Vamos con la última

 

Como ya anuncié estos días de atrás en tuiter, el martes hay una presentación de Atlas del bien y del mal aquí:

Estáis invitados.

Esta es la última entrada que dedico al libro. Os dije que, al acercarse la presentación, explicaría cómo nació y “de qué va”. Pues eso, que os lo explico.

Mi editor, Dante Hermo, se puso hace año y medio en contacto conmigo y me enseñó un mapa. En él se desperdigaban cincuenta o sesenta lugares que se relacionaban con historias que había ido contando en mis blogs. Creía que juntas podían formar un libro que interesase, que había un hilo conductor que las relacionaba. Por problemas de espacio, se tuvieron que reducir a 31. Las historias han sido revisadas y reescritas. Hay dos que son inéditas.

Es exactamente eso. Ni es ni pretende ser un libro académico. Carece de tesis. Todo lo más, de haber una, se reduce a la frase que cierra el libro (y aun así, esa frase exigiría algún paréntesis que no existe por necesidades dramáticas).

Ha sido maravillosamente ilustrado por Alejandra Acosta. Me ha gustado hacer el trabajo de recopilación, de reescritura, de revisión. Lo que me tocaba. El simple hecho de que se edite me hace feliz. Aunque se venda poco. Aunque decepcione. Me basta con jugar; ganar sería la hostia.

Entiéndanlo: no soy, ni pretendo ser, un autor. En todo caso, si han venido leyendo este blog, ya saben de qué hablo.

 

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I’m a good girl, I am!

 

Voy a aprovechar que hoy es la víspera de la fecha en la que ve la luz el Atlas del bien y del mal y que no tengo ni idea de lo que va a ser de él, ahora que me ha declarado una DUI, para contar un par de cosas.

La primera, que hay una persona, de la que no voy a decir el nombre (porque no sé si le gustaría) [ya puedo decirlo: es Dante Hermo, mi editor en Planeta], a la que pueden echar la culpa de que el libro se edite. Nunca se me pasó por el magín que las cosas que contaba pudieran interesar a alguien hasta el punto de invertir dinero en ellas. Tampoco que eso que a veces he llamado mis temas funcionase como una trama que pudiera plasmarse en un mapa. Por eso me sorprendió tanto que alguien —un desconocido— me demostrase, desde el primer momento, que una mano invisible había hecho su trabajo a la manera de los peces de la mar océana, desperdigando trozos de mis obsesiones aleatoriamente, como en un método de Montecarlo. Siempre he presumido de analizarme de manera casi patológica, pero estaba equivocado. Esos análisis eran también trozos de obsesiones. Al final, los contornos de tu mapa siempre te los dibujan los demás.

La segunda, que el proceso de fijar un texto definitivo —que me ha parecido divertidísimo— me ha convertido en espectador privilegiado del trabajo fantástico de una serie de personas a las que no puedo poner ni cara ni nombre. Ya sé que así se ganan la vida, pero es lo que tiene ser como el rústico que llega a la gran ciudad.

Supongo que debería callarme. Hacerme el interesante. Empezar a fumar en pipa. Calzarme un fular. Fotografiarme con el puño en el mentón. No puedo. Aún ando más o menos así:

Gracias.

La génesis del actual delito de rebelión

 

Estos días se ha hablado mucho sobre el delito rebelión y la violencia, y sobre qué es violencia o no. En varios artículos he sostenido que (por lo que sabemos hasta ahora) esa violencia (para mí un plus, ya que de no entenderse así su inclusión específica carecería de sentido) no concurre (en un sentido penalmente relevante). A menudo se ve a personas muy preparadas y muy inteligentes discutiendo conceptos jurídicos como si la subsunción de la realidad en una norma solo hubiera de satisfacer criterios gramaticales. Algunos, los más violentos (permítanme la broma), te lanzan definiciones del diccionario como si uno fuera idiota y no se le hubiera ocurrido comprobar qué significa cierta palabra. Pero lo gramatical, que es importante, no es lo único importante cuando hablamos de derecho. Y a veces un término jurídico no equivale a ese mismo término en su acepción más extendida, y las diferencias son importantes. De hecho, ¡los juristas vivimos de buscar diferencias!

El caso es que, entre los criterios que se pueden utilizar a la hora de interpretar una norma, uno que aprecio especialmente es el de la búsqueda no de lo que dijeron, sino de lo que querían decir los señores que parieron esa norma. No voy a entrar en detalles técnicos, ya que este criterio también tiene límites de aplicación y la norma en gran medida, una vez parida, es como un ser vivo, que adquiere independencia, sobre todo cada vez que es manoseada por los que se dedican a aplicarla e interpretarla. Pero, en este caso, y considerando lo poco que se ha discutido qué es o no rebelión, tras la promulgación del Código Penal “de la democracia”, en 1995 (por suerte), creo que es interesante remontarnos a las discusiones sobre esta figura durante su proceso de aprobación.

Lo primero que hay que decir es que este artículo, en su redacción actual, no es igual al artículo que aparecía en el proyecto original: en el proyecto original la rebelión solo exigía que existiese un alzamiento público. Este era el texto original:

Las enmiendas presentadas son interesantes. Al PNV le preocupaba la posibilidad de que se admitiese la apología o conspiración del 451 5º simplemente por pretenderse la “independencia” de una parte del territorio nacional.  La diputada Rahola, en nombre de ERC, pretendía que en ese mismo párrafo 5º se incluyese, tras “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, el inciso “salvo el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos conforme al Derecho Internacional“, aduciendo que ese derecho formaba parte del ordenamiento interno (disparate notorio, por otro lado, ya que España carece de colonias). CiU pretendió incluir a “alzaren públicamente” el término “en armas” y que también fuera rebelión alzarse para derogar un Estatuto de Autonomía.

