El hartazgo

 

La fiscal jefe de Barcelona dio ayer una rueda de prensa denunciando que la habían insultado.

No voy a hablar del incidente en sí. No tengo datos objetivos. Ni siquiera he escuchado las declaraciones. Me interesa más el problema de la prensa.

Me explico:

Veo esta noticia, con este titular:

El Govern justifica los insultos a la fiscal jefa de Barcelona por acusar a Artur Mas

¿Por qué se afirma eso? Porque, según el periodista, Neus Munté, portavoz del gobierno catalán, afirma que:

“En todo sueldo ha de entrar la aceptación de la crítica por las maneras de hacer”.

Luego busco en La Vanguardia y veo que titula:

Munté no ve delito en insultos a la fiscal y denuncia doble “vara de medir”

No obstante, hay una frase inquietante en la noticia. Esta:

“… Neus Munté, ha condenado hoy los insultos que recibió la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, si bien los ha enmarcado dentro del derecho a la “libertad de expresión” …”

Si me quedo con lo que dicen ambos medios, parece que Munté sí ha justificado que la fiscal pueda ser insultada, porque eso se “enmarca” dentro de la libertad de expresión o porque eso equivale a una “crítica” que cabe “en todo sueldo”.

¿Pero saben qué?: hace mucho que no me fío de ningún medio de comunicación. DE NINGUNO.

Así que busco más. Y encuentro resúmenes más amplios en medios catalanes (algunos abiertamente secesionistas). Son básicamente coincidentes, por lo que voy a recoger solo uno: este. (Puede que cometa algún error, ya que no hablo catalán, pero por las expresiones utilizadas creo que no me equivoco; si es así, les ruego que me corrijan).

El titular:

Munté veu “poc gratificant” que els polítics hagin d’acceptar els insults perquè “va amb el càrrec” com diu Magaldi

El texto:

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha opinat aquest dimarts que és “molt poc gratificant” que la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, consideri que els polítics estan “acostumats” a rebre insults perquè “va amb el càrrec”. “En cap sou, públic o no públic, hauria d’entrar acceptar insults, sí la crítica per la feina feta, les maneres de fer o les declaracions”, ha opinat. Munté, a més, ha dit que no li consta cap “aldarull” durant cap dels dies que va durar el judici del 9-N la setmana passada.Així, ha opinat que la llibertat d’expressió s’usa de manera “antagònica” segons qui l’esgrimeix. Ha admès que els polítics són “susceptibles” de ser “fortament criticats” per allò que fan o deixen de fer, però els insults han de ser “rebutjats tots, vinguin d’on vinguin”.En referència directa als incidents del passat divendres, on un manifestant independentista va increpar Magaldi, Munté ha dit que, per les imatges que ha vist, no ha dictat “cap altra cosa que no formi part de la llibertat d’expressió”. En aquest sentit, i en referència velada al comunicat de la Fiscalia General de l’Estat d’aquest dilluns, ha dit que el Govern no pensa “tolerar que un moviment tant cívic i correcte” que s’ha manifestat tantes vegades al carrer, se’l pugui acusar d’insultar, coaccionar o amenaçar. “No és veritat, i no vull treure la llista d’insults gravíssims, que són constitutius de delicte que diferents polítics han hagut d’escoltar, i no ha passat res”, ha dit. “N’estem tips que la vara de mesurar sigui tant diferent, segons afecti uns barris o uns altres”, ha conclòs.Per tot això, ha recomanat “calma, cap fred i rigor”, com Magaldi, per abordar aquest tema. I si la fiscal en cap “s’ha sentit agredida per una mirada o una paraula d’un ciutadà, ja sap a quins mecanismes recórrer”. “Estem convençuts que els possibles insults, reprovables, d’una petitíssima minoria, no poden tacar la força democràtica i cívica dels que es van aplegar davant les portes” del TSJC, sobretot dilluns.

 

Es decir, según este medio:

1.- La portavoz critica a Ana María Magaldi por opinar que los políticos están acostumbrados a recibir insultos porque va con su “cargo” (les recuerdo que esto es lo que dice la portavoz: ignoro si es lo que dijo Magaldi).

2.- Munté, al contrario, cree que está mal que se justifique de alguna forma que alguien sea insultado por cobrar un sueldo, público o no. Y que, aunque los políticos son susceptibles de ser fuertemente criticados por su trabajo, eso no justifica en ningún caso el insulto.

3.- Munté afirma que otra cosa es la crítica por el trabajo, por cómo se hace o por ciertas declaraciones. Algo siempre admisible.

4.- Munté afirma que a ella no le consta altercado de ningún tipo, que tras examinar las imágenes no ve nada que no pueda enmarcarse dentro de la libertad de expresión.

5.- Munté afirma que los insultos, de existir, procederían de una minoría. Que los secesionistas (ella usa la palabra “soberanistas”) son mayoritariamente cívicos, y que la fiscal puede, de existir insultos, utilizar los mecanismo que conoce.

6.- Munté critica una “doble vara de medir”.

Tras leer lo anterior, resulta que:

A) Los medios dan versiones antagónicas de lo que dijo Munté.

B) Si lees El Confidencial, Munté justificó insultos (también se deduce de lo que dice La Vanguardia). Si lees Vilaweb, Munté no solo no los justificó, sino que expresamente los reprobó, criticando que la fiscal fuese demasiado laxa al admitirlos en el caso de los políticos.

¿A quién creo?

En otro tiempo habría buscado la intervención de la portavoz y la habría escuchado completa. Pero no lo voy a hacer. Estoy harto. Hasta los huevos de perder el tiempo para descubrir quién miente y quién dice la verdad en cada caso concreto.

Ya no hago excepciones. Eso han conseguido los medios en España. Que ya parta del supuesto de que me engañan y que, si el asunto me interesa especialmente, sepa que habré de bucear para intentar descubrir cómo me están engañando esta última vez.

Todo lo más, sigo teniendo fe en algún periodista concreto.

Aunque, para que vean que no me escondo, sospecho que Munté no justificó ningún insulto. Y que la noticia de El Confidencial es una manipulación. O mejor dicho, una mentira directa. Lo creo, pero no voy a comprobarlo.

Y nada de esto de lo que hablo tiene que ver con la realidad de los hechos. Con esos insultos denunciados. Con la actitud de la portavoz. Con el discurso secesionista. No hablo de eso, aunque sospecho que más de uno no lo entenderá y se irá por los cerros de Úbeda.

Yo no soy uno de ellos

 

Antes de la Segunda Guerra Mundial los judíos franceses estaban muy orgullosos de serlo. Contaban con un órgano representativo, el Consistoire central, ya centenario, nacido del Gran Sanedrín napoleónico, en 1808. Ya en el siglo XX, la religión pasó a segundo plano, pero la institución conservó el nombre. En vísperas de la derrota francesa ante los nazis, su jefatura la ostentaba un Rothschild que tuvo la influencia y la rapidez suficientes para conseguir un salvoconducto que lo llevó a España en junio de 1940 y luego a Estados Unidos. Así que el cargo paso a ocuparlo el vicepresidente, Jacques Helbronner, amigo personal de Pétain.

