¿Rectificar? ¿Para qué?

 

El periodista Carlos Segovia ha decidido no bajarse del burro y seguir insistiendo con lo que él llama el escandaloso caso de José Antonio Alepuz.

Eso sí, lo hace sin rectificar lo escrito en un artículo anterior en el que decía …

Más criticable considera el caso de Alepuz, que recibió el grueso de sus 322.961 euros de indemnización como un presunto despido improcedente cuando en realidad dimitió voluntariamente para trabajar en la Caixa.

…, algo que para cualquier lector solo podía implicar que se había faltado a la verdad, camuflando una renuncia como un despido improcedente. Por cierto, en esta nueva versión se olvida del Gobernador del Banco de España, al que también metía un dedo en el ojo gratuitamente.

¿Para qué rectificar si se puede huir hacia delante?

Lo que ahora dice Carlos Segovia es esto:

Veámoslo con calma:

1.- Para empezar, es acojonante que se diga que «cumplir la ley es un escándalo cuando esta es disparatada». No, lo escandaloso es no cumplir la ley. La ley, cuando es disparatada, se cambia. Mientras tanto, se cumple. Salvo que el señor Segovia defienda que es él (o un cuñado suyo, o los viandantes, o el pueblo en asamblea) quien decide cuándo algo es disparatado y no el parlamento español. Porque le recuerdo al señor Segovia que es la Ley del Banco de España la que habilita la capacidad normativa de la comisión ejecutiva del susodicho para determinar estas indemnizaciones.

2.- Da un poco de asco lo del «elitista» currículum. Por lo visto, lo mejor es que el secretario general del Banco de España, en vez de ser un abogado del Estado con formación y experiencia específica en banca, sea, no sé, por ejemplo, un periodista de El Mundo.

3.- Como es obvio, esa normativa (que me gustaría leer y saber cómo se justificó en su momento para poder hablar de ella con más conocimiento de causa), ya derogada, le puede parecer bien o mal al periodista o a cualquiera, pero resulta incomprensible su manía de centrar la cuestión en Alepuz (el «elitista»), cuando él no la aprobó (no tenía voto en la Comisión ejecutiva). Salvo que se pretenda (que es lo que creo, dado el tono del texto) insinuar que hay alguna ilegalidad.

4.- Por cierto, en la versión anterior, Segovia faltó a la verdad al afirmar lo del «presunto despido improcedente». Como creo que alguien le ha advertido, ahora ya no dice presunto, sino «cual despido improcedente». La putada es que vuelve a faltar a la verdad y es lo que pasa cuando uno se fija en el CV de alguien pero no piensa un poco lo que dice ( o no sabe lo que dice). Esto que dice es falso:

El alucinante Banco de España mantuvo, incluso en aquellos años de crisis, que sus altos cargos tenían derecho a 45 días por año trabajado, cual despido improcedente, aunque dimitieran.

La renuncia de Alepuz tuvo lugar en septiembre de 2011. En aquel momento no había entrado en vigor la reforma laboral del PP, entre otras razones, porque gobernaba Zapatero. Pues bien, el despido improcedente se indemnizaba con 45 días con un límite de 42 mensualidades. La normativa del Banco de España establecía en aquel momento (y esto es lo que se aplicó a Alepuz) que cualquier extinción (por la razón que fuera) llevaría aparejada una indemnización de 45 días con un límite de 24 mensualidades. No era, por tanto, como un despido improcedente ya que el límite era diferente. 

Con lo fácil que era haber centrado la cuestión en una crítica a la normativa (que además, como norma general, se aplicaba a todos los que estaban en una situación similar). Algo para lo que, si pretendía hacer un buen trabajo, debería haber preguntado a los que la aprobaron. Yo no me voy a poner a especular, pero como he visto contratos de alta dirección con indemnizaciones previstas para situaciones muy diferentes, admito que puede que hubiera algunas razones, y que habría que incluirlas en una crítica, para no ser un sectario. Más aún cuando se trata de técnicos muy cualificados.

O, en su caso, haber hecho una auténtica investigación periodística sobre el origen de esas normas y sobre quiénes las impulsaron y su motivación, si es que cree que hay algún tipo de corruptela detrás. Naturalmente, no hace eso. Va a lo fácil: coge un informe del Tribunal de Cuentas, lo cita sesgado y llega a falsearlo, y al final termina tirando de lo fácil: del recurso a la indignación —hay que ver cuánto cobran— y el tiro al blanco a las «élites».

