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Jot Down Smart

 

Desde que, en septiembre de 2011, se publicó mi primer artículo en Jot Down, he escrito más de sesenta artículos para la bola negra.

No pensé que fueran a ser tantos. Menos aún que aceptaran mis chaladuras con tan pocas quejas.

Hoy han anunciado que se _________ con El País.

Y empiezo a ver claro que esto era un plan urdido desde hace mucho tiempo. Una prueba, vean este magnífico artículo escrito por Pepe Albert de Paco y miren lo que decía:

De vez en cuando vuelvo sobre mis pasos y me hago con un ejemplar, pero las ausencias son tantas y tan clamorosas que ni siquiera mueven a la melancolía (empezando por la de Jabois, que veinte años atrás no habría recalado en otro diario que no fuera El País).

Todo es ahora cristalino.

La melancolía me inunda. Sé que me queda poco tiempo. Que el motorista está a punto de llegar con la carta. Que mis vuelva usted mañana que servían para dar una imagen de progresismo en el magacín contemporáneo ya no serán necesarios.

La brutal realidad se ha vuelto a imponer sobre los sueños. Tsipras vende bonos alemanes y yo, en el mejor de los casos, podré vender un artículo sobre motetes isorrítmicos.

 

 

 

 

La reacción de muchos periodistas a la web de la verdad de Carmena es divertidísima. En sí el asunto no debería merecer mucho interés, pero ellos se lo han prestado a raudales. Carece de interés porque si se trata de que parezca mal que un organismo público gaste dinero en transmitir información, deberían los periodistas quejarse de todos los gabinetes de prensa. Y los hay a montones. Y en ellos, por cierto, han encontrado una ocupación muy bien remunerada muchos periodistas, normalmente afines al que gobierna. Algunos han hablado de censura o de coacción, y esto es simplemente un chiste: ya me contarán en qué consisten la una o la otra. Una web más es solo eso, una web más. Otro sitio donde se contará la verdad o la mentira. También he escuchado que la web es perniciosa porque pretende imponer una versión oficial frente a los periódicos. Y esto ya es de chiste. Esa imposición es una simple declaración de intenciones. Mientras no se silencie al que discrepa, la web solo intentará lo que intenta todo cristo: vender que lo que uno dice es lo correcto y que, los que discrepan, o están equivocados o son unos mentirosos manipuladores.

La única razón razonable para una reacción tan desaforada tiene que ver con la pretensión de los periodistas como gremio de ser la última voz de la verdad y con que joda que alguien fiscalice lo que haces. Los periodistas quieren tener el monopolio de la información. Y, sobre todo, quieren usar sus estructuras como una última voz que no sea criticada. Como bomberos que no se pisan la manguera, aunque den informaciones diferentes, no suelen entrar en una guerra de versiones (en un análisis de mentiras, manipulaciones y errores como hace Malaprensa, por ejemplo). Cuando denuncias como lector esas manipulaciones y errores, la reacción normal es el silencio. Incluso aunque interpeles directamente al periodista, ahora que es posible, en tuiter.

En realidad, los periodistas deberían estar encantados con la página porque, o es una mierda partidista (y esto es lo más probable) y se convertirá en un lugar del que sacar jugosas meteduras de pata, o será un lugar con información válida, es decir, una fuente más. Pero no, les jode porque es posible que en algún asunto muestre las vergüenzas de la prensa: los errores, las malas interpretaciones, las manipulaciones. Y, claro, la web puede tener una relevancia para los ciudadanos que no tendría un blog o web privados. No obstante, como digo, lo previsible es que sea sectaria y partidista y que termine dando munición contra Ahora Madrid. Y, por tanto, que termine cerrada en dos telediarios.

Eso sí, muchos periodistas han demostrado, una vez más, lo mucho que les gusta la “impunidad” en la que viven.

 

 

 

Cayetana Álvarez de Toledo, actuando en nombre de la plataforma Libres e Iguales, ha pedido a Rajoy que evalúe la inconstitucionalidad del plan electoral “plebisciario” de Artur Mas.

Eso dice, al menos Europa Press.

Me gustaría conocer con más detalle los argumentos, porque, en fin, eso de que las elecciones se van a celebrar en una situación de “corrupción institucional” es un argumento jurídico equivalente a la nada. Como lo es el que una candidatura se haya diseñado con una forma plebiscitaria o que entre sus objetivos declarados se incluya la secesión en un plazo de seis meses.

