Sí, el ocupa tiene derechos

 

Accedí a esta noticia por este tuit de Cristian Campos:

Voy a comentarla porque mucha gente la está retuiteando y observo el estupor en muchos comentarios escritos en respuesta al tuit original. Además, en una de esas respuestas me he encontrado con esto.

En realidad, la noticia contiene todos los datos que explican por qué es perfectamente correcta la actuación de la policía catalana.

Voy a explicarlo:

1.- Ocupar una propiedad ajena es delito en España. Hablo de ocupar o usurpar, no de entrar. Entrar también es delito cuando esa propiedad es la vivienda de alguien o el domicilio de una persona jurídica (o establecimiento mercantil o despacho u oficina, o local abierto al público, incluso fuera de sus horas de apertura). Me centraré en la usurpación porque es el tipo delictivo que se “ajustaría” más a lo que nos okupa (perdonen la coña, no he podido evitarlo). Lo regula el Código penal en su artículo 245:

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Como pueden observar, hay dos modalidades. En la primera se utiliza violencia o intimidación, mientras que en la segunda no concurren ni la una ni la otra.

Ahora bien, la ocupación, para ser delictiva tiene que reunir una serie de requisitos, que han sido establecidos por los tribunales analizando el precepto. Así, partiendo de que el bien jurídico protegido es la protección de los derechos reales sobre inmuebles (propiedad, usufructo, uso, habitación), han especificado que es preciso:

a) Que se ocupe un inmueble sin violencia o intimidación, y que el inmueble no sea morada de nadie.

b) Que lleve consigo un riesgo relevante para el titular de los derechos, por lo que se viene exigiendo tradicionalmente que la ocupación no sea ocasional (es decir, sin vocación de permanencia).

c) Que la persone que ocupe no tenga un título jurídico. Ojo, el título jurídico no ha de ser de la misma naturaleza que el del perjudicado. Por ejemplo, un arrendatario no comete este delito, aunque no pague. Tampoco aquel que ocupó el inmueble por mera tolerancia del dueño (lo que tradicionalmente se conoce como precarista). Ya que, en tal caso, lo que ha de hacer el titular es acudir a la vía civil.

d) Que el titular del derecho real exteriorice su voluntad contraria a la ocupación puesto que la norma expresamente la exige.

e) Que, como siempre sucede, concurra dolo en el autor: es decir, conciencia de la ajenidad, de la ausencia de autorización y de la voluntad contraria del dueño al acto de desposesión inicial.

2.- Si se fijan en la noticia, se da la circunstancia de que los ocupantes llevan tres años en la vivienda. No me extrañaría (aunque el dato no consta) que estén empadronados en ella y que paguen los suministros. Aunque les parezca extraño, yo tengo clientes en esa situación. Más aún, la vivienda era propiedad de un banco y la venta se hizo (así se deduce de la noticia) especificando el banco que la vivienda estaba ocupada por una familia. No consta ninguna denuncia (en vía penal) efectuada por el banco (cuando tuviese conocimiento de la ocupación). O, si la hubo, fue sobreseída (y no puedo valorar por qué, ya que ignoro los detalles). Esa es la situación que se debe analizar, la previa a la compra, porque lo que está claro es que, tras tres años de posesión de una vivienda, frente al ocupante, la persona que compra (y que además conoce la existencia de la ocupación) no puede sostener que el acto de ocupación se efectuó contra su voluntad (ya que entonces no era dueño). Y el ocupante puede defender (con más o menos éxito) que es un precarista y que ocupó la vivienda por la tolerancia o la dejadez del propietario (el banco) o, al menos, sin que le constase su expresa voluntad de oposición a la ocupación.

3.- Lo que es indiscutible es que la vivienda es morada de los ocupantes. Y, por serlo, no se les puede desposeeer más que en ejecución de una resolución dictada por un juez competente. La policía no puede desalojar a personas que poseen un inmueble. Todo lo más, si se produce una situación de flagrante delito puede detener a esas personas, entregar la posesión a los que aparentemente sean sus legítimos poseedores y, más tarde, el juez de instrucción avalará o no esas medidas primeras. Pero sucede, en este caso, que la apariencia es favorable a los ocupantes, porque llevan allí tres años.

4.- El titular del derecho real (el nuevo propietario) no solo no puede ocupar la casa contra el derecho a la posesión de los ocupantes actuales (pues comete un delito), sino que tampoco puede utilizar contra ellos ninguna medida coactiva, pues la coacción y la realización arbitraria del propio derecho también son delitos. El nuevo propietario tiene, naturalmente, abierta la vía legal: acudir al procedimiento civil. Y si el ocupante carece de título del tipo que sea para ocupar la vivienda más allá de un cierto momento, la resolución judicial ordenará su desalojo, que será efectuado por la fuerza si el ocupante se opone a ello (pudiendo cometer un delito). Esa vía civil se abre desde el momento en que el propietario decide que no quiere que el mero ocupante siga ocupando lo que es suyo. También se abre cuando un arrendamiento se extingue o cuando el arrendatario no paga la renta, por ejemplo. Como es obvio, a falta de acuerdo, es un juez el que decide que cualquiera de esos supuestos concurre. 

Sí, leyendo la noticia descubrimos que el dueño ha de ser desalojado (aunque puede que no haya cometido el delito, ya que su ocupación fue esporádica) y que su poseedor actual tiene derecho a recuperarla, hasta que un juez (en vía civil) no diga algo diferente. Y, en todo caso, aunque el actual dueño escoja la vía penal (que parece desaconsejable) tampoco puede entrar en la casa y cambiar la cerradura, porque es el juez competente el que ha de decidir esto, si considera que se ha producido un delito (algo en este caso muy dudoso, como ya he explicado).

Y sí, no tengo nada en contra de que la policía vigile que no se utilicen procedimientos extrajudiciales de naturaleza coactiva para la expulsión de los ocupas. Cómo no van a hacerlo, si les corresponde impedir la comisión de delitos.

Como es obvio, en gran medida la protección práctica (no teórica) de los derechos de titulares de inmuebles en España es deficiente. Pero esto no es consecuencia de nada de lo que cuenta esta noticia. Aunque fuese extraordinariamente eficiente, la respuesta legal habría sido (y debe ser) la misma. La cuestión es previa. Tiene que ver con la tolerancia (desde hace años) a la ocupación de viviendas propiedad de bancos (y de grandes empresas inmobiliarias), con la propia inactividad de los bancos (abrazados a papá Estado —socializando, por tanto, sus pérdidas—, a la vez que intentaban ocultar sus miserias), y con la enorme y desesperante lentitud de la justicia. Lo repito, con la tolerancia a la ocupación, porque el caso del deudor hipotecado que no puede pagar y que ve ejecutada su hipoteca es un caso diferente (de hecho la ley está permitiendo el mantenimiento en la posesión tras la subasta). Y tiene que ver con la tolerancia hacia ciertos movimientos sociales organizados, afines a determinadas organizaciones políticas. La solución no es nunca la tolerancia con la ocupación, por muchas razones, entre ellas por lo que supone precisamente de estímulo a la ilegalidad y, por tanto, a la aparición de mafias. El Estado debería facilitar la respuesta rápida a este tipo de situaciones. Lleva demasiado tiempo sin hacerlo.

Pero a la ilegalidad no se la combate con la ilegalidad.

Y por eso esta noticia no debería escandalizarnos. Insisto, esta noticia.

Un engrudo deletéreo

 

No conocía a Itziar Ituño hasta hoy. Es actriz, vasca, y por lo visto tiene un amigo en prisión.

Este vídeo (de hace cinco años) y otro en el que pide el acercamiento de etarras a prisiones del País Vasco, y su apoyo a un homenaje a Otegi, se están aireando para pedir el boicot a una serie de televisión en la que participa. Hay quien protesta y habla de calumnia.

La actriz, en el pregón, mencionó las semillas de “Txus”, que han florecido.

He buscado información sobre su amigo. Y con esa información (básicamente correcta, aunque contiene algún pequeño error) he encontrado las sentencias que nos explican algo sobre los motivos por los que se encuentra en prisión.

