para justificar que se siga votando a los que han aplicado esas políticas durante décadas, que, ahora sí, en esta elección sí, van a servir para reducir y eliminar las diferencias con otras zonas de España!

Es mágico: el PSOE siempre está en la oposición. Incluso en Andalucía. Salvo, por supuesto, cuando los datos son favorables.

Aunque también es cierto que uno comprende la depresión del votante andaluz. Menos mal que todos los niños andaluces son de diez. La solución está ahí. No hacer nada y que crezcan. Todo resuelto.

 

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De titulares falsos y ministras relajadas

 

Veo este titular:

Me molesta mucho este titular. Transmite algo que no es cierto. La ministra no dice que van a rehacer el presupuesto porque saltárselo sea fácil. Ni siquiera lo dice en el corte que aparece en la noticia, en la que interesadamente no se incluye la pregunta. Más evidente es que no lo dice si la añadimos. Aquí está el corte con la pregunta.

Lo que dice la ministra es que, con unos presupuestos aprobados que incluyen un máximo de déficit, es posible después, y siempre que se haya aprobado un déficit superior tras la aprobación de los presupuestos, y sin necesidad de modificarlos, al aplicarlos, tener un resultado último de déficit superior. Es decir, no cumplir los presupuestos originales porque ya sabes que el déficit admitido y legal es más alto.

La clave es esa: la ministra no asume que, de no darse esa modificación de la ley de estabilidad —lo que permitiría que el Senado no vetase una modificación de los objetivos de estabilidad presupuestaria—, no vayan a ajustarse al 1,3%. Es decir, la ministra no dice lo que el titular afirma que dice.

Me molesta, además, porque, sin necesidad de manipular las declaraciones, el asunto es lo suficientemente grave —aunque bastante usual, por cierto—. Esas declaraciones, sumadas a los datos que se dan en el artículo son la prueba, en realidad, de que la ministra sabe perfectamente que van a presentar una ficción. Que los recortes adicionales los hará como sea y los sacará de cualquier lado, porque espera no tener que aplicarlos, una vez se dé vía libre a la reforma de la ley. Que, para entendernos, los presupuestos que van a sacarse de la manga son como la tesis del presidente, algo para justificar el expediente.

Como sabemos, lo de los presupuestos no suele tomarse con suficiente seriedad en este país nuestro. Y he leído que hay quien dice que lo de Montero no es muy diferente de lo de Montoro. Sí, una vez ejecutados los presupuestos —considerando la naturaleza de predicción que se contiene en una ley así, ya que depende de estimaciones— resulta que siempre el déficit superior al previsto, nunca inferior.  Ya es mala suerte. Ahora bien, en esto de las comparaciones entre monteros y montoros, yo solo quiero recordar la desviación del último Gobierno de Zapatero: en 2011 —ya llevábamos tres años de crisis, no había sorpresa—, el compromiso era de un 6 %. A finales de noviembre de 2011 aún insistían en que lo iban a cumplir. Vean:

El déficit no fue dos puntos superior al comprometido en los presupuestos como dice Soraya Sáenz de Santamaría en el vídeo. Fue de un 3,64 % superior.

La ministra Salgado, socialista, a punto de irse, mentía a la nación y ocultaba una monstruosa desviación en el déficit.

Por eso me acojona tanto ver a la ministra Montero presumiendo, casi de chufla, de lo fácil que es gastar de más si se puede. Porque, cuando no podían, y cuando juraban que estaban cumpliendo, mentían como bellacos dilapidando el dinero de los españoles.

 

Experimento politonal mesetario

 

Me cuenta un amigo que, hace muchos años, estaba en misa en un pueblo de Guadalajara. En un momento determinado, según su propia narración, dos grupos de ancianas se arrancaron a cantar, pero sin acertar con la canción que tocaba. Un grupo empezó «Una espiga dorada por el sol», mientras que el otro le dio a «Qué alegría cuando me dijeron». Eso sí, las cantinelas las interpretaron cuadrando los tempos, con lo que lograron un prodigio musical. Me dice mi amigo que, no solo descubrió que las canciones eran compatibles, sino que vivió algo parecido a un satori de proporciones rústico-cósmicas.

Gandules como somos, aprovechamos cualquier oportunidad para la procrastinación. Así que rápidamente he buscado las canciones para comprobar la veracidad del relato. Pónganlas a la vez:

Lagrimones me caían hace un rato.

Por cierto, esto me ha recordado lo que contaba Charles Ives sobre el origen del segundo movimiento de una de sus más famosas obras: Three Places in New England. Al parecer, intentó reproducir la sensación que le había producido escuchar simultáneamente dos obras en dos tonalidades diferentes a dos bandas que se alejaban y acercaban. Se trata, por otra parte, de un procedimiento muy típico del gran compositor norteamericano. Disfruten la obra:

 

Los Franco

 

Esta noticia es un monumento al dislate.

1.- El titular:

Es falso. Y no crean que lo sé porque soy omnisciente. Lo sé porque leo la noticia. Resulta que esas estatuas fueron retiradas en el siglo XVI cuando se sustituyó la parte del Pórtico que daba al exterior por la fachada actual. De hecho, al menos una de las estatuas del conjunto que se conserva está en manos privadas (la noticia no explica quién es su dueño, a lo mejor es una empresa de saneamientos y daría para un buen titular).

Los Franco poseen dos estatuas. Ellos dicen que compradas; el Ayuntamiento de Santiago dice que la mujer del dictador se las llevó por el morro. Ojo, el Ayuntamiento de Santiago había, se supone, comprado las estatuas en 1948, no crean que su propiedad es inmemorial. Los Franco dicen, además, que han adquirido por prescripción. Por el transcurso del tiempo, vamos. No puedo dar una opinión sobre el asunto de fondo, porque no lo conozco con el detalle suficiente, pero para eso están los jueces.

El asunto es que el titular dice que «los Franco» «ocultan» estatuas en «una inmobiliaria». Todo eso es mentira. «Los Franco» son siete herederos. Uno de ellos traspasó sus derechos (no sabemos si todos los derechos hereditarios o una parte o, más específicamente, una cuota parte de propiedad sobre las estatuas) a una sociedad. No sabemos cómo lo ha hecho, ya que se me ocurren varias fórmulas, pero a lo que importa, resulta que solo un Franco de siete ha traspasado algo (lo que provoca el retraso ya que hay que sustituir a una parte en el pleito).