Nada de eso es inconstitucional. Los partidos políticos, nos dice la Constitución deben ser democráticos, y la Ley de partidos añade que será declarado ilegal “cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante” una serie de conductas que se caracterizan precisamente por su naturaleza violenta.

Ni la ley ni la Constitución exigen una adhesión de los partidos al sistema constitucional vigente. Y es perfectamente legal y constitucional querer acabar con ese sistema y sustituirlo siempre que se haga por medios no violentos. Véase que no digo por medios legales: digo por medios no violentos.

En consecuencia, querer dar un significado concreto a una candidatura no puede ser inconstitucional, porque la ley y la constitución ya nos dicen para qué sirven las candidaturas en cada elección concreta. Tampoco es inconstitucional ni ilegal presentarse a unas elecciones anunciando que tu programa es la secesión por una razón muy concreta: porque no puedes hacerlo. Ni el parlamento catalán ni el gobierno de la Generalidad tienen facultades en esa materia. Si hacen esa declaración de secesión, eso será inconstitucional y, en consecuencia, nulo y quizás incluso delictivo, pero eso lo será cuando tenga lugar. Como digo, cualquier acto para el que no tengan competencias será ilegal y nulo. El monopolio de la violencia corresponde a las instituciones del Estado, sometido a una jerarquía, al control jurisdiccional y a la ley, incluido el uso de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución. Y solo si se pretendiera por algún partido político imponer de manera violenta decisiones nulas, estaríamos en presencia de una causa para su ilegalización.  

La constitución española dio un margen de autogobierno a las comunidades autónomas. Ese margen implicaba que tuvieran una cierta capacidad de autoorganización y, en consecuencia, que sus ciudadanos pudieran elegir a sus representantes. Que existe una deslealtad institucional por parte de los nacionalistas y secesionistas es una obviedad. Que llevan décadas usando las instituciones para acabar con nuestro sistema y disgregar España es otra obviedad. La cuestión es que no hay nada que impedir cuando se trata de ideas y proyectos pacíficos. Cualquiera es admisible, en particular si lo que se pretende es crear un estado que también sea democrático y que reconozca los derechos fundamentales habituales en un estado moderno y avanzado.

No se puede proceder preventivamente; ni siquiera en una materia así. Porque la acción política y la legislativa no son idénticas. Por eso me molesta esa referencia a una supuesta táctica del apaciguamiento. El Gobierno hizo lo que debía: recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Y lo hizo incluso cuando el referéndum se convirtió en una farsa impresentable, pese a que muchos defendían que precisamente, por serlo, era absurdo dar esa “baza” al secesionismo. No lo era, porque era ilegal. Porque era un fraude de ley. Porque apestaba a mendacidad.

En las próximas elecciones algunos partidos secesionistas se van a presentar juntos y van a llenar sus listas con bustos parlantes. Más aún, su programa es cristalino. Todo esto es indiferente: las elecciones son para elegir un parlamento autonómico y ese parlamento solo podrá legal, constitucional y democráticamente hacer aquello que permite la Constitución. Negarles el derecho a presentarse (pese a cumplir la ley) por plantear una futura acción ilegal sería exigir una militancia que es contraria a los principios que nos dimos al aprobar la Constitución. Y para que más tarde podamos exigir que se cumpla, la debemos cumplir incluso cuando no nos gusta como la utilizan los que la utilizan dentro de sus límites para acabar con ella.

No es apaciguamiento: es democracia y ley.

Y ya puestos, no estaría de más que los que pensamos que esos partidos secesionistas, en su huida hacia adelante, llevan a Cataluña a un callejón sin salida lleno de peligros y frustraciones intentásemos convencer a sus posibles votantes del error que supondría apoyarles.

 

 

Hoy se va a presentar en una sala del Parlamento Europeo un informe que se llama Scenarios of Macro-economic Development for Catalonia on Horizon 2030 encargado y pagado por alguien, aunque no les puedo decir exactamente por quién. No vean nada raro en esto; seguro que es una información disponible, pero voy a dedicar a esta entrada unos minutos y no voy a utilizarlos en ver quién está detrás de cada institución y quién pone la pasta, ¿verdad?