Martín Hernando fue condenado a 3 y 7 años de prisión en Francia por asociación de malhechores con fines terroristas. En España, que yo sepa, no ha sido condenado por pertenencia a banda armada; estuvo huido en Francia (según él) desde 1994. Cuando fue entregado a España, tras cumplir esas penas, se enfrentó a tres causas:

1.- De una de ellas, salió absuelto (se le acusaba un delito de estragos terroristas) por prescripción. La declaración de hechos probados de la sentencia, sin embargo, afirma que puso, en unión de otra persona, una bomba el 6 de septiembre de 1993, en las cercanías de un bar. La bomba no explotó porque fue desactivada por la ertzaintza. La sentencia se basó en la declaración de un coimputado (Koldo Martín Carmona), prestada espontánea y voluntariamente, ante la policía, ante el juez, y en el juicio previo, que se complementa por una serie de datos objetivos (precisos para desvirtuar la presunción de inocencia en aquellos casos en los que la condena se basa precisamente en eso): esencialmente que ambos arrendaron un piso (utilizado para dar apoyo al comando Vizcaya, que fue resgistrado poco después y donde se encontraron pertenencias del acusado), el uso del vehículo de Martín Hernando, al que se refiere por su apodo, para desplazarse al lugar del crimen y la llamada efectuada por este avisando de la existencia del artefacto.

2.- En una segunda, la causa por la que sigue en prisión, se le condenó inicialmente a una pena de 36 años de prisión por su intervención (como coperador necesario, no como autor material) en el asesinato del ertzaintza Joseba Goikoetxea Asla, tiroteado en presencia de su hijo de 16 años, al que el fallecido llevaba a la parada de un autobús. Esa pena fue luego rebajada a 18 años por el Tribunal Supremo, por considerar que la cooperación necesaria que se había establecido en la primera sentencia no concurría (salvo en el robo de un vehículo luego usado en el crimen), y que la actuación de Martín Hernando (uno o varios seguimientos esporádicos y ese robo) lo era solo en condición de cómplice. Nuevamente la prueba esencial fue la declaración de varios coimputados (ante la policía y el juez de instrucción), que también afirmaron no haber sido presionados y que la ratificaron en el juicio inicial sobre los hechos (en el que no participó Martín Hernando, entonces huido), aunque catorce años después (cuando se juzgó a este último), esos terroristas condenados dijeron no acordarse de nada de lo que entonces habían declarado. Y de nuevo nos encontramos con una corroboración de su participación por datos periféricos, similares a los que antes he descrito.

3.- En una tercera causa, se le acusaba de ser el autor material de un asesinato de un guardia civil, José Manuel García Fernández, el 3 de mayo de 1996, en un bar de Ciérvana. En ese atentado intervinieron tres personas: una estaba en un coche, otra en la puerta del bar, y una tercera se introdujo en él y disparó en la nuca del agente, que estaba acompañado de su esposa. Conocemos la identidad de dos de ellos (ambos murieron en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1997). Ignoramos la del tercero. La razón fundamental para considerar que Martín Hernando era ese tercero fue el reconocimiento de un testigo, que tras el atentado siguió al autor fuera del bar (era ya de noche) hasta que este se dio la vuelta y lo amedrentó, para después introducirse en un coche. Esa prueba se veía supuestamente confirmada por ser el acusado natural de Santurce y existir una declaración de otro terrorista que mencionaba que los autores habían sido tres y que uno de ellos era un “chico de Santurce”, así como por la aparición, en 1997, en una vivienda de Basauri, entre otro material, de un papel con matrículas de agentes anotadas a mano. Se introdujo en el juicio una prueba caligráfica de que la letra era de Martín Hernando, y por una de las matrículas en cuestión se sabía que la anotación era coetánea al crimen (lo que supuestamente desmontaba la presencia en Francia del acusado). El tribunal, sin embargo, absolvió en este caso y, más aún, consideró autor material a uno de los etarras muertos en 1997. Les recomiendo que lean la sentencia, porque es un buen ejemplo de una manera “jurídica” de razonar. Lo cierto es que la acusación era tremendamente dudosa, que no había pruebas consistentes de la participación de Martín Hernando en los hechos y que, en realidad, concurren pruebas de descargo de cierta entidad (sobre todo la talla del autor material).

Esto es lo que podemos saber sobre Txus Martín Hernando consultando las sentencias. La prensa también nos indica que en 2010, cuando se encontraba en Francia, intentó suicidarse, tras pasar muchos años en aislamiento. Al parecer, sufre un grave trastorno psiquiátrico.

Ignoro si Itziar Ituño, cuando habla de la semilla y los frutos de su amigo, se refiere a otra cosa, a algo diferente. Quizás el condenado es poeta o tiene hijos o alguien ha plantado en su nombre un rosal. No seguiré haciendo hipótesis. No hace falta; porque es evidente que, incluso en tal caso, la mezcla de lo que falta en el discurso de la pregonera con su énfasis y su emoción se convierte en un engrudo deletéreo. En los datos biográficos a los que puedo acceder solo hay dolor, embrutecimiento, inutilidad. Una biografía de mierda.

No me gustan los boicots organizados y dirigidos contra personas concretas. Desprenden la fetidez de la turba. Solo quería saber algo más, pero no ha servido de mucho.

Sé una cama dura para tu amigo, decía Nietzsche por boca de Zaratustra. No se lo digo a la actriz.

 

Sin mancharme las manos

 

Leo este artículo de Manuel Jabois que no deja a nadie huérfano y recuerdo esto que escribí. Y esto.

Como es obvio, yo no reprocho a Podemos que no facilitase un gobierno alternativo al del PP. Sus decisiones serán tácticamente erróneas o acertadas, pero pedirles responsabilidad institucional sería esquizoide. ¿Cómo van a favorecer la estabilidad del sistema parlamentario si quieren acabar con él? Por tanto, nada añadiré sobre su comportamiento, bien coherente con sus fines.

Lo interesante es lo que falta en el artículo de Jabois. En realidad, lo que falta en todos los análisis sobre los apoyos políticos al Gobierno o a los diferentes ejecutivos de las comunidades autónomas. Me refiero a la alternativa que enunciaba en las entradas enlazadas al principio. ¿Por qué nadie se pregunta en qué medida la situación ahora podría ser diferente de haberse constituido una gran coalición?

En la primera de esas entradas yo decía:

En primer lugar, sería preciso que se preparase y asumiese un programa de gobierno para una legislatura, en el que se detallasen no solo las medidas que se van a adoptar sino los objetivos básicos. Y sería de extrema utilidad que se publicasen los documentos de partida, de forma que quedase claro cuál es el programa de cada partido y a qué han renunciado para facilitar el acuerdo.

(…)

En segundo lugar, sería preciso que los partidos adoptasen, en ese acuerdo inicial, un sistema de comisiones de expertos en relación a reformas estructurales básicas: administraciones públicas, estado autonómico, sanidad, laboral, justicia, educación, fiscal, constitucional, etc. (…)

En tercer lugar, sería imprescindible que hubiese de entrada un acuerdo sobre transparencia, corrupción, contratación pública e independencia de la justicia. El fiscal general debería ser designado ya en ese acuerdo inicial y debería incluirse una dotación económica suficiente para la investigación y persecución de la corrupción política.

En cuarto lugar, el acuerdo debería distribuir entre los partidos firmantes las carteras del Gobierno, en proporción aproximada al número de diputados de cada partido. En ese gobierno deberían estar presentes los líderes de los partidos. La legislatura que empieza exige política, no tecnócratas.

Ahora imaginemos dos posibles escenarios:

1.- En el primero, el PSOE y Ciudadanos anuncian que están dispuestos a formar parte de un Gobierno encabezado por Rajoy, basado en esos puntos, y en el que líderes de Ciudadanos y el PSOE asumen determinados ministerios. Pongamos, por ejemplo, justicia e interior, ya que un reproche básico al PP (recuerden los debates) era precisamente el relativo a la corrupción. El PP se niega o se hace el remolón. Habría quedado retratado respecto de sus propios votantes.