Helbronner preparó, en noviembre de 1940, un memorándum dirigido a Pétain en el que intentaba limitar las consecuencias de las primeras leyes antijudías aprobadas por Vichy. En él dejaba bien claras las diferencias entre los franceses de origen judío y los inmigrantes judíos, diferencias basadas en que la comunidad judía estaba, según afirmaba, compuesta por muchas razas. Los primeros eran plenamente franceses y, por tanto, había que liberarlos de las medidas aprobadas por el gobierno. Los segundos eran la causa del creciente antisemitismo y la culpa de su llegada (él la llama invasión de “nuestro suelo”) había que atribuírsela a los gobiernos de izquierdas. Terminaba solicitando que se excluyera de su solicitud a los judíos extranjeros y a los recientemente naturalizados (personas que habían obtenido su nacionalidad francesa en los años posteriores a la 1ª Guerra Mundial). Peticiones del mismo tipo continuaron durante meses. Otro miembro ilustre del Consistoire, que luego sería ministro e, incluso, presidente del Consejo de Ministros, René Mayer, pidió a Xavier Vallat, el jefe de la Oficina Central para Asuntos Judíos, que animase a emigrar a los judíos extranjeros, y el mismo Marc Bloch llegó a distinguir entre la causa de los judíos franceses y la de los foráneos.

Esto no le debió chocar a los propios judíos alemanes que se encontraban en Francia. Al fin y al cabo, en 1939 y comienzos de 1940, los líderes judíos alemanes intentaron prohibir la emigración de los judíos polacos que estaban en el Reich (ampliado con las anexiones de parte del territorio polaco) a Palestina. Trataban de reservar esos puestos para ellos.

Por esa razón, y pese a los intentos de Theodor Dannecker (un enviado de Eichmann a París) los judíos franceses se resistían a entrar a formar parte de una de esas comisiones judías que fueron creando los nazis por toda Europa, una en la que se los mezclase con los judíos no franceses. La provocación, quizás, fue la razón también del ensayo general que tuvo lugar el 14 de mayo de 1941, cuando la misma policía francesa arrestó a casi 4.000 inmigrantes judíos. Terminaron donde ya se imaginan. Fue, supongo que lo saben, el ensayo de la “redada” del Velódromo de Invierno.

Al final, esas distinciones no ayudaron a Helbronner (asesinado en las cámaras de gas de Auschwitz junto con su mujer), ni a Bloch, que murió torturado por la Gestapo. Sin embargo, es bueno no olvidarlas. Fueron víctimas, pero por un tiempo creyeron que su causa no era la de los demás judíos. Porque eran alemanes o franceses.

Esta es una de mis obsesiones. Ciertos demonios atacan por igual a todos los hombres. Y la mayoría nos arrastraremos por el fango, llegado el caso. Solo algunos pocos son capaces de evitarlo. Pero no debemos dejarnos engañar por esos ejemplos. Nos llaman la atención precisamente por su escasez.

También por esta razón debemos impedirnos ciertas transacciones, por leves que sean, con nuestras mejores instituciones. Es mejor no situarnos en la terrible situación de tener que decir “yo no soy uno de ellos, yo soy un hombre”, demostrando que sí, que lo somos. Hombres.

 

El puto espíritu de la pesadez

Pensaba hace un segundo en este blog (que arrastra y engulle lo que publiqué en otros) y en sus temas. He hablado sobre muchas cosas, pero, como los sargentos en el ejército, hay un asunto al que puedo llamar su columna vertebral: la verdad.

Los demás —la ley, el bien, el mal, sus obras, la gobernanza, la ciencia, los episodios, la música, la crítica política, la periodística, la flecha termodinámica, las buenas maneras, la memoria, la ironía—, todos los asuntos esparcidos, los mundanos, los trascendentes y los intrascendentes, los mínimos y los descomunales, bailan a su son.

Este exceso de “seriedad” produce rigidez e indigestión. Espanta la ligereza. Pero no veo que tenga remedio. A mi pesar. Hablo del asunto del blog, no del resultado, claro. Como ven, no puedo evitar estas aclaraciones reglamentarias.

 

Que no, que no se puede.

 

Hace tiempo ya expliqué por qué, en mi opinión, cualquier referéndum que plantee una pregunta sobre una posible secesión de una parte del territorio español (sin una reforma previa de la Constitución que lo permita) es inconstitucional. Incluso aunque el referéndum sea convocado por el presidente del Gobierno previa autorización del Congreso y se realice en toda España.

Como veo que sigue habiendo gente que duda voy a tirar de autoridad. Con la ventaja de que se trata de la autoridad que ha de decidir sobre la constitucionalidad de cualquier medida. Esto dice la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008:

En estos términos resulta indudable que plantea una cuestión que afecta al orden constituido y también al fundamento mismo del orden constitucional. Una afectación de esa naturaleza y con tal alcance es desde luego factible en nuestro Ordenamiento, toda vez que, en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución, según recordamos en la STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7, «siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales», no hay límites materiales a la revisión constitucional, habiendo subrayado entonces que «[h]asta ese punto es cierta la afirmación de que “la Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7)». Pero el respeto a esos procedimientos es, siempre y en todo caso, inexcusable. Es más, tratar de sortear, eludir o simplemente prescindir de esos procedimientos sería intentar una inaceptable vía de hecho (incompatible con el Estado social y democrático de Derecho que se proclama en el art. 1.1 CE) para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica. La Ley recurrida presupone la existencia de un sujeto, el «pueblo vasco», titular de un «derecho a decidir» susceptible de ser «ejercitado» [art. 1 b) de la Ley impugnada], equivalente al titular de la soberanía, el pueblo español, y capaz de negociar con el Estado constituido por la Nación española los términos de una nueva relación entre éste y una de las Comunidades Autónomas en las que se organiza. La identificación de un sujeto institucional dotado de tales cualidades y competencias resulta, sin embargo, imposible sin una reforma previa de la Constitución vigente. En realidad el contenido de la consulta no es sino la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido que habría de concluir, eventualmente, en «una nueva relación» entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco; es decir, entre quien, de acuerdo con la Constitución, es hoy la expresión formalizada de un ordenamiento constituido por voluntad soberana de la Nación española, única e indivisible (art. 2 CE), y un sujeto creado, en el marco de la Constitución, por los poderes constituidos en virtud del ejercicio de un derecho a la autonomía reconocido por la Norma fundamental. Este sujeto no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación constituida en Estado. Y es que, como recordamos en la STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4 a), con cita de la STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, «la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional». El procedimiento que se quiere abrir, con el alcance que le es propio, no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles, pues en el mismo se abordaría la redefinición del orden constituido por la voluntad soberana de la Nación, cuyo cauce constitucionalmente no es otro que el de la revisión formal de la Constitución por la vía del art. 168 CE, es decir, con la doble participación de las Cortes Generales, en cuanto representan al pueblo español (art. 66.1 CE), y del propio titular de la soberanía, directamente, a través del preceptivo referéndum de ratificación (art. 168.3 CE). La cuestión que ha querido someterse a consulta de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco afecta (art. 2 CE) al fundamento del orden constitucional vigente (en la medida en que supone la reconsideración de la identidad y unidad del sujeto soberano o, cuando menos, de la relación que únicamente la voluntad de éste puede establecer entre el Estado y las Comunidades Autónomas) y por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional. Es un asunto reservado en su tratamiento institucional al procedimiento del art. 168 CE. La que aquí nos ocupa no puede ser planteada como cuestión sobre la que simplemente se interesa el parecer no vinculante del cuerpo electoral del País Vasco, puesto que con ella se incide sobre cuestiones fundamentales resueltas con el proceso constituyente y que resultan sustraídas a la decisión de los poderes constituidos. El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político.

