El diputado Iglesias

Hoy, en el programa de Carlos Alsina, Pablo Iglesias ha demostrado hasta qué punto es un irresponsable.

Y no tanto por su ignorancia. Ha afirmado que los hechos de Alsasua podrían ser una falta (por dos veces) o un delito de lesiones (“falta o delito lo que diga el juez”), cuando ya no existen las faltas de lesiones (tras la última reforma del Código Penal, las faltas de lesiones se convirtieron en delitos leves de lesiones), para después afirmar que sabía que las faltas ya no existían. ¿Lo sabía o no? Si no lo sabía es un ignorante y un mentiroso; si lo sabía, el uso de la palabra “falta” solo puede tener una finalidad, rebajar la gravedad de los hechos, trasladando a la gente la idea de que fue algo de poca importancia. En un momento de la entrevista llega incluso a utilizar la expresión “o, en este caso, un ilícito civil o penal”. Un ilícito civil, con un agente de la Guardia civil intervenido quirúrgicamente por una fractura.

No, señor Iglesias, ningún juez puede decir que un ilícito penal es una falta porque las faltas no existen.

Su irresponsabilidad es resultado de su biografía. Se ha acostado tanto tiempo con los mensajes de los filoetarras que se ha quedado embarazado y ha parido (él y muchos de su partido) una criatura deforme y siamesa en la que conviven la supuesta denuncia de los hechos (“fuimos los primeros”) y sus adversativas.

Y esa bazofia intelectual se manifiesta en la manera que tiene de acortar la realidad y falsearla. Por ejemplo, al afirmar que es inadmisible que convirtamos cualquier agresión contra un policía o un guardia civil en el País Vasco en delito de terrorismo. Esa afirmación es falsa y la realidad está a la vista: hay sentencias por delitos de atentado dictadas por la Audiencia Provincial de Navarra y si fuera cierto lo que dice Iglesias no podrían existir.

Naturalmente, eso es falso. Un delito de atentado (pare ser más exactos, un delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos,  y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías) se convierten en delito terrorista no porque tengan lugar aquí o allí  o porque lo sean contra personas concretas, sino porque se hagan con la finalidad de:

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2.ª Alterar gravemente la paz pública.

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Como pueden ver, cuando Iglesias (el ignorante Iglesias o el mentiroso Iglesias) se pone a dar clases de derecho al periodista, solo menciona una de las ocho alternativas que se contiene en esos cuatro números, ocultando que también hay terrorismo si se pretende por ejemplo obligar al Estado, por medio de esos delitos, a que la Guardia Civil salga de Navarra. Solo una de las ocho.

Y además lo hace afirmando que no conoce el auto de procesamiento y que no sabe si fue una “pelea” o una agresión ni qué les pasó a los agentes que sufrieron esas lesiones.

No lo conoce, pero opina que es un exceso que los magistrados de la Audiencia —los magistrados, no el Gobierno, ni la policía— hayan calificado hasta ahora esos indicios como posible delito terrorista. No le creo. Yo creo que lo conoce.

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Las lesiones que se describen en el auto de procesamiento son las propias de un delito grave de lesiones (nunca de un delito leve, la antigua falta) porque una intervención quirúrgica es un tratamiento médico:

Artículo 147.

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses.

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses.

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Así que ya sabemos que Iglesias es un ignorante, un irresponsable y/o un embustero. Y su aparente preocupación por supuestos excesos judiciales son eso, mera fachada.

Porque sí existe una manera jurídica (y, en consecuencia, política) de abordar este asunto (algo difícil en mi caso, ya que no he podido leer el auto de conclusión del sumario ni los de la Sala que resolvían diferentes recursos, ni conozco los informes que se mencionan en ella). Esa manera necesariamente pasa por lo siguiente:

1.- Por plantear dudas sobre el delito de atentado, puesto que los agentes no estaban en el ejercicio de sus funciones.

2.- Por plantear dudas sobre la concurrencia de los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal, puesto que resulta difícil su encaje en el tipo descrito en la norma.

3.- Por discutir esos informes policiales y las pruebas en que se apoyen sobre la existencia de esos grupos organizados, dotados de cierta estabilidad, que tienen esa finalidad (obligar al Estado a destinar a los guardias civiles fuera de Navarra) utilizando para ello el acoso, la intimidación, para obtener el aislamiento de los agentes y sus familias. A menudo estos informes presentan debilidades y se demuestran más como construcciones que como auténticas pruebas. Para eso, naturalmente, hay que leer esos informes y analizarlos.

Y todas esas críticas o dudas se pueden articular sobre la base de un discurso coherente que pretenda evitar un uso excesivo del tipo penal de terrorismo, algo perfectamente justificable, ya que las penas previstas para este tipo de delitos, y los miembros de esos grupos y organizaciones son mucho más duras. Sí, el Estado a veces se excede; a veces es arbitrario; a veces usa sus instrumentos de manera exagerada, provocando daños a los ciudadanos.

El problema es que yo no creo a Iglesias. No creo que esa sea su preocupación. Es el mismo hombre que mira hacia otro lado cuando un pseudotribunal encarcela más de diez años a un líder político en Venezuela vomitando una sentencia grotesca.

Y, por la misma razón, yo no tendría ningún inconveniente en que diputados españoles recibieran a las familias de unas personas encarceladas que protestan por una respuesta que dicen excesiva de las instituciones del Estado, si creyera que esa es su preocupación real. Y no por eso los llamaría amigos de los terroristas. Pero no les creo. No a las familias. Ignoro qué hicieron realmente los acusados. Ignoro qué sucedió y si, en su caso, tenían esa finalidad perseguida por la ley como terrorista. Y si piensan que una campaña pública puede ayudar a sus familiares es lógico que la emprendan. Ahora, si pretenden tener cierta credibilidad, es imprescindible que se basen en pruebas y en argumentos.

Cuando digo que no les creo, me refiero a los que los recibieron en el Congreso. Esa es la gente que lleva años comprando el discurso de mierda, el que se denuncia magníficamente aquí.

Ya termino. El retórico Iglesias, el de las preguntitas, muestra lo que es al preguntar a Carlos Alsina si cree que en el caso de que alguien agrediese al periodista porque no le gusta lo que dice o al propio Iglesias porque no le gusta lo que piensa, si, en ese caso, le parecería bien que se acusase a los agresores de delito terrorista y se juzgase en la Audiencia Nacional.