También es mentira que «los Franco» oculten nada. Y, menos aún, «en su inmobiliaria». Lees la noticia y parece que las estatuas están en el sótano de «Pisos y fincas Franco, S.L.» y que nos acabamos de enterar de su existencia, cuando por lo que veo se sabe desde el primer momento que esas estatuas se las había llevado Carmen Polo y que están en el Pazo de Meirás.

2.- La entradilla:

Como ya he dicho, la propia noticia explica que «los Franco», transmutados en una séptima parte de «los Franco» aka «un nieto» solo una línea más abajo, no han traspasado las estatuas. Todo lo más habrán traspasado una séptima parte de las estatuas, si no ha sucedido que en realidad se ha traspasado una séptima parte de toda la herencia, lo que haría aún más falsa la entradilla.

3.- El descojone, digo el cuerpo de la noticia:

Es el descojone porque vean:

No me digan que no es para desbolarse imaginar al maestro Mateo no pudiéndose imaginar que dos de sus esculturas (ya sabemos que esto es mentira, pero a ver) terminarían en Prístina, S.L., una inmobiliaria propiedad de Francis Franco, nieto del dictador Francisco Franco. Aunque, considerando que el maestro Mateo vivió en el siglo XII, fijo que alucinaría imaginándose que el heredero de un mandamás fuese citado ante un plebeyo para responder por la adquisición de unas estatuas esculpidas por él.

Y no me digan que no tiene gracia que el periodista nos comunique que el juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de Madrid, al igual que el maestro Mateo, tampoco sabía que un señor había traspasado derechos sobre unos bienes muebles a una sociedad.

Digamos que la retórica del periodista es descojonantemente deficiente.

¿Y esto? ¿Qué me dicen de esto?

¿Y esto?

Puestos a decir gilipolleces, mejor haber dejado la ausencia de profecía en boca de las estatuas. Una de ellas seguro que era un profeta.

Bondad automática

 

Esta noticia es espeluznante.

¿Deben ver a sus hijos los padres incursos en juicios de violencia machista?

Expertos y ONG han redactado un borrador de la Ley frente a la Violencia contra la Infancia en el que proponen que se prohíba por ley “el establecimiento de ningún régimen de estancia, relación o comunicación” con hijos menores a los progenitores condenados o acusados de cualquier delito relacionado con la violencia de género.

Para que entiendan la medida, si se extiende tal y como se propone por esos «expertos y ONG» (según el medio), la consecuencia es que un padre investigado por maltrato puede que esté incluso años sin relacionarse con sus hijos.

Eso sí:

“Lo principal es que no se ponga en riesgo la vida de los niños. Si luego resulta que la persona no es condenada se vuelven a retomar las vistas, pero lo mas importante es evitar el mal mayor, que es perder la vida”.

Claro, años más tarde, cuando la relación del padre con su hijo o hijos está completamente rota, la idea es que se puedan «retomar las visitas». Como si no se pagase un precio.

¿Por qué la prohibición, es decir, el automatismo? Porque los jueces valoran los casos concretos y, pese a estar obligados a investigar si hay indicios, a menudo aprecian que no hay riesgo respecto de los hijos. Y no condenan a los hijos cautelarmente a no ver a sus padres.

¿Por qué pasa esto? No porque los jueces hagan su trabajo —cometiendo errores, por supuesto, porque no son infalibles—, sino porque no cuentan con «perspectiva de género», se nos dice.

Esta medida es un ejemplo de esa perspectiva. Perspectiva de género equivale a establecer presunciones legales incompatibles con la civilización y, por cierto, con el conocimiento de las cosas. Equivale a provocar cambios fácticos gravísimos en la situación de decenas de miles de personas mediante un automatismo legal: la denuncia equivale a una condena anticipada. Hoy, los jueces, al igual que pueden decretar una prisión preventiva pueden establecer cualquier medida de protección respecto de mujeres denunciantes y respecto de los hijos menores (incluso sin denuncia). Pero a la iglesia de la perspectiva de género no le basta: no confía en que los jueces juzguen y prefieren el privilegio. La ley privada para las mujeres, como lo fue el derecho de pernada para los aristócratas. Las mujeres, seres superiores, decidirán, simplemente denunciando, cuál será el futuro inmediato de los denunciados, esos plebeyos, respecto de sus hijos.

Así estamos.

Llevo dos días trabajando en una demanda de modificación de medidas. Les voy a contar algunas cosas sobre ella, con permiso de mi cliente.

Un hombre —mi cliente—  y una mujer tienen una hija, menor de edad. Surgen problemas entre ellos, que no voy a contar, porque no viene al caso y por no crear prejuicios al que lea esto. El caso es que terminan yendo a abogados que presentan demandas. Ella además presenta una denuncia: amenazas, agresiones e incluso agresión sexual. Lo detiene la policía y pasa dos días en un calabozo. Él es muy cuidadoso. Lo anota todo. Lo guarda todo. Lo graba todo. Por suerte, las enormes inconsistencias de ella —y las mentiras— dan lugar a un sobreseimiento inmediato, pese a la gravedad de las acusaciones. Recurre en apelación. La audiencia confirma el archivo. Viven en la misma casa, en habitaciones separadas; pero ella se mete en la cama de él, lo empuja, lo provoca. Él conserva la calma, mientras lo graba todo. Poco tiempo después, unos amigos de ella, a la que creen una víctima, pegan a mi cliente. Mi cliente denuncia y obtiene una sentencia condenatoria contra los agresores. Sigue: la mujer termina marchándose de la vivienda familiar, pero llevándose a la niña con ella e impide al padre que la vea. Presentamos una denuncia por secuestro, a sabiendas de que no prosperará, ya que el conflicto está judicializado. Se archiva la denuncia, pero el padre durante dos meses no ve a su hija. Las pocas veces que logra hablar con ella, la niña carga al padre de reproches: que ya no la quiere, que la ha abandonado. El padre es incapaz de explicar a su hija que tiene que esperar a un juicio que tarda en celebrarse diez meses. Mientras tanto, ella le comunica al padre que puede recoger a la niña: es una trampa. Pretende aprovechar ese momento y provocar un nuevo conflicto. Él lo graba todo y va acompañado de testigos. Ella denuncia, pero el procedimiento se abre y se cierra cuando la fiscal comprueba, por las declaraciones de los testigos y las grabaciones, que la denuncia es una burda mentira, tras «aconsejar» a la madre que retire la denuncia antes de que el asunto pueda perjudicarla. Él se niega a denunciarla por denuncia falsa, a pesar de que en las resoluciones constan los elementos de su falsedad, porque no quiere estropear la mínima posibilidad de establecimiento de un régimen civilizado. Dos denuncias, ambas objetivamente falsas, de esas que no aparecen en las estadísticas de denuncias falsas. Se celebra el juicio por la custodia. Mi cliente ha pedido la custodia para él y, en su defecto, la custodia compartida. Juez y fiscal, ambas mujeres, «abroncan» a la madre, que miente manifiestamente en el juicio, reconociendo los esfuerzos del padre por mantener el contacto con su hija y ocuparse de ella, pese a las maniobras de la madre. A pesar de dos denuncias previas por maltrato, se acuerda un régimen de custodia compartida.