El texto, en el Congreso, no sufrió modificación alguna. Es interesante, sin embargo, comprobar, qué se entendía por los diputados que defendían ese texto original por “alzarse públicamente” y por qué no comprendían los recelos, en particular, de los representantes del PNV. Lean algunas intervenciones que entresaco (es largo, pero muy jugoso):

Es bastante obvio, que los diputados incluían en el concepto de alzamiento público, el alzamiento violento, en armas. Y que, por eso, veían innecesarias las enmiendas.

Sin embargo, el texto, en el Senado, sufrió un cambio. Se presentaron enmiendas por los grupos de IU y de CiU que fueron admitidas por la ponencia, con el voto en contra del PP. Las enmiendas planteaban la inclusión de la violencia en el tipo delictivo para precisar que solo sería rebelión si los hechos delictivos (es decir, el alzamiento) es violento.

Pues bien, también en este punto hay intervenciones posteriores en comisión que son muy ilustrativas. Esto dijo el senador González Pons:

El asunto es interesante porque creo que sitúa en su lugar el debate actual sobre qué es o no violencia a efectos de la rebelión. El caso catalán presenta alguna particularidad. En mi opinión, es un autogolpe por dejación del Estado.

Me explicaré: el Gobierno podría, una vez constatado el fin secesionista y el proceso ilegal iniciado, haber utilizado el art. 155 de la Constitución. Desde ese momento, el gobierno catalán ya no sería tal gobierno. Habría perdido su “imperium” sobre las instituciones catalanas. Esto habría impedido el autogolpe. Sin embargo, pese a su traicionero y torticero uso de esas instituciones, se permitió que continuase siendo tal gobierno hasta después del pseudoreferéndum. Incluso hasta después de ese esperpento de votación de una DUI en el parlamento catalán. Es cierto que el gobierno catalán y su parlamento se estaban excediendo desde hacía mucho tiempo y que las pseudoleyes aprobadas en septiembre eran en sí una declaración de independencia, pero también lo es que todo autogolpe (en la medida en que desborda el derecho) es un ejemplo de uso ilegal e ilegítimo de las instituciones. El elemento clave no es que el uso sea ilegítimo e ilegal, sino que se efectúe por quien lo ostenta hasta ese momento de forma legal y legítima.

Al no haberse expulsado antes (por el procedimiento constitucional) a los secesionistas de sus cargos, el Estado permitió que el golpe de Estado fuese un autogolpe. Y el autogolpe no violento (es decir, el realizado maliciosamente o mediante una imposición ilegítima), al introducirse la expresión la palabra violencia podía quedar impune, como bien defendía el senador González Pons. Más aún cuando la norma penal es de interpretación estricta, y se había añadido expresamente ese término frente a la dicción previa de la norma.

Esto es lo que explica algo que parece absurdo: que un golpe de Estado pueda no ser delito de rebelión.

La consecuencia es, para mí, la siguiente: solo si se demuestra que ha existido violencia en el hecho secesionista (y el hecho lo es la secesión y no cualquier hito previo -al margen del problema de abusar de la falacia del historiador-) y de esa violencia son responsables los querellados (en alguna de sus formas, o incluso como provocación o conspiración, para lo cual ha de acreditarse que esos hechos violentos estaban claramente incardinados en un proceso diseñado por los querellados, como elementos esenciales del mismo), estaríamos ante un delito de rebelión. En el caso de autogolpe no violento, malicioso y fuera de las vías legales, es decir, con imposición ilegítima, no existiría tal delito. Sin perjuicio de que concurra sedición, desobediencia, prevaricación, malversación o usurpación.

El gobierno catalán se había situado fuera de la ley, pero seguía siéndolo hasta que el Senado autorizó y el Gobierno aplicó el art. 155. Pudo hacerlo antes, pero al parecer hay que cargarse de razones para aplicar la ley. Estoy siendo melancólicamente irónico en este momento.

¿Poco fundamentado? Veámoslo

 

Ayer mantuve, en tuiter, sobre la prisión de varios exmiembros del gobierno catalán, una conversación con un magistrado instructor con el que he conversado a menudo, y que me parece hombre cabal y sensato. Hoy Rodrigo Tena, en Hay Derecho, escribe este artículo en el que critica el auto de prisión, que califica como poco fundamentado. Como son opiniones que respeto y que son básicamente coincidentes, voy a explicar por qué discrepo de forma muy acusada de lo que ambos sostienen.

Empezaré con una cuestión previa, que me parece se está olvidando. La prisión, efectivamente, como medida cautelar, ha de valorarse caso a caso. Pero no podemos olvidar que esa valoración, que ha de hacerse con los instrumentos que nos da la ley y sujetándonos a sus exigencias, se efectúa a diario en los juzgados españoles. Hay una enorme práctica judicial y una jurisprudencia constitucional sobre la materia. Ahora, antes de entrar en el análisis de lo que se critica del auto, preguntémonos ¿conocen ustedes muchos casos en los que no se haya acordado la prisión preventiva a investigados por delitos a penas que son de 10, 15 y 25 años en abstracto? La rebelión y la sedición son alternativas, en la propia querella. Se dará una u otra. No la malversación. Por tanto, hablamos de investigados que pueden ser condenados a penas de 35 o 25 años solo por dos delitos.