Eso ya pasó, diputado Iglesias. Y la respuesta es que sí, si con ello se pretende, por ejemplo, que los diputados de Podemos no puedan expresarse o se pretende coaccionarlos para que se queden en su casa o que tengan que salir a la calle escoltados. Sí, diputado Iglesias, si unas personas te agredieran con la intención de desestabilizar gravemente el funcionamiento del Congreso, o de obligarte a que no puedas emitir tu opinión libremente, o de alterar gravemente la paz pública, o de provocar un estado de terror entre los que te votan o entre los miembros o dirigentes de tu partido, naturalmente que sería terrorismo, y los ciudadanos normales y decentes querríamos que los autores de ese acto criminal fuesen castigados como terroristas y juzgados en la Audiencia Nacional.

Tú, diputado Iglesias, no harías lo mismo si el diputado agredido fuese del PP, o del PSOE, o de Ciudadanos. Por eso te haces esas preguntas de mierda.

 

 

Sigo pensando que prevaricaron

Francesc Homs ha sido condenado solo por delito de desobediencia. No por prevaricación.

A falta de la sentencia completa, leo aquí esto, que estimo resume el argumento esencial para negar la existencia de la prevaricación:

CONCURSO DE NORMAS. DESOBEDIENCIA y PREVARICACIÓN: la Sala
entiende que los hechos declarados probados sólo pueden ser sancionados como
constitutivos de un delito de desobediencia, sin que podamos acoger la fórmula
concursal sugerida por el Ministerio Fiscal. No estamos en presencia de un concurso
de delitos, sino de un concurso de normas en el que el desvalor de una de las acciones
–la desobediencia- absorbe a la otra –la prevaricación-. En efecto, la punición del Sr. Homs como autor de un delito de prevaricación, con fundamento en esas omisiones que permitieron el desarrollo del proceso de participación, implicaría vulnerar el principio de proporcionalidad o, desde otra perspectiva, desbordar la medida de culpabilidad. Y es que cada una de esas omisiones no son sino secuencias de una desobediencia más amplia, aquella que impulsó al acusado a menospreciar el mandato del Tribunal Constitucional. Condenar por un delito de prevaricación, tomando como acción típica las conductas omisivas del acusado –no paralizar las obras para acondicionar la infraestructura de seguimiento de las votaciones, no suspender la impartición de cursos a voluntarios por el Centre de Telecomunicaciones i TecnoLogías de la Informació (CTTI), no interrumpir la instalación de programas en los ordenadores previamente adquiridos para su posterior reparto en los centros escolares en los que se desarrolló la votación y, en fin, no paralizar la campaña publicitaria y de buzoneo puesta en marcha días atrás- supondría fragmentar artificialmente una conducta omisiva que sólo se explica por su unidad. Las distintas omisiones no son sino manifestaciones de la contumacia del acusado, de su resistencia a someterse al mandato del Tribunal Constitucional. Si bien se mira, la injusticia de esas omisiones –elemento insustituible del tipo objetivo del delito de prevaricación- sólo podría apoyarse, en su caso, en la conducta desobediente que ya ha sido objeto de punición.

Es cierto que en el caso del Sr. Homs, además de esas omisiones, existió una acción positiva claramente individualizada en el relato de hechos probados. Se trata de la carta fechada el día 6 de noviembre de 2014, en la que dio respuesta, a través del Presidente del CTTI, a las dudas suscitadas por un directivo de T-SYSTEMS que exigía saber si los trabajos que habían sido encomendados a esta empresa quedaban o no afectados por la prohibición acordada por el Tribunal Constitucional y que ya divulgaban los medios de comunicación. Sin embargo, no basta para afirmar la concurrencia del delito de prevaricación acreditar la existencia de una resolución administrativa. Se precisa, además, que ésta sea injusta. El problema radica en que la injusticia de esa carta sólo podría llegar a explicarse como manifestación de la renuencia del acusado a admitir la obligatoriedad de la providencia de suspensión. Dicho con otras palabras, la carta si fuera tildada como una resolución injusta, lo sería porque mediante su contenido se desobedece lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Pero eso es precisamente lo que ha servido a la Sala de presupuesto para el juicio de tipicidad que permite la condena del Sr. Homs como autor de un delito de desobediencia.

Vista esa argumentación (favorable al acusado), que entiende que estamos en presencia no de un concurso de delitos (hechos que infringen dos o más normas), sino de un concurso de normas (el desvalor de la conducta se puede incardinar en dos normas diferentes y se opta por aquella en la que “encaja” mejor) yo sigo diciendo lo mismo que dije aquí.

Me centro en particular en esto:

Si bien se mira, la injusticia de esas omisiones –elemento insustituible del tipo objetivo del delito de prevaricación- sólo podría apoyarse, en su caso, en la conducta desobediente que ya ha sido objeto de punición

Y esto:

Dicho con otras palabras, la carta si fuera tildada como una resolución injusta, lo sería porque mediante su contenido se desobedece lo resuelto por el Tribunal Constitucional

Discrepo. No estamos ante hechos que supongan una simple desobediencia, sino ante el ejercicio de facultades que no correspondían a los acusados (porque carecen de competencia para convocar un referéndum inconstitucional y todas sus omisiones y acciones —en realidad todo el plan articulado— tenían esa finalidad y solo se explican como hitos en ese hecho ilegal) y, específicamente, porque, una vez presentado el recurso por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, la suspensión era automática. Y lo es por ley (porque lo dice la Constitución Española). Es decir, el Tribunal Constitucional no decidía discrecionalmente si suspender o no, sino que no podía hacer otra cosa que notificar a los acusados el hecho de la presentación del recurso, del cumplimiento de sus requisitos formales y de su consecuencia legal (no basada en una decisión judicial, que siempre exige una motivación). Puestos a interpretar que existe un concurso de normas, me habría parecido más coherente interpretar que el delito es de prevaricación, antes que de desobediencia, aunque en mi opinión concurren ambos. Porque, por un lado, los acusados directamente se atribuyen competencias que no les corresponden y que contrarían la columna vertebral de la Constitución, en particular de su Título Preliminar —y es notorio que es así, y toda la supuesta argumentación jurídica para sostener otra cosa es un grosero ataque al derecho— y además porque incumplen a sabiendas también la Constitución Española al desconocer que, por la admisión a trámite de un recurso de esta naturaleza, procede la suspensión inmediata de la norma, al menos hasta que el Tribunal Constitucional, previa audiencia de las partes, decida motivadamente otra cosa. Y, además de esto, los acusados decidieron desobedecer de manera consciente y contumaz lo que, con arreglo a la ley vigente (y con independencia de ese automatismo antedicho), le comunicaba un tribunal en ejercicio de sus facultades. Su conducta, por tanto, envuelve un doble ataque que justifica que hablemos de un doble desvalor: por un lado se trata de un ataque grosero (el más grosero posible) al ordenamiento constitucional (exclusión hecha del relativo al poder judicial), y por otro, de un ataque a la obligación de todos (especialmente de los poderes públicos) de cumplir con las resoluciones de los tribunales de justicia.