Hoy, más de un año después, y tras aguantar —por mi consejo— incumplimientos constantes del régimen por la madre, además de tras una serie de episodios que no voy a contar, mi cliente va a pedir la custodia para él. Él es un padre responsable y cariñoso. Su hija tiene un hogar estable cuando está con él. Ella es irresponsable y está perjudicando gravemente a su hija, que quiere vivir solo con su padre.

En todo caso, y esta es la moraleja, si esa reforma propuesta estuviese en vigor, si mi cliente no hubiera sido tan cuidadoso y si la madre hubiese sido más habilidosa,  lo normal habría sido que esas denuncias no se hubiesen archivado de plano, sino que se hubiesen abierto procedimientos que quizás más tarde habrían dado lugar a absoluciones (o no, vayan ustedes a saber, que la declaración de la «víctima» puede ser prueba de cargo). En todo caso, mi cliente, en vez de estar separado dos meses de su hija, con la que hoy tiene una relación estupenda, lo habría estado por imposición legal durante todo el tiempo que hubieran tardado en juzgar al padre y dictar una sentencia firme (es decir, incluyendo los recursos). No puedo prever las consecuencias; solo sé que es terrible que se pretenda hacer pasar a decenas de miles de personas por esto, por el hecho de que unos pocos padres maten a sus hijos. Queremos destruir la libertad, supuestamente para asegurar el bien, cuando no hay mayor bien que la libertad. De hecho, la gente arriesga su vida para ser libre. Si, como dice el «experto», lo principal es asegurar la vida de los niños y para ello tenemos que obrar de una manera tan desmesuradamente injusta, casi es mejor prohibir a los hombres, a todos ellos, relacionarse con sus hijos. Así solo morirían asesinados unos pocos niños a manos de sus madres, aunque, ya lo sabemos, siempre como consecuencia de algún trastorno mental, nunca por un acto perverso.

La voracidad de la iglesia de la perspectiva de género es insaciable. Más vale que nos conjuremos para detener esta deriva liberticida.

 

Usera

 

Hoy, aprovechando que tenía que ir a la comisaría de Usera, he dado una vuelta por mi viejo barrio. Viví allí desde 1970 hasta 1982, desde mis cinco a mis diecisiete años, cuando nos cambiamos al Parque de las Avenidas. Prácticamente no había vuelto, salvo de manera fugaz. Hoy es el barrio chino de Madrid. Los negocios de entonces han desaparecido, aunque sigue habiendo muchos bares. Supongo que muy pocos de sus actuales habitantes sabrán dónde estaban sus tres cines, cerrados hace más de treinta años.

La zona nueva —para mí— está situada justo en lo que, entonces era lo peor del barrio. Hoy el descampado en el que jugábamos al fútbol, usando las carteras del colegio para formar las porterías —partidos siempre inacabados, porque venían a robarnos los críos de las chabolas y teníamos que salir de naja—, es un parque rodeado por la administración: allí cerca están la comisaría, la junta de distrito, el centro de salud, la biblioteca, el colegio, el polideportivo y el campo de rugby.

He pasado por calles que recorrí miles de veces, de niño. He parado delante del portal de mi vieja casa y he visto de nuevo las vallas del colegio en el que estudié cinco años. El barrio no ha cambiado demasiado. Solo ha encogido. Esta es una sensación común. Los recuerdos de niño siempre encogen cuando te haces mayor. Es como volver de Nueva York y entrar en Madrid. Todo te parece minúsculo, hasta que la costumbre nos recupera. Ha encogido todo salvo las aceras de su calle principal, ampliadas hace años. También imagino que los actuales habitantes del barrio pensarán que estoy chiflado si les cuento que la calle de Marcelo Usera fue, en los setenta y los primeros ochenta, una de las calles más comerciales de Madrid, un lugar en el que había peleas para conseguir un local.

Hace décadas que salí de allí. He vivido más tarde en zonas muy diferentes, pero creo que sigo «siendo» de barrio. No siento nostalgia. No me gustó vivir allí, ni me gustaría volver. Lo extraño es que, en cierto sentido, esta mañana haya estado en casa.

Me ha atendido un amable y muy joven agente de policía. Por su acento, diría que andaluz. He estado a punto de comentarle: aquí, donde estamos sentados, hace cuarenta años, solo había barro, basura y chabolas. Pero se me ha pasado enseguida.

 

Identificando a los enemigos del pueblo

 

He estado escuchando, estupefacto, la comparecencia de la ministra de Justicia en la Comisión de Justicia del Congreso.

Sus declaraciones son escandalosas.

Se ha referido genéricamente a los audios de Villarejo como audios obtenidos ilegalmente. Esta afirmación es discutible. Puede que sí, puede que no. Hay audios que se han admitido como prueba incluso en procedimientos penales (por ejemplo en el juicio de Gürtel). Considerando al sujeto, no obstante, es perfectamente posible que muchos sean ilegales, pero no debería explicar los 20 teras de garabaciones. Basta con que explique las grabaciones en las que aparece ella.