Espero que con esto ya se den por contentos los que insisten en que sí se puede hacer el dichosos referéndum en toda España antes de reformar la Constitución..

¿Desobedecer nosotros? En qué cabeza cabe, hombre.

 

La causa penal contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau se puede ver desde dos puntos de vista: desde el estrictamente jurídico y desde el performativo.

El más divertido es el segundo. Los secesionistas están empeñados en lo que llaman “superar” la ley española. Para conseguir ese éxito personal (evoca la “lucha” contra la enfermedad) no les queda más remedio que hacer algo prosaico: incumplir la ley y, por tanto, desobedecer las decisiones de los tribunales adoptadas en cumplimiento de esa ley. Y precisamente por la función simbólica de un acto de esa naturaleza, lo normal es que uno diga que desobedece y simultáneamente desobedecer. Es lo que hace un desobediente de raza, permítanme la coña. Esto es lo que le permite al desobediente hablar tres horas ante el tribunal, terminar diciendo “estoy preparado para morir” y que no se descojone de él el público asistente.

Los líderes del secesionismo catalán, sin embargo, hacen justo lo contrario. Desobedecen las opresoras leyes españolas y las resoluciones de los opresores tribunales españoles, se aplauden a sí mismos por su astucia y arrojo, y cuando se les pregunta afirman que no han desobedecido. En cada ocasión que les escucho que ese líquido blanco, de origen biológico, con sabor idéntico a la leche, producido por vacas y envasado con el nombre “leche” no es leche, sino un proceso participativo autogestionado por voluntarios, se convierten en los más imaginativos defensores de la injusta y antidemocrática legalidad española. Porque claro, próceres como ellos solo desobedecerían leyes y resoluciones injustas.

No obstante, todo su esfuerzo por mantener la autoritaria legalidad española puede ser baldío. Me explico, y con ello paso al asunto jurídico. Los argumentos para negarse, no tres, sino las veces que hagan falta, son básicamente los siguientes:

1.- Que los “fiscales de Cataluña” no vieron ningún delito. Este argumento (de autoridad) es, a la vez, falaz e interesante, ya que nos lleva a preguntarnos por qué fue así. A preguntárnoslo, claro, después de dejar claro que el argumento, tal cual, además de falaz es falso. No fueron los “fiscales de Cataluña”, sino los que integraban la “Fiscalía Superior de Cataluña”, que no son los casi cuatrocientos fiscales catalanes, algunos de los cuales, según se cuenta, se globearon bastante cuando se los identificó con aquel órgano, ya que sí apreciaban indicios de delito en esto del 9N. En todo caso, y sin necesidad de entrar en esa cuestión, la pregunta continúa en el aire, ya que todos los tribunales que han intervenido tras la presentación de la querella han ido estableciendo que esta no solo tenía fundamento, sino que podía incluso desembocar en un juicio oral y de hecho así ha sucedido. Y esto ha ocurrido con la misma jurisprudencia usada por aquellos fiscales para concluir que no había delito.

2.- Que en esto del 9N no hubo, tras la providencia del Tribunal Constitucional que suspendía el sarao, ninguna decisión administrativa que pudiese ser calificada como antijurídica. Sin embargo, tras la investigación nos hemos enterado de que el 14 de octubre (es decir, antes de la suspensión) la Generalitat había iniciado procedimientos administrativos necesarios para realizar la “consulta”, lo que en ocasiones suponía contratar (y pagar, claro) a contratistas privados. Así:

  • Se contrató el alta de la del dominio de la página web y cambio a servidores DNS propios de la Generalitat, y la construcción y publicación de esa web
  • Se contrató la fabricación del material para la votación y su transporte a los locales de la votación.
  • Se compraron siete mil ordenadores portátiles y se instaló en ellos unos programas precisos para la votación (esos ordenadores luego se repartieron entre colegios catalanes)
  • Se contrató publicidad institucional y se contrato el envío masivo de información.
  • Se suscribió un seguro de accidentes para los voluntarios.
  • Se realizaron reuniones con los directores de los institutos que iban a utilizarse para la votación.
  • Se acondicionó un local para el procesamiento de los datos y un centro de llamadas.
  • Se permitió que se “votase” desde el 10 al 25/11 en las sedes del Gobierno catalán de Berlín, París, Bruselas, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Tokio, Sídney, Montreal, México D.F., San José -California-, Milán, Bogotá, Hong Kong, Sao Paulo, Copenhague, Santiago de Chile, Andorra y Perpiñán.

Y nos hemos enterado de que específicamente con posterioridad a la providencia del Tribunal Constitucional que acordaban la suspensión la empresa a la que habían contratado para las cuestiones informáticas (T-SYSTEMS) -aplicación web, apoyo técnico durante la recogida de resultados, soporte técnico al centro de procesamiento de datos, tanto sobre lo ya entregado como de lo pendiente de entregar, publicación de datos- solicitó del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI), una empresa pública de la Generalitad, instrucciones sobre el desarrollo de las actividades contratadas y si esas actividades estaban o no afectadas por la resolución del Tribunal Constitucional. ¿A que es gracioso que los directivos y abogados de una empresa rándom se preocupasen por el asunto y los hoy acusados, altos funcionarios y representantes con todo el aparato administrativo y jurídico de la Generalidad a sus espaldas, digan que no han desobedecido a nadie y que nadie les advirtió de nada? Pues bien, recibieron una respuesta y no de cualquiera: del consejero de presidencia, el señor Homs, que afirmó que, tras consultar los servicios jurídicos de la Generalidad, estos habían concluido que los trabajos contratados por T-SYSTEMS no se veían afectados por la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional. El propio Homs reconoció más tarde que lo de la consulta a los servicios jurídicos era una invención suya..