2.- En el segundo, dado un escenario similar, el PP, acuciado por la necesidad de continuar en el poder y el miedo a unas segundas elecciones, acepta. Desde ese momento, Ciudadanos y el PSOE asumen el control de parcelas enormes de poder, participan de las deliberaciones y acuerdos del Consejo de Ministros, y se impulsan esas medidas (por ejemplo, la designación de un Fiscal general independiente). En este caso, todo lo que está apareciendo —lo del PP— seguiría siendo porquería del PP, pero los ciudadanos españoles podrían aceptar que desde el poder no se favorece la impunidad (o que esto, al menos, es mucho más difícil).

Naturalmente, ese escenario también habría tenido costes para Ciudadanos y el PSOE. Tendrían que haber admitido una parte del programa del PP, pero esa parte podría centrarse en cuestiones “neutrales” (fuera de la regeneración política). Tendrían que haber gobernado y asumido el desgaste correspondiente, pero ¿no se supone que es eso lo que quieren hacer, gobernar para ir aplicando las medidas que defienden? Y no podrían haber atacado al “Gobierno” en el momento en que apareciesen esos casos, por su actuación en ese momento (siempre que se cumpliesen los acuerdos), aunque podrían seguir haciéndolo por sus actos pasados, por sus responsabilidades pasadas.

Y esto es lo que no querían: no querían correr riesgos. No querían pagar costes. Por eso optaron por lo más absurdo: permitir un gobierno sin entrar en él, pensando (o, mejor, vendiendo) que podían controlarlo desde el parlamento (cuando todos sabemos que esto es bastante complicado), en vez de, simplemente, controlarlo desde dentro.

Gobernar pactando y, a la vez, explicar a los ciudadanos el contenido del pacto y la acción concreta de Gobierno (con sus errores inevitables) les pareció demasiado riesgo. Es una trola que les importe España por encima de todo. Por encima de todo les importan ellos mismos (a todos). Porque todos son unos enanos y porque creen que los españoles son tan imbéciles que era imposible que un número suficiente de ellos comprendiera y agradeciera el esfuerzo.

Esto que defiendo, lo sé, no lo piensa mucha gente. Así que, a lo mejor, hasta tenían razón.

 

Voceros del pueblo

 

No he leído el auto que ha dictado el magistrado Eloy Velasco para justificar la prisión y demás medidas cautelares adoptadas contra diversas personas la semana pasada, porque no lo he encontrado. Ustedes perdonarán mi torpeza. No obstante, esto puede ser una ventaja: avanzará la instrucción y veremos en qué queda todo esto. De momento he leído este artículo de Cayetana Álvarez de Toledo, que me ha gustado por lo sensato y porque, como de costumbre, está muy bien escrito. No puedo, como he dicho, dar una opinión sobre su análisis del auto porque no lo he leído, pero en el artículo se menciona algo que ya había leído en tuiter y que me parece muy llamativo. Se trata de algo que dijo el magistrado Velasco aquí:

P: ¿Están cambiando los jueces? Quizá antes no habrían sido condenados los de las tarjetas black…

R: Hace años no había gente que se pusiera ese premio por formar parte de un consejo de administración. Cuando a ciertas empresas les iba bien no repartían beneficios, y cuando les iba mal les hemos tenido que rescatar con nuestro sueldito los pobres. Ésa es mi preocupación… Los jueces tenemos que interpretar la ley conforme al pueblo. Somos gente del pueblo y el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos antes. Hasta 2010 nadie pedía responsabilidades penales a las empresas. Luego sí. Por ejemplo, en el caso Enron, mucha gente perdió dinero y 26.000 personas se fueron al paro. Eso es criminal. Hay delitos de corrupción o blanqueo de capitales que en el siglo XIX no existían. Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual.

Antes de explicar qué pienso de la respuesta del señor Velasco, creo que es interesante mencionar una institución jurídica, la llamada interpretación sociológica. Es la que resulta del artículo 3.1 del Código civil, que dice:

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.

El Título preliminar del Código civil (lugar en el que se encuadra esa norma) ha sido tradicionalmente considerado (a pesar de que su lugar en la jerarquía normativa no sea formalmente superior) aplicable al conjunto del ordenamiento jurídico, ya que en él se tratan cuestiones generales, como el de las fuentes del derecho y las reglas para su interpretación, o se incluyen principios (buena fe, proscripción del abuso de derecho) que son exigibles en todo el edificio legal. Por tanto, esa norma es también aplicable, en principio, al derecho penal.

Ahora bien, hay que ser muy prudente a la hora de aplicar esos principios interpretativos:

1.- En primer lugar, porque son eso, reglas de interpretación. No pueden ser nunca un cauce para la invención. Y, en el caso de la interpretación sociológica, no debe ser una forma de introducir supuestos cambios cuando la realidad ya existía en el momento de dictarse la norma y era suficientemente mayoritaria.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en su sentencia 752/2011, de 20 octubre, dice:

Por otro lado, no cabe invocar, como hace el Abogado del Estado recurrente, la conveniencia de una interpretación sociológica que iría más allá del texto del artículo 1002 del Código Civil (…). La situación creada no es ajena ni extraña al tiempo de promulgación del Código Civil y, sin embargo, el legislador no la tuvo en cuenta a la hora de redactar el precepto.

Esto, por otra parte, es lógico, pues el propio Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente que:

“… esta regla contiene sólo una llamada a la profundización en el conocimiento de la realidad social para descubrir mejor el espíritu y finalidad de aquéllas, en relación con los demás elementos hermenéuticos. La misma sentencia advierte que no supone la justificación del arbitrio judicial, ni una interpretación laxa de las normas y, desde luego, excluye que se orille la aplicación de la norma vigente, al caso concreto. Es, pues, la realidad social un elemento de la interpretación de la ley que significa el conocimiento y la valoración de las relaciones de hecho a que debe aplicarse la norma, teniéndolas en cuenta según la vida real inmersa en la sociedad. Como tal elemento de interpretación, no puede tergiversar la ley, cambiarle su sentido o darle una aplicación arbitraria”

2.- En segundo lugar, en el ámbito penal, esta regla interpretativa ha de ser utilizado con muchísimo cuidado, y no solo por la aplicación de principios como el de la presunción de inocencia, la regla in dubio pro reo o la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley desfavorable, sino por la existencia de otra regla interpretativa en el propio Título Preliminar del Código civil; esta:

Artículo 4 (…) 2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

Por esta razón, la interpretación sociológica solo se ha aplicado tradicionalmente en el ámbito penal cuando se efectuaba a favor del reo (no es extraño que se haya utilizado habitualmente en delitos relacionados con la pornografía, por ejemplo), ya que, como dice el Tribunal Supremo en su sentencia 654/2009 de 8 junio:

En definitiva, pues, la interpretación de la ley penal debe ser estricta, sin que pueda ser aplicada, en ningún caso, con criterios de analogía “in malam partem”, lo cual no es óbice, sin embargo, según reiterada jurisprudencia, para que, en el ámbito penal, quepa la analogía “in bonam partem” y sea posible la aplicación del principio “favor rei”.

Ahora, con estos mimbres podemos analizar las palabras del magistrado Velasco, a mi juicio muy desafortunadas:

1.- El juez debe aplicar la ley. Para cambiarla están los parlamentos. Y al juez no le deben influir, en la aplicación de la ley, en particular para ser más riguroso, si el “sueldito” de los “pobres” se ha usado para rescatar empresas. Por mucho que privadamente le preocupe.