No obstante, por mucho que no me haya convencido el Tribunal Supremo ha hablado.

Por cierto, ayer percibí cierta jocosidad en el hecho de que los condenados por el TSJC anunciaran en su recurso de casación que iban a argumentar que la condena es contraria a la Constitución. No lo entiendo. No solo tienen derecho a hacerlo, sino que no percibo ninguna contradicción en su utilización. Me recuerda a cierta discusión que se suscitó en este mismo blog sobre la alegación por el PP de que el proceso de Gürtel podía ser nulo: lo voy a volver a repetir, yo creo que nunca se puede reprochar, ni legal, ni moralmente, a un acusado, que alegue que sus derechos se han visto desconocidos. Da igual cuál sea su conducta. Da igual lo que se le atribuya. Usar los instrumentos del Estado de Derecho no solo es legal y legítimo: siempre está justificado moralmente y de su utilización (so pena de rebajarlo, de minarlo) no deberíamos nunca extraer ninguna consecuencia (ni política, ni moral, ni social, ni legal). Aunque al final ese mismo Estado de Derecho concluya que eres el peor de los sujetos.

Lo repito aunque sé que muy pocas personas están de acuerdo conmigo.

¿De qué nos protegemos?

 

Tengo pendiente escribir sobre la sentencia que condenó a César Strawberry. El asunto lo merece, y esa sentencia no es la decisión absurda que se ha vendido por muchos (lo único sin nivel en la sentencia es cierto voto particular). Al contrario, la sentencia (y sus argumentos) trasciende precisamente porque es un excelente punto de partida para preguntarnos qué debemos hacer con la regulación que se contiene en este momento en el Código Penal sobre determinados delitos de “opinión”. Lo haré, un día de estos.

Ahora bien, hoy es noticia el juicio de cierta tuitera que publicó tuits sobre Carrero Blanco y su atentado. He leído comparaciones entre este caso y el de Strawberry. Comparaciones con la finalidad de justificar una sanción penal en ambos y con la de justificar una absolución en ambos casos. Lo que no he leído hasta ahora es una argumentación como la que voy a exponer (no digo que no exista). Por eso la escribo.

Cuando hablo del discurso del odio y de la persecución de aquellos que justifican o legitiman el terrorismo, siempre parto de esto (me cito):

Antes de entrar en algunas cuestiones, les diré que tengo muchas reservas acerca de delitos como este (y de ciertas agravantes como las del artículo 22.4, que agrava la pena si se actúa por motivos racistas, antisemitas o que impliquen, en general, discriminación). También incluiría aquí lo que se denomina a veces delito de negacionismo, es decir, el previsto en artículo 607.2.

Sin embargo, mis reservas, que se basan en una idea de la libertad de expresión que solo encontraría límites en el atentado contra personas concretas (es decir, en la injuria y la calumnia) no me llevan al punto de negar que existe una base ética y un desarrollo conceptual justificativo de la existencia de estos delitos y de esas agravantes extremadamente sólidos. El horror de los totalitarismos genocidas, los crímenes contra la Humanidad y las diferentes formas de terrorismo son un punto de partida muy poderoso para justificar la penalización de lo que se conoce como discurso del odio.

En consecuencia, mis dudas no me impiden admitir que la penalización de esas conductas no puede considerarse con facilidad arbitraria o injustificada. Estamos, seguramente, en los límites más delicados del propio derecho penal.

Esto, en román paladino, quiere decir que cualquiera que diga que castigar esas conductas supone un atentado contra la libertad de expresión lo lleva crudo. Hay muy buenas razones para que la sociedad ponga ahí límites si con esos límites nos protegemos de algunas de las versiones más malignas del comportamiento humano.

Naturalmente, esto solo es predicable de las sociedades democráticas. El monopolio de la violencia por el Estado solo se puede justificar plenamente en una sociedad democrática. Es muy antigua la discusión sobre el tiranicidio y sobre la justificación de la revolución popular y la revuelta, en el caso de regímenes liberticidas. La discusión plantea no solo el conflicto ético, sino su oportunidad. Es decir, si ciertos caminos intrínsecamente violentos sirven o no para la instauración de un régimen democrático. Hay ejemplos para todos los gustos. A favor, en contra y mediopensionistas. Incluso hay ejemplos de personajes históricos que lavaron su pasado terrorista convirtiéndose en mandatarios solo porque triunfaron. La historia de las naciones está repleta de ictus semejantes, muchas veces convenientemente ocultos, para no perturbar los pensamientos monolíticos.

Franco era un dictador criminal. Su régimen era autoritario y criminal. Luis Carrero Blanco no solo era el presidente de su gobierno, sino que era la primera persona que ocupaba ese puesto desde la Guerra Civil que no fuera el propio Franco. Carrero Blanco era un hombre con única ideología, según sus propias palabras: el franquismo. Esa era su única agenda política. A todos los efectos, Carrero Blanco era un doppelgänger de Franco. Tan obvio es esto que, incluso con el tabú extremo de lo que supone justificar cualquier actuación de ETA (precisamente porque tras la dictadura siguió matando, lesionando, secuestrando y coaccionando), se discute si el atentado facilitó o no la llegada de la democracia (discusión, por otra parte, destinada al fracaso, como sucede con tantos contrafácticos históricos).

La cuestión a la que voy es la siguiente: la persecución del discurso del odio, una vez que nos encontramos en una sociedad democrática en la que existen vías pacíficas y legales para la exposición de ideas y opiniones y para el desarrollo de proyectos políticos, se basa precisamente en la necesidad de defendernos contra los que quieren acabar con nuestro sistema de libertades. Pero esa justificación, ese bien jurídico protegido, solo es pleno precisamente cuando se trata de aquellos que defienden el uso de la violencia en un régimen de libertades y democrático. Cuando se trata de situaciones excepcionales y de regímenes que no respetan la vida y la libertad, esa legitimidad desaparece (o al menos se difumina gravemente). Se trata de la misma justificación que se encuentra detrás de la legítima defensa.

¿Habría sido legítimo asesinar a Hitler? ¿A Stalin? ¿A Pol Pot? ¿A Bin Laden? ¿Fue legítimo el bombardeo de Dresde o el lanzamiento de las bombas atómicas? No podemos eludir estas preguntas.

Y si no podemos eludir estas preguntas, es un exceso injustificable pretender que comentarios sobre el asesinato de un dictador (y Carrero Blanco lo era) sean delictivos porque se pueden enmarcar en el discurso del odio.