Como esas grabaciones son impresentables y no tienen defensa, la ministra ha decidido no entrar en su contenido, argumentando que esto supondría hacerle el juego al chantajista y a la derecha, extrema derecha y extrema extrema derecha (estupidez que debe considerar afortunada, ya que la ha repetido en varias ocasiones y que es el resultado hilarante de la necesidad de adjetivar a la extrema derecha cuando de verdad aparece).

En una conducta conocida, pillada en falta ha decidido embestir contra todo el mundo afirmando sandeces como las siguientes:

1.- Que los audios pretenden condicionar la acción del ejecutivo, porque son un chantaje al Estado a través de ella, a la que se ataca porque es ministra, y con la finalidad de impedir que el Gobierno trabaje por el bienestar de los españoles y la convivencia. 

Es una sandez porque lo que pretende Villarejo no es condicionar la acción del Gobierno sino salir bien parado. ¡Ella misma lo admite más tarde cuando deja constancia de que Villarejo ha advertido en sede judicial de que el material informático que posee contiene información sensible que afectaría la seguridad del Estado, a las altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros!

3.- Que Villarejo es un presunto delincuente, investigado por catorce delitos que pretende extorsionar al Estado para salir de la cárcel. Ha insistido en esto, citando un escrito de la fiscalía anticorrupción en la que se califica la actividad de «Villarejo y sus consortes criminales» como un fiel reflejo de la corrupción que infectó durante años a un grupo de mandos de la policía nacional, una mafia —un clan— que no dudaba en utilizar informaciones comprometedoras para comerciar con terceros y así garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas. 

Todo esto es extraordinario: ¡eso es precisamente lo que Villarejo le cuenta a la hoy ministra —entonces fiscal— en esa comida: que obtenía información y se dedicaba al chantaje con ella!

4.- Que ellas es una víctima por partida doble. Como ministra del Gobierno, porque un miembro de las cloacas del Estado pretende a través de ella, desestabilizar al Gobierno  para obtener una ventaja procesal y por la interesada utilización de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha para evitar que se lleve a cabo la agenda reformista y de regeneración democrática  del Gobierno.

Es extraordinario: es una víctima porque se usa contra ella un hecho de su biografía que demuestra una preocupante cercanía con personas a la que la misma ministra califica hoy como presunto delincuente, como miembro de las cloacas, de la mafia policial.

¿Seguro que es una víctima por partida doble?

5.- Que Villarejo estuvo prestando servicios para Eugenio Pino (al que el exministro Catalá otorgó una medalla por sus méritos); que el exministro Fernández Díaz permitió a Villarejo que compatibilizase su actividad policial y privada; que participó en lo que ha llamado la «operación Cataluña», donde también participaron personas relevantes del PP, como Alicia Sánchez Camacho y Jorge Moragas, una operación dirigida a fabricar investigaciones fraudulentas contra sus adversarios políticos. A todas estas personas, que también se dedicaron a fabricar pruebas contra Podemos, las ha calificado de brigada patriótica.  

Todo esto lo ha resumido en este argumento: que, después de haber alimentado lo que ha llamado cloaca, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha se atreven a usar contra ella las actividades que ellos mismos fomentaron y aplaudieron sin rubor alguno.

Dejando de lado las generalizaciones y el ventilador —bien utilizado por los secesionistas, los amigos de los terroristas y los antisistema y que olvida los años de Gobierno socialista—, lo asombroso es que todo eso que afirma de ese monstruo demoníaco llamado Villarejo es eso de lo que Villarejo presumía en esa comida. Esa actividad ilegal que tanta gracia le hacía entonces a la ministra.

¿Se puede tener más jeta?

6.- Que el Gobierno no se va a dejar chantajear, ni va a aceptar amenazas de las cloacas ni de los que le hacen el juego sucio, de los que crean un lodazal que quiere acabar con el Gobierno decente de Pedro Sánchez, que precisamente pretende limpiar el lodazal de corrupción en que nos estábamos moviendo.

Fastuoso: pedirle responsabilidad por sus mentiras (mintió, mintió y mintió) y por su comportamiento equivale a ceder al chantaje.

Sin embargo, usemos la lógica y sus palabras: si el chantaje pretende que Villarejo salga de prisión, el chantaje no tiene éxito si la ministra dimite, se designa ministro a alguien que no compartiese chistes con ese peligroso y repugnante sujeto, y Villarejo sigue en prisión. ¿Es fácil, verdad?

7.- Ha recordado su currículum: contra ETA, contra el terrorismo yihadista; contra el narcotráfico. Nos ha contado sus operaciones sobre el terreno, que ha llevado escolta durante años, que ha logrado juzgar a torturadores argentinos, evitar atentados y mantener a Falciani en España y con ello que el Estado recuperase millones de euros en impuestos. Más aún, ha afirmado que lo que se pretende es desacreditar la carrera de una  mujer, que por sí misma, merced a su esfuerzo, trabajo y dedicación ha obtenido importantes logros, sin tener a ningún hombre, ni al lado, ni delante, ni detrás. Sí, lo ha hecho para explicar por qué las amenazas no podrán acabar con ella o para explicar que no es una marioneta de nadie.

Como tantos otros antes, la ministra ha decidido escudarse en su biografía y, como tantas otras antes, ha decidido escudarse en su condición de mujer.

Pero no se pide su dimisión por su carrera profesional. Ni por su trabajo en la Audiencia Nacional.

Ella, como fiscal, lo sabe perfectamente. Como fiscal habrá rechazado las alegaciones, en juicio, de los acusadores o de los defensores sobre el carácter de un acusado, sobre los hechos de su biografía que no son objeto de juicio.

Hoy es a ella la que se somete a un juicio político por unos hechos concretos. Y si ser un buen padre de familia durante décadas no absuelve a alguien que un día degüella a su mujer y a sus hijos, su trabajo profesional autodescrito como propio de una superheroína tampoco la absuelven a ella de los hechos concretos que hacen inexcusable su dimisión.

Y tampoco la absuelve la excusa persecutoria: no es un ataque contra mí, sino contra el Gobierno reformista, contra el bienestar de los españoles, contra la perspectiva de género, contra el bien, contra la patria progresista.

La patria, ya sabemos, es el último refugio de los canallas. Por eso, hay que tener mucho cuidado cuando nos refugiamos detrás de una bandera; la que sea. Para que no te confundan con uno.