2.- Los jueces no han de “interpretar conforme al pueblo”. Y menos aún porque el juez se considere parte del pueblo y el pueblo no perdone A) o B). Eso es un auténtico disparate. Los jueces son un poder del Estado y han de utilizar las reglas hermenéuticas previstas en la ley, como hemos visto. Y una de ellas es la relativa a la evolución de la realidad social, en la medida en que haya cambiado respecto de la existente cuando se aprobaron las normas que se aplican. Esa modificación no se refiere a cambios de humor de la opinión pública, producto de ciclos de crisis o políticos, sino a algo más estable y profundo (por eso suele utilizarse con normas que no se han modificado en décadas). Más aún: ¿pretende el magistrado afirmar que las conductas descritas en los tipos penales (todos ellos vigentes antes de la crisis) se consideraron delictivas pese a que a la mayoría de los españoles no les pareciera una chorizada eso por lo que se está condenando y enviando a gente a prisión hoy? Esa es una de las preguntas claves: ¿ha cambiado la sociedad española y ahora cree que debe ser delito algo que antes no lo era, o simplemente como resultado de la crisis ahora exige caras concretas en prisión a los que echar la culpa de su situación?

3.-  El juez dice literalmente algo muy perturbador: “Vamos creando nuevas necesidades penales que responden a que el pueblo las quiere y por lo tanto los jueces tenemos que interpretar las leyes conforme al contexto actual“. Ahí falta lo más importante: el legislador. Si hay nuevas “necesidades penales”, es decir, si el “pueblo” quiere ser más exigente en el ámbito penal, no hay más que un camino: se reforma la ley y desde ese momento esas conductas estarán castigadas o se castigarán de forma más grave. Y ahí el juez no tiene que interpretar ninguna realidad social, le basta aplicar esa ley nueva. Si los jueces interpretan la ley penal existente para castigar más duramente porque la gente ahora quiere más sangre (que hace cinco años), o se exceden o esto supone un reconocimiento de que antes no la aplicaban correctamente. Porque la única manera de interpretar, conforme a derecho, esas palabras, sería la siguiente: aunque el legislador aprobó en 1995 (y en las sucesivas reformas del Código Penal) unas leyes que castigaban ciertas conductas (delitos económicos esencialmente) de una determinada manera, como la “realidad social” era mucho más laxa con estas conductas que ahora, los jueces las aplicaban con benevolencia. Esto es inadmisible, a mi juicio, por dos razones: porque yo no creo que esa realidad (insisto la realidad sociológica, no las encuestas, la opinión de los tertulianos o tuiter) de la sociedad española en 2017 sea tan diferente de la de 1995, 2000, 2005 o 2010, como para justificar esta vuelta de tuerca; y porque la realidad es la referida al castigo en abstracto de ciertas conductas no a la política criminal sobre su persecución (la ley penal castiga conductas, no ordena que la policía, los fiscales o los jueces inviertan más o menos tiempo o esfuerzos en perseguir ciertas conductas). En realidad, esta terrible interpretación de sus palabras casi se deduce del texto: ya no se perdonan cosas que antes se perdonaban. Yo pregunto: ¿quién las perdonaba?, ¿ellos, los jueces? ¿Antes perdonaban “desfalcos”? ¿Desfalcos?

En resumen: es muy preocupante que a un magistrado le preocupe que la gente lo esté pasando mal, que él lo este pasando mal (pues él es pueblo, es gente, y tiene un sueldito) y que, por esta razón, se convierta en un intérprete de una supuesta voluntad inexistente (no hay un “pueblo” al que preguntar, el “pueblo” no quiere X o Y: hay parlamentos elegidos por los ciudadanos que aprueban las leyes), con la finalidad, además, de castigar más duramente a los que no son “pueblo”, es decir, a los mismos tipos a los que precisamente él puede enviar a prisión y a los que antes se les “perdonaban” cosas. La realidad social NO es la supuesta voluntad de la nación (entre otras cosas, como he dicho, porque tal voluntad no existe).

No soy un ingenuo. No deduzcan eso de lo que acaban de leer. Sé bien que es posible que antes se persiguiera menos la corrupción y que esto fuera corrupción. Pero, ojo, la arbitrariedad del Estado es muy peligrosa cualquiera que sea su sentido. Los jueces no son “gente” con sueldecillos, son personas con un gigantesco poder. Y yo siempre espero que lo usen con responsabilidad y moderación, y no abusen de él porque los españoles necesiten que se represente un psicodrama. Hace unos días escribí que era una excelente noticia que un expresidente de la Comunidad de Madrid ingrese en prisión, porque presumo que el fiscal que pidió la medida y el juez que la adoptó tenían serias y solventes razones para tomar esa decisión, y es bueno que a los poderosos se les aplique la ley como a todo hijo de vecino. Lo mantengo. Pero con entrevistas así, el señor Velasco me lo pone más difícil.

No sé si Cristo rio, pero yo ayer me descojoné un rato

 

Ayer, mientras conducía, me puse a escuchar la radio y pillé, en Onda Cero, una especie de diálogo siniestro sobre Giordano Bruno.  Por favor, escúchenlo porque es extremadamente descojonante: las voces impostadas, serias, entristecidas; la música fúnebre de fondo; las máximas sobre la verdad y la ciencia. Su punto culminante se encuentra en el momento en el que, para ilustrar el proceso, contra Bruno, en el que intervino Belarmino, escuchamos de fondo el diálogo de una escena de la película El nombre de la rosa, justo ese en el que el monje Salvatore, el inculto, procaz y contrahecho Salvatore confiesa todos sus crímenes en su lengua pseudoadánica, a la vez que afirma que es un hombre inculto, un simple, que no entiende de cosas de teología. Ni entro a comentar la historia final, sobre ese supuesto desaparecido brasileño.

Naturalmente, que Bruno no merezca el nombre de científico (ni siquiera en términos laxos), pues fue un filósofo y teólogo; que las cuestiones cosmológicas fueran absolutamente secundarias en su condena; que Bruno no fuera ningún simple contrahecho, sino un tipo ilustrado, con posibles, y con muy buenos amigos y protectores en la Iglesia; que el caso de Giordano Bruno (a diferencia del caso de Galileo) no tengo nada que ver con la verdad científica (Bruno decía tantas trolas y era tan dogmático como el que más), ni desde luego con la libertad de pensamiento ni el progreso de la ciencia; y que Belarmino no fuera el “tonto’lhaba” que se vende desde hace siglos, sino un personaje interesante (muy de su época), con muy amplios conocimientos, no solo de teología y filosofía, sino de matemática y cosmología (la de entonces, claro); nada de eso, digo, le importa al que ha ideado y creado la cosa esa que ayer dramatizaron en ese programa de radio.

Seré prudente. No es raro que en un programa de radio metan la gamba, cuando en uno escrito por personas que supuestamente sí saben de qué hablan, producen algo tan sonrojante como lo que pueden ver aquí  a partir del 16’15”:

 

El color y el sexo de la opresión

 

A raíz de un tuit bastante desafortunado publicado por Amarna Miller sobre esclavos y mujeres del que luego se desdijo o matizó (afirmó haberse expresado incorrectamente), recordé algunos datos que había leído hace tiempo. Hay mucha gente empeñada en que la esclavitud (y más concretamente, el discurso racista que fundamenta ciertas formas de esclavitud) es un fenómeno propio de la cultura “blanca”. Y, cuando se mezcla lo anterior con el feminismo y el sometimiento tradicional de la mujer a los hombres, a la cuestión se le añaden más capas y peleas por saber quién ha sido más víctima (a veces, como es natural, con la intención de usar ese discurso como instrumento de poder, como sucede con todos los que se autoatribuyen la condición de víctimas vicarias por el pasado de sufrimiento de personas que pertenecen a ciertos colectivos).

Yo creo que tanto la esclavitud como el sometimiento de las mujeres tienen un fundamento básicamente biológico. Y que esa es la razón por la que se da en prácticamente todas las culturas y épocas. En el caso de la esclavitud basta con la aparición de excedentes, y de especialistas religiosos y militares. Hay pruebas y ejemplos para aburrir. A menudo (aunque no siempre), a este hecho de poder se le añade una justificación religiosa o ideológica racista. Pero esto también ha ocurrido en todo tipo de culturas y con personas de cualquier raza. Lo asombroso es que mucha gente ignora esto.