Recordemos que, como consecuencia de la llamada Ley de Amnistía, personas que utilizaron la violencia ilegítima desde las instituciones del Estado franquista, vieron cómo su conducta previa devenía impune. Y esa misma ley afectó a los que se encontraban encerrados en las cárceles por delitos de terrorismo. Más aún, el mismo atentado contra Carrero Blanco no pudo perseguirse porque lo prohibía la Ley de Amnistía.

Ya sé que en la noticia que enlacé al principio se menciona que el Tribunal Supremo ha condenado a varias personas por tuits o mensajes sobre Carrero Blanco. Bueno, esto es una media verdad, es decir, una falsedad. Esas personas no solo se refirieron a Carrero Blanco. Vean un caso. Otro. Y otro. Como pueden ver, las condenas estaban absolutamente justificadas. En todos esos casos se enaltece o justifica el terrorismo etarra durante la democracia.

En resumen, si es cierto que el juicio se refiere exclusivamente a esos trece tuits sobre Carrero Blanco, una condena me parecería un disparate.

 

El tío Jeroen con la rebaja

 

Se ha montado cierto escándalo por una expresión supuestamente usada por Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de los Países Bajos, en una entrevista en el Frankfurter Allgemeine.

En esa declaración decía que la solidaridad le parece muy importante y que los países del norte de Europa han sido solidarios con los del sur, pero que los que reclaman la solidaridad también tienen obligaciones. Concretamente, que uno no puede gastarse todo el dinero en aguardiente y mujeres y luego pedir que se le ayude.

Me llaman la atención dos cosas:

1.- La primera, que el político niega haberlo dicho. Vean esto:

 

Las preguntas las hace un eurodiputado español: Ernest Urtasun.

Si el político niega haber dicho eso, ¿por qué la polémica y la petición de dimisión? Primero tendrán que demostrar que es cierto que lo dijo.

2.- La segunda: ¿por qué la polémica aunque lo dijera? Vean la intervención completa en la que explica sus declaraciones:

 

Por lo visto, las declaraciones son “racistas” y “machistas”. También es “ofensivo”, “ignorante” y “arrogante”. Un par de ejemplos:

Hemos llegado a un punto en el que una expresión cotidiana y vulgar (recuerden, él niega haberla usado), utilizada para ilustrar una opinión, se convierte en un alegato machista y racista. Es bastante obvio que no está llamando a los ciudadanos del sur de Europa borrachos y puteros (aclaro, digo puteros por ilustrar mi opinión, sin excluir que la expresión pueda referirse a otro tipo de individuos de sexo femenino de la especie humana simplemente dispuestos a admitir graciosos presentes por razones variopintas de personas de sexo masculino). ¿Lo es, verdad? Porque si no lo es, habremos de interpretar que literalmente se está refiriendo a sí mismo (“uno no puede”) y, en todo caso, a una sola persona. ¿Solo vive un hombre en el sur de Europa?

Si esa expresión no es literal (“aquí o follamos todos o matamos a la puta”), habremos de admitir que no nos estaba llamando lo que literalmente aparece en esa expresión. Y, si nos movemos en el ámbito de los ejemplos, habremos de admitir que el hombre solo quería decir que para recibir ayuda, el ayudado ha de asumir obligaciones. 

Vaya, se trata justo de la explicación que da el holandés en el vídeo.

Por tanto, lo más que podría decirse de quien utilizase esa frase es que es algo vulgar y que mejor podría haber acudido, para ilustrar su opinión, a otras expresiones de mucho más nivel, como la española “ser cornudo y poner la cama” o esa otra de “cornudos y apaleados” (frase utilizada incluso en el Congreso de los Diputados).

Sin embargo, nos hemos indignado.

 

 

 

Hola, no tengo ni puta idea, pero escribo tuices de El Mundo

Los periodistas se suelen preguntar por qué la prensa está en crisis.

Veamos:

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Los condenados, señores Mas, Rigau y Ortega no pueden apelar una sentencia del TSJC. Pueden recurrirla en casación. Y no pueden  recurrirla ante el “Constitucional”, sino ante el Tribunal Supremo.

Es decir, en el tuit que copio solo es correcto el nombre de los tres recurrentes. Uno, viendo el tuit, y conociendo el paño, imagina que en el recurso de casación que habrán anunciado (y que terminará, de ser admitido, en el Tribunal Supremo) mencionarán la infracción de preceptos constitucionales. Algo, por otra parte, habitualísimo.

¿Por qué está en crisis la prensa? De eso, si quieren, hablamos otro día.

 

 

 

La batalla de Portugal

 

Gracias a este artículo, publicado en El País, he descubierto que Portugal participó en la Segunda Guerra Mundial y fue bombardeada por lo nazis:

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Uno no deja nunca de aprender cosas nuevas.

Por lo demás, lo de Franco y Reino Unido ni lo comento. Mejor lean este hilo de twitter. Si quieren claro.

Este artículo pretende engañarlo

Puigdemont y Junqueras han escrito un artículo que han titulado “Que gane el diálogo, que las urnas decidan”. Las autoridades sanitarias deberían recomendar que un artículo así se publicase con una advertencia, veamos por qué:

El Gobierno de Reino Unido y Escocia pactaron un referéndum. La pregunta, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Electoral de Reino Unido, fue: “¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o no”. Sin más. Hubo acuerdo porque hubo voluntad política de convocar y permitir el referéndum [primera falsedad: hubo acuerdo porque hubo voluntad política y porque la Constitución del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo permitía, ya que la nación es resultado de diversos textos legales de rango constitucional que se denominan en conjunto Acta de Unión. Todos esos textos permanecen en vigor]  No se dejó en manos de tribunales lo que se pudo resolver políticamente [se podía, no resolver, sino pactar, porque era legal hacerlo; de hecho, los tribunales británicos han corregido al Gobierno británico en lo relativo a la necesidad de que el Brexit tuviese que apoyarse en un acuerdo parlamentario. ¿Saben por qué? Exacto, porque no era constitucionalY todo parece indicar que Escocia y Reino Unido volverán a pactar la celebración de un nuevo referéndum de independencia. El segundo en tres años. No está mal para algo que en España no puede ni tan solo formar parte de una mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán [Tercera falacia: pensar que lo que es válido en Reino Unido debe ser válido también aquí. ¿Por qué no escogemos el caso norteamericano, por ejemplo, Estado federal. ¿Puede Nueva York secesionarse? El Tribunal Supremo norteamericano dice que no. Es el problema de los ejemplos, que todos tenemos los nuestros, aunque curiosamente, los que pueden usar los secesionistas son escasísimos. Por eso, en vez de ejemplos, apliquemos NUESTRAS NORMAS, que son democráticas y estándares entre las naciones democráticas y civilizadas].