Hemos sabido que los trabajos encomendados a FUTJISU (recepción de los ordenadores portátiles, instalación de los programas, distribución por los centros de votación, acondicionamiento de un centro de procesamiento de datos y de un centro de llamadas -incluido soporte técnico para el 9N-, recogida posterior de los portátiles y borrado de los programas), se realizaron en su mayor parte los días 7, 8 y 9 de noviembre .

Hemos sabido que MEDIA PLANNING GROUP SA, empresa contratada para la realización de una campaña institucional, continuó realizándola tras la suspensión y hasta el día de la votación.

Hemos sabido que UNIPOST, una empresa privada, utilizando los datos suministrados por el Instituto de Estadística de Cataluña, se encargó de remitir una carta dirigida por el presidente de la Generalidad a cada uno de los catalanes mayores de 16 años y que este envío, iniciado el día 3 de noviembre, continuó después de la suspensión acordada el día 4 de noviembre.

Hemos sabido que FOCUS, S.A., y la FIRA DE BARCELONA, contratadas para la adecuación del pabellón italiano de Montjuïc, lugar en el que se instaló un centro de prensa internacional, se dedicó a esa tarea los días 7 y 8 de noviembre y el día 10 lo desmontó.

Hemos sabido que el famoso CAC ratificó (el 4 de diciembre de 2014) las cartas previas remitidas por el secretario de comunicación del gobierno catalán, en las que se daba cuenta del “incumplimiento” por ONDA CERO, la CADENA SER y la COPE de la negativa a difundir gratuitamente la campaña informativa de anuncios y mensajes relativos al 9N. La finalidad de esa carta era la apertura de expedientes sancionadores contra esas empresas.

Es decir, hemos sabido que, no solo no se suspendió nada de lo que ya se había iniciado, sino que se realizaron actuaciones posteriores destinadas a facilitar que tuviera lugar eso que el Tribunal Constitucional había suspendido.

3.- Que, aunque hubiera actuaciones, eran periféricas, ya se habían acordado y pagado previamente, pretendían informar sobre hechos propios de la sociedad civil, la auténticamente protagonista, y que eso no es prevaricación.

En cuanto a esto, nada mejor que ver lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre el señor Homs cuando ha acordado su procesamiento:

… el delito de la prevaricación administrativa sanciona los abusos de poder que representan la negación del propio Estado de derecho, pues nada lesiona más la confianza de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes políticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodios. Por ello, la nota de arbitrariedad es un aliud diferente al control judicial de los actos administrativos por la jurisdicción contenciosa. La nota de arbitrariedad supone que un apartamiento de toda normativa, es la voluntad desnuda de las personas concernidas la que se erige en única fuente de la decisión .

… el delito de prevaricación no se refiere de modo expreso a resoluciones administrativas, sino a resoluciones arbitrarias dictadas en un asunto administrativo (…), tal resolución puede ser expresa o tácita, escrita, oral e incluso por gestos; siendo factible también la resolución por omisión (…)  y con independencia de la fase procedimental que corresponda, pudiendo tratarse de un acto de trámite o impulso o de un acto ejecutivo respecto del fondo principal del asunto, siempre que encierre una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a derechos de los administrados o a la colectividad en general.

Es obvio que la convocatoria del “proceso de participación” y el impulso del mismo para la consecución de la consulta, integran un asunto administrativo; y que las actuaciones, tendentes a su desarrollo y buen fin descritas, integran actos de voluntad en aras de su logro, con obvia afectación general, en cuanto destinada a todos los vecinos de Cataluña. En cuya consecuencia, en nada afecta a tal calificación la inexistencia de una actuación jurídicamente formalizada de la convocatoria de consulta, ni que se invocara o pretendiera canalizar como una autogestión del voluntariado cuando el impulso y los ineludibles hitos necesarios para la consulta provenían del Govern; de modo, que las resoluciones y actuaciones objeto de suspensión llevadas a cabo fueren orales o de carácter estrictamente material, en cuanto que cada una de ellas, así como el conjunto, son manifestación inequívoca, activa y omisiva, de la voluntad de culminar el “proceso participativo”, a la vez que desatender la suspensión acordada por la Providencia del Tribunal Constitucional.

… en definitiva, con independencia del resultado final del proceso de impugnación, el “proceso de participación” en sí y cualquier actuación de la Generalitat de Cataluña vinculadas con la referida convocatoria, resultaban suspendidas, cualesquiera que fueren. Resultaba desapoderada la Generalitat, por el Tribunal Constitucional, órgano constitucional previsto expresamente para ello, de cualquier potestad para llevar a cabo, mientras la suspensión no se levantara (o el proceso concluyera en su caso con resultado desestimatorio): o actuaciones relativas a la convocatoria; o actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta; o cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta. Pues bien (…)  se recoge, como el aforado, además de: a) no adoptar ninguna suspensión en el ámbito de sus responsabilidades (…) b) siguió impulsando activamente en el ámbito de sus funciones (…)  el “proceso participativo” afirmando la inanidad de la resolución del Constitucional sobre la configuración e implantación de la estructura informática que posibilitaba la consulta, a la vez que ponía a disposición de los diferentes entes administrativos los servicios jurídicos de la Generalitat para exigir a las empresas contratadas el cumplimiento de las tareas encomendadas (…)  c) resolvió realizar ulteriores contrataciones para el buen fin de la consulta con posterioridad a la suspensión; y d) incluso en agotamiento de tal finalidad, denunció a los organismos sancionadores el incumplimiento por parte de concretos medios de comunicación la negativa a insertar la publicidad institucional.

Resoluciones arbitrarias, omisivas y activas, contrarias absolutamente a la Constitución, por cuanto desapoderada la Generalitat de la potestad para llevar a cabo la competencia que cuando menos tácitamente afirmaba sobre el “proceso participativo” que culminaba con la consulta; tales resoluciones y disposiciones, fuere cual fuere su contenido, contrariaban de modo grosero, el ordenamiento jurídico; y no sólo de legalidad ordinaria, sino el constitucional, al resultar carentes de todo soporte competencial, en ese momento inexistente, e imponer su propia voluntad sobre la del órgano constitucional, al que expresamente se le atribuye y obliga el dictado de la suspensión. Que además, suponían una suplantación del poder constituyente, al hacer prevalecer la voluntad propia (aún cuando se diga depositaria de un difuso mandato ciudadano, carente igualmente de ese carácter constituyente), con desprecio deliberado de la resolución que le suspende la potestad para desenvolver el “proceso participativo”, dictada por el órgano a quien el constituyente encomendó tal tarea y control. Resoluciones y disposiciones pues, injustas, contrarias a derecho, realizadas y dictadas, a sabiendas, con plena consciencia de su ilicitud,…

De otra, una jurisprudencia asentada del Tribunal Constitucional, impide sustentar, con un mínimo de juridicidad, el mandato de un difuso “clamor” del pueblo catalán, para eludir la resolución suspensiva del Tribunal Constitucional (…) por ello sólo puede ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional. Es un asunto reservado en su tratamiento institucional al procedimiento del art. 168 CE . (…) El respeto a la Constitución impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquéllos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político.