Sí, la pena en abstracto, por sí sola, no implica la prisión. No es una consecuencia automática. Sin embargo, en la práctica de los tribunales españoles penas de esa entidad han supuesto prácticamente siempre la prisión preventiva (digo prácticamente por dejar abierta la pregunta que hice antes; quizás haya algún caso en el que no se haya acordado). En particular al comienzo de la instrucción, cuando los fines constitucionales se suelen justificar más. ¿Ahora ese criterio -la gravedad de la pena- va a perder su importancia, cuando es el que ha justificado la prisión preventiva de muchas personas, muchas de ellas  sin recursos? Si es así, es que abrimos un debate sobre esta institución en España. Sería curioso abrirlo ahora, qué quieren que les diga. Podríamos haberlo hecho cuando muchas  personas acusadas de delitos mucho menos graves están en la cárcel preventivamente por la única razón de la gravedad del delito del que se encuentran acusadas (al deducirse riesgo de fuga solo por eso).

Veamos los argumentos del artículo de Rodrigo Tena:

El auto por el que la juez Lamela ordena el ingreso en prisión incondicional de ocho exconsellers de la Generalitat peca de escasa fundamentación. No vamos a entrar en algunas cuestiones laterales, por muy relevantes que sean, como la debilidad de la acusación por rebelión o la  discusión sobre la posible incompetencia de la Audiencia Nacional para conocer de este asunto, sino que nos vamos a limitar este análisis de urgencia al auto en cuestión y exclusivamente desde un punto de vista  técnico, como corresponde a la defensa de la separación de poderes que hace este blog  desde hace muchos años. Desde el punto de vista político la valoración que se puede hacer de la incidencia del auto es bastante evidente: se pierde mucho de lo ganado con la rápida convocatoria de elecciones, la huida de Puigdemont y el acatamiento del art. 155 por la Administración Catalana. Pero hay que ser coherente: esa valoración no le corresponde a una Jueza de instrucción. Ni siquiera al Ministerio Fiscal.

Quizás tenga razón el autor en el análisis político y este auto no favorezca la posición “constitucionalista”, pero es obvio que da igual. A mí, al menos, me da igual. Si nos parece mal la politización de la justicia, nos ha de parecer mal siempre. También cuando aparentemente resulte extraño defender que ha existido.

También comparto (ya lo saben) mis dudas sobre la existencia de rebelión. No obstante, también esto es una cuestión menor: los delitos de sedición y malversación justificarían también la prisión, dada la gravedad de sus penas. Únicamente planteo mis dudas sobre la tardía querella y la relación que parece existir entre esta y la DUI, como si esa declaración fuese la espoleta, cuando ninguno de los delitos la exige. Esto no afecta, en todo caso, a la juez: ella decide cuando le llega la causa. En cuanto a la competencia de la Audiencia Nacional, salvo que se pretenda que la magistrada no es independiente, la cuestión es irrelevante a los efectos de lo que discutimos. Dicho esto, la magistrada ha dado, en varias resoluciones, argumentos muy convincentes a favor de su competencia. Ya veremos que se resuelve finalmente tras los recursos. Y si la competencia era más discutible en el caso de los presidentes de Ómnium y la ANC, en este caso lo es mucho menos, ya que se acusa de rebelión, es decir, de un ataque directo contra las instituciones esenciales del Estado.

Pues bien, el auto, de sus diecinueve páginas, dedica apenas tres a lo que constituye el meollo del asunto: si en el caso estudiado concurren o no los requisitos para la prisión provisional. El resto es un relato pormenorizado de un golpe de Estado  institucional que, a estas alturas, todos los españoles medianamente informados conocen a la perfección, pero que, pese a su indudable gravedad, tiene poca conexión –o más aún, incluso entra en cierta contradicción- con la mínima fundamentación que se dedica a justificar la prisión provisional.

Esta es mi primera discrepancia: la prisión como medida cautelar no solo exige que con ella se busquen fines constitucionalmente admisibles, sino que hay requisitos previos: han de existir hechos con apariencia de delito, con una pena concreta y que los investigados aparezcan prima facie como responsables de ellos. En este caso, la prisión se justifica por la existencia de indicios de delito de rebelión o sedición, así como de malversación. El auto precisa, dado el carácter rarísimo de esos delitos, de una justificación de la existencia del proceso rebelde o sedicioso. Es lo que hace, con más o menos acierto (asumiendo en gran medida el relato de la querella) la magistrada. No deja de ser significativo, por cierto, lo poco que se discute esta narración de hechos. A menudo, cuando se argumenta contra la fundamentación de una prisión, los letrados intentan destruir precisamente este punto, ya que es presupuesto de la prisión. De existir, a mi juicio, un punto débil en el auto, se encontraría aquí: en la existencia de rebelión, y en la acreditación indiciaria de una conexión entre ciertos actos sediciosos (que, en mi opinión, se han dado masivamente) y la conducta concreta atribuible a los querellados. Yo, como letrado, habría centrado ahí mi trabajo. La querella flaquea precisamente en ese punto. Naturalmente, la instrucción puede ampliar esos indicios, pero para acordar la prisión el juez ha de contar ya con ellos y han de ser suficientes. Por resumir: yo habría hecho hincapié en la pregunta ¿qué hechos concretos sediciosos o rebeldes se imputan a mis representados? Hablo en términos penalmente relevantes. Ya sé que los investigados han dado un golpe de Estado, pero dada nuestra legislación, este puede ser impune como rebelión o sedición, sin perjuicio de que sean casos de prevaricación y desobediencia.

Recordemos que como el propio auto indica, de acuerdo con nuestra legislación vigente y con la jurisprudencia del TC, para que pueda ordenarse la prisión provisional debe concurrir al menos una de las siguientes circunstancias:

a)Evitar el riesgo de fuga.

b) Evitar la destrucción de pruebas.

c) Evitar la reincidencia.

Esto es importante: basta con que concurra uno de ellos. Solo uno. Como argumentaré, en mi opinión, concurren los tres.