Pactar la forma de resolver las diferencias políticas siempre une [Incumplir la ley siempre desune]. Las diferencias sólo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de resolverlas [¿cómo se acuerda resolver las diferencias entre los que quieren imponer su punto de vista a la mayoría de forma que nos mantengamos más unidos? ¿Une pactar una solución con los que quieren prohibir el matrimonio homosexual, por ejemplo, concediéndoles algo —que no se llame así, o que los homosexuales no puedan adoptar—? Por otra parte YA HAY UNA FORMA DE RESOLVER LAS DIFERENCIAS: se llama Constitución Española y democracia española] las diferencias son consustanciales en la sociedad democrática, no son negativas, hay incluso que tratarlas con delicadeza si se trata de diferencias cuya defensa es más difícil y comprometida [¿hay que tratar con delicadez al nazi? ¿todas las diferencias hay que tratarlas con delicadeza?]. Ahí es donde la democracia se robustece y se afianza ante la pulsión populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación [Gigantesca falacia: la primera seña del populista es precisamente pretender QUE SE INCUMPLA LA LEY, apoyándose en las masas que desfilan. ¿Les recuerda a alguien?]. Señalar al diferente como amenaza, como elemento de división de una sociedad que vivía tan tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas, es, aparte de terriblemente injusto, un grave obstáculo para la búsqueda de soluciones [Nadie está señalando a nadie como amenaza. Lo que se señala como amenaza es la conducta de ciertas personas, que basan sus exigencias en el incumplimiento de la ley básica. Y, por cierto, ellos hablan del diferente porque AQUÍ se refieren a España, porque según su propio discurso el diferente, el minoritario, en Cataluña es el OTRO —aunque esto no se refleje en las elecciones—]

Como consecuencia del acuerdo entre Escocia y Reino Unido se produjo un amplio debate, un debate de ideas [En España llevamos debatiendo sobre la secesión toda la vida; a nadie se le ha impedido opinar]. Finalmente, una mayoría de escoceses optó por el no, de acuerdo con las tesis del Gobierno de Londres [optaron porque el referéndum era constitucional y se basaba en leyes aprobadas por los respectivos parlamentos; de no haberlo sido no habrían podido optar sin el concurso del resto de sus conciudadanos británicos]. Fue así, sin más. La vida siguió en Escocia y en Reino Unido, como hubiera seguido con la victoria del sí. El referéndum de independencia contó con una participación récord del 84,59%, 12 puntos más que en el referéndum del Brexit, que fue del 72,2%, una cifra que se consideró un hito puesto que era la más elevada en una votación en los últimos 25 años. Estos datos describen algo muy relevante que deberían anotar quienes acusan a los partidarios de cambios como una especie de agentes al servicio de la división de la sociedad: los campos separados en una disputa democrática se unen sin ningún género de dudas en las urnas [deducir de una alta participación la consecuencia de la unidad es un disparate que se comenta por sí mismo. En las guerras civiles TAMBIÉN SUELE HABER UNA ALTA PARTICIPACIÓN]. Insistimos: no separan las diferencias, lo que separa es la ausencia de acuerdo para resolverlas [Falso: lo que separa es la imposición. Es decir, la ruptura de la ley democrática. En España esa ley es la Constitución Española. Y falso: en España hay mecanismos, no para resolver, sino para decidir. El problema es que no coinciden con los que defienden los articulistas, que quieren imponer al resto de españoles y a muchos catalanes otro].

El escenario escocés de un referéndum acordado es el que desearíamos en Cataluña [nos consta, pero es inconstitucional] En consecuencia, el escenario del referéndum acordado es el que desearíamos en Catalunya [nueva falacia: lo que quieren no es un escenario “acordado”, sino que quieren un escenario que presupone la existencia de un sujeto de soberanía, llamado Cataluña, que carece de existencia. Es decir, no buscan un acuerdo, pretenden una imposición]. Queremos recordar que lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello. Tal vez sea injusto atribuir al presidente Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva. Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos. [No está de más recordar que ninguno de esos partidos puede, legalmente, pactar un referéndum de secesión, puesto que lo prohíbe la Constitución. Tampoco podrían pactar que se hiciera un referéndum en toda España para que se apruebe la pena de muerte].

Así las cosas, parece bastante indiscutible que la actitud del Gobierno catalán y del Parlament de Catalunya se asemeja a la posición escocesa (dialogar y acordar un referéndum) [gigantesca falsedad: la posición escocesa se basa en SU CONSTITUCIÓN, la del Parlamento catalán —de su mayoría— se basa en el desconocimiento de la norma de la que se derivan sus limitadas facultades; los secesionistas no quieren dialogar, sino imponer la existencia de un sujeto de soberanía inconstitucional al resto de españoles no secesionistas], pero que la actitud del Gobierno español y las Cortes Generales no se parece en lo más mínimo a la del Gobierno y el Parlamento británicos [puestos, donde sí hay semejanza es entre el Gobierno y el Parlamento españoles y los homólogos británicos, ya que sus posiciones políticas parten precisamente de aquello que pueden legal y constitucionalmente hacer] .No sólo hay una preocupante ausencia de voluntad de diálogo [diálogo es, para los articulistas, pasar por sus horcas caudinas; cada vez que lean “diálogo” en el artículo sustitúyanlo por “tragar con lo que quiero imponer”], sino que camina en la dirección exactamente inversa: querellas, judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, etcétera. [cristalino: toda respuesta legal —excluyo lo de guerra sucia, algo siempre ilegal— va en la “mala dirección”. La conclusión es obvia: lo bueno es incumplir la ley] Y ya hay los primeros resultados: primeras condenas de inhabilitación a cargos públicos para el presidente Artur Mas y las consejeras Ortega y Rigau, mientras se está a la espera de la sentencia contra Francesc Homs. Todos ellos por haber cometido el delito de dar voz a los ciudadanos [nueva falacia: los ciudadanos catalanes tienen “voz”: la misma que el resto de ciudadanos españoles. De hecho los articulistas ejercen cargos públicos porque los han elegido ciudadanos catalanes. Los condenados por delitos no lo están por “dar voz” —por cierto, ridículo ego—, sino por incumplir la ley democrática].

En sintonía con la voluntad de Gobierno, Parlament y sociedad, se ha puesto en marcha en Catalunya el Pacto Nacional por el Referéndum, del que participa una pluralidad aplastante de la sociedad catalana [el recurso del populista: enseñar sus divisiones], incluidos agentes económicos y sociales. Sondeos de todo tipo y procedencia señalan que alrededor del 80% de los catalanes querrían ser consultados acerca del futuro político de Catalunya en relación con España [los sondeos no gobiernan las naciones avanzadas con instituciones y leyes democráticas]. El Pacto tiene como propósito reiterar la voluntad de celebrar un referéndum, acordado [falso: no es un referéndum acordado porque se basa en la imposición de un inexistente sujeto de soberanía], como prioridad. Tal vez alguien nos considere ilusos. Es mejor ser iluso que irresponsable, es mejor esforzarse para hallar soluciones que optar por no desgastarse y hacer del quietismo virtud [ilusos no, irresponsables. Defender el incumplimiento de la ley es enormemente irresponsable].