 

Tampoco puedo hablar del informe, porque no está publicado. Todo lo más he podido ver algunos datos en la noticia de La Vanguardia. Al parecer, el think tank belga (del que tampoco les puedo decir nada, porque no sé quiénes son), que ha colaborado con el CIDOB (perdonen, no sabía que existiera el CIDOB) y otras dos instituciones que la noticia no menciona y que se llaman ISIS (un instituto italiano que no tengo el gusto de conocer y que ya podía cambiar de nombre) y un laboratorio de la Universidad de Atenas, que se llama E3 modelling (no, tampoco tengo ni idea de quiénes son), todos ellos dicen que sería mejor para Cataluña, en caso de secesionarse (en la noticia se dice independencia), un pacto con “el Estado”. Aunque la noticia no lo indica, colijo que con “el Estado” se refieren a España.

Al parecer, de ser así, Cataluña vería su PIB incrementado en 110.000 millones de euros en el plazo de quince años. Y el paro descendería en un 3,1%.

Si la secesión es “unilateral” hay riesgos e incertidumbres a corto plazo, pero a medio o largo plazo terminaría habiendo un crecimiento: al final de esos quince años sería de 67.000 millones de euros. El paro descendería en un 3,2 % (y esto debe de ser una errata, porque es difícil comprender que haya menos paro con menos crecimiento del PIB previsto).

Lo curioso es que la noticia no nos dice cuál sería el incremento del PIB de Cataluña en esos quince años si Cataluña continúa en España. Ni su paro previsto. Lo único que nos dicen es esto:

En cambio, el informe apunta que el escenario continuista, que Catalunya siga siendo una autonomía española bajo el régimen fiscal común es “insostenible a largo plazo” y “supone la asfixia económica y financiera”. Estiman que el déficit fiscal seguiría en el 8% del PIB, similar a los últimos años.

Nos hablan del “déficit fiscal” (ya saben, eso en lo que ni dios se pone de acuerdo) y de que esto es insostenible y supone la asfixia económica y financiera. No comprendo: ¿quieren decir que si Cataluña sigue formando parte de España, Cataluña dejará de hacer lo que ha hecho durante todas estas décadas en que ha formado parte de España?  ¿Ya no crecerá su PIB? ¿Ya no disminuirá su paro?

Lo pregunto porque el PIB de Cataluña era en 2000, de 119.273 millones de €, mientras que en 2014 era de 199.786 millones de €.  Es decir, en un período de catorce años (del que forman parte seis años con una crisis económica muy importante), el PIB anual de Cataluña creció en más de 80.000 millones de euros. Saco el dato de aquí. Durante estos catorce años de “expolio insostenible a largo plazo” Cataluña siguió creciendo (a un ritmo parecido al de la media española). Y, conforme a esos datos, creciendo (en un período de 14 años) a un ritmo superior al que crecería en ambos escenarios. Cuando se dice “expolio insostenible” y se observa que Cataluña siguió creciendo, uno tiende a pensar que (salvo que insostenible signifique algo diferente en estudios económicos) los autores han decidido mezclar dos cosas: por un lado, unas previsiones de crecimiento que se supone indican que la cosa irá viento en popa o, al menos, no demasiado mal si contamos un plazo suficientemente largo y, por otro, un dato sobre balanzas fiscales que parezca indicar que si Cataluña sigue en España los catalanes serán cada vez más pobres. Algo falso, por supuesto. Madrid también aporta más al conjunto que lo que recibe y, sin embargo, Madrid ha crecido por encima de la media y los madrileños viven mejor que los gaditanos, por ejemplo.

Yo no sé si el estudio está mejor o peor hecho, ni hasta qué punto ha podido valorar algo tan complicado como lo que supondría la salida de Cataluña del euro y de la UE y la pérdida del mercado que tiene en el resto de España. Lo digo porque, con todos los datos en la mano, montones de expertos discutían sobre el impacto que una salida del euro tendría para Grecia y para Europa. Insisto, con todos los datos, en la mano, ya, y a pocas horas de un posible Grexit, eran incapaces de decidir cuán malo iba a ser. Ya me dirán cómo se puede valorar algo como una salida de Cataluña de España, cuando ni vislumbramos cómo sería ese escenario en sus grandes líneas (no vean en sus detalles). Digo esto porque una cosa es lo que sucedería realmente de producirse una declaración unilateral de secesión y otra es lo que hayan planeado los secesionistas. Acabamos de ver hasta qué punto la gente que se deja llevar por una visión ideologizada y académica en el peor sentido termina desbordada por la realidad. Cambiar un status quo como este implica modificar tantas variables que es muy fácil que lo que tú crees calculable termine siendo caótico. Por cierto, ese caos, en el caso griego ha terminado en un corralito, con la gente llorando por la calle y jodiendo aún más tu maltrecha economía.

