17.999 €

 

Me ha gustado mucho esta noticia. Si es cierta —prevención siempre necesaria— esto implica que Manuela Carmena (la señalo como máxima responsable que es de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid) ha contratado a dedo a una persona que va a cobrar 17.999 € por unos servicios de asesoramiento sobre los que prefiero no pronunciarme.

Esto venía en el programa de Podemos:

Es legal contratar a una empresa (o profesional) sin cumplir con los requisitos de publicidad y concurrencia si el servicio lo es por un importe de menos de 18.000 €, no hay duda. Ahora, los señores de Podemos nos dicen que el límite ha de ser menor y además que hay exigir publicidad en todo caso. Está en su programa.

La cuestión en este caso, sin embargo, no se limita a la mala práctica de no ajustarte en tu labor política a lo que quieres implantar, ya que nada impide que un ayuntamiento u otra administración use procedimientos administrativos más exigentes incluso aunque se trate de contratos menores.

No, la cuestión es más amplia. La administración debe siempre evitar cualquier desviación de poder. Y esta lo es con independencia de la cuantía. Ahora pensemos en este caso. Es literalmente imposible que esa cifra de 17.999 € por un contrato que se refiere a un servicio tan difícil de valorar sea resultado de cualquier otra cosa que no sea evitar las exigencias de la contratación administrativa ordinaria a la vez que se le paga a esta persona el máximo que permite aplicar la legislación sobre contrato menor.

Es decir, en lo que se han puesto de acuerdo las partes es en que el precio permita eludir una normativa más rígida, no en que el precio sea el que corresponda al servicio.

La normativa sobre contratación no está destinada a que las administraciones puedan hacer lo que les salga de los huevos, sino a agilizar la contratación cuando se trata de obras y servicios de escasa cuantía. Pero la escasa cuantía debe ser objetivamente el precio de mercado, no el resultado de una concertación previa.

Si esos servicios valen más, el Ayuntamiento debió someter la contratación a las normas y garantías ordinarias. No hacerlo solo se explica porque el escogido no es idóneo o habría mejores candidatos.

Si esos servicios valen menos, el Ayuntamiento está favoreciendo a alguien y pagando de más.

Lo que es evidente es que esos servicios no valen, a precio de mercado, 17.999 € + IVA.

Podemos, como ven, repetir la misma política de amiguetes de siempre.