Si se mantiene el rechazo frontal no es ninguna sorpresa que reiteremos que no vamos a renunciar a ejercer ese derecho [por fin una afirmación que no es falsa: admiten que no pretenden ningún acuerdo, porque tienen derecho. Y este es un interesante punto, porque SI TIENEN DERECHO YA NO ES UNA CUESTIÓN POLÍTICA SINO JUDICIAL. Su problema es sencillo: los tribunales ya les han dicho que no, que no tienen ese derecho]. Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Catalunya puedan votar en 2017, en un referéndum de autodeterminación [¿indecible? Es maravilloso]. Estamos en esto por convicción y compromiso, rindiendo cuentas ante los electores [los “electores” a los que rinden cuentas son los ciudadanos de Cataluña LLAMADOS PARA ELEGIR PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS, no para asumir competencias que no les corresponden —las promesas electorales, en esto, DAN IGUAL—. Porque las instituciones solo pueden hacer aquello que la ley les permite hacer. Por eso los diputados nacionales también rinden cuentas FRENTE A LOS CIUDADANOS CATALANES que los escogen, y por eso los ciudadanos catalanes forman parte de ese sujeto de soberanía que llamamos pueblo español]. Y no se nos ocurre pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y sí el Gobierno español [estratosférica falacia: el Gobierno español no es un ente invisible designado por la sinarquía, sino que lo designan los ciudadanos de Cataluña junto con el resto de los ciudadanos españoles. Lo que no pueden los ciudadanos de Cataluña es decidir el futuro de Cataluña como entidad política secesionada y con capacidad soberana plena, con independencia del resto de españoles]. El mismo Gobierno que, con su habitual proceder, ha logrado un hartazgo muy mayoritario en la sociedad catalana, incluso en sectores que no comparten, muy legítimamente, que Catalunya se convierta en un Estado independiente [Ese Gobierno es el Gobierno elegido por los españoles. Se puede cambiar. Si los españoles, entre ellos los catalanes, quieren].

Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar en 2017 [Sí debe ser indecible, que lo repiten]. El Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, pero aman a Catalunya como el que más y sufren, por tanto, cuando su país sufre [Vomitivo populismo lacrimógeno de manual: hablo por todos los catalanes y personifico a un ente artificial para que pueda sufrir]. Que no sean independentistas no significa que la desatención de Catalunya no la sientan profundamente y paguen también las consecuencias [La dicotomía Estado vs Cataluña es otra falsedad populista que busca crear un monigote al que convertir en enemigo exterior: la Generalidad y el Parlamento de Cataluña son también Estado español]. El Estado ha abandonado también a los catalanes que hubieran querido ver en el español aquel Estado propio que no es ajeno a sus demandas [Francamente repugnante, en la misma línea]. Y para esos catalanes y también para todos los demás, el Gobierno de la Generalitat va a poner las urnas [El Estado abandona a los catalanes porque cumple la ley, pero Cataluña, sus piedras, sus ríos, su paisaje modelado, su lengua, dejará de sufrir porque algunas instituciones del Estado en Cataluña, van a incumplir la ley subiéndose en los hombros de la gente común, a la que han decidido engañar] Que decidan. Es su derecho, y lo van a ejercer [Es su derecho PORQUE YO LO DIGO, y lo van a ejercer PORQUE YO LO DIGO].

Hace tiempo que es la hora de la política [la hora de la ley ya pasó por lo visto]. En Catalunya la hacemos, y seguro que no siempre lo hacemos bien [Por lo visto en el resto de España no se hace política]. También hay que estar dispuesto a escuchar y hablar de ello [Traducción de escuchar: tragar con lo que te exijo]. Sin embargo, otros han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política [pero ¿no teníais derecho?]. Se esconden detrás del Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Supremo, comprometiendo la labor y la independencia del poder judicial. Europa ya se ha percatado de ello y ha mostrado sin ambigüedades su preocupación por esa deriva que compromete seriamente un poder fundamental para la salud del Estado de derecho, como se desprende del reciente informe de la Comisión de Venecia [Continúan con su personificaciones falaces: “Europa” ya se ha dado cuenta]. Y se escuchan voces del exterior cada vez más claras abogando por un diálogo político y una solución política. Como el informe de la Fundación Konrad Adenauer. O como el propio Parlamento británico, donde se ha formalizado un Grupo de Discusión sobre Catalunya en el que participan miembros de todos los partidos. Algo, por cierto, que es posible en Westminster y no en las Cortes [Sinécdoques diarreicas]. Hace pocos días, en Madrid, un veterano demócrata español como Antonio Garrigues Walker recordaba algo con lo que estamos de acuerdo los demócratas en general, partidarios o contrarios a la independencia: en democracia no existe el derecho a no dialogar [No sé si afirmó eso, pero si lo hizo es una boutade: si no existe ese “derecho”, esto quiere decir que cualquier político debe SIEMPRE discutir CUALQUIER ASUNTO que se le plantee por OTROS. Y que esos asuntos NO SE PUEDEN CERRAR. Porque una cosa es que una actitud dialogante y aperturista sea razonable y beneficiosa y otra es que SE DEBA ADMITIR LA IMPOSICIÓN DE LA AGENDA DE OTRO PERMANENTEMENTE HASTA QUE ESE OTRO QUEDE SATISFECHO. Por eso existen reglas y procedimientos y mayorías]. Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo [Falso de toda falsedad, como es obvio: solo admiten un diálogo que implique sus premisas]. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por favor, no nos miren a nosotros [Otro signo del populista: la amenaza velada]. Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros todos estos años en que desde el rechazo a la sentencia contra el Estatut hemos consolidado una amplia mayoría favorable a que los catalanes decidan su futuro en referéndum [Cuando obtengan una mayoría favorable en toda España, cumpliendo los requisitos constitucionales, verán cómo no es preciso ningún artículo así. Y los que nunca querríamos, no una secesión de ninguna parte de España, sino la posibilidad de que esto se vote en un referéndum, tendremos que aceptarlo. Porque entonces será legal].

También prevaricaron

 

Acabo de leer la sentencia que condena a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega por delitos de desobediencia, a la vez que los absuelve por delito de prevaricación.