En fin, también es verdad que no conozco el estudio (solo la noticia), ni sé quiénes son los señores que lo hacen, ni quién lo financia, ni soy economista. Vamos que no tengo ni puta idea del asunto.

Es una lástima no ser doctor en economía y profesor en teoría económica como … No, mejor lo dejo.

 

 

Intelectual se ha convertido en un insulto. Tan obvio es esto para mí que, en un artículo en el que no decía prácticamente nada que fuera cierto, escribí:

Los intelectuales sabemos que el mundo de la cultura es un mundo sin absolutos, en el que es imposible ordenar la supuesta excelencia, siquiera porque todo es cultura y nada lo es, y lo que se pretende con esas clasificaciones es cosificar la experiencia subjetiva y convertirla en un producto embalable susceptible de transacción económica.

Por eso me extrañó que un comentarista del artículo me echase en cara la soberbia de autodenominarme intelectual. Tanto me extrañó que llegué a pensar que también el comentarista estaba de broma, pese a no parecerlo.

Ayer, un montón de actores, rodeados de algún despistado, publicaron un manifiesto. Como ya ha dicho Arcadi Espada lo que había que decir del documento, no añadiré nada, que sé que su tiempo, el de ustedes, es tan valioso que lo gastan leyendo este blog. Solo fíjense en que no dicen ser intelectuales. Ya nadie, ni ellos, los que siempre fueron los intelectuales, se llaman intelectuales. Ahora se denominan gente de la cultura. Gente que se dedica a la cultura.

Hace poco, por razones que no vienen al caso, visité una página de una pequeña productora. Es gente que lo mismo te hace una peli que una obra de teatro que te organiza un curso de fotografía. Al ver el manifiesto de la ficha (mover ficha de forma audaz, ¡audaz!) me he dado cuenta de que para conseguir los cien firmantes basta con meterte en una de esas webs y contratar un pack completo: actores, actrices, directores, escritores (¿qué es un escritor? ¿soy yo un escritor? ¿lo es uno que rellena webs con recomendaciones sobre reiki?), fotógrafos, directores, músicos. Y seguro que alguno de ellos pinta en los ratos libres.

Quizás eso explique algo. La gente de la cultura, aka los antiguos intelectuales, siempre han formado parte un cierto gremio. Un gremio muy relacionado con la fantasía y el entretenimiento, y con su comercialización. Y, cuando el término intelectual empezó a servir para chotearse de ellos, blanquearon el sepulcro y escribieron encima el neutro “cultura”. Si uno que toca el chistu firma un manifiesto referido a cuestiones económicas, políticas y sociales de enjundia en el que empieza diciendo “nosotros, los intelectuales” las fuerzas del mal siempre usarán eso en su contra. Pero si lo firma diciendo, nosotros los que nos dedicamos a la cultura, la cosa cambia, habida cuenta que todo es cultura y nada lo es, como escribió cierto intelectual.

 

Leo este Jabois porque dice @mtscano que Jabois se equivoca:

El asunto es interesante y no lo hemos descubierto nosotros, claro está. No solo es viejo sino que se relaciona con cuestiones de las fáciles, como, por ejemplo, cuál es el origen de la ley, por qué las normas son obligatorias y, en resumen, qué es el derecho.

Yo veo en el artículo de Jabois algunos aspectos menores que corregiría, pero son minucias: por ejemplo, lo de que el litigio versaba sobre si un farmacéutico podía no vender píldoras poscoitales o preservativos cuando trataba de saber si le debía o no caer una multa por no tenerlos en la trastienda y no por no venderlos; o que “En un debate sobre ciencia siempre es pertinente la aparición de la fe” , cuando en realidad la ciencia en este asunto nos ayuda bien poco, porque el reducto de la cuestión para la mayoría de los antiabortistas tiene que ver precisamente con la aparición de un ser humano único y eso sucede cuando se produce la concepción, y porque, y ahí está el error, las palabras “tutela” y “penal” pueden incluir al preembrión desde el momento en que lo decidamos. Digo que son minucias, porque se entiende y porque, en cualquier caso, siempre me cansan estas cuestiones, que me parece que implican, además, ceder en el terreno de juego. Los antiabortistas siempre se centran en el concepto vida humana o ser humano porque ahí se sienten fuertes y yo creo que da igual. Yo creo que el preembrión es un ser humano, y por eso sé que la ciencia no puede ser decisiva en este asunto, todo lo más nos dará alguna información relevante.