En cualquier caso, les decía que recordé cierta historia y ciertos datos. Se trata de esto:

Antoine Auguste Dubuclet II nació en 1774 en Bayou Goula, Iberville, Luisiana. Era negro y libre. Su padre, llevado a Luisiana en 1748, de nombre Antoine Dubuclet I, también era negro, pero no sabemos si libre o, si lo era, desde cuándo y cómo fue liberado (recuerden que Luisiana fue francesa, luego española, luego de nuevo francesa y, finalmente, fue vendida a los Estados Unidos en 1803).

Rosalie Belly era mulata y libre. Su padre, un francés, de nombre Pierre Belly, un hombre rico, propietario de casi cien esclavos y de una gran plantación, se casó, tras manumitirla, con una esclava jamaicana de su propiedad, llamada Rose Marie, y tuvo con ella seis hijas. La ley de Luisiana no admitía la legalidad del matrimonio y la fortuna de Pierre fue repartida: la mitad para sus hermanos, una cuarta parte para Rose Marie y la otra cuarta parte para sus seis hijas. Una de ellas era Rosalie Belly.

Antoine Auguste Dubuclet II y Rosalie Belly se casaron y tuvieron diez hijos. Al morir Antoine Auguste Dubuclet II, en 1838, el hijo varón de más edad Antoine Solide Dubuclet se hizo cargo de la plantación familiar, Cedar Grove (la madre fue a vivir a Nueva Orleans con los hijos pequeños).

Antoine Solide Dubuclet, en 1830, se casó con Claire Pollard. Claire era negra, libre y dueña de tierras y esclavos. Tuvieron nueve hijos. Claire murió en 1852. Antoine Solide Dubuclet volvió a casarse, casi una década después con una mujer llamada Mary Ann Walsh, con la que tuvo tres hijos más. Los hijos fueron educados en Francia.

las habilidades de Antoine Solide Dubuclet lo convirtieron en uno de los plantadores más ricos del sur. Era dueño de más de un centenar de esclavos y sus propiedades estaban valoradas en la época de la Guerra de Secesión en alrededor de cien mil dólares de entonces. Una fortuna enorme. Muy superior a la media de los propietarios blancos.

Tras la Guerra de Secesión fue designado secretario del Tesoro del Estado de Luisiana por los republicanos. Murió en 1878.

Hombres y mujeres, negros. Y propietarios de esclavos.

Puede que piensen que se trata de un caso raro, pero algunos estudios sugieren que no lo fue tanto. Según el censo de  1830, uno de cada ocho negros era libre y 3.775 negros libres eran dueños de 12.740 esclavos.

Larry Koger, en una obra sobre los propietarios negros de esclavos en Carolina menciona que había negros esclavistas desde Nueva York hasta Florida, aunque la mayoría vivía en Luisiana, y que era muy habitual, antes de 1860, que mujeres negras libres heredasen esclavos de hombres blancos y que los utilizasen como base para negocios de éxito. Tanto, que en Charleston, sobre 1860, el 70 % de los esclavos eran propiedad de mujeres negras.

Y aunque muchos de estos propietarios (hombres y mujeres) fueron “buenos amos” con sus esclavos (permitan esa inadmisible expresión), otros como John Carruthers Stanly o Justus Angel y Miss. L. Horry (propietarios en ambos casos de más de cien esclavos) fueron ejemplo —incluso entre tanto hijo de puta— de crueldad y de esas prácticas que tanto asco nos producen, como la venta separada de niños y padres.

Y esto en el mismo centro del esclavismo y el racismo blancos: los Estados Unidos de América del siglo XIX.

La visita al esclavismo y racismo africanos y asiáticos la dejamos para otro día.

Dramatis personae

 

A todos nos gustan las buenas historias. Una subespecie de las buenas historias son las historias con héroes “anónimos”. Hace poco me encontré con una. Para explicarme, sin embargo, esta vez voy a contar cómo fui descubriéndola (con todas sus ramificaciones). Así lo hago, porque la historia no necesita épica, pero algunos han cedido a la tentación de inventársela.

Todo comienza en un libro que leo sobre la invasión de Italia en la Segunda Guerra Mundial. En él se dedica un buen espacio al “pequeño Pearl Harbor”, el ataque aéreo alemán sobre Bari. La ciudad había sido conquistada tres meses antes por el ejército británico y su puerto se encontraba repleto de buques, sobre todo cargueros. Mal defendida, en una de esas coñas del destino, el mariscal Sir Arthur Coningham había afirmado cuatro días antes del ataque que consideraría una ofensa personal que la Luftwaffe intentase llevar a cabo una acción significativa en la zona.

El bombardeo fue de tal calibre que casi treinta mercantes terminaron hundidos y murió un millar de soldados. En cuanto a las bajas civiles, es imposible saber el número.

El ataque, además, es famoso porque uno de los buques hundidos fue el SS John Harvey, un mercante artillado de la clase Liberty.

Prácticamente nadie en Bari sabía cuál era la carga real de ese buque. Tan secreto era su contenido que llevaba cuatro días en el muelle, esperando a ser descargado; se había dado preferencia a otros buques que llevaban pertrechos médicos o munición. Lo terrible era que el buque sí llevaba munición: concretamente dos mil bombas M47A1 cargadas con gas mostaza. La explicación de la carga se encuentra en la información cada vez más alarmante recibida por Eisenhower y Churchill acerca del posible uso por los nazis de armas químicas, algunas supuestamente de nueva creación y más terroríficas. Las armas químicas no llegaron a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial, pero todos los dirigentes de la época recordaban los estragos que habían causado en la primera (más de un millón de soldados heridos). Esa fue la razón de que los estadounidenses establecieran depósitos en el norte de África y de que hubiesen decidido trasladar las primeras bombas a Italia.

Como casi nadie conocía el contenido del barco, cuando explotó (matando a su capitán y a sus setenta y siete tripulantes) y expulsó su carga tóxica (al aire, en forma de gas, y al agua, en forma líquida), nadie tomó la más mínima precaución. Personas con heridas leves ingresaron en los hospitales improvisados y los médicos empezaron a comprobar cómo aparecían síntomas inexplicables: ojos llorosos, ceguera, baja presión sanguínea, ampollas en la piel, etc. Pronto empezaron a morir y los médicos sospecharon que eso que llamaban dermatitis no diagnosticada tenía que obedecer a alguna causa, y se empezó a extender el rumor de que quizás habían sido atacados con armas químicas o que ese “olor a ajo” que desprendían los barcos hundidos en el puerto quizás explicase lo que sucedía. Los altos mandos que conocían la verdad (apenas una decena) decidieron ocultarla y no informaron a los médicos. La razón, al parecer, era el miedo a la represalia nazi sobre Reino Unido si Hitler llegaba a saber que se estaban descargando esas armas, aunque, a los pocos días, Axis Sally ya estaba riéndose de los soldados aliados con frases como, “eh, chicos, por lo visto os han quemado con vuestra propia mostaza”.

Aquí aparece el Dr. Alexander. El 6 de diciembre de 1991 murió Stewart Francis Alexander, como consecuencia de un cáncer en la piel. Era cardiólogo e internista, pero también había sido teniente coronel y experto en guerra química. Fue enviado a Bari urgentemente para investigar lo sucedido. Pásmense: nadie le informó de que en el barco hundido había bombas con gas mostaza e incluso se le negó que fuera así. Dio igual: su conclusión fue la única que se correspondía con los hechos. La causa de la extraña enfermedad era la exposición a la “mostaza sulfurada” y llegó a localizar el foco de la contaminación: el barco hundido. Allí se encontró con fragmentos de las bombas. Rápidamente se aplicaron medidas sencillas que podían haber evitado la mayoría de las muertes de haberse adoptado antes. Quitarse la ropa empapada con la sustancia, lavarse, etc. Murieron 83 de los 623 militares hospitalizados. El médico escribió un memorándum, aprobado por Eisenhower y rápidamente clasificado. Churchill ordenó que se suprimiera toda referencia al gas. Hasta décadas después no se supo la verdad. Hubo que esperar a los ochenta del siglo pasado para que el gobierno británico reconociera los hechos y concediese a los veteranos las pensiones que les correspondían.