La sentencia es muy detallada y  está bien argumentada. Es muy relevante cómo desmonta todas esas falacias que se habían ido esparciendo para negar la participación de los acusados (y de la Generalidad) en el llamado proceso participativo. Hasta el punto de tomarse a coña ciertas alegaciones sobre la no comprensión de lo que se ordenaba, e incluso dejar caer que varios testigos directamente han mentido, al ser sus declaraciones contradictorias e incompatibles con la lógica y sus propios actos.

También desmonta la sentencia (aunque no hacía falta) lo alegado acerca de la necesidad de requerimientos personales o de reiteración en lo ordenado. Lo he dicho siempre: eso suena a chufla. El derecho penal no puede convertirse en un santuario en el que se exijan formalismos idiotas e innecesarios para justificar (más aún en personas que cuentan con todo un aparato jurídico e institucional a sus espaldas) el grosero incumplimiento de las normas.

Lo obvio ha quedado de manifiesto: se quería incumplir, se diseñó el incumplimiento, se jactaron del incumplimiento y pretendieron, a la vez que encumbraban el sainete a la categoría de fecha histórica, que los demás tuviéramos que admitir que nos llamaran imbéciles a la cara. Todo fue un ejercicio inmenso de mendacidad.

Dicho esto, algunos de ustedes se preguntarán por qué se absuelve de los delitos de prevaricación (que habrían llevado a penas de inhabilitación mucho más amplias). La razón que da el tribunal no es que no hayan existido actuaciones administrativas (tácitas) o que las conductas omisivas no puedan integrar el tipo. Todo esto ya lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y es lógico, porque, en otro caso, facilitaríamos la impunidad de los que no hacen aquello a que vienen obligados por ley.

Tampoco se basa la sentencia en que la conducta de los acusados no fuera ilegal, a la postre, ya que las sentencias ulteriores del Tribunal Constitucional (sobre la ley de consultas catalana y sobre el propio sarao del 9N) así lo declararon. No, se basa en que no existió un plus de arbitrariedad derivado del hecho de que las resoluciones (conductas omisivas y activas) adoptadas fueran no solo contrarias a lo ordenado en una resolución judicial, sino que en sí mismas lo fueran (contrarias) a OTRA norma que les impusiera una concreta actividad.

Para justificarlo parten del hecho de que en la sentencia 42/2014 de 5 de marzo, del Tribunal Constitucional, aquella que se refería a la resolución del Parlamento de Cataluña sobre derecho a decidir y soberanía, se incluyese la posibilidad de una interpretación constitucional del derecho a decidir como aspiración democrática.

Discrepo radicalmente de la sentencia que estoy comentando en este punto. La sentencia del TC que se aduce simplemente plantea que el derecho a decidir es constitucional como planteamiento político sujeto entre otros requisitos a la ley. Plantear que lo que dice esa sentencia implique que en los acusados solo concurría el dolo de desobedecer y no de saltarse la legalidad constitucional y la propia ley ordinaria (algo que ahora ya no sería posible por el dictado, en 2015, de dos sentencias del TC sobre la materia), no me parece de recibo. Es meridianamente claro -a mi juicio- que los acusados, con sus resoluciones abarcaban el injusto del delito de prevaricación, por cuanto estaban contrariando directamente la columna vertebral de la Constitución Española. Y que esto es así se demuestra con la propia conducta que se refleja bien en la sentencia: es decir con el comportamiento dirigido a la ocultación de sus actuaciones  ilegales (algo que por cierto se reproduce ahora, con la cosa esa tan graciosa de que solo los Señores del Mundo y Fu Manchú conozcan el texto que por fin sacará a Cataluña de la bárbara España).

No obstante, hay una manera más prosaica de discutir el impedimento que aparece en la sentencia. La sentencia dice literalmente:

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El artículo 161.2 de la Constitución Española dice:

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

La sentencia afirma que esta norma tiene una naturaleza “adjetiva insuficiente”, pero uno se pregunta de dónde se saca esa afirmación. Y de dónde extrae que las normas tiene que ser “sustantivas” para que se produzca el hecho prevaricador. Como si no existiese prevaricación cuando un órgano manifiestamente incompetente dicta una resolución.

Y esta es la cuestión. Esa norma (y su desarrollo en la LOTC) no es intrascendente, ni adjetiva, ni superficial. El legislador constitucional le dio al Gobierno una especie de “privilegio” del que resulta además un automatismo que no puede ni siquiera ser ignorado por el propio Tribunal Constitucional. Es decir, el propio Tribunal Constitucional está obligado a comunicar la suspensión, pudiendo, ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Siendo esto así: ¿cómo es posible que una norma que, de ser incumplida por el Tribunal Constitucional, nos permitiría hablar de prevaricación en sus magistrados no se considere suficiente para que incurran en ella otras autoridades y funcionarios?

Resumo: la sentencia ha debido condenar (con esos hechos probados) por prevaricación. Espero que, de ser recurrida, el Tribunal Supremo la reforme en este punto.

 

ACTUALIZACIÓN: Para que quede aún  más claro el automatismo (y consiguiente desapoderamiento) que deriva del artículo 161.2 de la CE, les copio lo que dice el propio Tribunal Constitucional en Auto de 13/03/1990:

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- El levantamiento o la ratificación de la suspensión de las disposiciones de las Comunidades Autónomas , impugnadas por el Gobierno con invocación expresa del art. 161.2 CE, ha de resolverse por el Tribunal, mediante Auto, en un plazo no superior a cinco meses, por imperativo del precepto constitucional indicado. Dicho plazo , según tiene establecido este Tribunal (AATC 140/1987 [ RTC 1987\140 AUTO], 1140/1987 [ RTC 1987\1140 AUTO] y 1149/1988 [ RTC 1988\1149 AUTO]), a tenor de lo dispuesto en los citados arts. 161.2 CE y 65.2 LOTC, ha de entenderse que tiene que haber transcurrido para que aquella resolución pueda tomarse o adoptarse, ya que en otro caso podría quedar prácticamente vacía de contenido la facultad que la Constitución otorga al Gobierno. Ello sin perjuicio de que siendo un plazo máximo el previsto en el art. 161.2, pueda el Tribunal en casos muy excepcionales, previa ponderación de las razones invocadas por las partes, adelantar la decisión .

Como pueden observar, ese efecto automático es indiscutible. Y vincula a todos, ciudadanos, autoridades, funcionarios y a los propios magistrados, que pueden levantar la suspensión, mediante auto (es decir, motivadamente), previas las alegaciones de las partes  y solo excepcionalmente antes del transcurso de cinco meses.

 

Posibilidad de elegir

 

Lo que aparece en esta noticia es, en mi opinión, una muy buena muestra de lo fácil que es caer por una pendiente resbaladiza cuando se trata de algunos asuntos.