Dejemos eso de lado que sobre el aborto ya he explicado a menudo qué pienso y entremos en lo mollar, en si Jabois confunde o no objeción de conciencia y desobediencia civil.

No, no creo que los confunda. A pesar de las muchas palabras utilizadas por el magistrado Ollero para convencernos de lo contrario, la desobediencia civil y la objeción de conciencia se basan en lo mismo: el ciudadano decide, conforme a su sistema de valores, qué norma obligatoria cumple o no.

La supuesta confusión se basa en algo que es trivial: la objeción de conciencia puede ser legal mientras que la desobediencia no lo sería nunca. Digo que es trivial porque es evidente que si la norma permite que alguien deje de cumplir una obligación prevista inicialmente como general sobre la base de una alegación (la que sea) derivada de un sistema de creencias, lo que está haciendo la ley es degradar la obligación, de forma que deja de ser general. Tú estás obligado a hacer algo salvo que no quieras hacerlo y alegues una razón concreta. En ese caso, el que decide utilizar ese camino también cumple la ley. Ahí, por tanto, no hay caso.

Por decirlo de otra forma, la llamada objeción de conciencia se encuentra respecto de la desobediencia civil en una relación de caso específico frente a un tipo general si consideramos como desobediencia civil a todo el que decide incumplir la ley: por ejemplo, un asesino sería un desobediente. Si añadimos a la desobediencia civil el matiz de que el desobediente no solo quiere incumplir la ley él, sino que quiere que la ley la incumplamos todos por razones morales o que, al menos, pueda incumplirla él por esas mismas razones, se acabaron las diferencias. El desobediente también es un objetor. Por ejemplo: el médico que no quiere realizar abortos por razón de conciencia normalmente querría que no se realizasen abortos, ya que cree que los abortos son algo malo. Y como mal menor, al menos, exige que le permitan no realizarlos a él. Es justo lo mismo del objetor fiscal o del objetor al servicio militar o del que se opone a ser desahuciado porque cree que la ley es injusta. En todos ellos la base de la oposición a cumplir él la ley o a que se cumpla en general es una norma moral que le dicta que esa ley es injusta. Si la única diferencia entre el desobediente y el objetor es que el objetor es un desobediente que ha triunfado, no habría una objeción legal y otra ilegal y, por tanto, este “puede” del tuit sería innecesario:

Lo que precisamente se discute en la sentencia es si existe un derecho general a la objeción de conciencia con rango constitucional o no. Tradicionalmente se dice que no, porque, al existir una categoría de derechos fundamentales y ser la nuestra una sociedad democrática, admitirlo es admitir que cualquiera pueda incumplir la ley. Cualquier ley. Más aún, esto se relaciona precisamente con la cuestión de la propia definición sobre qué es derecho: sobre si hay derechos originarios o sobre si todos ellos son producto de leyes creadas. Yo sostengo lo segundo. Y, por tanto, considero que la llamada objeción de conciencia no existe como derecho. Simplemente a veces los legisladores creen que se puede eximir a ciertas personas de cumplir las leyes pese a que estas tengan vocación de generalidad por razones que se consideran suficientemente defendibles y porque esto no produce una disfunción tan importante como para imponer un daño personal. Así, como la intervención del médico en el aborto es personal y directa y el médico puede verse a sí mismo como un asesino, y como hay médicos suficientes que no lo ven así y las mujeres pueden abortar pese a que algunos médicos se nieguen a hacerlo, la ley (es decir, nosotros) les permite excusarse. En este caso la excusa no se basa en un derecho a la objeción de conciencia, sino en un supuesto previsto en la ley concreta para el caso concreto por las razones concurrentes, que hemos valorado. Como valoramos que el tipo del irpf sea un 17% o un 21%, llevando el caso al extremo.