4.- También se argumenta que no puede haber desobediencia porque no se requirió personalmente a algunos de los acusados, porque no se les indicó las posibles consecuencias de negarse a acatar la resolución que acordaba la suspensión y porque no hubo una reiteración en el mandato que dimanaba del Tribunal Constitucional.

Nuevamente, en cuanto a esto, qué mejor que citar al Tribunal Supremo, que da cumplida respuesta a estas objeciones cuando acuerda el procesamiento del señor Homs:

Dicho delito, concorde a la jurisprudencia de la Sala Segunda (…) requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) Existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta, emanado de la autoridad o sus agentes y que debe hallarse dentro de sus legales competencias. En el relato histórico, este requisito resulta cumplimentado por la Providencia del 4 de noviembre de 2014, del Tribunal Constitucional, (…)  respecto de actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a una concreta convocatoria, que suspende las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un denominado “proceso de participación ciudadana”, contenidas en la página web http://www.participa2014.cat/es/index.html, y los restantes actos y actuaciones de preparación, realizados o procedentes , para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta. (…)  Suspensión omnicomprensiva, por tanto, de cualquier actividad relacionada con ese “proceso de participación”.

b) Que la orden, revestida de todas las formalidades legales, haya sido claramente notificada al obligado a cumplirla, de manera que éste haya podido tomar pleno conocimiento de su contenido. Además de la notificación formal y publicación en el Boletín Oficial del Estado, consta acreditado que a primera hora de la tarde de su dictado, es notificada al Presidente de la Generalitat por correo electrónico a través de la Subdirección General de Cuestiones Constitucionales del Gabinete Jurídico de la Generalitat, del Departamento de Presidencia; y conocida por el aforado, máximo responsable de los Servicios Jurídicos y miembro del Govern de la Generalitat. (…) Tal concreción del destinatario obligaba a la observancia de suspensión acordada por Tribunal Constitucional, necesariamente a quienes al menos de forma tácita afirmaban su competencia en el desarrollo de sus potestades administrativas para el logro de la consulta; y su pleno conocimiento de la misma, prácticamente desde el mismo momento de su dictado, obviaba la necesidad de cualquier requerimiento para cumplimentar el tipo de desobediencia, requisito no exigido por el tipo, relacionado con la viabilidad probatoria del pleno conocimiento de la obligatoriedad del mandato por parte del acusado. Conocimiento de su vinculación y obligada observancia por parte del aforado, ya reseñada.

c) Resistencia del requerido a cumplimentar aquello que se le ordena, lo que equivale a la exigible concurrencia del dolo de desobedecer, que implica que frente al mandato persistente y reiterado se alce el obligado a acatarlo y cumplirlo en una oposición tenaz, contumaz y rebelde. Precisamente lo acaecido en autos, donde el aforado, miembro del Govern, no sólo omitió suspender cualquier actividad desplegada para la consecución de la consulta convocada, ni siquiera aquellas contrataciones o encomiendas concertadas en el ámbito de su Departament; sino que impulsó el proceso en base exclusiva a su voluntad, (…)  El mandato de suspensión es notificado, es publicado en el BOE, se admite que vincula y que la consulta no puede celebrarse si no se alza al formular recurso de aclaración; y pese a ello, de manera abierta, obstinada y pertinaz, nada se suspende, sino que el “proceso” se sigue impulsando, entre otros por el referido aforado y la consulta se celebra. Nada empece a dicha conclusión que por parte del aforado, no se expresase su voluntad de ignorar el mandato del Tribunal Constitucional; (…) la jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de fijar el alcance de la expresión abiertamente. Tal idea ha sido identificada con la negativa franca, clara, patente, indudable, indisimulada, evidente o inequívoca (…) si bien aclarando que ese vocablo ha de interpretarse, no en el sentido literal de que la negativa haya de expresarse de manera contundente y explícita empleando frases o realizando actos que no ofrezcan dudas sobre la actitud desobediente, sino que también puede existir cuando se adopte una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato, es decir, cuando sin oponerse o negar el mismo tampoco realice la actividad mínima necesaria para llevarlo a cabo, máxime cuando la orden es reiterada por la autoridad competente para ello, o lo que es igual, cuando la pertinaz postura de pasividad se traduzca necesariamente en una palpable y reiterada negativa a obedecer (…)

O lo que es lo mismo, este delito se caracteriza, no sólo porque la desobediencia adopte en apariencia una forma abierta, terminante y clara, sino también es punible «la que resulte de pasividad reiterada o presentación de dificultades y trabas que en el fondo demuestran una voluntad rebelde» (…) . Una negativa no expresa, ya sea tácita o mediante actos concluyentes, puede ser tan antijurídica como aquella que el Tribunal a quo denomina expresa y directa. El carácter abierto o no de una negativa no se identifica con la proclamación expresa, por parte del acusado, de su contumacia en la negativa a acatar el mandato judicial. Esa voluntad puede deducirse, tanto de comportamientos activos como omisivos, expresos o tácitos… La concurrencia del delito de desobediencia, tal y como lo describe el art. 410.1 del CP , depende de que el sujeto activo ejecute la acción típica, no de las afirmaciones que aquél haga acerca de su supuesta voluntad de incurrir o no en responsabilidad. De otra parte, notificada a quien era parte del proceso (lo que determina la innecesariedad de requerimiento a estos efectos típicos) que era quien había convocado e impulsaba el proceso de consulta, la suspensión del mismo por parte del Tribunal Constitucional, el acatamiento devenía necesario.

Lo que no puede aceptarse es que entre una y otra opción se construya artificialmente una vía intermedia que estaría integrada por aquellas otras resoluciones judiciales que, pese a estar revestidas de todas las formalidades legales, son discutibles o cuestionables por los servicios jurídicos de quien resulta jurídicamente obligado a su acatamiento. Nuestro sistema constitucional ha querido, como garantía de su propio equilibrio y existencia, que la función jurisdiccional alcance la plenitud de lo resuelto. No es difícil imaginar los efectos asociados a una doctrina, con arreglo a la cual, la ejecución de lo acordado en cualquier proceso jurisdiccional, quedara condicionada a que el requerimiento formulado resultara ulteriormente avalado por quienes asumen la defensa jurídica del requerido“.