 

Chantaje es cualquier cosa que me permita seguir en el cargo

 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha respondido hoy a dos preguntas de diputados del Congreso: una sobre la razón por la que la ministra está en posición de ser chantajeada, la segunda sobre la obligación de los ciudadanos de denunciar los delitos.

Las intervenciones de la ministra, fiscal de carrera, son deleznables.

En cuanto a la primera pregunta, su respuesta —tras indicar inicialmente que ella no se siente chantajeada por nadie— es ilógica, arbitraria, mendaz y victimista.

El chantaje consiste en una presión ilícita sobre alguien que se basa en la amenaza (normalmente la amenaza de una revelación que pueda ser perjudicial de alguna forma) y que se dirige a obtener algo del amenazado.

La víctima del chantaje es el amenazado, en primer lugar. Puede serlo también aquella persona que se vea afectada personalmente en caso de que la amenaza se cumpla: por ejemplo, al que amenazan con publicar algo que afecte a un miembro de su familia lo consideramos víctima —si no lo fuera, la amenaza sería vana—; tan víctima como dicha persona afectada por eso que se pretende publicar.

Apliquemos esto al discurso de la ministra. La ministra afirma:

«Lo que no se puede hacer es la utilización política de un chantaje al Estado»

Si el comisario Villarejo pretende obtener beneficios ilícitos en sus procedimientos penales amenazando a personas relevantes que ocupan o han ocupado cargos de importancia, no está chantajeando al Estado. Está chantajeando a esas personas. De hecho, la publicación y revelación de informaciones ciertas y relevantes sobre esas personas susceptibles de ser chantajeadas no solo no es perniciosa para el Estado, sino que es beneficiosa.

La ministra confunde el Estado con personas que puedan estar administrando la cosa pública y aplica una lógica falsa e interesada. Por eso, el salto siguiente es inadmisible:

«[un chantaje] del que en este caso yo, como podría ser cualquier otro, es víctima»

Efectivamente, ella es víctima de una amenaza ejecutada, pero no se le piden responsabilidades por esa condición. Villarejo está enseñando munición para provocar el miedo en otros, en los que no aparecen. Las víctimas de esos otros chantajes nos son aún desconocidas, pero no son el Estado. De hecho, y en un sentido muy concreto —Napoleón decía que la amenaza es mucho más fuerte que su ejecución—, las revelaciones sobre la ministra ya no son un chantaje, puesto que la amenaza se ha llevado a efecto (salvo, claro está, que haya más munición contra la propia ministra).

El problema para la ministra, por tanto, ya no es Villarejo y su chantaje (más o menos estructurado) a terceros: el problema es que no puede ser ministra de Justicia del Gobierno de España una fiscal que ha mentido tantas veces como ha rectificado (salvo una, de momento) y que, en una reunión con un comisario charla amigablemente dando a entender que jueces del Tribunal Supremo, en un viaje al extranjero, usan menores como prostitutas y que se ríe de la confesión de una red de extorsión a terceros por «vía vaginal».

Por tanto, cuando la ministra dice …

«Lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es admitir ese chantaje».

… dice bien, pero olvida que su dimisión no supone admitir chantaje alguno, sino aplicar un estándar ético mucho más bajo del que el propio presidente del Gobierno del que forma parte dice exigir (aunque ya sabemos que no se lo aplica a sí mismo).

La mendacidad de su discurso alcanza cotas heroicas cuando afirma:

«Y otra cosa, revictimizar a la víctima del chantaje, porque yo soy víctima de ese chantaje».

Según esa lógica, si un chantajista amenaza a un asesino con descubrirlo, la única manera de evitar que el asesino se «revictimice» es que el Estado ignore el asesinato si este sale a la luz finalmente.

La lógica de la ministra se resume en: yo no respondo de mis actos cuando se utilizan ilícita e interesadamente por otros. Esa lógica simplemente blindaría al embustero, al corrupto y al criminal. Los convertiría en una especie de «delincuentes» protegidos como esos que pactan inmunidad a cambio de su testimonio.

No. No queremos ministros que crean que existe un pacto de inmunidad por el hecho de que haya gentuza que quiera usar contra ellos su pasado. La sociedad tiene derecho a analizar ese pasado y juzgar; y esto es independiente del juicio que merezca el chantajista.

También es posible que lo que suceda es que la ministra no entienda el significado de la palabra chantaje, ya que afirma:

«Chantajear es difamar»

«Chantajear es vertir [sic] mentiras»

«Es expandir grabaciones ilegales»

«Es expandir conversaciones manipuladas»

«Es hacer que la coherencia y los principios de una determinada persona pueda verse mancillada»

Es verdaderamente notable que la ministra ponga tantos ejemplos de lo que es supuestamente chantajear y ni uno solo de ellos, por sí solo, lo sea realmente. El clímax de esa serie mendaz, sin embargo, es este:

«Pero sabe también qué es chantajear: hacer y seguir la lógica política que el chantajista quiere, entrar en un lodazal político que no conduce a ningún sitio, pero saben por qué tienen que entrar en ese lodazal político: porque no tienen oposición, porque no hicieron gobierno en su momento, porque no trabajaron por España, porque estaban preocupados por una corrupción sistémica, porque estaban en descomposición. Y ahora ustedes se encuentran enfrente un Gobierno socialista que está dando respuestas en cuatro meses solo de Gobierno a los españoles en todos los ámbitos de este Gobierno. Por tanto, señor Maroto lecciones las justas.»

Es muy divertido lo de la «lógica política» del chantajista. Por lo visto, todos los que creemos que la ministra debe responder de sus actos somos también chantajistas. Por entrar en un «lodazal político», esa metáfora liberadora que encubre la huida hacia delante de una funcionaria pública que tenía y tiene como fundamental misión el cumplimiento de la ley y la persecución de los delitos, y a la que descubrimos haciendo chanzas con un tipo que debía dedicarse a lo mismo, pero que reconoce montar prostíbulos para obtener información «sensible» con la que chantajear a terceros.

Y es muy divertido que su parapeto ya no sea el Estado, sino la plebeya por lastimosa invocación de España y de los intereses de los españoles, por fin en la manos correctas, las del Gobierno socialista. En suma, la patética excusa de todos los tiranos que en el mundo han sido.