Confirmado: Alberto Garzón no cree en la democracia

 

No tenía hasta hoy una opinión fundamentada sobre Alberto Garzón. Sobre la persona. Prácticamente no lo conozco. No hablo de sus opiniones políticas. Dejemos eso de lado y partamos de la hipótesis de que, pese a ser comunista, realmente hubiera podido creer en un derecho penal civilizado y en tribunales independientes.

Hoy ya puedo decir que es o un irresponsable o un embustero. Ayer le preguntaron en este programa de televisión qué pensaba sobre la prisión de Leopoldo López.

Su respuesta primera fue:

Si hay alguien que es un golpista, que está diciendo, insinuando que los militares deben dar un golpe de estado, como se ha dicho durante los últimos años desde algunos sectores, digamos, de la oposición, evidentemente en cualquier país…

Y cuando se le reitera que se le pregunta específicamente por Leopoldo López añade:

Nosotros tenemos que examinar el proceso de este señor, y este señor estaba fomentando golpes de estado. En cualquier país eso tiene un proceso. Ahora, lo que yo digo es que ese proceso tiene que ser garantista.

Es o un irresponsable o un embustero porque Leopoldo López no está en la cárcel por fomentar ningún golpe de Estado.  A López lo han condenado por incitar una serie de actos de violencia producidos en una manifestación concreta. Por cierto, actos de violencia que no produjeron ninguna muerte, en contra de lo que suele decir gente mal informada o que se dedica a la intoxicación. Basta con leer la sentencia para darse cuenta de que en ella no se atribuye a López la incitación de ningún asesinato de los, al parecer (ya que hay discrepancias), más de cuarenta producidos a partir de esa fecha (al margen de las denuncias de tortura y excesos policiales que, como es sangrantemente obvio no se pueden atribuirse a López).

La sentencia, ya lo dije, es grotesca. Basta con leerla para darse cuenta. Garzón ha tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Y ni siquiera la grotesca justicia venezolana afirma que López esté en la cárcel por golpista.

Por cierto, López sí estuvo acusado de participar en el golpe de 2002, algo que él niega. Lo cierto es que nunca fue juzgado, por lo que no hay una sentencia que lo condene, ya que el presidente Chávez, en 2007, amnistió a muchos de los acusados de participar en él. Chávez, al firmar ese decreto, dijo: “En Venezuela no hay nadie preso por ideas políticas”.

Por otra parte, López fue inhabilitado administrativamente (lo que le impedía presentarse a elecciones) mediante una decisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por unanimidad que violaba los siguientes derechos: a ser elegido, el derecho a la defensa y el derecho a la protección judicial. 

Por eso digo que, en el mejor de los casos, es un irresponsable. Alguien que habla de algo que no conoce y se ha tragado toda la propaganda del régimen golpista de Maduro. En el peor de los casos (y creo que esta es la única hipótesis razonable), es un embustero que sabe que López no está en prisión por golpista, pero le da igual, ya que es opositor a uno de los suyos y que se joda la verdad.

La cuestión es bien sencilla. Chávez también fue golpista. Diez años antes, en 1992. Fue condenado e indultado, tras dos años en prisión. Más tarde ganó varias elecciones. Si López intervino en el intento de golpe de 2002 (por el que no se le puede condenar, ya que hubo una amnistía), es comprensible que sus adversarios se lo intenten reprochar. Y que él se defienda. Ese es el juego político.

Lo que es inadmisible es que se justifique la prisión de López acusándole genéricamente de ser un golpista (cuando la sentencia no se basa en eso) y que se añada, para cubrir el expediente, que hay que examinar que ese proceso «sea garantista», cuando ya sabemos que no lo ha sido (incluso con un fiscal que ha huido de Venezuela) y basta, y ya van tres veces que lo digo, con leer la sentencia para darse cuenta.

¿Cómo va un español a fiarse de que Alberto Garzón no va a intentar hacer lo mismo que Maduro si gobierna, cuando afirma algo así? El que justifica la prisión de los opositores políticos, por el hecho de serlo, no es un demócrata.

Lo acojonante es que personajes así sean la esperanza para muchos españoles.