Además, ninguna reiteración resulta exigible en autos; cronológicamente, porque el mandato emitido el día 4 de noviembre, exigía su observancia inmediata y en todo caso antes del día 9 de noviembre, pues de otra forma la desobediencia devenía irreversible; y desde otra perspectiva, por razón del origen de donde emanaba, el órgano constitucional a quien se encomienda una capacidad normativa negativa, la declaración de inconstitucionalidad de aquella actividad impugnada y asociada a ella, una suspensión cautelar. No es dable que la norma, aún con ese limitado matiz y esa naturaleza cautelar, pero con un preciso destinatario, quien desarrollaba esa actividad impugnada, deba ser reiterada para su efectivo y cabal acatamiento.

No sé qué sentencia dictará el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ni la que dictará, en su día, el Tribunal Supremo. Ahora, de momento, en esto de la batalla de argumentos, los acusados pierden por goleada.

 

 

 

La tribu

Hoy dice Puigdemont en una entrevista:

¿Pondrán las urnas aunque el Constitucional impugne la convocatoria del referéndum?

Cuando pongamos las urnas, lo haremos amparados en todas las garantías legales. Pero lo importante de un referéndum es si los ciudadanos lo declaran válido o no. Podría ser acordado y que la gente no participara. Un referéndum que pueda tener sólo el acuerdo del Parlament de Catalunya, pero en el que la gente participe, es perfectamente válido porque la gente es precisamente quien le confiere validez.

Esta respuesta es paradigmática de la mentira secesionista. Los secesionistas llevan años intentando engañar a muchas personas y en parte lo han conseguido. Las urnas no se pueden “poner” amparadas en “todas” las garantías legales porque las urnas se ponen para algo y ese “algo”, en este caso, es inconstitucional. Tan inconstitucional es que lo sería incluso si se tratase de un referéndum en toda España con ese mismo objeto, convocado por el Gobierno con acuerdo del Parlamento, saltándose la previa reforma constitucional. Imaginen su inconstitucionalidad tratándose de un referéndum solo en Cataluña y convocado solo por un acuerdo del parlamento catalán. Y eso lo sabe el señor Puigdemont perfectamente.

Por tanto, la primera frase es una mentira destinada a tranquilizar la conciencia de los ciudadanos que temen a la ilegalidad, pero a los que gusta la idea de secesión.

Pero eso no es lo más grave. Lo peor es el recurso a la falsa democracia sin ley. La idea de que lo que importa para que un referéndum sobre cualquier cosa sea “válido” es la “participación” de la “gente”.

En una democracia real solo son actores los ciudadanos. En una democracia de verdad no hay “gente”. La “gente” no vota. Gente o pueblo son los animalitos preferidos de los autócratas y los populistas. Apelando a la gente o al pueblo, como apelando a la patria o a la historia o al paraíso que viene, es como se han cometido los peores crímenes.

El ciudadano no le gusta ni a los autócratas ni a los populistas. Tampoco le gusta mucho al político común, no nos engañemos. La razón es sencilla: ciudadano es un concepto legal que lleva implícito algo peligrosísimo para el poder y para los conductores de hombres, el de sujeto con derechos y obligaciones. Y va unido también a otro previo: el de conjunto de ciudadanos. Un ciudadano lo es porque hay otros ciudadanos del mismo Estado.

La potencia de ese concepto es extraordinaria. El ciudadano individual se protege de la arbitrariedad del poder y de la arbitrariedad de sus compatriotas precisamente por su condición, por el paquete completo. Ni el poder ni los otros pueden excluirlo de su condición de ciudadano salvo por los propios medios nacidos en el momento de su definición. No hablo de algo abstracto. La historia está llena de furia y dolor, y ha parido con suerte (si te ha tocado vivir en uno) Estados democráticos. La cuestión es que, una vez alcanzado ese punto, es estúpido discutir la definición, porque eso supone reabrir la situación previa y arriegarnos a más furia y dolor.

Los autócratas y los populistas, sin embargo, constantemente fuerzan los límites. Apelan al “pueblo” o a la “gente” para saltarse la definición legal, que si es razonablemente completa incluye las reglas para su modificación y evolución. Lo hacen precisamente porque no admiten los límites que impone la democracia a su comportamiento. No hay democracia sin ciudadanos. No hay ciudadanía sin ley. No hay ley sin reglas para su modificación. No hay reglas para la modificación de la ley sin una definición sobre el conjunto de ciudadanos y sobre el procedimiento para que emitan su voluntad. Es un círculo virtuoso.

En realidad, estas personas quieren cometer “su” ilegalidad. Para conseguir que se haga realidad lo que consideran un destino manifiesto, están dispuestos a saltarse la ley. La de verdad, la democrática. Están dispuestos a vulnerar los derechos de los ciudadanos (a saltarse mis derechos, por ejemplo, como ciudadano español). Para ellos es más importante su sueño, su visión colectiva, que la prevalencia de la ley y la democracia. En el mejor de los casos, creen que solo tienen que saltarse la ley una vez y que merece la pena correr el riesgo de que nos acostumbremos. Y que, para que la buena gente no se escandalice, basta con vestir el crimen de democracia popular y sostener que está avalado por un parlamento que no tiene competencias para ello. Como no lo tendría el parlamento español para condenarme a muerte.

Es la vieja tensión entre las “argucias” legales y la “verdad” popular. Somos muy sensibles a este argumento: qué hay de malo en votar, en preguntar a la “gente”. O por qué hay que ser tan exquisito con los derechos de un criminal espantoso que ha matado a no sé cuántos niños.

No quieren darse cuenta de que es mucho más importante el edificio legal que cualquier destino nacional o cualquier acto de supuesta justicia concreta. El edificio legal existe porque acoge a ciudadanos. Cuando lo derribas, solo queda la tribu a la intemperie y luego hay que llorar lágrimas de sangre para volver a construirlo.

Hoy millones de ciudadanos de España han comprado de forma egoísta una mercancía averiada y peligrosa. Han decidido excluirnos a los demás de nuestra condición de ciudadanos y al hacerlo no se dan cuenta de que ellos mismos sientan las bases para que cualquier decisión que les afecte se pueda justificar, en el futuro, simplemente apelando a la gente, en la que hoy se incluyen, pero de la que puede que no formen parte en el futuro, según cambien los vientos del discurso ilegal.

Y lo compran por nada. Por el destino histórico. Ebrios, ciegos e irresponsables.

 

Hombre blanco busca causa negra

En esta entrada voy a hablar bien de un abogado comunista. Dirán que eso es imposible (cada cuál que escoja su razón, si por abogado o por comunista), pero cuando terminen de leer quizás pasen por alto esos dos pequeños defectillos.

Su nombre era Bram Fischer. Era afrikáner: ya saben, un descendiente de los colonos holandeses que llegaron al Cabo en el siglo XVII y que fueron extendiéndose hacia el interior por la presión de los amos británicos, su afición al paseo, y su extrema y dura concepción de su destino manifiesto. Su familia llevaba por África desde el siglo XVIII y había alcanzado alguna posición. Su abuelo fue secretario de Estado primero y luego primer ministro de la Colonia del Río Orange —el sucedáneo que sustituyó al Estado Libre de Orange después de la guerra de los bóer—, y su padre juez del mismo Estado. Además, estaba casado con una sobrina de Jan Smuts.