Veamos que nos dice el auto sobre cada una de ellas:

a) Sobre el riesgo de fuga, señala que los delitos de los que les acusan están severamente penados y que cuanto mayor es la pena, mayor el incentivo para huir; que los acusados tienen medios económicos para vivir en el extranjero o pueden conseguirlos fácilmente; y que algunos de ellos ya han huido (como el Sr. Puigdemont).

Ninguno de estos argumentos tiene mucho peso. Si fuese una mera cuestión de la importancia de la pena, la ley ordenaría la prisión provisional para todos los delitos graves, cosa que no hace. La posibilidad de contar con medios económicos tampoco parece suficiente. Habría que ordenar la prisión provisional de cualquiera que perteneciese a la clase media española o simplemente contase parientes o amigos que han prosperado o han emigrado al extranjero. Y lo de que otros han huido no es un argumento válido puesto que precisamente habiendo presuntamente cometido todos el mismo delito unos han tomado la decisión de huir y otros la de quedarse y someterse voluntariamente a la acción de la justicia. Dicho de otra forma, el argumento sirve para pedir la prisión de Puigdemont, pero no la de Junqueras. No puede decirse tampoco que estemos en presencia de una organización o banda en la que sus componentes actúan conjunta o coordinadamente. Parece obvio que consideraciones de carácter personal o/y político han determinado conductas muy diferentes de los acusados.

Decir que no tienen peso los argumentos del auto me resulta incomprensible.

El propio artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirma que:

“Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley”

Es decir, la propia ley ya nos dice cuales son los criterios que han de considerarse.

Que los hechos son gravísimos y que la pena en abstracto también lo es no parece exigir más argumentación, ¿verdad? Reitero: por esta simple circunstancia se ha decretado prisión provisional en casos de homicidio y lesiones graves, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la salud pública, contra la propiedad, etc.  Y en ocasiones pese a tratarse de personas sin recursos económicos de ningún tipo.

Por otra parte, todo es discutible, pero parece obvio que ser de posición acomodada facilita la huida. Como lo facilita contar con la posibilidad de apoyo (en este caso no solo de familiares, sino de asociaciones con cientos de miles de militantes). ¿En serio esto no es relevante? Y sí, claro que este riesgo aumenta según aumenta tu estatus. Es lo que tiene la posición económica. Al igual que yo no defiendo que una persona de clase baja quede impune por serlo, salvo que concurra un auténtico estado de necesidad, defiendo que se tenga en cuenta seriamente el daño que hacen las personas acomodadas cuando deciden delinquir. Y el riesgo más acusado de que se salgan con la suya. Es la cara B de la moneda. Llevo muchos años protestando por esto: el escándalo es que se trate peor a los pobres incluso cuando ser pobre debería ser un argumento a tu favor. Aquí hay una disonancia cognitiva: los que somos de clase acomodada nos ponemos nerviosos cuando un “trajeado” entra en prisión. Pensamos (quizás de manera informe) que puede ser uno que se dedica a lo mismo que tú, un amigo, un familiar o incluso ¡uno mismo! Hay que salir de esa disonancia: los ciudadanos tienen derecho a un trato igual. El rico tienen ventajas (entre otras cuenta con mejor defensa); no le demos también aquellas que son inadmisibles.

En cuanto a la influencia de la huida de otros querellados, estaría de acuerdo con el articulista si no fuera porque Puigdemont y cía. han anunciado un concierto en su plan de huida con los querellados que sí se han presentado y los querellados no se han molestado en negar ese dato. Si Puigdemont afirma que han decidido repartirse “roles” y que algunos vayan a declarar mientras otros se refugian en Bélgica, parece obvio pensar que su comparecencia obedece a motivos espurios que no tienen que ver con la obediencia a los mandatos judiciales, sino a la propia estrategia (que en el proceso lo es criminal). Y los querellados ni siquiera han dicho: “Puigedemont miente” o “Puigdemoint está loco”. No están obligados a declarar, como es lógico, ni se puede inferir de su silencio ninguna consecuencia perjudicial, pero la magistrada puede tener en cuenta otros hechos documentados y si los querellados no dan una versión alternativa, darlos por buenos. Es lo que hace.

b) En cuanto a la destrucción de pruebas el auto no dice prácticamente nada, solo señala que es posible que se produzca y que  a los acusados les gustaría hacerlo, pero no explica el motivo. Podemos pensar que todo presunto delincuente desea eliminar pruebas que le inculpen, evidentemente, pero la cuestión estriba en si está en condiciones de hacerlo. Y en este caso para los acusados la posibilidad es mínima, primero porque han sido cesados en sus cargos y ya no controlan la Administración catalana y sobre todo porque -como ponen de relieve los primeros 15 folios del auto- si sus actos delictivos han sido tan públicos y clamorosos como parece, borrar ahora su rastro no es posible. Digamos que hacer desaparecer la DUI (o la no DUI según las interpretaciones) no está en su mano.

Discrepo. Naturalmente, el auto no ha de explicar por qué un delincuente presunto ha de querer alterar pruebas: va de suyo. Alguien que presuntamente ha cometido un delito hará lo menos, es decir, hará lo que pueda para quedar impune. No hay que explicarlo; se presume.

En cuanto a la posibilidad de que ocurra (que es lo único relevante) el auto es breve, pero explica perfectamente por qué cabe el riesgo de alteración, ocultación o destrucción de pruebas: por los cargos que han ostentado hasta hace pocos días.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal también indica criterios interpretativos sobre este riesgo:

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

En el artículo que comento se hace referencia a que los hoy encarcelados han sido cesados y no controlan la administración catalana y a que los delitos se han realizado notoriamente.