Este lamentable comportamiento se ha agudizado después. Cuando se ha preguntado a la ministra si considera que todo ciudadano tiene el deber de denunciar un delito del que tenga conocimiento ha comenzado afirmando que podía dar una clase sobre el particular. Ya lo suponemos: es fiscal; pero más tarde, tras la intervención del diputado Bermúdez de Castro, ha respondido con la peor respuesta posible desde el punto de vista de un ciudadano: que los que ahora se lo reprochan no lo hicieron antes.

Más aún, esto es especialmente inadmisible en el caso de quien era fiscal cuando se graban esas conversaciones, de quien entonces no era ministro y de quien estaba especialmente obligado a no comportarse como lo hizo. Es de tal entidad ese deber, que el artículo 1 —sí, el primero— del Estatuto del Ministerio Fiscal afirma:

«El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.»

Recordemos.

Dimita ya, señora ministra. Tranquila: no queremos que el chantajista obtenga ningún beneficio de su chantaje, sino que pague —también— por él. Y por eso también, nadie que haya compadreado con el chantajista debe seguir en un puesto de tan enorme responsabilidad. Porque, aunque no lo parezca, es usted ministra de Justicia.

 

Casado y el Tribunal Supremo

 

La exposición razonada de la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid solicitaba al Tribunal Supremo que se hiciera cargo de una de las piezas separadas de las diligencias previas abiertas en dicho juzgado —como consecuencia del caso del máster de Cristina Cifuentes y el descubrimiento del «chiringuito» del catedrático Enrique Álvarez Conde en la Universidad Rey Juan Carlos—.

La magistrada sostenía que su instrucción ya no podía continuar al afectar a una persona aforada, el diputado del PP, Pablo Casado, y, al ser los hechos inescindibles, el Supremo se tendría que hacer cargo de la instrucción relativa a dicho diputado y a los demás investigados.

Esto suponía practicar una serie de diligencias —declaración de Casado, requerimiento para la entrega de un ordenador portátil que decía conservar en el que aún permanecerían los archivos de los trabajos del máster y, en general, de cualquier documento que acreditase que efectivamente realizó algún tipo de trabajo académico—, de forma que, una vez realizadas, se decidiese si procedía la transformación en procedimiento abreviado contra todos o algunos de los investigados o el sobreseimiento.

Para ello, naturalmente, resultaba imprescindible que Casado fuese investigado.

El Tribunal Supremo ha dicho que no. Veamos los argumentos y, de paso, les voy dando mi opinión.

1.- A Casado se le abriría investigación como se ha hecho con otras cuatro personas del grupo de los «privilegiados».

Para entender esto hay que tener en cuenta que el Master Oficial en Derecho Autonómico y Local que se impartía en el Instituto dirigido por Álvarez Conde, en principio constaba de 60 créditos de un total de 22 asignaturas. El máster era presencial en su planteamiento original, pero además lo fue efectivamente para los alumnos «normales», que estuvieron seis meses asistiendo cuatro horas diarias de lunes a jueves (y esa asistencia se tenía en cuenta a la hora de evaluar las asignaturas). Para evaluar se establecía también una puntuación basada en exámenes escritos y resolución de casos prácticos. Los alumnos «normales» han presentado una documentación abrumadora —según palabras de la magistrada— que incluye diferentes versiones de los trabajos que se iban realizando con las correcciones y observaciones de los profesores (todo por correo electrónico).

A lo anterior hay que añadir que los alumnos «normales» tuvieron que asistir a todas las asignaturas. Es decir, que no se beneficiaron de ninguna convalidación, cuando, de hecho, podrían haber convalidado, en la mayoría de los casos, 40 créditos, ya que eran licenciados. Esto les supuso, como es lógico, pagar el máster íntegramente.

Los alumnos «privilegiados» se caracterizan por:

a) Haber convalidado (en un proceso legal y, en el caso de Casado, por ejemplo, más justificado, ya que era licenciado en derecho, 40 créditos, es decir 2/3 del máster). Esto les suponía solo cursar 4 de las 22 asignaturas (una de ellas tiene 12 créditos). Para que la convalidación tuviese lugar era preciso que se solicitase y se aportase una serie de documentos.

b) No haber asistido a clase.

c) No haber aportado ningún trabajo de ningún tipo. De hecho no han sido capaces de aportar ni un mísero correo electrónico. En uno de los casos, incluso se reconoce abiertamente que desde el primer día se le dijo por Álvarez Conde que no tenía que hacer nada de nada para aprobar esas cuatro asignaturas. Los otros dos investigados que han declarado no conservan nada y entregaban los trabajos en mano, pese a vivir, una de ellas, en Valencia.

d) Haber tenido supuestamente conocimiento oficial de la convalidación de esos 40 créditos solo 15 días antes de que fueran calificados en las restantes asignaturas —salvo una—, lo que solo les dejaba un margen muy pequeño para realizar trabajo académico alguno.

e) Coincidir precisamente (tras la convalidación) en asignaturas impartidas por los profesores investigados (en un patrón que, además, se repite en cursos posteriores).

f) Haber obtenido sobresaliente en las cuatro asignaturas.

g) Pese a existir un plazo de mes y medio para solicitar la convalidación de las asignaturas, tres de las cuatro solicitudes se efectúan el mismo día (de hecho se redactan por una misma persona, una de las investigadas); la de Pablo Casado se presenta cinco días después (la magistrada, en la pág. 23 de la Exposición razonada dice que son simultáneas, cuando no lo son); la última se presenta después de la propuesta de reconocimiento, lo que es obviamente imposible y da a entender la existencia de algún tipo de manipulación.

h) No haber sido convocados a la defensa de un trabajo de fin de máster al que sí son convocados los demás alumnos, aunque al final materialmente no tuviera lugar.

i) Todos ellos presentan características especiales: son alumnos importantes (por el trabajo que realizan para Álvarez Conde) o personas de peso en algún partido político o administración.

Como puede observarse, la calificación de este grupo como alumnos «privilegiados» está más que justificada.

2.- Los delitos que se imputan son cohecho pasivo impropio y prevaricación administrativa.

A) El cohecho consiste en la aceptación por una autoridad o funcionario de un regalo que se efectúa en consideración precisamente al hecho de que esa autoridad o funcionario lo sea (es decir, no es necesario que el regalo se efectúe para obtener «algo en concreto»).