El Dr. Alexander me intrigaba porque, en numerosas páginas (y en el propio libro citado al principio), se hacía referencia al hecho de que las biopsias y análisis realizados como consecuencia de la exposición al gas mostaza le habían llevado a la conclusión de que el gas tenía un efecto citotóxico en los glóbulos blancos y que ese trabajo era el origen de la quimioterapia como tratamiento contra el cáncer (concretamente del uso de la mecloretamina en varios tipos de tumores como en el linfoma de Hodgkin).

Es decir, que el SS John Harvey había salvado a millones de personas, como titula enfáticamente este blog.

Al investigar al Dr. Alexander me encontré con otra historia curiosa: la de Nick Sparck. Este escritor y director de documentales había logrado, en 1988, con solo 18 años, un premio nacional otorgado por la National History Day gracias a un trabajo de investigación precisamente sobre el bombardeo de Bari y el papel del Dr. Alexander. Como consecuencia de dicho trabajo, el Dr. Alexander fue homenajeado, cuarenta años tarde, por el ejército norteamericano.

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Léanlo. Es estupendo.

Sin embargo, seguía pendiente la cuestión del papel del bombardeo de Bari y la contaminación por gas mostaza en el origen de la quimioterapia.

Y —ya se lo imaginan— aparecen dos nuevos personajes en la historia. Uno es Alfred Gilman sr (junior, su hijo, es más famoso que su padre, ya que ganó el premio Nobel) y el otro es Louis S. Goodman. Ambos eran farmacólogos, de Yale, y autores, al parecer, de un manual sobre farmacología que recibió en su momento el apoco de “biblia” de la disciplina. Imagino que habrá quitado el sueño a más de un estudiante.

Efectivamente, ambos realizaron investigaciones secretas por encargo del gobierno norteamericano, pero al leer sobre sus trabajos, la hermosa historia sobre el no hay mal que por bien no venga empezó a hacer aguas. Pero, ah, la historia auténtica es también muy interesante.

Digo que hace aguas porque el encargo a los dos prestigiosos médicos es de 1942 (el ataque a Bari se produjo a finales de 1943), y los estudios, primero en animales, y luego en un paciente humano son de ese mismo año. Como se trataba de una investigación secreta, los autores (que no publicaron un estudio hasta 1946) usaban el término “X” para hablar de los componentes del gas mostaza que estaban estudiando.

Y la inspiración de los farmacólogos no se encontraba en un ataque que no se había producido aún, ni en un memorándum todavía no escrito, sino en el trabajo de un matrimonio —¡más personajes!—, el doctor Edward Krumbhaar y su esposa, Helen, realizado en 1919, precisamente ¡sobre el efecto del gas mostaza en veteranos de la Primera Guerra Mundial! Cito dos párrafos de esta estupenda entrada de un médico colombiano:

Pero el hallazgo que ofrece mayores paradojas tiene que ver con la quimioterapia contra el cáncer. La noche del 12 de julio de 1917 cientos de obuses marcados con cruces de color amarillo cayeron sobre el ejército británico que se encontraba ubicado en la ciudad belga de Ypres. Se trataba del conocido gas mostaza. A causa del gas esa noche murieron o resultaron heridos cerca de 2.000 soldados de una manera terrible. Pero solo hasta 1919 Edward y Helen Krumbhaar, estudiaron a los sobrevivientes y encontraron que sus glóbulos blancos estaban muy bajos, las células normales se habían secado, estaban anémicos y necesitaban transfusiones una vez al mes. El gas había barrido solo algunas poblaciones específicas de células de la médula ósea.

Si no hubiera muerto cuatro años antes, el macabro hallazgo de los Krumbhaar habría emocionado profundamente a Ehrlich quien llevaba años buscando una nueva “bala mágica”, diferente al salvarsán, que atacara específicamente algunas células malignas de la sangre, respetando a las benignas. No obstante, tuvo que ocurrir un “incidente” en Bari, durante la Segunda Guerra Mundial, para que se iniciara una mayor investigación acerca de los efectos del gas mostaza. Goodman y Gilman se preguntaron años después sobre el efecto Krumbhaar, o la especificidad del gas para diezmar específicamente a los glóbulos blancos: ¿Podría ese efecto o algún primo etiolado explotarse en un entorno controlado, un hospital, con dosis minúsculas y monitorizadas para hacer diana contra los glóbulos blancos malignos?

Aún nos queda un personaje más. Como habrán visto, si han seguido los enlaces, el primer paciente tratado con quimioterapia, en 1942, era un tal JD.

Se ignoraba todo acerca del misterioso paciente. No se conocía su nombre, su fecha de nacimiento, el número de su historia clínica o las fechas en las que había sido tratado. Sin embargo, en 2010, dos médicos de Yale dieron con su historial, que se había traspapelado. JD había padecido un linfosarcoma. Tratado primero con radioterapia, aceptó cometerse a un tratamiento experimental que, al principio, fue exitoso, pero que no impidió su muerte, un año y un día antes del ataque a Bari.

Los autores de la investigación la presentaron en 2011 con ocasión del bicentenario de Yale.

 

 

Día triste

 

Cientos de palabras; en su mayoría, mera cháchara.

Habría bastado con unas decenas: nos vamos; queremos negociar a la vez la salida y las nuevas condiciones, que hay que vender esto a nuestros votantes; vamos a ver si no nos hacemos daño; si eso quedamos un día de estos.

Incluso mejor, habría bastado con dos: nos vamos. Habría sido más digno.

Impropio de tan grande nación.

 

* * * * *

Esta decisión de la Audiencia Nacional me parece un disparate.

Los elogios de Corcuera

 

En esta entrevista de hoy de Carlos Herrera al exministro José Luis Corcuera, a raíz de la captura de la cúpula de ETA en Bidart en marzo de 1992, el entrevistado menciona en varias ocasiones al exgeneral Rodríguez Galindo en términos muy elogiosos, llegando incluso a reprochar a los españoles que hayan caído en el olvido los logros del mencionado por nuestra falta de memoria.

Como el señor Corcuera nos reprocha nuestra falta de memoria y nuestro desagradecimiento, vamos a recordar todos los logros del exgeneral:

«En el año 1983 la Comandancia de la Guardia Civil de San Sebastián estaba situada en la calle Zumalacárregui, y en Inchaurrondo se encontraban los pabellones-vivienda de los guardias; la mandaba un Teniente Coronel, que actuaba como primer Jefe. En el mes de octubre de ese año acababa de ser destinado a ese cargo el “Teniente Coronel Julio M. M.”. El segundo Jefe era el entonces Comandante Enrique R. G., mayor de edad, sin antecedentes penales, que llevaba destinado en esa Comandancia desde 1980, anteriormente como tercer Jefe. Los oficiales del servicio de información, en el que se encontraban destinados unos treinta hombres, eran entonces el Capitán Angel V. H., mayor de edad, sin antecedentes penales, y el Teniente Fidel H. C. En ese servicio se hallaban encuadrados Enrique D. V., Cabo 1º, mayor de edad, entonces sin antecedentes penales, y Felipe B. L., Guardia, mayor de edad, entonces sin antecedentes penales. Para el desempeño de sus funciones los miembros del servicio de información actuaban divididos en tres grupos, delitos comunes, delitos fiscales y de tráfico de drogas y delitos de terrorismo. En función de cada misión se constituían subgrupos y se daban los distintivos. En 1983 era Gobernador Civil de Guipúzcoa José Julián E. G., mayor de edad, sin antecedentes penales; cargo que desempeñaba desde finales de diciembre de 1982. A mediados de 1983 José Julián E. G. solicitó del entonces Comandante del Cuerpo de Policía Nacional, Paulino G. D., el mando del cuartel de Aldapeta, la adscripción de un funcionario de ese cuerpo al Gobierno Civil, para desarrollar funciones burocráticas y de enlace, nombrándose a Angel L. C., quien pasó a ocupar una dependencia dentro del Gobierno Civil y, además de recoger toda la información que se publicaba que pudiese tener interés policial, para informar al Gobernador Civil, tenía encomendadas funciones de contrapropaganda en relación con actuaciones de ETA. A lo largo de ese año el Comandante Enrique R. G. y el Gobernador Civil José Julián E. G., al tener conocimiento de que en el Ministerio de Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas contra miembros de ETA refugiados en el Sur de Francia, como una vía para acabar con la actividad terrorista de ese grupo, entonces tremendamente cruenta, decidieron que ellos debían intervenir, tratando de lograr la detención en Francia y el traslado a España de aquellos miembros de ETA que consiguiesen localizar, a fin de obtener información, aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fuesen descubiertos, valiéndose de algunos de los Guardias Civiles destinados en el servicio de información de esa Comandancia, entre ellos el Capitán Angel V. H., el Cabo Enrique D. V. y el Guardia Felipe B. L., quienes se mostraron de acuerdo con todo ello. Para mantener custodiados y bajo control a los miembros de ETA que lograsen traer de Francia, eligieron la villa llamada La Cumbre, entonces en situación de semiabandono, propiedad del Estado, que se encontraba a disposición del Gobierno Civil. Esa villa, sita en el Alto de Aldapeta de San Sebastián, consistía en un edificio rodeado de un jardín, con piscina y pista de tenis y era utilizada esporádicamente por miembros de las fuerzas policiales para guardar motocicletas y perros o incluso para jugar al tenis. José Julián E. G. facilitó que accediera al recinto y al edificio el Comandante Enrique R. G. La detención en Francia y el traslado a San Sebastián de los miembros de ETA fue encomendada por el Comandante Enrique R. G. a personas cuya identidad no consta. Estas personas el día 15 de octubre de 1983 estuvieron en Bayona, siguiendo a José Antonio L. A. y a José Ignacio Z. A., y, cuando sobre las 0.30 horas, ya del día 16, los vieron solos en la calle Tonneliers, dirigiéndose a un coche, les abordaron y lograron inmovilizarlos e introducirlos en los coches que llevaban; y, con ellos ocultos, pasaron la frontera y llegaron a San Sebastián. En el año 1981, José Antonio L. A., nacido en Tolosa, el 21-3-1963, hijo de José Mª y de Mª Jesús, soltero, y su amigo José Ignacio Z. A., nacido en la misma localidad, el 5-1-1963, hijo de Juan y de Felipa, también soltero, se encontraban integrados en ETA, rama militar, formando parte, junto con Iñigo A. U. y otra persona, del comando denominado Gorki. El día 6 de noviembre de 1981 Iñigo A. U. fue detenido cuando, con sus compañeros de comando, acababa de realizar un atraco en la Caja Laboral Popular de la calle San Francisco de Tolosa, mientras que los demás, armados y encapuchados, tras enfrentarse a tiros con los miembros del Cuerpo Superior de Policía, lograban darse a la fuga. A raíz de estos hechos José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. abandonaron sus domicilios y huyeron de España. En el año 1983 se encontraban en Francia, residiendo en la localidad de Bayona; allí estaban en contacto con el denominado Comité de Refugiados, habían formulado peticiones de asilo político y, mientras se tramitaban, habían ido solicitando permisos de residencia, que les habían sido concedidos por distintos períodos de tiempo. En la noche del sábado 15 de octubre de 1983, José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A., que ese día habían estado acompañados de un hermano de José Antonio, llamado Miguel, fueron después de cenar al domicilio de Mariano M. C., sito en el núm. … de la calle Tonneliers de Bayona, y después, junto con la mujer de Mariano, estuvieron recorriendo algunos bares de la localidad. Sobre las 0.30 h, ya del día 16, Mariano M. C. dejó las llaves de su coche, un Renault 4L, verde, matrícula SS-…-M, a José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A., para que pudiesen trasladarse esa misma noche a las fiestas de la localidad cercana de Arcangues, y se separaron; quedándose Mariano M. C. y su esposa en el domicilio y dirigiéndose José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. a recoger el coche, que se encontraba aparcado en la misma calle Tonneliers, en un solar cercano. En ese momento es cuando José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. fueron abordados en la forma antes mencionada. En la mañana del lunes, 17 de octubre de 1983, al extrañarse Mariano M. C. de que no le hubiesen devuelto las llaves del coche, comprobó que el vehículo se encontraba en el mismo lugar donde él lo había dejado aparcado, sin signos de haber sido movido, pero con las puertas sin cerrar con llave, y que en su interior se encontraba la cazadora que en la noche del sábado llevaba José Ignacio Z. A., conteniendo en el bolsillo un puro, que Mariano le había dado esa noche, y que aparecía roto. Al enterarse de que José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. tampoco se encontraban en su domicilio y no habían sido vistos desde esa noche, puso su desaparición en conocimiento de la policía, acudiendo acompañado de Juan Ramón N. A., miembro del Comité de Refugiados, quien precisamente en la mañana de ese día tenía una cita con aquéllos para tramitarles los permisos de residencia, que ya se encontraban caducados. En Guipúzcoa, el día 15 de octubre de 1983, sobre las 22.50 h, se produjo un atentado, que inmediatamente se pudo atribuir a ETA, contra una patrulla de la Guardia Civil de Oñate, al hacerse explotar, mediante mando a distancia, un artefacto colocado en la pared de un huerto, junto a la carretera local San Prudencio-Oñate-Zumárraga, L-38, kilómetro 4; resultando herido el Guardia Civil R. C., que ocupaba el asiento trasero de uno de los vehículos, al golpearle una piedra, que como consecuencia de la explosión había entrado por el cristal trasero y aunque pudo ser inmediatamente trasladado, en el propio vehículo, al Hospital Comarcal del Alto Deva, en la localidad de Mondragón, ingresó en él cadáver sobre las 23 h. También resultó herido el guardia civil Antonio R. R., de carácter leve, por lo que, tras ser asistido en el mismo hospital, fue dado de alta. El Gobernador Civil, José Julián E. G., que escuchó por la radio la noticia de lo ocurrido, se dirigió solo, por no localizar a sus escoltas, al lugar donde se había producido el atentado, conduciendo el vehículo oficial, un Ford Granada blindado. José Julián E. G. estuvo en el escenario del suceso y visitó tanto el Hospital de Mondragón como el cuartel de Oñate, donde se instalaría la capilla ardiente. Encontró al Comandante R. G., con el que regresaba hacia San Sebastián, seguido ya por sus escoltas, después de las 5 h de la madrugada, cuando le pasaron al Comandante el aviso de que llamase por teléfono a Inchaurrondo, siendo informado así de la llegada de José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. a La Cumbre. Enrique R. G. le dijo a José Julián E. G. que habían caído dos peces medianos en Francia, lo que fue oído por Angel L. C., que había ido a reunirse con el Gobernador Civil al enterarse de que había salido solo. Desde el día 16 de octubre de 1983 José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. estuvieron detenidos en La Cumbre y su custodia, siguiendo las ordenes del Comandante Enrique R. G., fue encomendada por el Capitán Angel V. H., a Enrique D. V. y a Felipe B. L., llevándose a cabo, por turnos, en los que también intervinieron otras personas. A lo largo de varios días José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A. fueron interrogados por Enrique D. V. y Felipe B. L., y visitados con frecuencia por Angel V. H., y el primer día por Enrique R. G. y José Julián E. G. Una vez concluidos los interrogatorios a que fueron sometidos José Antonio L. A. y José Ignacio Z. A., y resueltos Enrique R. G., José Julián E. G., Angel V. H., Enrique D. V. y Felipe B. L. en darles muerte para hacerlos desaparecer, decidieron llevarlo a cabo en un paraje aislado, que les permitiese deshacerse de los cuerpos, enterrándolos en cal viva, para lo cual fue elegida la Foya de Coves, término municipal de Busot , Alicante. Enrique D. V. y Felipe B. L., junto con otras personas, trasladaron a José Antonio L. A. y a José Ignacio Z. A., atados y amordazados, y con los ojos vendados, a aquel lugar, que tenía acceso por un camino de tierra que partía de la carretera local A-182 ( Busot -Aguas de Busot ), km 12.100, por el que circularon unos 15 km, después abandonaron los coches y se introdujeron andando por la zona de monte unos 200 m. Allí, con una pistola Browning, hicieron un disparo a José Antonio L. en la cabeza, y dos a José Ignacio Z., también en la cabeza, lo que les causó la muerte inmediata. Después arrojaron los cuerpos, sin ropa, aún amordazados y con unas vendas a una fosa que habían preparado, de unos 180 cm de largo, por 80 de ancho y 90 de profundidad, y los cubrieron con tierra y con más de 50 kilos de cal viva. Sobre las 16.15 h del día 20 de enero de 1984 una voz masculina llamó al teléfono de la Cadena Ser de Alicante, y cuando le contestó la locutora Mª Nieves M. M., le dijo que hablaba en nombre de los Grupos Antiterroristas de Liberación, que prestase atención, que no lo iba a repetir, que ese día habían asesinado a José Antonio L. A. y a José Ignacio Z. A., que habían muerto pidiendo un sacerdote, pero que no se lo habían dado, porque no se lo merecían, y que se encontraban sus cuerpos en Busot ; colgando a continuación. El día 20 de enero de 1985, Ramón S. P., cuando se encontraba cazando por la Foya de Coves, encontró, esparcidos por las alimañas, restos humanos y la fosa en la que parecía hallarse un cuerpo, por lo que procedió a dar aviso al puesto de la Guardia Civil de Busot . Personados en ese lugar los miembros de ese puesto y comprobada la realidad del hallazgo, se comunicó al Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante y al equipo de investigación de la Guardia Civil. Una vez abierta la fosa resultó contener no uno sino dos cadáveres, que presentaban mordazas en la boca, los ojos tapados con cinta aislante y aún conservaban restos de vendas. Al primero de los cadáveres le faltaban las extremidades inferiores, lo que se correspondía con los restos que se encontraban esparcidos por el exterior, en un radio de unos 20 metros. A tres metros se encontró un casquillo, Geco 9 mm Parabellum, y unos días después, al cribar la tierra y la cal, un proyectil del calibre 9 mm Parabellum. Los cadáveres no fueron identificados y quedaron depositados en el Cementerio Municipal de Alicante, hasta que en 1995 el funcionario del CNP…, Jesús G. G., Jefe de Grupo de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de Alicante, ante las noticias aparecidas en la prensa del momento sobre las actuaciones de los GAL, la relación de personas desaparecidas que se les atribuían y los comentarios de personas procesadas en otros procesos respecto a utilización de cal, para hacer desaparecer cadáveres, empezó a sospechar que podía tratarse de los restos de José Antonio L. A. y de José Ignacio Z. A. Las gestiones iniciadas concluyeron con la identificación de los cadáveres. Entonces se realizó nueva inspección ocular, que permitió localizar otro proyectil semejante al anterior y nuevos exámenes de autopsia con el resultado de que José Antonio L. A. tenía un tiro en la cabeza, que no se había apreciado en la primera, y José Ignacio Z. A. dos, cuando en la primera sólo se había localizado uno.