Ambos argumentos son refutables. La ley habla de la capacidad del investigado para acceder “por sí o a través de terceros” a las fuentes de prueba o “para influir” sobre determinadas personas.

¿De verdad creemos que los que han sido gobierno de Cataluña hasta hace poco, y que son cabeza de una serie de partidos y organizaciones muy poderosas, muy numerosas y con un grado extremo de implantación no solo en la sociedad sino en la administración autonómica, han perdido esa capacidad de influir en personas que pueden tener acceso a fuentes de prueba? La instrucción sirve para eso. Por ejemplo, para ver comprobar hasta qué punto existió una organización de los disturbios y de las actividades obstruccionistas que, por sí solas, supondrían sedición. Se trata de saber si lo que es apariencia de concierto, de diseño de un plan, de implementación de ese plan, y del contenido criminal de ese plan, puede o no demostrarse con las exigencias del proceso penal. ¿Pensamos que da igual que los cabecillas puedan libremente actuar o creemos que es mejor limitar ese acceso a esas pruebas, que pueden estar en cualquier lugar de la propia administración?

En cuanto a la cuestión de que los delitos hayan sido públicos o clamorosos, hay ahí una falacia. El proceso ha sido clamoroso, pero también todas sus mentiras. De hecho, es perfectamente razonable que haya muchas partes ocultas del proceso (en realidad, es seguro, ya que los propios secesionistas presumían de ello, de sus planes maquiavélicos para engañar al Estado). Hoy empezamos a saber que muchos opinadores, incluso internacionales, favorables al secesionismo catalán, habían sido engrasados con dinero público, por ejemplo. Ignoramos qué instrucciones se recibieron por los mossos. Hace poco se intervino una posible destrucción de pruebas por la policía nacional. Verán que hablo en condicional, pero es que esa es la cuestión: el fin constitucionalmente legítimo es asegurarnos de que los querellados no hagan lo que se presume harán si se les deja: borrar las huellas de los elementos del tipo. Por ejemplo, de su participación en la organización de hechos violentos, de haber existido.

c)  Lo mismo cabe señalar sobre evitar la reincidencia. Solo indica que los actos se han planeado durante dos años. ¿Y qué tiene eso que ver con el asunto de que se trata? Hay delitos que se planean durante mucho más tiempo y no son susceptibles de reincidencia. En realidad, lo que parece decir el auto, como en el caso anterior, es que les gustaría reincidir (de eso yo tampoco tengo ninguna duda sobre todo si vuelven a ganar las elecciones). Pero de nuevo la cuestión es si pueden hacerlo. Y claramente ahora al menos no pueden hacerlo, porque ya no tienen el poder institucional que han necesitado para llegar hasta aquí.

En este punto, mi discrepancia es absoluta. La rebelión no exige la capacidad institucional. De hecho, lo que puede afectar en mayor medida (ya hablaré más extensamente de esto en otra ocasión) a la consistencia de la rebelión es precisamente que estamos en presencia de una especie de pseudoautogolpe (quizás despenalizado como tal). Es decir, la presencia de los querellados en las instituciones es lo que más ha coadyuvado al uso del engaño y la astucia, porque el miedo y la dejadez del Estado los había mantenido en uso de instituciones con poder coercitivo y legislativo. Ahora, cuando otros querellados siguen afirmando ser miembros de un “gobierno legítimo” y cuando, pese a estar convocadas elecciones autonómicas, los mismos querellados hablan de elecciones plebiscitarias, resulta obvio que el fin último, la secesión contra la ley española, que no se reconoce, sigue manteniéndose. No es una opinión mía: es lo que resulta de sus actos. ¿Por qué hemos de pensar que los que se han pasado por el arco del triunfo la Constitución Española, nuestro ordenamiento jurídico y múltiples resoluciones del tribunal Constitucional no han de intentar movilizar a las personas que comparten sus fines para alzarse violentamente y continuar con su conducta secesionista cuando convenga “estratégicamente”?

Da la sensación de que existe algo así como una especie de alivio. Al final lo que se preveía como un choque civil, incluso como disturbios, se convirtió en un ratón. Y, claro, hay miedo de tocarlo, no sea que se rompa. Pero esto es también es peligroso: como esto ha ido tan lejos, pero al final no ha pasado nada más grave, parece que lo enormemente grave sucedido antes no hubiese ocurrido. Y como si casi hubiera que agradecer a estos hombres que no se hayan sentido con la fuerza suficiente para haber intentado encabezar, tras la DUI, una rebelión civil apoyándose en sus partidarios. Es un error. Lo ya sucedido es tan grave que es ajustado a derecho y proporcional que el Estado adopte las medidas precisas para evitar el riesgo de que se repita. Y sí, los querellados tienen capacidad para ello. Seguramente no para que la secesión tenga realmente lugar, pero es que el delito de rebelión se produce aunque no sea exitoso. De hecho, si tiene éxito suele ser impune. Los golpistas victoriosos no suelen juzgarse a sí mismos.

En fin, el auto no llega a los extremos del famoso auto de los titiriteros que comentamos en este blog en su momento, pero demuestra la tendencia de la Audiencia Nacional (será deformación profesional de tanto tratar con narcotraficantes y bandas armadas) a primero disparar y luego preguntar. Y la verdad es que sin hacer de menos a los titiriteros, este caso hubiera merecido más reflexión y justificación. Esperemos que, como ocurrió con aquél, sea rápidamente corregido previa interposición de los recursos correspondientes. Nuestro Estado de Derecho ante un ataque tan grave se merece una defensa un poco más rigurosa y un poco más trabajada.

Como es obvio, este párrafo final me parece absolutamente inadecuado. Comparar un espectáculo de títeres con uno de los episodios más graves de nuestra historia, sí me resulta poco riguroso.