Estudiante de derecho, terminó su carrera en Oxford en los años 30 y se dio un viajecito por la Unión Soviética. Podría haber sido uno más de esos jóvenes pálidos de clase alta que, en la década de la ceguera, terminaron siendo comunistas de libro y traición, y que tanto juego han dado en las novelas de espías de la guerra fría.

Sin embargo, fue comunista declarado, miembro del SACP (el partido comunista de por allí) y activista y protagonista en esas dos décadas en las que el régimen sudafricano fue haciéndose cada vez más brutal.

Sharpeville: 69 muertos y 180 heridos, la mayoría por disparos hechos por la policía, por la espalda, contra la multitud que huía y que poco antes se había manifestado. Más tarde disturbios que duraron varios días con un saldo de casi 20.000 detenidos. Por esas fechas estaba terminando un juicio por traición contra prominentes miembros del ANC, entre ellos Mandela, que serían declarados inocentes. Uno de los abogados era nuestro protagonista.

El juicio y su sentencia dieron igual: poco después, tras un viaje a Londres, Mandela fue detenido y condenado a cinco años de prisión, y en 1963 la policía entró en una granja en Rivonia y detuvo a seis de los dirigentes del SACP. Para entonces se había promulgado la ley de sabotaje, una norma que creaba listas de proscritos, que tenían prohibido reunirse si eran más de dos y que permitió arrestos indefinidos sin asistencia letrada. Esa norma era una habilitación para la tortura y la desaparición. Steve Biko fue el ejemplo más famoso de esa infamia con forma de ley.

El abogado que defendió a los dirigentes del SACP fue Fischer, ya en el punto de mira del régimen. Lo hizo brillantemente, tanto que algunos le atribuyen el mérito de salvar a los condenados de la pena de muerte y de llevarlos a las canteras de cal de la isla de Robben. Más realista es pensar que fue el miedo del régimen a crear héroes lo que les libró de la horca.

Poco después de la sentencia murió la mujer del letrado, en un accidente de coche. Activista, como él, había enseñado durante años en una High School para hindúes en Johannesburgo, establecida precisamente como protesta contra el cierre de escuelas ordenado por el gobierno sudafricano.

Al final le llegó el turno. Detenido en 1964, pidió permiso para viajar a Londres, ya que llegaba a su punto final, en los tribunales británicos, un asunto sobre patentes en Rodhesia que llevaba desde 1955. Para conseguirlo depositó una fianza y prometió volver:

I am an Afrikaner. My home is in South Africa. I will not leave my country because my political beliefs conflict with those of the Government.

(Soy un afrikaner. Mi casa está en Sudáfrica. No partiré de mi país porque mis creencias políticas estén en conflicto con las del Gobierno).

Después de ganar el caso, pese a las presiones de todo el mundo para que se quedase en Inglaterra y pese al embrutecimiento del régimen tras el atentado en una estación de ferrocarril en Johannesburgo, regresó.

Se presentó ante el Tribunal y al día siguiente se ocultó. Lo hizo mandando una nota, a través de su abogado, que decía:

By the time this reaches you I shall be a long way from Johannesburg and shall absent myself from the remainder of the trial. But I shall still be in the country to which I said I would return when I was granted bail. I wish you to inform the Court that my absence, though deliberate, is not intended in any way to be disrespectful. Nor is it prompted by any fear of the punishment which might be inflicted on me. Indeed I realise fully that my eventual punishment may be increased by my present conduct…

(En el momento en que leas estaré lejos de Johannesburgo y me abstendré de presentarme al juicio. Pero todavía seguiré en el país al cual dije que volvería cuando presté fianza. Deseo informes al tribunal de que mi ausencia, aunque deliberada, no debe entenderse en ningún caso como una falta de respeto, ni está motivada por ningún miedo al castigo que se me pueda imponer. Y me doy perfecta cuenta de que la pena final podría ser mayor por causa de mi actual conducta …)

My decision was made only because I believe that it is the duty of every true opponent of this Government to remain in this country and to oppose its monstrous policy of apartheid with every means in his power. That is what I shall do for as long as I can…

(Mi decisión fue adoptada únicamente porque creo que ése es el deber de todo oponente verdadero a que este Gobierno continúe en este país y que se oponga a su monstruosa política de apartheid con los instrumento a su alcance. Esto es lo que haré mientras pueda …)

Fue detenido poco después. Condenado a cadena perpetua, el cáncer y una caída lo dejaron en silla de ruedas e incapaz de hablar. Murió en la casa de su hermano, en Bloemfontein, en 1975.

¡A mí la legión!

El 22 de junio 168 a. de J., en Pidna, Paulo Emilio al mando de cuatro legiones se enfrentó a la falange macedónica de Perseo.

La víspera se produjo un eclipse total de Luna. Empezó la batalla, como tantas otras veces, por un encuentro fortuito entre tracios y romanos que casi cogió por sorpresa a Emilio Paulo. Cuenta Plutarco que a la vista de “aquél brillante muro de amenazadoras lanzas”, Emilio Paulo “se sintió dominado por el la sorpresa y el miedo”. Suponemos que el avance de miles de falangistas con sus sarisas, esas lanzas de seis metros de largo, con una profundidad de veinte hombres, debía ser un espectáculo único, hasta el punto de sobrecoger a todo un cónsul de la república romana.

La única manera de detener una formación tan poderosa fue la utilización del terreno. Empujados por Salvio, comandante de los pelignos, hombres de origen sabino, que lanzó su estandarte en medio de las tropas enemigas, se produjo un contraataque romano que falló. La falange avanzó hasta las estribaciones del monte Olocrus.

Allí era imposible mantener el orden de batalla y Emilio ordenó a sus cohortes que se dividieran y se introdujeran entre los huecos con sus falcatas. La mortandad empezó a ser importante, hasta que el propio Emilio, al mando de una de sus legiones, se introdujo por el intersticio más importante rompiendo definitivamente la línea enemiga. Los combates aislados decidieron la batalla. Más de veinte mil muertos en el campo macedónico por pocos centenares en el romano.

Había triunfado el espíritu republicano. Disciplina y capacidad de adaptación. Individuos que piensan.

La sangre era suya

 

Timur fue grande, pero no parece que fuera feliz. No, al menos, como sí lo fue Gengis Kan. Ambos bárbaros, sobre todo para los otros, pero Gengis fue el primero y él sí debió creer que el mundo le pertenecía. Los descendientes de Timur conocían la historia. Rukh, el único hijo supérstite, que no quiso perder el tiempo conservando el Azerbaiyán, fue mecenas y protector de artistas; Baysunqar, amante de los libros y de las joyas caligráficas; Ulugh Beg, el dueño de Mawarannhar, escrutador del cielo desde el observatorio de Samarcanda; Husayn Baiqara, espadachín y poeta en turco chagatái, artífice de la gloria pasajera de Herat. Todos ellos carecían de la creencia en el destino del Gran Kan y de sus hijos, y han sido olvidados, aunque pareciese que sus cortes eran la cumbre del refinamiento.