En Islandia no ha nacido ningún niño con síndrome de Down en los últimos cinco años. El autor del artículo se horroriza y plantea que los niños con trisomía del cromosoma 21 (no usaré más el apellido del impresentable doctor Down) merecen amor y no ser “erradicados”. Usa también las expresiones holocausto y epidemia. Todas esas expresiones son interesadas (en el sentido de que obedecen a una finalidad ideológica o moral) y no se oculta en el artículo. Basta con su lectura.

Esto, como es obvio, se relaciona con el tema del aborto. Si admitimos el aborto dentro de un determinado lapso de tiempo, y si admitimos el diagnóstico prenatal y damos la información  a los padres, estos pueden decidir que el embarazo finalice, matando al ser vivo en gestación. Verán que hablo de matar sin aducir causa alguna. Porque si se trata de un aborto por malformaciones en el feto, tendremos que definir qué son y cuáles y con qué entidad —del catálogo que se establezca— justifican la legalidad del aborto (y la lista tendrá un punto inevitable de arbitrariedad).

La cuestión, en consecuencia, tiene que ver con la información que se suministra. En un mundo mucho más avanzado tecnológicamente es posible que esa información sea muy extensa y afecte a aspectos que no tengan que ver con enfermedad, síndrome o tara alguna. Por ejemplo, al sexo, a la inteligencia, a la altura, a la tendencia a engordar, al carácter.

Y tendremos que tomar decisiones. Decidir si los padres pueden elegir considerando variables de ese tipo o incluso “encargar” una cierta configuración genética. Mi postura es favorable, en principio, pero necesito más información y meditarlo más.

Objetivamente, esto no tiene que ver con los ya nacidos. Por eso es una falacia hablar de erradicación o de epidemia (aunque sea irónicamente) o de holocausto. También lo es el que se escandalice porque se dé un dato como positivo, puesto que lo es: la información dada a los padres ha llegado al punto de que no ha nacido ningún niño con trisomía, pero lo sería también (un dato positivo) si hubiera nacido alguno por una decisión consciente de los padres, previamente informados.

Denunciado el exceso, sin embargo, el debate no es tan sencillo como puede parecer. Tenemos que discutir sobre estos asuntos y ser extremadamente cautelosos por, al menos, las siguientes razones:

1.- Porque es imprescindible dejar continuamente constancia de que nunca se trata de actuaciones que afecten a personas nacidas, a las que debemos tratar como a cualquier otro ciudadano.

2.- Porque se pueden producir distorsiones terribles si nuestra capacidad de escoger determinadas características (o ausencia de características) se impone muy deprisa. Es una posibilidad, no una certeza. Si se imponen ciertos estándares, los que no los reúnan pueden terminar englobados en categorías de “subhumanos” aunque sea por simple presión social. Hablo de reflexionar sobre esto, aunque no soy pesimista. Nuestra sociedad (supuestamente fría y aséptica) es la más inclusiva y la que trata más dignamente a las personas con discapacidad. Las sociedades del pasado eran mucho más crueles. Así que puede que este miedo solo sea eso, miedo.

El ciudadano con trisomía (o el familiar o el amigo del ciudadano con trisomía) puede ofenderse al ver que su síndrome se trata como algo negativo que ya no afectará a otros. Se pueden comprender la aprensión y el sentimiento de ofensa, pero no por eso debemos evitar la discusión. Lo pernicioso es el síndrome no el ser humano que lo padece. El ser humano siempre es singular. Y, por serlo, de forma arbitraria decidimos entre todos que tenía valor. Mientras no olvidemos esto, iremos por el camino correcto.

 

No digo que a la fuerza por no hacerme la víctima

Esto de Cayetana Álvarez de Toledo.

El otro día mis hijas se empeñaron en discutir conmigo. Les juro que no tenía el menor interés. Estaba tan cansado que solo quería seguir espatarrado viendo una película idiota (y ni siquiera debía ser lo suficientemente idiota, ya que no recuerdo cuál era). Pero no, se empeñaron, y me culparon de no prestarles atención y de que nunca hablábamos de ciertas cosas. Gruñí, dije que me dejaran en paz, que no me molestasen. Dio igual. Habían decidido que teníamos que hablar de feminismo.

Y se pusieron manos a la obra. Utilicé el viejo truco: no decir nada. Así que empezaron a hablar entre ellas. Su madre se unió. De vez en cuando añadían un “¿y tú qué piensas?”. Yo seguía gruñendo. Pensé: qué bien me vendría poder silenciarlas, como en tuiter. La putada es que la estrategia era cristalina. Fueron añadiendo argumentos, puntos de vista. Sabían que más tarde o temprano picaría. Yo también lo sabía, mientras gruñía.

Lo curioso es que sobre muchos asuntos he intentado no influirles en absoluto. No porque sea una persona ecuánime, sino porque sé que es inútil e incluso contraproducente. Así que, si pienso que determinada postura es la correcta, o me guardo de enunciarla con claridad (todo lo más expongo las bases de las que se deriva) o, de exponer algo, expongo sus matices y sus excepciones. Si uno está más o menos convencido de cierta posición, lo racional es dejar que los demás caigan en ella. Por otra parte, entiéndanlo, son mis hijas. Prefiero que piensen bien a que piensen lo que yo. Lo primero les será de mucha utilidad en la vida. Lo segundo solo podría servirles para sacarme algo de pasta.

El caso es que no hemos hablado demasiado sobre feminismo, pero las dos son bastante radicales. Radicales en el sentido que más me gusta: odian que las traten con condescendencia y están hartas de que los demás (incluidas algunas amigas) crean que por ser mujeres forman parte de una “especie” que necesita protección. Y me vi, entre gruñidos cada vez menos escasos, hablando del mundo real, de los techos de cristal, de las cifras, de la brecha salarial. De la situación de las mujeres en tantos países del mundo, en los que la desigualdad real es estrepitosa y criminal. Pero hablando también de otras explicaciones a las diferencias de ingresos, de la manía de excluir de la ecuación las decisiones libérrimas de los hombres y las mujeres, de los planes biológicos.

Estuvimos charlando un buen rato y los gruñidos eran cada vez más escasos. Al final, una de ellas me preguntó algo sobre cierta noticia de actualidad que no tenía nada que ver con el asunto de marras y ya me cabreé: ¡yo quería ver la película y me habéis jodido bien! Y le vi media sonrisa. Media sonrisa de las que dicen: vale, ya te dejamos en paz. Total, hemos vuelto a demostrar nuestro poder.

No escondo lo que siento: orgullo. Lo tienen jodido los que quieran mangonearlas.

ACTUALIZACIÓN: Y esto de Manuel Arias.