A mirarse al espejo

Ya no me callo más.

Ese tuit (y es el último de muchos por el estilo) después de esto:

Así que en las elecciones de este domingo, cortocircuitadas por las cloacas del estado, se vota algo que va mucho más allá del corto plazo. Se vota siglo XVII o siglo XXI. Caciquismo o libertad de empresa. Policía política o separación de poderes. Corte o burguesía. Nepotismo o liberalismo. Se vota la posibilidad de romper con 500 años de miseria, molicie y fracaso. Se vota la posibilidad de encarrilar España, por medio de una sacudida política descomunal, en la vía de la productividad y el progreso..

Y esto:

Nacho Vidal contra el osado micropene español.

Ya no callo ni un segundo más con los pirómanos y los excesivos, con los que regalan la honestidad intelectual por una frase “molona”.

Cristian, que alimentó el monstruo, el que firmaba esos artículos, hoy acusa a Rajoy de “cargarse el Estado de Derecho”.

En él pensaba cuando escribí esto. Ya puestos, voy a ser claro. Porque le vi -entre otras cosas- esparcir estadísticas de mierda de racistas norteamericanos para defender la penúltima de sus ideas fuerza, de esas que parece lo alimentan durante un rato, voluble y enamorado de sus “hallazgos”.

Pero esto ya excede lo tolerable. Estoy de frívolos hasta los huevos. Rajoy no se está cargando nada: se lo están cargando esos a los que hace algunos años animaba Cristian con sus gracietas.

Pero él a lo suyo.

 

 

Te vas a reír

 

Esto es divertido:

Lo divertido no es que el New York Times diga exactamente lo contrario:

Though the Catalans were suppressed under the Franco dictatorship, Catalonia today cannot claim to be colonized or oppressed. The region has one of the highest standards of living in Europe along with considerable political and cultural autonomy.

[Aunque los catalanes fueron reprimidos durante la dictadura franquista, Cataluña, hoy, no puede afirmar encontrarse oprimida o colonizada. La región tiene uno de los más altos niveles de vida de Europa a la vez que una considerable autonomía política y cultural]

Eso no es lo divertido. ¿Quién no lee a veces mal porque quiere leer otra cosa? Somos humanos. Y total, no sería la primera vez que un editorial del New York Times contiene alguna indecencia, alguna mentira, alguna manipulación, alguna demostración de supremacismo buenrrollista.

No, lo divertido es que, de haber leído lo que pone y no lo que quieren que ponga, los autores del artículo de La Vanguardia  nunca habrían titulado “The New York Times afirma que Cataluña no está oprimida ni es una colonia”.

¿A que no?

ACTUALIZACIÓN 🙂

¿Engañarme a mí? ¿Con lo listo que soy?

 

Leo en El País este artículo. Este hombre, del que no sé nada, y al que voy a presumir sincero, dice no estar abducido. Las negritas son mías:

1. Dos circunstancias hicieron que cambiara de opinión en torno a la cita electoral por el referéndum impugnado por el Tribunal Constitucional. Las dos colmaron mi paciencia de ciudadano en Cataluña, un ciudadano que había decidido no participar con su voto en el referéndum no acordado, urdido con una mayoría simple (cuando lo pertinente hubiera sido una cualificada dada la trascendencia de lo propuesto a aprobar) en el Parlament de Cataluña el último 6 de septiembre.

Trato de hacerme una idea de cómo personas tan poco sospechosas de fervor independentista como Eduard Punset, por citar un ejemplo muy difundido por las redes, pudieron ser narcotizados por el nacionalismo. He visto a Punset en televisión haciendo programas de divulgación científica de excelente calidad y me cuesta mucho, muchísimo, ver en la solidez de su discurso el más mínimo rasgo de enajenación ideológica; trato de descubrir algo sospechoso y observo que su mirada no acusa ese brillo desmedido y alucinante del que no procede de este planeta (según nos enseñaron las novelas de ciencia-ficción), producto de la abducción a que fuera sometido por las instituciones catalanas.

Sé que mi amigo y excelente columnista y poeta Antoni Puigverd concurrió a votar (donde vio, por cierto, eso que no debió ver nunca en un recinto electoral, probablemente el lugar más sagrado de una democracia que se precie de tal). He hablado y hablo con él de literatura, política y nuestros nietos. Y nunca noté en él ningún inquietante síntoma de abducción ideológica.

Leí el último libro de Francesc Serés (La pell de la frontera) y tampoco hallé nada que me hiciera ver que su eximia literatura esté imbuida de ninguno de las perniciosas ideas que pululan por la atmósfera de Cataluña.

Leo a Josep Ramoneda y a Joan B. Culla en este mismo diario y en el Ara y me pasa lo mismo. Claro que sus ideas sobre lo que ocurre en Cataluña no están siempre en concordancia con lo uno pueda pensar sobre lo mismo, pero de ahí a defender a capa y espada que están abducidos por lo que sea (puestos a estar abducidos, da lo mismo quienes son los agentes abductores), es ya estar no solo equivocados sino también a no utilizar toda la inteligencia, la sensibilidad y la buena fe necesarias para analizar un asunto tan complejo como es la grave colisión entre Cataluña y el Gobierno del Partido Popular y sus activos colaboradores de C´s en estos despropósitos.

2. Mi conversión hacia el voto del 1 de octubre pasado, se reforzó inesperadamente el 20 de septiembre. Ese día pasaron cosas muy graves. Se intervino la Generalitat en su área financiera, mientras se invadía el Departamento de Economía mediante un grupo de guardias civiles que no sabían hacer la O con un canuto en materia no solo financiera, sino incluso informática. Aquí primó, como en el resto de todas las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional hasta el día 1, el paripé en la línea más agresiva del ya tristemente famoso “a por ellos”.