Esta es mi opinión sobre el asunto. Reconocer un derecho general a la objeción de conciencia como justificación legal para el incumplimiento de la ley es la trampa iusnaturalista. El derecho es lo que se ajusta a mi conciencia (o a la de mi religión o mi tribu) porque hay una fuente natural del derecho (que es la que yo digo) y por tanto da igual lo que decida la mayoría. Y es en su estructura idéntica a la justificación de la desobediencia civil cuando el desobediente pide no ser castigado. Como he dicho muy a menudo, también la libertad o la vida, configurados como derechos, me parecen creación humanas. No creo que existan un derecho originario a la vida o la libertad.

Como es obvio, me parecen muy respetables los que por objeciones éticas deciden incumplir la ley. A veces incluso terminan convenciendo a la mayoría de que hay que cambiarla. Ya saben, Rosa Parks. Eso sí, me parecen respetables precisamente porque asumen el riesgo del castigo. Hacen política o ética o proselitismo religioso con su vida y su salud y su libertad.

Lo que no me parece admisible es que se haga exigiendo la aplicación de un principio general que implique que cualquiera pueda decidir qué ley cumple o incumple. La civilización se basa precisamente en lo contrario.

Tampoco los juristas pueden saltarse la ley. Y ahí sí hay otra pequeña diferencia con el artículo de Jabois: la mayoría del Tribunal Constitucional no es un grupo de juristas opinando. Así es el sistema. Hoy han decidido algo que me parece muy peligroso, pero ellos mandan, porque así lo dice también la ley. Y pretender que no lo acatemos (ya sé que él no pretende eso) es desobediencia civil.

Como no han dado el paso definitivo (el que pretendía el voto concurrente), esperemos que otro Tribunal Constitucional sea más razonable. En esta última frase sí hay un jurista opinando.

 

A duro

 

Muy cerca de la casa de mi abuela materna había una tienda en la que se cambiaban tebeos. Yo, entonces, leía cómics de Marvel, solo de Marvel, sin saber que eran cómics. Entiéndanlo, Daredevil era Dan Defensor, Hulk era la Masa y Silver Surfer era Estela plateada. Visitaba a mis abuelos a media semana, a la vuelta del colegio, porque, aunque no me terminaba de agradar la visión mortecina y el olor a viejo, mi abuela me daba un duro y justo un duro era lo que costaba cambiar un tebeo. Estaba allí un rato, pero no hablaba gran cosa con mis abuelos. Mi abuela, que era callada y cariñosa, siempre estaba haciendo cosas. Mi abuelo se sentaba en su sillón y gruñía de vez en cuando. Solo cuando los nietos le pedíamos que sacase su pistola de fogueo, nos contaba cosas de las heladas, las hambrunas, los lobos, los alemanes y los intentos con nocturnidad de robarle aquel cerdo que engordaba para una matanza. Para no aburrirme, hojeaba esos tres libros que había en la casa: una historia de la segunda guerra mundial, un libro de naturaleza, con una enorme fotografía de un tigre, y otro que no recuerdo, pero que sé que existía. Aguantaba un rato, para no parecer interesado y luego me despedía. Mi abuela me daba el duro y un beso y yo corría a la tienda de la esquina. El tendero sacaba un montón de tebeos y los niños hacíamos cola para verlos y comprobar si encontrábamos alguna joya entre los pobres ejemplares que nadie quería y que siempre estaban allí, en el montón.

Cuando tenía quince o dieciséis años, no lo sé con seguridad, fui por última vez a la tienda. Mi abuela ya había muerto y mi abuelo vivía lejos, con una de mis tías, y casi no lo veía. Fui a vender mi colección de tebeos. Eran muchos y algunos eran cojonudos. Le saqué a aquel tipo setecientas pesetas. Empecé por aquel entonces a comprar sobre todo libros de filosofía. Años más tarde me di cuenta del error, pero era tarde. Si hubiera podido habría cogido los libros de Kant y Hegel y Kierkegaard y los habría ofrecido a cambio de mi colección de tebeos.

De no haber cometido aquel error quizás podría haber dicho que yo, de niño, leía cómics.

 

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Tras publicar la entrada me he dado cuenta de que empieza así: Muy cerca de la casa de mi abuela materna. Qué cabrón es nuestro cerebro. Así se queda.

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