La Audiencia Nacional condenó a Enrique Rodríguez Galindo, como autor de dos delitos de asesinato, con la agravante de prevalerse del carácter público, a la pena de 28 años y 6 meses de reclusión mayor, por cada uno de ellos, y, como autor de dos delitos de detención ilegal a la pena de 7 años de prisión mayor, por cada uno de ellos. Más tarde, la pena por detención ilegal se incrementó a 9 años y un día. Es decir, fue condenado a 75 años de prisión. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos tribunales desestimaron los recursos.

El show

 

Este artículo de Rubén Amón me interesa por el asunto que plantea, aunque su aproximación, la del articulista, incida más en lo formal (reverencial) que en lo sustancial. En todo caso, en él se denuncia un exceso planificado y esa es la parte más divertida. La zafiedad de los políticos de algunos partidos no es resultado de que no sepan comportarse de otro modo (algo que ignoro), sino de la necesidad de mantener una imagen concreta. Creen que si se comportan así sus votantes podrán seguir viviendo en la ficción de que los tipos a los que votaron son “gente”, de que los profesionales de Podemos, por ejemplo, son realmente ciudadanos corrientes transitoriamente dedicados al bien común. Es decir, no solo no se esfuerzan en razonar mejor y en comportarse de una forma más pulcra, o al menos aparentarlo, sino que, siguiendo un guión de telerrealidad, ofrecen a su público lo que creen que su público reclama. Saben que se les observa. Tampoco es nuevo. Los políticos no cuidan su imagen, sino que la venden. Todos los políticos. Esta es la razón, por ejemplo, de que en el PP lleven un tiempo buscando jóvenes.

Me encantaría que se equivocasen, que se pasasen de frenada. Sería estimulante que los españoles sancionasen estos teatros y pudiésemos decir “nos han tomado ustedes por imbéciles y no consentimos este insulto”. Porque, como es obvio, las ideas políticas medianamente articuladas no deberían estar peleadas con un comportamiento que destacase y que fuese ejemplarizante. En un mundo perfecto un dirigente político debería destacar entre sus conciudadanos. Ser más honrado, más capaz, más ejemplar. Y su comportamiento nos debería servir a los demás para mejorar, para expresarnos mejor, para discurrir mejor, para ser más generosos, más sutiles, para defender más a los débiles, para aumentar nuestras defensas contra el engaño y la demagogia. A veces sucede algo así y el timón lo maneja eso que llamamos un hombre de Estado. Hay naciones a las que les sucede esto más a menudo y dudo que sea por suerte (aunque la suerte influya). Yo no diré que lo formal es una condición indispensable, pero me resulta muy difícil imaginar a alguien que, al menos públicamente y en ciertos lugares destinados al rito civil, se dedique a ventosear, a soltar mamarrachadas y exabruptos, a perder su individualidad, repitiendo consignas, y a la vez termine convertido en una de esas personas que facilitan las cosas, convenciendo a la gente para que deje de mirar sus miasmas y piense a largo plazo.

El círculo vicioso o virtuoso es ese. Ocurre igual en las relaciones personales. Podemos escoger rodearnos de personas grises, que se adapten a nosotros, que no nos discutan ni nos planteen dificultades. O podemos optar por personas que nos las planteen, que discutan nuestros argumentos, que solo te den la razón si realmente las convences de que la tienes. Si premiamos a los que dicen lo que queremos escuchar, aunque no crean en ello, terminaremos alimentando a los que carecen de principios. Sé que esto no es blanco o negro, que está lleno de matices. Los intereses, el egoísmo razonable, el aspecto profesional, el mal menor, todo influye. Lo mismo sucede con la mentira: admitimos cierta cantidad de mentira en el político, por muchas razones, como la admitimos en la publicidad. Cierta cantidad, no el obsceno comportamiento del que se enorgullece de mentir grosera y constantemente sobre los asuntos más importantes.

Nuestros políticos son un reflejo aproximado de lo que queremos que sean. Tan es así, que se ha reprochado a algunos diputados de Podemos que vistieran chaqueta y corbata. A ese grado de inanidad hemos llegado. A pensar que nollevarchaqueta es un uniforme.

Solo una cuestión más: carece de sentido el activismo —eso que hacemos cuando queremos influir en las instituciones— en un lugar como el Congreso. En el Congreso se aprueban las leyes y habla la nación. No se convence al adversario político mostrando carteles de un preso. Esto demuestra la maskirovka. El activismo de Podemos en el Congreso es impostado, publicidad dirigida al votante, campaña permanente. Esto, en sí mismo, es un insulto a los demás diputados y a los ciudadanos que votaron a esos otros diputados. Ese comportamiento demuestra que del proceso democrático solo les interesan las elecciones y la toma del poder. Naturalmente, ellos no solo afirman exactamente lo contrario, sino que esa fue su consigna principal.

Las buenas maneras se justifican por su finalidad, no en sí mismas. Ese es el aspecto sustancial. Cuando se afirma que algunos piensan que la democracia solo es votar cada cuatro años, como crítica, a veces el que la formula olvida que se vota cada cuatro años para elegir a los que se ocuparán de la cosa pública durante esos cuatro años. Unas elecciones no son un casting. No deberían serlo, al menos.