El resto ya lo conocemos. Movilizaciones de masas narcotizadas o abducidas; desembarco de efectivos de guardias civiles a los cuales los manifestantes le arrojaban claveles; y por fin, el domingo negro de la democracia española de los últimas décadas: golpes, sangre, tortura (romperle a una chica los cinco dedos de su mano con absoluta premeditación y conciencia del extremo daño que se infligía, a esto yo lo llamo tortura), asalto y agresión a poblaciones rurales con menos de 500 habitantes, y vejaciones a mujeres. Me fue muy difícil no ir a votar a las seis de la tarde, después de la perplejidad y la indignación que fui incubando en los días anteriores al referéndum no acordado e impugnado por el TC.

3. Es mentira que la sociedad catalana esté partida o enfrentada. No me dio esta sensación cuando estuve visitando colegios electorales el domingo, además del mío. Vi gente votando de mi barrio (Guinardó) y de mi escalera que nunca me hubiera imaginado votando en circunstancias tan anómalas. Gente de habla castellana, gente que no comparte incluso el referéndum, gente de distintos extractos sociales e ideológicos, todos votaban, sabiendo incluso que vendrían a por ellos.

4. La izquierda se debe recomponer. Y si queda tiempo, habría que hacer que nuestra derecha fuera un poco más progresista. Y perdonen el oxímoron.

Dos cosas:

a) Pensar que personas con estudios, simpáticas y amables, con cachorritos y nietos, esos con los que uno habla de ópera, cuartetos, poesía medieval y filosofía, precisamente por esto no pueden ser engañadas y abducidas es tan naíf que me enternecería si la cosa no fuera tan grave. Me recuerda el autor del artículo a aquel senador de los Estados Unidos al que engañó el estafador supestamente parapsicólogo Uri Geller y que, cuando el mago James Randi le demostró la estafa, se negaba a admitir lo que veían sus ojos: cómo me van a engañar a mí, todo un senador, farfullaba el pobre desgraciado. Las personas que dicen cosas así no han abierto un puto libro de historia. La historia está llena de inteligentes, de genios, de personas sobresalientes en sus propios campos, engañados y abducidos. No voy a poner ejemplos. Para qué; llenaría cien blogs. Más aún, a veces son las personas sin estudios, los miembros de las clases populares, los más refractarios a ciertos engaños. Huelen ciertas estafas porque sus vidas son peores. A ciertos engaños, digo.

b) El no abducido, por otra parte, demuestra hasta qué punto lo han engañado y sigue sin darse cuenta. Su artículo demuestra hasta qué punto está intoxicado por la propaganda que no admite consumir. Podría haber existido un caso de tortura o de agresión sexual de agentes de policía y eso no tendría que afectar al análisis salvo que fuera masivo o generalizado, algo que habría que demostrar. Podría, porque los hombres a veces son malos y hacen el mal, y no por eso uno apoya un golpe de Estado. Podría, pero el hombre que se ha mirado al espejo, como se mira el esquizofrénico que niega su enfermedad después de hacerse un diagnóstico y concluir que ese Napoleón con el que charla es tan real que puede verlo, este hombre, construye su tesis sobre cinco dedos rotos con “premeditación” y “conciencia” (¿cómo lo sabe?), y sobre “vejaciones” a mujeres, cuando la mujer que denunció esa “tortura” y que dijo que había sido agredida sexualmente al día siguiente tenía cuatro de sus dedos intactos.

Este hombre, que dice que la sociedad catalana no está partida o enfrentada, también afirma que no está abducido.

Naturalmente, qué sabré yo de esto. No vivo en Cataluña. ¿Verdad? Ahora, ¿y si resulta que sí lo estás, que lo estás pero no te das cuenta?

Dramatis personae

Ayer tocaba hablar del responsable del fracaso del Estado, y ese responsable era Rajoy (y su partido). Después de meditar más sobre lo sucedido y de leer y escuchar opiniones de todo tipo, mantengo lo dicho.

No hablé ayer de otros. No lo hice para no contaminar lo que quería dejar bien claro. Ayer había alguien al mando. Pero hoy es otro día.

Podemos. Podemos (y su líder) quieren acabar con la democracia española. Cada paso, cada respuesta, cada ladrillo de su discurso me han ido convenciendo de esto. No hace falta ser un lince, por otra parte: está escrito en la vieja estrategia comunista. Utilizan la democracia parlamentaria para crear las condiciones que permitan la instauración de lo que llaman auténtica democracia, eso que todos conocemos bien. Llevamos más de un siglo padeciendo el totalitarismo comunista, como para no conocerlo. Más aún, no hace falta ser un lince porque refulge en las propias biografías de sus líderes, y en esas declaraciones que parecen añejas, pero que apenas tienen cuatro o cinco años. Cuando habla Pablo Iglesias de democracia y de derechos humanos, yo solo veo a un tipo siniestro que usa conscientemente las palabras “buenas” porque decir dictadura del proletariado no vende. A su modo, Iglesias (personalizo en él, pero no es el único) no es un traidor: como los dobles agentes —o como esos musulmanes que beben alcohol, fuman y fornican alegremente en los países de los infieles— se mimetiza con la normalidad, se hace pasar por un buen ciudadano, para engañarnos por su buena causa. Usted sabrá si es tan estúpido para picar el anzuelo (salvo, claro está, que sea usted como Iglesias).