Gengis fue poderoso y feliz. Timur fue poderoso, pero en Otrar debió sospechar que su imperio no era nada sin él. En cierto sentido fue un gran ladrón. Quizás todo obedezca a que las grandes ideas se desgastan: no puede ser que aquellos, los de antes, siempre fueran gigantes. O que la sangre se diluyera. No, deben ser las ideas las que envejecen.

Muhammad Shaybani, con dieciséis años, tras perder a su abuelo

(el abuelo, Abu’l-Khayr, descendiente de Shayban, descendiente de Jochi, es el origen de la potencia uzbeka. Los oirates le harán morder el polvo y permitirán la rebeldía de dos capitanes, que tras refugiarse entre los chagatáis, huirán a las estepas, formando la nación kazaka)

y a su padre

(su padre, Shah Budaq, muere a manos de Yunus, kan de los chagatáis, protector de los kazakos, en una razia)

se hace bandido y soldado de fortuna. Llega a trabajar para los chagatáis, y desde la ciudad de Turkestán, el premio a su valor, reúne los restos dispersos de los uzbekos. Combate en Mawarannhar a los timúridas, entre ellos a Babur, el futuro conquistador de la India, abandonados por Bayqara. Caen Samarcanda, Bujara y el valle de la Fergana. Y Balkh y Qunduz. Y Jwarizm, Khiva y Herat (con Bayqara ya muerto). Pero ya no era tiempo para hombres poderosos y felices. Ni siquiera era tiempo para dinastías decadentes.

Shaybani se dirige a Afganistán, al lugar donde se refugian los últimos timúridas. El camino para la India.

Pero siempre hay nuevos bárbaros. Los kazakos le obligan a volver. Son como insectos molestos, que lo desgastan con peleas interminables. Lo suficiente como para llegar exhausto a la última batalla.

Venido desde Persia, Isma’il, el shah que funda la dinastía safávida, de sangre azerí y turcomana, descendiente por parte de madre de los ladrones del Azerbaiyán, acaba con Shaybani. Es el año 1510.

Del kan de los uzbekos sólo quedará su calavera, revestida de oro, y usada como copa en los banquetes.

 

 

El primer emperador

El primer emperador del mundo fue un bastardo. Bueno, no tanto, pero hay que adornar las historias, ¿no? Tutmosis III era hijo del faraón Tutmosis II y de una concubina, la última opción del arquitecto Ineni para seguir mangoneando así …

… en Egipto. Por desgracia para el tercero de los Tutmosis, la hermanastra y esposa de su padre, la famosa Hatshepsut, que había tenido que tragar con un matrimonio que la relegaba a “gran esposa real” cuando lo que quería era ser faraón, pensó que ya había tragado suficiente. Así que, cuando se murió Tutmosis II y fue designado el tercero como faraón, se hizo la loca y silbaba por las estancias de palacio cuando le recordaban el conveniente matrimonio del pobre Tutmosis III y su propia hija (la de Hatshepsut … ya, ya sé que es un lío). Tanto se hizo la loca que el matrimonio no tuvo lugar y, de buenas a primeras, se hizo asociar como faraón al sobrino.

En realidad, Hatshepsut estaba afectada por una especie de odio furibundo a esos segundones que había tenido que soportar durante años. Ella era hija de Tutmosis I y de la gran esposa real Ahmose, y solo por el hecho de ser mujer había tenido que aguantar a todos esos farsantes. Así que se le ocurrió una idea interesante: hacerse faraón, ir apartando poco a poco del poder al bobo de Tutmosis III y crear una dinastía de faraonas. Por esa razón, pese a resultar un enlace de lo más lógico, impidió que su hija Neferura se casase con Tutmosis III, el bastardo. Y llegó a designar a Neferura “esposa de Amón”, o lo que es lo mismo, gran esposa real sin esposo.

Así estaban las cosas, ya ven. El pobre bastardo reinaba pero no gobernaba. Su tía y madrastra hacía y deshacía a su antojo. Y su supuesta prometida se lo hacía con Amón delante de sus narices (demostrando Amón, por cierto, gran aprecio por la familia, ya que la propia Hatshepsut sugería que su padre Tutmosis I era un cornudo y que el burlador había sido el dios, que se revolcaba con gran gusto con la feliz Ahmose, ya saben, la legítima). Poco de fiar eran estas hembras egipcias.

En fin, menos mal que la providencia vino en ayuda del pobre Tutmosis III. Neferura murió y —cosas del destino—, a la vez murieron un sumo sacerdote y un arquitecto que apoyaban a Hatshepsut y hacían el Amón con ella. Extraña coincidencia, es verdad, pero los designios de los dioses son inescrutables. El mensaje era cristalino: Tutmosis III empezó a mandar y Hatshepsut se dedicó, con gran sentido de la oportunidad, a la meditación. Aún reinó durante varios años, pero Egipto ya no se dedicaba a la femenina obra pública, sino a la masculina guerra.

Y es que no se pueden dejar en manos de mujeres los destinos de las naciones. Todo el rato hablando de templos y ciudades, de viajecitos por Punt, el país del incienso y la mirra, y de pasta para los curas. Y mientras tanto, los sirios cachondeándose de los egipcios, con el rey de Kadesh a la cabeza.

Tutmosis III recuperó la cordura y bañó de sangre la tierra de Canaán y aledaños, hinchándose a matar, a pillar, a violar y a saquear. Por cierto, la primera paliza que le dio al rey de Kadesh tuvo lugar al sur del Monte Carmelo, en abril del 1479 a.e., después de sitiar la fortaleza que da nombre al Armagedón. Cuenta Flinders Petrie que los hombres de Kadesh tuvieron que ser izados por los muros, por el canguelo que tenían a abrir las puertas de la ciudad. Al menos no mató a todos: a los hijos de los vencidos los mandó a Egipto, para su educación en los valores eternos, entre los que destacaba la adoración al faraón.

Ese éxito fue el primero de muchos. Hizo quince expediciones más. Tomó Kadesh, pasando el Orontes, ese riachuelo por el que transitarán tantos conquistadores con ínfulas, y después invadió Mitani. También se inventó una flota y acojonó con ella a Epiménides y a todos los cretenses (y esto es verdad) y se paseó chulescamente por el Mediterráneo. Tanto miedo dio a los mitanios que pronunciaban su nombre en los exorcismos y para asustar a los niños, como luego se hará en los Países Bajos con el Duque de Alba.


Cincuenta y cuatro años reinó el amigo. Sí, el primer emperador del mundo fue un bastardo. Pueden saludarlo en el museo de El Cairo.