La magistrada dice que el máster es un regalo que se efectúa a Casado porque es diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP (partido gobernante de la CAM en aquel momento).

Este delito está prescrito desde hace ya muchos años, sin duda, por lo que carecería de sentido abrir causa por él, salvo que exista concurso con otro delito que tenga un plazo de prescripción mayor (por tanto, sin prevaricación no hay causa). El Tribunal Supremo ha añadido, en su resolución, que la exposición no razona la relación entre las funciones de un diputado autonómico y el regalo. Coincido. El cargo de Casado en el PP no lo convierte en autoridad o funcionario (he leído algunas derivaciones sobre relaciones de Casado con la Consejería de Justicia, pero están tan llenas de saltos que son indefendibles: de hecho, es posible que el favor se hiciera en consideración a la condición de funcionario o autoridad de un tercero, lo que plantea problemas indudables a la hora de defender la comisión del delito).

También, como es obvio, que el delito esté prescrito implica que no se puede perseguir, no que los hechos sean falsos.

B) La prevaricación resulta de la resolución administrativa que otorga un título oficial a quien no ha cumplido los requisitos para obtenerla.

La prevaricación la comete el funcionario, pero aquel que no reúne la condición de funcionario (extraneus) debe responder también cuando sea inductor o cooperador necesario.

No hay en la causa ni sospechas ni indicios de que los investigados sean inductores (de hecho, lo sensato es entender que la «idea» nace en el ámbito universitario, lugar en el que se crea el chiringuito que se investiga).

Sin embargo, la magistrada sí cree que los investigados (entre ellos, Casado) son cooperadores necesarios y expone sus razones.

Para que se entienda, la cooperación necesaria exige —de manera simplificada a los efectos de lo que aquí se discute— que el cooperador realice actos sin los que el delito no podría haberse ejecutado, pero que, además, esos actos no sean neutros, cotidianos, normales o propios de otro en su misma situación, sino que revelen una finalidad delictiva o un encaje con el plan delictivo del autor aumentando el riesgo de que el bien jurídico protegido se vea dañado. Lógicamente, la cooperación exige además que haya un concierto de voluntades criminales entre el autor y el cooperador y que en el cooperador concurra un doble dolo: tiene que conocer el plan criminal y tiene que saber que con los actos que aporta favorece ese plan criminal.

El Tribunal Supremo discrepa de la magistrada por las siguientes razones:

1.- Matricularse, pagar las tasas, aportar la documentación para la convalidación y solicitarla son actos neutros. De hecho, algunos de ellos los hacen otros alumnos del máster. Y, en el caso de la convalidación, la propia magistrada concluye que el proceso fue legal (aunque resulte sorprendente la manga ancha de la universidad).

Y, se nos dice, además de neutros no demuestran el acuerdo de voluntades.

Efectivamente, esto es así. Incluso en el caso más llamativo: la solicitud de convalidación. Por eso, el Tribunal Supremo, en una expresión que comprendo que sorprenda, afirma que puede haber trato de favor sin que haya delito. Imaginemos que solo a los «privilegiados» se les sopla que pueden fumarse 2/3 del máster y pagar menos. Es el caso del que conoce una regulación muy específica o los entresijos de una administración. No puede ser delito solicitar algo legal. Incluso hacerlo el mismo día o usando el mismo formulario. Incluso hacerlo a instancias de quién ha de hacer la propuesta.

Dicho esto, luego añadiré por qué sí pueden ser hechos relevantes.

2.- Solicitar el título, recogerlo y usarlo, no puede ser un acto de cooperación porque son actos posteriores al delito. Es una obviedad y, por eso, extraña que la magistrada incluyera esta referencia.

3.- No asistir a clase, nos dice el Tribunal Supremo, ni acreditar que se hayan hechos los restantes trabajos que permiten la calificación es algo imputable al que valora la asignatura, aunque el alumno se beneficie, por lo que no demuestra el acuerdo de voluntades.

En principio, podría ser así. Imaginemos que los alumnos se matriculan en un máster, que piden una convalidación (porque les soplan que existe) y que luego deciden no asistir, ni entregar un solo trabajo. Y que más tarde reciben un título porque el profesor, que ya les ha favorecido con ese soplo inicial que facilitaba enormemente la obtención del título, aunque ve que ni asisten, decide añadir a los favores previos la concesión del máster.

4.- El TS no valora la declaración inculpatoria de una investigada, que «canta». No me parece mal. Esa investigada es especial por partida doble, ya que trabajaba codo con codo con el principal investigado, y fue despedida por pedir una baja maternal. Sorprendentemente, la magistrada excluye un móvil espurio simplemente por el hecho de que no afirme nada sobre el resto de investigados.

Ahora es cuando llegamos, en mi opinión, al aspecto más discutible del auto del Tribunal Supremo.

A ver si logro explicarme. La exposición de la magistrada no pretende una condena de Casado. Pretende que se investigue al actual presidente del PP. Es cierto que no es admisible una investigación prospectiva basada en sospechas, sino que es precisa la existencia de indicios. Uno de los problemas cotidianos en todos los juzgados de instrucción es precisamente deslindar la sospecha del indicio, y hay casos límite en los que esto resulta muy difícil.

Es una estrategia habitual de los abogados defensores lo que hace el Tribunal Supremo: analizamos los supuestos indicios de uno en uno, como si se produjeran aisladamente, para minimizarlos y buscar una interpretación exculpatoria. Cogemos a), b), c) y d) y le damos una interpretación correlativa a’), b’), c’) y d’) que sea admisible y decimos: si hay una interpretación posible de los hechos que excluya el delito tiene usted que sobreseer, señor juez.  La trampa es esa: discutir el análisis uno a uno y no atender al conjunto. Veamos el conjunto.

Para que los hechos que conocemos nos impidan hablar de, al menos, indicios para abrir causa contra Pablo Casado por prevaricación, es preciso que se dé la circunstancia de que, a la vez:

1.- Varias personas «especiales», tras apuntarse a un máster presencial con 60 créditos y pagarlo, pidan el mismo día (o en el lapso de una semana) una convalidación ventajosa de 2/3 de un máster, lo que facilita mucho la obtención del título, mientras que otras muchas no se enteren, a pesar de reunir las mismas condiciones que aquellas.

2.- Todas esas convalidaciones dependan  del director del máster.