PSOE. Lo del PSOE es otra cosa. Es auténticamente insoportable (sobre todo en personas a las que respeto) tener que escuchar que ayer Pedro Sánchez hizo una gran intervención. Por lo visto, una gran intervención consiste en solicitar al Gobierno constitucional, legal y legítimo que pacte con los que acaban de dar un golpe de Estado y de cometer delitos en masa. Y por lo visto, una gran intervención consiste en acusar al PP de ser el responsable histórico de esta situación, cuando el PSOE lleva años demonizando al PP y casi situándolo fuera del sistema; cuando el Estatuto, ese frankenstein, es una creación socialista; cuando fue un gobierno del PSOE en Cataluña el que encabezó una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, una manifestación contra el edificio institucional; y cuando hasta hace un mes chillaba si se mencionaba el uso del artículo 155 de la Constitución Española. Esto último es lo más grotesco. El PP no ha querido utilizarlo, pero al menos no dijo que no procediera. El PSOE, sin embargo, siempre se reservó la bala de la deslegitimación: si el PP lo hubiera utilizado hace dos años, el PSOE habría estallado en grititos de indignación y luego habría intentado recoger la cosecha. Hoy todo el mundo se apunta al “yo habría hecho”. Pero algunos no pueden. Aún no han pedido perdón por su enorme responsabilidad en lo sucedido.

Ciudadanos. Siempre he sido muy crítico con el partido en el que milite hace ya muchos años. Con los que mandan en él. No me gusta ni aquel ni estos. De hecho, nunca he llegado a votar a Ciudadanos (me fui antes de tener ni siquiera la oportunidad de hacerlo). Pero no quiero ser injusto ni dejarme llevar por mis fobias. No son responsables de lo sucedido, de ninguna forma. Han sido una voz a favor de la ley en Cataluña. Han apoyado al Gobierno de una forma esencialmente leal. Ayer mismo seguían haciéndolo, a pesar de que podían haber iniciado un camino propio.

Así lo veo.

La gangrena del Estado

 

El de hoy es un día tristísimo. No, como muchos piensan, por las imágenes de la policía cargando contra los que se saltaban la ley o arrastrándolos para impedir que obstaculizasen ese trabajo ordenado por los jueces. La policía puede fracasar y verse superada. La realidad es así, tozuda y cabrona. Tampoco es triste por lo que puedan decir medios o líderes internacionales. La gente siempre se pone exquisita cuando el delito no le afecta.

Lo triste es comprobar que la mayor parte de los resortes del Estado en Cataluña se han puesto al servicio del delito y el golpe de Estado.

Hace mucho tiempo que no comparto la postura del Gobierno. No hablo de la estrategia política. Sobre la estrategia política decidí no hablar desde el momento en que vi que el Gobierno se enfrentaba a golpistas. Hablo exclusivamente de la gigantesca inmoralidad de no utilizar los mecanismos constitucionales. Esos mecanismos no están sujetos (por mucho que el artículo 155 diga “podrán”) a un uso estratégico. Pero así lo han visto muchos. Es la misma debilidad de los que dicen que una ley es constitucional si renuncias a interponer recurso de constitucionalidad, aunque la ley apeste. Esa actitud de renuncia a la aplicación de la ley es inmoral y además peligrosa. Nada disuelve más las instituciones que la arbitrariedad. Por eso la corrupción política impune es tan dañina.

Decía que hace mucho tiempo que no comparto la postura del Gobierno, aunque decidí que, con el delito a las puertas, solo cabía una posición; por eso también me ha asqueado la postura de los “nuestros”, de algunos de los “nuestros” que, en momentos de tanta zozobra, en vez de apoyar a las instituciones, decidieron dar palos a Rajoy. Algunos, por cierto, con biografías bien dudosas. No quiero pasar cuentas, pero yo vengo diciendo siempre más o menos lo mismo y he visto, con enorme melancolía, a algunos ponerse en primera fila de la manifestación, cuando antes jugaban al juego intelectualoide de los artefactos exquisitos.

Llegados a este momento, cualquier línea de actuación admisible tendría que incluir:

1.- La inmediata aplicación del art. 155 de la Constitución Española. El Estado no puede seguir consintiendo que sus instituciones se utilicen para el delito.

2.- La inmediata persecución de todos los delitos cometidos en el día de hoy. Incluyo aquí a todos sus autores, sean cabecillas o simples ejecutores. De todos ellos. Esas imágenes que tanto horrorizan a algunos son la mejor prueba de su comisión.

3.- Tomadas las medidas anteriores, pero sin esperar demasiado, una convocatoria de elecciones generales. Es hora de que los españoles digan qué piensan de los líderes del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y de su actuación durante estos meses y días.

4.- Que Rajoy renuncie a presentarse. Y que lo anuncie ya. Ahora podemos juzgar su actuación. Los ciudadanos teníamos derecho a esperar que el Estado tuviese medios suficientes para evitar la comisión masiva de delitos, anunciada desde hace meses. A esperar que se hubiese dispuesto lo preciso. El Estado ha fracasado. Da igual en qué haya quedado la cosa esa ilegal de los secesionistas, esa mera excusa para obtener su repugnante relato victimista. El fracaso no se sitúa ahí; se sitúa en la asunción voluntaria de que era mejor renunciar a los mecanismo constitucionales cuando realmente no contaba con un plan alternativo. Ahora hemos constatado ese fracaso. Ese fracaso señala al máximo responsable. Y el máximo responsable es Rajoy.

Mientras termino de escribir esto, escucho a Rajoy. Su discurso es la constatación de su fracaso personal. Es un discurso inane, hueco, mentiroso e irresponsable.

Hoy es un día muy triste.

Más aún: miro alrededor y me encuentro huérfano. No creo que esté solo. Creo que hay millones de españoles en busca de refugio.

Pero no existe ese refugio. La culpa es nuestra, claro. Tenemos los políticos que nos merecemos.