Otra vez

 

Los culpables de los golpes de Estado son los golpistas. Los culpables del golpe de Estado en Cataluña son, por tanto, los golpistas.

Dicho esto, hablemos de otras responsabilidades. De más a menos.

En la deriva criminal y liberticida que se está produciendo en Cataluña tienen una responsabilidad enorme los millones de catalanes que han seguido a los líderes golpistas y que los han vuelto a apoyar después del golpe de Estado. Lo son por fabricar y deglutir una ideología supremacista y xenófoba, y por apoyar que se quebrante la ley democrática y se demuelan las instituciones. Es igual que sean muchos. No es la primera vez que muchos deciden convencerse de que son mejores por alguna razón imbécil, como la raza, la lengua que hablan, los apellidos o las putas canciones que escuchan, y deducen de ello que pueden privar a los demás de sus derechos como ciudadanos.

También son responsables los mandatarios no secesionistas. Los españoles no creemos demasiado en las instituciones. Si crees en ellas, aceptas que hay que pagar un precio. Por eso los que nos mandan o nos quieren mandar —que lo saben— metieron la mano en la caja sin problemas mientras fluía la pasta o se subieron al carro del populismo de moda cuando las cosas se ponían difíciles y había que buscar un muñeco al que dar de hostias, no fuese que nos mirásemos a nosotros mismos.

Sí, es obvio, también nosotros somos responsables.

Si creyéramos en lo que decimos creer, hace años que el Estado habría acabado con los golpistas. Habían anunciado el golpe, subidos a una ola en la que no sé si militan realmente o de la que ya no sabían bajar. Es igual, que más dan los motivos. Pero no. Ni siquiera los llamábamos así. Incluso hoy, cuando hay un montón de tipos en prisión, los más valientes hablan de «golpe a la democracia», inventando eufemismos. ¿Cómo se iba a parar el golpe de Estado en ciernes si tenían hasta miedo de llamarlo por su nombre?

Qué lamentable cobardía. De los que gobernaban y de los que querían gobernar. Estos —qué asco, coño— no solo no ayudaban en nada, sino que han jugado durante años a pillar tajada entre los millones de irresponsables que se han tragado la propaganda infecta que los hace creerse más altos, más guapos y más rubios. Para no tener que pactar con los «fachas», han preferido meterse en la cama con los que nos trataban a los demás como siervos de la gleba a los que podían restregar su generosidad.

La cobardía llegó al punto de renunciar, hasta el momento en que el las aguas fecales estaban a punto de ahogarnos, a utilizar la ley para lo que habíamos decidido los ciudadanos. El Estado podría haberse hecho mucho antes con el control de la autonomía catalana y haber mantenido ese control hasta que quedase meridianamente claro que no se iba a consentir que nadie se saltase la Constitución y se mease en las instituciones. También en las catalanas. Pero es que no creen en las instituciones. Si crees en ellas, estás dispuesto a pagar el precio de explicarle a la gente, con la fuerza que sea precisa, que ninguna mayoría, local o no, puede imponerse sobre la ley. Que la democracia no existe sin ley democrática. Y que la ley democrática solo puede cambiarse por sus procedimientos. Que una turba, por grande que sea, no tiene derecho a colgar a nadie de un pino.

Y ha empezado la gangrena. Por la renuncia a hacer lo que había que hacer, hemos asistido a una utilización fraudulenta de la justicia. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han empezado a atender a razones de oportunidad política. Eso es ácido para la ley y para las instituciones.

El auto del tribunal Constitucional de ayer es un desastre. El órgano del Estado, que tanto vela supuestamente por que se motiven las decisiones, ha adoptado una completamente original —medidas cautelares que nadie ha pedido—. Lo ha hecho admitiendo a trámite un procedimiento (lo que debería implicar la suspensión), pero sin admitirlo, salvo para explicar cómo sería constitucional una investidura que no se ha producido aún, no de forma didáctica, sino declarando previamente la nulidad de un acto futuro, y estableciendo consecuencias incluso penales.

Y no es que no sea correcto la sustancia de lo acordado. Lo es, sin duda. Y esto demuestra de nuevo el grave comportamiento de Puigdemont y su cuadrilla de golpistas. La sustancia es correcta, pero no el procedimiento. Y si no hay democracia sin ley democrática, no hay ley sin respeto a los procedimientos.

Por desgracia, muchos creerán que no pasa nada. Que es solo la puntita. Ya nos están lanzando la razón de Estado a los aguafiestas. Lo hemos visto muchas veces. La razón de Estado es la que creó la doctrina Parot. No se podía protestar contra ella, no fuera que te tomasen por un amigo de los etarras o, ahora, de los violadores múltiples. La razón de Estado es la que habla de la «inteligencia» de la jugada del Tribunal Constitucional, para justificar que sus magistrados estén haciendo el trabajo que no les corresponde, cavando bajo sus propios pies.

Estoy seguro de que esto joderá a muchos de los que me lean. Y que me acusarán de darle argumentos a los secesionistas. Nada nuevo bajo el sol. Lo cierto es que, tras leer la demanda y el auto, yo me habría alegrado de que la demanda no se hubiera presentado y el auto no se hubiera dictado. Y de que, si los golpistas decidían nombrar de nuevo a Puigdemont, se hubiera presentado una demanda, se hubiese acordado la suspensión del nombramiento y se hubiese continuado, por el tiempo que fuera preciso, con la aplicación del artículo 155. Y habría estado encantado de que, de presentarse el señor Puigdemont, se le hubiese engrilletado allí donde se encontrase, aunque fuese en la puta tribuna de oradores. Porque hay una orden de busca y captura legal y legítima dictada por un juez español.

Pero no. Las fuerzas vivas han optado, como en tantas ocasiones, por el atajo. Pura cobardía. Y no hay esperanza. Hoy he descubierto que esto, que era un tuit de Albert Rivera, ha desaparecido. Era un tuit laudatorio del auto del Tribunal Constitucional, a la vez que le daba un palo al Gobierno por «hacerlo mal». Es algo que se viene repitiendo desde anoche, cuando el auto —que es una resolución judicial— tiene mucho menos fundamento jurídico que la demanda. Claro, el auto es de «sentido común». Sí, y la democracia va de votar.

¿Quién se va a ocupar del Estado en España? ¿Los sinvergüenzas trileros golpistas y sus amigos? ¿Los cobardes? ¿Los populistas? ¿Los que se apuntan a cualquier moda si creen que les dará votos, llenándose la boca con palabras solemnes?

Nuestras élites apestan. Son un concentrado de nuestros peores defectos.