3.- Todas esas personas, tras las convalidaciones «caigan» precisamente en asignaturas impartidas por el director del máster (o por una discípula).

4.- Todos esas personas decidan simultáneamente no hacer trabajos ni asistir a las cuatro clases, a diferencia del resto de alumnos. Lo de que han realizado trabajos que se entregaban en mano es simplemente increíble. Y se desmonta precisamente por el hecho de que el resto de alumnos sí presentan trabajos, correos, comunicaciones, etc.

5.- Ninguna de esas personas sea citada a la defensa del trabajo de fin de máster, se efectuase o no.

Si sumamos todo lo anterior es indiscutible que existen muy sólidos indicios de que el director del máster (que controlaba las convalidaciones e impartía algunas de las asignaturas) ofreció a alumnos «especiales» obtener un título que se facilitaba por una convalidación masiva y el hecho de que él mismo (o su discípula) terminarían poniendo la nota de las cuatro únicas asignaturas que se supone tenían que cursar. Otra explicación es inverosímil.

La matriculación, entrega de expediente y convalidación masiva y facilitada (está acreditado en tres casos que se presenta el mismo día y que se rellena el formulario por la misma persona) son indicios de relación cercana con el director de la tesis. La inasistencia a clase y ausencia de trabajos académicos de los que se benefician los alumnos abundan en la misma dirección. De hecho, el resto de los alumnos sí asisten a clase y sí entregan sus trabajos.

Es decir, hay indicios de que Casado y los restantes investigados se concertaron con el director del máster para matricularse y pagar y, sin asistir a clase, recibir su título.

Quizás piensen ustedes que esto implica que el Tribunal Supremo se haya equivocado. Hay una manera de defender que no. Veamos:

1.- No se puede deducir la existencia de cohecho, como he dicho, porque no se explica de manera mínima la relación del regalo con la condición de diputado autonómico.

2.- A diferencia de lo que afirma el Tribunal Supremo, existen indicios de concierto entre Casado y los demás alumnos «especiales» y el director del máster. Sin embargo, se puede sostener que para que haya cooperación necesaria es preciso que, además del concierto, los actos que se aportan no sean neutros y, precisamente, todos los actos sin los que el título no podía regalarse que aportan Casado y los restantes investigados lo son. Las que no son neutras en absoluto son precisamente las omisiones. Las omisiones (la inasistencia a clase, la inexistencia de trabajo académico) son indicios de concierto, pero no aportan nada a la prevaricación administrativa. La prevaricación administrativa existe porque los alumnos no van a clase ni entregan trabajo alguno (es obvio que, de haberlo hecho, no habría existido), pero eso tiene que ver con el hecho de que la conducta completa sea penalmente relevante, no con la aportación de algo sin lo que no existiría el delito. Dicho de otra forma: solo la matriculación, el pago de las tasas, la aportación de documentos y la solicitud de convalidación son actos sin los que es imposible obtener el máster, pero en sí no pueden ser actos de cooperación, porque esos mismos actos, de haber asistido luego a clase y entregado los trabajos, nunca serían delictivos.

Yo, sin embargo, sostengo que actos neutrales que se realizan para facilitar un plan criminal con conocimiento de ese plan criminal y conocimiento de que esos actos son precisos para que el plan criminal tenga éxito, pasan a ser penalmente relevantes en la medida en que aumentan el riesgo de que el bien jurídicamente protegido se vea afectado. Las omisiones, efectivamente, no añaden nada a la prevaricación —no asistir a clase ni entregar trabajos no son requisitos para el acto administrativo—, pero los actos neutrales dejan de serlo cuando se hacen con conocimiento de que esas omisiones van a tener lugar y, pese a ellos, se dictará la resolución administrativa groseramente ilegal. En cierto sentido, se puede decir que matricularse «para no ir»,  pagar «para no ir»,  pedir convalidaciones «para no ir», ya no son actos neutrales, si sabes que sin ir vas a obtener el título que exige que vayas.

En resumen: discrepo del auto. Casado debió ser, al menos, investigado. Hay indicios suficientes para ello.

 

Advertencia: esto es banal, mejor no lo lean

 

Esto de la comprensión de lo que uno escribe y de lo que uno lee es también responsabilidad de uno, claro.

Si yo escribo algo —por ejemplo, esto— mi parte del contrato me obliga a intentar explicar qué quiero decir, evitando ambigüedades (salvo que pretenda algún efecto literario, Dios me guarde). Puede que lo que quiera decir no merezca la pena, por supuesto, pero esto no importa a estos efectos. Puede también que crea que lo que pienso está bien definido y no lo esté. Puede que sea torpe y sea incapaz de exponer con claridad eso que en mi mente es cristalino. Finalmente, puede que no me atreva a escribir lo que pienso realmente y decida dejar abiertas puertas que pueda cerrar indignado si alguien se molesta.

Si yo leo algo  —por ejemplo, esto— mi parte del contrato me obliga a leer lo que el autor escribe. A veces leemos mal por simple ineptitud. A veces decidimos leer más de lo que el autor dice, porque creemos tener la habilidad de deducir de lo escrito más de lo que se pone, aunque en realidad estamos volcando nuestros prejuicios. A veces, simplemente, decidimos leer mal, obviando lo que nos estropea esa mala lectura y añadiendo lo que la favorece.

Con los deshonestos hay que desechar la discusión honesta. Como mucho, si uno tiene ganas y capacidad, puedes intentar embrearlo y llenarlo de plumas.

En el resto de los casos, uno hace lo que puede.

Así —por ejemplo, aquí— el autor quizás dio por sentado que las coñas en su cabeza serían obvias —por ejemplo, esta entre unas cuantas: «Bien, espero que con mi redacción alternativa ya se entienda mejor»— cuando, q.e.d., no lo son.

En cuanto a las malas interpretaciones de los lectores, qué puedo decir: yo, que soy un tipo inteligentísimo y habilidosísimo lector, aunque a veces algo descuidado, he llegado a criticar a alguien por una afirmación inexistente y luego recular avergonzado, después de que me hayan sujetado la cabeza como a un escolar embrutecido, y me hayan obligado a leer de nuevo, una y otra vez.

Así me gustaría hacer a veces con mis inteligentísimos lectores, pero sería incivil.